Los poderes del Estado

Así es la sección del Tribunal de Cuentas que investigará a Podemos

El informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), bautizado así por la propia Policía que lo realizó, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos ha recalado en el Tribunal de Cuentas, la institución que, entre otros asuntos, fiscaliza la contabilidad de los partidos políticos. Según aseguraron este viernes desde el tribunal a través de un comunicado, la institución examinará la información remitida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El documento, de 35 páginas y formado en parte por recortes de periódicos, será analizado por el departamento de partidos políticos, el único que tiene al frente a dos consejeras, una a propuesta del Partido Popular y otra a propuesta del Partido Socialista (los demás departamentos sólo tienen un responsable, no dos). Ambas fueron nombradas para esta unidad el 28 de octubre de 2015, precisamente cuando el Congreso de los Diputados estaba a punto de convertirse en el menos bipartidista de la historia de la democracia.

Las máximas responsables de la Unidad de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas son las consejeras María José de la Fuente y de la Calle, titular del Departamento de Fiscalización de Entidades Locales, y María Dolores Genaro Moya. Sobre ellas recae, pues, el peso de la investigación sobre las cuentas del partido de Pablo Iglesias. 

La primera de ellas, De la Fuente y de la Calle, fue nombrada consejera por el Congreso de los Diputados en julio de 2012 a iniciativa del PP. Trabajadores de la institución señalan que es sobrina del ex ministro de Franco Licinio de la Fuente. Y que dos primas suyas, María Eugenia y María Asunción de la Fuente Asprón, hijas del excargo franquista, también trabajan en la institución.

Por su parte, María Dolores Genaro Moya, recibió luz verde del Senado en el mismo mes de 2012, pero a propuesta de los socialistas. Es hija de Abelardo Genaro, exconcejal socialista en Baza (Granada).

El Pleno del Tribunal de Cuentas está formado por un total de doce consejeros, junto con el fiscal. Los consejeros son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Su mandato es de nueve años. En el caso de ambas expirará en el año 2021.

Cuando se informó de estos dos nombramientos, desde la institución se trasladó que se había reforzado la Unidad de Partidos Políticos "significativamente", en la medida en que resultaba preciso, con funcionarios procedentes de otros departamentos. Y que esto había permitido que las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas a los partidos políticos se encontrasen "totalmente actualizadas".

Este diario trasladó a la institución sendos cuestionarios para cada una de las dos consejeras con preguntas sobre su trayectoria y actividad en el departamento. Desde el Tribunal de Cuentas no se facilitó respuesta al mismo. Pero se insiste en que, desde la llegada de ambas, se ha "reforzado la unidad" y se destaca que está "en un proceso de informatización" que culminará con una plataforma de rendición de cuentas telemática para los partidos políticos. Esto conducirá a que los procesos sean "más ágiles". Es algo, aseguran, que ya se ha puesto en práctica con las más de 8.000 entidades locales existentes en España.

Control de los recursos e ingresos electorales

Al Tribunal de Cuentas le corresponde el control externo de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Esto abarca desde los recursos públicos y privados de las formaciones a la adecuación de estos ingresos a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. La institución se encarga, además, de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y gastos en los procesos electorales en los que participen. En el supuesto de detectar alguna infracción también es su competencia iniciar y tramitar los procedimientos sancionadores.

En el caso de Podemos, el informe remitido por la UDEF al Tribunal de Cuentas, adelantado esta semana por la Cadena Ser, sostiene que la empresa 360º Global Media, que recibe transferencias de cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales o en países "de riesgo de estar vinculados a la financiación del terrorismo, como Irán", financia a "productoras de contenidos vinculadas de forma subjetiva, objetiva y temporal al partido político Podemos". La investigación de la UDEF busca conocer si ha existido blanqueo de capitales y financiación ilegal.

