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Ley Seguridad Ciudadana

Balance de un año ‘amordazados’

  • Reporteros Sin Fronteras realiza un informe sobre las repercusiones de la denominada 'ley mordaza', que ha afectado de forma especial a los prfesionales de la información
  • Desde su promulgación, los insultos y faltas de respeto a las fuerzas de seguridad son la segunda causa de delito, solo superados por el consumo de estupefacientes

Publicada 30/06/2016 a las 16:53 Actualizada 30/06/2016 a las 22:20    
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ley Mordaza

Manifestación con una réplica de uno de los leones del Congreso amordazado.

GREENPEACE
"Se considera infracción grave la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes". "Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda". Estos son dos de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana (el 36.6 y el 52) más utilizados para sancionar a ciudadanos, periodistas, fotógrafos y otros actores de la sociedad que actuaron en contra de una norma que nació y pervive entre críticas. Reporteros Sin Fronteras realizó un balance de las consecuencias de esta ley.

Las supuestas negativas a identificarse ante las fuerzas de seguridad, así como el valor probatorio de las declaraciones de los agentes, han dejado más de 40.000 denuncias en un año. Solo superados por la tenencia y consumo de estupefacientes, los insultos y faltas de respeto a la autoridad –tipificados como delito en la Ley de Seguridad Ciudadana– se sitúan ya como la segunda causa de denuncias en España, según datos del Ministerio de Interior.

Con el cambio en la normativa, casi 30 personas son multadas cada día en España por presuntos insultos y faltas de respeto a las fuerzas del orden. Las sanciones previstas por la normativa van de los 100 a los 600.000 euros, en función del tipo y la gravedad del delito. De las casi 40.000 denuncias interpuestas entre julio de 2015 y enero de 2016, más de 6.200 se produjeron por "faltas de respeto a las fuerzas de seguridad", y unas 3.700 por "resistencia y desobediencia a la autoridad".

La ley mordaza ha sido duramente criticada por organismos, organizaciones y medios de comunicación nacionales e internacionales. Amnistía Internacional, relatores de la ONU, Human Rights Watch o Reporteros Sin Fronteras son algunos de los actores que se han manifestado en contra de la ley o que incluso han pedido su derogación. La norma fue considerada por The New York Times como "abominable", un diario que también manifestó que la ley retrotraía a los "días más oscuros del franquismo".

Los periodistas, los más expuestos ante la ley

Aunque la Ley de Seguridad Ciudadana contempla bastantes situaciones por las que se puede incurrir en delito, los periodistas, debido al carácter de su trabajo, son uno de los colectivos más expuestos ante la normativa. En este sentido, Reporteros Sin Fronteras recoge varios casos de periodistas que chocaron con alguno de los artículos de la ley cuando desempeñaban su profesión. 

Axier López, fotógrafo y reportero de la revista Argia, compartió el pasado 3 de marzo en su cuenta de Twitter unas fotografías de la detención en Eibar de la activista Naroa Ariznabarreta, que se había negado a personarse en la vista oral en la que se la juzgaba por un corte de autopista en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi, en el año 2007. López fue multado con 601 euros por haber publicado unas fotos "sin autorización" en las que existía la posibilidad de "identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”. De esta manera, se convirtió en el primer periodista multado al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana.

A raíz de la multa a López, La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó, a mediados de abril, una declaración de condena a la normativa y respaldo al semanario Argia, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cámara, a excepción del PP, que votó en contra, y de UPN, que se abstuvo.

El pasado 27 de abril, Esther Yáñez, periodista del Diario Vice, de Movistar+, acudió a cubrir una cacerolada promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, en protesta por la negativa del PP a la ley catalana antidesahucios. “Estaba preparando un reportaje sobre el tema y fui a hacer producción y a conocer a las familias. Me quedé para documentar la manifestación. Empecé a hacer fotos de los participantes y un policía vino y me pidió el teléfono. Quería ver las fotos. Le dije que no estaba fotografiando a los policías y que en la vía pública podía hacer las fotos que quisiera. Me pidió la documentación inmediatamente. Le pregunté por qué. Sin responder, me la volvió a pedir. Le dije que me parecía injusto que me pudiese identificar sin darme explicaciones de nada, cuando yo ni siquiera podía ver su número de placa, porque no lo llevaba”, explica la periodista a Reporteros Sin Fronteras. 

Dos meses después, Yáñez recibía una notificación de multa de 601 euros por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid por una "infracción grave" que se amparaba en el artículo de la ley sobre la negativa a identificarse ante la autoridad. Según relata la periodista, "expliqué a ese policía quién era, y sí, le manifesté mi desacuerdo con su actitud, pero en ningún momento sobrepasé el perímetro de seguridad que nos impusieron y tampoco me negué a identificarme. De hecho, lo hice. Sólo pregunté el motivo por el que me pedían mis documentos". 

Mercè Alcocer, periodista de Catalunya Ràdio con una larga trayectoria en información de tribunales, acudió, el pasado 20 de febrero, a cubrir la declaración en la Audiencia Nacional del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, y de su esposa, Marta Ferrusola. Cuando ambos salieron a la calle, Alcocer trató de acercarse a Pujol, así como a sus abogados, pero agentes de la Policía Nacional la interceptaron y le exigieron su documentación. Pese a que la zona no estaba acordonada, el mero hecho de cruzar el “perímetro de seguridad imaginario” trazado por los agentes, le valió tener que excusarse e identificarse. Cuando, posteriormente, la periodista quiso sumarse a sus compañeros en la zona habilitada para las declaraciones, los agentes se lo impidieron. “A esa, fíchala”, le dijo a un agente el jefe de la unidad policial desplegada en el lugar. A mediados de mayo, Mercè Alcocer recibía una notificación de multa de 601 euros, por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, por presunta desobediencia a la autoridad. Según declaró la periodista a infoLibre“la ley mordaza es una ley arbitraria donde tú te sientes absolutamente desvalido”.

Muchos periodistas, como Axier López, Esther Yáñez o Mercé Alcocer, denuncian que la ley mordaza ha creado un clima de total impunidad que fomenta el abuso de poder y la indefensión de la ciudadanía. 

Cacheos preventivos y devoluciones en caliente

Además de las situaciones contempladas anteriormente, existen varios artículos polémicos que también suscitaron numerosas críticas. En el artículo 20 de la normativa se establece que se podrá practicar el registro corporal externo de una persona cuando "existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". A su vez, la ley permite que el agente pueda desnudar total o parcialmente a un sospechoso siempre que sea en un ámbito reservado, fuera de la vista de terceras personas y habiendo dejado constancia escrita de ello; con ello, se desregulariza el procedimiento de los desnudos policiales, que sólo estaban autorizados para personas detenidas, presas, en prisión preventiva o penadas. 

El otro artículo que desató la polémica es que permite las denominadas devoluciones en caliente, el cual establece que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España", artículo criticado por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.


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