El 23 de junio de 2010, el doctor E.O. no imaginaba el tamaño de la espina que estaba a punto de clavarle al Estado de Israel. Ese día, los abogados de este ciudadano belga-palestino presentaron una denuncia ante la fiscalía federal belga, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a a un país perseguir a sospechosos de violaciones graves del derecho internacional por hechos ocurridos fuera de su territorio.

El denunciante relataba la destrucción de un terreno del que es copropietario en Gaza, arrasado por un ataque durante la operación Plomo Fundido —que se saldó con más de 1.400 muertos en 2008 y 2009—. Según su relato, el ejército israelí bombardeó la parcela, destruyó varias infraestructuras y 110 árboles, y extendió fósforo sobre la tierra, inutilizándola para el cultivo.

En este expediente, conocido como el ‘caso del olivar’, el denunciante reclamaba el procesamiento de 14 altos cargos israelíes: entre ellos, los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, la exministra de Exteriores Tzipi Livni, y el entonces general Yoav Gallant.

El 17 de noviembre de 2010, una segunda denuncia se presenta también al amparo de la competencia universal, esta vez por la abogada Joke Callewaert en nombre de cuatro ciudadanos belgas que habían participado meses antes en una flotilla humanitaria cuyo barco fue interceptado por soldados israelíes en una operación que se saldó con nueve muertos. Un general y un vicealmirante israelíes, y el propio Ehud Barak son acusados de violaciones graves.

Dieciséis años después de los hechos, ambas causas han caído prácticamente en el olvido. La primera sigue en instrucción; la segunda acabó en sobreseimiento en diciembre de 2024. Pero durante años mantuvieron en vilo al Estado de Israel, que, como revela la investigación Israel Files, hizo todo lo posible por ahogarlas.

Como ya informó infoLibre en diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia israelí construyó durante más de una década una red internacional de despachos de abogados en países considerados ‘objetivo’, entre ellos España, donde la firma Cuatrecasas trabajó en secreto para anticipar reformas legislativas e influir en procesos penales. El patrón que revelan los documentos belgas es el mismo.

El año 2017 estuvo marcado por una intensa presión israelí para impedir cualquier procesamiento en Bélgica. Las gestiones ante el fiscal federal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta el primer ministro se volvieron muy insistentes. Mientras tanto, en Jerusalén se llegó a considerar la posibilidad de impulsar una modificación de la ley belga.

En enero de 2017, las denuncias llevaban ya siete años en manos de la fiscalía federal belga sin que esta hubiera iniciado formalmente una instrucción —lo que, en los casos de jurisdicción universal, requiere asignar el expediente a un juez de instrucción—. El escollo era una cuestión de fondo: ¿era el sistema judicial israelí capaz de juzgar con imparcialidad las actuaciones de su propio ejército? La ley establece que, de ser así, el caso debe remitirse al país concernido “en interés de una buena administración de la justicia”. La fiscalía belga se debatía en la duda.

En 2011, ya había pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel información sobre el sistema judicial con la esperanza de obtener un dictamen claro. Como le ocurrió a la Audiencia Nacional española al investigar la muerte del cabo Soria Toledo en el Líbano, solo recibió documentación que consideró insuficiente. Y siguió esperando.

Todo se precipitó el 17 de enero de 2017. Ese día, la exministra Tzipi Livni, imputada en el ‘caso del olivar', canceló un viaje previsto a Bruselas tras ser aparentemente advertida de que la justicia belga podría aprovechar su visita para tomarle declaración. Un fiscal federal confirmó entonces al diario Le Soir que la fiscalía contaba efectivamente con “aprovechar su viaje” para intentar hacer avanzar la investigación. La indignación de Israel fue inmediata: denunció un “abuso cínico del sistema judicial en beneficio de una agenda política”.

El Estado israelí no podía resignarse a ver a sus altos representantes expuestos a tal riesgo. A través de su Departamento de Asuntos Internacionales Especiales —la unidad del Ministerio de Justicia encargada de gestionar los contenciosos internacionales, cuyo funcionamiento reveló Israel Files en diciembre de 2025— se articuló en Bélgica un equipo de respuesta.

Al frente de ese trío de abogados belgas, compuesto también por Morgan Bonneure y Nicolas Angelet, estaba la letrada Michèle Hirsch. Esta jurista veterana ya se había labrado un nombre en Israel, que la contrató a principios de los años 2000 para defender al ex primer ministro Ariel Sharon —entonces señalado en Bélgica, también al amparo de la jurisdicción universal, por las masacres de refugiados palestinos en los campamentos libaneses de Sabra y Chatila—.

“Hola Michèle, ¿hay alguna base factual en el artículo de ayer, según el cual un tribunal belga habría emitido órdenes de detención?”, le pregunta directamente en un correo del 23 de enero Marlène Mazel, responsable del departamento de contenciosos internacionales del Ministerio de Justicia israelí, a propósito de una información de la prensa israelí que resultó ser falsa. La abogada responde de inmediato y sale a buscar más datos. A mediados de febrero de 2017, ya ha conseguido acceder a Philippe Meire, el fiscal federal encargado de los asuntos internacionales. Con ello, el objetivo israelí es, sobre todo, llegar al entonces fiscal federal, Frédéric Van Leeuw.

El exjefe del Ministerio Fiscal revela al diario Le Soir que el 1 de febrero ya había sido contactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, que le preguntaba si podía recibir al día siguiente al fiscal israelí Roy Schöndorf para hablar de los expedientes. Van Leeuw declina “dada la falta de consideración que implicaba semejante petición con tan poco margen”, y porque estimaba que no tenía que justificarse ante las autoridades israelíes.

Menos de un mes después llegó una nueva solicitud, esta vez a través de la embajada israelí. “Tras deliberar internamente y con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, consideramos que rechazar una segunda petición de ese tipo podía provocar fricciones diplomáticas innecesarias, y respondí que estaba dispuesto a recibir al señor Schöndorf el 21 de marzo de 2017”, explica Van Leeuw, hoy fiscal general de Bruselas.

Como prueba de la importancia que Israel concedía a esa cita, el Ministerio de Justicia preparó para Schöndorf un largo documento de argumentario para persuadir al fiscal belga de no provocar la apertura de una instrucción. Según esa hoja de ruta, el emisario israelí debía describir el ‘caso del olivar’ como “una maniobra de denigración jurídica” y señalar que los demandantes “no parecen estar en condiciones de reunir las pruebas necesarias para un proceso penal”.

Van Leeuw recuerda que Schöndorf le presentó fotografías aéreas del olivar para demostrar que desde allí se habían lanzado cohetes. “Le pedí que me transmitiera oficialmente esas informaciones para añadirlas al expediente. Esa transmisión, en mi opinión, nunca se produjo”, afirma. Sobre el caso de la Flotilla, dice que solo fue abordado de forma incidental.

