Tras cinco años de reuniones y debates ministeriales, hubo que esperar otros cinco de negociaciones entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, para que la Unión Europea aprobara en octubre del año 2000 la Directiva Marco del Agua (DMA) que, posteriormente, habría de ser transpuesta al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros. Hasta entonces, la política europea del agua se caracterizaba por la coexistencia de enfoques fragmentarios y perspectivas particularistas que se concretaba en numerosas directivas sectoriales relativas, entre otras, a las aguas de baño, calidad de aguas de consumo humano, nitratos, aguas residuales o protección de acuíferos. Ese modelo fragmentado impedía una visión de conjunto del estado real de los ecosistemas acuáticos, porque permitía cumplir una norma en un tramo de río, al mismo tiempo que en otros imperaban situaciones de grave deterioro ecológico.

La DMA introdujo explícitamente la concepción de que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal, cuestión nada baladí, que sirve de basamento conceptual para su articulado, que asume como objetivo central la recuperación y conservación del buen estado ecológico de ríos, lagos, lagunas y humedales, que no debe considerarse subordinado a la satisfacción de las demandas sociales, sino a una restricción a los recursos disponibles para los usos humanos. Esto supuso un cambio radical en el enfoque de las políticas entonces imperantes, que se basaba en la promoción de los recursos. Complementariamente, la DMA introduce el principio de no deterioro del agua, profundizando el compromiso de conservación más allá del principio de quien contamina (deteriora) paga. Todo esto constituye un reto relevante, basado en la convicción de que unos ecosistemas acuáticos seguros y saludables son la garantía de futuro para el suministro seguro de agua de calidad a los usos humanos.

Un paso significativo a nivel europeo, aunque en España era parte del modo de gestión que tenía, fue el establecimiento por parte de la DMA de la cuenca hidrográfica como marco territorial de gestión de aguas, asumiendo la indivisibilidad y unicidad sistémica de las aguas subterráneas y superficiales, a la vez que promueve su gestión integrada en el ámbito de las cuencas, lo que tuvo como consecuencia la necesidad de coordinar políticas en 75 cuencas transfronterizas europeas.

La DMA introduce también criterios novedosos de racionalidad económica en la gestión de aguas presididos por el principio de recuperación de costes, y exige abrir la gestión de aguas a una participación ciudadana activa.

La implementación de la DMA se consigue a través de la planificación hidrológica cíclica mediante planes de cuenca revisados cada seis años, con diagnóstico de presiones, análisis económico y programas de medidas vinculados a financiación y seguimiento institucional.

Se puede afirmar que son pocas las directivas que han tenido una relevancia comparable a la DMA en lo que toca a la planificación hidrológica, elevar la protección de las masas de agua y consolidar una visión común del agua como elemento estratégico para el equilibrio ambiental, territorial y socioeconómico de la Unión Europea.

Además, la propia DMA contempla en su articulado que la Comisión Europea debe revisar esta norma a más tardar 19 años después de su entrada en vigor, es decir, el 22 de diciembre de 2019. El proceso de revisión tuvo lugar desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el tercer trimestre de 2019 -es decir, dos años-, y concluyó que la DMA era, en gran medida, adecuada para sus propósitos; aunque se reconoció un progreso insuficiente en la consecución de objetivos, el marco se consideró sólido, flexible y apto para abordar retos futuros, de forma que no se revisó la DMA.

Así las cosas, el pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó un paquete ómnibus de propuestas de modificaciones en distintas normativas, entre las que está la DMA, con el objetivo de continuar con la simplificación de la carga administrativa que impone el cumplimiento de tales normativas. El uso reiterativo de los paquetes ómnibus está siendo fuertemente criticado por académicos, juristas y movimientos ciudadanos de toda Europa, en tanto podría vulnerar principios fundamentales de la UE al carecer de una evaluación de impacto adecuada, omitir una consulta pública completa de forma que se podría contravenir las garantías de proporcionalidad y de protección de los derechos fundamentales que sustentan el Derecho de la Unión Europea. Denuncian que los paquetes ómnibus se están usando para retrocesos sustanciales que podrían sentar un precedente peligroso para futuras legislaciones.

En este contexto, y sin previo aviso, la Comisión Europea, pretende revisar la DMA en 2026, a pesar de que, como se ha dicho, a finales de 2019 se concluyó positivamente su evaluación. El objetivo declarado por la Comisión para justificar la revisión de la DMA no deja espacio a la duda: simplificar y facilitar el acceso a materias primas esenciales para la Unión Europea, en respuesta directa a las demandas de las grandes empresas mineras, que serán claras beneficiarias de la revisión propuesta; esta circunstancia se corrobora por la intensa labor de lobby del sector minero que triplicaron sus reuniones con el funcionariado europeo.

Pero las modificaciones no afectarán sólo a los proyectos mineros, ya que también se aplicarán a proyectos industriales y agrarios que pueden suponer un claro deterioro por nuevas obras hidráulicas, incremento de las captaciones o mayor contaminación. Hay que tener en cuenta que muchos ecosistemas de agua dulce ya se encuentran en estado crítico, sufriendo problemas de sobreexplotación, contaminación y pérdida de biodiversidad y que un mayor daño a tales ecosistemas agravará los riesgos para la salud pública y reducirá su capacidad de protección frente a los desastres climáticos. Por ejemplo, una normativa más laxa aumentará la exposición a sustancias químicas tóxicas y empeorará la calidad del agua, aumentando los riesgos a corto y largo plazo para la población humana.

En definitiva, con las modificaciones previstas, la Comisión de Von der Leyen está desmantelando décadas de protección de la naturaleza conseguidas con esfuerzo, poniendo en riesgo el aire, el agua y la salud humana en nombre de la competitividad y priorizando a los lobbies económicos por encima del interés público.

Frente a estos intentos de modificación de la DMA, hay diversas campañas de denuncia tanto en el ámbito europeo como en el español, donde más de 270 organizaciones ciudadanas, ambientalistas, ecologistas, sindicales, académicas, operadores públicos de agua y ONG de desarrollo, presentaron en el Congreso el pasado 20 de abril un manifiesto contra la revisión que la Comisión Europea pretende realizar de la Directiva Marco del Agua.

Gonzalo Marín, Susana Gil Pascual y Enrique Ortega son miembros de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y de la Red Agua Pública

Un buen día se levanta con mal pie y amenaza con eliminar toda una civilización (la milenaria persa) y al día siguiente anuncia que permanece abierto a negociaciones sobre el tráfico en el Estrecho de Ormuz, al tiempo que vuelve a amenazar a China con imponerle aranceles desmesurados.

Es la práctica diaria del TACO (Trump Always Chicken Out, Trump siempre se acobarda) a la que ya tiene acostumbrado a los estadounidenses, incluidos los partidarios de su mantra MAGA. 

Entretanto, en nuestro territorio común, Europa, se está expandiendo una palabra clave: multi-policrisis. Ese es el término que más suena en los pasillos de las instituciones europeas para definir el plantel con el que se encuentra, una vez más, la inoperante UE ante un panorama internacional inestable que no es capaz —nadie lo es realmente— de digerir. 

En el horizonte próximo, algunos eventos pueden añadir algo de sabor a la insípida ensalada de tofu que ofrece el menú diario comunitario. Islandia celebrará un referéndum en verano para decidir si reanuda las negociaciones con la UE con vistas a su ingreso. Un tema que se ha reabierto también en Noruega. Cómo verán el patio los vecinos periféricos que hasta Keir Starmer podría tener que lidiar con un posible “Breturn” en lo que le queda de legislatura ante el avance del “Bregret” después de un desventurado “Brexit”. Disculpen tanto neologismo para decir que, según las últimas encuestas, la decisión tomada en 2016 de abandonar la UE fue un error para una amplia mayoría de británicos. En el seno del partido laborista se están alzando voces pidiendo que el Reino Unido vuelva al mercado único e incluso que el programa para las elecciones de 2029 incluya el reingreso en la Unión Europea. La inestabilidad que están causando sus socios ultraatlánticos tal vez contribuya a ello. El último exabrupto del ególatra empresario-mandatario de la Casa Blanca ha amenazado —aunque veladamente— a sus primos brits con reconocer Las Malvinas como soberanía argentina, a modo de sanción, por su falta de apoyo en la aventura norteamericana en Irán. Vistos sus “prontos”, no sería de extrañar que, como castigo al “díscolo” Pedro Sánchez, intentara jugar una mala pasada a España con el reconocimiento de Ceuta y Melilla, haciendo las delicias de su fiel aliado africano, el rey alauita. 

Por otra parte, la derrota de Orbán en Hungría ha abierto una ventana de aire fresco para la toma de decisiones en la UE. Prueba de ello es que acaba de desbloquearse la ayuda de 90 millardos de euros prometida a Ucrania, montante que irá transfiriéndose por tramos en función de la implantación de las reformas exigidas a Zelensky, entre ellas la lucha contra la corrupción, y de la preferencia de compras militares de productos Made in Europe en lugar de estadounidenses. 

Si hace nada la OTAN experimentó un notable aumento, territorial y político, con el ingreso en su organización en un tiempo récord de Finlandia (2023) y de Suecia tras superar los vetos de Hungría y Turquía (2024), ahora parece entrar en cierta inestabilidad después de que Donald Trump haya amenazado con retirarse de la organización por las reticencias y negativas de sus aliados europeos a participar en la ofensiva israelo-americana contra Irán y por no permitir utilizar el espacio aéreo a sus aeronaves involucradas en esa guerra. “Nunca me convenció la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel, y el presidente ruso, Putin, también lo sabe, por cierto”, declaró al diario Daily Telegraph.

Ni que decir tiene que sus asesores más directos le han apoyado y secundado en este despropósito. Nadie en su gabinete suele llevarle la contraria o, quien sabe, igual participan con gusto de esos dislates, pues nunca un presidente de Estados Unidos se ha rodeado de tanto fanático y personas de escasa o nula competencia profesional (el “tertuliano” Pete Hegseth en el Pentágono o el antivacunas Robert F. Kennedy en la secretaría de Sanidad son buenos ejemplos de ello). Además, estas amenazas toman tintes más serios cuando es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien las refrenda al referirse a que, una vez que termine la guerra con Irán, podrían reconsiderar sus relaciones con los aliados europeos de la OTAN.

Incluso el atlantista Donald Tusk, primer ministro polaco, considera que esta situación se asemeja peligrosamente al plan ideal de Putin, según escribió en la red X.

Como reacción, empieza a calar en los gobiernos europeos la duda de si Estados Unidos, ante una agresión externa a un país aliado (art. 5 del Tratado), acudiría en su ayuda, lo que conduce a que en alguna cancillería comiencen a plantearse si los americanos, bajo la Administración Trump, son un socio fiable. Como reza un contundente titular de The New York Times, cada vez que Trump amenaza con abandonar la OTAN, lo que consigue es debilitarla. 

Este entorno inseguro hace que comiencen a abordarse seriamente en las reuniones UE un posible reforzamiento o reinterpretación de la cláusula de defensa colectiva que recoge el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen no parece darle la prioridad que merece. Esa disposición “...debe perfeccionarse para que funcione correctamente en la práctica”, afirmó la alemana, según recoge Politico, durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada los días 23 y 24 de abril en Chipre, sin fijar un calendario para comenzar a abordar esa tarea.

El paraguas estadounidense para la defensa colectiva comienza a tener más agujeros de lo normal y puede que llegues a mojarte más estando debajo que a la intemperie. ¿Podría servir de revulsivo para que, de una vez por todas, la Unión Europea se dote de una cadena de mando, una interoperabilidad militar y una doctrina común de respuesta ante una agresión exterior? 

Llevamos ya muchos meses viviendo, a escala global, un espectáculo grotesco. Como no ha podido derrotar a Irán en el breve tiempo que esperaba, Trump amenaza con liquidar a todo un pueblo, a continuación propone una tregua de dos semanas, bloquea los puertos iraníes como respuesta al cierre de Ormuz, luego una tregua indefinida...

A primeros de abril se vivió un infierno en la Casa Blanca. Con motivo del derribo de un caza F-15 americano, Trump estuvo gritando y desbarrando durante horas en el centro de crisis, pidiendo el acceso a los códigos nucleares para acabar con Irán, lo que motivó el enfrentamiento con generales allí presentes. Resultado: el presidente tuvo que ser evacuado de la Situation Room, según informó el Wall Street Journal, por su comportamiento “volátil e impredecible”, totalmente inadecuado en el contexto del desarrollo y gestión de una operación militar real. Luego le fueron informando del desarrollo de la operación pero sin entrar en muchos detalles.

Aunque la guerra en Oriente Medio terminara en las próximas semanas, el estropicio ya está hecho a nivel global y será duradero. El cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos será recordado en el futuro como un nefasto gobernante que tal vez haya marcado la inevitable pérdida de hegemonía de la primera potencia económica y militar.

Mientras, en la UE, parece que muchos dirigentes siguen a por uvas. Pero, eso sí, vestidos con un elegante terno estilo Chamberlain. 

En los datos publicados en los últimos días por el CIS, un 86,9 % de los encuestados considera que la actual guerra entre EEUU-Israel e Irán supone un riesgo importante para la paz internacional, y el 58,5 por ciento responde que la guerra en Irán le está afectando personalmente. Ese CIS, que también en la última encuesta de “Calidad de la Democracia” otorga a las Fuerzas Armadas —en realidad lo otorgan los ciudadanos encuestados, aunque suele ser una muestra representativa— el mérito de ser la institución mejor valorada, además son percibidas como una herramienta fundamental para la protección y defensa de los derechos y libertades que goza la ciudadanía, amén de la consabida garantía de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Más que probable es que, para llegar a esta valoración óptima, el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, principalmente desde los 90, se ha fundamentado en su preparación y profesionalidad, en la participación de distintas misiones internacionales y, cómo no, en las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) que proyecta un servicio directo al ciudadano.

Desde hace mucho tiempo los militares venimos reclamando que nuestra profesión sea considerada como una profesión de riesgo. Esto, aunque parezca baladí, a la vista de las consideraciones anteriormente reflejadas, no lo es en absoluto. Si siguiéramos con las encuestas y preguntásemos a la ciudadanía sobre qué profesiones considera que conllevan un riesgo más alto en el desempeño de sus funciones, es más que probable que la inmensa mayoría de los encuestados respondan con que la profesión militar estaría entre el “pódium” final de la clasificación. Pero la realidad es muy tozuda y lo cierto es que los militares seguimos sin ese reconocimiento oficial.

Nos encontramos por tanto ante una paradoja significativa: la profesión militar en España se encuentra en una encrucijada histórica. Mientras las misiones internacionales aumentan en complejidad y la sociedad española deposita una confianza ciega en sus Fuerzas Armadas ante catástrofes naturales (DANAs, volcanes, incendios, etc.) o crisis sanitarias (COVID, peste porcina africana...) la profesión militar a día de hoy no está considerada oficialmente profesión de riesgo.

Para intentar ponernos en situación diremos que una profesión de riesgo es aquella que está declarada como tal en distintos textos legislativos y en la que se desarrolla una actividad (laboral) que, por su naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, presenta elevados índices de morbilidad o mortalidad. Esta definición puede ser claramente aplicable al conjunto de trabajadores militares, ya que la penosidad y la peligrosidad,  principalmente, son dos de las circunstancias que engloban el trabajo diario del colectivo militar. Los militares se ven inmersos en el manejo de armamento y explosivos de forma cotidiana y se adiestran en condiciones muchas veces extremas para simular situaciones que se puedan encontrar en caso de conflicto bélico, o sin necesidad de la declaración del mismo, en el ejercicio de las misiones encomendadas para garantizar la paz y la seguridad, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior. Un ejemplo muy reciente lo tenemos con las misiones internacionales de Irak, que tuvo que ser replegada ante el peligro inminente a nuestros compañeros del contingente desplegado en aquel país, al igual que la situación que viven actualmente los componentes del contingente UNIFIL en Líbano, bajo mandato de las Naciones Unidas, situación agravada por el conflicto en Oriente Medio entre Irán, Estados Unidos e Israel, y los constantes ataques de este último al Líbano, y que han tenido como consecuencia el asesinato de varios miembros de la misión de Naciones Unidas o la reciente detención ilegal y el maltrato sufrido por uno de nuestros compatriotas en manos del ejército israelí.

Por cierto, no es la primera vez que el Estado de Israel atenta contra uno de los nuestros, y desde aquí me gustaría recordar al cabo Francisco Javier Soria Toledo, quien falleció el 28 de enero de 2015, víctima del ataque con artillería lanzado por el ejército israelí contra la posición de Naciones Unidas en la que estaba destacado. Quiero igualmente recordar la lucha por la verdad que emprendió su madre, Margarita Toledo, una madre coraje.

Además de este tipo de situaciones descritas en los párrafos anteriores, no puede quedar alejado del pensamiento del lector el riesgo de las actividades diarias desempeñadas por los militares en su día a día. Son ejemplos de ello los ejercicios, comúnmente llamados “maniobras”, que se desarrollan durante varias jornadas en las que se ponen al límite la resistencia humana y las condiciones de estrés, acompañado del uso y manejo de armamento y explosivos y/o de vehículos, embarcaciones o aeronaves que requieren una gran concentración y preparación para su uso de manera fiable y eficaz. Súmense saltos en paracaídas y operaciones de buceo de combate, todo ello exponiendo al personal a una siniestralidad más elevada que en otras profesiones.

Desde el punto de vista asociativo, tal y como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) lleva haciendo desde hace muchos años, esta reivindicación de profesión de riesgo no es un capricho corporativo, sino una necesidad urgente de justicia laboral y social.

Detallemos a continuación lo que supondría un reconocimiento legal de esta situación y las ventajas que podría transformar el día a día del colectivo de los miles de hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde las Fuerzas Armadas.

El principal resultado de ser declarada profesión de riesgo radica en los coeficientes reductores para la jubilación disfrutando de la protección social específica, algo de lo que otros colectivos disfrutan y que no es ni más ni menos que la consecuencia de estar sometidos a esos factores de peligrosidad, penosidad, toxicidad o morbilidad imposibles de separar del ejercicio de las funciones propias de su profesión.

Históricamente hemos visto como los trabajadores de la minería se jubilaban en edades tempranas, y la sociedad lo ha reconocido con plena normalidad. Las condiciones en las que extraían el entonces tan afamado carbón conllevaba enfermedades crónicas y un alto número de accidentes en las minas, muchos de ellos con el resultado muerte.

Más recientemente otros colectivos se han sumado al abanico de las profesiones de riesgo: bomberos, agentes forestales, policías autonómicos o policías locales, lo que les ha hecho disfrutar de ese estatus. Entre las profesiones de riesgo también podemos encontrar toreros y ciertos artistas.

El beneficio de los coeficientes reductores supone de facto un adelanto de la edad de jubilación manteniendo las pensiones, ya que cada año trabajado se multiplica por el coeficiente reductor dando como resultado un menor número de años necesarios para alcanzar el 100% de la pensión de jubilación.

Otro beneficio es el relativo a la protección laboral con una definición de las enfermedades profesionales de esa actividad, y una adecuación de las posibles indemnizaciones por los accidentes ocasionados en acto de servicio.

