Hacienda afirma que no va a reclamar más dinero a los beneficiados por la amnistía fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este lunes que la Agencia Tributaria va a enviar un aviso a los evasores acogidos a la amnistía fiscal de 2012 para recordarles que ésta no prescribe el próximo día 30 como sostiene Ciudadanos, porque las comprobaciones e investigaciones que abre el fisco no caducan. Sin embargo, eso no quiere decir que Hacienda les vaya a hacer ninguna reclamación adicional por el patrimonio no tributado durante los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 que fue aflorado con la amnistía. Esos años están prescritos –es decir, no pueden revisarse para hacer una nueva liquidación– y si por ellos los defraudadores pagaron un 3%, y no el 10% inicialmente previsto, así va a quedarse.

Ciudadanos ha presentado una interpelación sobre el asunto al ministro Montoro que éste responderá mañana miércoles en el Congreso. En el pacto de investidura que el PP firmó con el partido de Albert Rivera se incluía la “revisión” de la amnistía, “para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto por las cantidades afloradas, dentro de los límites de la normativa tributaria”. De acuerdo con los cálculos de ambos partidos, la medida permitiría recaudar 1.000 millones de euros en 2017 y 2.000 millones más cada año hasta 2020. Por este concepto y por la lucha contra el fraude fiscal.

Según repite Ciudadanos, además, la Agencia Tributaria debe actuar con celeridad, puesto que el 30 de noviembre prescribe el fin del indulto, cuatro años después de haberse aplicado. Es lo que aprobó el Congreso el pasado 27 de septiembre, con el apoyo de toda la Cámara, incluido el PP, tras presentar Ciudadanos una proposición no de ley. En ella se instaba al Gobierno a conseguir que los beneficiados por la amnistía de 2012 tributaran al tipo efectivo del 10%, y no del 3% como realmente ocurrió.

Acogiéndose a la Declaración Tributaria Especial (DTE), el nombre oficial de la amnistía, 31.484 defraudadores afloraron un patrimonio oculto de 40.000 millones de euros. Sin embargo, de esa cantidad sólo 12.000 millones no habían prescrito, por lo que Hacienda ingresó únicamente 1.191 millones, el 3% de la cifra declarada. Muy lejos, por tanto, de los 2.500 millones de euros previstos por Hacienda y del 10% del capital descubierto, unos 4.000 millones.

Es decir, Ciudadanos reclama a la Agencia Tributaria que actúe para recuperar los aproximadamente 2.800 millones de euros que se quedaron en el limbo. O al menos tal es la cantidad que figura en el pacto que el partido de Rivera firmó con el PSOE. También pedía al Gobierno la formación naranja que remitiera a los tribunales todos los casos acogidos a la amnistía fiscal donde existieran “indicios de delitos relacionados con la corrupción o el blanqueo de capitales”.

C's: 18 meses para investigar tras abrir los expedientes

Sin embargo, Hacienda se va a limitar a enviar notificaciones a los defraudadores, aunque únicamente para advertirles de que podrán seguir siendo investigados. “Se trata de evitar confusiones”, aclara un portavoz del ministerio, dada la insistencia de Ciudadanos en la fecha del 30 de noviembre. Pero no se les va a pedir que paguen más. “Así está la ley”, justifica. Es lo que establece el artículo 66 bis de la Ley General Tributaria, que fue reformada la primavera de 2015 para introducir que la Administración puede realizar “comprobaciones e investigaciones”, aun en el caso de que éstas afecten a ejercicios o periodos y conceptos tributarios prescritos, en particular si surten “efectos fiscales en ejercicios o periodos en los que dicha prescripción no se hubiese producido”.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en dos sentencias también de 2015: Hacienda puede investigar a los contribuyentes indefinidamente si una operación fraudulenta realizada en un ejercicio prescrito “produce efectos tributarios en ejercicios no prescritos”.

Otra cosa es que se vaya a reclamar a los defraudadores más de lo que ya pagaron en su día. “Celebramos que el PP empiece a desdecirse y a rectificar sus antiguas posturas, pero no es suficiente”, advierte la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, quien reclama a Montoro que “abra esos expedientes para que no prescriban y se puedan recuperar esos 2.800 millones de euros”. Si se abren, asegura, hay un plazo de 18 meses para continuar con la investigación.

Declaración de bienes en el extranjero

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), por el contrario, considera que no hay caso. “No se pueden reclamar cantidades por los ejercicios prescritos”, explica su secretario general, José María Mollinedo, quien cree que la petición de Ciudadanos parte de un error de interpretación. La apoyan, en cambio, los Inspectores de Hacienda de España (IHE). Aunque no han querido hacer declaraciones al respecto a infoLibre, sí que en numerosas ocasiones anteriores se han manifestado públicamente a favor de que se reclamen esos 2.800 millones de euros y de que se haga antes del 30 de noviembre.

No prescriben, en cambio, las declaraciones de bienes en el extranjero, el llamado modelo 720, en vigor desde 2013. Establece multas de hasta 5.000 euros por cada dato que se haya omitido y sanciones de hasta el 150% de la cuota íntegra si Hacienda descubre los bienes no declarados. Según los datos del ministerio, unos 160.000 españoles han declarado activos en el extranjero, por valor de 97.774 millones de euros. De ellos, la mayor parte se encuentran en Suiza, 20.200 millones, y en Luxemburgo, 13.500 millones más.

Amnistiados con nombre

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Entre los amnistiados en 2012 figuran nombres como el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas, Micaela Domecq Solís-Beaumont –esposa del comisario de la UE Miguel Arias Cañete– o el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Son algunos de los 705 PEP (Personas Expuestas Políticamente) incluidas en el indulto fiscal de 2012. Se trata de políticos con cargos en las diferentes administraciones, altos funcionarios, responsables de empresas públicas y familiares de todos ellos.

Hacienda siempre se ha negado a hacer públicos los nombres, más allá de los citados, apoyándose en la confidencialidad. Gestha, en cambio, cree que deberían publicarse. “Son un 2,3% de los beneficiados por la amnistía, son muchos”, apoya José María Mollinedo, quien critica que a estos evasores la Agencia Tributaria les concediera incluso un “plus de confidencialidad”.

“El pago [de la multa] fue telemático, de forma que ni los bancos ni las oficinas tributarias lo supieran, y al principio los nombres ni siquiera figuraban en la base de datos tributaria”, explica José María Mollinedo. Sólo después de recibir críticas por ello, la agencia añadió una marca en el contribuyente que había presentado la DTE. Y entonces el funcionario sólo podía acceder a los datos del defraudador si lo autorizaba un coordinador.