El ex fiscal federal también rechazó la petición del emisario israelí de facilitarle la lista de personalidades israelíes señaladas en la denuncia. Le respondió que para ello necesitaría una solicitud formal del abogado de alguna de las personas imputadas o una comisión rogatoria. Tras ese encuentro, Van Leeuw recibió dos nuevas solicitudes, en mayo y en junio, para volver a reunirse con el magistrado israelí. Afirma haberlas rechazado educadamente. “No hubo más contactos ni peticiones después”, asegura.

Uno de los elementos que más le llamó la atención fue descubrir, más tarde, que en su reunión con el magistrado Meire, la abogada Hirsch había declarado estar en posesión de una copia de la denuncia original, “lo que nos sorprendió”. Se niega a especular sobre cómo pudo obtenerla. Alexis Deswaef, abogado del doctor E.O., reacciona con contundencia: “Esa denuncia no se la habíamos dado a nadie”. Y añade: “Si Hirsch estaba en posesión de ella, dado el despliegue de medios israelíes, plantear la pregunta sobre cómo pudieron obtenerla es, prácticamente, responderla”, apuntando a una posible actuación de los servicios de inteligencia.

Tras el encuentro entre fiscales, los temores israelíes a que el caso fuera enviado a un juez de instrucción no amainan. En un memorándum de mayo de 2017, Hirsch y sus colegas recomiendan endurecer la estrategia de influencia: “Es esencial comunicar a los Asuntos Exteriores o al primer ministro que es su responsabilidad evitar que el expediente sea remitido a un juez de instrucción”. El consejo fue atendido.

El 14 de junio de 2017, Roy Schöndorf, acompañado de la entonces embajadora israelí, se reúne con el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. La demanda es diáfana: que Exteriores emita un dictamen sobre la justicia israelí que impida cualquier instrucción. Israel advierte que si la respuesta se considera insuficiente, ello “arrojaría una sombra sobre nuestras relaciones bilaterales”.

Tres meses después, y tras “tres recordatorios”, según la fiscalía, la diplomacia belga remite a la fiscalía una serie de documentos sobre la justicia israelí —entre ellos uno facilitado por las propias autoridades israelíes—, aunque especificando que se trata de información puramente documental y sin avalar su contenido. El Ministerio de Exteriores belga asegura que su posición fue constante: “No ceder a una demanda que equivaldría a sustituir al poder judicial”.

Los esfuerzos israelíes dan solo un resultado parcial. La fiscalía termina dictaminando que los tribunales israelíes no presentan, para el caso concreto, las cualidades de independencia, imparcialidad y equidad requeridas. El 27 de octubre de 2017 se designa un juez de instrucción para el ‘caso del olivar’.

Este primer revés no frena las gestiones israelíes. Los documentos de Israel Files revelan que el entonces primer ministro belga, Charles Michel, también fue objeto de una aproximación directa por parte de Benjamin Netanyahu en el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2018. Un correo consultado por Le Soir, enviado el mes siguiente por uno de los asesores de Michel a diplomáticos israelíes y luego transmitido al fiscal israelí Roy Schöndorf, da fe de ello: “A raíz del encuentro en Davos entre nuestros dos primeros ministros, me pongo en contacto con usted en relación con el problema judicial planteado al final de la reunión. Su embajadora en Bélgica, la señora Simona Frankel, me ha contactado al respecto y estamos tratando de organizar una reunión con mis colegas del gabinete de Asuntos Exteriores para discutirlo. Esta reunión tendría lugar la semana que viene”.

El equipo de comunicación del ex primer ministro responde a Le Soir que Michel “no está en condiciones hoy de confirmar ni desmentir” que se produjera dicha conversación, aunque precisa que si Netanyahu “abordó un tema judicial, Charles Michel sin duda le remitió a la separación de poderes”. Como explicación del seguimiento dado por su gabinete, añade: “Cuando un tema judicial genera una tensión diplomática, puede ocurrir que se gestione por vías diplomáticas para clarificar el funcionamiento del sistema judicial belga”.

El desenlace de esos contactos sigue siendo desconocido. Pero un correo interno de junio de 2019, firmado por Marlène Mazel, demuestra que, año y medio después, los “problemas” siguen inquietando a Israel. El asunto del mensaje: “Iniciativa para reformar la legislación en Bélgica”. El contenido: dar continuidad a una reunión “en la que se planteó la posibilidad de iniciar una modificación legislativa en Bélgica sobre la competencia jurisdiccional universal, en particular sobre los poderes del fiscal”. Se trataría de lograr que los fiscales federales pudieran archivar expedientes de derecho humanitario internacional sin necesitar examinar el fondo ni remitirlos a un juez de instrucción. Si Hirsch llegó a recibir ese encargo, no ha quedado constancia en los documentos consultados.

La propia fiscalía federal belga admite que “iniciativas de este tipo ya han tenido lugar” en el pasado, y que fue precisamente “a raíz de presiones” relacionadas con denuncias contra altos cargos estadounidenses e israelíes que la ley de competencia universal sufrió “una modificación en 2003”. 

Junto a su ofensiva política y diplomática, el Estado israelí también actuó en el plano judicial con un objetivo claro: recabar el máximo de información sobre las instrucciones en curso y anticipar posibles detenciones o citaciones de los investigados.

El 4 de diciembre de 2017, la abogada Michèle Hirsch conoce en primicia la noticia de la apertura de instrucción del ‘caso del olivar’ en una nueva cita con el fiscal Philippe Meire. El detalle más llamativo: esa información le es comunicada cuando Hirsch no defiende a ninguna de las catorce personas señaladas en la denuncia, sino únicamente los intereses del Estado israelí. 

El segundo detalle: los demandantes, según el abogado Nicolas Angelet en un correo dirigido a sus clientes israelíes resumiendo el encuentro, “no han sido informados todavía a estas alturas del hecho de que el expediente ha sido remitido a un juez de instrucción”. La Fiscalía afirma que las partes civiles sí fueron informadas en algún momento, “dado que uno de los primeros actos del juez de instrucción fue tomarles declaración”, pero no precisa cuándo.

El fiscal también revela a los abogados israelíes el nombre del juez instructor, Olivier Leroux, al que Angelet describe como “una personalidad bastante prudente y moderada”, e informa de que probablemente enviará una comisión rogatoria a Israel y de que es improbable que recurra a órdenes de detención. El fiscal Meire reconoce ante Le Soir haber informado a Hirsch de la apertura de instrucción y sostiene que ese encuentro “no plantea ningún problema”. Niega, en cambio, haber especulado sobre los próximos pasos del juez.

Seguros de la información obtenida, los tres abogados belgas proponen a sus clientes israelíes organizar cuanto antes un encuentro entre Hirsch y el juez. Con una advertencia expresa: Roy Schöndorf “no debe reunirse con el juez de instrucción”. “Probablemente sería percibido como una presión inadmisible”.

