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Derechos humanos

Ley mordaza, desahucios y refugiados: Amnistía Internacional denuncia el recorte de libertades en España

  • La organización presenta su informe 2015/16, en el que analiza el "asalto global" a los derechos humanos por parte de 160 países de todo el mundo
  • Critica la pasividad del Gobierno del PP ante los llamamientos internacionales que alertan sobre las reformas legislativas puestas en marcha el pasado año

Publicada 24/02/2016 a las 00:01 Actualizada 24/02/2016 a las 06:00    
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El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional presentó este martes el Informe 2015/16 sobre la situación de los derechos humanos en 160 países del mundo. El bautizado como "informe negro" por el director de la organización, Esteban Beltrán, evidencia, analiza y denuncia las carencias existentes a nivel global en materia humanitaria.

España se encuentra lejos de ser un ejemplo a seguir. Las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno en este último año, la actuación de las autoridades respecto a los refugiados o la falta de protección en los casos de violencia de género, hacen de España un país que ha hecho "oídos sordos a las recomendaciones internacionales".

Tortura y represión: el retroceso legislativo en España

El informe de Amnistía Internacional destaca la implantación de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como ley mordaza– en julio del pasado año, una norma que "limita de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica". El mismo mes en que entró en vigor la ley, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por sus posibles repercusiones.

Acontecimientos como las recientes detenciones a los titiriteros Títeres desde abajo en Madrid, o el caso de Ester Quintana, quien perdió un ojo en 2012 a causa de un pelotazo de goma por parte de la policía durante una protesta en Barcelona, son objeto de repulsa por la asociación.

La ley mordaza no es la única normativa que pone en tela de juicio la garantía de derechos y libertades en España. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en octubre del 2015 no contempla eliminar el uso de la detención en régimen de incomunicación, pese a que "varios organismos internacionales de derechos humanos habían señalado con preocupación que este tipo de detención incumplía las obligaciones internacionales de España". En mayo, el Comité de la ONU contra la tortura "expresó su preocupación por la continuidad de la detención en régimen de incomunicación". La organización destaca que se recibieron informes sobre casos de malos tratos en la frontera y en centros de detención a manos de funcionarios, y que "numerosas causas se archivaron" sin dar lugar a procesamientos.

Además, la reforma de de varios artículos del Código Penal relativos a terrorismo desencadenó críticas por parte del relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, quien condenó que la norma contemple ahora como objeto de penalización comportamientos que no constituyen amenazas terroristas, "dando lugar a la imposición de restricciones desproporcionadas sobre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión".

A raíz de ello, Esteban Beltrán se ha referido a los recientes atentados de París y a la reacción de Francia ante la amenaza, señalando que "es legítimo" que se impongan una serie de medidas en materia de seguridad, producto de un "Estado de emergencia". El problema, ha señalado, "viene cuando lo que es excepcional se convierte en cotidiano", es decir, cuando la "restricción de libertades se extiende en el tiempo".

Refugiados y derecho de asilo

El drama de los refugiados es para Amnistía Internacional prioridad absoluta en su lucha por la defensa de los derechos humanos. La situación actual requiere, en palabras de Esteban Beltrán, "un cambio radical de políticas" que sea "global , y no parcial o nacional".

La organización denuncia en su informe las habituales expulsiones colectivas a Marruecos desde Ceuta y Melilla, "sin posibilidad de solicitar asilo". En marzo se modificó la ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de migrantes y refugiados en las fronteras, de forma que la nueva normativa "allana el camino para nuevas expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional", un nuevo ejemplo de cómo España "desoye las recomendaciones de mecanismos internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos en nuestro país".

En mayo, el Comité contra la tortura expresó su preocupación por las devoluciones en caliente como barrera para acceder a los procedimientos de asilo. En julio, el comité de Derechos Humanos instó a España a cumplir el principio de no devolución y a proporcionar acceso a procedimientos efectivos de concesión de asilo. Al concluir noviembre, señala la asociación, se registraron un total de 12.500 solicitudes de asilo. Además, atendiendo a las necesidades que la crisis de los refugiados exige a nivel europeo, España se comprometió a reubicar a 14.931 antes de final de 2016, pero el pasado año se cerró con sólo 130 plazas de reasentamiento.

Amnistía critica, además, las condiciones de hacinamiento que en 2015 imperaban en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde los solicitantes de asilo deben esperar al menos dos meses para poder desplazarse. 

Violencia machista y derechos reproductivos

Amnistía Internacional dedica un apartado especial a las 56 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas a mediados de diciembre del pasado año. En julio, el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer advirtió que España debía "garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia de género tuvieran acceso a reparación y protección, que los funcionarios que las atendían contaran con la formación adecuada y que se enjuiciara a los responsables". El número de víctimas mortales y las trabas con las que aún se encuentran las mujeres, evidencian el vacío institucional y las deficiencias legislativas en materia de violencia machista que todavía existen en España.

Uno de los ejemplos que la asociación considera representativos de esta situación es el de Ángela González Carreño, quien se topó con la inacción del Gobierno tras haber denunciado episodios de malos tratos por parte de su expareja, hasta que en 2003 el agresor asesinó a la hija de ambos.

La organización también pone en el punto de mira la reforma sobre la ley del aborto iniciada por el Gobierno del Partido Popular. Tanto el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer criticaron las dificultades de acceder a los servicios de interrupción del embarazo para mujeres y niñas. Además, el Comité de Derechos Humanos recomendó eliminar toda barrera legal que abocara a las mujeres a recurrir al aborto clandestino.

Vulneración del derecho a una vivienda digna


Las trabas para poder ejercer el derecho a una vivienda digna y el creciente número de desahucios en España también ponen en alerta a la organización. Durante los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron 52.350 procedimientos de ejecución hipotecaria, y en junio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exigió a España la garantía en el acceso a recursos judiciales de las personas que se enfrenten a un proceso de desahucio.
LA AUTORA Correo Electrónico
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