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El rey: ¿responsable ante Dios y ante la historia?

José Antonio Martín Pallin
Publicada el 22/06/2020 a las 06:00 Actualizada el 22/06/2020 a las 15:05

Hace varios siglos el Apóstol San Pablo en su Epístola a los Romanos sostuvo, siguiendo las tradiciones bíblicas, que todo el poder procede de Dios. En los siglos posteriores esta idea fue recogida y reforzada por numerosos teólogos que llegaron incluso a sostener esta teoría hasta tiempos muy recientes, y así se puede comprobar repasando los textos de algunas constituciones, elaboradas cuando ya se había producido la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En consecuencia, nadie podía exigir responsabilidades al Soberano sin ofender a Dios, que le había otorgado su poder.

La mayoría de las Constituciones que han jalonado nuestra historia reciente contienen un estribillo, a modo de cláusula de estilo, en función de la cual: "La persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Algunas son más precisas y añaden que: "Son responsables los Ministros". La Constitución de 1876 todavía es más concreta y detallada y establece taxativamente que son responsables los ministros y que ningún mandato del rey puede llevarse a efecto si no está refrendado por un Ministro, que por solo este hecho se hace responsable.

Como no podía ser de otra manera, la Constitución de la Segunda República rompe con esta tradición y establece la responsabilidad criminal del Presidente por las infracciones delictivas de sus obligaciones constitucionales.

Consolidado el golpe militar con la derrota de la democracia y la República, Franco, que había sido proclamado Jefe del Estado el 1 de Octubre de 1936, posiblemente porque a alguno de los golpistas le parecería inoportuno, no se considera investido por la Gracia de Dios. Sin embargo, cuando ya se siente más consolidado e indiscutido, el 17 de Mayo de 1958, proclama autocráticamente que su responsabilidad solo será ante Dios y ante la Historia. Años atrás aupado por la Iglesia Católica Apostólica y Romana que le consideró el Caudillo de una Cruzada, se atrevió a imprimir en las monedas de curso legal el lema: "Caudillo de España por la Gracia de Dios".

Al parecer, estas ancestrales y extravagantes prerrogativas y privilegios se han trasladado a la Constitución de 1978. La Mesa del Congreso de los Diputados, recogiendo el dictamen de los Letrados de las Cortes, inspirado en dos sentencias del Tribunal Constitucional en las que se dice que: "el titular de la Jefatura del Estado, encarnada en la persona del rey, es inviolable y preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos", añade que "a la inviolabilidad se une la no sujeción a responsabilidad, en referencia a que no pueda sufrir la imposición de consecuencias sancionatorias por un acto que, en otro caso, el ordenamiento así lo impondría". En consecuencia, concluye el dictamen, la protección jurídica se relaciona "con la persona y no con las funciones que el titular de la Corona ostenta".

Quizá no se han dado cuenta de la gravedad de esta última conclusión. Elevan a una persona humana a la categoría de un Dios omnipotente e impune. Esta categoría divina no se extingue con la pérdida de su condición de monarca sino que se extiende, de por vida, hasta su muerte. Solo Dios y la Historia podrán juzgarle. Con ello se zanja el debate y, como nos enseña Montaigne en sus Ensayos, con su imperecedera sabiduría: "Hay que dedicarse poco a juzgar la reglas divinas".

Simplemente con la literalidad de los artículos 56.3 y 64 de nuestra Constitución, se llega a la conclusión inevitable de que la exención de responsabilidad se refiere a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, que son los únicos que pueden ser refrendados. Resulta inimaginable que un Ministro refrende operaciones de cohecho, corrupción o blanqueo de capitales, e incluso otras de mayor entidad delictiva. Según los Letrados la inviolabilidad es absoluta y tiene efectos permanentes. La conclusión me parece de imposible encaje en los principios constitucionales y en el derecho internacional sobre las inmunidades y privilegios de los Jefes de Estado.

El Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada el 18 de Abril de 1961, reconoce que:"tales inmunidades y privilegios se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados". En opinión del internacionalista Thomas Bruce Broomhall, este mismo fin funcional e impersonal se aplica, mutatis mutandi, a la figura del Jefe de Estado.

