‘Israel Files’, la arquitectura de la impunidad

Hay investigaciones periodísticas cuya relevancia reside no tanto en los hechos como en el patrón que dejan al descubierto. Ocurrió con el Cablegate, la filtración de Wikileaks de 2010 de las comunicaciones secretas entre la embajada de EEUU y las del resto del mundo que ponía negro sobre blanco cómo una buena parte de la diplomacia mundial trabajaba al servicio de intereses empresariales. Y vuelve a suceder ahora con Israel Files, la investigación de más de dos millones de emails del Ministerio de Justicia israelí que infoLibre publica en exclusiva en España*.

No porque desvele grandes sorpresas (las presiones de Israel a escala planetaria para protegerse del derecho internacional), sino porque documenta con gran precisión hasta qué punto la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un frente de guerra política. Y, sobre todo, porque refleja cómo con dinero y poder se pueden cambiar las reglas del juego.

Desde 2009, coincidiendo con el regreso de Benjamin Netanyahu al Gobierno y con la ofensiva sobre Gaza, Israel puso en marcha una maquinaria legal específica para evitar que se abrieran causas fuera de sus fronteras por crímenes de guerra. Una unidad dentro del Ministerio de Justicia destinada durante más de una década a anticipar riesgos, cerrar procesos, influir en reformas legislativas ajenas y garantizar que altos cargos políticos y militares pudieran moverse por el mundo con el menor coste jurídico posible. 

La filtración de esos millones de correos electrónicos permite seguir durante al menos diez años una operativa minuciosa, calculada al milímetro para evitar que los tribunales extranjeros se convirtieran en un problema real para Israel: contactos con bufetes de abogados extranjeros, análisis de países “objetivo”, vigilancia de Parlamentos, diseño de mensajes políticos, evaluación de viajes, advertencias de seguridad impropias de exmandatarios y más propias de fugitivos. 

No es casual que España figure en esos correos como “objetivo” de Israel. Durante años fue uno de los países europeos que aplicó con mayor amplitud el principio de jurisdicción universal, esa idea –nacida tras la Segunda Guerra Mundial– según la cual hay crímenes tan graves que pueden y deben ser perseguidos con independencia de dónde se hayan cometido. Genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Delitos que no pertenecen solo a un territorio, sino a la humanidad en su conjunto. 

Dos reformas, una con Zapatero en 2009 (pactada con el PP) y otra con Rajoy en 2014 (sólo con los votos del PP) estrangularon la justicia universal en España hasta dejarla en lo que es hoy: un instrumento raquítico, prácticamente inservible, que sólo responde ante casos, sobre todo de terrorismo, en los que haya víctimas españolas. Así fue como se pasó de poder juzgar crímenes internacionales sin importar dónde ocurrieran, a sólo poder hacerlo en caso de que la víctima tuviera nacionalidad española o que el responsable estuviera en España (2009) y a eliminar la persecución de delitos como la mutilación genital femenina o archivar muchas causas como la del Tíbet (2014). Por cierto, la presión de China, EEUU e Israel fue clave en las modificaciones de 2009, y la de los dos primeros, en la de 2014.

Pero mientras funcionó en toda su dimensión, en la Audiencia Nacional hubo magistrados que empujaron el límite de lo posible. Desde Baltasar Garzón, pionero en la aplicación práctica de ese principio en España con el procesamiento de Pinochet, a jueces como Santiago Pedraz, que sostuvo causas emblemáticas (Guatemala, Couso), o Fernando Andreu, que abrió en 2009 diligencias contra altos mandos israelíes por el bombardeo de Gaza de julio de 2002. Hasta que los elementos (entiéndanme la ironía) terminaron por asfixiarlas.

España era un lugar incómodo porque abría la puerta a activar investigaciones de ese calado. Por eso Israel puso a funcionar toda su maquinaria: lobbies, presiones sobre reformas o para que ciertas causas no prosperaran

Este ensamblaje jurídico convirtió a España en un lugar incómodo, simplemente porque abría la puerta a activar investigaciones de ese calado. Y la mera posibilidad fue más que suficiente para que Israel pusiera a funcionar toda su maquinaria, que pasaba, entre otras cosas, por activar lobbies, presionar sobre reformas o trabajar para que ciertas causas no prosperaran.

Los documentos muestran hasta qué punto esa sola posibilidad era tomada en serio. En 2009, el mismo día que la Audiencia Nacional archivaba la causa de Andreu contra altos mandos israelíes por un ataque con civiles muertos —incluidos niños y bebés—, un correo interno israelí se felicitaba por la labor desarrollada con abogados españoles que, según el mail, contribuyó a influir en Fiscalía y tribunal. Ahí es nada. 

Por eso Israel Files es una seria advertencia. Convertir el derecho en una herramienta para la impunidad es un juego de niños para Estados con poder (y dinero). Lo hacen a través de despachos prestigiosos, con ministerios ad hoc, con redes de contactos, con premios, regalos (me vienen a la cabeza ahora las insistentes invitaciones que recibí durante años de un instituto de innovación israelí, por no hablar de los continuos mensajes de la embajada cada vez que publicábamos una información crítica con Israel) o con estrategias encaminadas al colegueo con fiscales, juristas y expertos. No se trata de defenderse en los tribunales, sino de hacer todo lo que esté en su mano para que esos tribunales (extranjeros) no sean un problema. Y a la vista está que lo acaban logrando.

(Llegados a este punto es interesante recordar que el mismo principio de jurisdicción universal que hoy combate fue defendido durante décadas por Israel para perseguir a criminales nazis). 

Pero sigamos. Porque lo que todo esto ilustra es que la justicia universal es –era– mucho más que un gesto simbólico, una extravagancia jurídica o una pulsión moralista de jueces díscolos (y progresistas). Abría una grieta en el muro de la impunidad. Era una forma de recordar que los crímenes más graves no prescriben en la frontera en la que se han cometido y que la ausencia de voluntad política interna no puede convertirse en inmunidad exterior.

Que esa herramienta haya sido vaciada de contenido o directamente neutralizada en distintos países europeos, como España, responde a una lógica profunda: cuando la justicia empieza a molestar a los aliados, deja de ser prioritaria. Por eso el principio de jurisdicción universal fue ridiculizado en su día como algo ingenuo, buenista, impracticable y, además, provocaba problemas diplomáticos. Cómo no sacrificarlo en nombre del realismo, del equilibrio internacional o de la “responsabilidad”.

Israel Files pone en evidencia algo que intuíamos, pero rara vez podíamos demostrar con esta claridad: la justicia universal era eficaz precisamente porque generaba miedo al escrutinio. Porque obligaba a los criminales poderosos a moverse con cautela, a aceptar que el mundo no es completamente opaco. Hoy, con esa puerta casi cerrada, el mensaje que se envía es el opuesto.

La justicia universal no garantizaba justicia, pero aseguraba algo tan imprescindible como que la impunidad no fuera automática. Y eso, como demuestra esta investigación, es exactamente lo que algunos Estados están dispuestos a evitar, cueste lo que cueste.

*’Israel Files’ es una investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS). infoLibre es el único medio español que participa en ella.