Dos millones de correos exponen la maquinaria secreta de Israel para neutralizar a la justicia internacional

El segundo mandato de Benjamin Netanyahu, iniciado en 2009, marcó un giro profundo en la estrategia israelí hacia los palestinos: el abandono de cualquier expectativa realista de una solución negociada de dos Estados. Sin horizonte político y ante la constatación de que la ocupación de Cisjordania y la guerra en Gaza era indefinida, las instituciones del Estado empezaron a prepararse para las consecuencias internacionales. Esto se tradujo en un aumento del gasto en comunicación exterior, campañas de vigilancia y difamación contra organizaciones de derechos humanos y movimientos propalestinos en el extranjero.

Desde el inicio, una de las prioridades fue el frente jurídico. Con la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el desarrollo de leyes europeas que permitían investigar crímenes de guerra bajo el principio de jurisdicción universal, la posibilidad de que militares o responsables israelíes fueran detenidos en el extranjero dejó de ser hipotética. Al mismo tiempo, el avance de normas de responsabilidad empresarial encendió las alarmas del Gobierno, que temía sanciones comerciales vinculadas a la ocupación.

El nacimiento del departamento

La publicación de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí —principalmente de 2009 a la primavera de 2023— en la página de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS) expone por primera vez las estrategias jurídicas diseñadas para blindar al Estado ante violaciones del derecho internacional. El hackeo, atribuido a un grupo desconocido llamado “Anonymous for Justice”, solo ha tenido repercusiones fuera de Israel: una orden de censura prohíbe a los medios israelíes informar de la existencia de la filtración y de la propia orden de censura. Un análisis técnico realizado por Amnistía Internacional para The Guardian concluyó que los documentos provienen de un ataque real de “hackeo y filtración” y no muestran signos de manipulación.

infoLibre, junto con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) ha analizado los documentos y correos electrónicos en el marco de la investigación internacional Israel Files.

Buena parte de los documentos procede del Departamento de Asuntos Internacionales Especiales, creado en 2010 y dirigido inicialmente por Roy Schöndorf, un ex jurista militar que previamente había elaborado justificaciones legales para ejecuciones extrajudiciales. Le acompañaba Marlene Mazel, abogada que representaba al Ayuntamiento de Nueva York antes de incorporarse al ministerio.

Su misión oficial era “gestionar todos los asuntos relacionados con procedimientos jurídicos internacionales derivados de las acciones del Estado en su lucha contra el terrorismo”. En paralelo, el departamento impulsó el uso ofensivo del derecho —lo que denomina “lawfare”—, para combatir lo que califica como la “explotación cínica de herramientas legales legítimas contra el Estado de Israel”. Para ello trabajó con más de una docena de despachos en Europa, EEUU, Sudáfrica o Japón, que ayudaron en secreto a proteger los intereses del Estado y de empresas vinculadas a él a cambio de decenas de millones de euros.

Más allá de la labor en los juzgados, una de sus funciones principales consistía en evaluar si altos cargos del Estado podían viajar a ciertos países sin riesgo de detención. Los correos filtrados contienen decenas de consultas detallando visitas privadas u oficiales que, en varios casos —hasta ahora desconocidos—, tuvieron que ser canceladas. El departamento también solicitó a despachos extranjeros informes sobre la legalidad de que ciudadanos binacionales sirvieran en el Ejército israelí o que voluntarios extranjeros se unieran a él.

La amistad como estrategia

Otra faceta clave del trabajo del departamento fue tejer relaciones con fiscales generales, asesores jurídicos y ministerios de justicia extranjeros. Formalmente se presentaban como contactos técnicos, pero los documentos muestran objetivos explícitos de captar apoyos informales para cerrar o frenar investigaciones contra responsables israelíes. La estrategia de “befriending” —literalmente, “hacerse amigos”— está descrita explícitamente en los documentos internos y se aplicó también al personal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a académicos y expertos en Derecho Internacional.

En Alemania, por ejemplo, este acercamiento a juristas y fiscales resultó útil en el cierre de un caso sobre la muerte de una familia palestino-alemana en Gaza. El departamento también intercambió información con juristas de la OTAN y, en 2019, Marlene Mazel recibió junto a un experto de las Fuerzas Armadas israelíes el Premio Serge Lazareff de la alianza militar por su labor “combatiendo el lawfare”.

