El PP prepara un carrusel de elecciones frente a la opción del 'superdomingo' para desgastar más a Sánchez

El Partido Popular se prepara para un inicio de año intenso en lo que a convocatorias electorales se refiere. Además de las extremeñas, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, convocará un adelanto el próximo lunes con la excusa de no poder aprobar los presupuestos. Las elecciones serán el 8 de febrero. Se trata, en realidad, de un movimiento calculado por parte de los barones y la dirección nacional del partido, con el que buscan desgastar al PSOE, pero también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de las urnas autonómicas, pese al riesgo de aumentar su dependencia de Vox.

Desde el equipo de Feijóo, sin embargo, descartan la idea de hacer coincidir las elecciones en Aragón con otras autonomías presididas por el PP como Castilla y León —que deben celebrarse el 15 de marzo, como tarde— en un 'superdomingo' electoral, pese a que se especuló con esa posibilidad hace solo unos meses. En Génova prefieren convocatorias individuales —"dominguitos", en sus palabras— para alargar las campañas y no "contaminar" unos procesos con otros, ya que cada líder autonómico tiene una situación determinada.

Así, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no cambiará sus planes tras el adelanto de Azcón. Las elecciones aragonesas se celebrarán la primera semana febrero, mientras que el castellanoyleonés se esperará al mes de marzo, aunque todavía no tiene clara la fecha: se debate entre el día 1 y el 15. También el presidente andaluz, Juanma Moreno, debe convocar como tarde en el mes junio y tiene previsto apurar los plazos, señalan en Génova, así que como pronto llegarán a finales de mayo.

En la dirección nacional del PP se muestran convencidos de que mantendrán los gobiernos en todas las autonomías, aunque sí conceden que el contexto favorece a Vox. A pesar de todo, están dispuestos a depender más de la extrema derecha a costa de que el bloque de la izquierda baje. También buscan "descapitalizar" al Gobierno porque en Aragón y Andalucía las candidatas son ministras —Pilar Alegría y María Jesús Montero, respectivamente—, lo que obligará a Sánchez a hacer una remodelación en el Ejecutivo para sustituirlas.

La reflexión de los conservadores es que las federaciones del PSOE culparán a Sánchez de los previsibles "malos resultados", en sus palabras, ante la difícil situación que atraviesa la formación no solo por el caso de corrupción que ha llevado al exministro José Luis Ábalos a prisión, sino también por la precariedad parlamentaria tras la ruptura de Junts hace escasas semanas. Feijóo tratará así de "acorralar" al presidente del Gobierno con el objetivo de que se vea obligado a adelantar él también las elecciones generales, como ya hizo en 2023 tras la debacle de la izquierda en las autonómicas y municipales.

¿Por qué Comunitat Valenciana sí y Aragón no?

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso de la última reunión entre el PP y Vox para acordar unos presupuestos y del 'no' de Azcón al ofrecimiento de Pilar Alegría de los votos del PSOE para salvarle las cuentas; lo hace, además, impulsado por las encuestas. Según el PP, el aragonés podría elegir entre pactar con los ultraderechistas o con Teruel Existe y el PAR. Una posibilidad que, a juicio de Génova, puede "desactivar" a los de Abascal.

El Ejecutivo de Azcón rechazó replicar el pacto que el PP sí firmó con Vox hace solo dos semanas para investir al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca. En ese caso, el barón del PP cedió ante las peticiones de los ultraderechistas en materias como el medio ambiente y la inmigración, pero el PP de Aragón tacha esas mismas medidas de "inasumibles". "Algunas cosas [de la propuesta de Vox que reedita ese acuerdo] son inasumibles", dijo el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, en rueda de prensa después del encuentro con los ultraderechistas.

Los de Abascal, sin embargo, piden lo mismo que el PP firmó en la Comunitat Valenciana y así lo destacó su portavoz, Alejandro Nolasco. "Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo coherente que no comprometa a Aragón a algo a lo que el PP ya se ha comprometido a escasos kilómetros de aquí", dijo tras la reunión del martes, destacando la incoherencia de los conservadores. "Algo que pueden disfrutar los valencianos, ¿por qué no lo pueden hacer los aragoneses?", se preguntó. Este viernes, el diagnóstico fue el mismo. Nolasco acusó al presidente aragonés de haber decidido hacía tiempo que quería ir a elecciones y quería "tener un relato" con "la excusa" de los presupuestos. "Ni siquiera ha tenido el decoro de esperar a que terminara la reunión", se quejó este viernes, porque la fecha de las elecciones, el 8 de febrero, se filtró a la prensa antes de que terminara su segundo encuentro.

