Vox se deja cortejar y no exige un acuerdo por escrito al PP: la nueva estrategia de Abascal con Pérez Llorca

El Partido Popular de Carlos Mazón unió su destino al de Vox un 28 de mayo de 2023, cuando se situó como primera fuerza en la Comunitat Valenciana pero con una victoria insuficiente para gobernar en solitario. Con una aritmética parlamentaria de cuarenta escaños frente a los trece de la formación de ultraderecha, Vox exigió cuotas de gobierno y banderas ideológicas para investir a Mazón. Y el actual jefe del Consell lo asumió desde el primer momento. "En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones", llegó a decir en una reunión interna antes de las elecciones autonómicas. Ahora, ante la investidura del sustituto de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, que se celebrará el próximo jueves, la extrema derecha ha cambiado de estrategia. Ya no reclaman entrar en el Gobierno, pero sí quieren que el candidato del PP asuma sus tesis más ultras como hizo Mazón para aprobar los presupuestos.

En Génova siempre han criticado que Mazón se diese tanta prisa en cerrar un acuerdo con la formación de Santiago Abascal que incluía cesiones en algunas de las principales banderas de la extrema derecha, desde el cuestionamiento de la violencia machista a la xenofobia, pasando por abrir la educación a la ideología de los padres. Especialmente porque lo que Génova quería era demorar las negociaciones todo lo posible para no contaminar la campaña de las generales.

Durante un año, el Consell funcionó como un gobierno de coalición bien avenido en el que Vox tuvo la vicepresidencia y varias consellerias. La ruptura se produjo en verano de 2024 por un golpe de mando de Abascal a raíz del conflicto sobre la acogida de menores migrantes no acompañados. Meses después, tras la dana que arrasó la provincia de Valencia y dejó 229 muertes a su paso, la debilidad de Mazón permitió a Vox convertir a la Comunitat Valenciana en su primer laboratorio institucional, con un PP asumiendo sin complejos sus postulados más extremos. Un pacto de no agresión que continúa incluso después de la dimisión de Mazón, como pudo verse durante la comparecencia del todavía jefe del Consell en Les Corts y también en la del Congreso, en la que el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, evitó interrogar al jefe del Consell sobre su gestión y se dedicó a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Una estrategia que mantuvo este lunes con la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, y con el presidente de la diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Esas cesiones fueron claves para los ultraderechistas y, explican, en parte, la actitud displicente con el Ejecutivo valenciano el último año. En lugar de contener a los ultras, el PP valenciano compró el relato de Vox. La estrategia de perfil bajo de Mazón, en lugar de amortiguar las exigencias ultras, las amplificó. Y Abascal es consciente de que Pérez Llorca es un presidente de transición que también está en una situación de debilidad interna. Así, a los ultraderechistas no les interesa ahora que se firme un compromiso en papel, sino buscan que el sustituto de Mazón 'compre' su discurso en el hemiciclo. La batalla por el relato.

Sin condiciones por escrito en la Comunitat Valenciana, presión máxima en Extremadura y Aragón

Como parte de esta nueva estrategia la formación de Abascal no ha fijado, a priori, ninguna condición por escrito para apoyar la investidura del candidato del PP en el pleno. Así lo explicó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, este lunes en una rueda de prensa en la que aseguró que ese pacto no hacía "ninguna falta" porque han aprendido "a base de bofetadas" que pactar por escrito algo con el PP "no sirve para absolutamente nada", aunque confió en que "todo vaya bien". Así, mantuvo que el plan de su partido pasa por escuchar el discurso de Pérez Llorca para ver "exactamente" su posición y sus compromisos políticos "no con Vox, sino con los valencianos". Fuentes del PPCV, sin embargo, admiten que sí se están consensuando algunos puntos en común con los ultraderechistas.

En Génova se reconocen sorprendidos por "los cambios" de opinión de Vox y sus diferentes estrategias para negociar en función de la comunidad autónoma, ya que, según destacan "en Extremadura y en Aragón" sí han planteado exigencias claras, lo que llevó a la presidenta madrileña, María Guardiola, a adelantar las elecciones para el próximo 21 de diciembre ante la falta de apoyos de cara a los presupuestos. Abascal tampoco afloja en Aragón. En un mitin celebrado en Zaragoza el pasado fin de semana, cargó contra el presidente aragonés, Jorge Azcón, por "chulear" a los votantes de su formación, en sus palabras. "Se piensa que nos puede chulear, pedimos respeto", dijo el líder de la formación ultra, para renglón seguido reclamar "un cambio de rumbo" en las políticas verdes y migratorias.

En el caso valenciano, fuentes de la dirección nacional del PP creen que Vox actuará "con responsabilidad" porque es consciente de la "precaria" situación del territorio. Así, consideran que los ultraderechistas no se harán de rogar y que la de Pérez Llorca será una "investidura rápida, a la primera". Vox, sin embargo, ya desliza que podría dejar caer al sustituto de Mazón en el primer intento. Según establece la normativa, el siguiente pleno se celebraría en 48 horas, es decir, el sábado 29 de noviembre, salvo que la mesa de las Corts acordara llevarlo al lunes. Si tampoco entonces lo lograra, ,se abriría un plazo de dos meses para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo. En última instancia, si Vox no da su apoyo al PP, se convocarían elecciones.

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Por lo pronto, Pérez Llorca ha dado algunas pistas sobre por dónde tratará de convencer a los ultras en su discurso de investidura. "Vox me ha comunicado en las conversaciones que he tenido que para ellos tiene una prioridad muy importante la reconstrucción y garantizar que esas obras hídricas que hacen falta se hagan", dijo la pasada semana, después de que Abascal increpara al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. El hasta ahora portavoz del PP en Les Corts también citó otros asuntos "el Pacto Verde Europeo, la inmigración, la central nuclear de Cofrentes, el problema de los arroceros, los cítricos y los barcos pesqueros que no pueden salir a faenar". "En base a esas necesidades que tiene la sociedad valenciana yo me veo capacitado para llegar a un acuerdo con Vox", añadió.

También los ultraderechistas han dejado claras algunas de sus prioridades. Por ejemplo, el pasado 20 de octubre el partido de Santiago Abascal propuso que en el marco del Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 se inste al Consell a que, “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales, incorporen estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante; en la recepción de ayudas; en el uso de servicios de urgencias sanitarias; sobre la cantidad de donantes de sangre existentes; y sobre el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública”. El acuerdo parlamentario ya contó con el apoyo del PP y se trasladó al Gobierno valenciano, que deberá aplicarlo a instancias de ambos grupos.

Vox también registró una batería de enmiendas al nuevo reglamento de la Renta Valenciana de Inclusión, actualmente en fase de tramitación. Se trata de una ayuda que aprobó el Gobierno del Botànic encabezado por el socialista Ximo Puig para personas sin recursos. Los ultras quieren excluir de la ayuda "cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”, en referencia al 'hiyab' o pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello y también eliminar el concepto "violencia de género” que aparece en diferentes artículos de la actual normativa para cambiarlo por "violencia contra la mujer" o "violencia intrafamiliar". Otra de sus obsesiones es el Pacto Verde Europeo, del que quieren una demarcación expresa por parte del PP.