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22-M: Marchas de la Dignidad

González y Botella hacen pinza contra Cifuentes

González y Botella hacen pinza contra Cifuentes

En la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid y de Esperanza Aguirre en la Comunidad las peleas entre ambas instituciones eran muy sonadas. A ello contribuía que ambos personajes políticos son eternos enemigos dentro de las filas del Partido Popular. Sus herederos en el cargo, Ana Botella e Ignacio González nunca han llegado a tal grado de enfrentamiento, pero su relación nunca ha sido fluida del todo. Ahora, la batalla por el poder en 2015, cuando tocan municipales y autonómicas, parece haberles unido. La excusa ha sido la resaca de las Marchas de la Dignidad celebradas el pasado sábado en Madrid. Y su objetivo a batir, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. De su departamento dependen las autorizaciones para las manifestaciones. Ambas instituciones se han puesto de acuerdo para exigir que estas concentraciones queden fuera del corazón de la ciudad.

Cifuentes suena con fuerza en las quinielas del futuro político del PP en Madrid, sobre todo de cara a ocupar la cabeza de lista al Ayuntamiento, una posibilidad sobre la que Botella, la actual inquilina del consistorio no se ha pronunciado todavía. Y que en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, no hace mucha gracia porque otro de los nombres que suena es el de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad y líder de los conservadores madrileños. 

Salvo cambios de última hora, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, no tiene previsto abordar este escenario, como pronto, hasta el otoño. Esto no evita, no obstante, que puertas adentro del PP la carrera ya haya comenzado. Y que, como ocurrió recientemente en los congresos regionales de Andalucía y País Vasco, se intente también hacer pronósticos sobre la forma en la que se comportarían desde el Gobierno o la dirección nacional del partido. Así, en el PP de Madrid es compartida la idea de que María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, acabaría posicionándose a favor de Aguirre. Y que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldaría a la delegada del Gobierno.

"Regular el derecho de manifestación"

En plena polémica por las concentraciones del 22-M, Botella avanzó este miércoles que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se busquen espacios en Madrid en los que se podrían limitar las manifestaciones. Según dijo, esto ocurre en París. "El derecho de manifestación se puede y se debe regular", señaló en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al tiempo que urgió a "tomar medidas" ya que la "libertad sin límites para unos cuantos no puede cercenar los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

La alcaldesa subrayó que "no se puede entorpecer la movilidad de Madrid de manera frecuente con manifestaciones", lo que le condujo a proponer que "se pacte con las organizaciones que convocan las protestas los itinerarios alternativos" ubicados "fuera del corazón de la ciudad". "Hay que conciliar la protección del empleo, la movilidad y el turismo con el respeto al derecho a manifestarse", sostuvo.

"La capital de España no puede tolerar, como vengo denunciando desde que presido este ayuntamiento, que el espacio público de todos, especialmente el centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan", dijo. Una tesis a la que se sumaron desde la Comunidad de Madrid.

La adhesión a sus tesis por parte de la Comunidad de Madrid llevó por boca del consejero de Presidencia, Salvador Victoria. En un comunicado, citado por Europa Press, Victoria sostuvo que "con estos criterios objetivos –la extrapolación del modelo de París– se garantiza la protección de la zona de la Puerta de Sol-Gran Vía", enclave histórico de la capital y "de gran afluencia turística" y donde se producen cada día y "de manera reiterada" manifestaciones.

Esta situación, a su juicio, daña al "comercio, la economía y el empleo madrileño así como la imagen que se llevan los turistas". Asimismo, esta iniciativa también garantiza la libre circulación de los madrileños", según ha apuntado.

La reacción de Cifuentes

Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid respondió reprochando a los dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento que no le apoyaron cuando llegó a su departamento y habló de "modular" el derecho de manifestación."modular" el derecho de manifestación.

Un ‘manifestódromo’ violaría los derechos de reunión y participación

Un ‘manifestódromo’ violaría los derechos de reunión y participación

"A poco de llegar a la Delegación del Gobierno planteé la necesidad de modular el derecho de manifestación, que no quería decir que se restringiera porque era complicado de poder compatibilizar los derechos de todos. En ese momento eché en falta el apoyo y solidaridad de estas personas ahora preocupadas por el derecho de manifestación", dijo.

Así, puntualizó que las manifestaciones "no se llevan a cabo donde la Delegación del Gobierno decida, sino donde las organizaciones quieran realizarlas y sólo se pueden modificar en contadísimas ocasiones, cuando según expone la Ley de forma taxativa existan razones fundadas de alteración del orden público para bienes y personas". Y dejó un recado a la alcaldesa: que no utilice los medios de comunicación para dirigirse a ella. Así, reclamó que "sus propuestas mediáticas", como la instalación de más cámaras de videovigilancia en el centro de Madrid o la propuesta de limitación de manifestaciones en algunos puntos, le lleguen "por los cauces legales y no a través de los medios de comunicación". "No tiene mucho sentido que tengamos que estar comunicándonos a través de los medios".

Por otro lado, no quiso "entrar en polémicas" con Victoria, que esa misma mañana cargó contra ella por haber permitido la concentración de los exempleados de Telemadrid a las puertas del Tribunal Supremo (TS). El consejero de Presidencia madrileño calificó esta concentración de trabajadores de "escrache judicial".

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