La opacidad del Congreso hace imposible cuantificar el ahorro de las renuncias de los diputados

Con la constitución de las Cortes el pasado miércoles se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de las prestaciones a las que tienen derecho los diputados.

Podemos y Ciudadanos ya han anunciado que tanto sus miembros en la Mesa como sus portavoces de grupo renunciarán al coche oficial con conductor que les asigna la Cámara. Las dos formaciones emergentes también declinan el pago de internet en el domicilio al que tienen derecho los diputados que son de fuera de Madrid. Y el partido morado renuncia además a la tarjeta para abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid con un límite de hasta 3.000 euros que las Cámaras facilitan a cada parlamentario que no dispone de vehículo oficial.

Pero más allá de estos anuncios, ¿qué ahorro real para las arcas públicas suponen estas renuncias? infoLibre se puso en contacto este viernes con los portavoces de los tres grupos citados, pero ninguno de ellos supo cuantificar su alcance. Todos remitieron a este diario a los servicios oficiales del Congreso, donde admiten que la información sobre el coste de estas prestaciones "nunca ha sido pública". 

Los coches que se ponen a disposición de los diputados forman parte de la flota de vehículos del Parque Móvil del Estado, mientras que los chóferes son personal eventual contratado por la Cámara para esta función. La cuestión es que el Congreso reserva una única partida presupuestaria –en 2015 fue de 7,49 millones de euros– para pagar el sueldo de todos los trabajadores eventuales, entre los que también están los asistentes de los diputados que son contratados por la Cámara. Por tanto, es imposible saber cuál es la remuneración de estos conductores. Las cuentas también recogen una partida de 400.000 euros para combustible, aunque los coches oficiales no son los únicos vehículos con los que cuenta el Congreso. 

Lo cierto es que estas renuncias volvieron a evidenciar una cierta competición entre los nuevos y los viejos partidos por no quedar en mal lugar en esta política de gestos. El PSOE comunicó el jueves que la presidenta del partido, Micaela Navarro, "renunciará al uso del coche oficial que le correspondía como vicepresidenta segunda del Congreso" y que el portavoz del grupo, Antonio Hernando, ya había renunciado al "uso personal" del vehículo al ser nombrado en septiembre de 2014.

Ese mensaje se interpretó como que Navarro renunciaba en los mismos términos expresados por Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, este viernes, la propia Navarro explicó que a lo que renuncia realmente es a tener asignado un coche en exclusividad.

ADSL y taxis 

La cantidad exacta que se destina a la instalación de una línea de ADSL en los domicilios en la capital de los diputados que son de fuera de Madrid tampoco se conoce. En la Cámara argumentan que se negocia con las compañías junto a las líneas telefónicas y que, en cualquier caso, se trata de un "gasto menor". Los parlamentarios de Podemos han renunciado a este servicio, aunque no al teléfono móvil y la tableta electrónica que integra el denominado kit del diputado puesto que —argumentan— van dotados de aplicaciones para el desempeño de las tareas parlamentarias.

Desde mayo de 2006, las Cámaras facilitan a cada parlamentario que no dispone de vehículo oficial una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid. Según recoge el régimen económico y de ayudas de los diputados "la disponibilidad de dicha tarjeta tiene un límite anual de 3.000 euros" y los diputados que así lo prefieran pueden optar por no recogerla o recogerla pero no hacer un solo cargo.

La renuncia a hacer este gasto sí supondría un ahorro para las arcas públicas. Si los 69 parlamentarios de Podemos y las coaliciones en las que participó agotaran el saldo anual de la tarjeta de taxi, el gasto total sería de 207.000 euros, es decir 828.000 por legislatura. Fuentes de la Cámara baja subrayan que "no es habitual" que se consuma la totalidad de la tarjeta. Y añaden que hay parlamentarios que no hacen un solo gasto por este concepto. No obstante, tampoco hay ninguna partida del presupuesto del Congreso ni de la ejecución presupuestaria de los años anteriores que permita conocer cuánto se reserva para gasto de taxis de sus señorías y cuánto se gasta definitivamente.

La constatación de la falta de transparencia en esta Cámara no es nueva. También las remuneraciones de los empleados que no son parlamentarios y que trabajan en el Congreso de los Diputados permanecen ocultas a ojos de la ciudadanía. El Estado invirtió en 2015 un total 36,5 millones en pagar a los funcionarios de las Cortes pero es imposible saber cuánto gana un letrado o un ujier. También trabajan en la Cámara asistentes de los parlamentarios cuyo número, preparación y retribución se desconoce. 

Durante la pasada legislatura los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural y UPyD intentaron a través de varias proposiciones, aunque sin éxito, que los presupuestos de la Cámara tuvieran un grado mayor de concreción. El nuevo documento que aprobaron Congreso y Senado para adaptarse a la Ley de Transparencia hace un año tampoco ha supuesto un gran avance. Desde entonces se pueden consultar online los presupuestos y su ejecución, tanto de 2014 como de 2015, pero con partidas muy generales que no ofrecen información concreta. No obstante, hay que reseñar que hasta entonces sólo se tenía acceso a un informe sobre el cumplimiento de las cuentas de 2012 y 2013. 

Intenso debate

En cualquier caso, más allá del ahorro que estas renuncias puedan suponer para las arcas públicas, lo cierto es que estos gestos también han servido para reabrir el debate sobre lo que algunos definen como privilegios y otros como meros instrumentos de trabajo. La vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, la conservadora Celia Villalobos, calificó este viernes las renuncias de los partidos emergentes de "excesivo postureo". 

Podemos califica estas renuncias de "gestos de regeneración democrática", mientras que en Ciudadanos defienden que son "medidas de coherencia" que buscan "acabar con algunos servicios innecesarios". "Si de verdad queremos que la regeneración llegue a las instituciones, es necesario dar ejemplo desde el primer día tomando decisiones que acerquen la política a los ciudadanos", señala un diputado de la formación naranja. 

No obstante, otros parlamentarios consultados por este periódico sí coinciden en calificar de "demagogas" algunas declaraciones de los últimos días respecto a este tema. E insisten en que, más allá de estas renuncias, sería interesante abrir el debate sobre los medios con los que realmente cuentan los diputados para desempeñar sus funciones de manera óptima.

"Quizá lo que hay que replantearse es realmente qué capacidad tenemos de enfrentarnos de forma documentada y asesorados por especialistas a los lobbies o a las empresas que cuentan con recursos para contratar a los mejores profesionales para defender sus intereses. Quizá este dinero estaría mejor empleado en estas cuestiones", detalla un diputado socialista. En la última legislatura la ratio de asistentes por cada diputado fue de 0,7. Es decir, había, aproximadamente, dos asistentes por cada tres diputados, sin contar con el personal de confianza contratado por los grupos parlamentarios con cargo a la subvención que recibe cada uno de ellos.