En el equipo de Feijóo justifican tanto la decisión de Pérez Llorca como la de Azcón y tratan de argumentar la negativa del presidente aragonés señalando que él no se juega "ninguna investidura" sino unos presupuestos. También señalan que el caso valenciano era especialmente "delicado" por la reconstrucción de la dana, "que no se puede paralizar". Con todo, sí que admiten que mientras el PP estaba en una situación de debilidad en el caso valenciano, ahora en Aragón las encuestas les respaldan en la primera plaza.

A juicio del portavoz de Vox, el presupuesto presentado por el PP "podría ser un presupuesto del PSOE" y Azcón "parece un presidente de Podemos". Los ultras consideran que Azcón, en realidad, "no tiene ningún problema" en aceptar el pacto que ya ratificó Pérez Llorca, pero creen que prefiere garantizarse "cuatro años más" porque las encuestas le son favorables. El jueves, el dirigente ultra se lo reprochó y Azcón le dio la razón: "Será una buena noticia porque escucharemos a los aragoneses", dijo en el Parlamento.

El lunes, Pilar Alegría ofreció a Azcón apoyar el techo de gasto, paso previo a los presupuestos, y alargar con ello la legislatura. La oferta, al igual que la de Vox, desarma el argumento de los conservadores de convocar elecciones por el "bloqueo" de las cuentas regionales. Pero tanto Génova como el PP de Aragón descartaron cualquier opción de entendimiento con los socialistas. A juicio del PP, el ofrecimiento del PSOE se debe a su "nerviosismo" ante unos comicios que apartarían a Alegría de La Moncloa.

El PP se escuda en las convocatorias para no pactar el TC

Las distintas convocatorias electorales también sirven de excusa a Génova para no pactar la renovación del Tribunal Constitucional. En una réplica al secretario general del PP, Miguel Tellado, en el Congreso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidió fijar "día y hora" para reunirse y exigió a los conservadores no permanecer "cinco años y medio incumpliendo la Constitución", en alusión a los retrasos que acumuló el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el bloqueo del PP.

El trumpismo de Ayuso cala en el votante del PP frente a un Feijóo que no sabe cómo hacer frente a Vox

Ver más

Pero en la dirección nacional del partido no tienen ningún interés en pactar, ya que esa renovación no alteraría las mayorías en el órgano de garantías, que actualmente benefician al sector progresista. Según explican en el equipo de Feijóo, no se han producido contactos, y tampoco se prevé que los haya en el corto plazo. Su excusa es que no es el PP, sino el Senado y los parlamentos autonómicos, los que proponen los nombres. Un argumento que no convence al Gobierno, que señala que la actividad no se paraliza cuando hay elecciones, porque se celebran diputaciones permanentes.

El artículo 184.7 del Reglamento de la Cámara Alta señala que cada asamblea legislativa debe proponer hasta dos candidatos para la renovación de los cuatro magistrados del órgano de garantías, aunque no es un trámite obligatorio. La Comisión de Nombramientos del Senado eleva posteriormente al Pleno la propuesta definitiva. Lo cierto es que tanto en las renovaciones que corresponden al Senado, como las del Congreso, PSOE y PP se han repartido tradicionalmente los cuatro puestos a ocupar, proponiendo cada partido dos magistrados. Ese tipo de acuerdo lo impone la propia Constitución, que obliga a aprobar las designaciones con una mayoría de tres quintos.

En el equipo de Feijóo aluden a las distintas convocatorias electorales, empezando por la del próximo 21 de diciembre, para no pactar la renovación. Así, apuntan a que la Asamblea de Extremadura está disuelta y, por lo tanto, no se podrían hacer nombramientos de ningún tipo. Un argumento que prevén estirar todo lo posible para bloquear la renovación, aludiendo al resto de procesos en Aragón, Castilla y León y Andalucía.