El TS determinará si Madrid debió medicalizar las residencias tras aplicar el 'Protocolo de la Vergüenza'

La gestión de la Comunidad de Madrid sobre las residencias del municipio de Leganés ha llegado al Tribunal Supremo. En un auto fechado el pasado 20 de julio, y al que ha tenido acceso infoLibre, el alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación que el anterior Ayuntamiento, encabezado por el socialista Santiago Llorente, interpuso el pasado mes de octubre, meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimara la denuncia en la que el Gobierno municipal acusaba al regional de Isabel Díaz Ayuso de “inactividad” por no medicalizar los centros de mayores durante las peores semanas de la pandemia de covid-19, teniendo en cuenta que el Protocolo de la Vergüenza impidió la derivación de los residentes al hospital. 

Según las cifras que maneja el PSOE, en el municipio madrileño fallecieron sólo en la primera ola de la pandemia, 270 mayores, 200 de los cuales no fueron trasladados a un centro sanitario. Le ocurrió a la tía de Ana Cristina Gómez, que falleció en la residencia de Parque de Los Frailes. "No tenía covid confirmado, pero sí insuficiencia respiratoria, y no pudo ir al hospital", recuerda desde el otro lado del teléfono. "No fue justo lo que pasó con ella y con todas las personas que fallecieron en esas condiciones. En sus últimos días no dejó de sufrir", lamenta.

Carmen, usuaria de la residencia de Amavir El Encinar, también falleció en el centro. Y también por insuficiencia respiratoria, como explica su hijo José Luis, que prefiere no dar su nombre completo. "Desde el centro nos decían que estaba bien, tranquila, y que comía normal, pero a las 11 de la mañana del 21 de marzo nos llamaron para decirnos que había fallecido. Cuando nos enteramos de que existía un protocolo que impedía llevar a los mayores al hospital, quisimos saber qué había pasado", recuerda. Por eso participó, junto a Ana Cristina y otra veintena de familias, en una querella que todavía se encuentra en fase de instrucción.

Carmen López también está incluida. Su madre, que vivía también en los Frailes, sí fue trasladada a un hospital, aunque la tardanza en hacerlo hizo imposible su recuperación. "Hablábamos todos los días con ella porque tenía teléfono móvil en el centro, hasta que dejó de respondernos. Varios días más tarde nos llamó la doctora para explicarnos que estaba muy enferma. Fue entonces cuando pedí por favor que la derivaran. Ingresó el 5 de abril con una neumonía bilateral y estuvo luchando un mes, hasta que murió el 1 de mayo", relata.

En toda la Comunidad de Madrid, fueron 2.791 los ancianos que fallecieron sin recibir la atención médica que requerían, ni fuera de la residencia ni dentro.

Por esto último el Ayuntamiento de Leganés emprendió el proceso que ahora ha llegado al Supremo, que recoge en su auto que el objetivo ahora es determinar "si, en una situación de pandemia declarada", las normativas que implicaran "la restricción de la atención hospitalaria a los pacientes geriátricos en los centros sociosanitarios" determinan y exigen "el uso de estos centros como espacios de uso sanitario, ya sea en régimen de consulta, o de su hospitalización".

Es decir: determinar si la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza que impedían derivar implicaban necesariamente que los centros residenciales debían proporcionar ese servicio. Lo dijo el que fuera consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". También lo señaló el Defensor del Pueblo en su informe anual del año 2020. "En caso de no indicación médica de hospitalización, tiene que garantizarse que en la residencia el mayor tendrá la atención sanitaria debida. [...] Si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia", dijo la institución.

Con esta premisa, el Ayuntamiento de Leganés denunció en abril de 2020 a la Comunidad de Madrid ante el TSJM en un proceso paralelo al que emprendió el Ayuntamiento de Alcorcón. En ese momento el tribunal fue claro y obligó hasta en cuatro ocasiones al Ejecutivo de Ayuso a "medicalizar" las residencias de mayores, algo que definió como dotarlas "del personal sanitario necesario" y "del material preciso para actuar sobre los residentes".

La Comunidad recurrió y en julio de 2022 el Tribunal Superior de Justicia dio un giro de 180 grados a la doctrina que habían sostenido durante dos años. Los jueces sostuvieron entonces radicalmente lo contrario: que la normativa sobre residencias para combatir la pandemia, normativa derivada de una orden estatal, no establecía "ninguna obligación con un contenido prestacional concreto y determinado a cargo de los órganos autonómicos competentes". El TSJM adoptó, así, la tesis que la Comunidad de Madrid defendió desde que empezó el proceso en abril de 2020: no existía "como tal una obligación de dotar de un uso sanitario a los centros residenciales", dijeron en respuesta a la demanda del Ayuntamiento de Alcorcón.

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Ahora, y aunque el Supremo ha admitido a trámite el recurso de Leganés, está en duda que el proceso siga adelante porque el pasado 28 de mayo el Gobierno municipal cambió de color. El nuevo alcalde, el conservador Miguel Ángel Recuenco, confirmó el pasado jueves en una entrevista en la Cadena Ser que el letrado del Ayuntamiento decidirá si se retira o no el recurso que, criticó, "se basa en unos hechos de 2020". "Una resolución en 2023 qué sentido tiene", dijo. Según añadió, el recurso es tan sólo una "utilización mezquina del dolor de los familiares".

"Duele mucho escuchar eso. Abandonaron a nuestros seres queridos y a las personas más vulnerables. Les negaron una sanidad y una medicalización en las residencias", denuncia Carmen.

El PSOE, en este sentido, ha exigido al actual regidor que aclare su posición y si va a seguir "rindiendo pleitesía a Ayuso" y restando "importancia a los terribles momentos" que se vivieron en Leganés, denunció la secretaria general del PSOE de Leganés y portavoz del Grupo socialista.