En enero de 2018, Hirsch ya ha logrado su propósito. En un correo a Marlène Mazel, hace un balance de su entrevista con el juez Leroux: “Como era de esperar, fue extremadamente prudente. Considera que no puede hablar conmigo porque no represento a ninguna de las personas investigadas”. Aun así, según la abogada, se deslizaron algunos datos: el expediente es ya voluminoso y no ha tenido tiempo de examinarlo a fondo, y lo esencial del dossier estaría constituido por los anexos a las denuncias. Un mes más tarde, de acuerdo con el ministerio israelí, Hirsch se persona ante el juez como abogada de Tzipi Livni para maximizar su acceso a la información.

El 19 de diciembre de 2019, nuevo giro en el caso de la Flotilla: la fiscalía había considerado la denuncia original inadmisible, pero la sala de acusación discrepa y fuerza la apertura de una instrucción. Ambos expedientes acaban en manos del mismo juez, Olivier Leroux, aunque por poco tiempo. En 2021 cambian de titular y la nueva jueza, Ludivine Kerzmann, se muestra favorable a conceder a los abogados israelíes acceso a los dos expedientes. En un memorándum de abril de 2021, Hirsch lo celebra con evidente sorpresa: “Nótese que la jueza de instrucción nos ha dado acceso al expediente de la Flotilla aunque no intervenimos oficialmente en nombre de ninguno de los individuos señalados en la denuncia”.

La jueza remite a Le Soir a la Fiscalía, invocando su deber de reserva. La Fiscalía respalda la decisión y asegura haber dado su aval para que Hirsch pudiera consultar el expediente en el registro. El Código de Procedimiento Criminal permite, en efecto, que el ministerio público autorice el acceso de partes sin interés directo. Pero la propia Fiscalía admite que no puede citar ningún otro ejemplo de un Estado que haya obtenido acceso a un expediente que afecta a sus altos cargos, aunque afirma que “no es la primera vez”.

Para Alexis Deswaef, la revelación resulta escandalosa: “Primero se transmite la información sobre la apertura de instrucción al abogado del Estado vinculado a los imputados, y se dice que no se transmite a los abogados de los demandantes. Eso no está bien. Hay que respetar la igualdad de armas”. Y ante el acceso a los expedientes: “Que alguien me cite otro país al que se le haya concedido ya un acceso semejante”. Joke Callewaert, abogada de las demandantes en el caso de la Flotilla, comparte la misma indignación: “Técnicamente es legal. Pero, ¿es justo?”. Y constata el privilegio manifiesto: en muchos expedientes en los que actúa para partes civiles, conseguir acceso a los sumarios es enormemente difícil.

En 2023, ambas instrucciones cambiaron de manos de nuevo. La nueva titular, Julie Erpelding, fue contactada en enero de ese año, pero estimó “no apropiado” conceder un nuevo acceso a los expedientes, según un correo interno israelí que recoge la información transmitida por los abogados belgas. Ese correo es una de las últimas huellas que los documentos de Israel Files dejan sobre la trayectoria de los casos belgas.

Hoy, la instrucción del ‘caso del olivar’ sigue en curso. En mayo de 2025, la fiscalía requirió incluso la realización de diligencias complementarias, todavía en ejecución. Durante la investigación se cursó una solicitud de cooperación judicial a Israel que fue rechazada. El caso de la Flotilla, por su parte, concluyó en sobreseimiento tras pasar por la sala del consejo: “ningún elemento permitía atribuir responsabilidades individuales precisas”, según la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia israelí no respondió a las preguntas formuladas por Le Soir. Tampoco lo hicieron Michèle Hirsch ni su asociado Morgan Bonneure. Nicolas Angelet declinó responder.

Una incógnita adicional pesa sobre la continuidad del Departamento de Guerra Legal. Un correo en hebreo enviado por Marlène Mazel a sus colegas tras una reunión con Hirsch en la primavera de 2023 deja entrever un distanciamiento ligado a la polémica reforma judicial del Gobierno Netanyahu: “Al comienzo de la reunión, Michèle mencionó que estaba muy preocupada por la evolución de la situación en Israel y que encontraba serias dificultades para seguir representando al Estado de Israel”.

Los documentos de Israel Files revelan que el Departamento de Guerra Legal del Ministerio de Justicia israelí aplicó en Bélgica un esquema casi idéntico al que aplicaba mientras tanto en España.

La obsesión con la jurisdicción universal es el denominador común. España fue durante años uno de los países que más preocupaba a Israel en este frente: la Audiencia Nacional había abierto causas contra altos mandos por actuaciones en Gaza y Cisjordania, y los correos filtrados muestran un seguimiento constante de cada reforma legislativa que pudiera ampliar o restringir ese marco. 

El protocolo para los viajes de altos cargos también se replica con precisión. En España, Cuatrecasas elaboraba informes de riesgo caso por caso para figuras como los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del Shin Bet Yuval Diskin o el almirante Eliezer Marom —comandante durante el asalto a la Flotilla de la Libertad—, evaluando si alguno de ellos figuraba en querellas activas y recomendando siempre discreción y perfil bajo en los desplazamientos. 

Otra similitud reside en los dossieres preparados por el Departamento de Guerra Legal para reunirse con las autoridades. En España, cuando en 2018 el abogado general del Estado israelí, Avichai Mandelblit, viajó a Madrid, el departamento elaboró un argumentario idéntico para trasladar a todos sus interlocutores —el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, la secretaria de Estado de Justicia y el abogado general del Estado español— con un único mensaje: que España no modificara su legislación sobre jurisdicción universal. 

El paralelismo más perturbador, sin embargo, es el de los contactos entre el bufete designado y la Fiscalía para obtener información procesal reservada, sin representar a nadie dentro de la causa. En Bélgica, Michèle Hirsch supo antes que los propios demandantes que el ‘caso del olivar’ había sido enviado a un juez de instrucción, e incluso obtuvo el nombre del magistrado y especulaciones del fiscal sobre su probable línea de actuación. 

En España, según los correos internos del ministerio israelí, el socio de Cuatrecasas encargado del caso se reunió en febrero de 2017 con la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó —hecho que ella niega— y comunicó al ministerio la intención de la fiscal de solicitar el archivo de la causa por falta de jurisdicción antes de que esa decisión fuera trasladada al juez o a la familia del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto por un proyectil israelí en el Líbano. En ambos países, el bufete contratado operaba en los márgenes del procedimiento, sin figura procesal conocida, pero con acceso a información que en ocasiones ni las partes legítimas de la causa tenían.

