El Gobierno de Rajoy reactiva las privatizaciones

Tras cuatro años a cero, el Estado volvió en 2013 a registrar ingresos por privatizaciones. Captó 190 millones de euros gracias, principalmente, a la venta del operador de satélites de comunicación Hispasat y la participación de Renfe en Tarvia Mantenimiento Ferroviario, una empresa dedicada a la conservación de una serie de trenes construidos por Talgo.

La cifra, insignificante en términos económicos –supone no más del 0,02% del PIB–, es destacable porque se trata de la primera operación de este tipo desde 2008, un regreso a la senda privatizadora. Claro que los 190 millones quedan muy lejos de las cifras del bienio de las grandes operaciones pilotadas por José María Aznar (1997-1998), cuando el Estado traspasó a manos privadas compañías como Telefónica, Repsol, Endesa, Aceralia y un largo etcétera.

Durante esos dos años el Estado ingresó cada ejercicio más de 25.000 millones de euros, casi un 3% del PIB anual, de acuerdo con los datos del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP). Desde la creación de ese órgano en junio de 1996 se han privatizado 72 empresas, lo que generó ingresos, hasta el fin de 2013, por valor de 34.139 millones de euros (o de 50.126 millones en términos actualizados, contando con el efecto de la inflación).

Al cierre de 2013 el Estado poseía el 0,74% de las acciones de las empresas cotizadas en la bolsa española, según el CCP. El dato contrasta con el de dos décadas atrás, cuando una de cada seis acciones (16,3% del total) estaba en manos públicas. ¿Entonces, queda algo por privatizar? La respuesta es afirmativa. De hecho, el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2012 aprobó el plan de reestructuración del sector público, que incluye un listado de empresas privatizables.

En esa relación de nombres se llevan la palma las sociedades vinculadas al Ministerio de Fomento, pues se consideran "susceptibles de desinversión" un total de 37 empresas. En segundo lugar aparecen las mercantiles dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas: se recomienda liquidar 13 y salir del accionariado de otras 6. Por último, 9 son las fundaciones de Hacienda; Fomento, Industria, Economía y Educación que se consideran prescindibles.

1982 - 1996: FELIPE GONZÁLEZ, EL PRECURSOR

Cuando Felipe González accedió al poder ya se habían producido algunas privatizaciones: las de General Eléctrica de España (año 1962), Marconi Española (1969), Sevillana de Electricidad (1971), Boetticher y Navarro (1973) y Petróleos de Navarra (1976) fueron algunas de las operaciones más importantes. Sin embargo, no fue hasta iniciada la década de los ochenta cuando la moda privatizadora adquirió cierta entidad.

El procedimiento empleado fue de dos tipos. En algunos casos, la venta se realizó de forma directa al comprador. En otros, la desinversión se efectuó mediante la salida a Bolsa de las compañías. El segundo método resultó bastante más lucrativo para el Estado: las ofertas públicas de venta (OPV) produjeron ingresos por valor de 10.200 millones frente a los 3.000 de las adjudicaciones directas de ese periodo. Cabe destacar que durante la etapa del PSOE en el poder el ritmo privatizador aumentó a partir de 1989, cuando se inició la tercera legislatura de Felipe González en el poder.

Primeras ventas

Así, entre 1982 y 1989 hubo seis OPV, entre ellas la del 6% del capital de Telefónica, la del 18% de Endesa y la del 26% de Repsol. El dinero privado entraba en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la energía, aunque todas esas operaciones iban a culminar en etapas posteriores. En esa misma línea, hubo una cincuentena de adjudicaciones directas, la primera de ellas la de Textil Tarazona, comprada en 1985 por una compañía participada por el grupo Entrecanales.

En virtud del acuerdo alcanzado, el Instituto Nacional de Industria asumió los 2.600 millones de pesetas de pérdidas que registro la textil en 1984 y aportó otros 300 millones para dejar las cuentas a cero. Por su parte, los compradores despidieron a un tercio de la plantilla y aportaron 160 millones de pesetas. En el listado de ventas directas también destaca la de Viajes Marsans a Gonzalo Urquijo y Gerardo Díaz-Ferrán en 1985 y la de la automovilística SEAT a Volkswagen, que pagó por ella 80.000 millones de pesetas, al año siguiente.

El PSOE acelera

Tras las elecciones generales de 1989, las privatizaciones comenzaron a sucederse a mayor velocidad. Hubo otras cuatro ventas parciales de la petrolera Repsol –dos en 1992, otra en 1994 y una más en 1995–, de forma que cuando González abandonó la Moncloa el Estado había reducido su participación del 100% al 33,1% en la compañía. También se ahondó en la privatización de Telefónica, sacando a Bolsa un 12% adicional de la empresa a Bolsa en 1995, ocho años después de la primera desinversión.

Con Endesa se siguió el mismo camino –el INI se deshizo de un 10% adicional en 1994– y, por primera vez, se permitió la entrada del capital privado en la hasta entonces banca pública, Argentaria, de la que se vendió un 48,3% en dos operaciones en 1993, con las que se captaron 292.000 millones de pesetas de la época. La venta de la entidad se finalizaría en otras dos operaciones en 1996 –efectuada ya con Aznar en el poder pero organizada durante la campaña de las elecciones generales– y 1998.

