Pensiones: las movilizaciones continuarán

ANTECEDENTES

Las primeras medidas graciables del gobierno del Partido Popular, que pretendían desactivar las movilizaciones, ya son sólo una anécdota.

La cogestión de Ciudadanos junto al PP ha sido un verdadero fracaso y el cambio posicional del gobierno aceptando las propuestas del PNV y relegando las del partido naranja ha resultado un duro golpe para las acostumbradas técnicas oportunistas de esa formación.

El nuevo acuerdo entre el PNV y el gobierno del Partido Popular contempla un ajuste de las pensiones basado en el IPC para los años 2018 y 2019, postergando asimismo hasta el 2023 la aplicación del Factor de Sostenibilidad.
 

REFORMA DEL 2013 - TOCADA PERO NO HUNDIDA

La reforma de las pensiones del 2013 del Partido Popular está tocada pero no hundida y lo pactado con el PNV tampoco servirá para acabar con las manifestaciones por los siguientes motivos:

1- La revisión de las pensiones por el IPC solo tiene prevista su aplicación para 2018 y 2019. En el pacto de Toledo se están buscando fórmulas para relacionarlo con otros indicadores, (salarios, productividad, incremento del PIB), todo ello dirigido a disminuir la influencia del IPC como factor troncal en el ajuste anual de las pensiones.

2- Las pensiones no son dignas. La mitad de las pensiones contributivas no pueden seguir estando en ningún caso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Deberían alcanzar, en una primera instancia, las 14 pagas de 735,90 euros y actualizarse en lo sucesivo al mismo tiempo que lo hace ese indicador.

En el caso de las no contributivas, corresponde relacionarlas en principio con los valores actuales del IPREM (Índice Público Renta Efectos Múltiples), que en 2018 es de 537,84 euros aplicado en 14 pagas, ajustándose en lo sucesivo en el mismo porcentaje anual que las contributivas.

3- El Factor de Sostenibilidad sigue vigente. Fue implementado en el año 2011 por el gobierno del PSOE para ser aplicado a partir de 2027. La reforma del PP del año 2013 lo adelantó al 1 de enero del 2019 y ahora se ha postergado hasta el 2023. Sigue vigente, representando el mayor riesgo para los pensionistas presentes y futuros. En los países de nuestro entorno existen hasta cuatro fórmulas de aplicación de dicho Factor, que compiten entre sí para ver cuál resulta la más perjudicial en el cálculo final de las prestaciones.

4- La metodología para integrar las lagunas de cotización al 50% del salario mínimo, aprobadas en 2011 por el PSOE con la anuencia de los sindicatos mayoritarios y los empresarios, que han significado un claro perjuicio en el cálculo de la base reguladora de los nuevos pensionistas, sigue vigente.

5- El déficit crónico que en 2017 se situó en los 18.756 millones de euros, el 1,61% del PIB, se mantendrá en 2018, no por el ajuste del IPC, sino porque no se ha tomado ninguna medida para mejorar las fuentes de financiación. Este problema fundamental para el sistema público de pensiones sigue vigente.

6- El Partido Popular está desmantelando la caja única de la Seguridad Social y el FMI, Bruselas y el Banco de España, que analizan las cuentas del Estado español, alegarán que el déficit de la Seguridad Social ha pasado a ocupar el primer puesto de los distintos rubros en que se subdividen los Presupuestos Generales del Estado. Las recomendaciones sobre el cambio de sistema y la contratación de planes de pensiones privados complementarios se verán multiplicadas.
 

CÓMO REPERCUTEN LOS IMPUESTOS EN LOS TRABAJADORES Y EN LAS EMPRESAS

Cuando se menciona la necesidad de introducir los impuestos como fuente de financiación de las pensiones, es importante comprobar como repercuten los mismos en los diversos sectores afectados.  

La recaudación real de Impuestos Tributarios alcanzó en 2017 los 198.100 millones de euros superando levemente a la del año 2007. A pesar de la similitud en las cifras totales su distribución ha variado sustancialmente en el período analizado.

