El mapa autonómico de las relaciones entre Vox y el PP: sintonía con Pérez Llorca, ruptura con Guardiola

La sintonía demostrada por el Partido Popular y Vox en las últimas semanas en la Comunitat Valenciana, que culminó el jueves con la investidura —en primera votación— de Juanfran Pérez Llorca como president, contrasta con el enfrentamiento con la formación de Santiago Abascal en otras autonomías lideradas por el PP, como Extremadura o Aragón. En el primer caso, los continuos reproches entre ambos partidos y la dificultad para aprobar los presupuestos autonómicos llevaron a María Guardiola a convocar elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre. Un caso similar al de Aragón, con Jorge Azcón a la cabeza, al que Abascal reclamó el pasado domingo un "cambio de rumbo total" para sacar adelante las cuentas y al que también pidió que dejara de "chulear" a su partido. En Castilla y León la situación entre los dos partidos tampoco es buena y será, previsiblemente, la siguiente comunidad en pasar por las urnas, a más tardar el 15 de marzo.

Se trata de un doble juego que la extrema derecha mantiene desde hace casi un año y medio, cuando decidió irse de todos los gobiernos autonómicos después de que el PP aceptara la reubicación —ya acordada previamente— de 347 menores migrantes desde Canarias a la península. Esa fue la excusa que encontró Abascal para abandonar los Ejecutivos del PP tras acusar un desgaste por la acción de gobierno, ya que esas negociaciones siguieron un mismo patrón. Primero los sillones y después el programa, con medidas ambiguas, declaraciones de intenciones y pocos compromisos concretos que, en su mayor parte, no eran otra cosa que una adaptación del documento que cimentó la alianza de la derecha, primero en Castilla y León y, un año después, en el resto de territorios, enfocándose en cuestiones como la inmigración, la memoria histórica o las políticas ecologistas, que acabaron convirtiéndose en la plantilla para dar forma al resto de pactos.

Sin embargo, en el caso valenciano la negociación ha ido por otros cauces y Abascal no fijó ninguna condición por escrito para apoyar la investidura del candidato del PP. Lo que más anhela Vox en este momento es que el partido de Alberto Núñez Feijóo haga suyas sus propuestas, como así sucedió en el caso de Pérez Llorca. Esa es una de las claves que explican por qué son tan indulgentes con el PP en la Comunitat Valenciana pese a la manifiesta negligencia del hasta ahora president, Carlos Mazón, y más hostiles en otros territorios, en los que Vox no ha conseguido que el PP asuma sus tesis de forma tan explícita.

Han sido los propios dirigentes autonómicos del PP los que han decidido qué estrategia seguir. El pacto que ratificó Feijóo con ellos cuando pusieron fin al mandato de Pablo Casado en 2022 garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus propias decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia La Moncloa. Esta estrategia dejó a un PP dividido entre quienes se apoyan en Vox y, por tanto, han dulcificado la imagen de la extrema derecha, y otros que enarbolan un discurso más crítico, como hacía el actual líder del PP cuando gobernaba en la Xunta de Galicia. Así, hay algunos territorios que han aceptado el marco impuesto por Vox y otros que han presentado más resistencias, lo que explica a su vez la estrategia de Abascal.

Sintonía en la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares

En el caso valenciano, el acuerdo entre ambos partidos se produjo en apenas tres horas de reunión tras las elecciones del 28M. PP y Vox acordaron repartirse los puestos de Les Corts para garantizarse el control del parlamento valenciano y la formación de un Govern de la Generalitat en el que la extrema derecha consiguió la cuarta parte de las carteras, incluyendo una vicepresidencia que lideró Vicente Barrera, que también ocupó la Conselleria de Cultura y Deporte. Ambos partidos no necesitaron entrar a discutir un programa común –algo que se tradujo en concesiones a la extrema derecha en distintas materias como la violencia de género–, y se centraron en el reparto de sillas. Tras la ruptura, la relación continuó y ambos lograron sacar adelante numerosas medidas con la impronta de la extrema derecha, que culminó con el pacto de los presupuestos de 2025.

