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Memoria histórica

¿Qué aceptan y qué rechazan el PP y Ciudadanos de la ley andaluza de memoria?

Localización de restos humanos en la fosa de Puerto Real (Cádiz).

A finales de 2017 la ley de memoria histórica que impulsó José Luis Rodríguez cumplirá diez años. En este tiempo, la visceralidad con que la derecha reacciona al tratamiento político de la cuestión se ha rebajado. ¿Una prueba? La ley de memoria democrática de Andalucía, que se debate y se vota en el pleno autonómico este mismo miércoles, ha superado hasta ahora todos los trámites parlamentarios sin votos en contra. El PP y Ciudadanos se abstuvieron en febrero en la votación del dictamen que salió de la Comisión de Cultura, un texto acordado por el PSOE (47 diputados), Podemos (12) e IU (5), suficientes para aprobar la ley.

Los dos partidos conservadores deben decidir este miércoles su posición final, en función de la cual Andalucía podría contar con una ley de memoria que, pese a desbordar a la de Zapatero y exponer un texto de clara reivindicación republicana, no cosechase votos en contra. "Sería histórico", apunta un dirigente de izquierdas implicado en el proceso de negociación de la norma. Aunque el pacto de legislatura es entre el PSOE y Ciudadanos, esta ley podría salir con el apoyo Podemos e IU a los socialistas. O sea, por la izquierda.

El PP (33 diputados) y Ciudadanos (9) han mantenido vivas sus 29 y 43 enmiendas, respectivamente, que fueron rechazadas por los tres partidos de izquierdas en la Comisión de Cultura. Algunas propuestas son técnicas o de detalle. Otras están destinadas a que la ley recoja el menor autobombo posible, rebajando la intensidad retórica izquierdista que por momentos marca la ley. infoLibre ha analizado las 72 enmiendas, centrándose en las de mayor calado político, para determinar qué aspectos de la ley son aceptables para los partidos conservadores y cuáles no.

La transición, intocable

Tanto el PP como Ciudadanos presentan enmiendas contra la la extensión de la ley hasta 1982, al considerar que ello supone un cuestionamiento de la transición. Aunque la ley se centra en la Guerra Civil y en la dictadura de Francisco Franco, contiene también varias referencias que extienden los reconocimientos hasta el 11 de enero de 1982, con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

La memoria democrática (término al que se opone el PP, que prefiere "memoria histórica) queda definida en la norma como "la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz [...] para hacer efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo a conocer la verdad de lo ocurrido entre el 14 de abril de 1931 y el 11 de enero de 1982". PP y C's consideran que el reloj debe pararse en 1978, con la Constitución.

Este rechazo se produce pese a que, durante la negociación, se incorporó a la exposición de motivos una amplia referencia laudatoria a la transición: "La transición a la democracia, vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos resultados políticos positivos, ya que permitió superar la división creada por la Guerra Civil y la Dictadura, institucionalizó la vida democrática y creó espacios de convivencia". Sólo más adelante se añadía: "Durante la transición, el pueblo andaluz, con las organizaciones democráticas, tuvo que seguir luchando para conseguir su derecho a la autonomía". Éste es el enfoque que desagrada a PP y C's.

El PP, contra la contextualización política

En la exposición de motivos hay varios párrafos dedicados a a la contextualización histórica que son a la vez una defensa de la legalidad republicana, así como de aquellos que lucharon para defenderla. "Para Andalucía, la República supuso el empeño de modernizar y hacer más justas sus arcaicas estructuras económicas, junto con el intento de superación del secular dominio ejercido por la oligarquía agraria, con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica", señala el texto en la exposición de motivos. Y añade: "Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República, como el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática".

La exposición de motivos habla de la "enorme sangría" que la guerra y el franquismo supusieron para el "pueblo andaluz", en forma de aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional. "Las décadas de los sesenta y setenta supusieron una modificación de las formas de dominación de la Dictadura, aunque la violencia siguió presente como forma última de imposición del franquismo", concluyen estos párrafos. El PP propone la supresión de todos ellos.

Preocupación por los costes... y por las multas.

La ley implica un coste económico, inevitable para su aplicación. Ciudadanos presenta enmiendas para que el coste se controla y se reduzca lo más posible. "Se habrá de reflejar, mediante la elaboración de una memoria anual, el coste que va a suponer la elaboración de estudios, homenajes, jornadas", señala una enmienda de C's.

La norma establece sanciones de 10.001 a 150.000 euros por infracciones muy graves (destruir fosas, por ejemplo), de 2.001 a 10.000 por las graves (no conservar un espacio de memoria) y de 200 a 2.000 por las leves leves (exhibir símbolos franquistas). El PP ve muy altas estas sanciones y propone pasar la la sanción máxima por infracción muy grave a 40.000 euros, por grave a 5.000 y por leve a 600.

Sin órgano consultivo, ni informe global

El PP se opone a la creación del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática, un nuevo órgano colegiado y consultivo, así como del Instituto de Memoria, por considerarlos redundantes al ya existir una consejería competente en esta materia. La enmienda que suprime el Consejo de la Memoria tiene implicaciones serias, ya que es de este órgano del que dependería el "grupo de trabajo o comisión independiente" que "recopile materiales para elaborar un informe consistente, incluyente y global en favor de la verdad". Podemos considera este punto su gran aportación a la ley y afirma que puede llegar a convertirse en una "comisión de la verdad", término que no aparece en la ley, en la línea de las experiencias latinoamericanas en este campo.