En agosto de 2019, el “Departamento de Guerra Legal” del Ministerio de Justicia israelí encargó a Cuatrecasas —el despacho español que, como reveló infoLibre en diciembre, llevaba años operando como asesor jurídico secreto del Estado de Israel en España— un análisis detallado sobre una pregunta concreta: ¿qué riesgos legales asume un ciudadano con pasaporte español que se alista en las Fuerzas de Defensa de Israel?

El memorando del despacho catalán, marcado como confidencial, respondió con precisión: los combatientes españoles podrían perder la nacionalidad española si la han adquirido después de nacer y, dependiendo de su actuación en combate, enfrentarse a una querella ante los tribunales españoles.

Aquella consulta, que en la investigación ‘Israel Files’ pasaba desapercibida dentro de una historia más amplia, cobra ahora una dimensión mayor. Una solicitud de información sobre los soldados de las Fuerzas de Defensa con otro pasaporte además del israelí presentada ante el propio ejército israelí por la ONG Hatzlacha y publicada por Declassified UK ha obtenido respuesta este febrero: las FDI tienen registrados 451 soldados con ciudadanía española. 

Las cifras, desglosadas por país en un anexo oficial con membrete del ejército israelí, permiten hacerse una idea de la escala del fenómeno. Las nacionalidades más representadas, con diferencia, son la estadounidense —más de 13.000 soldados con ese pasaporte, casi 1.200 de ellos con una tercera ciudadanía adicional—, la rusa (más de 5.000) y la francesa (más de 6.000). 

En el caso español, los 451 soldados con pasaporte español se dividen entre quienes tienen doble nacionalidad —la israelí más la española— que suman 372 y 79 militares que acumulan al menos tres pasaportes, uno de ellos el español. También aparece en el listado un combatiente identificado como gibraltareño. No todas las nacionalidades que aparecen en el documento se corresponden con un pasaporte válido: también figuran 11 ciudadanos de la Unión Soviética y 6 de Yugoslavia.

Como previó el Ministerio de Justicia de Israel al consultar a Cuatrecasas, el dato tiene relevancia jurídica directa. El Código Civil español y el Decreto 1344/1967 prohíben a los españoles alistarse en ejércitos extranjeros, y establecen que quienes lo hagan contra la prohibición expresa del Gobierno pueden perder la nacionalidad. Cuatrecasas explicó al ministerio israelí que esa consecuencia no afecta a todos por igual: los españoles de origen —es decir, quienes tienen la nacionalidad por nacimiento— no pueden ser privados de ella en ningún caso, según el artículo 11 de la Constitución. Pero quienes la obtuvieron por vía no originaria sí están expuestos. 

En ese grupo hay un colectivo especialmente relevante en el contexto israelí: los judíos sefardíes que se acogieron a la Ley 12/2015 —más de 72.000 el pasado mes de octubre, al cumplirse diez años de la iniciativa—, que desde ese año les permitía obtener el pasaporte español sin renunciar a su nacionalidad israelí y sin necesidad de residir en España. Para ellos, concluía el memorando, el alistamiento voluntario en las FDI podría acarrear la pérdida de la ciudadanía española.

Los ciudadanos israelíes con doble nacionalidad a menudo tienen “muy poco que ver” con su segundo país. “En muchas ocasiones ni siquiera lo han visitado, no tienen familia allí y no hablan el idioma”, explica Yossi Bartal, periodista freelance israelí y coordinador internacional de la investigación ‘Israel Files’ de la red European Investigative Collaborations (EIC). Esto aplica especialmente a los israelíes con nacionalidad española que consiguieron el pasaporte por ser descendientes de judíos sefardíes, declara Bartal.

Más allá de la nacionalidad, el informe advertía de un segundo frente: el penal. Un ciudadano español que sirve en las FDI y participa en un conflicto armado puede ser objeto de una querella en España por crímenes cometidos fuera de sus fronteras, en virtud del principio de personalidad activa recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si los hechos son constitutivos de genocidio, crímenes contra la humanidad o terrorismo, entra en juego la jurisdicción universal —el mecanismo que, según reveló la investigación de infoLibre, el Ministerio de Justicia israelí lleva años trabajando para neutralizar en España con la ayuda del mismo despacho que firmó este informe—.

El memorando de Cuatrecasas también abordaba un tercer escenario: el de los voluntarios que colaboran con las FDI en tareas no combatientes durante periodos cortos, a través de iniciativas como el Sar-El, un programa de voluntariado temporal para que simpatizantes extranjeros de la causa sionista colaboren con las fuerzas armadas en tareas logísticas. Para ese supuesto, el despacho catalán fue tranquilizador: sin alistamiento formal, no hay implicaciones legales bajo la ley española.

El documento de Cuatrecasas, fechado el 30 de septiembre de 2019, forma parte de la filtración de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí que sustenta la investigación Israel Files, realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Su existencia ilustra el tipo de trabajo que el ministerio encargaba a Cuatrecasas: no solo vigilar los avances legislativos sobre jurisdicción universal —blindando a los altos cargos militares y políticos de Israel ante las posibles consecuencias penales de sus crímenes de guerra— o gestionar las visitas de ex altos cargos israelíes a España, sino anticipar los riesgos legales concretos que podía enfrentar cualquier ciudadano con vínculos con el Estado de Israel, desde un ex primer ministro hasta un soldado con doble nacionalidad.

infoLibre ha consultado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España si está al tanto de la situación de los 451 nacionales alistados en el ejército israelí y qué medidas se han tomado o se planean tomar al respecto, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. 

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí impactó contra un puesto de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Líbano. El cabo del Ejército español Francisco Javier Soria Toledo, destinado en la misión UNIFIL, —una fuerza de paz de la ONU que mantiene la estabilidad del territorio— murió en el acto. 

Israel atribuyó el disparo a un error operativo y el Gobierno del PP se apresuró a anunciar que el Ejército israelí asumiría responsabilidades y pagaría indemnizaciones. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, destacó la falta de intencionalidad por parte de Israel, y el diputado del PP Vicente Ferrer declaró en la comisión parlamentaria que los artilleros israelíes “son buenos, pero fallan”. Lo que se presentó como un accidente militar con asunción de responsabilidades terminó derivando, sin embargo, en una cadena de decisiones opacas, gestiones discretas y comunicaciones alejadas de los cauces formales.

El caso pasó primero por la jurisdicción militar española, que se inhibió y lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu abrió diligencias previas para investigar la muerte del cabo y, como primer paso, remitió una comisión rogatoria a Israel para un asunto básico: no pedía investigar allí, sino simplemente saber si había alguna investigación abierta sobre los hechos y, de existir, en qué fase se encontraba. Israel ignoró al menos tres comunicaciones de esta solicitud, y envió su respuesta más de un año después de recibir, por fin, el aviso. La Audiencia Nacional, que había tenido el caso paralizado durante todo ese tiempo, terminó archivando la causa en 2017.