En definitiva, nos encontramos ante una anomalía democrática. La ley debe dejar de tratar al militar como un trabajador con un "deber heroico" para empezar a tratarlo como un profesional con derechos laborales específicos frente a un entorno laboral intrínsecamente peligroso, y en ese punto nos encontramos.

Esta anomalía parece que toca a su fin, ya que las pasadas semanas el Ministerio de Defensa convocó a las asociaciones más representativas de militares a una reunión para informales que finalmente se inician esos trámites. El primer punto pasa por solicitar al organismo responsable de ello, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el comienzo del desarrollo normativo. Debemos destacar que el trámite va a llevarse a cabo en el ámbito del Ministerio del Interior con relación a los componentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, otras dos profesiones que hasta ahora tampoco tienen el reconocimiento de profesión de riesgo.

Las asociaciones profesionales de militares han de estar, hemos de estar, muy atentos a los proyectos normativos en esta materia, para que se cumpla sin discriminación alguna con independencia del régimen de cotización al que se pertenezca, bien sea del sistema de Clases Pasivas o del régimen general de la Seguridad Social para quienes hayan ingresado en las Fuerzas Armadas con posterioridad al 1 de enero de 2011.

No debe dejarse fuera de la norma al colectivo de Reservistas de Especial Disponibilidad, personas que se vieron obligadas a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad, habiendo permanecido en muchos casos en servicio activo por más de 25 años. Habrá que hacer una revisión del personal que se encuentre en situación de Reserva, incluso modificando la ley de la carrera para establecer la necesidad o no de mantener esta situación administrativa, ya que no parece muy adecuado mantener el pase a la situación de Reserva, para las escalas de suboficiales y oficiales en los 61 años, si con el desarrollo de los coeficientes reductores se pudiera pasar a la jubilación, por ejemplo, a los 60 años.

Aún es pronto para sacar conclusiones, ya que no existe documento alguno sobre el contenido de la norma, solamente sabemos del mandato de Defensa a Seguridad Social de comenzar los trabajos, pero ello no debe ser obstáculo para que los representantes legítimos de los trabajadores militares, las asociaciones profesionales, participen y colaboren activamente en este importante paso en beneficio de quienes dan lo mejor de sí mismos, incluso su vida, para proteger a sus conciudadanos.

Estamos ante un momento crucial. Parece que existe voluntad política de avanzar, y es una cuestión de reconocimiento a la lealtad del colectivo. No se trata de otorgar privilegios, sino de eliminar discriminaciones.

Un país que valora a sus Fuerzas Armadas y presume de ellas en los desfiles y ante las catástrofes, no puede permitirse dar la espalda a la salud y al futuro de sus militares. La seguridad nacional no puede construirse sobre la base de la inseguridad laboral de quienes la garantizan. El camino marcado es claro: igualdad de derechos para quienes asumen riesgos extraordinarios.

Hasta entonces, seguimos en riesgo.

Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la energía era un asunto demasiado grande, demasiado técnico y demasiado complejo como para que la gente corriente pudiera intervenir. Que eso era cosa de mercados internacionales, grandes compañías, personas expertas y gobiernos. Si hablabas de crisis energética, de dependencia exterior o de la necesidad de producir energía cerca de casa, pasabas a formar parte del selecto grupo de bichos raros del barrio. Como cuando alguien advertía que en una ciudad cada vez más dura, más caliente y más gris había que plantar árboles cuanto antes. Ya sabemos cómo va esa historia: el mejor momento para haber empezado era hace diez años; el segundo mejor momento es ahora.

Pero bastaron la guerra de Ucrania, la locura de Trump, una nueva escalada de precios y otro aviso más de la crisis climática para que quedara claro algo muy sencillo: no puede ser que algo tan básico para la vida cotidiana dependa casi por completo de decisiones lejanas, de grandes oligopolios o de combustibles fósiles que, además de contaminar, nos hacen más vulnerables.

En este escenario merece la pena hablar de comunidades energéticas. No son una moda, ni una ocurrencia pasajera, sino la mejor herramienta para que la ciudadanía recupere capacidad de decisión sobre algo tan importante como la energía. Y también son una oportunidad para que los barrios, el movimiento vecinal y las entidades sociales tengan un papel protagonista en la transición ecológica justa, en lugar de quedarse como simples espectadores de cambios decididos por otros.

El nombre puede sonar técnico, pero la idea es bastante sencilla. Una comunidad energética local es un grupo de personas, hogares, pequeños comercios, entidades sociales o centros educativos que se organizan para producir, consumir y gestionar energía de manera colectiva, aprovechando recursos renovables del entorno, sobre todo la luz del sol. La idea de fondo es clara: la transición energética no puede consistir sólo en sustituir una tecnología por otra, sino también en cambiar quién manda, quién se beneficia y con qué criterios se toman las decisiones.

Eso es lo verdaderamente interesante. Una comunidad energética no se limita a poner placas solares. Supone cooperar, compartir, planificar y pensar el barrio como un espacio capaz de generar soluciones propias. Frente a un modelo centralizado, opaco y dominado por grandes compañías, estas experiencias apuestan por una energía más sostenible y cercana, más democrática y útil socialmente.

La mayoría empiezan con instalaciones de autoconsumo fotovoltaico colectivo. Pero, a diferencia de lo que ocurre en una sola comunidad de propietarios, permiten separar el lugar donde se genera la energía del lugar donde se consume. Eso abre una puerta muy importante: no hace falta que cada edificio tenga su propia cubierta perfecta. Se pueden colectivizar tejados, sumar consumos diversos e implicar a agentes muy distintos del barrio. En otras palabras, permite pasar del “sálvese quien pueda” al “nos organizamos y lo hacemos juntas”.

Y eso tiene consecuencias muy valiosas.

La primera es la soberanía energética. Cuanta más capacidad tengamos para producir renovables de forma descentralizada y comunitaria, menos dependeremos de combustibles fósiles, de grandes empresas y de crisis que siempre acaban pagando quienes menos tienen.

La segunda es la cooperación vecinal. Las comunidades energéticas obligan, en el mejor sentido, a sentarse, hablar, pensar en común, construir confianza y hacernos responsables colectivamente de una instalación. En ese camino se fortalecen los lazos vecinales y entre asociaciones, centros educativos, comercios y otras entidades del barrio. Y eso no es un efecto secundario: forma parte del valor del proyecto.

La tercera es la lucha contra la pobreza energética. No habrá transición ecosocial justa si deja fuera precisamente a quienes más la necesitan. En el prototipo que estamos diseñando defendemos modelos donde un 10% de la energía generada se destine gratuitamente a familias en situación de pobreza energética. Este detalle convierte una instalación de paneles solares en una herramienta de justicia social.

La cuarta es la resiliencia. En tiempos de turbulencias y crisis recurrentes, al producir parte de la energía cerca de donde vivimos, de manera compartida, ganamos capacidad de adaptación y reducimos vulnerabilidades. La idea es anticiparnos y dar pasos concretos que aumenten la autonomía de los barrios para resolver sus necesidades.

Y como el mundo no cambia con nuestras opiniones, sino con nuestras acciones, en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) nos hemos puesto manos a la obra. Desde el proyecto Bloques en Transición estamos impulsando una comunidad energética local en Vallecas, junto a otras entidades como Tangente, el tejido vecinal o las comunidades educativas. Lo hacemos porque creemos que el movimiento vecinal puede aportar mucho en este terreno. De hecho ya hay otras iniciativas inspiradoras como Brillaverde, Tercio y Terol en Carabanchel o La Alcalina en Alcalá de Henares.

Tenemos experiencia en organizar, en escuchar, en detectar necesidades reales y en construir respuestas colectivas desde abajo. Lo hemos hecho con la vivienda, con el espacio público, con los equipamientos, con la movilidad y con la defensa de los servicios públicos. Y ahora nos toca hacerlo con la energía.

En el año 133 AC un grupo de esclavos se levantó contra Roma bajo el nombre de heliopolitas, ciudadanos de Helio, que era el dios de la justicia, del Sol que brilla para todos por igual. Una revuelta que se enfrentó con éxito a las legiones romanas, provocando una oleada de rebeliones en el Mediterráneo. Siglos después una de las primeras utopías modernas, escrita por Campanella, se denominará Ciudad del Sol. Un modelo urbano inspirado en el sistema heliocéntrico de Copérnico que servía de contexto para un proyecto de sociedad basado en la educación y la igualdad como pilares.

Hoy, ante la amenaza de nuevos tiempos oscuros, las comunidades energéticas pueden ayudarnos a iluminar alternativas desde los barrios. No podemos dejar la transición exclusivamente en manos de quienes han dominado hasta ahora el modelo energético, pues corremos el riesgo de desperdiciar una oportunidad para democratizarlo, que la ciudadanía participe, decida y se beneficie colectivamente.

Decían los zapatistas que hay quienes esperan a que el sol salga, y quienes lo empujan. El movimiento vecinal es de arrimar el hombro, pues la organización y la cooperación social son la única garantía que tienen nuestros barrios para que el sol vuelva a brillar para todo el mundo. Tenemos energía para transformar el modelo energético, toca anticiparse a los desafíos climáticos, energéticos y económicos. Allí donde las instituciones no ven prioridades y estamos abandonados por el mercado, nos tenemos unas personas a otras.

------------------------

Quique Villalobos es responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM. José Luis Fernández de Casadevante (Kois) es sociólogo, miembro de la directiva de la FRAVM y de la cooperativa Garúa

De las cuatro bombas transportadas, tres cayeron en tierra y una al mar. Dos de las bombas que cayeron en tierra impactaron violentamente contra el suelo al no haberse desplegado el paracaídas y liberaron el plutonio que contenían. La nube radiactiva fue arrastrada por el viento y contaminó una gran superficie de terreno perteneciente a los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. 

Los norteamericanos, después del accidente, establecieron la operación denominada Flecha Rota con el objeto de recuperar las cuatro bombas y de realizar una limpieza aparente —que no real— de la superficie contaminada por las dos fugas radiactivas. Se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 4.810 barriles de 208 litros cada uno, en total 1.000 metros cúbicos, una exigua cantidad de material radiactivo. Algunos autores, como José Herrera Plaza, en su libro Accidente Nuclear de Palomares-Consecuencias (1966-2016), publicado por Arráez Editores S.L., Almería 2016, señalan que se llevaron 270 gramos, sólo un 3 % de los residuos radiactivos.  

Carlos Sancho Llerandi, exjefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), afirmó en la conferencia pronunciada el 10 de noviembre de 2016, en la Sociedad Nuclear Española, que los norteamericanos se llevaron una cantidad difícil de cuantificar, que estimó inferior a 1 kg de plutonio de los 9 que se dispersaron. 

Las labores de remediación realizadas en 1966 por los norteamericanos consistieron en retirar hasta 10 centímetros de profundidad parte de la tierra contaminada y enterrar el resto mediante un arado profundo. En total dejaron 103,6 hectáreas contaminadas con plutonio enterrado. 

Parte de las tierras retiradas las depositaron en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad, respectivamente. Estas fosas se encuentran en las proximidades del cementerio de Palomares. Sobre la fosa de 1.000 m3 se han cultivado sandías y otros productos hortícolas. Todavía se pueden observar en la actualidad restos de tuberías de riego por goteo en la superficie de la fosa.  

En Sierra Almagrera y en otros lugares, los norteamericanos no adoptaron ninguna medida de ocultación. Los residuos radiactivos permanecen tal como estaban en 1966, salvo los que ha diseminado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica y la actividad humana.  

Desde 1966 hasta la fecha, la única medida adoptada para paliar los efectos radiactivos ha sido el vallado de los terrenos que comenzó en 2007 y finalizó en 2011, aunque ha habido ampliaciones posteriores muy recientes.  

Nada más conocerse el accidente, los norteamericanos enviaron a Palomares al Dr. Langham, conocido como Míster Plutonio, un científico obsesionado con investigar los efectos del plutonio en el organismo. El Dr. Langham tenía la experiencia de haber inyectado plutonio a seres humanos con resultado de muerte. 

Con la finalidad de crear un laboratorio a cielo abierto con los almerienses, el 25 de febrero de 1966 se firmó el acuerdo conocido como Hall-Otero entre el representante de la Comisión de Energía Atómica para Actividades Internacionales, John A. Hall, y el representante de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués. En este acuerdo se destaca que no se llevará a cabo ninguna medida de remediación, únicamente se analizarán las consecuencias de la radiactividad. Mediante el citado acuerdo nació el proyecto conocido como Proyecto Indalo. Parte del contenido del acuerdo Hall-Otero se puede leer en este enlace. 

El Proyecto Indalo consistió en investigar la dinámica de absorción, distribución y excreción del plutonio en el organismo, sin adoptar ninguna medida paliativa y sin conocimiento de las personas investigadas. El Proyecto Indalo ha estado vigente hasta 2009, por lo que el presunto delito aún no ha prescrito. La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada, que culminó en 2011. Los hechos anteriormente expuestos se pueden leer en el artículo de José Herrera Plaza La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del 'Proyecto Indalo' (1966-2009), publicado en la prestigiosa revista científica internacional Dynamis, dedicada a la historia de la medicina, ciencia y salud.  

También se explica esta experimentación con humanos en la revista Nova Ciencia en el artículo titulado Palomares, experimentos con una población expuesta al plutonio. El artículo se puede leer en este enlace. 

Prueba del engaño a la población sobre la limpieza de la radiactividad fueron las manifestaciones de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, que declaró al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Por su parte, José María Otero Navascués, presidente de la Junta de Energía Nuclear, envió una carta el 13 de julio de 1968 al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo que decía: “No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Dicha carta obra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.  

Las autoridades españolas y estadounidenses entregaron a los habitantes de Palomares certificados falsos diciendo que los terrenos estaban limpios de radiactividad para que realizaran en ellos labores agrícolas, desenterraran el plutonio y así poder estudiar los efectos del plutonio en el organismo. En estos terrenos altamente radiactivos se desarrollaron tareas agrícolas y de construcción liberando el plutonio que había sido enterrado por los norteamericanos. Al liberar las partículas de plutonio, los agricultores las inhalaban o ingerían y luego la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el CIEMAT estudiaba las consecuencias de la absorción del plutonio en el organismo mediante los análisis periódicos a la población. 

Conviene reseñar que el peligro para la salud radica fundamentalmente en injerir o inhalar alguna partícula de plutonio. El plutonio emite radiaciones Alfa de escasa penetrabilidad, pero el plutonio 241 con el paso del tiempo se transforma en americio 241, que emite radiaciones gamma de gran penetrabilidad, por lo que el tiempo corre en contra de la salud de los habitantes y turistas de Palomares.   

El ganado caprino también estuvo contaminado en su totalidad durante cuarenta años, así como los productos derivados, leche y queso principalmente. En fechas muy posteriores al accidente, el CIEMAT ordenó el sacrificio de dicho ganado, con cuarenta años de retraso. 

En 1988, se comenzaron a remover en grandes dosis las tierras contaminadas con las actividades agrícolas a gran escala y sobre todo con la construcción de dos balsas. La tierra donde se ubican tiene un alto grado de contaminación, pero los agricultores, confiados en las promesas de que el terreno estaba limpio, comenzaron a remover estas tierras, liberando a la atmósfera elementos radiactivos que pusieron en peligro la vida y la salud de las personas y sus bienes. Durante la construcción de las balsas, el CIEMAT se limitó a recoger los datos que demostraban un aumento de la radiactividad, pero no advirtió del peligro a los trabajadores, que siguieron removiendo las tierras contaminadas durante varios meses. 

Los técnicos del CIEMAT, durante la construcción de unas de las balsas, tomaron muestras del aumento de la radiactividad desde la semana del 2 al 9 de enero de 1988 hasta la semana del 25 de junio al 2 de julio. Estuvieron seis meses midiendo cómo aumentaba la radiactividad cuando los trabajadores lanzaban el plutonio a la atmósfera, sin tomar ninguna medida, y sin avisarles del peligro que estaban corriendo. Con los datos obtenidos emitieron un informe concluyendo que en Palomares las labores agrícolas liberan más radiactividad proveniente del plutonio que en Chernóbil. Dice así el informe: “Las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernobil son inferiores a las medidas en Palomares.”  

Ya en 2009 se conocían perfectamente las consecuencias de la radiactividad y Estados Unidos dejó de financiar el Proyecto Indalo. En la actualidad la zona está acotada, aunque siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear ni el CIEMAT hayan adoptado medida alguna. La existencia de contaminación fuera del vallado la reconoce el CIEMAT en la página 5960/11 del BOJA número 71 de 13 de abril de 2022. 

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ordene la limpieza de la radiactividad de Palomares, pero su titular, la ministra Sara Aagesen, se niega. Aduce que en España no hay un almacén apto para guardar ese tipo de residuos radiactivos y que tiene que ser Estados Unidos quien se los lleve, algo que obviamente no va a suceder. La solución que propone Ecologistas en Acción y los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es que se construya un Almacén Temporal Individualizado en Palomares, como ya tienen las centrales nucleares, y se guarden allí los residuos a la espera de encontrarles un almacén definitivo. Otra solución es modificar la normativa de El Cabril y guardarlos allí provisionalmente. 

Como mantener residuos radiactivos al aire libre en el centro de una población, aparte de ser una salvajada, es ilegal, la señora Aagesen ha recurrido a varios trucos “legales” para no ordenar la limpieza de Palomares. 

La ministra niega que lo de Palomares haya sido un accidente nuclear porque esos accidentes solo se pueden producir en las instalaciones nucleares entre las que están los almacenes donde se guardan residuos radiactivos. En Palomares se almacenan ese tipo de residuos en las dos fosas, en dos contenedores para verduras, en una caseta en el centro del pueblo y en los terrenos vallados, pero, como todo eso es ilegal, no tiene la calificación de instalación nuclear y no se le puede aplicar el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas que obligaría al desmantelamiento inmediato de la instalación. 

Todo el mundo, excepto la señora Aagesen, considera Palomares como el accidente nuclear más grave del planeta hasta que sucedió el de Chernóbil. En la actualidad ocupa el tercer lugar en el orden de gravedad de accidentes nucleares, tras Fukushima y Chernóbil pero, al contrario de lo sucedido en esos dos accidentes, en Palomares no se ha concluido la última fase, la remediación. Al no ser considerado Palomares como un accidente nuclear no se le puede aplicar la Ley 17/2015 sobre accidentes, ni por tanto su artículo 20 que prevé la recuperación del entorno. 

Se preguntará el lector ¿si Palomares no es un accidente nuclear, entonces qué es? La ministra Aagesen ha encontrado una triquiñuela para no gastarse 11 millones de euros en limpiar Palomares, porque ella no vive allí. Ella califica a Palomares como una situación de “exposición existente” en aplicación del anexo V del Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la Exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSRI). Este reglamento clasifica como “exposición existente” a los terrenos que han sufrido una emergencia que “ya ha sido declarada finalizada, tal y como se prevé en el sistema de gestión de emergencias.” Es decir, la señora Aagesen tiene el atrevimiento de dar por buenos los certificados falsos que Estados Unidos y la Junta de Energía Nuclear repartieron a los palomareños en 1966 diciendo que los terrenos estaban limpios y que ya había finalizado la emergencia.