Un informe clasificado de finales de 2020 que analiza una década de trabajo del departamento presume de que el departamento “ha cambiado irrevocablemente la manera en que Israel afronta la ‘guerra legal’ ” y enumera sus “logros excepcionales”: cerrar decenas de causas penales y civiles en el extranjero, así como retrasar durante una década la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado.

Cuando la defensa se convierte en ataque

En 2015, el Gobierno de Netanyahu creó el Ministerio de Asuntos Estratégicos para combatir la “deslegitimación”, especialmente del movimiento BDS (boicot, desinversión y sanción) y campañas de derechos humanos que pedían sanciones a los asentamientos ilegales. El ministerio —acusado de injerencia política en el extranjero— colaboró intensamente con el Ministerio de Justicia, dirigido entonces por la ultraderechista Ayelet Shaked, especialmente con el Departamento de Asuntos Internacionales. 

El departamento ayudó a constituir un grupo de coordinación legal con organizaciones como NGO Monitor, Kohelet Forum y otros lobbies pro-Israel en Europa y Estados Unidos, con el objetivo de criminalizar el activismo propalestino. También monitorizó iniciativas legales en Estados Unidos y Europa, e intervino discretamente en Francia para asegurar que se siguiera procesando a activistas del movimiento BDS pese a una sentencia que protegía su libertad de expresión.

De especial relevancia fue la labor del bufete belga Van Bael & Bellis, contratado para diseñar estrategias legales contra la promoción de leyes contrarias a los intereses de Israel, contra las restricciones a productos procedentes de asentamientos ilegales o contra campañas mediáticas que señalaban a empresas como Airbnb o Ben & Jerry’s por lucrarse de la ocupación. El despacho de Bruselas recibió al menos 750.000 euros hasta 2021 y su contrato se prorrogará hasta, como mínimo, 2026.

Tras las recomendaciones de la Comisión Turkel —creada por el Gobierno de Israel a raíz del asalto a la flotilla rumbo a Gaza en 2010 que acabó con el asesinato de varios tripulantes— el departamento profundizó en el derecho de guerra y trabajó con juristas militares para construir argumentos que justificaran las agresiones israelíes. Trabajó en estrecha colaboración con la unidad de derecho internacional del ejército para desarrollar argumentos legales que justificaran las acciones de Israel, e incluso participó en la normativa sobre incendios en la frontera de Gaza durante la Gran Marcha del Retorno en 2018. 

Como argumentó recientemente el jurista Or Bassok en Haaretz, estos actos no se han producido a pesar de la supervisión legal, sino que han sido posibles gracias a ella, proporcionando a los soldados participantes la ilusión de un escrutinio legal sobre los llamados “daños colaterales”. 

Los documentos más recientes de la filtración revelan que Israel seguía preparándose activamente para hacer frente a posibles órdenes de detención de la Corte Penal Internacional tras la decisión de 2021 de la Corte de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, y que estaba en contacto con un número cada vez mayor de abogados de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional para que asesoraran al Estado sobre esta cuestión.

Después de 2023

Los últimos correos datan de la primavera de 2023, cuando Israel vivía una de las revueltas ciudadanas internas más importantes de los últimos años por una reforma judicial. Paradójicamente, muchos de los juristas —internos y externos— cuyos esfuerzos permitieron blindar al Gobierno en el exterior expresaban en privado su inquietud por el auge de la ultraderecha y del movimiento colonizador, que comenzaban a amenazar sus propias instituciones.

Los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior destrucción de la Franja de Gaza por parte de Israel, que desencadenó una oleada de procedimientos judiciales, han dado aún más importancia al trabajo del departamento. Al mismo tiempo, el abierto desprecio de los dirigentes israelíes —a menudo mostrado públicamente—  por las normas internacionales,  así como el fracaso de la Fiscalía militar para enjuiciar incluso los casos más evidentes de crímenes de guerra, contrastan radicalmente con las propias recomendaciones del departamento a la cúpula política. Sin embargo, el jefe del departamento, Gilad Noam, sigue defendiendo enérgicamente la legalidad de la conducta de Israel hasta el día de hoy.