En el terreno de las ventas directas se registraron un total de 17 operaciones. El Estado se deshizo, por ejemplo, del 100% de la empresa de automoción Enasa en 1991 y la adjudicó directamente a la italiana Fiat, y también del 24,9% de la tecnológica Indra en 1995, gracias a lo cual ingresó en torno a 3.000 millones de pesetas tras un concurso de ofertas en el que resultó ganadora la multinacional de origen francés Thomson.

1996 - 2004: Aznar, el gran privatizador

Los primeros años del Gobierno de Aznar supusieron toda una revolución en el terreno privatizador. Tras la creación del mencionado Consejo Consultivo de Privatizaciones, se privatizó de media una empresa al mes entre junio de 1996 y finales de 1998. Así, frente a los dos billones de pesetas que se ingresaron por la venta de empresas públicas entre 1988 y 1996, sólo en dos años (1996-1998) se alcanzaron los 4,1 billones en términos actualizados.

En magnitudes relativas al PIB español, los ingresos por privatizaciones saltaron del 0,42% de media durante los cinco años anteriores al 2,76% en 1997 y al 2,51% en 1998. Además, el Estado salió totalmente del capital de varias empresas anteriormente privatizadas de forma parcial y se abordaron operaciones de mucha mayor entidad: la venta de Endesa en 1998 quintuplicó en volumen a la mayor privatización hasta entonces, la de Repsol en 1995.

El bienio de las ventas millonarias

En el terreno de las privatizaciones mediante salida a Bolsa figuran grandes empresas que, en buena parte, ya se habían comenzado a vender de forma parcial con anterioridad. En 1996 se privatizó el 25% de Argentaria, el 21,9% de Telefónica, el 10% de Repsol –completando así la privatización de la petrolera– y el 3,8% de Gas Natural. De todas esas ventas la más importante –triplica a la siguiente por volumen– fue la de Telefónica, que supuso unos 600.000 millones de pesetas.

Al año siguiente, 1997, se vendió el 80% de Aldeasa, el 52% de Aceralia, el 29% de Argentaria y el 25% de Endesa. Esta última operación supuso casi 700.000 millones de pesetas, la mayor hasta la fecha, lo que disparó los ingresos por privatizaciones hasta los 12.924 millones de euros, una cifra que no se ha superado en ningún otro ejercicio hasta la fecha.

Por su parte, la cuarta operación relativa a la banca pública reportó ingresos por valor de 2.268 millones de pesetas tras venderse la totalidad de la participación que el Estado conservaba: 37,5 millones de acciones que se adjudicaron a los inversores minoristas a 62,85 euros por acción.

Aznar completa su plan

Finalmente, en 1998 se vendieron dos terceras partes de Indra, la mitad de Tabacalera y el 30% de Endesa. La enésima privatización parcial de la compañía del sector energético volvió a colocarse como la mayor venta en la historia privatizadora de España y la única que ha superado la barrera del billón de pesetas.

A partir de 1999 el ritmo privatizador decayó notablemente –los ingresos por este tipo de operaciones volvieron a representar menos del 0,5% del PIB anual–, aunque se siguieron produciendo operaciones que afectaron a empresas como Telefónica y Red Eléctrica (1999), Iberia (2001) y la transportista marítima Transmediterránea (2002).

2004 - 2011: Zapatero y la crisis

Tras la vuelta al Gobierno del PSOE, Zapatero privatizó en sus primeros años (2005-2006) 11 empresas, tres de ellas de forma total –las sanitarias Clínica Castelló e Inisas, y la ingeniería Wesser– y las ocho restantes de forma parcial. Pero la crisis paralizó a partir de entonces las operaciones de venta. Entre 2009 y el final de su mandato el Estado no volvió a ingresar un sólo céntimo por este tipo de traspasos.

Todo ello a pesar de que en diciembre de 2010, durante una sesión de control, Zapatero anunció un paquete de liberalizaciones y privatizaciones con el que, aseguró el entonces presidente, se iban a recaudar hasta 14.000 millones de euros, lo que habría supuesto más que en toda la década anterior junta. Pero nada de eso ocurrió: Loterías y Apuestas del Estado y Aena, las dos piezas claves de aquel plan, siguen en manos del Estado.

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En marzo de 2012, el Consejo de Ministros, presidido por Mariano Rajoy, aprobó el ya mencionado plan de reestructuración del sector público en el que se incluyó un listado de empresas potencialmente privatizables. El objetivo declarado en su día era poner en marcha toda una segunda ola de grandes privatizaciones para despojar el Estado de sus últimas participaciones y empresas públicas.

Así, se centró la atención empresas como Paradores y Loterías y Apuestas del Estado, en participaciones como el 5,4% de la aeronáutica EADS –acciones valoradas en 1.052 millones de euros–, el 20% de Red Eléctrica –900 millones–, el 8% de Ebro Puleva –unos 200 millones–, el 5% de Enagás –algo más de 150 millones– y el 2,7% de las aerolíneas IAG –en torno a 100 millones de euros–, y en la posible venta de sociedades autonómicas y municipales.

Sin embargo, la crisis ha frenado una vez más unos planes que, de haberse cumplido en su totalidad, habrían supuesto para el Estado unos ingresos equivalentes, de una sola vez, al 60% de todo lo recaudado hasta ahora por privatizaciones. Las grandes ventas de Rajoy se han quedado, por el momento, en 190 millones de euros, ante el momento desfavorable en los mercados y la ausencia de potenciales inversores.