Considerar Palomares como una “exposición existente”, además de un disparate, supone un problema muy grave para los habitantes de Palomares porque, de acuerdo con el artículo 71 del RPSRI, los lugareños y visitantes pueden recibir legalmente una radiación equivalente a 200 radiografías de tórax al año, cuatro por semana. Si se les aplicase el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y la Instrucción IS-13 del CSN, de 21 de marzo de 2007, solo podrían recibir una radiografía de tórax al año. 

Hay otro asunto que la señora Aagesen y las autoridades competentes no están teniendo en cuenta y es que no se puede tener material radiactivo al fresco, sin vigilancia alguna, porque cualquier desaprensivo puede llevárselo para fabricar bombas sucias, esas que tanto teme Israel.  

Todos estos problemas se solucionarían si la ministra diese instrucciones al Abogado del Estado para que se allane a la demanda que ha presentado Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional pidiendo la limpieza de Palomares.

Lo primero que resalta de ella es que más que una “propuesta de paz” parecía una “propuesta de rendición”. Sin embargo, no parecía que Irán estuviese dando muestras de estar dispuesta a rendirse. En contra de lo que los agresores, Israel y Estados Unidos, pudieron pensar en un principio, la respuesta de Irán ha sido bien calculada y bien elegida. Siendo el David, en su enfrentamiento con sus poderosos atacantes ha elegido como “honda” extender el conflicto, no con aliados que le ayuden en la guerra, sino con ajenos al conflicto para que le ayuden en la paz, en la búsqueda de una paz rápida y a ser posible inmediata, porque, aunque estos “potenciales colaboradores-honda” no son parte del litigio, están sufriendo sus rigores (las petromonarquías de la península Arábiga y los países importadores de petróleo y gas, entre ellos los europeos, los este-asiáticos y algunos musulmanes).  

Era, efectivamente, una “propuesta de rendición” porque se le exigía a Irán que “desmantelase sus capacidades nucleares” y “sus instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordo” y se comprometiese a “no desarrollar armas nucleares” y a “no enriquecer uranio”, así como a entregar “todas sus reservas de uranio al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”. Y todo ello exigido por un país que sí es potencia nuclear y el único que, hasta ahora, ha demostrado ser capaz de lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas (Hiroshima y Nagasaki). 

Pero no sólo se le exigía que no pudiera tener armas nucleares ni forma de acceder a ellas, sino que se le limitaba también su capacidad de defensa convencional, al exigirle que su programa de misiles “fuese reducido tanto en alcances como en cantidad” y “limitado a misiles de autodefensa”.

Se le exigía, además, que renunciase a tener aliados, a los que denominaba como "grupos interpuestos regionales" en referencia al llamado ”Eje de Resistencia”, conformado por diferentes milicias musulmanas (la mayoría chiíes) de la región, agrupables en función de su ideología común islamista y antiimperialista y de su alianza con el actual régimen islamista y teocrático iraní, que los ampara y financia: Hamás, Hezbolá, los hutíes de Yemen o las milicias armadas shiís iraquíes. 

Y se le exigía que el estrecho de Ormuz, prácticamente la única baza realmente disuasoria con la que cuenta Irán, permaneciera abierto. 

A cambio, se le ofrecía “el fin de las sanciones impuestas por la comunidad internacional" y  “la eliminación del mecanismo de reactivación automática y que permite la reimposición de sanciones si Irán incumple” así como “la asistencia de Estados Unidos para impulsar su programa nuclear civil”. 

Toda una panoplia de exigencias, adornadas con concesiones que no eran tales porque la propia paz, si se alcanzaba, hubiera implicado, por su misma esencia. la ausencia de sanciones o no sería auténtica paz, sino lo que realmente parece que quería ser, una rendición. 

Es quizás por esto por lo que China y ciertos países musulmanes, de una forma u otra aliados de Estados Unidos y afectados por las consecuencias de la guerra –como Paquistán, Egipto, Turquía o Arabia Saudí– han empeñado sus esfuerzos en que haya unas auténticas negociaciones directas, en las que las demandas y principios de ambos contendientes y de todos aquellos que sin ser parte de la guerra están sufriendo sus efectos sean tenidos en cuenta y se alcance una nueva propuesta consensuada viable y aceptable por ambas partes, independientemente del curso que fueran tomando las operaciones sobre el terreno, que cada vez estaban afectando a más países y en mayor número de formas.

Unas negociaciones directas entre ambos contendientes que les fuerce a tener en cuenta no sólo sus propios intereses, sino, asimismo, los de los muchos otros países que de una forma u otra se están viendo afectados, directa o indirectamente –y algunos en gran manera– por las propias acciones bélicas o por sus consecuencias económicas. 

Las guerras, fenómeno social polifactorial y tan anímico como material, no se ganan ni se pierden, ni se acaban porque el señor Trump lo diga en su red Truth Social, sino cuando desaparecen lo suficiente las causas que las han originado. La rendición se le pide a un enemigo vencido, no a un enemigo simplemente considerado más débil. 

Tengo el honor de poder asomarme en ocasiones a este medio para reflexionar sobre urbanismo, mi disciplina. En esta ocasión también será así, pero necesariamente el tema requerirá que le dé un matiz mucho más personal. Esto es porque el objeto del que voy a hablar es algo muy importante para mí: mi Barrio.

He vivido siempre en el casco histórico de Madrid, en un barrio de clase media donde mis padres establecieron su hogar porque tenían parientes y conocidos. Desde ese punto de vista he tenido siempre un arraigo profundo con mi entorno, al estar presentes en él esos familiares de mis padres, pero sobre todo porque he tenido la suerte de criarme en un vecindario, en un lugar que se caracterizaba por encima de todo por una red de relaciones entre personas que se basaban en el conocimiento y aprecio mutuo. Esa red ponía en carga un alto nivel de solidaridad y ayuda mutua, y hoy mirando al pasado veo que en gran medida se trataba de solidaridad intergeneracional, donde los niños y los mayores recibíamos una importante atención. Mirando a ese contexto y comparándolo con la realidad de mi barrio en el momento presente, me doy cuenta de que eso es lo más importante que hemos perdido quienes vivimos aquí todavía. Eso es lo más importante que se nos está usurpando porque constituye el alma del espacio donde desarrollamos nuestras vidas.

Habrá quien piense que estas líneas y esa valoración están guiadas por un exceso de nostalgia, pero honestamente creo que no es así. Soy objetiva al reconocer que el Distrito Centro de Madrid ha ganado en calidad de vida en algunos sentidos. Una de las grandes mejoras llegó con la entrada en funcionamiento de Madrid Central en noviembre de 2018. Esta zona de bajas emisiones derivó en que nuestro espacio público ganara calidad ambiental al sostener mucho menos tráfico. La mejora retrocedió con su conversión en Madrid Centro, que amplió los supuestos que permiten la entrada de automóviles privados. Pero aun reconociendo esta cuestión, se puede considerar que el barrio ha ganado en este sentido respecto a cuando yo caminaba por sus calles siendo una niña. Dicho esto, me cuesta encontrar otro aspecto en el que hayamos mejorado respecto a cómo era entonces. Intento explicar por qué.

La principal razón es que la pérdida del carácter de vecindario de mi barrio ha sido la consecuencia de otras pérdidas anteriores. Una primera vino derivada de la especialización de muchas de nuestras calles en lugares de ocio. Si bien todos los barrios del casco de Madrid vienen siendo desde hace tiempo lugar de referencia para el ocio de los madrileños y de quienes nos visitan, esta cuestión se intensificó de manera importante en la década de los 2000, cuando al calor de la potenciación, todavía incipiente del turismo, se empezaron a ir las actividades comerciales y los servicios de proximidad de muchas calles, que iniciaban a saturarse de bares y restaurantes. Uno de los motores de dicho cambio vino de la conversión de un mercado de barrio, el Mercado de San Miguel, en un mercado gourmet. Todavía, quienes viven en su entorno recuerdan que no tienen opciones cercanas para abastecerse de alimentos frescos. Cabe recordar que con la conversión del Mercado en una opción de ocio perdió toda la ciudad, puesto que se había restaurado poco antes con Fondos Europeos (en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional). En la memoria que justificaba el uso de esos fondos para rehabilitar el Mercado, el Ayuntamiento señala que era imprescindible su recuperación porque servía a una población envejecida. Sin embargo, poco después permitió que se convirtiera en lo que es hoy: un centro de ocio potentísimo que ha generado en su entorno toda una zona de restauración que vive al calor de su empuje. En ese periodo se consolidaron otros focos de ocio, produciendo un efecto que cada vez se extendía a más y más calles.

Quienes vivíamos en el barrio observábamos con resignación la pérdida de las tiendas, pensando que la tendencia pararía. Sin embargo no fue así y el barrio siguió perdiendo comercio de proximidad a favor de la restauración y el ocio. Como consecuencia, se multiplicaron las terrazas y así empezamos a perder también gran parte de nuestro espacio público. Esta tendencia se mantuvo temporalmente hasta la pandemia, en la que los metros cuadrados de terrazas aumentaron de manera importante, en principio de manera temporal para limitar los contagios. Es interesante señalar que aunque las denominadas “terrazas COVID” se retiraron en otros distritos de Madrid pasada la pandemia, en el casco se mantuvieron en muchos casos, resultando todavía a día de hoy en la ampliación de las preexistentes o en nuevas terrazas. Esta cuestión ha derivado en un mazazo a nuestra vida cotidiana porque muchas de nosotras no reconocemos ya nuestro espacio público: hemos perdido los lugares de nuestra cotidianeidad, lugares que ahora evitamos por el ruido, la suciedad, el exceso de actividad que soportan y la angustia emocional (hay quien lo llamaría solastalgia) de ver que se te escapa de las manos algo tan querido.

Perdidos el comercio y los servicios de proximidad, así como parte de nuestro espacio público, alguien puede pensar que ya no nos quedaba nada que perder, sin embargo en torno a la década de los 2010 había llegado el fenómeno de las viviendas de uso turístico, que también se reforzó con la pandemia. Pisos turísticos legales e ilegales se implantaron en nuestros edificios. El “Caballo de Troya” de la turistificación entró en nuestras comunidades. El fenómeno ha sido de tal intensidad que derivó en que muchos de nuestros vecinos y vecinas decidieran mudarse a barrios donde no hubiera vecinos “comisionistas” en las comunidades, con mejor calidad de vida y donde se pudiera dormir por la noche. Otros decidieron irse o tuvieron que hacerlo porque a todas estas dinámicas, propias del casco, se ha sumado el encarecimiento del precio de la vivienda en todo Madrid.

Y así, llegamos a lo más importante que estamos perdiendo, el alma de nuestro barrio: a nuestros vecinos y vecinas, nuestro tejido vecinal. Muchos se han ido y muchos otros están pensando en irse. Mientras escribo estas palabras me acuerdo especialmente de ellas y ellos y me pregunto si yo tomaré la misma decisión en unos años. Ahora me debato todavía entre el amor al barrio en el que me crie y he vivido siempre, y el rechazo de aquello en lo que se ha convertido. Esto lo hago observando con tristeza la dejadez de un Ayuntamiento que mantiene el statu quo, a pesar de las llamadas de atención que llevan a cabo las asociaciones vecinales y los ciudadanos y ciudadanas a título particular. Lo que le está pasando a mi barrio no es cuestión de un destino fatal e inevitable, es lo que deriva de un modelo de ciudad en donde lo económico prima y pasa como una apisonadora por encima de los vecindarios.

______________________

Sonia de Gregorio Hurtado es arquitecta Urbanista, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

En este blog yo tengo que escribir sobre milicia y sociedad civil. Y me pregunto muchas veces, y hoy con más intensidad, si realmente eso son dos cosas diferentes. 

Normalmente insisto en señalar que los militares no son sino ciudadanos de uniforme, al menos y afortunadamente en el entorno que vivimos y conocemos de primera mano: primer mundo, sociedad democrática, ciudadanos con derechos, sin conflictos directos. Pero si dirigimos la mirada a los conflictos y las guerras que nos sirven los medios de comunicación y las redes sociales, se ven dos aspectos sobre las bajas en la guerra que serían curiosos si no fueran dolorosos. 

El primero y más duro es que los dirigentes de las partes combatientes no establecen diferenciación entre militares y población civil, y si la establecen es en contra de esta última. Si en la sociedad del enemigo consigues que prenda el pánico, puedes lograr una rendición sencilla. A mayor número de bajas, más miedo.  Salvo que seas un sicópata y lo que intentes sea un genocidio, como por desgracia sucede con quien gobierna Israel. Basándose en un relato bíblico, presuntamente escrito al dictado de un dios propio, el territorio pertenece a tu etnia (racial y/o cultural) y por ello hay que exterminar a quienes sin ser de los tuyos, ocupan el territorio que ese dios le dio a tu etnia. 

Parece de locos, pero basta con oír a muchos dirigentes israelíes para comprender que, en el caso de Israel, así es la historia. Desdeñando y olvidando sus propios sufrimientos históricos, y acogiéndose a un presunto mandato divino, con una mentalidad propia de nuestra Edad Media, buscan “limpiar” el territorio de personas a las que muchos de sus dirigentes han llamado animales, subhumanos y otras “lindezas” de ese estilo. No le importan las bajas. Nunca son suficientes. 

Pero volviendo a una situación de conflicto alejada de esa visión mesiánica, el terror que se infunde en la población civil es el arma más utilizada en la guerra. Así se habla de las bajas civiles, señalando en muchas ocasiones que se trata de los más débiles de la población, ancianos, mujeres y niños. Conocemos, sabemos el número de bajas entre la población civil, mayoritariamente sobre la que compone la sociedad atacada, porque la atacante se guarda mucho de hablar de sus bajas civiles. Salvo que se usen, como en el caso de los ataques de Hamás del 7 de octubre que dieron lugar a la respuesta genocida de Israel en Gaza, como justificación para todo tipo de barbaridades contra los derechos humanos de la población civil del enemigo. 

El segundo aspecto es que apenas se habla de las bajas militares de uno y otro campo. Parece como si la vida de un militar, por su profesión, tuviera menos valor, fuera “de suyo” que tiene que morir. 

Ciertamente, al menos el militar dispone de armas y entrenamiento para tratar de burlar a la muerte. Difícil burla, porque si en algo ha prosperado el ser humano desde que el primer homínido se puso erguido en la estepa africana, ha sido en perfeccionar la forma de matarnos entre nosotros y matar a las demás especies. Hemos alcanzado una eficiencia brutal. Somos capaces de borrar de un plumazo nuclear a 150.000 personas directamente, más las que mueren a consecuencia de las secuelas. Y ello simplemente apretando un botón. Por mucho entrenamiento que tengas, de eso no te libras. 

Ha mejorado también la posición de los dirigentes del ejército. Del caudillo de la tribu que al frente de sus hombres atacaba a la tribu enemiga –llegando incluso a dirimirse el resultado de una guerra en un combate singular entre los dos caciques–, hemos llegado al caudillo cómodamente sentado en un despacho sin riesgo personal alguno, sobre todo si eres el atacante. En las famosas palabras atribuidas a Erich Hartmann: "La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan" se encierra esta “evolución”. 

Y esas son las bajas, las de esos jóvenes de uniforme, de las que no se habla. Ellos no son culpables de tener que enfrentarse a otros jóvenes. Y no disfrutan, salvo los militares israelíes, que constantemente graban y difunden en redes sociales mensajes felicitándose por asesinar a palestinos. 

Este es un caso que merece una pequeña digresión. Porque sin duda actúan de esa forma por los mensajes que reciben de sus líderes y la impunidad de la que gozan frente a todo tipo de atrocidades. En lugar de castigar a los autores de la violación de los derechos humanos (como en esta brutal agresión sexual), a quien se castiga es a quien difunde estas violaciones. Los dirigentes israelíes premian y fomentan la violación de los derechos humanos de los palestinos. Y no parece que a la mayoría de la población de Israel le importe mucho. Tampoco les importaban las vidas de los británicos del protectorado de donde les echaron a base de ataques terroristas que asesinaban a civiles a finales de los años cuarenta del pasado siglo. Aquí se difumina la línea entre sociedad civil y milicia. 

Volviendo a las bajas entre los militares, es muy raro que los medios de comunicación o las redes sociales informen acerca del número de fallecidos entre los militares. O al menos los citen. Salvo, claro está, que sean del mismo país y estén en un conflicto lejano actuando no exactamente como un ejército sino más bien como una fuerza de interposición o de imposición de la paz. No combatientes. Si combaten pierden el derecho a ser nombrados. 

Es evidente que la crueldad del ataque a personas indefensas reviste un mayor grado de barbarie. Máxime cuando no están en el escenario de la batalla, aunque ese escenario en los tiempos que corren puede ser desde un barrio densamente poblado a una escuela infantil. Porque los que deberían ser realmente campos de batalla (instalaciones militares, bases del ejército, fábricas de armas, aeródromos militares …) suelen estar intensamente protegidos. 

Pero no es menos reprochable la muerte de un combatiente. Muchas veces son combatientes sin su deseo. Hemos visto cómo en Ucrania y en Rusia quienes están en edad militar tratan de huir para no ser alistados. No todo el mundo está inflamado de ardor patriótico. Además, esa inflamación suele desaparecer cuando se aplica el remedio de horas de trincheras, balas silbando y explosiones que asordan cerca de uno. 

Curiosamente, en Estados Unidos, país agresor por excelencia, la sociedad civil sólo toma conciencia de la barbarie que es una guerra cuando empiezan a llegar a su territorio ataúdes cubiertos por la bandera que esconden a jóvenes muertos en defensa de unos intereses que casi nunca son los suyos.  

Así que, sí. Hay otra diferencia que añadir al militar y al civil. La muerte de este parece siempre reprochable. La de aquel, siempre inevitable. 

La guerra no es más que el fracaso absoluto del ser humano y sus relaciones, la sublimación de la violencia en la que el más violento trata de imponerse sobre el resto o sobre quien él desea. A costa de un puñado de sus nacionales y otro puñado, generalmente más grande, de los nacionales del país atacado. 

La pena es que este fracaso humano no nos enseñe que las armas y la violencia nunca son la solución. Siempre llegará uno más fuerte o más determinado. Y nunca una guerra acabó con un conflicto. Pero sí acabó con miles, millones de vidas. Civiles y militares.

En el distrito de Hortaleza, al noreste de Madrid, se ha celebrado el cincuenta aniversario de lo que fue la primera manifestación permitida en la ciudad tras la muerte del dictador, aunque entonces seguía muy vivo aquel desfasado Estado con su estructura paternalista de un Rascayú que tardó en irse, y represiva porque se basada en dos miedos: el que seguía latiendo en la memoria y en la carne tras la Guerra Civil y el miedo a ser señalado, a las detenciones, a la tortura… pero no seguimos porque llegaríamos a las fosas y a las cunetas.