La asesoría jurídica, en manos de afines al PP

Si el bipartidismo está instalado en la cúpula de la unidad de fiscalización de los partidos políticos, los altos funcionarios que prestan sus servicios en este departamento tienen una ideología cercana al PP. Así lo aseguran fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por este diario. Es el caso de Enrique Javier Cabello Rodríguez, subdirector jefe de la asesoría jurídica, y de los subdirectores técnicos Carlos García Rodríguez y José Antonio Monzó Torrecilla.

A Cabello Rodríguez se le atribuyen vínculos de amistad con el consejero Ángel Algarra, propuesto por el Partido Popular. 

Las mismas fuentes apuntan a la estrecha relación entre García Rodríguez y el consejero, de la cuota del PP, Rafael Corona. No en vano, explican, fue su director técnico durante al anterior pleno del tribunal. 

Monzó, por su parte, es hijo de José Luis Monzó, ex secretario general de la Cámara de Cuentas de Madrid, uno de los hombres de máxima confianza de Ramón Muñoz Álvarez. Este último fue el primer presidente del órgano fiscalizador madrileño. Su nombramiento fue propuesto por el Partido Popular.

Estos son los nombres de los máximos responsables sobre los que recaerá el peso de la investigación de las cuentas de Podemos. El puesto de director técnico está vacante. Desde la institución no precisan ni los motivos, ni desde cuándo está vacante y si hay previsión de cubrir este hueco en breve. Tampoco entran a valorar los vínculos familiares y políticos de los directivos mencionados después de que este medio les remitiera un cuestionario al respecto para cada uno de ellos. Se limitan a señalar que son trabajadores que tienen "un recorrido profesional y que para ocupar esos puestos han pasado por los procesos de selección pertinentes".

Un informe que casi nadie quiere asumir

Pocos días antes de conocerse que la UDEF había remitido el mencionado informe al Tribunal de Cuentas, este diario informó de que la Fiscalía del Tribunal Supremo había pedido no admitir a trámite la querella de Manos Limpias contra el partido liderado por Pablo Iglesias. Esa querella se basaba, precisamente, en datos incluidos en el informe PISA.

El informe policial había terminado en manos del autodenominado sindicato, a pesar de que se suponía que era secreto, y Manos Limpias lo utilizó en dos procedimientos judiciales en el Supremo contra Podemos. Pese a ello, Interior no abrió ninguna investigación para determinar el origen de la filtración del informe. Es más, la Policía lo tuvo cuatro meses sin judicializar: terminado a principios de noviembre, no lo remitió ni a la Fiscalía ni a ningún juzgado. Esas son las dos opciones habituales cuando la Policía detecta indicios de delito. Finalmente, acudió a una solución atípica: remitirlo al Tribunal de Cuentas. A preguntas de este periódico, un portavoz policial no quiso desvelar cuáles habían sido los motivos para tomar esa decisión. Se limitó a asegurar que se había considerado "lo más conveniente".

La Fiscalía del Supremo, en el escrito en que pide que no se admita a trámite la querella de Manos Limpias contra el partido de Iglesias, denuncia que el sindicato presente querellas contra Podemos por hechos ya archivados. Y es que la organización que dirige Miguel Bernard insiste en denunciar los mismos hechos en diferentes instancias judiciales. La Fiscalía del Supremo define el informe PISA como "una mera remisión de informaciones no autenticadas difundidas públcamente por los medios de comunicación". Pese a ello, el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir ahora una investigación sobre el mismo.

Nepotismo en el Tribunal de Cuentas: una vieja historia

Los vínculos familiares entre los trabajadores de el Tribunal de Cuentas llevan años siendo noticia. En junio de 2004, el diario El País informó de que albergaba en su plantilla de poco más de 700 trabajadores a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT. "Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos. Desde el actual presidente hasta los responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y conocidos políticos tienen entre la plantilla del tribunal a esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la infancia. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas", señalaba la citada información.

El pasado agosto, un par de meses antes de los cambios en las consejeras del área de partidos políticos, el mismo diario informaba de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se había reunido en un hotel de Madrid con seis de los siete consejeros propuestos por su partido. A todos ellos, según señala el periódico, les instó a renovar a Ramón Álvarez de Miranda por otro periodo de tres años.

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