Carlos Fabra adjudicó 'a dedo' contratos de casi 35.000 euros en el aeropuerto de Castellón

A lo largo de 2009, el aeropuerto de Castellón, una infraestructura ya inaugurada y por la que todavía no circulan aviones, concedió cuatro contratos calificados de "menores" con precios comprendidos entre los 21.139 y 34.800 euros, IVA incluido. Se trata de cantidades muy por encima de la fijada en la Ley de Contratos que, en su modificación de 2007, puso el techo a este tipo de contratos en los 18.000 euros, IVA exluido. Hasta esta modificación, el límite había sido los 12.000 euros.

En la práctica, este tipo de adjudicaciones permiten que la empresa interesada en que se le preste determinado servicio no tenga que convocar un concurso público. Es decir, pueden ser escogidas a dedo. Hasta el pasado mes de marzo, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, ejerció como presidente de este proyecto que lleva años consumiendo dinero público sin prestar servicio alguno.

La semana pasada, Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública tras un largo proceso en los tribunales.

¿Cómo explican desde la Generalitat Valenciana estos desfases entre la ley de contratos y las citadas adjudicaciones? "Las instrucciones de contratación aprobadas por el Consejo de Administración el 7 de julio de 2008 establecían el límite de los contratos menores relativos a servicios y suministros en 30.000 € (IVA excluido). En base a dichas instrucciones se adjudicaron dichos contratos como contratos menores. Dichas instrucciones se cambiaron en 2011 estableciendo el límite en 18.000 Euros", responden desde el departamento de José Císcar, vicepresidente de la Generalitat valenciana y presidente del Aerocas en sustitución de Carlos Fabra.

Con esta respuesta como base, surge la duda de hasta qué punto puede Aerocas, una empresa pública, desmarcarse de los límites de la ley de contratos. Desde el Govern, sostienen que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que "podría considerarse que cabría adjudicación directa hasta 50.000 euros, siempre que así lo estipulasen las instrucciones". 

¿En qué fundamento normativo se basan para sostener la afirmación anterior? "Son varios los organismos que así lo contemplan. Conocemos ejemplos de sociedades municipales; las autoridades portuarias, por ejemplo, que establecen contratos menores por encima de los importes previstos para la Administración”, justifican desde la Generalitat.

Pese a esta afirmación, expertos administrativistas consultados por infoLibre ponen en cuestión estas afirmaciones. Y coinciden en que visto en sus justos términos, la actuación de Aerocas sobrepasando los límites de los contratos menores no es correcta.

Según interpretan, las instrucciones de la legislación siempre van encaminadas a adaptar mejor las condiciones del contrato a las necesidades de la entidad y nunca para reducir la cuantía del contrato menor.

No sólo los expertos dudan sobre este tipo de actuaciones. Un informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que tenía por objeto estudiar la actuación de Aerocas en 2008 ya alertaba de lo siguiente: "Respecto de las instrucciones de contratación, las cuantías fijadas para considerar a los contratos de suministros, servicios y otros como menores difieren, según criterio de la Sindicatura, de las establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP, que es de aplicación a todo el sector público"

No fue hasta 2011 cuando la empresa pública que gestiona el aeropuerto decidió adaptarse a la legislación que el órgano fiscalizador de la Generalitat Valenciana citaba como "de aplicación a todo el sector público".  Las instrucciones de contratación actuales, donde los contratos menores por conceptos que no sean obras tienen ya el límite en los 18.000 euros más IVA que figura en la ley son públicas en la página web del aeropuerto. "La adjudicación podrá realizarse a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación necesaria para la realización de la prestación", recoge estas instrucciones.

Adjudicaciones millonarias para una infraestructura sin aviones

Este diario adelantó en exclusiva hace unas semanas que la empresa de control de tráfico aéreo Saerco ha recibido más de un millón de euros de Aerocas. Se da la circunstancia de que Aerocas pertenede a Ildefonso de Miguel, un hombre próximo al PP. De Miguel era uno de los hombres fuertes de Ignacio González, ahora presidente de la Comunidad de Madrid, hasta que el 29 de julio de 2009 presentó su dimisión como gerente del Canal de Isabel II rodeado de polémicas adjudicaciones.

Firmado en Castellón el 1 de junio de 2012, por Carlos Fabra de una parte e Ildefonso de Miguel de otra, el contrato de prestación de servicios de tránsito aéreo en la torre de control de este aeropuerto, contempla dos fases. La primera denominada "fase pre-opening" y la segunda, "fase de operación".

Fuentes de la Generalitat confirmaron a infoLibre que, hasta la fecha, se han pagado a Saerco los 905.829 euros de la primera etapa de la fase pre-opening. "El pago se ha satisfecho por la fase pre-opening de designación y preparación del servicio en la torre de control", sostienen las citadas fuentes, que precisan que se trata de algo "preceptivo en cualquier aeropuerto que vaya a abrirse".

De los 600.000 euros presupuestados para la etapa pre-opening 2, fase concreta en la que se encuentra el aeropuerto, ya se han abonado 120.000 euros en concepto de "vuelos de calibración y revisión de equipos requeridos en el proceso". En total, la empresa de De Miguel se ha embolsado 1.025.829 euros por el contrato que firmó con el entonces presidente de Aerocas.

En los últimos años, Saerco se ha hecho con los contratos de prestación de servicios de tránsito aéreo en las torres de control de varios aeropuertos españoles. Saerco es una marca comercial de la empresa Spanish Airways SL, constituida en marzo de 2011 y cuyo objeto social es "la prestación de servicios de gestión, consultoría, formación, promoción, representación, mantenimiento, asesoramiento y apoyo técnico, legal y fiscal en el ámbito aeronaútico nacional e internacional". Su administrador único es la sociedad Zubenelgenubi SL y su representante Ildefonso de Miguel. Spanish Airways SL fue creada con un capital de 702.000 euros. Y Zubenelgenubi SL fue constituida en septiembre de 2009, pocos meses después de que el exhombre fuerte de Ignacio González abandonara el Canal.

Algunas de las adjudicaciones a Saerco en aeropuertos españoles han sido vistas con malestar en el sector de los controladores aéreos. El grueso de las críticas se dirigían a su supuesta inexperiencia. Para suplir esta carencia, la firma se alió con la compañía checa ANS CR.

El aeropuerto sin aviones de Castellón ya tiene gestor por 20 millones de euros

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Opacidad sobre el destino del dinero público

Conocer el coste real de esta infraestructura desde que se iniciaron las obras hasta el día de hoy es una demanda permanente de los grupos de la oposición en Les Corts. No obstante, siempre se topan con la mayoría absoluta de los conservadores. Precisamente, el PP rechazó este jueves en el pleno de la Cámara autonómica crear una comisión de investigación sobre el coste de construcción y explotación del aeropuerto como pedía Compromís. 

Con esta propuesta, respaldada por toda la oposición, la coalición de izquierdas pretendía también tener datos sobre "las condiciones de resolución del contrato entre Aerocas y Consesiones Aeroportuarias (Conaer).