Irene Khan, relatora de la ONU: "La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo"

Una filtración de los datos de más de 18.000 cuentas reveló el pasado mes de febrero que Credit Suisse acogió el dinero de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo, pese a que la entidad financiera lleva décadas prometiendo tomar medidas contra los fondos ilegítimos.

La filtración de los datos al periódico alemán Süddeutsche Zeitung dio origen a una investigación periodística bautizada como Suisse Secrets, en la que participaron 48 medios coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). infoLibre es el único medio español que formó parte de este proyecto. [Puedes ver aquí las noticias publicadas]

Las informaciones sobre los clientes de alto riesgo del banco suizo centraron la mayoría del interés informativo, lógicamente, pero la investigación periodística puso sobre la mesa otro tema inesperado, sobre todo cuando se habla de una democracia como Suiza: la amenaza a la libertad de prensa. En el proyecto no había ningún medio de comunicación helvético porque los periodistas se enfrentaban a una condena de entre uno y tres años de cárcel, en virtud del artículo 47 de la ley bancaria suiza. En este contexto, la dirección del Tages-Anzeiger decidió no exponer a su equipo de investigación y a su periódico a este riesgo.

Tras la publicación de Suisse Secrets, los socialdemócratas y los verdes suizos exigieron inmediatamente una modificación de la ley en cuestión, e incluso los liberales, que en su día contribuyeron a impulsar su endurecimiento, aceptaron que quizá se habían excedido un poco.

Este jueves 5 de mayo, la comisión parlamentaria de economía e impuestos de la Asamblea Federal de Suiza tratará sobre la ley bancaria y sus consecuencias para la prensa libre. En esta entrevista conjunta con Der Spiegel y Tages-Anzeiger, la relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, anuncia que llevará el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización.

– ¿Tiene Suiza un problema con la libertad de prensa?

– La protección general del secreto bancario en Suiza viola el derecho internacional. Contradice el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos dos convenios garantizan la libertad de expresión y la libertad de prensa. Suiza ha firmado ambos y está obligada a respetarlos.

– ¿Qué significa esto en términos prácticos?

–Según la ley bancaria suiza, la mera divulgación de ciertos datos bancarios se castiga con fuertes multas o incluso con la cárcel. Y ello con independencia de que dichos datos sean también de interés público. En mi opinión, esto viola los derechos humanos.

– Las convenciones también establecen que la libertad de expresión puede ser restringida.

– Sí, pero las convenciones establecen de forma estricta los criterios para las limitaciones. Una restricción debe estar definida claramente por la ley, debe ser necesaria y proporcionada y sólo puede ser instaurada para respetar los derechos y la reputación de los demás o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral pública o la salud pública. El Comité de Derechos Humanos de la ONU [órgano de la ONU encargado de interpretar el Pacto] ha declarado claramente que una limitación no puede ser tan amplia que ponga en peligro el mismo derecho a la libertad de expresión.

– En el caso suizo, cualquier publicación puede ser ilegal, incluso si desvela un delito.

– El problema aquí es que la prohibición de divulgación es demasiado amplia y no contempla ninguna excepción por el interés público de la información. Además, el castigo es muy duro. Eso tiene un efecto amedrentador y lleva a los periodistas a autocensurarse. Se trata de una censura previa, es decir, de censurar a los medios de comunicación incluso antes de que puedan investigar o publicar. Eso sería una clara violación del derecho a la libertad de expresión.

– ¿En qué sentido?

– Por un lado, existe el derecho a la intimidad. Es un derecho importante, pero no es un derecho absoluto y no puede utilizarse como un velo para cometer delitos. Por otro lado, también hay un interés público en ser informado sobre las transacciones financieras ilegales. La ley debe permitir a los periodistas ponderar estas dos cuestiones. Pero esta ley prohíbe cualquier publicación sin excepción. Eso va demasiado lejos.

– Cuando la ley entró en vigor en 2015, Suiza estaba bajo presión internacional debido al robo de de datos bancarios.

– No se puede argumentar que se trata de una cuestión de seguridad nacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado claramente que los intereses bancarios no equivalen a un motivo de seguridad nacional para restringir la libertad de expresión.

–Los problemas no se conocieron hasta el pasado mes de febrero, cuando los periodistas suizos de Tamedia declararon que no podían analizar los datos de Credit Suisse debido al secreto bancario.

–Sí, yo no conocía esta ley hasta ese momento. Entonces escribí una carta al Departamento de Asuntos Exteriores suizo y describí claramente las preocupaciones de la ONU. Pedí al Gobierno que explicara cómo se podía conciliar esta ley con las obligaciones internacionales de Suiza en materia de derechos humanos.

– ¿Y recibió una respuesta?

–Sí, hace unos días. El Gobierno suizo afirma estar plenamente comprometido con la libertad de expresión y destaca que ningún periodista ha sido perseguido por la ley y que el Parlamento está revisando esa norma.

– ¿Qué opina de esta respuesta?

– Espero que el Parlamento modifique finalmente la ley para adecuarla a las normas internacionales de derechos humanos. El 24 de junio presentaré un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación mundial de la libertad de prensa. Allí abordaré de forma crítica la situación del secreto bancario en Suiza. La ley bancaria suiza es uno de los ejemplos de mi informe sobre la criminalización del periodismo. Esto es normalmente un problema en los estados autoritarios.

– Los datos de Credit Suisse muestran que clientes del banco han estado implicados en numerosos delitos: desde corrupción y soborno hasta tráfico de drogas y de personas.

– Hay un interés público en conocer los posibles delitos financieros. Cuando quise abrir una cuenta bancaria en Suiza, tuve que presentar un currículum y esperar durante semanas hasta que la aprobaran porque soy una persona políticamente expuesta. Pero cuando veo a qué personas le abrieron cuentas en Suiza, me da que pensar.

– Pero la ley bancaria también prohíbe escribir sobre delincuentes condenados o personas políticamente expuestas.

– Los delincuentes condenados y las personas políticamente expuestas tienen derecho a la intimidad, pero no cuando hay motivos fundados para creer que pueden estar implicados en delitos financieros. Creo que el Gobierno suizo se encuentra en una posición difícil para explicar por qué la publicación de información que podría revelar delitos financieros debe ser castigada con hasta tres años de prisión. Especialmente cuando los periodistas y los denunciantes señalan problemas reales en un banco. La ley no debería criminalizar eso.

– ¿Es un problema que Suiza, entre todos los países, esté en el punto de mira?

–Suiza es un país defensor de los derechos humanos y la libertad de prensa, y participa activamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha denunciado repetidamente las acciones de otros países contra los periodistas. Por eso es importante que Suiza reaccione ahora y cambie una ley tan problemática. Suiza no sólo debe predicar, también debe actuar.

– ¿Qué pasa si el Parlamento no cambia la ley?

– Las democracias occidentales, como Suiza, son consideradas internacionalmente como modelos a seguir en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Otros países se remiten a ellas. Si la ley se mantiene como está, los estados autoritarios también pueden referirse a ella y decir: "Vean, incluso la ejemplar Suiza criminaliza a los periodistas por la divulgación de datos financieros". Eso podría dificultar el periodismo de investigación sobre la corrupción en otros países. Por eso esta ley me preocupa tanto. El mensaje que envía a nivel internacional es perjudicial para los derechos humanos.