Llevada hasta sus últimos extremos la doctrina sentada por el dictamen de los Letrados de las Cortes, se ampliaría su impunidad y se exoneraría de responsabilidad penal al rey, ante el Tribunal Penal Internacional creado por el Estatuto de Roma, firmado y ratificado por España, cuyo artículo 27 establece con claridad y rotundidad que en el caso de los delitos comprendidos en su texto (genocidio, tortura, lesa humanidad y crímenes de guerra) no se exime de responsabilidad penal a los Jefes de Estado.

Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, reconoce que la Constitución recoge igualmente una clara exigencia de cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del Derecho Internacional. Entre ellas, lógicamente, se incluyen las obligaciones contenidas en Tratados Internacionales celebrados por España en materia de inmunidades, así como otro tipo de obligaciones que puedan derivar del Derecho Internacional consuetudinario o de sentencias obligatorias de tribunales internacionales.

El Instituto de Derecho Internacional, integrado en el organigrama de Naciones Unidas, mantuvo que la inmunidad de los Jefes de Estado por sus actos respondía a tradiciones consuetudinarias y que era necesario y recomendable precisarla y ponerla en cuestión si se pretendía que fuese absoluta. El derecho internacional consuetudinario distingue entre inmunidad personal e inmunidad funcional.

En lo que se refiere a la distinción entre actos públicos y actos privados (o también, entre un acto o conducta llevada a cabo por un Jefe de Estado bajo sus capacidades oficiales o bajo sus capacidades personales) cabe señalar que esta distinción ha implicado no solo una erosión en materia civil, sino también que se abra la puerta al cuestionamiento de mantener una inmunidad absoluta en materia penal. Ello responde al hecho de que dicha erosión se viene produciendo en buena medida gracias al desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional. El principio de inmunidad absoluta está seriamente cuestionado y resulta incompatible con el moderno constitucionalismo.

Más dificultades presenta la cuestión de someter al rey, como Jefe del Estado, a las Comisiones de Investigación previstas en los Reglamentos de ambas Cámaras. Quedan descartadas las investigaciones sobre todas aquellas decisiones que deben ser refrendadas por los Ministros. Sin embargo la inmunidad no abarcaría las que se pudieran constituir para depurar las responsabilidades del Rey sobre los actos que realiza como persona fuera del ámbito de sus funciones constitucionales. Me estoy refiriendo a conductas que pudieran encajar en las previsiones del Código Penal. Ahora bien, en estos casos, me parece necesario advertir sobre las dificultades y contraindicaciones que surgen de realizar una investigación política que se solapa sobre actuaciones seguidas en los órganos de la justicia penal.

Somos varios los que hemos advertido que la legislación española sobre Comisiones de Investigación debe ser urgentemente revisada. En Francia no puede superponerse una investigación parlamentaria a una investigación judicial sobre los mismos hechos. Desde el momento en que un Juzgado abre una investigación debe suspenderse la investigación parlamentaria. En Bélgica se aboga por esta misma solución. En Alemania son compatibles las dos investigaciones pero, en la práctica, la parlamentaria cesa cuando se inicia la judicial.

Me parece que la decisión de la Mesa del Congreso, declarando que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes, nos hace retroceder a tiempos en los que primaba la teología sobre el constitucionalismo.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

 

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15 Comentarios
  • ADL3 ADL3 23/06/20 17:44

    Constitucionalismo moderno o antiguo. No quiero tener la razón por que sí, pero no me hagan comulgar con ruedas de molino mientras no la pierda.
    Puede que en otros países citados resulte productivo esa dejación en manos de la Justicia de estos asuntos. Aquí, mientras no se depure y purifique el sistema judicial, ese falso poder que estamos obligados a reconocer para no caer en la duda, en que nos están manejando sin hilos, no funcionaría.
    Con lo sana que es la duda!.
    Sr. Martín Pallín, ya que tengo difícil tenerle como maestro, intente dejarnos una nueva constitución. Aunque sea novelada. Seguro que sabe rodearse de buenas gente. Sería un gran legado.

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  • Chovo1 Chovo1 23/06/20 08:20

    Sr. Martín Pallin, en su ultima frase mantiene que la determinacion de los letrados de las Cortes nos hace rettroceder a tiempos en los que primaba la teología sobre el constitucionalismo, y me pregunto, ¿acaso en los últimos ochenta años ha dejado de prevalecer la teología no ya sobre el constitucionalismo sino sobre el sentido común?

