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Caso Benalmádena

El interventor acusa al teniente de alcalde de Benalmádena de presiones para tapar el escándalo del comedor social

  • En su informe definitivo, el responsable de analizar las cuentas de la asociación asegura que Francisco Salido es el máximo responsable de las "presiones morales" a las que se ha visto sometido
  • También  denuncia que sus maniobras pretendían entorpecer la investigación y le acusa de intentar "obtener fondos sin justificación" junto a la asociación
  • Encarnación Cortés, la edil independiente que promovió la investigación con la ayuda del Partido X, exige el "cese inmediato" del teniente alcalde

Publicada 28/08/2014 a las 06:00 Actualizada 28/08/2014 a las 10:37    
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El primer teniente de alcalde, Francisco Salido, durante un acto.

El primer teniente de alcalde, Francisco Salido, durante un acto.

AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA
Nuevo capítulo del escándalo del comedor social de Benalmádena. Además de ratificar las conclusiones del documento provisional publicado en exclusiva por infoLibre, el informe definitivo del interventor, al que ha tenido acceso este diario, supone un compendio de acusaciones contra el concejal de Bienestar Social y primer teniente de alcalde, Francisco Salido: el documento le señala como el responsable máximo de las "presiones morales" que ha sufrido el funcionario durante su investigación, unas presiones que han limitado "la independencia en el desarrollo" de la misma.

El inicio del caso se remonta a enero de 2014, cuando el consistorio inició una investigación a instancias de la concejal independiente Encarnación Cortés, apoyada por la Comisión Anticorrupción del Partido X. El control financiero cristalizó en un informe provisional –publicado por infoLibre– en el que se alertaba de que más de 251.000 euros de las subvenciones recibidas por el comedor no se habían justificado debidamente, una cifra que aumentó al publicarse el informe definitivo a 262.000 euros. Precisamente basándose en este documento, el pasado día 19 el Ayuntamiento anunció que había solicitado el reintegro de esta cantidad.

No obstante, si bien el consistorio se movió rápido para exigir la devolución del dinero, se ha mostrado pasivo a la hora de afrontar las consecuencias políticas del escándalo, ya que el teniente de alcalde Francisco Salido es uno de los principales impulsores del comedor social y tanto su cuñado como su hermano desempeñan funciones en el mismo. Sin embargo, la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García (PP), "aún no ha decidido" si romperá o no el pacto que mantiene con Unión Centro Benalmádena (UCB) –el partido liderado por Salido–, un acuerdo que la aupó a la alcaldía en 2012 tras una moción de censura contra el equipo de Gobierno que entonces encabezaba Javier Carnero (PSOE), apoyado por IU y los concejales de UCB.

Pero la implicación del primer teniente de alcalde va más allá del mero tutelaje del acuerdo entre el Ayuntamiento y la asociación, ya que según denunció el informe provisional y confirma el definitivo, Salido –junto a varios responsables del comedor– retiró documentación relativa a las cuentas de la organización de los años 2011, 2012 y 2013 una vez la solicitó el interventor para analizarla, con la intención de presentarla "bien foliada", según explicó a este diario. Esa no fue la única interferencia del concejal, ya que tal y como desvela el informe definitivo, Salido trató de influir para que la documentación presentada por la asociación sirviese como justificación de los pagos y evitase que, como finalmente ocurrió, se cortara la subvención al comedor social.

Múltiples interferencias por parte de Salido

"Se han producido repetidas personaciones en las dependencias del Ayuntamiento tanto del concejal de Bienestar Social como de personas ajenas a la Asociación aunque vinculadas políticamente a su partido, interesándose por el estado de las actuaciones e instando a que se tengan por justificados los gastos con la documentación presentada para que continuaran los pagos de las subvenciones sin oposición o reparo de la Intervención Municipal", explica el informe, que señala que estas interferencias han supuesto "presiones morales que limitaban la independencia en el desarrollo del trabajo".

Y es que Salido no es el único cargo de UCB al que menciona el informe del interventor. El vicepresidente del partido, José Manuel López Merino, también es objeto de las quejas del responsable de analizar las cuentas del comedor social, ya que le acusa de haber tratado incluso de condicionar su trabajo y, además, de intentar hacerlo "desde el anonimato", lo que según asegura supone intentar "comprometer la independencia del sujeto auditor".

"Siempre en compañía de la máxima autoridad de Bienestar Social, [López Merino] se ha personado repetidas veces en las dependencias municipales para instar al interventor o a su sustituto a que se tuvieran por justificadas las cuentas de la Asociación sin aducir razón alguna, llegando a intentar imponer una orientación al informe de la Intervención sobre la Asociación Comedor Social de Benalmádena", denuncia el documento. El objetivo de estas actitudes, para el interventor, es claro: el lugarteniente de Salido "intentaba cambiar el sentido del procedimiento".

Todas estas acciones suponen, para el responsable del análisis de las cuentas, que Salido y López Merino actuaban "a todos los efectos como miembros de la asociación", en lugar de como representantes del Ayuntamiento, "realizando así un exceso de gestiones" para la organización. "Este posicionamiento junto a la Asociación, que le llevó [a Salido] incluso al apoderamiento físico de los documentos impidiendo así el análisis y valoración de la justificación por parte de la Delegación de la que él es Concejal Delegado, es incongruente con su cargo", remacha el interventor, contradiciendo así al teniente de alcalde, que en declaraciones a infoLibre trató de desvincularse de la organización que gestiona el comedor social y aseguró que funciona "aparte" de su concejalía.