Hoy hablamos de aquella manifestación de los baches de la Carretera de Canillas, el único acceso a Madrid que tenían las miles de familias que vinieron a este rincón de la periferia madrileña, en la que se construían barrios enormes sin ningún servicio público. Muchos grandes medios se han sumado a la ecolalia de un hecho que hoy en día es difícil entender y sentir, pero al que se mira con cariño y nostalgia, a veces inventada. En aquel entonces, algunos de los periódicos de la época ni lo hubieran nombrado, pero hoy se acepta como un momento importante de nuestra historia o nuestra distopía de lo “políticamente correcto”.

La manifestación contra los “200 baches por milla” de la Carretera de Canillas, como exclamaba una pegatina diseñada por el dibujante Antonio Fraguas, Forges, ocurrió un 13 de marzo de 1976. Sobre el valor icónico de esta manifestación, ni la persona que solicitó el permiso, Marta Hidalgo, tuvo conciencia del valor que el tiempo le aquilataría, aunque no olvida el miedo que pasó en el antes, durante y en el después, especialmente cuando el gobernador civil del momento, Juan José Rosón, la llamo para felicitarla “porque fue una manifestación ordenada”.

De haber sido cierto lo que dijo el gobernador, futuro ministro del Interior, una parte de los 700 manifestantes se hubiera ahorrado alguna carrera si la policía del momento hubiera sabido comportarse. Pero había que suponerlo inevitable. Como con el perro de Pavlov, una manifestación era como un azucarillo y, por tanto, era muy difícil para los cuerpos de seguridad evitar la saliva.

El orden y la ley son un matrimonio que hemos escuchado en himnos, discursos y arengas. Sin embargo, por primera vez y con la ley y en orden por delante, la manifestación de los baches supuso que las mujeres y los hombres pudieran salir a la calle a exigir su derechos sin algaradas ni detenciones, aunque se produjera algún escarceo, según denunció el inolvidable Paco Caño, referente del movimiento asociativo vecinal de Madrid.

No debió ser la primera manifestación que saliera por la Carretera de Canillas. Posiblemente fue anterior la manifestación del agua, según nos contaba el abuelito Valentín, nuestro muy querido y añorado Valentín Huerta. Fue una manifestación de “amas de casa” para reclamar que el agua llegara a las viviendas. Solo podía ser de mujeres porque, de otro modo, la carga policial era segura; sin embargo, Valentín no dejó de estar con ellas y vivió una temporada larga de miedo esperando que llegaran a detenerlo.

Fueron dos manifestaciones en aquel nuevo barrio que había fagocitado un antiguo pueblo en aras de que la ciudad de Madrid no podía ser más pequeña que Barcelona, según algunas malas lenguas. ¡Sin embargo, qué grande fue la gente que llegó a estos barrios y hasta con sus propias manos levantaron sus casas!

Aquello lo protagonizó una generación joven venida desde los cuatro puntos cardinales y dispuesta a trabajar para construir sus vidas y este futuro en el que ahora estamos. Esa generación reclamó la libertad y reclamó que la calle era suya y no de aquel ministro de la Gobernación que se bañaba en aguas radioactivas.

Entonces ocurrió: se arreglaron los baches y había agua. ¿Qué hubiera pasado sin esas manifestaciones? ¿Seguirían los baches del miedo? ¿Seguiría la sed de libertad? Seguro que más de uno o de un millón piensa que eso era lo que tocaba entonces y que se hubieran tapado los baches y llevado el agua.

Hay una parte de la ciudadanía que cree que lo que tenemos es porque sí, porque hemos nacido en esta época, porque hemos caído en esta parte del planeta o porque nos lo merecemos. Creen algunas voces que el individuo no es responsable y nada se puede hacer para mejorar la sociedad. Aquellos manifestantes de la Carretera de Canillas se habrían escandalizado de este modo de pensar y, peor, de actuar. ¿Cuáles son las consecuencias?

Hoy no tenemos aquellos baches en los que el coche de Forges encalló, pero sí tenemos en Hortaleza un nuevo circuito de Fórmula 1, que se construye junto a una zona residencial y nos va a robar la calle y el descanso para lucro de unos pocos. ¿Por qué la protesta de las gentes de esos barrios no ha hecho que tiemblen los despachos?

Hoy tenemos en Madrid un barrio, la Cañada Real, que lleva más de cinco años sin electricidad, en condiciones tercermundistas y no pasa nada por esas vidas maltratadas y esas infancias pisoteadas, que se encuentran a pocos metros de donde está todo. No son motivo suficiente para que la ciudadanía dé una patada y tiemblen los despachos.

Hoy estamos viendo la especulación con el proyecto Madrid Nuevo Norte, la conocida como Operación Chamartín; hoy vemos la asfixia de los centros públicos de educación sin climatización ni adecuación; hoy vemos la venta de viviendas a fondos sin alma y la desesperación de los jóvenes por el derecho a tener su casa; hoy lloramos con el torpe “ecocidio” de la tala de árboles; hoy nos quedamos pasmados por la externalización de la sanidad pública en manos de buitres que discriminan a los pacientes según el coste de la atención. Hoy y mañana y después siguen las causas sin ser motivo suficiente para que la ciudadanía dé una patada y tiemblen los despachos.

Miramos con nostalgia aquellos pasos decididos y valientes junto a los baches de la Carretera de Canillas. Somos los herederos de aquellas pisadas, pero nos han domesticado y vemos con indulgencia aquel pasado que nos trajo a un momento en el que los agujeros o baches en los derechos de la ciudadanía ya no hacen temblar ningún despacho ni analógico ni digital. ¿Qué legado dejaremos?

Juan Cruz es miembro de la Asociación Vecinal de Manoteras, Radio Enlace y Hortaleza Periódico Vecinal.

El triunfo de la revolución supuso la salida de todos los intereses estadounidenses de Cuba, quedando como testigo la base militar de Guantánamo, que se residenciaron, junto con una amplia colonia, en el Estado de la Florida, dando continuidad al exilio anterior de la guerra hispano-norteamericana. En los años ochenta, la precariedad de la economía cubana que seguía la deriva de la órbita soviética, la falta de oportunidades y la consiguiente frustración de las expectativas produjo la segunda gran oleada de salida de los cubanos con la crisis del puerto de Mariel. La desaparición de la URSS en los años noventa, culminando un periodo de disgregación del bloque oriental, llevó al régimen a una situación límite. La combinación de una economía de guerra (periodo especial) y la apertura de la industria turística, un recurso extraordinario que estaba desaprovechado, consiguió reflotar la maltrecha economía cubana y estabilizar el gobierno, siempre ejerciendo un control represivo sobre la población.

Y en esto llegó la ley Helms-Burton (1996), impulsada por el lobby anticastrista para proteger los intereses de ciudadanos estadounidenses expropiados décadas atrás y reforzar el embargo. La consecuencia buscada de propósito fue que, al sancionar los suministros e inversiones extranjeras en la isla, se consiguiera yugular el intento de modernización de la economía y, por extensión, del desarrollo de la sociedad cubana en un escenario de mayor autonomía individual. Con estas limitaciones, el éxodo ciudadano mantuvo un flujo constante, plasmado en el fenómeno de los llamados balseros, que se hacían a la mar con precarias embarcaciones y artefactos artesanales. También daba muestra de un profundo descontento popular, por la combinación de precariedad, retórica y represión política, el abandono en las delegaciones de deportistas que desertaban y de artistas que solicitaban asilo político. Cuba se descapitalizaba.

La encarnación de la revolución cubana en la figura legendaria de Fidel complicó la renovación del liderazgo burocrático. Mientras se degradaban las condiciones de vida en la isla, el régimen reforzaba sus mecanismos represivos y perdía definitivamente el favor de la cultura. El premio Nobel José Saramago ya había pronunciado su “hasta aquí he llegado”, tras el encarcelamiento masivo de opositores y el fusilamiento de tres jóvenes en 2003. La enfermedad de Fidel forzó la sucesión en su hermano Raúl, también comandante histórico y general de Ejército, planteándose como una transición interna del Partido hasta la renovación del actual presidente Miguel Díaz-Canel.

El mandato del presidente Obama culminó en su último año con el deshielo en la relación entre Washington y La Habana, tras cerrar el escollo que suponía el expediente de los cinco agentes infiltrados, encarcelados quince años en Estados Unidos. Así, el aterrizaje del Air Force One, en marzo de 2016, simbolizó esta nueva estrategia en las relaciones bilaterales, que apenas duró unos meses hasta la llegada de la primera administración Trump, con la consiguiente vuelta a la línea dura. En aquella coyuntura política, la declaración de la pandemia global en 2020, deteniendo bruscamente la industria turística y con ello su principal fuente de ingresos, asestó un golpe mortal a la economía. El resto es agonía y presentimiento del colapso final.

En la hora en que se anuncia el definitivo asalto, tres meses después de someter al país a un doloroso estado de sitio, se ha alcanzado la opción cero en el suministro de combustible, paralizada la actividad del país y sometida a un régimen de hambre y enfermedad a su población, que reacciona con justificadas protestas en la oscuridad del apagón cotidiano. El gobierno ha comenzado a claudicar, abriendo conversaciones que no pueden desembocar sino en aceptar la rendición sin otras condiciones que las que señale Mar-a-Lago, seguida de la tutela del secretario de Estado, Marco Rubio, que inaugura la venganza largamente acariciada por el exilio cubanoamericano. El modelo de intervención en Venezuela se reproducirá, quizá en un periodo más breve, hasta el desembarco de la clase empresarial en la isla. No parece que Cuba, terriblemente aislada, esté ya en disposición de ofrecer algún tipo de resistencia o respuesta militar.

Llegados a este punto, la certificación de la caída de un régimen, inviable desde hace años, sin horizonte alguno de futuro, supondrá una alivio para su empobrecida población y abrirá expectativas de regreso a la numerosa colonia cubana en el extranjero. La legitimidad histórica de su rebeldía contra la tiranía, la hermosa utopía de la alfabetización, justicia, cultura y dignidad de las personas que alguna vez representó, se ha ido perdiendo en un camino jalonado por la represión y la ceguera de una clase política institucionalizada, incapaz de conectar con las nuevas generaciones de cubanos.

Es difícil oponerse a la prepotencia imperialista del Estado vecino que, especialmente bajo esta administración agresiva, no reconoce otra ley que el ejercicio de la fuerza, pero es momento también de admitir que faltó inteligencia, concordia y generosidad a ambos lados del estrecho de Florida. Con estos juegos de suma cero, se perdió la oportunidad que ofrecía el cambio de siglo para conducir una transición democrática consensuada entre todos los cubanos, como se hizo en países del Este de Europa, que conservara los avances sociales y el progreso educativo en un sistema representativo. 

Ahora, cuando en los mentideros de Little Havana se proclama ya el consabido “Comed revolución”, se pasará al cobro una elevada factura en términos de soberanía, que, en todo caso, no debería incluir tributo de sangre. Cuba, que es mucho más que un lugar turístico, se recuperará pronto cuando se le ofrezca una oportunidad, porque cuenta con la formación, conciencia y solidez de su población. ¡Viva Cuba libre! 

Nos cuentan en las noticias un dato supuestamente alarmante: "Los jóvenes ya no quieren conducir". Mientras que el número de jóvenes con carné de conducir está bajando, construimos nuevos barrios en los que prescindir de la conducción de un vehículo privado resulta inviable. En nuestro país, los proyectos de ampliación urbanística emprendidos durante los últimos 30 años se han caracterizado por dibujar una nueva ciudad con un trazado diseñado para la movilidad en coche, con bloques de viviendas cerrados y escasez de equipamientos y servicios públicos. Desde la Asociación A Pie en Madrid nos inquieta este modelo que promete conectividad y libertad a un precio asequible pero promueve el individualismo, la desconexión y el aislamiento social.

En los barrios construidos en este siglo XXI en Madrid, como los Proyectos de Actuación Urbanística (PAU) de Sanchinarro y Montecarmelo, la movilidad es cochecéntrica: las alternativas de transporte público al automóvil son insuficientes, todo está lejos y resulta poco atractivo e inseguro para caminar o pedalear. Predominan las grandes vías, con dos y tres carriles por sentido, que invitan al uso del coche y a circular rápido. Además, nunca falta el aparcamiento a pie de calle. Por ese motivo, en muchos de estos desarrollos urbanos recientes, las asociaciones vecinales, como en el caso del Ensanche de Vallecas, reclaman mejoras de la seguridad vial, la sustitución de carriles de coche por carriles bus o carriles bici, o algo tan básico como conexiones de transporte público, peatonales y ciclistas.

Respecto a las viviendas de estos nuevos desarrollos, como las de Entrenúcleos (Dos Hermanas, Sevilla), se caracterizan por ser modernas, energéticamente eficientes y con zonas verdes y equipamientos integrados. Cada hogar cuenta con varias plazas de garaje y cada bloque de viviendas y manzana de adosados se cierra hacia dentro, dando la espalda al espacio público. Se diseña para que todo pase dentro del edificio o la manzana con piscina, zona de césped y de juegos privada. Desconectados del entorno, el barrio y la ciudadanía que habita más allá de esos muros, no propician vivencias comunes, incrementando el círculo vicioso de la individualización de nuestras vidas, la desconexión con los vecinos y vecinas, el barrio y las necesidades de los otros.

Pero quizá el problema más flagrante de estas nuevas zonas es la promesa de equipamientos y servicios públicos que tardan años en llegar o que nunca llegan. En El Cañaveral (Madrid), los colegios públicos abrieron en 2025 tras una década de reclamaciones vecinales, pero con solo 88 plazas ofertadas, insuficientes para los 499 niños de 3 años que viven en el barrio y menos aún para los 1.735 de entre 0 y 2 que en los próximos años serán escolarizados. Además, la prometida estación de Metro para el barrio se descartó en 2022, optando por una línea Bus de Uso Prioritario que todavía no ha llegado a las casi 25.000 personas empadronadas. Y también faltan centros de salud, polideportivos, centros sociales y culturales, parques y otros espacios públicos. Este déficit de servicios obliga a los residentes a viajar permanentemente en coche hasta barrios cercanos para atender sus necesidades, y hace que sus habitantes se sientan aislados los unos de los otros y de su entorno.

Desde A Pie nos unimos a la lucha de los vecinos y vecinas de estos desarrollos cochecéntricos y a sus demandas de dotaciones para poder desarrollar su vida sin la obligación de utilizar el coche para todo, ya que un barrio orientado al vehículo privado y no al vecino de a pie es un barrio aislado y desconectado, que no garantiza el bienestar ciudadano y la movilidad sostenible. Nuevos desarrollos urbanísticos como Donapea en Pamplona y la Quinta Julieta en Zaragoza todavía están a tiempo de no cometer el error de la dependencia del coche, porque una vez construidos, la lucha por corregirlo siempre es larga y ardua.

_________________

Daniela Sánchez Zamora es miembro de la Asociación de Viandantes A Pie

En esta ocasión nos viene que ni pintado para hablar de los múltiples intentos de razonar que han sido trasladados en los últimos años al Ministerio de Defensa, bien directamente a su máxima dirigente, la ministra Margarita Robles, bien al resto de responsables con competencia en materia de personal, y me refiero fundamentalmente a las personas que han ostentado en este periodo de tiempo la titularidad de la Subsecretaría de Defensa. Recordemos que la ministra Robles va camino de cumplir los ocho años en el cargo, y durante ese tiempo han sido tres las personas que han ocupado el cargo en su Subsecretaría.

Hablemos de la situación del personal militar y de las grandes carencias con las que desarrollan su servicio a la ciudadanía en su día a día.

No es nada nuevo para el lector saber que los militares tienen, tenemos, disponibilidad permanente para el servicio, y esto supone que pueden ser requeridos para incorporarse a su destino en cualquier momento, algo que hemos comprobado en los últimos tiempos con cierta asiduidad, como por ejemplo para atender a las distintas catástrofes que han asolado nuestro país en el último decenio: Filomena, Covid, volcanes, dana, incendios, nevadas o inundaciones, además de cumplir con nuestras principales misiones como son la seguridad y la defensa del país, y por extensión de las distintas organizaciones multinacionales a las que España pertenece, OTAN, UE, ONU, etc.

Digamos entonces que el militar es un trabajador con un vínculo especial con la sociedad, y esta sociedad suele reconocer con gran estima el trabajo que desempeña, pero obviamente hay aspectos de su desarrollo profesional que no le son tan conocidos, y es aquí donde entra en juego el trabajo de las asociaciones profesionales, a las que la ley les otorga el papel de velar por la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de los militares.

Velando por esos intereses, las asociaciones llevan mucho tiempo —en el caso de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) desde 2005, siendo uno de los motores que impulsaron el pleno reconocimiento legal de la normas por las que hoy se rigen todas las asociaciones profesionales— ejerciendo como tales y no han dejado de expresar la precaria situación de los miles de hombres y mujeres que componen nuestras queridas Fuerzas Armadas; han salido a la calle manifestándose en diversas ocasiones para defender o reclamar esas mejoras, han elevado quejas ante el Defensor del Pueblo, han hablado con los distintos grupos parlamentarios, incluidos los de los partidos que sustentan el gobierno, han participado en debates y foros intentado aumentar el escaparate de sus reivindicaciones, han emitido innumerables notas de prensa y elaborado cientos de propuestas dirigidas al propio Ministerio de Defensa, para ser tratadas en el supuesto órgano de interlocución que es el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. En definitiva, han hecho y seguirán haciendo todo cuanto esté en sus manos para seguir proclamando a los cuatro vientos la precaria situación profesional del colectivo militar.

El punto que suscita mayor incomprensión entre el personal es el referente a las retribuciones. Como antes he mencionado, esa dedicación permanente para el servicio que afecta al personal militar hace que muchos superen con creces —llegando incluso a doblar— la jornada laboral establecida que, de momento, es de 1.642 horas al año, como el resto de los trabajadores de la Administración General del Estado; digo de momento, porque en la actualidad esa jornada está referida a 37,5 horas semanales, pero en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en la negociación entre sindicatos y Gobierno se establece la jornada de 35 horas semanales, y ya el Gobierno está dejando caer el mensaje de que no será de aplicación a las Fuerzas Armadas.

El trabajador militar, en el escalón más bajo de la pirámide jerárquica de las Fuerzas Armadas, es decir. el soldado o marinero, que a su vez es el empleo más abundante en dicha pirámide, apenas cobra un salario neto de 1.300€ al mes, situándose como los empleados de la Función Pública con unas retribuciones más bajas.

Las jornadas superan de largo lo legalmente establecido y esos excesos horarios no tienen ninguna compensación económica, ya que no se pagan las horas extras, ni las guardias, maniobras o situaciones similares.

Por otra parte, el militar está sujeto a una movilidad muy superior a la de otros servidores públicos. Esta movilidad no se ve compensada con otro tipo de ayudas suficientes que puedan paliar en cierta manera esas bajas retribuciones, ya que en la actualidad la red de alojamientos o residencias militares es totalmente insuficiente, además de deficiente, para atender ni tan siquiera al decreciente número de jóvenes que deciden formar parte de estas Fuerzas Armadas.