¿Cómo que la "guerrilla"?

A Ciudadanos no le gusta que entre las "víctimas" se incluya "la guerrilla antifranquista en defensa del Gobierno legítimo de la Segunda República y por la recuperación de la democracia". Así que propone sustituir este punto por: "Las personas nombradas por el Gobierno legítimo de la Segunda República Española para la defensa de la misma y por la recuperación de la democracia". Ciudadanos no apoya el reconocimiento al maquis. También pide la supresión del artículo que crea la figura de los "senderos de la memoria".

Más garantía para las grandes empresas

La Consejería de Cultura ha hecho bandera del carácter técnico de la norma, que aterriza las demandas de las asociaciones y especialistas. La ley es detallada en la justificación política y jurídica de su enfoque. También especifica procedimientos de apertura de fosas e identificación de víctimas de manera pormenorizada. Hay gran cantidad de artículos protocolizados, desde el que regula el censo de víctimas hasta el que establece cómo actuar ante el hallazgo casual de restos humanos o cómo trasladar los restos.

Toda esta concreción se evapora en varios artículos que son brindis al sol. O al menos, declaraciones de intenciones políticas sin respaldo competencial. La más llamativa está en el artículo 19, que establece que "la Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y reparación a las organizaciones que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio". Dicho artículo es una declaración de intenciones, según explican fuentes conocedoras del proceso de elaboración de la ley. Podría traducirse, quizás, en la elaboración de un informe por parte de la Junta de Andalucía, que llevaría años elaborar. Poco más.

"¿Qué significa 'impulsará' en una ley? Pues significa que la Junta quiere quedar bien y no hacer nada. Ahí o se hace un reglamento, o no hay competencias para hacer nada", explica Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica de CGT, que añade: "Entre las empresas beneficiarias de trabajo esclavo está metido de lleno el IBEX 35. Si hay que trabajar sobre eso, hay que hacerlo bien, no poniendo 'impulsará' sin más", señala.

Pese a esta inconcreción, Ciudadanos ha presentado una alegación rebajando aún más la redacción. Así, con la propuesta del partido naranja, la Junta actuará "en los términos en los que la normativa jurídica actual lo contemplase y tras la o las resoluciones que, llegados los casos, sean dictaminadas por la justicia".

Sin competencias contra las sentencias

Otro de los elementos más voluntaristas y que previsiblemente tendrán menos plasmación real es la disposición adicional cuarta, que establece que la Junta "instará" al Gobierno a "adoptar medidas" para la reparación de las personas que sufrieron "condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo o del Tribunal del Orden Público". Una enmienda del PP añade que hará lo que sea de "su competencia". Es decir, poco o nada en este ámbito.

La ley, también sin competencias, prevé que la Junta "impulsará" la inscripción [en el Registro Civil] de las víctimas desaparecidas". No hay enmiendas en contra. Esta intención del Gobierno andaluz también puede tener poco recorrido efectivo.

Denunciar ante la justicia... pero con amnistía

Ni el PP ni C's se posicionan contra el artículo 14, que establece que "la Junta denunciará, cuando proceda, ante los órganos jurisdiccionales la existencia de indicios de comisión de delitos" descubiertos al abrir fosas. Este otro artículo es de recorrido práctico muy corto, porque en la práctica estos casos son archivados por la ley de amnistía, pese a que en teoría los crímenes contra la humanidad no prescriben.

La ley andaluza de memoria amaga sin dar en este punto. Y no da porque con sus competencias no puede. En su exposición de motivos, señala que a los crímenes del franquismo "no se les puede aplicar la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía". Por lo tanto, añade, "debería derogarse o modificarse cualquier norma legal de carácter estatal que se oponga o contravenga esta normativa internacional". Una declaración de voluntad política, sin más desarrollo. Pese a ello, el PP pide en una enmienda la supresión íntegra de ese párrafo.

Simbología privada o artística

El PP presenta una enmienda para proteger la simbología considerada "contraria a la memoria democrática" cuando sea "de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados", o cuando "concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley". Una de las novedades de la ley es que elimina estas salvedades, que sí están en la norma estatal de 2007. Ironías: el PP defiende ahora la redacción de la ley de Zapatero. Es más, para incluir su enmienda invoca la "coherencia" con la ley estatal.

Adelante con las exhumaciones

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Las enmiendas del PP y C's al establecimiento de garantías y procedimientos para realizar localizaciones y excavaciones de fosas, así como exhumaciones e identificación de restos, no revelan diferencias sustanciales con el dictamen aprobado por PSOE, Podemos e IU. Ciudadanos propone incrementar las garantías de los propietarios de los terrenos en los que pueda haber fosas comunes, ya que la ley prevé el acceso mediante expropiación forzosa en caso necesario.

Inclusión en el currículo de educación, con reservas

La Junta "incluirá la memoria democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas", dice la ley. Cuando se aprobó inicialmente –durante la legislatura del pacto PSOE-IU–, este punto resultó especialmente polémico. Ni Ciudadanos ni el PP se oponen; simplemente matizan. Ciudadanos lo vincula a un "pacto por la educación". Y el PP puntualiza en una enmienda que en primaria el tratamiento debe ser "adecuado". En otra enmienda propone que la materia se introduzca en los planes educativos con "acuerdo y consenso" de los profesionales de la enseñanza. Y añade el PP sobre el asunto educativo: "Todo ello, dentro del respeto a la libertad de enseñanza de docentes y centros educativos y al derecho a la libertad de cátedra".

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