La investigación Israel Files, llevada a cabo por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales y correos publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), revela cómo el Departamento de Guerra Legal de Israel, por medio del despacho de abogados español Cuatrecasas, no solo monitorizó y trató de influir en reformas legislativas en España, sino que, según dichos mails, llegó a recibir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información procesal sobre el caso Soria Toledo antes de que esta fuera comunicada formalmente al propio juez o a la familia del militar fallecido, un hecho que la Fiscalía niega.

El proyectil que derribó la torre de vigilancia en la que se apostaba el cabo Soria Toledo —de 36 años y con su esposa a punto de dar a luz— fue un obús de 155 mm que, según declaró el ministro Morenés, “disparaba al máximo de su alcance”, lo que reduce su puntería. Las tropas israelíes apuntaban a efectivos de Hezbolá situados a solo 500 metros de la base de la ONU, cuyas coordenadas conocían. En sus documentos internos y en su respuesta a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia de Israel se refiere al proyectil como “antitanque”, aunque su calibre es más pesado que el que se utiliza contra los vehículos acorazados, y corresponde más al de artillería general, según fuentes militares consultadas por infoLibre. 

El que acabó con la vida del cabo Soria no fue el único proyectil lanzado sobre la posición de las tropas de la ONU. De acuerdo con lo declarado por los militares españoles en un informe reservado del Estado Mayor al que tuvo acceso El País, el bombardeo israelí fue intenso y prolongado y obligó a todos los soldados de la base a refugiarse. De hecho, el cadáver de Soria no pudo ser evacuado por un helicóptero porque los obuses seguían impactando en la base e impedían su aterrizaje. Ninguno de los informes, ni los elaborados por el Ejército español, ni por el israelí, ni por la ONU, fueron facilitados al Congreso por el Gobierno del PP, que alegó que estaban clasificados.

Entre las decenas de proyectiles que las fuerzas israelíes lanzaron sobre la base de Naciones Unidas había también bombas de racimo, según declararon los militares españoles en el informe de Defensa. Este tipo de munición —prohibida por una convención internacional que Israel no ha suscrito— explota en el aire en vez de impactar contra el objetivo y expande sus proyectiles indiscriminadamente, poniendo en riesgo a la población civil. El uso de bombas de racimo en el Líbano por parte de Israel ha vuelto a ser documentado en 2024 por The Guardian.

Seis meses después de la muerte de Soria, en julio de 2015, la justicia militar, que había abierto diligencias previas sobre el caso pero que solo puede juzgar aquellos en los que el acusado sea español, lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu envió una comisión rogatoria internacional a Israel en enero de 2016 para averiguar si allí se había realizado alguna investigación sobre al respecto, paso necesario antes de decidir si España podía seguir instruyendo la causa.

Según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí desvelados en Israel Files, la comisión rogatoria enviada por España en enero no fue debidamente identificada ni tramitada al llegar a Israel. La carta que la acompañaba no fue registrada como recibida hasta el 7 de marzo, pero la solicitud formal ni siquiera constaba adjunta en los archivos israelíes. La carta “con o sin la solicitud” —según los correos— fue remitida a la Administración de Tribunales. El 24 de mayo, España envió un primer recordatorio preguntando por su paradero; la unidad israelí encargada de asistencia judicial contactó con sus tribunales y su policía sin encontrar el documento.

La situación se repitió el 11 de julio, cuando Israel recibió un segundo recordatorio español que esta vez sí incluía la copia íntegra de la rogatoria. Apenas una semana después, el 20 de julio, una unidad de policía judicial israelí escribió a España informando de que “las solicitudes no habían llegado a su destinatario y debían reenviarse”, sin saber que esa misma semana la petición ya había sido recibida a través del recordatorio anterior. 

Un tercer aviso español, fechado el 3 de agosto, volvió a adjuntar la solicitud. En un correo interno del 17 de agosto de 2016, el responsable internacional del ministerio israelí admite que hay “un cierto grado” de que “la mano izquierda no sabe lo que hacía la derecha”, reconoce que durante meses solo tuvieron “cartas de recordatorio que no mencionaban la naturaleza o sensibilidad del asunto” y propone contestar a España para confirmar por fin la recepción y prometer una respuesta.

Sin embargo, los meses siguieron pasando sin que nadie en Israel se diese por aludido. En noviembre, El País informó de que Israel “desoía sistemáticamente” las comisiones rogatorias de la Audiencia Nacional, que ya en octubre había lamentado que venía enviándolas “mensualmente”. 

En enero de 2017, transcurridos ya dos años desde la muerte del cabo, y uno desde el primer envío de la comisión rogatoria, Andreu ordenó a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional que realizara “urgentemente” las gestiones necesarias para aclarar en qué punto estaba la solicitud y exigió que se le comunicaran “de forma precisa” los motivos que impedían su trámite. El magistrado subrayaba que había transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que, en octubre, se recordara a Israel su obligación de contestar. 

El País calificó este movimiento de “ultimátum” del juez, y la noticia fue reproducida por medios de comunicación en Israel. El Ministerio de Justicia israelí escribió entonces al despacho Cuatrecasas, enviando un enlace al artículo del diario español y solicitando conseguir una copia del oficio librado por el magistrado Andreu. El despacho español aseguró al ministerio que no solo trataría de localizar dicha copia, sino que “hablaría pronto” con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Dos semanas después, el 15 de febrero, el socio de Cuatrecasas encargado de asesorar al ministerio israelí mantuvo una reunión con Rosana Lledó, la fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba el caso del cabo Soria Toledo, según consta en la factura generada ese mes por el despacho. Al día siguiente, según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí, Cuatrecasas informó a sus clientes de que la fiscal Lledó le había comunicado su intención de pedir el archivo de la causa por falta de jurisdicción y de indicios penales. La Fiscalía —según este relato— explicó que esperaba a que Israel respondiera a la comisión rogatoria para presentar su solicitud al juez, y confirmó —ante las preguntas del ministerio a raíz del artículo— que éste había reprochado la ausencia de contestación. 

Contactada por infoLibre, la fiscal Lledó niega haber tenido ninguna clase de reunión con el despacho Cuatrecasas relacionada con este proceso —aunque añade que “hace muchos años— , y afirma que envió al magistrado la solicitud de archivo de la causa en julio de 2015. Es decir, el mismo mes en que la Audiencia Nacional abrió la investigación, antes siquiera de que se le solicitaran explicaciones a Israel a través de la comisión rogatoria y, por tanto, antes del encuentro al que Cuatrecasas y el Ministerio de Justicia hacen referencia en sus documentos internos, y cuya existencia Lledó niega.