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  • JPZ JPZ 22/06/20 23:25

    Una argumentación sólida para que de una vez se cumpla la Constitución sin pasar por el tamiz interpretativo heredado del franquismo. Hace falta que los partidos progresistas se lo crean y lo apliquen. De no ser así la derecha seguirá siendo hegemónica.

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  • GRINGO GRINGO 22/06/20 22:08

    Después de tan exhaustiva explicación, se me ha ocurrido que lo podía ir a explicar a Ferraz, 70, sede del PSOE, pero luego lo he pensado mejor y he dicho NO.

    Ellos lo saben perfectamente, pero se callan como se han callado en los últimos 40 años largos, porque son tan sinvergüenzas y culpables como el "Demérito", no hay otra explicación señores del PSOE o del P..E.

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  • yokin yokin 22/06/20 21:58



    Yo creo que es anacrónico en estos tiempos que alguien ostente el cargo de la jefatura de un estado por derecho de sangre, y dado lo bien atado que quedó en nuestra INAMOVIBLE CONSTITUCION, salvo si es conveniente para los que mandan, que entonces se cambia lo que haya que cambiar en pispas, como pasó con el articulo 135, así que, tal como están las cosas, seguiremos teniendo rey por mucho tiempo, no entendía lo de la inviolabilidad del rey, ahora empiezo a ver las razones, si a un gobernante se le acosa constantemente con denuncias que aunque al final no lleguen a nada, está claro que de alguna manera se le dificulta gobernar, un ejemplo lo tenemos actualmente con el delegado del gobierno en la comunidad de Madrid y con la multitud de denuncias contra el gobierno de la nación que están interpuestas por su actuación en esta pandemia, de las que ya iremos sabiendo en los tiempos próximos, para seguir emierdando todo lo que se pueda, ya sé que el gobierno no tiene inviolabilidad, tiene aforamiento, pero tanto el aforamiento para los políticos mortales, como para los reyes divinos, estos privilegios deberían ser solo para sus actuaciones en el ejercicio publico de sus funciones, sí abdican o dimiten, quiere decir que renuncian al cargo, no? Pero tanto si abdican o dimiten como si no, en su vida privada, deberían ser tan responsables y sin privilegios como cualquier ciudadano, eso parece lo mas justo y razonable, pero claro, hablamos del rey, en las cosas divinas no hay sitio para la justicia y la razón, todo es cuestión de fe, y la fe es algo inexplicable, como todo lo divino, tal vez mi interpretación de estas cosas, inviolabilidad, aforamiento, divinidad y fe no sean las correctas, si es así, no es con mala intención, si acaso es por mi ignorancia, lo que he tratado de decir es que los privilegios están bien en su justa medida, si no es así, son abuso de poder. Saludos.

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  • kneter kneter 22/06/20 16:36

    Vaya porquería de jefatura del estado, que puede esperarse de esa estirpe de borbones tarados y corruptos............y ahora sale el actual monarca a renunciar una herencia de su padre conseguida de manera delictiva diciendo que hace un año firmó un documento notarial en ese sentido, oiga NO, cuando fue conocedor de ese delito debió acudir a Anticorrupción, de lo contrario como se llama a quien encubre ese delito ??
    Salut i República 

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  • Antonio LCL Antonio LCL 22/06/20 16:31

    Un placer la lectura de su artículo, por su rigor y claridad. Muchas gracias magistrafo.

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  • senenoa senenoa 22/06/20 12:49

    Más claro, agua.

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  • Aserejé Aserejé 22/06/20 12:11

    Magistral y valiente articulo, como siempre, Sr. Martin Pallin. Un orgullo q escriba en InfoLibre y poder leer y sentir sus conocimientos, claridad y valentia,virtudes q no se encuentran en algunos Jueces q tenemos en España

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  • Camariscal Camariscal 22/06/20 11:28

    Si no recuerdo más el presidente frances Chirac fue enjuiciado por delitos realizados durante su mandato una vez cesó en el cargo.Totalmente de acuerdo con el análisis del magistrado uno de los grandes juristas de nuestra joven democracia 

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    • Antonio Basanta Antonio Basanta 23/06/20 16:57

      Pues recuerda mal: Porque Chirac no fue enjuiciado (ni podía serlo) por actos como Presidente de la República, sino por actos cometidos años antes como Alcalde de Paris.

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      • Dver Dver 25/06/20 20:22

        Para el caso es lo mismo. ¿O es que quién ostenta un alto cargo está más allá del delito?

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