Otro de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es el del reclutamiento. El Ministerio de Defensa realiza ingentes esfuerzos por difundir las distintas convocatorias de plazas de Tropa y Marinería, utilizando con asiduidad las redes sociales, que son las ventanas a las que hoy se asoma la juventud para recibir información, y también está presente en ferias y foros de empleo, añadidos a las charlas que se imparten en los centros educativos. Pues todo ello no es suficiente para convencer a nuestros jóvenes y, así, nos encontramos con que el número de chicos y chicas que optan a ellas va disminuyendo año tras año, a pesar de aumentar cada año el número de plazas: según los datos publicados en los últimos meses, apenas se llega a 3 candidatos por plaza ofertada. A esto hemos de añadir la gran cantidad de abandonos en el periodo de formación, en los que aproximadamente 1 de cada 4 alumnos no llega a culminar dicha formación en el acto de jura de bandera.

No pensemos que el resto de las escalas están en mejores condiciones, pues tampoco en las academias de suboficiales y de oficiales se llegan a cubrir todas las plazas ofertadas para el ingreso, y el número de bajas en la fase de formación también es significativa. Sumemos a esto el alto número de militares de ambas escalas que tras pocos años de servicio optan por otros ámbitos laborales, sean privados o públicos; sirva a modo de ejemplo cómo oficiales con una gran proyección de carrera optan por opositar a plazas de agentes de las policías locales o cómo suboficiales con igual proyección de carrera optan por opositar a la escala de Guardias y Cabos de la Guardia Civil, rebajando su “estatus” a una escala funcionarial más baja pero mejor retribuida. 

En definitiva, no somos capaces de retener el talento.

Centrémonos ahora en otro de esos “altavoces” que ponen de manifiesto la situación del personal militar, en este caso el Observatorio de la Vida Militar, órgano que nace de la misma ley orgánica que las asociaciones profesionales, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero que es un órgano de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales, y cuya misión es analizar permanentemente la condición de los militares y velar por sus intereses.

Recordemos que el Observatorio de la Vida Militar debe estar compuesto por nueve miembros, cinco elegidos por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado de entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas. Para gozar de independencia, su nombramiento se efectúa por mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres Grupos Parlamentarios en cada Cámara y por un periodo de cinco años.

Entre sus cometidos está la elaboración y presentación ante las Cámaras de un informe anual propio de sus funciones, y de este modo nos podemos remontar a su primer informe del año 2014 con un apartado específico sobre movilidad geográfica en las Fuerzas Armadas, el de 2015 con un especial estudio de las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, o el de 2016 con un estudio sobre las retribuciones en las Fuerzas Armadas. Y así llegamos al estudio correspondiente a 2024 presentado hace unos días por su presidente en la Comisión de Defensa del Congreso. Año tras año los mismos problemas se repiten de manera sistemática.

En dicha presentación, el presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, dejó de una manera muy clara y directa, en relación con las retribuciones, frases tan contundentes como las siguientes: “hay soldados que no pueden vivir con dignidad con sus retribuciones actuales”, “reforma pendiente y urgente”, “descompensadas y desfasadas”, “pongan en valor la cualificación técnica, recompensen la movilidad permanente y la disponibilidad para el servicio”.

También habló el presidente de la escasez de recursos humanos de que adolecen en la actualidad nuestras Fuerzas Armadas, con una falta estructural de efectivos, con serios problemas en muchas unidades para mantener su operatividad, falta muy ligada principalmente a unas retribuciones escasas, a los problemas de movilidad geográfica y también a las faltas de promoción interna.

(Puede verse la intervención completa en el siguiente enlace: Comisión de Defensa - 24/02/2026)

De todos estos informes y estudios (disponibles en Estudios e Informes - OVM), se realiza un dictamen por parte la Comisión de Defensa, y en su contenido se dictan recomendaciones o “deberes”, siendo uno de los más repetidos el relativo a adecuación y mejora de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Hemos mencionado la cantidad de ocasiones y el alto número de interlocutores que han aportado razonamientos evidentes y bien fundamentados destinados a la mejora de las condiciones del personal militar pero, lamentablemente, si la otra parte implicada, el Ministerio de Defensa, opta por no atender dichos razonamientos, nos lleva al título de este texto: no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Esperemos que luego no sea tarde para lamentaciones.

El pasado 14 de enero amanecimos con una noticia que nos dejó a todos y todas desolados: una familia, víctima de violencia machista, iba a ser desahuciada en Villaverde. Nadie podía comprender cómo una abuela con sus nietos huérfanos, dos de ellos menores de edad, podían sufrir ese abandono institucional.

Las asociaciones vecinales y las asociaciones feministas nos pusimos en marcha para comprender, aunque tarde, cómo podíamos acompañar a esta familia desde nuestras humildes posibilidades. Lo que encontramos fue un sistema que, lejos de evitar la revictimización y de acompañar y asistir a las víctimas de esta lacra, les obliga a relatar una y otra vez su dolor para ser escuchadas, que pone bajo sospecha su palabra y que convierte cada derecho en una carrera de obstáculos. Un sistema en el que los derechos no se garantizan, sino que deben ser rogados; en el que cada trámite reabre de nuevo la herida en lugar de repararla.

Nos preguntamos entonces si, además, no sería solo la punta del iceberg, pues cuántas familias y víctimas se habrán encontrado en una situación similar, sin altavoz ni apoyo vecinal.

Es por ello que, ante la cercanía de este 8 de marzo, no podemos limitarnos a lo simbólico: queremos denunciar en esta fecha que los mecanismos de apoyo a las víctimas llegan tarde, que el sistema de protección a las mujeres es fundamentalmente reactivo y que faltan recursos materiales para garantizar una protección real a las mujeres y a los huérfanos de violencia machista.

Si retrocedemos hasta el origen del caso que señalamos, la hija mayor de la víctima (quien escribe estas líneas) había intentado en varias ocasiones denunciar la violencia machista que sufría su madre, Miguela Novas Noboa, pero no se le permitió presentar la denuncia porque “era necesario que compareciera la víctima”. Esto evidencia que, como primer paso, es fundamental avanzar en la formación de quienes reciben las denuncias, en este caso la Policía Nacional, para que puedan abordar de manera integral la prevención y atención de la violencia machista. Recordemos que, según la Guía de Actuación frente a la Violencia Machista de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género: “cuando hablamos de violencia de género, sí pueden interponer denuncia otras personas. Son delitos públicos, nos afectan a todos y a todas como sociedad, por eso pueden ser denunciados por cualquier persona o institución que tenga conocimiento de los mismos”.

Existe, además, una falta absoluta de coordinación institucional que hace inoperante la respuesta cuando el crimen ya se ha cometido. El 16 de noviembre de 2023 el Ayuntamiento de Madrid anunció un “comité de crisis Miguela Novas Noboa” que abogaba “por estrechar la coordinación entre instituciones para proteger a las víctimas de violencia machista”. Sin embargo, han pasado ya más de tres años desde el asesinato de Miguela, y aún no se ha celebrado el juicio. La falta de coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y otros recursos comunitarios ha generado una desprotección absoluta de su familia hasta el punto que, como hemos ya relatado, sus miembros fueron desahuciados de su vivienda en Villaverde, dejando a las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad y desamparo.

Como señalábamos, la protección sin recursos materiales no es posible: sin la acreditación de víctimas —que en demasiadas ocasiones llega tarde y tras múltiples obstáculos— y sin la regularización administrativa necesaria para el reconocimiento legal de la situación familiar, resulta imposible acceder a becas de comedor, al Ingreso Mínimo Vital o a una alternativa de vivienda social digna que garantice los derechos fundamentales de los menores. Cada trámite se convierte en condición del siguiente y, sin uno, no es posible el otro.

Por todo ello, queremos denunciar la profunda brecha entre el discurso político y la realidad cotidiana que enfrentan quienes sufren este desamparo institucional. En muchos casos, se trata de niños y niñas que dependen del cuidado de familias destrozadas por la violencia y, además, se ven obligados a navegar en un verdadero laberinto burocrático: desde los distintos servicios sociales municipales hasta el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, pasando por reuniones con diversas fiscalías y otros organismos que deberían protegerlas.

Por supuesto, es importante que los representantes institucionales se sitúen públicamente del lado de las víctimas y condenen la violencia machista. Por supuesto, es fundamental que se denuncien los discursos promovidos por la extrema derecha que relativizan la gravedad de la violencia machista o que blanquean los términos invisibilizando este drama (a la fecha que escribimos estas líneas, en lo que va de 2026, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y dos menores han sido víctimas de crímenes machistas). Pero no menos importante es que estos actos simbólicos se traduzcan en cambios estructurales, en una coordinación efectiva y en una financiación suficiente para garantizar justicia y seguridad a las víctimas. Y eso, exige pasar de lo estético, a los hechos. Seguiremos presionando para que así sea, no esperen más paciencia.

_________________

Silvia González Iturraspe es de la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde y de la directiva de la FRAVM.

Leticia Novas Noboa es hija de Miguela Novas Noboa, víctima de un asesinato machista.

La visita relámpago, hace unos días, del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a esos dos países tiene la doble función de apoyar sus políticas para fortalecer los lazos ideológicos y de alimentar las tensiones dentro de la Unión Europea. Tensiones que vienen determinadas por una posición sistemáticamente contraria, en especial por parte del “caballo de Troya” Viktor Orbán, a la reglamentación europea en materia de restricciones de derechos LGTBI, control de medios de comunicación, inmigración y el bloqueo de sanciones a Rusia, entre otras muchas. Ejemplo de ello es que Hungría y Eslovaquia han seguido comprando petróleo y gas rusos desde la invasión rusa a Ucrania en 2022 y que Orbán acaba de anunciar que bloqueará, una vez más, el último paquete de ayuda UE a Ucrania. 

Pero esta labor de zapa viene de lejos —realmente hace apenas un año, pero este segundo mandato de Trump se nos está haciendo muy largo— pues fue en marzo de 2025 cuando el vicepresidente americano J.D. Vance acudió a apoyar explícitamente al partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) durante las elecciones a la cancillería.

Pero esa visita, que Vance aprovechó para entrevistarse personalmente con la dirigente neonazi Alice Weidel, no habría tenido la expansión que tuvo si no fuera por la varita mágica que maneja Elon Musk con sus algoritmos. La copresidenta de AfD, con unos 200.000 seguidores entonces, pasó en solo unos días a más de 2 millones tras la interacción de Musk en sus publicaciones. La intervención de este lunático empresario en una publicación en su plataforma X puede ser transformadora: líderes ultraderechistas europeos como la negacionista climática Naomi Seibt, el vicepresidente del consejo italiano Matteo Salvini, o influencers como el chipriota Fidias Panayiotou conocieron un aumento espectacular de seguidores tras un simple retweet, una respuesta o una mención de Musk, que cuenta con unos 230 millones de seguidores.

El mismo Vance ya emprendió su cruzada antieuropea, de tinte ideológico, en febrero del año pasado con ocasión de su intervención en la Conferencia de Munich, donde arremetió contra los países europeos cuestionando sus democracias. “La amenaza que más temo para Europa no es Rusia, no es China (...) Es la amenaza interna.(...) Es la retirada de algunos de sus valores fundamentales, valores compartidos con EEUU”. “La libertad de expresión está en retroceso en Europa, me temo”, añadió, en un claro apoyo a las extremas derechas continentales, que reclaman libertad total para difundir sus mensajes de odio.

En la Conferencia de Munich de este año, Marco Rubio, mucho más diplomático que el ofensivo Vance en 2025, ha querido dar un mensaje de tranquilidad, pero —puño de hierro y guante de seda— recordando el ultimátum de Donald Trump en la cumbre de Davos sobre sus pretensiones en Groenlandia y sus críticas a las políticas migratorias y de transición ecológica de la UE.

Si hay algo en lo que coinciden actualmente Trump y Putin es en su intento de desestabilizar y dividir la Unión Europea. Los planes americanos de retirar sus defensas de los países del Este europeo para 2027 o la reducción de la ayuda militar a los países bálticos, han hecho salivar al Kremlin.

Añadamos también que en su reciente Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), la Administración Trump señala a la UE como a su principal adversario en Europa, y ya no a Rusia, con la que pretende restablecer una estabilidad estratégica (“It is a core interest of the United States to (...) reestablish strategic stability with Russia”, ESN, pag. 25), en un giro de 180 grados respecto al señalamiento de ese país como principal amenaza y a Putin como enemigo número uno, tan solo hace poco más de tres años, con ocasión de la Cumbre de la OTAN de Madrid.

“Ese enfoque resulta atractivo para Rusia”, declaró Dmitri Peskov, portavoz de Putin. Ahora Trump parece más proclive a sacar tajada del destrozo causado por su homólogo ruso en Ucrania.

Criticando la trayectoria actual de Europa, que, de seguir así –dice el documento– será irreconocible en un par de décadas (“Should present trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less”), la Casa Blanca aboga por premiar a quienes ofrezcan resistencia a la ‘manía’ regulatoria (“regulatory suffocation”) de la UE y apuesten por profundizar en el nacionalismo, en clara alusión a los partidos de extrema derecha o a países “rebeldes” como Hungría.

Del conjunto del texto se deduce que Estados Unidos quiere una Europa de naciones, mucho más manejable individualmente, no una Europa unida que, por muy mejorable que sea el funcionamiento de las instituciones de la UE, ha evitado la guerra entre sus miembros en los últimos 80 años, algo inédito en la historia del continente. Para eso fueron creadas, principalmente, las comunidades europeas en la década de 1950. Y ha funcionado, incluso con las ampliaciones sucesivas de su membresía.

Donald Trump ha decidido con su ESN que el hemisferio occidental es un espacio —en el que nos incluye, claro está— para la actuación legítima estadounidense en defensa de sus intereses, obviando todas las normas del derecho internacional. Eso daría lugar a una serie de esferas de influencia geopolítica: Rusia sobre sus antiguas repúblicas soviéticas, Israel como proxy americano en Próximo Oriente y China sobre su mar Meridional.

Los efectos prácticos de la ESN en “su” hemisferio se estrenaron recién comenzado este año con las amenazas a Colombia, México, Cuba y Dinamarca (vía Groenlandia) y, sobre todo, con el sangriento secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. En los ataques y la acción de comando murieron alrededor de 100 personas, entre ellas casi la totalidad de la guardia personal de Maduro y, con toda seguridad, algún miembro de la Fuerza Delta que el Departamento de Guerra se ha preocupado en ocultar a la opinión pública estadounidense. Salvo que nos hagan creer que la vida real es Hollywood, donde los “rambos” nunca mueren.

En paralelo a la ESN, la recién creada Junta de Paz (Board of Peace), inicialmente concebida para la reconstrucción de Gaza, es una organización que pretende reemplazar al Consejo de Seguridad de la ONU (donde EEUU solo tiene el poder de veto), en la resolución de conflictos. La gran diferencia es que esta Junta está hecha por y para Donald Trump: él ha creado los estatutos, es presidente vitalicio, decide quién puede formar parte y puede adoptar resoluciones sin consultar a nadie. Pues bien, dos países miembros de la UE, Bulgaria y (¡Oh, sorpresa!) Hungría, se han adherido a este chiringuito imperialista, para vergüenza de todos los europeístas. Una consecuencia más del papel divisivo de ambos elementos, la ESN y la Junta.

En fin, desde que Trump ha regresado al poder, se ha quebrado gravemente la confianza entre sus socios de la OTAN. El 47º presidente de EEUU está utilizando la organización para chantajear a sus miembros y, con las amenazas a Groenlandia, demuestra que estar bajo su paraguas no te va a librar de empaparte de agua, sobre todo porque puede llover desde dentro.

Hasta la modesta y tranquila Islandia, en vistas de la importancia que está tomando la región del Ártico y el desasosiego que le provocan las amenazas de Trump de aplicarle un aumento del 15% en aranceles y sus apetencias por la isla vecina, al parecer está sopesando adelantar a este verano el referéndum para el reinicio de negociaciones —que estaba previsto en 2027— para su ingreso en la UE (solicitó la adhesión en 2009 y la retiró en 2015), club que le podría ofrecer un plus de seguridad, estabilidad y confianza. La broma del excongresista republicano Billy Long, recién nombrado embajador en Reikiavik, diciendo que Islandia se convertiría en el 52º Estado de la unión y que él sería su gobernador, no ha sido bien digerida por los islandeses. Tampoco ayuda mucho que Trump mencionara Islandia (¿ICEland?) hasta en cuatro ocasiones durante su discurso en Davos, cuando estaba hablando de Groenlandia. ¿Confusión mental, traición del subconsciente o grave desconocimiento geográfico?

Y para concluir, habrá que fijar un poco la atención en la opinión autorizada de su sobrina, la doctora en psicología clínica Mary L. Trump, quien define a su tío como un narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como un modo de vida. El título de su libro, publicado en 2020, lo dice todo: “Siempre demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”. Solo el primer día vendió un millón de ejemplares.

Una trampa lingüística (Donroe por Monroe) en la que parecen estar cayendo numerosos comentaristas, que, quizás por el pudor de que no se les catalogue como trumpistas, utilizan la expresión “corolario de la doctrina Monroe” para referirse a la que el presidente Trump ha denominado Doctrina Donroe.

Puede que suene muy bonito, incluso muy científico, pero geopolíticamente es un contrasentido. Un corolario sería una propuesta cuya justificación viniera avalada por su similitud con otra previa cuya lógica y utilidad hubieran quedado demostradas (por la historia en este caso). Que la Doctrina Monroe tuviera sentido geopolítico en los momentos de su concepción y aplicación (1823) no implica necesariamente que lo tenga que tener dos siglos después (2026), la Doctrina Donroe. 

En primer lugar, por su carácter estratégico. La Doctrina Monroe es claramente defensiva y proteccionista, la reacción a una pretendida intromisión de antiguas potencias coloniales en los asuntos internos de los países recientemente liberados e independizados con objeto de mantener en ellos privilegios —económicos, comerciales y/o culturales—. La Doctrina Donroe, por el contrario, lo que persigue es lo opuesto, que Estados Unidos mantenga la libertad y la oportunidad de influir y condicionar en beneficio propio la política, la economía, el comercio y la geopolítica del resto de los países americanos, impidiendo la competencia de cualquier otro país u organización internacional en los países del hemisferio. En 2026, es precisamente Estados Unidos el que busca poder actuar como los países europeos intentaban en 1823, lo que convierte su “doctrina” en agresiva e imperialista. La Doctrina Donroe no puede ser, por tanto, un corolario de la Doctrina Monroe, sino, en el mejor de los casos, como un intento de repetición de la misma pero a la inversa, buscando la subyugación de los demás países del continente americano en vez de buscar su liberación y su capacidad de soberanía.

Pero también por su correlación de fuerzas. La capacidad militar de los países europeos de 1823 no era suficiente como para poder imponer sus criterios a tan larga distancia, como probaba el propio hecho de las recientes guerras de independencia, perdidas por ellos mientras que Estados Unidos sí viene demostrando desde hace suficiente tiempo que tiene esa capacidad militar, como los recientes episodios en las aguas del Caribe, en la costa pacífica colombiana y, fundamentalmente, en la propia Venezuela nos acaban de certificar.  

