Una de las autopistas que rescatará el Gobierno debe a Hacienda 38 millones de euros

Accesos de Madrid, la concesionaria de las quebradas autopistas de peaje radiales madrileñas R-3 y R-5, mantiene una deuda con Hacienda de 38,27 millones de euros. Esa deuda tiene su origen en una deducción de IVA que la sociedad se aplicó por unas facturas por importe de 239,21 millones de euros que nunca llegó a abonar a la empresa que le realizó los trabajos. Así consta en la última memoria económica depositada por Accesos de Madrid en el Registro Mercantil, consultada por infoLibre. 

Las autopistas de peaje R-3 (Madrid- Arganda) y R-5 (Madrid- Navalcarnero) son dos de las nueve que están en quiebra y que el Gobierno se ha comprometido a revertir al Estado, sin haber cuantificado todavía qué coste tendrá para el erario público esa operación. La adjudicataria de las vías –que se abrieron al tráfico en febrero de 2004– está en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) desde octubre de 2012. 

Alazor Inversiones S.A. –la sociedad que es accionista única de Accesos de Madrid– está participada por algunas de las grandes constructoras del país: Iberpistas S.A.C.E., filial de Abertis, tiene un 35,1% del capital; Sacyr Vallehermoso posee un 25,2%; Bankia controla el 20%; y Desarrollo de Concesiones Viarias Uno S.L., filial de ACS, dispone del 19,7% restante. 

Según consta en la última memoria depositada en el Registro Mercantil, la citada deuda con Hacienda es consecuencia en una inspección sobre el IVA de Accesos de Madrid en los ejercicios de 2004 y 2005, que la Agencia Tributaria le notificó en 2013. El origen de esa inspección está en una reclamación de rectificación de las bases imponibles del IVA de dichos ejercicios solicitada por una empresa a la que la adjudicataria de las autopistas R-3 y R-5 nunca le llegó a pagar unas facturas emitidas por importe de 239,21 millones. 

La sociedad que reclamó a la Agencia Tributaria es la Unión Temporal de Empresas (UTE) Radiales –que fue la encargada de la construcción de las autopistas– y que estaba formada por FCC, OHL, ACS y Sacyr. Estos dos últimos grupos –ACS y Sacyr– controlan también el 45% del total del capital de la sociedad concesionaria, que explota las radiales.

La ley establece que la modificación de la base imponible debe hacerse dentro de unos límites temporales. No obstante, en el caso de que el cliente-deudor entre en situación de concurso de acreedores se abre otro período para poder hacerlo. Y eso es lo que hizo UTE Radiales en 2012 –cuando Accesos de Madrid entró en suspensión de pagos– al tener todavía esas facturas pendientes de pago de los ejercicios 2004 y 2005. Esta rectificación es lo que provocó que la Agencia Tributaria observara que la concesionaria –Accesos de Madrid– se había deducido el IVA ​soportado por una factura impagada. Una actuación que está prohibida por la normativa fiscal. La empresa firmó "en conformidad" el acta de la inspección de de la Agencia Tributaria y ese importe, por tanto, consta ahora como deuda de la empresa con Hacienda.

1.242 millones de deuda 

Accesos de Madrid se encuentra actualmente en concurso de acreedores, por lo que no es posible saber si devolverá o no a la Agencia Tributaria esos 38,27 millones. No obstante, la información depositada en el Registro Mercantil evidencia que, además de acumular una deuda de 1.242 millones de euros, la sociedad cerró el ejercicio de 2014 con un fondo de maniobra negativo –concepto que recoge la diferencia entre los acreedores a corto plazo y el activo del que se dispone– que superaba los 1.035 millones de euros, "provocado especialmente por el saldo dispuesto de los préstamos vencidos y exigibles" con bancos y entidades vinculadas. 

En cualquier caso, los 38,27 millones de euros que deba a la Hacienda Pública no es la única deuda que la concesionaria de las radiales madrileñas R-3 y R-5 tiene con el Estado. A partir de 2010 el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una serie de medidas para intentar aliviar las dificultades financieras que atravesaba el sector, entre ellas, millones de euros en créditos blandos. 

Esa ayuda se articuló en torno a dos mecanismos. Por un lado, con préstamos participativos que las concesionarias podían solicitar para financiar los sobrecostes de expropiación que superasen el 175% y a través de los cuales el Estado prestó a Accesos de Madrid 168,5 millones de euros. Según los datos del informe de 2014 (el último publicado) sobre el sector de autopistas de peaje en España que edita Fomento, la suma de esa cifra más los intereses alcanzaba ese año los 179,6 millones. 

El otro mecanismo es el de las llamadas cuentas de compensación, por las que las adjudicatarias podían pedir al Estado que les anticipara también vía crédito participativo la diferencia entre el 80% de los ingresos previstos y los ingresos reales de los peajes. Este último procedimiento se puso en marcha para paliar el déficit de tráfico y supuso para Accesos de Madrid unos ingresos de 17,8 millones de euros. La deuda por este concepto –incluyendo intereses– alcanza los 17,9 millones. En conjunto, el dinero que esta adjudicataria ha recibido del Estado a través de créditos blandos llega a los 197,6 millones de euros, incluyendo los intereses generados. 

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Además, con el objetivo de que las concesionarias tuvieran la capacidad de generar ingresos que permitiesen devolver tanto los préstamos como los intereses generados, así como hacer frente a obras adicionales, el Gobierno accedió a renegociar los contratos ampliando el plazo de las concesiones y elevando las tarifas. En el caso de Accesos de Madrid, Fomento autorizó para 2011 un aumento de tarifas del 18% y un incremento escalonado del 1,95% desde entonces y hasta 2045 (año de vencimiento de la concesión). No obstante, a la vista de la situación actual de la adjudicataria, es que estas medidas tampoco sirvieron para restablecer su equilibrio económico-financiero.

Esta situación de quiebra llevará inevitablemente a la sociedad a una fase de liquidación. Y ahí le tocará al Estado pagarle una indemnización, pues la legislación en materia de contratos obliga a la Administración a que, en caso de resolución anticipada de una concesión, la Administración tiene que compensar al concesionario abonándole el importe de las inversiones realizadas para la expropiación de terrenos y de la ejecución de las obras descontando las amortizaciones.

A esa garantía –criticada por algunos expertos porque transfiere gran parte del riesgo a los contribuyentes y, por tanto, incentiva a los inversores privados– se le denomina Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). En el caso de Accesos de Madrid, el real decreto de adjudicación de la concesión [consultar, aquí] establece que el máximo que podría recibir del Estado por este concepto asciende a 677 millones de euros.