Cataluña y Madrid, compañeros de cama en la sanidad privada

La Federación de Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha hecho público este martes su tercer informe sobre privatización sanitaria en las comunidades autónomas en el que pone de relieve que son cuatro comunidades gobernadas tradicionalmente por partidos ubicados en la derecha del espectro político –Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia– quienes tienen índices mayores de privatización en su sistema sanitario. Por contra, aquellas donde durante más años ha gobernado la llamada izquierda, son las que cuentan con un menor grado de privatización: Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Sorprende, por otro lado, que la Comunidad Valenciana se encuentre dentro del grupo intermedio –puesto número ocho en el ránking– o que Murcia sea la quinta región menos privatiza en materia de sanidad. Ambas han sido gobernadas por el Partido Popular de forma initerrumpida desde hace más de 20 años –hasta el pasado mes de mayo en el caso valenciano–. Además, en dos de las cuatro comunidades más privatizadas sí que hubo en los últimos años gobiernos alternativos al del Partido Popular o Convergència i Unió en el caso catalán.

El socialista Francesc Antich logró presidir las Islas Baleares durante ocho años en dos etapas diferentes y Emilio Pérez Touriño en Galicia también por el PSOE de 2005 a 2009. Ninguno de los dos consiguió con sus años de Gobierno evitar que sus comunidades se encuentren en el top de la privatización sanitariatop . Peor es el caso de Cataluña, donde durante siete años (2003 a 2010) hubo gobiernos de izquierdas y es hoy la segunda comunidad con mayores índices después de Madrid. Una Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular desde 1995 y que tras el pacto de PP y Ciudadanos en mayo lo hará, como mínimo, hasta 2019.

Para este estudio, la Federación se ha servido del análisis de siete variables. Por un lado, el porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios, el gasto en seguros privados per cápita y el gasto sanitario de bolsillo per cápita; y, por el otro, el porcentaje de camas hospitalarias sobre el total, el porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados, la proporción de gasto sanitario dedicado a contratar con centros privados y el grado de presencia de modelo de colaboración público privada.

En este sentido, Navarra es la que que cuenta con mayor gasto en seguros privados y menos en sanidad pública por ciudadano; País Vasco, la comunidad peor cubierta por mutuas de funcionarios; Cataluña, con amplio margen, aquella que tiene más porcentaje de camas privadas y dedica más a contratar con centros privados y Baleares quien cuenta con la más alta tecnología en hospitales privados.

Menos privatización de media en 2016

Con respecto a 2014, primer año objeto de análisis, Asturias ha sido quien más ha elevado sus niveles de privatización sanitaria. Y bajo un Gobierno socialista. La Rioja lo ha hecho de forma similiar y otras como Castilla-La Mancha o Extremadura han aumentado pero en menor grado. Aragón y Murcia, aún gobernada por el PP, han sido quienes más ha reducido la privatización en sanidad junto a Cantabría.

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Si tomamos como referencia el conjunto de las comunidades autonómas, en 2015 se habría aumentado de media los índices privatizadores de forma leve. Pero, en 2016, y siguiendo los patrones de la Federación de Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, el proceso privatizor habría disminuido en un 2,25% empujado por los retrocesos de comunidades como Aragón, Murcia o Cantabría, ya mencionadas anteriormente.

Sin embargo, la Federación apunta a que se ha producido "un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general" y "especialmente importante a partir de 2009". Para ello, indican, "conviene tener en cuenta que la privatización ha aumentado en todas las CCAA y que el resultado y los movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada comunidad concreta".

Fadsp insiste en que la privatización sanitaria "viene de antiguo". A su juicio, al poco de aprobarse la Ley General de Sanidad de 1986 "ya comenzaron a producirse fenómenos que favorecerían la privatización sanitaria y cuestionaban el modelo de sanidad pública". En concreto, y aunque admiten que los fenómenos de privatización "han tenido una intensidad variable dependiendo de las CCAA" achacan su intensificación a la "finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central" acentúandose, dicen, "en la última legislatura".