Las situaciones históricas pueden parecerse, pero es el contexto histórico en el que tienen lugar lo que marca si esa apariencia de similitud es aceptable o no. Hechos parecidos pueden tener significados distintos e incluso contrarios. Aplicado al caso concreto analizado de las doctrinas Monroe y Donroe, queda claro que la atribución de corolario de la segunda respecto de la primera cae por su propio peso en cuanto se analizan los respectivos contextos históricos en que se desarrollan, lo que no quiere decir que el intento de relacionarlos no sea un instrumento útil de propaganda para blanquear, intencionadamente o no, la política estadounidense respecto a su entorno continental, que, en el fondo, no es sino una faceta más de su política geopolítica (valga la redundancia) a nivel mundial.

Con los años, muchos de esos miedos fueron remitiendo, aunque dejaban el poso negro de una educación basada en el miedo. Pero había un miedo que no terminaba de abandonarte porque lo estabas viendo. No en tu país. Primero lejos, en Vietnam, luego más cerca, en Etiopía. Y al poco mucho más cerca, en los Balcanes. Eso sin contar con el genocidio que no cesaba y sigue sin cesar en Palestina o el oso ruso en Chechenia y ahora en Ucrania. Me refiero al miedo a la guerra. 

Aún recuerdo el alivio cuando Aznar, empujado por Pujol en los pactos del Majestic, dio por concluida la mili en 2001. Una de las poquísimas cosas que agradecerle al hombrecillo del bigote (por mal nombre Felpudo Maldito). Y de las muchas que reprocharle al hoy tan socialista (desde la comodidad de sus puestos en consejos de administración) Felipe González, a quien sólo se le ocurrió, ante la presión popular, crear un servicio social sustitutorio y también obligatorio. 

Cuando ahora escucho y leo que en algunos países de la UE (Alemania, Francia…) se proponen recuperar el servicio militar, vuelvo a sentir miedo. Primero, porque en la mili a mí no me enseñaron casi nada útil para desempeñar un papel en un conflicto, más que adoctrinarme parar ser solo carne de cañón en “defensa de la patria”. Pero a los pocos meses de haber salido de aquella estupidez, no recordaba ni una sola consigna. Si me hubieran movilizado un año después de licenciarme, no habría sido capaz de reproducir más habilidades que las que ya tenía: escribir a máquina y hablar frente a un micrófono. 

Y segundo, y mucho más trascendente, porque esta nueva pulsión militarista claramente es una reacción de miedo. Miedo contra miedo. Miedo al oso ruso. Miedo al oranguTrump y su ICE, que debe de tener en el alma justamente “ice” para comportarse sus agentes como miembros de la Schutzstaffel, con su jefe luciendo atuendo nazi. Desde EEUU nos llega una ola de miedo, interno y externo. Externo por aranceles, secuestros de presidentes de otros países, amenazas nada veladas de represalias de todo tipo. Miedo interno de la ciudadanía, miedo de abogados, fiscales y jueces que no se plieguen a los deseos del señor naranja. Miedo porque todas las enmiendas de la Constitución estadounidense están en solfa por las veleidades de Míster Cheetos. Incluso esa que muchas personas en EEUU consideran sacrosanta e intocable, la segunda enmienda, el derecho a llevar armas, está en cuestión. Que se lo pregunten a los familiares de Alex Pretti. 

Hasta los miembros de la abogacía estadounidense son sometidos al miedo. Así lo señala en el día de la Abogacía Amenazada, que se conmemora el 24 de enero (aniversario de los asesinatos de los laboralistas de Atocha), el informe de la OIAD de 2026. Como dice en este artículo de infoLibre Lorena Ruiz-Huerta, “según denuncian nuestros colegas norteamericanos, no son hechos aislados, es un patrón. Un clima de miedo, incertidumbre y autocensura que se extiende dentro de la profesión jurídica.” 

Tampoco los periodistas españoles se libran del miedo. Ahí está el acoso de filofascistas como Negre, Quiles o Ndongo a periodistas como Santolalla, a humoristas como Héctor de Miguel, a cualquiera que ose llevarle la contraria al amenazador en jefe, que siembra el miedo (y el odio) con la cantinela del reemplazo de la ciudadanía española por emigrantes, con la ocupación de tus propiedades, o con una violencia y criminalidad que los datos muestran que van en descenso. Porque somos un país seguro: España ocupa el puesto 25 en el Índice Global de Paz 2025, superando en seguridad a países como Italia, Reino Unido y Francia. Sólo aumenta la cibercriminalidad. Y a esa tienen difícil acceso los inmigrantes. 

En la UE tampoco estamos a salvo del miedo. Por fin hemos comprendido que “el amigo americano” no es amigo, sino solamente americano, que nos ha usado de escudo defendiendo sus intereses (contra la URSS, contra Rusia, contra una liberalización real del mercado) y como una especie de museo de los derechos humanos (versión light estadounidense). Y ahora nos amenaza. Y tenemos miedo. Miedo a tomar iniciativas que nos unan a todos los europeos para desembarazarnos de vasallajes y protecciones rogadas, tan similares a las mafiosas. Miedo a nuestra independencia militar y económica. Miedo a que el lameculos de Rutte nos amenace con que la OTAN no nos protegería de un ataque nuclear. Miedo. 

Combatir el miedo con más miedo reintroduciendo el servicio militar de los ciudadanos no es una buena idea. El “replanteamiento” de algunos países acerca de la mili (voluntaria u obligatoria) no deja de ser un aldabonazo de miedo. Un retroceso indiscutible a los peores años del siglo XX. Y una militarización encubierta de la sociedad. Cuando muchos abogamos por que los militares sean tratados como ciudadanos con uniforme, ahora algunas “mentes pensantes” están pensando en militarizar a los ciudadanos. La vía contraria. Miedo.

Porque el ejército da miedo. Hacia dentro y hacia afuera. En España, el denodado esfuerzo de los responsables políticos de identificar al ejército con labores humanitarias decae en cuanto algún descerebrado autoritario habla de matar a 26 millones de conciudadanos. Porque, hacia adentro, el ejército en España suele estar trufado de órdenes extrañas. Cualquier falta, error o simplemente discrepancia se sanciona con penas de arresto que conllevan privación de libertad. La disciplina se impone por el miedo, mediante ejercicios de poder y no por un ejercicio de autoridad. 

Hacia afuera, el miedo es la base de la disuasión. Disuades si te temen. A Europa no se la teme porque no tiene capacidad disuasoria. Especialmente la nuclear ,que es la madre de todas las disuasiones. Tampoco se teme nuestra capacidad tecnológica. Porque hoy la batalla es digital. Si alguien consigue encontrar la forma de piratear los “segurísimos” sistemas de armamento y defensa, tendrá ganada la batalla porque casi ningún sistema de armas es manual. Salvo el arma del soldado de a pie, esas que provocan la muerte de miles de jóvenes que, como decía Hartmann, no se conocen ni se odian entre sí pero se matan por las decisiones de viejos que sí se conocen y se odian pero no se matan. 

El miedo es la palanca que siempre usa cualquier tipo de totalitarismo. El miedo al diferente, a lo incomprensible, está presente en el ADN del ser humano. El miedo a perder lo que se tiene (dinero, poder, estatus, reconocimiento) es la pulsión conservadora. Y hoy, que están en cuestión muchos de los derechos que creíamos conquistados para siempre, una parte muy importante de la población siente miedo a perderlos. Y en un incomprensible ejercicio de autodestrucción, muchos se refugian en quienes llevan el miedo por bandera, en quienes usan el miedo para disciplinar a la sociedad. 

El miedo nos hace más agresivos. El miedo paraliza. El miedo mata. No responder al miedo con más miedo, sino desmontarlo desentrañando y destruyendo las causas que lo generan, debería ser el principio que oriente el progreso del ser humano. Así ha sido desde que descubrimos el fuego para perder el miedo a la noche. Pero hay quienes quisieran recuperar una sociedad miedosa. Porque desde el miedo se controla. 

Desterremos el miedo. Nos va en ello la vida.

Hay momentos en los que una ciudad empieza a mostrar síntomas claros de que algo se rompe en su interior. No hace falta una gran señal: basta con observar cómo cambian algunos sonidos, cómo se sustituye el ruido de los niños y niñas en los parques infantiles por el de las maletas que ruedan por calles donde antes se conocía a cada vecino, o cómo desaparece el comercio de toda la vida al ser sustituido por la enésima franquicia, el café de especialidad o el último restaurante de moda que cerrará en menos de un año. Esa sensación de pérdida no es abstracta: es el aviso de que el barrio deja de ser un espacio de vida y se convierte en un producto.

Por eso, hablar de “barrios en venta” no es una exageración. Es la constatación de un proceso que Max Weber describió hace más de un siglo con el concepto de cerrazón: cuando un grupo busca maximizar sus recompensas y oportunidades restringiendo su acceso a un círculo limitado de elegidos. Hoy ese ámbito es la ciudad, y el mecanismo que la cierra ya no son muros físicos, sino pisos turísticos, alquileres de temporada y fondos que compran edificios completos con normativas hechas a medida, como el Plan Reside de Madrid impulsado por el alcalde Martínez-Almeida.

A partir de aquí se abre la cuestión central: ¿qué modelo de ciudad queremos sostener como sociedad? Porque lo que está ocurriendo no es un simple fenómeno inmobiliario ni un proceso “natural” del mercado, sino el choque entre dos formas de imaginar la sociedad y su vida urbana.

Por un lado, está la ciudad democrática, la que hunde sus raíces en el Estado del bienestar europeo: ordenada, planificada, pensada para que la mayoría pueda vivir cerca de su trabajo, de su colegio público, de su centro de salud y del comercio del barrio. Esta ciudad no es un ideal abstracto, sino un proyecto político construido desde la convicción de que la mezcla social, los servicios públicos y la estabilidad residencial son condiciones indispensables para que exista comunidad. En ella, el turismo y la actividad económica tienen un espacio esencial, pero siempre regulado y pactado dentro de un equilibrio urbano. Lo que garantiza su buen funcionamiento no es la mano invisible, sino reglas claras que protegen el derecho a permanecer, el diálogo y el acuerdo entre intereses distintos.

En el extremo opuesto está la ciudad en venta, que ha avanzado de forma acelerada en la última década —muy especialmente tras la vuelta a la normalidad después de la pandemia—. Su lógica es sencilla: convertir cada metro cuadrado en un activo, cada edificio en una oportunidad de rentabilidad, cada estadio en un espacio de macroeventos y cada barrio en un paisaje para la rotación permanente. Es una ciudad donde la vida cotidiana se vuelve un obstáculo, y donde las decisiones públicas —como permitir el crecimiento ilimitado de los pisos turísticos ilegales y las terrazas o aprobar cambios de uso favorables a grandes propietarios— facilitan que unos pocos estiren el valor de cada metro cuadrado de la ciudad a costa de expulsar a muchos. Así ocurre no solo en Madrid, sino también en Málaga, en Palma de Mallorca, en localidades de las Islas Canarias y otras ciudades del país, donde barrios enteros se han orientado hacia el visitante, olvidando que el mayor “activo” que busca ese mismo visitante es, precisamente, convivir con el residente. Esa contradicción condena su propio “modelo de éxito” en un futuro muy cercano.

Por eso cada vez resulta más claro que la ciudad democrática necesita límites y decisiones valientes para frenar su proceso de conversión en ciudades en venta. Lo ha entendido el Consell de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, al impulsar una estrategia de decrecimiento turístico y contra el intrusismo en el sector en busca de convivencia y calidad; lo expresa el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, cuando insiste en que su ciudad no soporta más presión turística; y lo demuestra el ministro Pablo Bustinduy en su ofensiva contra las plataformas que distribuyen la oferta ilegal de pisos turísticos. Todas estas decisiones apuntan a una misma idea: proteger la vida urbana exige marcar límites cuando un grupo de elegidos del mercado intenta ocuparlo todo.

Porque un barrio, igual que la vivienda, no es un bien de mercado: es un ecosistema de vínculos, rutinas, cuidados, comercios, negocios y relaciones que solo se sostiene si quienes lo habitan pueden permanecer. Y eso requiere ciudadanía organizada, instituciones, agentes sociales y económicos responsables y un principio básico: una ciudad solo es democrática si permite que la mayoría viva en ella. Lo demás, por muy vistoso que resulte, es decorado.

Como canta Biznaga, “Madrid nos pertenece a ti y a mí”. Es una afirmación política, no sentimental: recuerda que la ciudad democrática solo existe si la ciudadanía la defiende. Y como señaló el sociólogo francés Pierre Bourdieu, “los efectos del lugar son efectos del Estado proyectados sobre la ciudad”. Elegir qué ciudad queremos no es otra cosa que elegir qué Estado queremos sostener. Y esa elección empieza en los barrios.

_______________

Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

El espacio público, siguiendo modelos capitalistas de otras latitudes, está siendo aceleradamente apropiado por el dinero, también en la Europa que en el siglo XX aspiraba al Estado de bienestar de sociedades avanzadas. Ya no es extraño que las grandes zonas residenciales privadas de Miami o Punta Cana se estén reproduciendo aquí con los mismos criterios de segmentación por renta. Playas, bosques, lagunas, aeropuertos, guardias de seguridad, todo privatizado al mejor postor en promociones “exclusivas”. El centro de las ciudades se ha transformado por efecto de una insensata concesión a la especulación que replica su arquetipo en todas partes. En estos espacios de autonomía creciente, el Estado pierde en la práctica su capacidad de intervención en el orden público. Los trabajadores que atienden estos barrios vedados ceden de facto sus derechos laborales (y hasta fundamentales) al acceder al espacio privado.

Los servicios públicos, en los dos grandes vectores ilustrados de la educación y la sanidad universales, imprescindibles para la debida cohesión social y la conciencia ciudadana, han iniciado un camino sin aparente retorno hacia el modelo de gestión público-privado, seguramente como estación intermedia de la estación término: la total privatización, complementada con servicios simbólicos de beneficencia, es decir, la vuelta a lo que aproximadamente existía en los países europeos antes de la generalización, en una dura conquista escalonada a lo largo de décadas, de las políticas públicas del Estado social y democrático de derecho. Ninguna evidencia de las consecuencias que, para el común de los ciudadanos, tiene la degradación de los servicios públicos cuando se entregan al lucro privado, perfectamente descritas en los procesos de liberalización económica desde los años ochenta, que anticiparon un cambio de tendencia, parece oponerse a un proceso que avanza con la sorprendente aprobación de los futuros perjudicados, quienes han comprado masivamente el renovado discurso reaccionario, sea por cultura aspiracional, individualismo majadero o reacción desesperada ante los problemas estructurales. 

Corren malos tiempos para la ética comunitaria y la solidaridad entre las personas, tanto en las ciudades con la práctica desaparición del movimiento asociativo vecinal como en las relaciones laborales con la marginación provocada de las organizaciones sindicales, y también se denota entre los territorios con el proceso de fragmentación administrativa de aspiración soberanista, que lejos de suponer una racionalización de la prestación de los servicios, se vuelca en apuntalar identidades competitivas donde el interés particular desafía al interés general. El Estado central pierde sus instrumentos de regulación hasta resultar peligrosamente irrelevante, mientras que las élites locales, instaladas en la retórica narcisista, se perpetúan sin posible fiscalización pública.

En el Estado mínimo que propalaba la teoría neoliberal se mantenía firme la estatalidad de las fuerzas militares y policiales por imperativo del monopolio de la fuerza en la defensa del orden. Pero aquí también algo se está moviendo en la dirección más radical privatizadora. En lo que va de siglo se han ensayado las sedicentes virtudes de la gestión privada incluso en los campos de batalla, sea mediante sociedades contratistas de capital privado, que colaboran con los comandantes sobre el terreno y que fue el modelo estadounidense de los Blackwaters en las campañas de Irak y Afganistán, o la fórmula empresarial rusa de las compañías estatales paramilitares como el llamado GrupoWagner y reemplazantes sucesivos. Los gobiernos encuentran así una vía sugerente para privatizar sus actividades y descargarse de toda exigencia legal.

El avance de la privatización en el campo de la seguridad ha recibido un impulso excepcional con el segundo advenimiento de la administración Trump. En este primer año de la venganza anunciada, significativamente principiado con el indulto de los delincuentes que asaltaron el Capitolio, el rebautizado Departamento de Guerra se ha confiado a un comentarista que difícilmente puede ofrecer una dirección profesional, lo que se ha buscado a propósito para profundizar en el uso partidista de los ejércitos, o más bien privativo del círculo del comandante en jefe. Estamos ante un gobierno que ha normalizado la celebración de mítines con los uniformados en sus bases y las charlas de motivación ultra a los altos mandos. En tales circunstancias, el despliegue permanente del dispositivo militar –incluso las alianzas estratégicas– puede cambiarse por un empleo contingente en función de intereses político-empresariales. A falta de cualquier criterio técnico, así se explican los movimientos ordenados a la flota o la presencia de patrullas militares por las calles de ciudades gobernadas por la oposición.

La privatización sin recato alguno de las relaciones internacionales, al margen de todo consenso multilateral y del derecho internacional, se está traduciendo en la imposición de cláusulas leoninas, en forma de extracción de recursos, concesiones comerciales y anulación de la soberanía nacional, para terminar conflictos en las peores condiciones y sin esperanza alguna de alcanzar una paz justa y duradera. Esta política privatizadora, que desconoce la Carta de la ONU y hasta reivindica la vuelta del derecho de conquista, se está ejecutando a la vista de todos, en una secuencia progresiva de implantación de un régimen autoritario, que no duda en convertir una agencia federal en una milicia escuadrista de imposición del terror. Lo más desconcertante es que los proclamados contrapesos del sistema liberal más reconocido del mundo no tienen hasta el momento virtualidad ante el ejercicio directo sin escrúpulos del poder ejecutivo, que deja a una población polarizada como única defensa de supervivencia del sistema.

Es un tiempo en el que la libertad de los poderosos avanza y de qué manera. Es esencial que la sociedad, recuperada de la terapia de choque, cierre el paso a una privatización generalizada que atenta contra la estabilidad del sistema democrático.

Siempre me ha cautivado la imagen del enorme elefante de los circos de antaño, atado al suelo desde pequeño con un clavo del que no podía soltarse. El fracaso continuado le llevaba a dejar de intentar escapar. Adulto, ya no intenta arrancar ese clavo, que haría saltar sencillamente de una patada; ha aprendido a resignarse.

A este fenómeno en psicología se le denomina indefensión aprendida. Un estado en el que las personas, tras experimentar repetidamente situaciones negativas incontrolables, aprenden a no intentar cambiar la realidad. Los esfuerzos invertidos no influyen en los resultados obtenidos, por lo que se impone la pasividad, la desmotivación y la sensación de impotencia ante el futuro.

La construcción mediática de la realidad son martillazos en el clavo que nos ata, refuerza nuestra percepción de incapacidad para intervenir en el mundo. La sobreexposición a informaciones negativas siembra desconfianza en las capacidades que tenemos para hacernos cargo de una realidad problemática. Una pista de aterrizaje para la cultura distópica, que nos repite en distintos formatos, como todo está perdido y la catástrofe es inevitable.

