Los datos del Gobierno madrileño desmienten a Ayuso: se salvó el 65% de los residentes hospitalizados

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el Pleno de la Asamblea, esta viernes.

"Había muertos en todas partes. En las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio". Así ha respondido este jueves por la mañana en la Asamblea de Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a los testimonios recogidos por las actas que la Policía Municipal redactó desde varios geriátricos madrileños durante las peores semanas de la pandemia. Quien se los leyó fue la líder de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot. "Si no hicieron nada mal, entonces es que lo volverían a hacer, pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos", le espetó.

Fijó su mirada en un documento muy concreto, desvelado por infoLibre en junio de 2020. Lo redactaron y firmaron los agentes que visitaron el centro Geriasa el 9 de abril.Y contiene una frase contundente y clarificadora: "Preguntada [la directora del centro] al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que sólo son residencia y no hospital". Pero para Ayuso, como ha dicho este jueves, esa afirmación es falsa.

Sin embargo, al catalogarla como tal obvia algo fundamental: y es que sus propios datos le dan la razón a la directora de Geriasa y se la quitan a ella. En marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 mayores que vivían en residencias de Madrid. De ellos, 7.291 murieron en el propio centro, lo que significa que el 77% del total de decesos se produjo en el geriátrico. Y aquí viene un dato relevante: ese porcentaje se incrementó hasta el 84% en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que impedía traslados de los ancianos enfermos al hospital (5.343 mayores murieron en esos veinte días en sus residencias).

Pero hay una cifra todavía más clara. En esos mismos dos meses hubo derivaciones a hospitales desde las residencias. Concretamente, 6.308 —2.305 en marzo y 4.003 en abril–, siempre según los datos aportados por el Gobierno de Díaz Ayuso a infoLibre a través del Portal de Transparencia. De todas esas personas, murieron 2.179. Es decir, 4.129 sobrevivieron. El 65%. infoLibre ha preguntado por estos datos a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, pero no ha obtenido respuesta.

Todos estos datos incluyen tanto a residentes con covid o síntomas compatibles como a quienes tenían otras enfermedades, ya que en las semanas críticas se impidió el traslado de enfermos al hospital basándose en su grado de dependencia física o de deterioro cognitivo, tuvieran o no el virus.

Hay más cifras, en cualquier caso, que desmienten a la presidenta. En los ocho días del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Mientas que en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día).

Ayuso, a pesar de que todos estos son datos oficiales, ofreció otros muy diferentes durante el debate electoral de las elecciones del 4 de mayo de 2021. Dijo que el 70% de los mayores habían muerto en el hospital y, del mismo modo que este jueves, que el traslado no habría salvado a ninguna de esas 7.291 personas.

Hay otro dato importante. Y este parte de un estudio científico publicado en la la revista Epidemiología (disponible en este enlace). Según reveló, la mortalidad de los mayores con covid que no fueron derivados a un hospital tras contagiarse fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Concretamente, en la Comunidad, más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 falleció, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%.

Y es que no fue sólo la aprobación del Protocolo de la Vergüenza, sino otras acciones —u omisiones— las que provocaron la catástrofe en Madrid. Derivar a los hospitales, lamenta Carmen López, de Marea de Residencias, en cualquier caso, hubiera supuesto que los fallecimientos de los mayores se hubieran producido "ejerciendo el derecho a la sanidad, a morir dignamente, con oxígeno, cuidados paliativos y atención". El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, destaca lo mismo. "Se hubiera dado a muchos mayores la posibilidad de morir dignamente", señala. "Me parece muy osado sostener que nadie se habría salvado, pero es que el problema ya no fue sólo la no derivación", añade. Hubo más.

