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Igualdad

Plante de comunidades del PSOE al reparto de fondos de Igualdad para los nuevos centros contra la violencia sexual

Fotografía de archivo de Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad.

Cinco horas ha durado la Conferencia Sectorial de Igualdad entre el ministerio dirigido por Irene Montero y las comunidades autónomas celebrada este lunes. En la agenda, dos objetivos: aprobar el reparto de fondos para lanzar el Plan Corresponsables y poner en marcha la red de centros de crisis contra la violencia sexual. Esta última medida, nutrida con fondos europeos, es la que más disensos ha suscitado: todas las comunidades gobernadas por el PSOE, salvo Canarias, Extremadura y La Rioja, se han abstenido. El resto, también las dirigidas por el Partido Popular, han dado su apoyo. El motivo de la discordia, según fuentes socialistas, está relacionado con los defectos técnicos y formales que siembran dudas sobre la sostenibilidad de los centros. El reparto, no obstante, ha salido adelante por mayoría simple –más votos a favor que en contra– con ocho votos positivos –Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Canarias, Extremadura y La Rioja–, once abstenciones –Cantabria, Asturias, Aragón, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi, Cataluña, Ceuta y Melilla– y ningún voto en contra. 

Fuentes del Ministerio de Igualdad encajan la posición de los socialistas en la batalla por liderar las políticas de igualdad. Lo cierto es que la contienda se ha recrudecido en los últimos meses, debido a las diferencias en torno a la Ley Trans y las distintas posiciones sobre la prostitución. Fuentes socialistas, no obstante, sostienen que las objeciones tienen que ver con "la sostenibilidad de los centros, cómo se van a financiar los años siguientes y cómo encajarlos en los planes de cada comunidad". 

El reparto presupuestario para poner en marcha los centros de crisis contra la violencia sexual están enmarcados en el Plan España te Protege. Esta estrategia recibirá el importe de 19,8 millones de euros que beben de los fondos europeos concedidos para la recuperación tras la pandemia –Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–. Estos centros ya estaban contemplados en la Ley de Libertad Sexual, pendiente de aprobación todavía, pero además son parte de los mandatos internacionales contra la violencia de género, como el Convenio de Estambul. En España, existen dos: uno en Asturias y otro en Madrid. El objetivo es construir al menos uno por provincia. Se trata de centros asistenciales disponibles las 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual, exista o no una denuncia previa. Los centros contarán con equipos multidisciplinares para garantizar una atención integral, jurídica, psicológica y social de las víctimas. La previsión es que todas las comunidades hayan puesto en marcha sus respectivos centros en 2023.

La Conferencia Sectorial ha aprobado además el reparto de otros 190 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables, que prevé el despliegue de un conjunto de políticas públicas de cuidados. El plan tiene cinco pilares: facilitar la conciliación de las familias con hijos menores de catorce años mediante la creación de bolsas de cuidado profesional; crear empleo de calidad en el sector de los cuidados; acreditar la experiencia informal de las mujeres cuidadoras; sensibilizar en materia de corresponsabilidad y confeccionar un mapa estatal de cuidados para facilitar el acceso a la información sobre las políticas disponibles. En cuanto a esta partida, según ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, sus fondos dependen de los Presupuestos Generales del Estado, así que se ha procedido a la "liberación de las transferencias y tendrá que estar todo comprometido a finales de año". El plan establece como prioritarias a las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género, las mujeres mayores de 52 años y aquellas con más personas dependientes a su cargo. 

Fuentes socialistas presentes en la reunión explican a este diario que "ha habido diferencias en los dos temas que había que aprobar" porque ambos "se han llevado con muchos flecos sin cerrar y con serias diferencias entre el diseño del ministerio y el de las comunidades". En cuanto al Plan Corresponsables, que ha salido adelante con la única abstención de Euskadi, las principales diferencias tienen que ver con que "no sea flexible como para que cada comunidad lo pueda adecuar a sus propios planes y estrategias", detallan las mismas voces.

Políticas contra la trata

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En su cita con las comunidades, Irene Montero ha anunciado además la ejecución de un Plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual. Según detalló Noelia Vera, el plan incluye un mecanismo de inserción socio laboral para las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, una herramienta elaborada junto al Ministerio de Trabajo y cuya autorización de gasto habrá de ser aprobada en Consejo de Ministros.

El plan contempla además la puesta en marcha de una ley integral, comprometida en el acuerdo de coalición. Una norma con la que la cartera prevé abordar la trata con fines de explotación sexual, pero también aquella que afecta al plano laboral y a la mendicidad, a partir de un enfoque integral de derechos humanos. Desde este mismo lunes, el departamento ha abierto la consulta pública previa, pensada para recoger todas las aportaciones de organizaciones y sociedad civil.

Irene Montero ya anunció hace un mes estar trabajando en una futura ley contra la trata. Días después, Carmen Calvo llamaba en un acto de partido a consolidar una legislación no sólo contra la trata, sino también contra la prostitución. Con este último añadido, los socialistas hacían una crítica velada al ministerio y sus ambiciones contra la prostitución. "Somos abolicionistas", recalcaban los socialistas sin matices. Este lunes, el Ministerio de Igualdad ha subrayado que todas las políticas anunciadas, junto a otras articuladas durante la pandemia, constituyen "el núcleo central de las medidas abolicionistas". 

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