Legitimidad y democracia

Los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, fuera de la “legalidad vigente”, la aplicación de la ley en contra cualquier autoridad serán condenados a 15 años de cárcel por sedición, sin embargo, por gestionar la muerte de cientos de ciudadanos a favor de criterios económicos espúreos durante esta fase de la pandemia no será nunca interpretado como un acto criminal, tan sólo es política. Se impondrán penas, de seis a 24 meses, al que utilizare la imagen del rey o reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes (la del incorrupto rey emérito, por ejemplo) de manera que pueda dañar el “prestigio” de la corona, no obstante, a la gente se la castigará por cruzar una calle de dos metros de ancho desde un área de “movilidad restringida” a otra que no lo es con multas que van desde 600 a 600.000 euros utilizando para ello, si es preciso, a la Guardia Civil y el Ejército.

¿Injusticia sobre injusticia? Si la democracia no tiene dispositivos para frenar la injusticia institucional, si la constitución no sirve para garantizar las mismas oportunidades para vivir o morir, si las leyes no sirven para procurar la igualdad de todos ante amenazas como la pandemia, ¿no estaremos equivocándonos peligrosamente en lo que significa el ideal de la democracia?

Feliciano Fernández García es socio de infoLibre