En Murcia, el Partido Popular y Vox tardaron tres meses en ponerse de acuerdo para repartirse los puestos en el nuevo Gobierno encabezado por Fernando López Miras, hasta el punto de que ambos amagaron hasta el final en forzar una repetición electoral. Sin embargo, en apenas tres días cerraron un programa común de Gobierno. Las diferencias que entonces habían separado a los dos partidos, en especial en torno al Mar Menor, desaparecieron o fueron aplazadas. Vox tuvo hasta la ruptura la vicepresidencia, además de la Consejería de Emergencias e Interior y la de Fomento. Tras dejar el Gobierno autonómico, y pese a algunos desencuentros públicos, la relación entre ambos partidos también ha sido fluida, llegando incluso a pactar los presupuestos de este año que incluyeron, entre otras medidas, la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se impartía como una extraescolar desde 2012, la sustitución del Centro de Menores de Santa Cruz, que acogía a menores migrantes, para utilizarlo como residencia de mayores, y la reforma de la ley del Mar Menor.

Los presupuestos también fueron clave en Baleares. Su presidenta, Marga Prohens, llegó a un acuerdo con los ultraderechistas en el mes de marzo para aprobar las cuentas a cambio del mismo precio que sus compañeros: asumir los postulados de Vox sobre el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados "porque Baleares tiene una sobreocupación de 226 menores"; el pacto verde en las políticas europeas "que asfixia a nuestros payeses y pescadores”; en materia lingüística con el objetivo de garantizar "el conocimiento del español en el sistema educativo", en palabras de la propia Prohens; y en memoria histórica, con la derogación de la ley que precisamente el PP salvó de su derogación gracias un pacto con los partidos de izquierdas. Aunque, en el caso balear, Vox nunca entró en el Ejecutivo, pero siempre ha sido imprescindible para la gobernabilidad. Y Prohens pagó el precio.

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En Extremadura, después de repetir por activa y por pasiva que no gobernaría con Vox, Guardiola tuvo que tragarse sus palabras y admitir la entrada de los ultras presionada por la dirección del PP. Poco importó que hubiera dicho que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI". Después de eso pasó a considerar "imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox". Su caso fue la prueba más tácita de la falta de alianzas alternativas del PP, con un Feijóo que insistía en que se dejara gobernar a "la lista más votada", que en Extremadura fue la del PSOE. Durante su mandato conjunto, hubo tiras y aflojas continuos sobre los presupuestos y las medidas identitarias que la ultraderecha quería imponer.

En el caso aragonés, Jorge Azcón también se vio obligado a modificar su discurso conforme cambiaban las circunstancias políticas tras el 28 de mayo. Una vez que se confirmó que el PP no tenía la mayoría suficiente para alcanzar La Moncloa por el resultado de las generales, Azcón accedió a negociar un acuerdo de coalición con Vox y renunció a su pretensión inicial de gobernar en solitario. Así, la extrema derecha consiguió una vicepresidencia y dos consejerías: la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y la de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Tras la ruptura, ambos partidos han mantenido la interlocución pero para los ultras fue clave el cese de un asesor de Vox en las Cortes de Aragón por comentarios racistas en redes sociales. Azcón amagó con romper con los de Abascal hasta que no le destituyeran, lo que los ultraderechistas interpretaron como un órdago en toda regla. Desde entonces se han negado a negociar los presupuestos.

Por último, Castilla y León. Fue la primera comunidad autónoma gobernada por una coalición entre el PP y la ultraderecha, en la que los de Abascal lograron una vicepresidencia y tres Consejerías: la de Industria, Comercio y Empleo; la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la de Cultura, Turismo y Deporte. Las relaciones entre su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y su entonces número dos, Juan García-Gallardo (Vox), nunca fueron buenas. Algo similar a lo que ocurría anteriormente en esta comunidad cuando el PP gobernaba con Ciudadanos. Una circunstancia que sirvió a Mañueco de excusa para anticipar elecciones. Pero con Vox el PP ha protagonizado choques públicos, uno de los más sonoros fue a cuenta del protocolo contra el aborto anunciado por García-Gallardo en enero de 2023, y en el que las mujeres que quisieran abortar debían escuchar el latido y ver imágenes en movimiento del feto antes de tomar la decisión. El PP negó que se hubiera pactado semejante medida y la ultraderecha amagó con romper el Gobierno al entender que se estaba incumpliendo el acuerdo, pero finalmente se mantuvo en el Ejecutivo hasta la salida organizada como en el resto de territorios.