Israel tuvo datos sensibles del caso del cabo español muerto en el Líbano, según correos internos

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí impactó contra un puesto de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Líbano. El cabo del Ejército español Francisco Javier Soria Toledo, destinado en la misión UNIFIL, —una fuerza de paz de la ONU que mantiene la estabilidad del territorio— murió en el acto. 

Israel atribuyó el disparo a un error operativo y el Gobierno del PP se apresuró a anunciar que el Ejército israelí asumiría responsabilidades y pagaría indemnizaciones. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, destacó la falta de intencionalidad por parte de Israel, y el diputado del PP Vicente Ferrer declaró en la comisión parlamentaria que los artilleros israelíes “son buenos, pero fallan”. Lo que se presentó como un accidente militar con asunción de responsabilidades terminó derivando, sin embargo, en una cadena de decisiones opacas, gestiones discretas y comunicaciones alejadas de los cauces formales.

El caso pasó primero por la jurisdicción militar española, que se inhibió y lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu abrió diligencias previas para investigar la muerte del cabo y, como primer paso, remitió una comisión rogatoria a Israel para un asunto básico: no pedía investigar allí, sino simplemente saber si había alguna investigación abierta sobre los hechos y, de existir, en qué fase se encontraba. Israel ignoró al menos tres comunicaciones de esta solicitud, y envió su respuesta más de un año después de recibir, por fin, el aviso. La Audiencia Nacional, que había tenido el caso paralizado durante todo ese tiempo, terminó archivando la causa en 2017.

La investigación Israel Files, llevada a cabo por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales y correos publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), revela cómo el Departamento de Guerra Legal de Israel, por medio del despacho de abogados español Cuatrecasas, no solo monitorizó y trató de influir en reformas legislativas en España, sino que, según dichos mails, llegó a recibir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información procesal sobre el caso Soria Toledo antes de que esta fuera comunicada formalmente al propio juez o a la familia del militar fallecido, un hecho que la Fiscalía niega.

La muerte del cabo

El proyectil que derribó la torre de vigilancia en la que se apostaba el cabo Soria Toledo —de 36 años y con su esposa a punto de dar a luz— fue un obús de 155 mm que, según declaró el ministro Morenés, “disparaba al máximo de su alcance”, lo que reduce su puntería. Las tropas israelíes apuntaban a efectivos de Hezbolá situados a solo 500 metros de la base de la ONU, cuyas coordenadas conocían. En sus documentos internos y en su respuesta a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia de Israel se refiere al proyectil como “antitanque”, aunque su calibre es más pesado que el que se utiliza contra los vehículos acorazados, y corresponde más al de artillería general, según fuentes militares consultadas por infoLibre. 

El que acabó con la vida del cabo Soria no fue el único proyectil lanzado sobre la posición de las tropas de la ONU. De acuerdo con lo declarado por los militares españoles en un informe reservado del Estado Mayor al que tuvo acceso El País, el bombardeo israelí fue intenso y prolongado y obligó a todos los soldados de la base a refugiarse. De hecho, el cadáver de Soria no pudo ser evacuado por un helicóptero porque los obuses seguían impactando en la base e impedían su aterrizaje. Ninguno de los informes, ni los elaborados por el Ejército español, ni por el israelí, ni por la ONU, fueron facilitados al Congreso por el Gobierno del PP, que alegó que estaban clasificados.

Entre las decenas de proyectiles que las fuerzas israelíes lanzaron sobre la base de Naciones Unidas había también bombas de racimo, según declararon los militares españoles en el informe de Defensa. Este tipo de munición —prohibida por una convención internacional que Israel no ha suscrito— explota en el aire en vez de impactar contra el objetivo y expande sus proyectiles indiscriminadamente, poniendo en riesgo a la población civil. El uso de bombas de racimo en el Líbano por parte de Israel ha vuelto a ser documentado en 2024 por The Guardian.

El periplo judicial 

Seis meses después de la muerte de Soria, en julio de 2015, la justicia militar, que había abierto diligencias previas sobre el caso pero que solo puede juzgar aquellos en los que el acusado sea español, lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu envió una comisión rogatoria internacional a Israel en enero de 2016 para averiguar si allí se había realizado alguna investigación sobre al respecto, paso necesario antes de decidir si España podía seguir instruyendo la causa.

Según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí desvelados en Israel Files, la comisión rogatoria enviada por España en enero no fue debidamente identificada ni tramitada al llegar a Israel. La carta que la acompañaba no fue registrada como recibida hasta el 7 de marzo, pero la solicitud formal ni siquiera constaba adjunta en los archivos israelíes. La carta “con o sin la solicitud” —según los correos— fue remitida a la Administración de Tribunales. El 24 de mayo, España envió un primer recordatorio preguntando por su paradero; la unidad israelí encargada de asistencia judicial contactó con sus tribunales y su policía sin encontrar el documento.

La situación se repitió el 11 de julio, cuando Israel recibió un segundo recordatorio español que esta vez sí incluía la copia íntegra de la rogatoria. Apenas una semana después, el 20 de julio, una unidad de policía judicial israelí escribió a España informando de que “las solicitudes no habían llegado a su destinatario y debían reenviarse”, sin saber que esa misma semana la petición ya había sido recibida a través del recordatorio anterior. 

