Los otros centros de poder cuya renovación deberá afrontar Sánchez durante su mandato

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene mucho trabajo y poco tiempo –como mucho dos años– para afrontarlo. Este viernes, el nuevo Ejecutivo aprovechó la primera reunión del Consejo de Ministros para formalizar los nombramientos de algunos secretarios de Estado y otros altos cargos, que no serán los últimos: en los próximos meses, el Gobierno tendrá que impulsar la renovación de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expira en noviembre, y también tiene pendiente el desbloqueo de la renovación de RTVE y la elección de un nuevo Defensor del Pueblo.

El Gobierno y las Cortes juegan un importante papel en la elección de los miembros de órganos constitucionales como son el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el CGPJ o el Defensor del Pueblo. Normalmente los mandatos de sus integrantes duran más de cuatro años, para tratar de salvaguardar su independencia y evitar que dependan del Gobierno de turno, pero lo cierto es que, en la práctica, PP y PSOE se reparten casi el 90% de los puestos en los principales órganos del Estado.

No obstante, precisamente esta desvinculación de la duración de las legislaturas y los mandatos de los integrantes de los organismos del Estado provocará que Sánchez no vaya a tener la posibilidad de escoger a personas de su confianza en determinados puestos. Buen ejemplo de ello es el Tribunal Constitucional, donde la ley establece que el Ejecutivo tiene derecho a escoger dos magistrados (otros dos los elige el CGPJ y el Senado y el Congreso escogen cuatro cada uno). Los mandatos de los magistrados duran nueve años y la próxima renovación se producirá en 2021, aunque será la que corresponde al Congreso –que necesitará reunir una mayoría de tres quintos–; el Gobierno no volverá a escoger hasta 2022.

Y, ¿qué pasa con el resto de órganos constitucionales? El puesto que necesita ser renovado más urgentemente es el Defensor del Pueblo, ya que su actual ocupante, Francisco Fernández Marugán –diputado socialista entre 1982 y 2011– lleva un año (desde julio de 2017) en funciones. Los mandatos en esta institución duran cinco años, y la anterior ocupante del puesto, la exministra y exalcaldesa de Sevilla Soledad Becerril (PP), fue elegida en 2012, al igual que Marugán. Desde que Becerril renunció unas semanas antes de cumplir su mandato, los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para abordar su sustitución, para la que es necesaria una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado.

El futuro del CNI también está en el aire, o más bien el de quien es su principal responsable: el general Félix Sanz, nombrado director en el año 2009, renovado en 2014 y cuyo mandato, en principio, es de cinco años, por lo que no debería cesar hasta 2019, como pronto. No obstante, el cargo de Sanz tiene rango de Secretaría de Estado, y por ello la responsable de elegir a su ocupante es la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien dependerá ahora el CNI –antes estaba bajo las ordenes directas de la Vicepresidencia ejercida por Soraya Sáenz de Santamaría–. Un eventual nuevo nombramiento no tendría que pasar por las Cortes, ya que es competencia exclusiva del Gobierno.

El CGPJ y RTVE, este año

Por el contrario, son precisamente Congreso y Senado los encargados de elegir a los 20 magistrados que componen el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces. Cada cámara tiene la potestad de escoger a una decena de integrantes cada cinco años, y la última renovación se produjo en noviembre de 2013, por lo que a finales de este año expirará el mandato de los 20 magistrados elegidos en aquel momento. De entre los actuales miembros del órgano, 10 fueron propuestos por el PP, entre ellos el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por su parte, el PSOE propuso siete nombres de entre los elegidos en 2013, por uno a propuesta de CiU, otro próximo al PNV y un último auspiciado por IU.

La negociación para renovar a los magistrados, que tendría que resolverse antes de finales de año, se presenta complicada porque es necesaria una mayoría de tres quintos para escoger a los nuevos integrantes del órgano. La que sí parece más viable es la renovación del Consejo de Administración de RTVE, muy señalado por las acusaciones de manipulación en los informativos de la televisión pública y en el que actualmente el PP controla 6 de los 9 puestos. Si todo va según lo previsto, la renovación del ente se realizará por primera vez a través de un concurso público.

Este jueves, tras meses de bloqueo, la Mesa del Congreso ha valorado positivamente las bases del concurso para elegir a los nuevos consejeros, una propuesta que han impulsado PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y a la que se ha unido finalmente el PP. La iniciativa tendrá que pasar también por el Senado, y si es aprobada habrá un periodo de diez días hábiles para presentar candidaturas. Formalmente, la elección de los nuevos cargos seguirá dependiendo del Congreso y el Senado, y los aspirantes tendrán que recibir el respaldo de dos tercios de los diputados o senadores o, en su defecto, el de la mayoría absoluta de la cámara y la mitad de los grupos parlamentarios.

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El Tribunal de Cuentas seguirá igual hasta 2021

El resto de los principales órganos del Estado no tendrán que renovarse al menos hasta 2019. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo consejo de administración consta de diez miembros elegidos por el Gobierno con mandatos de seis años y en el que los próximos al PP son clara mayoría. Salvo tres consejeros elegidos en 2017 (Mariano Bacigalupo, Pilar Canedo y María Ortiz), el mandato del resto termina el año que viene, si bien la intención del anterior Gobierno era eliminar el superregulador y dividir sus competencias en varias instituciones.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas no afrontará su renovación hasta el año 2021, dado que quienes integran su pleno tienen mandatos inusualmente largos –de nueve años– y son elegidos en bloque. Los doce miembros del Tribunal son escogidos por el Congreso y el Senado (seis cada cámara) por mayoría de tres quintos, y la última renovación, que tuvo lugar en el año 2012, fue fruto de un acuerdo entre PP y PSOE en el que los conservadores propusieron a siete de los integrantes del Tribunal por cuatro de los socialistas, que cedieron uno de los puestos de su cuota a IU.