La portada de cualquier periódico en los últimos meses parece el acta de defunción del mundo que conocíamos. De forma acelerada asistimos a un auge global de la extrema derecha, el militarismo, un genocidio o la quiebra de la razón humanitaria; una profundización de las desigualdades sociales, en nuestra geografía camuflada tras los buenos datos macroeconómicos; un agravamiento de la crisis ecológica (olas de calor, incendios, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad…) y una revolución tecnológica en ciernes con muchas potencialidades positivas, pero que de momento está siendo usada principalmente para capturar nuestra atención, aislarnos, polarizarnos, desdibujar la realidad mediante fake news o fortalecer el control social.

Unas tendencias globales inexplicables sin la complicidad creciente de actores que concentran enorme poder económico con la extrema derecha, como las grandes empresas tecnológicas o los sectores vinculados a la economía financiera. Una apuesta por el autoritarismo de parte de las élites, para las que la democracia se ha vuelto un estorbo. El resultado es un retroceso de las democracias plenas, que con todas sus limitaciones, hoy solo acogen a un 7% de la población mundial.

No conviene engañarnos respecto a la delicada situación que tenemos, pero tampoco debemos alimentar un clima de fatalismo o sobredimensionar el poder de la gente malvada. En muchas ocasiones, la derrota tiene algo de profecía autocumplida; hasta los mejores boxeadores se agotan peleando contra un fantasma o contra la alucinación de una IA.

Pocos regímenes han aparentado ser tan omnipotentes como el nazismo; sin embargo, este siempre tuvo que enfrentarse a disidentes. Hace unos meses, en una conferencia, la última resistente de una zona del sur de Francia fue preguntada: "¿Qué teníais en común todas las personas de la resistencia?" Pensó un rato la respuesta. Y finalmente dijo, "no es sencillo pues éramos muy diferentes, pero todas éramos optimistas".

Varias investigaciones se han centrado en las motivaciones y cualidades de esas personas que se habían enfrentado a la bestia cuando parecía invencible. Desde el Altruistic Personality Institute llevan décadas trabajando en torno a los comportamientos prosociales. Allí realizaron un trabajo muy sugerente, analizando exhaustivamente a centenares de personas que habían escondido a personas judías durante el nazismo.

El resultado principal es que estos héroes y heroínas eran gente corriente, nada que les diferencie demasiado de ti y de mí. Aunque al examinarlas en detalle aparecían algunos rasgos o patrones comunes: disfrutaban de una autoestima alta, sus familias les habían enseñado la importancia de tener un criterio propio y creer que las cosas que hacemos pueden marcar una diferencia; sus convicciones eran fuertes, destacando comunistas y gente con fuertes creencias religiosas; y, por último, habían sido reclutadas cuando alguien llamó a su puerta.

Una consulta en abstracto o mediante una llamada telefónica hubiera arrojado un resultado diferente, poca gente habría accedido a comprometerse asumiendo tantos riesgos. La determinación y la empatía se imponía a la razón. Una vez que el desafío te apela directamente, nos desprendemos del catálogo de excusas para no involucrarnos. La evidencia dice que un 96% de las personas a las que se les pedía colaborar, cara a cara, lo hacían. Las arañas que tejían estas redes son llamadas, por la literatura científica, supercontagiadores. Personas respetadas en la comunidad, capaces de movilizar a otros centenares.

¿Quién componía antes de ayer los sindicatos y organizaciones vecinales que desafiaron a la dictadura franquista? No eran muy diferentes. ¿Quién está resistiendo hoy al ICE en Minneapolis? Brigadas vecinales que avisan haciendo ruido y tratan de bloquear el paso a sus agentes mediante la desobediencia civil, gente que graba sus intervenciones, organizaciones de ayuda mutua que garantizan alimentos, lavan ropa o consiguen médicos a domicilio para las miles de personas escondidas en sus hogares, profesorado que protege las escuelas y da clases virtuales, redes jurídicas que asisten a las personas detenidas o sus familias… . Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias.

¿Qué hay detrás de otra de las sorpresas positivas recientes? Más allá de la fantástica labor comunicativa de Zohran Mamdani en New York, el factor clave fue la campaña puerta a puerta que desplegaron cien mil personas voluntarias, llamando a tres millones de hogares. Un ejercicio de escucha, pero también de transmisión de ilusión y esperanza. La acción menos mediática fue probablemente la más determinante.

Nos cuentan y nos contamos repetidamente que no se puede, mientras miles de personas amables y altruistas dedican su recurso más valioso y menos renovable, su tiempo, a construir un mundo mejor. Hay un rumor de bosque en el pequeño jardín, afirma la poeta Sophia de Mello. Tenemos miles de historias que refutan la caricatura antropológica que nos dibujan los poderosos y los medios de comunicación, somos mucho mejores que la imagen deformada que nos proyectan. Así tenemos una parte de responsabilidad en buscar, valorar y dar credibilidad a esas historias; en cambiar los temas de conversación.

En medio de la oscuridad, el ojo tarda un tiempo en adaptarse. Las moléculas con fotopigmentos nos permiten ver cuando hay muy poca luz, pero tardan en regenerarse, hay que tener paciencia y confianza. Una vez nos acostumbramos podemos ver en la penumbra, fuera de los focos, y allí donde miremos hay mucha gente haciendo cosas valiosas de forma colectiva. A la vuelta de la esquina hay una asociación vecinal luchando por tu barrio; te cruzas en el ascensor con alguien obstinado en defender la sanidad pública; la persona que te ha sonreído en el metro ayer participó de la paralización de un desahucio; quien se sienta en la mesa contigua de la cafetería anda impulsando una comunidad energética; aquel que te cede el asiento en el bus se desvive desde su AMPA por cuidar la escuela pública…

Y esto es una ficción, ¿o no? No lo sabemos. La única forma de comprobarlo es pararse a conversar y ver qué sorpresas encierran esas personas desconocidas. Los otros pueden ser el infierno o el paraíso. Y nos necesitamos, igual que necesitamos de quienes sostienen el tejido asociativo. Los supercontagiadores con su determinación van a llamar a tu puerta, para traerte esperanza e invitarte a salir a la calle. Abre y trátales con complicidad.

_________________

José Luis Fernández de Casadevante es sociólogo, miembro de la Cooperativa Garúa y activista vecinal.

Al calor de la globalización, desde los años 80 del siglo pasado se iniciaron reformas en el Estado social del bienestar con la aplicación de políticas neoliberales en la Unión Europea. En el Estado español, la implantación de estas políticas en sanidad puede explicarse a través de tres hitos fundamentales.

El primero es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, aprobada durante el gobierno del PSOE presidido por Felipe González. Esta ley creó el Sistema Nacional de Salud y universalizó la atención sanitaria, pero permitió los conciertos con el sector privado.

El segundo hito es el llamado Informe Abril, impulsado en 1991 por el Ministerio de Sanidad del mismo gobierno socialista. El informe incorporó de forma explícita un marco neoliberal, priorizando eficiencia, contención del gasto y gestión empresarial, y redefiniendo al Estado como regulador más que gestor. Este informe sirvió así de referencia doctrinal para posteriores procesos de privatización en varias comunidades autónomas. Su influencia fue más ideológica que normativa, pero decisiva.

El tercer hito es la Ley 15/1997, aprobada con los votos a favor del PP, PSOE, PNV, CiU (ahora Junts) y CC y los votos en contra del BNG e IU, bajo el gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar, que permitió legalmente la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad pública, potenciando así la Colaboración Público-Privada (CPP).

En conjunto, estos tres hitos muestran un proceso continuado, iniciado por gobiernos socialistas y consolidado por gobiernos conservadores, de mercantilización progresiva y privatización parcial del sistema sanitario público en las comunidades autónomas (las CCAA son las que gestionan la sanidad pública, no lo olvidemos).

Deliberadamente se desprestigia y deslegitima la sanidad pública, cuyos servicios inexorablemente se degradan (infrafinanciación de la Atención Primaria, de los hospitales públicos, falta de personal, precariedad laboral, presupuesto irrelevante para estrategias de promoción y prevención de la salud) empujando así a los ciudadanos hacia los seguros sanitarios privados (el 17,2% de la población española disponía de un seguro privado en 2018 frente al 32,6% en 2024).

Hospitales privatizados

En el proceso de privatización de los hospitales del sistema sanitario público ha tenido un papel fundamental la figura de las CPP a través de los llamados modelos PFI (del inglés Private Finance Initiative) y PPP (Public Private Partnership). En el ámbito del Estado español, en la actualidad, hay 20 hospitales que funcionan bajo el modelo de CPP.

Gracias al modelo PFI, empresas privadas, la mayoría constructoras, muchas de ellas hoy en sumarios judiciales por estar implicadas en tramas de corrupción, ejecutaron y financiaron la construcción de los hospitales según un contrato de concesión de obra pública durante treinta años a cambio de recibir un canon anual por el arrendamiento del edificio y, lo que fue novedoso, por la provisión de los «servicios no sanitarios».

El proceso de Colaboraciones Público-Privadas (CPP) en la sanidad madrileña se inició a partir de la primera década del 2000, con el gobierno del PP, siendo presidenta Esperanza Aguirre (2003-2011).

En la Comunidad de Madrid existen siete hospitales modelo PFI: Hospital Infanta Leonor en Vallecas, Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Hospital del Henares en Coslada, Hospital del Tajo en Aranjuez, Hospital del Sureste en Arganda, Hospital Infanta Cristina en Parla y el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda.

Además, estos siete hospitales están controlados por fondos de inversión especulativos. Esta situación no sólo afecta a la sanidad pública, también a la mayor parte de los servicios esenciales para la ciudadanía: vivienda, educación pública, residencias de mayores, etc.

En el caso de los hospitales modelo PPP, la diferencia respecto de los modelo PFI consiste en que los servicios sanitarios y los «no sanitarios» son gestionados por una empresa privada.

Con estas concesiones a largo plazo, la financiación se realiza mediante una remuneración por población adscrita, per cápita, en función del área sanitaria cubierta y un pago «adicional» por los pacientes que, sin estar en su área de cobertura, quieren tratarse en sus centros a través del sistema de libre elección de hospital.

En la Comunidad de Madrid tenemos cuatro hospitales modelo PPP: Hospital de Torrejón, Hospital de Villalba, Hospital de Valdemoro y Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Pero no solo son hospitales, como el hospital de Torrejón donde hemos escuchado recientemente la cruda realidad: la salud es una mera mercancía, y el paciente, un cliente.

En la Comunidad de Madrid y en otras CCAA hace más de quince años que un sinfín de servicios sanitarios y no sanitarios que creemos “públicos” se han privatizado: análisis clínicos, cirugía menor, cuidados paliativos, diálisis, extracción y donación de sangre, numerosas pruebas diagnósticas, radioterapia, terapias a domicilio, ambulancias y un largo etc.

¿Qué hacer ante el proceso de privatización permanente del sistema sanitario público?

Pues eliminar las causas que han generado esta situación, es decir, derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 16/1986, General de Sanidad que permiten la realización de conciertos y convenios singulares con empresas privadas, y la Ley 15/97, que permite la entrada del sector privado en la sanidad pública.

Quien tiene la competencia para derogar estas normas es el Gobierno central. Desde noviembre de 2023 estamos a la espera de que el gobierno de coalición del PSOE y Sumar tome las medidas necesarias para evitar que las diferentes CCAA y la Comunidad de Madrid –en concreto, el gobierno del PP presidido por Isabel Díaz Ayuso– continúen con su política de privatización del sistema sanitario público.

Pero la sanidad pública es nuestra, financiada con nuestros impuestos, así que solo nos queda una opción: defender lo que es nuestro, en la calle.

___________________

Cathy Boirac es vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Majadahonda y activista de Audita Sanidad. Vicente Losada es activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad)

Muchos militares esperamos con interés conocer los discursos que en este solemne acto realizan tanto la persona titular del Ministerio de Defensa —en este caso, la ministra Robles— como el que pronuncia Su Majestad. Lo habitual es escuchar sobre la grandísima profesionalidad de los militares, el magnífico trabajo que realizan, cómo se ponen en peligro constantemente para garantizar el bienestar de nuestros conciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras; y, por tanto, cómo contribuyen a garantizar la paz y la seguridad, haciendo valer la Carta de Naciones Unidas, los valores democráticos y la defensa de los derechos y libertades en el marco del Derecho Internacional.

También se suele hacer balance con datos numéricos: efectivos desplegados en misiones internacionales —cada vez más— y apoyos a las desgraciadas catástrofes que afectan a nuestro país, y que en los últimos tiempos han servido para acercar cada vez más a nuestras Fuerzas Armadas a la sociedad a la que representan. La Filomena, la pandemia del Covid, el volcán de La Palma, repatriaciones en Afganistán, la DANA o los innumerables incendios han llevado —y siguen llevando— la participación de gran parte de nuestras Fuerzas Armadas para ayudar a “combatir” estos hechos, y de este modo apoyar a nuestra sociedad en su resolución o, al menos, en paliar sus consecuencias.

Como bien decía, este tipo de actuaciones ayuda a que la sociedad valore nuestro trabajo; un trabajo que implica el constante riesgo al que los militares nos enfrentamos en el ejercicio de nuestra profesión, a pesar de que ese riesgo se nos niega en el reconocimiento profesional, algo con lo que muchos otros colectivos sí cuentan.

Pero en muchas ocasiones también se acude a la llamada generalizada de nuestros profesionales como si fueran el bálsamo de Fierabrás. Y así nos encontramos con responsables políticos que reclaman militares como si se tratara de un recurso disponible de forma inmediata: “Señora ministra: mándeme 1.000 militares”. Una petición que se asume normalizada, sin tener en cuenta la especialización de cada uno de los hombres y mujeres a los que reclama; de modo que podríamos pensar que lo mismo le sirven 1.000 paracaidistas, 1.000 infantes de marina o 1.000 artilleros para solucionar un incendio que se ha desbocado. En muchas ocasiones, además, ese incendio es el resultado de una falta de políticas adecuadas para proteger el medio ambiente. Del mismo modo, ante una gran nevada —avisada reiteradamente por los servicios meteorológicos— colapsan infraestructuras críticas (por ejemplo, autopistas, incluso de peaje) y se recurre al “comodín” del Ejército para su solución. Estas situaciones, a veces, hacen sentir a los militares como usurpadores de funciones que competen a otros profesionales más especializados, ejerciendo una competencia desleal; pero ya lo sabemos: para estas misiones, lo más barato es acudir al “Ejército”.

Y aquí empieza el problema de fondo: cuando se nos invoca como recurso inmediato —siempre disponibles, siempre discretos, siempre eficaces—, se corre el riesgo de asumir que esa disponibilidad es inagotable y que no tiene coste. Lo tiene. Lo tiene en horas, en conciliación, en salud, en desgaste, en rotaciones, en familias que sostienen la ausencia, en destinos que obligan a rehacer una vida cada pocos años. Lo tiene en miles de servicios que no se ven y que, precisamente por su invisibilidad, parecen no existir hasta que llega una emergencia. Por eso, la Pascua Militar debería ser también un punto de honestidad institucional: no solo para elogiar la entrega, sino para explicar qué se necesita para mantenerla sin quebrar a quienes la sostienen.

Tengo muy claro que todos los componentes de nuestras Fuerzas Armadas están dispuestos a trabajar de manera incansable para proteger a sus conciudadanos. Pero ello no debe ser óbice para poner de manifiesto el abuso desmedido que se hace, en ocasiones, de esa disponibilidad; ni para reivindicar las mejoras profesionales y sociales que todos y cada uno de los componentes de nuestra milicia merecen: retribuciones dignas, reconocimiento de profesión de riesgo, carrera militar integral, fin de la temporalidad, apoyos reales a la movilidad y un largo etcétera.

Esas reivindicaciones no son caprichos ni eslóganes. Son la traducción práctica de un principio muy simple: si se exige mucho —y se exige—, debe cuidarse mucho. Cuando hablamos de retribuciones, hablamos de proporcionalidad y de justicia comparada dentro del propio sector público; cuando hablamos de profesión de riesgo, hablamos de coherencia con la realidad del servicio y de protección efectiva; cuando hablamos de carrera militar integral, hablamos de transparencia, formación, reconocimiento del mérito y previsibilidad; cuando hablamos de temporalidad, hablamos de no convertir un compromiso vital con España en una incertidumbre permanente; cuando hablamos de movilidad, hablamos de vivienda, de escolarización, de empleo de cónyuges, de apoyo real a familias que cargan con la mochila más pesada sin uniforme. Y si estas cuestiones quedan fuera, el relato queda bonito… pero incompleto.

Toda la sociedad debería tener muy presentes estas reivindicaciones. A mi entender, deberían ser protagonistas —o al menos figurar de manera clara— en los discursos de la Pascua Militar, junto al reconocimiento a los compañeros fallecidos en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, a sus familiares y seres queridos. Pero también ha de existir un reconocimiento explícito a las familias de los que “están”: el único soporte de miles de hombres y mujeres que, disciplinadamente, dan lo mejor de sí mismos por garantizar esta democracia y el Estado de bienestar del que goza nuestra sociedad.

Previsiblemente (y lamentablemente) escucharemos los consabidos discursos: datos de participación en misiones internacionales, los nuevos frentes abiertos en la defensa global del mundo occidental, loas a nuestros militares — el reconocimiento institucional, por sí solo, no garantiza unas condiciones profesionales adecuadas—, aniversarios que algunas de nuestras unidades celebrarán en 2026, el egreso de Su Alteza Real de la Academia General del Aire y del Espacio tras la finalización de su formación militar por los tres ejércitos (¡qué difícil lo tendría para subsistir con el sueldo de teniente!). Seguramente oiremos hablar también del consabido Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, presentado por el Gobierno el pasado mes de abril, que riega de miles de millones a nuestra industria de defensa, pero que vuelve a olvidar el principal activo de la misma: el personal. Otra oportunidad perdida de un Gobierno que se hace llamar progresista para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sí, trabajadores: porque los militares somos trabajadores, con una connotación especial, pero trabajadores al fin y al cabo.

Como tales contamos con una representación legítima, que nos otorga la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y que establece criterios de representatividad. Esa representatividad —que se materializa en órganos de interlocución y en propuestas concretas— no debería tratarse como una nota a pie de página. No estamos pidiendo un protagonismo indebido, ni convertir un acto institucional en una asamblea. Se trata de algo mucho más sencillo: que se reconozca, con normalidad y sin complejos, que existe una voz profesional organizada del personal militar; que esa voz no es un estorbo; y que escucharla y visibilizarla fortalece la institución porque la conecta con la realidad. Cuando esa representación se ignora, se transmite un mensaje equivocado: que la dimensión humana del servicio es secundaria y que lo profesional se resuelve solo con aplausos, compromisos genéricos y cifras de despliegue.

Sin embargo, en el caso de la Pascua Militar, esa voz vuelve a ser obviada por completo: las asociaciones profesionales de militares siguen ausentes al no ser invitadas. En una conversación habida ya hace unos años —en la época en que la ministra se reunía con las asociaciones—, la titular del Ministerio alegaba que esa invitación era responsabilidad de la Casa Real...

