Fabricantes automóviles

El 'caso Volkswagen' resucita la controversia de los asesores opacos de la Comisión Europea

Un activista de Greenpeace protesta junto al logotipo de Volkswagen en la fábrica de Wolfsburgo (Alemania) este 9 de noviembre.

La decisión, tomada a finales de octubre, de suavizar ciertas aspectos de los tests anticontaminación a los que se somete a los vehículos diésel en la Unión Europea ha provocado una gran controversia, coincidiendo con el escándalo de Volkswagen. Ha puesto de relieve el doble discurso que mantienen algunos responsables franceses en materia de lucha contra el calentamiento climático. También ha revelado la existencia en Bruselas de una miríada de comités técnicos, cuyo funcionamiento es opaco y que desempeñan un papel clave a la hora de trasponer las directivas adoptadas por los Estados miembros, por encima del Parlamento Europeo.

¿Quiénes son los expertos que integran estos comités? ¿Cómo trabajan con el hemiciclo de Estrasburgo? Estos comités, ¿son compatibles con los mecanismos de una verdadera democracia representativa a escala europea? Mediapart ha trasladado estas preguntas a Cécile Robert, profesora e investigadora en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Lyon, que hace años que estudia el papel que desempeñan estos expertos y que ve en estos comités prácticas “representativas” de las dificultades con las que se hace la política en Bruselas.

Pregunta.El Comité Técnico sobre Vehículos de Motor  (TCMV), que acaparó titulares a finales de octubre, pertenece a un concepto comunitario desconocido por el gran público, el de la comitología. ¿En qué consiste?Comité Técnico sobre Vehículos de Motorcomitología

Respuesta. La comitología nació de un principio general conforme al cual los Estados delegan a la Comisión Europea competencias para ejecutar las directivas adoptadas, pero con la condición de que, a su vez, la Comisión esté sometida a control. Más concretamente, se crean comités integrados por representantes de los Estados miembros, para asegurarse de que la aplicación de un texto legislativo, o la labor consistente en adaptar textos muy generales, se ha llevado a cabo de forma adecuada, es decir, acorde a las intenciones del legislador. Debería apoyarse en expertos y en el conocimiento de campo de los administradores nacionales. Está práctica existe desde 1962 y, en la actualidad, existen unos 300 comités.

En el caso del TCMV, la decisión se tomó años antes de reformar los tests anticontaminación de coches. En este caso, la labor del comité es la de precisar las intenciones del legislador, determinando umbrales precisos, cuantificados, en un diálogo permanente con la Comisión. Algunos comités son puramente consultivos, pero no es el caso de éste. El Parlamento y el Consejo pueden oponerse en los tres meses inmediatamente posteriores, en lo que se llama, en el argot, “procedimiento de reglamentación con control”. Pasados tres meses, la decisión es vinculante.

P. Según las informaciones a las que ha tenido acceso Mediapart, Francia contaba con dos representantes en esta reunión: un funcionario del Ministerio de Transportes y un miembro del gabinete de la ministra de Ecología, Ségolène Royal. ¿Es normal que un miembro del gabinete participe en este tipo de comités?

R. No me sorprende. La lógica dicta que estos comités estén integrados por personal de la Administración central, por ejemplo por un funcionario del Ministerio de Transportes, pero a la hora de abordar decisiones sobre asuntos considerados “sensibles”, susceptibles de tener cierta repercusión mediática, o que afectan a varios ministerios, pueden acudir también personas que poseen más experiencia negociadora o un perfil más político. Sea como fuere, las personas que forman parte de estos comités no lo hacen a título personal, sino en nombre del Estado miembro al que representan.

P. No se conoce el nombre de las personas que participan en estos comités, se ignora todo lo relativo a las posturas defendidas por los Estados miembros en su seno... ¿Qué opina?R. 

No estoy segura de que mantener el anonimato de las personas participantes perjudique al debate democrático. Sin embargo, conocer las consignas dadas a estas personas en nombre de Francia, por ejemplo, me parece importante desde un punto de vista democrático. Estos años se han producido progresos en lo que respecta a la transparencia en el funcionamiento de algunos comités, pero es fundamental saber cuáles son las posturas que defiende cada Gobierno.

P. Hay eurodiputados que la semana pasada criticaron la influencia de los lobbies de la industria automóvil, que supuestamente se han infiltrado en estos comités. ¿Es así?lobbies

R. Además de contar con estos comités de representantes de los diferentes Estados miembros a los que he hecho mención, la Comisión es libre de convocar, con total libertad, a diferentes grupos de expertos para abordar cualquier asunto de su elección. Son instancias paralelas, dirigidas a alimentar los informes técnicos y donde hay expertos de todos los sectores, de la industria a la sociedad civil. En estos últimos años, el Parlamento, especialmente, y también las ONG, han puesto sobre la mesa la cuestión del equilibrio de estos peritajes. Es verdad que aquí, en el caso del grupo de trabajo relativo al sector de la automoción, la industria está ampliamente representada.

Dicho esto, estos peritajes tienen carácter consultivo. Alimentan el trabajo del comité de representantes nacionales que es el que tomó formalmente la decisión de la semana pasada. En este sentido, refleja no sólo una dependencia respecto al peritaje que efectúa el sector privado, sino también, sin lugar a dudas, respecto al apoyo que le dan –como en muchos otros casos – los países a sus industrias nacionales [en este caso concreto, el apoyo de Alemania a Volkswagen].

P. Estos comités de expertos ¿son compatibles con las exigencias democráticas de la Unión?

R. Hay varias maneras de responder a esta cuestión. En primer lugar, nos encontramos ante el desafío de lo que el legislador delega a la Comisión (y a veces a estos comités). Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa [en 2009], se trata fundamentalmente de medidas de ejecución y de “aspectos no esenciales” de un texto legislativo. Pero en muchos aspectos, los detalles se revelan cruciales, como sucede aquí con los famosos márgenes que se da a los fabricantes. Los detalles pueden cambiar notablemente el sentido político y las consecuencias del texto inicial. Ese perímetro es decisivo y se pone de manifiesto en las dificultades que conlleva, además es objeto de un debate recurrente en Bruselas y ha sido muy contestado por parte de los legisladores nacionales.

Hay otra cuestión. ¿Cuáles son los actores legítimos para controlar estos comités? Inicialmente, el Parlamento Europeo estaba al margen de la cuestión, actualmente ya no tanto. Pero la pregunta sigue siendo pertinente: ¿cómo se hace para que los que toman las decisiones, por no hablar de los asesores, en estos comités, rindan cuentas a los ciudadanos? La comitología pone de manifiesto las dificultades que implica la manera de hacer políticas públicas en Bruselas. Especialmente, en lo que respecta a la multiplicación de los lugares de negociación y a la falta de publicidad de esta contribuyen a hacer difícilmente inteligible quién hace qué, quién decide qué, y quién toma parte y por qué en Bruselas.

Traducción: Mariola Moreno

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