El fiscal concluye en el juicio contra exdirectivos de Caja Inmaculada que cometieron un delito de administración desleal

El fiscal Manuel Torralba Bayo ha considerado "acreditado" que el ex director general de Caja Inmaculada (CAI) entre 2005 y 2009, Tomás García Montes, el subdirector FJA y el empresario y exconsejero de la Junta de Andalucía Ramón Marrero, cometieron un delito continuado de "administración desleal", según el escrito de conclusiones del juicio que finalizó este miércoles en la Sección VI de la Audiencia de Zaragoza.

Por su parte, la acusación de la CAI ha asegurado en la vista oral que los procesados también incurrieron en un delito de apropiación indebida, mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha añadido un tercer delito, en este caso de estafa. Tanto el representante del Ministerio Público como la acusación popular de la CIC han mantenido las peticiones de cárcel que habían reclamado al inicio del juicio para los tres implicados.

En concreto, la Fiscalía ha pedido tres años de ingreso en prisión para cada uno de los procesados y que abonen una indemnización de 6,3 millones, mientras que el sindicato reclama 16 años de cárcel. La CIC ha retirado la acusación contra María de los Ángeles A.G., esposa de FJA, como responsable civil subsidiaria del delito cometido por su marido.

Las acusaciones han considerado probado que el ex director general y su número dos compraron cada uno una vivienda en la provincia de Cádiz, cuya promoción y administración correspondía a la caja que dirigían, con una rebaja de alrededor del 50% (233.155 euros para Montes y 221.471 euros para su hombre de confianza).

Al mismo tiempo, siempre según las acusaciones, los dos exdirectivos se beneficiaron junto al empresario Ramón Marrero de los pagos de dos sociedades participadas por CAI en concepto de viajes a Egipto por alrededor de 200.000 euros.

Viaje para once personas

Según el escrito de acusación del fiscal Manuel Torralba Bayo, los tres procesados contrataron en 2007 un viaje a Egipto para ellos y sus familias, once personas en total, por un importe total de 195.739 euros, que pagaron a El C0rte Inglés Viajes entre tres empresas participadas por CAI imnuebles y cuya gestión se había delegado en Ramón Marrero, que fue consejero de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno socialista de Andalucía entre 1994 y 1996.

En su declaración del pasado lunes Tomás García Montes trató de defenderse y aseguró que la compra de viviendas por parte de directivos con descuento de hasta el 50% era "conocida y transparente" en la entidad y los viajes como el de Egipto eran una "práctica habitual" para premiar a los directivos que participaban en sociedades y no cobraban por ello, según informó el diario Heraldo de Aragón. 

La Sección VI de la Audiencia de Zaragoza juzga a la cúpula de la CAI. 

Pero también las acusaciones han defendido en el juicio que la reestructuración de negocios acordada el verano de 2009 entre la entidad financiera aragonesa y el empresario Marrero provocó un perjuicio de alrededor de 6 millones para la CAI.

Un millón de euros

"En este marco de relaciones personales y mercantiles se formó una sólida relación personal entre los imputados que derivó en la realización de algunas maniobras tendentes a obtener notables ventajas personales utilizando las posibilidades ejecutivas y de gestión que les correspondían en las respectivas sociedades de las que formaban parte", especificaba en este sentido el fiscal en su escrito de acusación.

En ese acuerdo los directivos incluyeron una indemnización para Ramón Marrero por la resolución del contrato de gestión de 1.000.000 de euros, más otros 500.000 para sufragar sus gastos fiscales derivados de las operaciones acordadas. Y todo ello pese a que el contrato aludido excluía expresamente cualquier tipo de compensación económica en caso de resolución unilateral.

6,3 millones de perjuicio

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Los fondos fueron a parar a las sociedades vendedoras, y 1.500.000 euros a las cuentas de Ramón Marrero y a las de Auriga, sociedad propiedad de Ramón Marrero. El perjuicio que sufrió CAI Inmuebles con esta operación fue en total, según la Fiscalía, de 6,3 millones.

El presidente de la Confederación Intersindical de Crédito, Gonzalo Postigo, que además de acusación popular contra la cúpula de Caja Inmaculada desempeña la misma labor en el caso Bankia y en la pieza separada de las tarjetas black, ha asegurado a infoLibre que la actuación del ex director general de la CAI y su número dos "es similar a la de Rodrigo Rato y Miguel BlesaMiguel Blesa con las Visa opacas de Caja Madrid y Bankia".

Y por eso, Postigo ha explicado a este diario que su sindicato tiene intención de interponer una nueva querella contra la cúpula de la caja aragonesa por haber provocado pérdidas de "varios millones de euros" a la entidad financiera.