Esta reunión, de haberse producido, no sería una simple gestión administrativa. La causa seguía en diligencias previas e Israel no estaba dentro del procedimiento ni figuraba como parte investigada, lo único que debía hacer era responder a la comisión rogatoria que llevaba casi un año sin atender. Aun así, según la documentación recabada por Israel Files, la fiscal habría comunicado a un bufete privado, que representaba los intereses de un Estado potencialmente concernido, una decisión procesal —su intención de pedir el archivo— antes de trasladarla al propio juez o a la familia del militar fallecido. El ministerio israelí tomó nota de la información y urgió a su equipo a rematar la respuesta esa misma semana, insistiendo en que ya habían prometido a las autoridades españolas enviarla de inmediato.

El 21 de febrero, apenas cinco días después de recibir de Cuatrecasas la advertencia de la fiscal, un borrador casi definitivo de la respuesta israelí empezó a circular internamente. El documento, marcado como confidencial, no cuestionaba los hechos básicos —la muerte del cabo en un ataque de respuesta israelí a Hezbolá—, pero sí situaba el incidente fuera del alcance judicial español. Israel afirmaba que había investigado el caso, que su Fiscalía militar descartó responsabilidades penales y que se habían pagado indemnizaciones “en expresión de su pesar” —Israel pagó 200.000 euros a la viuda del cabo Soria, lo que su familia calificó de “vergonzoso”—. 

Aun así, el borrador subrayaba que Israel no reconocía base alguna para una investigación penal en España y presentaba su respuesta como una decisión voluntaria, adoptada “por respeto” a las autoridades judiciales españolas, a pesar de que ambos países son firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, que obliga a Israel a dar una contestación o a justificar la negativa en casos muy concretos. 

El borrador reflejaba también el resultado de una discusión que los correos internos habían documentado días antes: si asumir o no en el texto errores operativos. El ejército israelí prefería evitarlo, pese a reconocerlos internamente, mientras que los juristas del ministerio defendían incluir una referencia mínima a que se habían extraído lecciones del incidente. La fórmula finalmente elegida fue la más contenida: la “desafortunada muerte” del cabo se debió al “desvío totalmente involuntario de un proyectil de artillería”. La frase se reprodujo textualmente en el auto de Andreu que archivó la causa al mes siguiente.

En 2009, coincidiendo con el regreso de Benjamin Netanyahu al poder y con la ofensiva sobre Gaza conocida como Operación Plomo Fundido, el Gobierno israelí decidió crear dentro del Ministerio de Justicia una unidad específica para gestionar las causas abiertas en el extranjero por presuntos crímenes de guerra. Esa estructura, embrión del actual Departamento de Guerra Legal, pasó a coordinar la defensa de altos mandos políticos y militares señalados en procedimientos penales o civiles fuera del país y a diseñar la estrategia jurídica ante tribunales extranjeros y la Corte Penal Internacional —donde el departamento se jacta de que sus “buenas relaciones” llevan años retrasando una investigación al Estado, según documentación de la filtración—. Para ello el ministerio trabaja con una red formada por prestigiosos despachos de abogados contratados en países clave.

Una filtración de más de dos millones de correos electrónicos del Ministerio de Justicia que cubren principalmente de 2009 a la primavera de 2023, permite seguir durante más de una década el trabajo de ese engranaje: desde el cierre discreto de causas en Europa hasta el seguimiento de reformas legislativas consideradas peligrosas para los intereses de Israel. Entre los destinatarios habituales de sus consultas aparecen varias firmas europeas en los que, internamente, el departamento llama “países objetivo”, entre los que está España. 

Como revela Israel Files, una investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), dichos emails permiten seguir más de una década de relaciones discretas entre Israel y España.

La sensibilidad de Israel hacia la jurisdicción española no es nueva. Entre los documentos filtrados figura un correo interno de 2009, enviado por la Fiscalía General de Israel (dependiente de la cartera de Justicia) el mismo día en que la Audiencia Nacional archivó una causa penal contra el entonces ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y seis altos mandos militares por el asesinato de catorce civiles en un ataque a Gaza, entre ellos varios niños y bebés. En ese mensaje, un alto cargo del Ministerio de Justicia felicita a su equipo por el trabajo realizado con los abogados españoles, que, según afirma, había “contribuido sin duda a influir” tanto en la Fiscalía española como en el tribunal. 

La documentación sitúa a la histórica firma catalana Cuatrecasas, la segunda del país por volumen de facturación, como el despacho de referencia para defender y asesorar a Israel en asuntos de jurisdicción universal, viajes de altos cargos y cuestiones que afectan a ciudadanos con vínculos con Israel. Pero también como un actor clave para anticipar y moldear el escenario legislativo español: los correos muestran cómo el bufete informa al ministerio israelí de qué reformas pueden perjudicarle, del estado de algunos trámites en el Congreso y, sobre todo, de qué cambios legales sería conveniente promover ante las autoridades españolas y a través de qué interlocutores institucionales convendría hacerlo.

España aparece de manera recurrente en los correos del ministerio israelí por una razón concreta: durante más de una década fue uno de los países que aplicó con mayor amplitud el principio de jurisdicción universal. Ese marco legal permitía a los jueces españoles investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera del país, incluso cuando no había víctimas españolas. El ministerio seleccionó a Cuatrecasas en 2004 “para representar al Estado de Israel y proporcionar una opinión general sobre la cuestión de la jurisdicción universal en España”.

Aunque hoy Israel considera la jurisdicción universal un riesgo para sus altos cargos, durante buena parte del siglo XX defendió activamente ese mismo principio para perseguir a dirigentes nazis por sus crímenes contra la humanidad que, según el principio de jurisdicción universal, podían ser juzgados con independencia del lugar en que se hubieran cometido. 

Con el tiempo, sin embargo, la jurisdicción universal pasó de ser una herramienta útil a convertirse en una fuente de preocupación. A medida que tribunales europeos —incluidos los españoles— comenzaron a abrir causas contra altos cargos israelíes por actuaciones en Gaza o Cisjordania, los documentos muestran un creciente interés del Ministerio de Justicia israelí por las reformas legislativas españolas. Pese a los cambios aprobados en 2009 y, más tarde, en 2014 —que restringieron de forma significativa el alcance de la jurisdicción universal—, las comunicaciones revelan que España seguía siendo un “país objetivo” para Israel y que el ministerio continuó pidiendo a Cuatrecasas análisis constantes sobre los riesgos de nuevas investigaciones, el avance de cada posible reforma y las opciones de influir en su tramitación.

Los correos filtrados muestran que el papel de Cuatrecasas fue mucho más amplio que el de un despacho contratado para atender consultas puntuales. Durante años, el Ministerio de Justicia israelí le encargó rastrear cualquier intento de modificar la jurisdicción universal en España y adelantarse a sus implicaciones políticas y jurídicas. Cuando en 2017 el Congreso aceptó tramitar una proposición de ley para ampliarla, Israel, tras ser informado por el despacho, solicitó un análisis del proyecto legislativo “según nuestros intereses”, una valoración de qué partidos podían impulsarlo o frenarlo, y una serie de mensajes políticos breves —“talking points”— para trasladarlos a las autoridades españolas. 

