La Justicia reabre un tercer caso contra Ayuso por su 'Protocolo de la Vergüenza'
Nuevo frente judicial para Isabel Díaz Ayuso por la elaboración y aplicación de su Protocolo de la Vergüenza, que precisamente este lunes ha cumplido cuatro años. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado por tercera vez a un juzgado reabrir una causa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por el fallecimiento de un residente en el centro Residencial Senior 2000 SL después de que, según alegó su hija, la derivación hospitalaria se realizara "a destiempo". Además de para la líder del Ejecutivo madrileño, la Audiencia ha instado a la reapertura de la causa para dos de sus consejeros de entonces: el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López. Cabe señalar, no obstante, que los tres están aforados en el Supremo: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno madrileño, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador.
En un auto fechado el 30 de octubre y al que ha tenido acceso infoLibre, la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso interpuesto por la familia del fallecido después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Collado Villalba decidiera dar el asunto por zanjado. Así, mantiene el sobreseimiento que acordó para el director del centro pero revoca el acordado para la presidenta madrileña y sus dos altos cargos, a los que la querella inicial acusa de la presunta comisión de cuatro delitos: uno de homicidio y lesiones imprudentes, otro de omisión del deber de socorro, otro de trato degradante y otro de prevaricación omisiva.
Las muertes en residencias durante marzo y abril de 2020 continúan sobrevolando el mandato de Ayuso cuatro años después de la catástrofe. La aprobación de su conocido como Protocolo de la Vergüenza, desvelado por este periódico, un documento que llegó a tener hasta cuatro versiones y tras cuya aplicación fallecieron 7.291 residentes en el propio geriátrico —el 77% del total de 9.468 muertes—, ha sido objeto de más de 300 querellas presentadas por los familiares agrupados en la organización Marea de Residencias. Y esta es una de ellas.
Fue archivada el pasado mes de junio por el Juzgado de Instrucción número 6 de Collado Villalba. Para el director del centro y los cargos del Gobierno querellados. Sin embargo, a juicio de la familia del fallecido, fue "una decisión prematura", por lo que debían de "practicarse más diligencias de investigación". La querellante, en concreto, consideraba "vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva puesto que la resolución impugnada únicamente" se había basado en el informe forense.
Es el documento en el que suelen basarse los tribunales para archivar este tipo de causas. En algunas ocasiones destacan por su brevedad y en otras por los argumentos empleados. Por ejemplo, en un procedimiento abierto por la muerte de dos personas en la residencia pública Adolfo Suárez, el médico forense emitió un informe en noviembre de 2022 donde señaló: "No se puede garantizar que de haber sido derivados a centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final (evolución hacia el fallecimiento) hubiera sido otro", en línea con una de las últimas declaraciones realizadas por Isabel Díaz Ayuso. En este caso, según el auto, el forense concluyó que el residente "falleció a causa del covid-19, por insuficiencia respiratoria crónica agudizada y que la asistencia recibida se ajusta a los criterios de la normo-praxis asistencial, sin que haya detectado ningún tipo de imprudencia en la actuación de ninguno de los querellados".
La familia del fallecido solicita, en cambio, la declaración del geriatra del Hospital Puerta de Hierro que hacía de enlace con la residencia para "ilustrar cuál fue la actuación de los profesionales médicos y la dirección de la residencia en esos días previos al traslado de su padre", recoge el auto de la Audiencia Provincial. Solicitan, además, la declaración de los geriatras que le trataron. Y el Ministerio Fiscal, que también ha formulado recurso de apelación, añade la necesidad de que se vuelva a llamar a declarar a la querellante y a sus hermanas.
Ahora es el turno del Juzgado número 6 de Collado Villalba, que está obligado a abrir nuevas diligencias de investigación y tiene la potestad de decidir a quién cita a declarar.
Un sobreseimiento infundado
La Audiencia hace suyo el argumento de la familia para ordenar la reapertura de la causa. "El magistrado instructor acuerda el sobreseimiento provisional sin entrar a valorar la existencia o no de indicios de criminalidad en relación a las personas aforadas, debiendo, pues, pronunciarse al respecto", señala. Ha habido una "omisión de razonamiento motivado sobre ellos" porque, según recoge, "la instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho". Dicho de otro modo: si la existencia y aplicación del Protocolo de la Vergüenza impidió en este caso particular la derivación del residente a un hospital a tiempo.
Ha habido casos similares a este. El 2 de octubre, menos de un mes antes de que la Audiencia Provincial emitiese este auto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba reabrió otro caso por orden de la Audiencia Provincial y citó a declarar, en calidad de testigos, al exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, firmante de los protocolos, y a la exdirectora de salud pública de la Comunidad Yolanda Fuentes. Los dos primeros acudieron, pero la tercera, al no ser localizada por la jueza, no se presentó.
Esta era la primera vez que un juzgado reabría una causa de este tipo contra tres altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y se refiere, concretamente, al fallecimiento de un residente en el Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores. El presunto delito: homicidio por imprudencia.
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Hay uno más. La Audiencia Provincial exigió el 25 de octubre al Juzgado de Instrucción número 50 que investigara si las mismas tres personas aforadas —contra quienes también se dirige la causa del juzgado número 3 de Villalba— tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de siete residentes del geriátrico Amavir Ciudad Lineal, que habrían fallecido sin haber sido trasladados al Hospital Ramón y Cajal y, además, sin haber recibido asistencia sanitaria en el propio centro.
Por ahora este juzgado y el número 6 de Collado Villalba no han emitido ningún documento en el que se concreten las diligencias de investigación iniciadas ni las personas a las que se citará a declarar, como confirman desde Marea de Residencias a infoLibre.
En paralelo, hay una causa por los fallecimientos de residentes en varios centros de Leganés que ha llegado al Tribunal Supremo y al menos 60 recursos de amparo esperando recibir una primera respuesta en el Tribunal Constitucional. Ayuso, por su parte, continúa defendiendo la hipótesis —desmentida por sus ex altos cargos— de que el Protocolo de la Vergüenza fue tan sólo un "borrador falso" que no se aplicó y, por tanto, no tuvo consecuencias.