El Impuesto a la Renta de la Personas Físicas (IRPF) y el IVA han crecido en su incidencia sobre el total de lo recaudado, pasando del 63% en 2007 al 73% en 2017. El Impuesto de Sociedades en cambio ha disminuido como fuente de ingresos del 23% al 11,5% en igual período.

En concreto, de los 44.962 millones de euros que se recaudaban en 2007 en el Impuesto de Sociedades, en el 2017 se ingresaron apenas 23.143 millones de euros.

Un regalo a las empresas de 22.000 millones de euros, basado en tres actuaciones:

a) Las reducciones al resultado del ejercicio para determinar la base imponible han beneficiado sistemáticamente a las grandes empresas.

b) La posibilidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores se ha extendido en primera instancia a quince años, luego a 18 años y actualmente a toda la vida útil de las empresas.

c) El porcentaje a aplicar sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades ha pasado sucesivamente del 35%, al 32,5%, al 30%, al 28% y a partir del 2016 se encuentra en el 25%.

No puede sorprender entonces que la cuota final a pagar de las empresas haya representado un exiguo 7% de sus beneficios reales del año 2017.

Resulta así que las reformas fiscales en manos del PP, y ahora también en manos de Ciudadanos, siempre inciden directamente o repercuten finalmente en perjuicio de los trabajadores y en favor de las grandes empresas.

Es necesaria una reforma fiscal que incremente los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, priorice los gastos relacionados con las necesidades sociales de la ciudadanía y además resuelva equitativamente la repercusión de los gravámenes.
 

LAS MOVILIZACIONES RECIÉN HAN COMENZADO

En principio los pensionistas sólo pueden confiar en la fuerza que les conceden las movilizaciones. En segunda instancia en los partidos políticos que se comprometan a derogar las dos reformas de la pensiones, del año 2011 (PSOE) y del año 2013 (PP), con restablecimiento de la jubilación a los 65 años.

Es necesario ampliar sustancialmente las fuentes de financiación propias de la Seguridad Social. Puede mejorarse su situación financiera anual en 30.000 millones de euros, dentro del propio sistema de recaudación de la caja única.

Es posible el incremento de los ingresos, la reasignación de gastos, la eliminación de reducciones a las cotizaciones sociales, el control de la economía sumergida y de los falsos contratos a tiempo parcial.

A título de ejemplo, se obtendrían 7.500 millones de euros con el destope de las cotizaciones sociales, fijadas para el año 2017 en un máximo de 45.014 euros de salario anual. En la Unión Europea de los quince encontramos a ocho países que superan considerablemente el tope máximo establecido en España, mientras que otros cinco ya operan sin ningún tipo de límite en la recaudación de las cotizaciones sociales.

Es imprescindible, además, suprimir las dos reformas laborales del PSOE en 2010 y del PP en 2013 para implementar una sustancial mejora de las condiciones del mercado laboral, que permita crear empleo suficiente, estable y de calidad, que reduzca la desigualdad e incremente los salarios, y por consiguiente, los ingresos de la Seguridad Social.

Con los remiendos introducidos en el nuevo acuerdo y la planificación de mínimos impuestos a la banca o empresas tecnológicas a partir del año 2019, que repercutirán finalmente en los usuarios, no se solucionará nada en el tema pensiones.

Por último, después de tantas frustraciones por como se está gestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones por los partidos políticos y los sindicatos, es necesario conseguir que las asociaciones de pensionistas  participen activamente en las negociaciones que establezcan las necesarias mejoras del sistema.

Las reivindicaciones por unas pensiones dignas y para superar los riesgos a que está sometido el sistema de reparto y la caja única de la Seguridad Social tienen más sentido que nunca. Las exitosas movilizaciones en todo el país rechazando los acuerdos del PNV, PP y Ciudadanos recién han comenzado.