La intención de Moix de borrar las "conversaciones privadas" del 'caso Lezo' abre interrogantes sobre qué quiere eliminar

Las declaraciones con las que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha anticipado este jueves su plan para sacar del sumario de la Operación Lezo las "conversaciones privadas" han abierto el interrogante de qué quiere exactamente eliminar y cuáles de las grabaciones telefónicas filtradas considera de índole privada.

Fuentes que siguen de cerca la investigación y consultadas por infoLibre recalcan que "no puede considerarse privada" ninguna conversación relativa a la relación que el expresidente madrileño, Ignacio González, y los otros investigados mantenían con destacadas personalidades del ámbito jurídico y político. 

Durante una entrevista concedida a Onda Cero, Moix se mostró extremadamente crítico con la filtración de las escuchas que han permitido a la opinión pública conocer la tupida red de contactos e informadores de que seguía disponiendo el expresidente de Madrid como figura de influencia. Las conversaciones que han visto la luz constatan, por ejemplo, que Ignacio González estaba al tanto de que se le investigaba; y que consideraba una magnífica opción -"si sale es cojonudo"- que Moix resultara designado fiscal jefe Anticorrupción, como finalmente ocurrió; o que era partidario de que el Gobierno mandase al juez Eloy Velasco "a escarbar cebollinos". 

Observadores que siguen de cerca el caso temen que Moix prepare en la 'Operación Lezo' una maniobra similar a la empleada cuando en su anterior cargo como fiscal jefe de Madrid prohibió la difusión de los correos secretos de Blesa y su incorporación a las diligencias judiciales sobre Caja Madrid. Entonces, Moix argumentó que aquellos correos, enviados y recibidos desde el servidor de la hoy extinta entidad de ahorro, poseían un carácter estrictamente privado y no guardaban ninguna conexión con los presuntos delitos que investigaba Elpidio Silva, que a raíz de aquel caso fue expulsado de la carrera judicial. Adelantados por infoLibre, los correos secretos de Blesa desvelaban hechos como que Caja Madrid ya era consciente en 2006 del fiasco de las preferentes. El juez Fernando Andreu terminó reclamándoselos a Bankia precisamente para sumarlos a la causa sobre la emisión de esas participaciones.

En la entrevista con Onda Cero, Moix puso el acento en la inquietud que le genera que los medios de comunicación publiquen lo que forma parte de un procedimiento secreto. Y a caballo entre el recordatorio y la propuesta, deslizó que en Alemania se sanciona a los medios de comunicación que publican filtraciones de sumarios. 

"Eso –dijo en referencia a las filtraciones– socava el Estado de derecho porque las actuaciones de un procedimiento penal son siempre reservadas y en este caso además están declaradas expresamente secretas". Y fue aquí donde detalló su propósito de podar el sumario: "Hay una serie de conversaciones que tarde o temprano van a desaparecer porque no afectan para nada a los delitos que se están investigando y sin embargo se están filtrando, y creo que eso hace un flaco favor al estado de derecho porque parece que todos tenemos derecho a conocer asuntos reservados y conversaciones privadas que, insisto, tarde o temprano van a desaparecer del procedimiento porque no tienen relación ninguna con los presuntos delitos que se investigan".

Moix: "En Alemania se sanciona al medio de comunicación que publica filtraciones"

Ver más

Durante la entrevista, Moix no quiso responder a la iniciativa presentada por infoLibre para pedir su destitución por torpedear investigaciones contra el PP. El fiscal jefe Anticorrupción justificó de nuevo el hecho de que se negase a practicar una sencilla diligencia que habría destapado la trama en 2009. No lo hizo -arguyó- porque que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González.

Según sus palabras, "nunca" ha intentado que un cargo político se librara de una investigación. Como publicó este diario, durante su estancia al frente de la Fiscalía madrileña, Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso de Ignacio González. En 2009, una asociación vecinal ya denunció que la familia del político se había beneficiado con la adjudicación de un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II, donde Gonzalez ejercía un control absoluto.