Segunda vuelta

Vox, tras el insulto acechan las políticas

Pilar Velasco

El follow the money, la máxima que se atribuye al periodista Bob Woodward utilizada como regla de oro para destapar la corrupción, es el "sigue el insulto" de Vox. Si quieres saber qué política social y económica quieren desmantelar, escucha la ofensa, el exabrupto verbal, sigue el rastro de la provocación. Tras dos años de ultraderecha institucionalizada, asistimos a una táctica clonada en bucle. Las agresiones verbales no pretenden solo llamar la atención. Capitalizar el debate. Llevarnos a su terreno. Que también. En la Vox politics 2.0, su programa de patada en la puerta a los derechos civiles viene precedido del escándalo, pero no para quedarse ahí.patada en la puerta

Detrás del "¡bruja!" del diputado de Vox a una diputada del PSOE está la intención de agitar la maquinaria del activismo ultra antiabortista, la antesala del debate de la futura ley del aborto en la que trabaja el Ministerio de Igualdad. Ese bruja tan medieval es la reacción visceral a un nuevo delito que les perjudica porque sanciona el acoso a las mujeres en las clínicas de abortos, ahí donde van los provida arropados por Rocío Monasterio. Reivindican la "libertad" de machacar a una mujer que cuando va a abortar puede estar pasando uno de los momentos más duros de su vida. La futura ley querrá regular que el Estado garantice el acceso, que esa mujer acuda segura a una clínica, sin insultos en la puerta, sin la difusión de su imagen en las redes. Y también abordará la educación sexual, los derechos de las mujeres, la autonomía en las decisiones reproductivas, familias LGTBI incluidas. Todo un listado ante el que Vox reacciona con ese bruja como si quisiera lanzar un exorcismo.

El hostigamiento verbal de la diputada ultra Macarena Olona a la periodista Cristina Pérez retrata la estrategia trumpista de acoso y derribo. trumpistaIncrepar, levantar la voz, la mano, amedrentar a una profesional por preguntarle si suscribe que se insultara a otra diputada en el Congreso. Una respuesta "elocuente" –que diría Olona–, quejarte de que te llamen fascista con modos camorristas. Más allá del decoro, está el derecho a la información. El Supremo les obligó a no discriminar a medios en actos electorales y lo incumplieron en las elecciones de Madrid. La Constitución les obliga a proteger el derecho a la información y animan a sus ultras a abuchear a periodistas en sus actos. Un largo etcétera con el que hacen irrespirable el ambiente cuando se les pregunta lo que no quieren.

Olona no ha reprochado el insulto medieval igual que tampoco condena enérgicamente el "fuera maricas de nuestros barrios". Desde la denuncia falsa del joven en Madrid, Vox ha aprovechado la palanca para pedir derogar las leyes LGTBI. Y si pudieran, si el PP de Madrid lo permite, lo harán. No es una guerra cultural, es una guerra contra los derechos. Si estuviéramos en Hungría o Polonia los insultos de Vox ya habrían quedado atrás y estarían retratados en el BOE.

A la brutalidad verbal de la extrema derecha suele acompañar una debilidad intelectual flagrante. Tediosa de desmontar, pero es necesario hacerlo para evitar que los ciudadanos, ante estos ataques, caigan en la frustración, la rabia, la desafección. Está probado que el trabajo de verificación de medios como Newtral.com o Maldita.com es imprescindible para frenar los bulos. La periodista Gemma Nierga ha hecho lo propio con el diputado Jorge Garriga en TVE. "No reconozco al colectivo LGTBI, no hay que colectivizar", decía Garriga. "Entonces –respondía Nierga–, ¿Por qué no hace usted lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza y los trata como colectivo?". Si algo nos enseñó el trumpismo, es que el buen periodismo da sus frutos. trumpismoQue los medios anglosajones no desfallecieran dio herramientas a los ciudadanos y sostuvo la democracia durante cuatro años de amenazas. "Periodismo en defensa propia", en palabras de Iñaki Gabilondo. Y colectiva.

En este contexto, provocado por sectores minoritarios pero asfixiante para la convivencia, los fallos de las instituciones salen más caros que antes. La delegada de Madrid no debió subestimar una manifestación filonazi. Mucho menos debió permitir que se pasearan por Chueca. O que la multa no supere lo que te puede caer por tomarte una cerveza en un parque. Pero tampoco se entiende que la Audiencia Nacional dictara una larga lista de condenas a tuiteros, desde el célebre César Strawberry a chavales veinteañeros, y ahora los delitos de odio se disuelvan en los juzgados.

Es desalentador que criminalizar a los menores no acompañados, cargar contra el colectivo gay, disparar a una diana con la imagen de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y de medio Gobierno no tenga consecuencias judiciales. O que tras el asesinato de Samuel Luiz tuviera que dictarse una instrucción porque hasta ese momento los insultos penalizaban. Si ha tenido que crearse una comisión de delitos de odio porque no estaban registrados en las estadísticas de criminalidad, tendrá que haber mejores instrucciones para responder a cómo se persiguen las nuevas formas del odio, los nuevos acosos que alteran la convivencia y aumentan la indefensión de quien lo sufre.

Los que difunden odio pretenden que no hablemos del odio para no hacerles responsables. A Vox le ofende que se unan los discursos con ciertos comportamientos. Pero si te encaras con una periodista estás legitimando que otros traten igual a los periodistas. Si insultas a una diputada, estás dando vía libre a que los ciudadanos insulten por la calle. Malversar el dinero público es tan grave como malversar los escaños. Y la brujería no existe, pero el fascismo sí.

Abuchear presidentes, aplaudir cabras

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