También solicitó algo aún más delicado: identificar a qué cargos del Gobierno y del Congreso había que hacer llegar esos mensajes, y si convenía hacerlo de forma directa o a través de canales informales. Cuatrecasas respondió con una lista de cargos políticos, sobre todo del PP —entonces en el Gobierno— aunque también del PSOE, junto con un mapa detallado del clima político que rodeaba la reforma. Análisis similares sobre la situación parlamentaria en España y sus posibles consecuencias en el avance de la jurisdicción universal se sucedieron a lo largo de los siguientes años, como por ejemplo tras las elecciones de 2020, cuando Cuatrecasas reportó que la situación política era “imprevisible”. 

Todo este trabajo no se quedaba sólo en el papel. En 2018, un grupo de responsables jurídicos del Gobierno israelí encabezados por Avichai Mandelblit, abogado general del Estado, viajó a Madrid y mantuvo reuniones con algunos de los, por aquel entonces, máximos representantes del ordenamiento jurídico español: el abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; y el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. 

El dossier preparado para ese viaje incluía un mensaje idéntico para ser trasladado a todos ellos: Israel mostraba su preocupación por las “propuestas para modificar la legislación relativa a la jurisdicción universal” y pedía información sobre “las medidas que se puedan tomar para garantizar que no se modifique el texto actual”. Es decir, los emisarios israelíes debían preguntar directamente a las autoridades españolas cómo interferir en un proceso legislativo para asegurarse de que sus intereses no se vieran perjudicados.

En ese mismo viaje apareció otro asunto sensible: una querella presentada en España contra Ángel Mas, presidente de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), conocida por defender los intereses israelíes en la arena judicial y política española. El ministerio seguía ese caso de cerca, aunque el dossier recomendaba “no plantear el tema de forma proactiva” en reuniones oficiales, “dada su delicadeza”, y reservar las gestiones al embajador israelí en España.

Los correos posteriores muestran que esa relación iba más allá de un caso concreto: ACOM enviaba directamente al ministerio boletines y resoluciones judiciales relevantes para los intereses de Israel, y funcionarios del departamento incorporaban esa información a sus informes internos. La tarea judicial de ACOM sigue hoy igual de activa que entonces: en los últimos tres meses la asociación ha denunciado a varios clubes de fútbol “por complicidad con el odio a los judíos”, a la Universidad del País Vasco por un manifiesto de apoyo a Palestina, o a la periodista Ana Iris Simón, a la que acusa de hacer “apología del yihadismo”. 

Al Departamento de Guerra Legal también le interesaban las valoraciones de Cuatrecasas sobre otros asuntos de especial relevancia para el Estado de Israel. El despacho actuaba como asesor de riesgo para las visitas privadas o profesionales de dirigentes israelíes a España. Entre los consultantes figuran perfiles de máximo nivel: los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del servicio de inteligencia interior Yuval Diskin, o el almirante Eliezer Marom, comandante de la Armada de Israel durante el asalto en el que murieron nueve activistas turcos en la Flotilla de la Libertad en 2010.

El despacho revisaba, caso por caso, si alguno de ellos había sido mencionado en querellas relacionadas con Gaza o con el asalto a la Flotilla de la Libertad, y evaluaba si una visita podía activar alguna actuación judicial. Aunque la conclusión habitual era que el riesgo era “bajo”, las recomendaciones siempre se centraban en hacer viajes discretos, sin exposición pública y evitando cualquier actividad que pudiera llamar la atención por “si algunos activistas se enteran de que está en España”, en palabras del bufete. 

Este asesoramiento recogía incluso advertencias logísticas y de seguridad más adecuadas para un fugitivo que para un ex alto mandatario: en un correo de 2017, Cuatrecasas señalaba al ministerio que no existen controles fronterizos para cruzar de España a Francia. El despacho añadía de todos modos el contacto de un abogado francés por si fuera necesario, y mantenía el mismo criterio de siempre: confidencialidad y perfil bajo.

A Israel también le preocupaban las consecuencias penales que podría tener para ciudadanos con doble nacionalidad española e israelí el alistamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel. En España, combatir en un ejército extranjero está prohibido y, en el caso de quienes obtuvieron la nacionalidad por vías no originarias —como los sefardíes naturalizados—, puede acarrear la pérdida de la ciudadanía, además de responsabilidades penales, como informó Cuatrecasas.

Hasta ahora, el trabajo de Cuatrecasas para el Ministerio de Justicia israelí permanecía completamente fuera del escrutinio público. La propia documentación interna explica por qué: según un informe del departamento dirigido a la cúpula del ministerio en 2020, Israel oculta sistemáticamente qué firmas representan sus intereses en el extranjero porque revelar esos vínculos podría perjudicar a los despachos en términos de imagen pública, pero también comprometer la estrategia exterior del Estado. 

El ministerio reconoce que todo su entramado en los llamados “países objetivo” se basa en la opacidad, y que hacerlo visible tendría un coste diplomático directo. Según este documento, el hecho de que Israel trabaje con bufetes extranjeros “entre bastidores” y “de un modo no necesariamente transparente para el país objetivo” plantea riesgos para sus relaciones con esos Estados y para la continuidad de este sistema.

infoLibre se ha puesto en contacto con el despacho Cuatrecasas y con el Ministerio de Justicia de Israel para recabar su versión sobre los hechos relatados en este artículo, pero no ha recibido respuesta. 

El segundo mandato de Benjamin Netanyahu, iniciado en 2009, marcó un giro profundo en la estrategia israelí hacia los palestinos: el abandono de cualquier expectativa realista de una solución negociada de dos Estados. Sin horizonte político y ante la constatación de que la ocupación de Cisjordania y la guerra en Gaza era indefinida, las instituciones del Estado empezaron a prepararse para las consecuencias internacionales. Esto se tradujo en un aumento del gasto en comunicación exterior, campañas de vigilancia y difamación contra organizaciones de derechos humanos y movimientos propalestinos en el extranjero.

Desde el inicio, una de las prioridades fue el frente jurídico. Con la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el desarrollo de leyes europeas que permitían investigar crímenes de guerra bajo el principio de jurisdicción universal, la posibilidad de que militares o responsables israelíes fueran detenidos en el extranjero dejó de ser hipotética. Al mismo tiempo, el avance de normas de responsabilidad empresarial encendió las alarmas del Gobierno, que temía sanciones comerciales vinculadas a la ocupación.