Los familiares de Salido cobran por trabajar en la asociación

En este sentido, el informe definitivo es muy duro al concluir que "existe una estrecha vinculación de naturaleza política, personal y familiar entre el concejal de Bienestar Social y la Asociación Comedor Social de Benalmádena", una relación que "impide el normal funcionamiento administrativo tanto por la dirección técnica de la Delegación de Bienestar Social, como por la Intervención Municipal durante la tramitación del expediente de control financiero". Y el interventor va más allá al acusar directamente a Salido y a la asociación de mantener "una conducta coordinada" destinada "a obtener fondos sin justificación".

El informe se extiende a la hora de analizar estos vínculos familiares "obvios, evidentes y notorios". El documento provisional ya señalaba que tanto el cuñado de Salido, Francisco Cañete, como su hermano, Enrique Salido, trabajaban para la asociación, siendo el primero el secretario de la misma y encargándose el segundo de realizar "gestiones". La novedad dentro del informe definitivo es que se desvela que ambos parientes del concejal cobran por desempeñar estas labores. Y no son los únicos: el presidente de la asociación, José Lara –que es asesor fiscal y contable–, facturó 3.380 euros a la asociación por llevar su contabilidad; unas cuentas que, según reconoció, fueron gestionadas a mano hasta enero de 2014.

Quejas por la forma, pero no por el fondo

El interventor también destaca que, en las alegaciones que presentaron una vez se les remitió el informe provisional, los implicados no han tratado de negar o explicar las acusaciones del documento y se han limitado a plantear argumentos para exigir la nulidad del mismo por asuntos de forma "sin entrar en cuestiones de fondo". "A juicio de esta Intervención, no entrar en el fondo si no en cuestiones de forma puede ser, o bien una táctica dilatoria retrasando tratar la cuestión principal del control financiero, o bien asumir como ciertas las cuestiones de fondo planteadas", asevera el informe.

Asimismo, el responsable de analizar las cuentas desmonta las acusaciones de nulidad planteadas por los interesados, que habían señalado, por ejemplo, que el expediente no se ajustaba a derecho por carecer de número. En este sentido, el interventor recuerda que la ley no exige que se numeren los expedientes administrativos y señala que "si se hace en la práctica es para facilitar la localización y archivo de los mismos, para el caso de tramitación de muchos expedientes de naturaleza y materia similar, pero no es más que una forma de organización interna de la administración que se trate".

"Además, éste es el único expediente de control financiero tramitado este año en esta Intervención, por lo que es fácilmente localizable", remacha el informe, que sostiene que la ausencia de número "ni crea ni ha creado indefensión a las partes ni ha supuesto traba alguna para la presentación de escritos y documentación, extrañando a esta Intervención el empeño en insistir en tan débil argumento en lugar de entrar en el fondo del asunto". Y de nuevo, en este aspecto sale a relucir la relación de Salido con la asociación, ya que el interventor califica de "llamativo" que el teniente de alcalde "se posicione con lo expuesto en los demás escritos de alegaciones", así como que presentase su escrito el mismo día que el resto de interesados. Estas coincidencias "hacen pensar en que ha habido coordinación" entre ellos, remacha el informe.

La alcaldesa sigue sin hablar

Las reacciones al expediente definitivo no se hicieron esperar. Encarnación Cortés, la concejala independiente que promovió la investigación de las cuentas del comedor social, declaró a infoLibre que, la alcaldesa, Paloma García, debería "cesar inmediatamente" a Salido por su implicación en el caso, y aseguró que se lo exigirá formalmente a la regidora en el próximo pleno municipal, que se celebrará a finales de septiembre. Asimismo, Cortés señala que tiene planeado reunirse con el resto de la oposición –PSOE, IU y otro edil independiente– para tratar el tema, y no descarta que coordinen sus acciones e incluso poder solicitar un pleno extraordinario para poder debatir el tema antes.

Igualmente, la concejala criticó que el Ayuntamiento no haya tomado medidas legales contra la asociación más allá de exigirles el reintegro de las subvenciones no justificadas, y explicó que ella ya está trabajando para presentar una denuncia ante el juzgado en septiembre. "Aunque devuelvan el dinero está claro que su objetivo era que les pasaran las subvención y no presentar ningún tipo de justificación de los gastos", señala Cortés, que denuncia que "se puede entrever que la asociación se ha creado para otros fines que gestionar el comedor" y aboga porque el proceso de reintegro y el de depuración de responsabilidades legales discurran "en paralelo".

Por su parte, la alcaldesa de Benalmádena ha rechazado de nuevo hablar con este periódico para dar su opinión sobre estas nuevas revelaciones y aclarar si ha tomado alguna decisión con respecto al futuro de su pacto de Gobierno con UCB. Quien sí ha hablado con infoLibre ha sido Francisco Salido, que ha asegurado que "la única implicación" que tiene en el comedor social es el de gestionar "las más de 400 comidas que se están dando cada día".

Salido admite que el cese del pago de la subvención al comedor es responsabilidad suya, como apunta el informe, en el que se indica que contra lo que denunció la asociación "dichas subvenciones no han sido suspendidas por orden de nadie, sino que el ordenador de pagos de éstas, que es él [Salido] como concejal delegado de Bienestar Social, no ha dado orden para las mismas ya que es conocedor de que los importes anteriormente entregados no han sido justificados, y no contaría con informe favorable de la Intervención Municipal".


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