Primero: no se medicalizaron las residencias

El Protocolo que impedía la derivación hospitalaria a residentes y personas con deterioro cognitivo, firmado como desveló infoLibre el 18 de marzo de 2020, fue durante mucho tiempo para el Ejecutivo un mero "borrador". Una teoría que, no obstante, desmintieron directoras de residencias y, también, ex altos cargos que en aquel entonces formaban parte de su propio Ejecutivo. Ahora bien, su existencia no dejaba a la Comunidad con las manos atadas frente a los contagios masivos en los centros de mayores. Había otras alternativas. Una, de hecho, la recalcó el propio Defensor del Pueblo en mayo de 2021.

Lo hizo a través de su informe anual relativo al año 2020. "En las primeras semanas de la pandemia, en algunos centros con gran número de residentes contagiados no se consideró adecuado derivarlos a los hospitales, pero tampoco llegó asistencia médica ni de enfermería suficiente, ni medicamentos ni oxígeno, para atender a los residentes para los que no estaba indicada la hospitalización. [...] Los expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el traslado al hospital no siempre es lo mejor para pacientes mayores [...] pero para decidir hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones genéricas referidas únicamente a una determinada condición como la edad o la discapacidad". Es decir, hay que hacer todo lo contrario a lo que decidió Ayuso. Y dijo más: "En caso de no indicación médica de hospitalización, tiene que garantizarse que en la residencia el mayor tendrá la atención sanitaria debida. [...] Si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia".

La justicia dictaminó lo mismo. El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) dictó resoluciones ordenando que se medicalizasen las residencias de Alcorcón y Leganés, pero el Ejecutivo de Ayuso no se mostró conforme y recurrió las resoluciones judiciales. Pero el TSJM determinó que de los documentos que aportó el Gobierno autonómico para defenderse no se desprendía que se hubiera "procedido a dotar de personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario". Es decir, que era falso. Que no se medicalizó. Esto ahora, en el caso de Leganés, está en manos precisamente del Supremo.

Pero todavía hay más. Y es que son sus propios ex altos cargos quienen niegan esto. El propio firmante de los Protocolos, Carlos Mur, aseguró ante el juzgado de Plaza de Castilla en marzo de 2023 que ese personal médico, de enfermería y auxiliar sanitario había sido trasladado, con prioridad, "a otros dispositivos que se estaban abriendo". En otras palabras, al hospital de campaña de Ifema.

Segundo: sólo hubo 23 traslados a Ifema

Pero se hizo, ¿para atender a quién? A los residentes de los geriátricos no. El mismo Mur admitió, como había desvelado este periódico, que sólo se derivaron a ese espacio a 23 mayores en el tiempo que estuvo abierto: desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril. Ifema disponía entonces, dijo el Gobierno, de 5.000 camas, aunque finalmente solo fueron 3.811 las personas atendidas durante esas seis semanas que estuvo operativo.

En ese mismo periodo dieron positivo 10.298 personas que vivían en geriátricos, así que se envió al hospital de campaña al 0,22% de quienes sufrieron el virus, según los datos oficiales obtenidos por infoLibre. Además, de los 472 geriátricos que estaban operativos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en 470 no se realizó ni un solo traslado a Ifema.

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Aun así, las loas no faltaron. "Ifema se ha convertido ahora en el hospital milagro. Tanto es así que la paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el hospital milagro, porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado para después pasar a hoteles medicalizados o irse a casa con los suyos", dijo la propia Ayuso el 1 de mayo, el día en el que clausuró el espacio a pesar de que la crisis sanitaria continuaba. También en residencias.

Tercero: los hospitales privados tenían camas libres

29 de abril de 2020. Ayuso toma la palabra en la Asamblea de Madrid y pronuncia lo siguiente: "El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!".

Pero la realidad es que, en el caso de los residentes, solo fueron derivados a los hospitales privados aquellos que tenían un seguro privado. Es decir, los hospitales privados no recibieron ninguna derivación directa desde ninguna residencia. Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal de la sanidad privada, lo afirmó de hecho en una entrevista en Público. Sus hospitales tenían más de 2.000 camas libres en toda España, parte de ellas en Madrid.

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