La publicación de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí —principalmente de 2009 a la primavera de 2023— en la página de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS) expone por primera vez las estrategias jurídicas diseñadas para blindar al Estado ante violaciones del derecho internacional. El hackeo, atribuido a un grupo desconocido llamado “Anonymous for Justice”, solo ha tenido repercusiones fuera de Israel: una orden de censura prohíbe a los medios israelíes informar de la existencia de la filtración y de la propia orden de censura. Un análisis técnico realizado por Amnistía Internacional para The Guardian concluyó que los documentos provienen de un ataque real de “hackeo y filtración” y no muestran signos de manipulación.

infoLibre, junto con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) ha analizado los documentos y correos electrónicos en el marco de la investigación internacional Israel Files.

Buena parte de los documentos procede del Departamento de Asuntos Internacionales Especiales, creado en 2010 y dirigido inicialmente por Roy Schöndorf, un ex jurista militar que previamente había elaborado justificaciones legales para ejecuciones extrajudiciales. Le acompañaba Marlene Mazel, abogada que representaba al Ayuntamiento de Nueva York antes de incorporarse al ministerio.

Su misión oficial era “gestionar todos los asuntos relacionados con procedimientos jurídicos internacionales derivados de las acciones del Estado en su lucha contra el terrorismo”. En paralelo, el departamento impulsó el uso ofensivo del derecho —lo que denomina “lawfare”—, para combatir lo que califica como la “explotación cínica de herramientas legales legítimas contra el Estado de Israel”. Para ello trabajó con más de una docena de despachos en Europa, EEUU, Sudáfrica o Japón, que ayudaron en secreto a proteger los intereses del Estado y de empresas vinculadas a él a cambio de decenas de millones de euros.

Más allá de la labor en los juzgados, una de sus funciones principales consistía en evaluar si altos cargos del Estado podían viajar a ciertos países sin riesgo de detención. Los correos filtrados contienen decenas de consultas detallando visitas privadas u oficiales que, en varios casos —hasta ahora desconocidos—, tuvieron que ser canceladas. El departamento también solicitó a despachos extranjeros informes sobre la legalidad de que ciudadanos binacionales sirvieran en el Ejército israelí o que voluntarios extranjeros se unieran a él.

Otra faceta clave del trabajo del departamento fue tejer relaciones con fiscales generales, asesores jurídicos y ministerios de justicia extranjeros. Formalmente se presentaban como contactos técnicos, pero los documentos muestran objetivos explícitos de captar apoyos informales para cerrar o frenar investigaciones contra responsables israelíes. La estrategia de “befriending” —literalmente, “hacerse amigos”— está descrita explícitamente en los documentos internos y se aplicó también al personal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a académicos y expertos en Derecho Internacional.

En Alemania, por ejemplo, este acercamiento a juristas y fiscales resultó útil en el cierre de un caso sobre la muerte de una familia palestino-alemana en Gaza. El departamento también intercambió información con juristas de la OTAN y, en 2019, Marlene Mazel recibió junto a un experto de las Fuerzas Armadas israelíes el Premio Serge Lazareff de la alianza militar por su labor “combatiendo el lawfare”.

Un informe clasificado de finales de 2020 que analiza una década de trabajo del departamento presume de que el departamento “ha cambiado irrevocablemente la manera en que Israel afronta la ‘guerra legal’ ” y enumera sus “logros excepcionales”: cerrar decenas de causas penales y civiles en el extranjero, así como retrasar durante una década la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado.

En 2015, el Gobierno de Netanyahu creó el Ministerio de Asuntos Estratégicos para combatir la “deslegitimación”, especialmente del movimiento BDS (boicot, desinversión y sanción) y campañas de derechos humanos que pedían sanciones a los asentamientos ilegales. El ministerio —acusado de injerencia política en el extranjero— colaboró intensamente con el Ministerio de Justicia, dirigido entonces por la ultraderechista Ayelet Shaked, especialmente con el Departamento de Asuntos Internacionales. 

El departamento ayudó a constituir un grupo de coordinación legal con organizaciones como NGO Monitor, Kohelet Forum y otros lobbies pro-Israel en Europa y Estados Unidos, con el objetivo de criminalizar el activismo propalestino. También monitorizó iniciativas legales en Estados Unidos y Europa, e intervino discretamente en Francia para asegurar que se siguiera procesando a activistas del movimiento BDS pese a una sentencia que protegía su libertad de expresión.

De especial relevancia fue la labor del bufete belga Van Bael & Bellis, contratado para diseñar estrategias legales contra la promoción de leyes contrarias a los intereses de Israel, contra las restricciones a productos procedentes de asentamientos ilegales o contra campañas mediáticas que señalaban a empresas como Airbnb o Ben & Jerry’s por lucrarse de la ocupación. El despacho de Bruselas recibió al menos 750.000 euros hasta 2021 y su contrato se prorrogará hasta, como mínimo, 2026.

Tras las recomendaciones de la Comisión Turkel —creada por el Gobierno de Israel a raíz del asalto a la flotilla rumbo a Gaza en 2010 que acabó con el asesinato de varios tripulantes— el departamento profundizó en el derecho de guerra y trabajó con juristas militares para construir argumentos que justificaran las agresiones israelíes. Trabajó en estrecha colaboración con la unidad de derecho internacional del ejército para desarrollar argumentos legales que justificaran las acciones de Israel, e incluso participó en la normativa sobre incendios en la frontera de Gaza durante la Gran Marcha del Retorno en 2018. 

Como argumentó recientemente el jurista Or Bassok en Haaretz, estos actos no se han producido a pesar de la supervisión legal, sino que han sido posibles gracias a ella, proporcionando a los soldados participantes la ilusión de un escrutinio legal sobre los llamados “daños colaterales”. 

Los documentos más recientes de la filtración revelan que Israel seguía preparándose activamente para hacer frente a posibles órdenes de detención de la Corte Penal Internacional tras la decisión de 2021 de la Corte de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, y que estaba en contacto con un número cada vez mayor de abogados de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional para que asesoraran al Estado sobre esta cuestión.

Los últimos correos datan de la primavera de 2023, cuando Israel vivía una de las revueltas ciudadanas internas más importantes de los últimos años por una reforma judicial. Paradójicamente, muchos de los juristas —internos y externos— cuyos esfuerzos permitieron blindar al Gobierno en el exterior expresaban en privado su inquietud por el auge de la ultraderecha y del movimiento colonizador, que comenzaban a amenazar sus propias instituciones.

Los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior destrucción de la Franja de Gaza por parte de Israel, que desencadenó una oleada de procedimientos judiciales, han dado aún más importancia al trabajo del departamento. Al mismo tiempo, el abierto desprecio de los dirigentes israelíes —a menudo mostrado públicamente—  por las normas internacionales,  así como el fracaso de la Fiscalía militar para enjuiciar incluso los casos más evidentes de crímenes de guerra, contrastan radicalmente con las propias recomendaciones del departamento a la cúpula política. Sin embargo, el jefe del departamento, Gilad Noam, sigue defendiendo enérgicamente la legalidad de la conducta de Israel hasta el día de hoy.