Un tercer aviso español, fechado el 3 de agosto, volvió a adjuntar la solicitud. En un correo interno del 17 de agosto de 2016, el responsable internacional del ministerio israelí admite que hay “un cierto grado” de que “la mano izquierda no sabe lo que hacía la derecha”, reconoce que durante meses solo tuvieron “cartas de recordatorio que no mencionaban la naturaleza o sensibilidad del asunto” y propone contestar a España para confirmar por fin la recepción y prometer una respuesta.

Un chivatazo que la Fiscalía niega

Sin embargo, los meses siguieron pasando sin que nadie en Israel se diese por aludido. En noviembre, El País informó de que Israel “desoía sistemáticamente” las comisiones rogatorias de la Audiencia Nacional, que ya en octubre había lamentado que venía enviándolas “mensualmente”. 

En enero de 2017, transcurridos ya dos años desde la muerte del cabo, y uno desde el primer envío de la comisión rogatoria, Andreu ordenó a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional que realizara “urgentemente” las gestiones necesarias para aclarar en qué punto estaba la solicitud y exigió que se le comunicaran “de forma precisa” los motivos que impedían su trámite. El magistrado subrayaba que había transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que, en octubre, se recordara a Israel su obligación de contestar. 

El País calificó este movimiento de “ultimátum” del juez, y la noticia fue reproducida por medios de comunicación en Israel. El Ministerio de Justicia israelí escribió entonces al despacho Cuatrecasas, enviando un enlace al artículo del diario español y solicitando conseguir una copia del oficio librado por el magistrado Andreu. El despacho español aseguró al ministerio que no solo trataría de localizar dicha copia, sino que “hablaría pronto” con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Dos semanas después, el 15 de febrero, el socio de Cuatrecasas encargado de asesorar al ministerio israelí mantuvo una reunión con Rosana Lledó, la fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba el caso del cabo Soria Toledo, según consta en la factura generada ese mes por el despacho. Al día siguiente, según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí, Cuatrecasas informó a sus clientes de que la fiscal Lledó le había comunicado su intención de pedir el archivo de la causa por falta de jurisdicción y de indicios penales. La Fiscalía —según este relato— explicó que esperaba a que Israel respondiera a la comisión rogatoria para presentar su solicitud al juez, y confirmó —ante las preguntas del ministerio a raíz del artículo— que éste había reprochado la ausencia de contestación. 

Contactada por infoLibre, la fiscal Lledó niega haber tenido ninguna clase de reunión con el despacho Cuatrecasas relacionada con este proceso —aunque añade que “hace muchos años— , y afirma que envió al magistrado la solicitud de archivo de la causa en julio de 2015. Es decir, el mismo mes en que la Audiencia Nacional abrió la investigación, antes siquiera de que se le solicitaran explicaciones a Israel a través de la comisión rogatoria y, por tanto, antes del encuentro al que Cuatrecasas y el Ministerio de Justicia hacen referencia en sus documentos internos, y cuya existencia Lledó niega.

Esta reunión, de haberse producido, no sería una simple gestión administrativa. La causa seguía en diligencias previas e Israel no estaba dentro del procedimiento ni figuraba como parte investigada, lo único que debía hacer era responder a la comisión rogatoria que llevaba casi un año sin atender. Aun así, según la documentación recabada por Israel Files, la fiscal habría comunicado a un bufete privado, que representaba los intereses de un Estado potencialmente concernido, una decisión procesal —su intención de pedir el archivo— antes de trasladarla al propio juez o a la familia del militar fallecido. El ministerio israelí tomó nota de la información y urgió a su equipo a rematar la respuesta esa misma semana, insistiendo en que ya habían prometido a las autoridades españolas enviarla de inmediato.

El archivo

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El 21 de febrero, apenas cinco días después de recibir de Cuatrecasas la advertencia de la fiscal, un borrador casi definitivo de la respuesta israelí empezó a circular internamente. El documento, marcado como confidencial, no cuestionaba los hechos básicos —la muerte del cabo en un ataque de respuesta israelí a Hezbolá—, pero sí situaba el incidente fuera del alcance judicial español. Israel afirmaba que había investigado el caso, que su Fiscalía militar descartó responsabilidades penales y que se habían pagado indemnizaciones “en expresión de su pesar” —Israel pagó 200.000 euros a la viuda del cabo Soria, lo que su familia calificó de “vergonzoso”—. 

Aun así, el borrador subrayaba que Israel no reconocía base alguna para una investigación penal en España y presentaba su respuesta como una decisión voluntaria, adoptada “por respeto” a las autoridades judiciales españolas, a pesar de que ambos países son firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, que obliga a Israel a dar una contestación o a justificar la negativa en casos muy concretos. 

El borrador reflejaba también el resultado de una discusión que los correos internos habían documentado días antes: si asumir o no en el texto errores operativos. El ejército israelí prefería evitarlo, pese a reconocerlos internamente, mientras que los juristas del ministerio defendían incluir una referencia mínima a que se habían extraído lecciones del incidente. La fórmula finalmente elegida fue la más contenida: la “desafortunada muerte” del cabo se debió al “desvío totalmente involuntario de un proyectil de artillería”. La frase se reprodujo textualmente en el auto de Andreu que archivó la causa al mes siguiente.