Si bien la Constitución Española establece en su artículo 62 que el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al Rey, no es menos cierto que el artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, así como de la administración militar y la defensa del Estado. Dicho de otro modo: más allá del protocolo y de las competencias formales, existe un margen evidente para que las instituciones implicadas actúen con normalidad democrática y con sentido de oportunidad.

Por eso, cada cual podrá extraer sus conclusiones sobre quién debe ejercer de anfitrión y quién ha de cursar las invitaciones. Pero lo relevante no es tanto el “quién”, sino el “qué”: que la ausencia de las asociaciones profesionales —la representación legítima del personal militar— deja fuera del acto a una parte esencial de la realidad de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando falta esa voz, la celebración queda incompleta; queda, en el sentido más literal, coja.

Esta cojera es, además, evitable. Bastaría con incorporar la presencia institucional de las asociaciones y, sobre todo, con asumir en el relato público lo que el personal reclama desde hace años en los cauces establecidos: condiciones profesionales acordes a la exigencia del servicio, reconocimiento efectivo del riesgo, estabilidad y previsibilidad en la carrera, apoyo real a la movilidad y medidas serias de conciliación. Hablar de ello no desluce la Pascua Militar; la completa. Porque una institución fuerte no es la que evita sus necesidades, sino la que las afronta con respeto, con realismo y con voluntad de solución.

Si la Pascua Militar pretende ser el espejo anual de nuestras Fuerzas Armadas, ese espejo debe reflejar también a quienes sostienen el servicio día a día y a quienes canalizan, de forma leal e institucional, sus demandas. Solo así dejará de ser una celebración “coja” y podrá ser, de verdad, una cita de unidad, reconocimiento y compromiso con el futuro del personal militar.

Y, al igual que hace cien años, no reaccionamos. Al menos, no suficientemente. Esto me lleva a recordar a otro alemán, el militar y religioso Martin Niemöller, cuando escribió, en los años 30 del siglo pasado, el famoso poema de “Cuando vinieron a buscar a (...), guardé silencio...”, que le llevaría a la cárcel y a un campo de concentración.

En todo el llamado Occidente estamos asistiendo a un vuelco ideológico, nocivo, al que no damos la importancia que merece.

Comenzando por nuestra Europa, observamos un estancamiento, cuando no retroceso, principalmente en el campo de las libertades públicas y en las políticas medioambientales, causado por la injerencia ideológica estadounidense y por la labor de zapa de los lobbies —acreditados o no— en los centros de poder, especialmente Bruselas.

Muchas de las normas que nos hemos dado, en el ámbito UE y, tras su posterior transposición, en el nacional, y que han supuesto en su conjunto un progreso en el reconocimiento de valores y derechos, están últimamente en entredicho, cuando no en peligro.

Baste recordar, en cuanto a las libertades públicas, que en el Reino Unido (gobierno laborista) puedes acabar detenido si te manifiestas contra el genocidio en Palestina y que en Alemania (gobierno conservador), Francia (gobierno centrista) y otros países ocurre lo mismo.

En cuanto a las políticas medioambientales, citemos la actual ralentización en su implementación, cuando no “revisión” o “flexibilización” de los proyectos, especialmente el Pacto Verde Europeo, que se enfrenta a la hostilidad de las grandes corporaciones afectadas, como la industria automotriz, defendida por su correa de transmisión, los partidos de derechas europeos. Para empezar, el plan inicial de restricciones en la venta de vehículos de combustión a partir de 2035 ha sido modificado por la Comisión Europea para introducir flexibilidades en los objetivos de emisiones de CO2. Mal empezamos sin se quiere llegar al horizonte de neutralidad climática de 2050.

Y qué decir de los derechos de los refugiados, reconocidos por la Convención de 1951, que incluyen el principio de no devolución a un lugar de peligro y el acceso a un estatuto legal para reconstruir sus vidas. Pues bien, el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026, va a endurecer los controles en las fronteras y reducir la protección de los emigrantes, en flagrante contradicción con los valores y principios que la UE reivindica. 

Desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, las libertades y derechos civiles no han dejado de verse amenazados. En primer lugar en propio territorio estadounidense, con multitud de recortes presupuestarios a los programas de ayuda a la población más vulnerable (Obamacare), ataques a la libertad de prensa a través de acciones judiciales, cierres de medios financiados por el Estado, restricción de acceso a la Casa Blanca e insultos directos a periodistas incómodos. Por no hablar de la política antimigratoria aplicada a través de la policía del denostado ICE.

Estos ataques directos en casa, que sufren incluso los ciudadanos que le han votado, se expanden, cual pandemia, allende sus fronteras, empezando por el norte con la represalia comercial a Canadá recién iniciada la presidencia de Trump. También con el sur, con los recientes bombardeos de embarcaciones frente a las costas de Venezuela y el consiguiente asesinato de más de cien personas sin detenciones, procesamientos o prueba alguna (ver este análisis de Fidel Gómez Rosa aquí). Añadamos la declaración oficial de Nicolás Maduro como terrorista y la incautación de petroleros venezolanos, o la violación del espacio aéreo por aeronaves militares de la USAF y la declaración unilateral de cierre total del espacio aéreo para aviones comerciales.

Panamá también fue objeto de amenazas, incluso antes de la reelección de Trump, quien declaró que exigiría que el control del canal fuera devuelto a los Estados Unidos ante el aumento de su utilización por China, segundo usuario después de EE.UU. e importante inversor en el país centroamericano.

Se trata de una actualización de la doctrina Monroe para ampliar la larga lista de intervenciones externas al sur del Río Grande. El patio de atrás se les había descontrolado en los últimos años y necesitan poner orden. Ya en 1998, Hugo Chávez llegaba al poder en Venezuela, Argentina volvió al peronismo de izquierdas en 2003, el mismo año en que Lula fue elegido presidente de Brasil. Luego vendría el triunfo de las izquierdas en Uruguay (2005), Bolivia y Chile en 2006, Ecuador en 2007, Paraguay en 2008, Perú en 2021 y Colombia en 2022. Demasiado.

Parece ser que la situación se está revertiendo con un claro giro derechista, como indican los resultados electorales en Argentina, Bolivia, Ecuador y más recientemente en Chile.

Pero esa involución en el ámbito de las libertades públicas y los derechos fundamentales no tiene fronteras y, como muchos otros movimientos que nos vienen de Estados Unidos (por cierto, único país que no tiene un nombre propio, sino simplemente descriptivo), ha cruzado el Atlántico y propaga sus perniciosos efluvios a nuestro viejo continente. Para ello cuenta con los pertinentes quintacolumnistas, en el poder o no (el húngaro Orbán, la italiana Meloni, el eslovaco Fico, pero también los líderes de extrema derecha como el británico Farage, el polaco Kaczynski, el italiano Salvini o el español Abascal), que celebran la injerencia trumpista en Europa porque, en general, no consideran que vaya contra los intereses nacionales, sino contra las instituciones europeas.

Recordemos también que Elon Musk, entonces amiguísimo del presidente Trump, se dedicó a apoyar y alentar, a través de su plataforma X, la visibilidad de políticos y activistas de extrema derecha de toda Europa y a entrometerse en las políticas nacionales, en especial las relativas a la inmigración. 

Pero no todo son lisonjas y alfombras rojas. Algunos socios parece que empiezan a despertar (aunque no se consideren woke) y a ver la realidad del socio americano. Canadá pronto comenzó a sentir la puñalada arancelaria, como hemos indicado más arriba, y también Dinamarca se sintió amenazada con las bravuconadas del exmagnate inmobiliario sobre la anexión de Groenlandia. Ya en su primer mandato, Trump anunció su interés en comprar esa gran isla, pero el asunto fue zanjado de inmediato por el gobierno danés. A comienzos de 2025, Trump volvió a la carga no descartando usar la presión económica o militar para poner ese territorio septentrional sobre control estadounidense.

En marzo, el vicepresidente americano, J.D. Vance, lanzó un órdago con la inesperada visita a una base USA en aquel territorio, declarando que EE.UU. defendería mejor su seguridad que Dinamarca, a la que acusaba de invertir poco allí.

Hace unos días, el presidente llegó al extremo de nombrar a Jeff Landry (gobernador de Luisiana), como enviado especial para Groenlandia. “Es un honor servirle en este puesto para hacer de Groenlandia parte de Estados Unidos”, escribió el republicano en la red social X. Como es natural, el gobierno danés contestó inmediatamente recordando que “todos, incluido Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del reino de Dinamarca”.

Según se desprende de un informe publicado hace unas semanas por el servicio de inteligencia militar danés, ya se considera a Estados Unidos una potencial amenaza a su seguridad nacional.

Francia, por su parte, también comenzó a darse cuenta de la fragilidad de la alianza defensiva con el socio más fuerte de la OTAN después de la convulsión estratégica provocada por la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente reacción de la administración norteamericana, que un día echa toda la carne en el asador para ayudar a los ucranianos y al día siguiente dar a entender que Ucrania deberá ceder el Donbás a los rusos.

Viendo a la Rusia de Putin como una amenaza real, al igual que otros muchos socios europeos, Francia (única potencia nuclear de la UE) está empezando a tomar medidas para asegurar la defensa del continente y su propia soberanía, pues no se fía de cómo reaccionaría el errático presidente americano (y por ende la OTAN, su brazo armado en Europa) si los blindados rusos , o un enjambre de drones, atravesaran las fronteras bálticas o polaca.

En este sentido, el general del aire Fabien Mandon, recién nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha alertado de que Putin aspira a dividir a los países europeos y por consiguiente no es descartable un enfrentamiento directo con Rusia en los próximos tres a cuatro años. Una de las medidas inmediatas a tomar será la reintroducción del servicio militar obligatorio en 2026, sobre lo que nuestro compañero del FMD Enrique Vega ofrece un interesante análisis (ver aquí).

Y como colofón a las amenazas, más o menos veladas, a la soberanía de las naciones europeas y a su enemigo comercial, la Unión Europea, aparece la reciente Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) que nos explota a todos en la cara. El documento, que pretende extender la doctrina Monroe —doscientos años más tarde— a nuestro continente, nos ve como una colonia y asegura que Europa “se enfrenta a la desaparición de su civilización”, dando así apoyo a la narrativa de la extrema derecha, especialmente en su teoría del “gran reemplazo”. ¿Quién es para ellos el gran culpable? La UE, por supuesto, y su manía de regularlo todo y poner límites a las empresas, sobre todo estadounidenses. Y de poner límites a la libertad de expresión (léase el discurso del odio en redes), por lo que Thierry Breton, excomisario europeo, ha visto vetada su entrada en Estados Unidos por haber sido uno de los impulsores para regular la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok.

Añádase el empeño de la embajada USA en España en que vayamos tragando la píldora trumpista (supongo que en otros países igualmente), que un día obliga a las empresas españolas proveedoras de servicios a que, si quieren tenerla de cliente, demuestren que no aplican políticas de “diversidad e inclusión que violen las leyes antidiscriminación estadounidenses”, y otro día difunde una advertencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, avisando de que tomará "medidas para prohibir la entrada en Estados Unidos a figuras destacadas del complejo industrial de la censura global." "Estamos dispuestos a ampliar esta lista si otros no cambian de postura”, añadió Rubio a su post en la red de Elon Musk. Una reacción inmediata a la multa que la Comisión Europea impuso hace unas semanas a la red social X, por engañar a sus usuarios con su famoso “check” azul.

Pero las injerencias norteamericanas ni comienzan ni acaban con la administración Trump II ni con esta nueva versión de la ENS. En el pasado reciente, EE.UU. espió a Angela Merkel durante una década, decidió la caótica retirada de Afganistán sin contar con sus aliados europeos y firmó una alianza militar con el Reino Unido y Australia (AUKUS) a espaldas de los aliados europeos.

Queda claro, una vez más, que Estados Unidos no tiene aliados sino exclusivamente intereses y que el lema America First lo va a aplicar también en Europa. Ya es hora de que los europeos pongamos en marcha un ¡Desperta ferro! frente a los envites de un país que, por mucho que quiera hacer creer lo contrario, está comenzando su declive como potencia global, con el peligro que conllevan los posibles coletazos de todo animal que huele la muerte.

En muchos de los países de la UE+ ya existe el servicio militar obligatorio (nunca se suprimió o se ha recuperado recientemente). En Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia y Suiza sólo para varones; en Dinamarca (a partir de 2027), Noruega, Letonia, Lituania y Suecia para ambos sexos (en diferentes modalidades). 

De quienes quieren recuperarlo, Francia y Alemania son los más significativos y los que parecen tener más adelantado su planeamiento. Francia (que suprimió su servicio militar obligatorio en 1996) tiene previsto crear un servicio militar voluntario y remunerado, que el Parlamento podría transformar en obligatorio en caso de necesidad. Se realizaría exclusivamente en territorio nacional (metrópoli o ultramar) por jóvenes de 18 y 19 años para alcanzar la cifra de 10.000 efectivos en 2030 y de 50.000 en 2050, recibiendo una remuneración de 800 euros al mes mientras dure su incorporación al servicio. Durante el primer mes de servicio, recibirán un entrenamiento básico de “manejo de armas, disciplina, marcar el paso, cánticos y el conjunto de rituales que alimentan la fraternidad de los ejércitos y contribuyen a la grandeur de Francia”. A continuación, nueve meses en unidades operativas, tras los cuales podrán licenciarse, mantenerse en la reserva operativa o incorporarse a las Fuerzas Armadas como profesionales.  

Alemania (que suprimió su servicio militar obligatorio en 2011) tiene previsto que, a partir de 2026, todos los varones con nacionalidad alemana, al cumplir 18 años, deberán obligatoriamente (voluntariamente las mujeres) contestar un cuestionario con datos personales (para posibilitar su seguimiento en caso de movilización) y pasar un reconocimiento médico para comprobar sus capacidades físicas, psíquicas e intelectuales, tras lo cual deberán decidir si incorporarse o no al servicio militar voluntario —que podría convertirse en obligatorio si el número de voluntarios se considerase insuficiente y lo aprobase el Bundestag (Parlamento)— de seis meses de duración con una remuneración de 2.600 euros al mes. El objetivo a alcanzar es que las Fuerzas Armadas alcancen la cifra de 255.000 efectivos y 200.000 reservistas en 2035. 

En ambos casos, una vuelta a la “mili” tradicional: jóvenes de 18 años pasando unos meses en los escalones más bajos de una unidad operativa. Un tipo de unidad al que podrían ser movilizados en el futuro en caso de necesidad cuando, muy probablemente, hubieran pasado quizás años y el armamento y demás tipos de material, las tácticas y las técnicas fueran completamente diferentes. Hoy día, “las ciencias adelantan que es una barbaridad”, que decía la zarzuela (La verbena de la Paloma), e incluso los militares profesionales tienen que irse adaptando casi a uña de caballo a los cambios que la tecnología y la modernización imponen. 

¿No sería mejor aprovechar los conocimientos y experiencia del personal movilizable a edades más avanzadas? La diferencia de conocimientos y experiencia formativa y laboral entre un logista, un conductor de vehículos pesados, un experimentado informático, un médico o sanitario, o un piloto, etc. civiles respecto a sus equivalentes militares es desde luego mucho menor que su diferencia con un soldado asignado al azar a la unidad que le toque tras ser movilizado. Son sólo ejemplos, seguro que los hay mucho mejores, pero lo que tratan de transmitir es que enseñar “a disparar, disciplina, marcar el paso, cánticos y rituales” y practicarlo después unos pocos meses (copio literalmente de la propuesta francesa) a jóvenes de 18 años aún en formación (psíquica, cultural y social) no es la forma más sensata, y, por lo tanto, más eficaz, de tener una reserva útil en caso de guerra o de alarma de seguridad.  

Porque, a poco tiempo que pase entre su “mili” y su movilización en caso de guerra, el arma con la que deben “disparar” ya no será la que conocieron, como no lo será el ambiente bélico en que deben desenvolverse (adopto el estribillo de la zarzuela, “es que hoy en día la tecnología avanza que es una barbaridad”). Si lo que se pretende es tener personas preparadas para la guerra actual, no digamos la de un posible futuro, “marcar el paso”, es decir lo que se conoce como “orden cerrado”, no sirve para nada porque el “orden cerrado” es como se combatía antes, hasta mediados del siglo XIX. Hoy en día, no digamos por tanto en el futuro, lo que se exige es precisamente lo contrario: iniciativa a todos los niveles, dispersión, maniobra, sorpresa, etc.: disciplina y sincronización de objetivos, no de movimientos. Una cosa es que las ceremonias solemnes y los vistosos desfiles militares sean una forma de hermanar a las fuerzas armadas y a éstas con la población civil y otra que sean útiles para la guerra. En cuanto la concienciación del sentimiento patrio (“cantos y rituales”), mejor dejarlos para el sistema educativo nacional, no vaya a ser que alguien acabe creyendo que eso es (o debe ser) sólo patrimonio exclusivo de los componentes profesionales de las fuerzas armadas.  

Una posible alternativa a este tradicional servicio militar obligatorio sustentado en un rito iniciático a temprana edad podría ser el desarrollo de unos planes de movilización basados en la idoneidad de los cometidos a desempeñar en caso de ser movilizados. Cada movilizado se entrenaría para ir a la guerra, si falta hiciera, desarrollando labores y cometidos lo más similares posible a su puesto de trabajo civil en su vida normal. Un primer paso tendría que ser algo similar a la base de datos personales de toda la población, permanentemente actualizada a través de padrones municipales y requisito de plantillas públicas y privadas, por ejemplo, preconizada por Alemania para posibilitar el seguimiento de la población en aras de su posible movilización para “entrenamientos” o necesidad real. Estas “movilizaciones de entrenamiento”, que se iniciarían cuando los movilizables tuvieran ya una cierta estabilidad laboral y durarían hasta la edad o condición que se determinase, no necesitarían ser de tan larga duración como las de la tradicional “mili” (meses o incluso años), ya que se movilizaría para puestos que se corresponderían con la actividad y experiencia profesional y laboral de cada individuo (días, como mucho, en algún caso, algunas semanas). Conocimiento de su puesto y entrenamiento de sus cometidos que tendrían que revalidarse cada cierto tiempo (¿diez años como máximo de intervalo?, por ejemplo) en función de los cambios que se vayan produciendo en los aspectos definitorios de cada cometido. E irían a la guerra, si tuvieran que ir, ya con la formación suficiente, debido a su edad y experiencia vital, como para evaluar adecuadamente la necesidad, idoneidad y oportunidad de la misma. 

Siempre habrá necesidad, en caso de guerra, de puestos a movilizar que no tengan equivalente en la sociedad civil. Es el momento de que los cubran los jóvenes que, tras un pequeño periodo de instrucción focalizada en el puesto concreto que vaya a ocupar, tendrán el más auténtico servicio temporal militar: la guerra. 

Por supuesto, todo lo anterior es sólo un esquema, probablemente bastante complicado de desarrollar, pero al que le veo algunas ventajas sobre la tradicional “mili”. La primera es la que he repetido varias veces a lo largo del artículo: un importante número de los movilizados desarrollaría en sus “entrenamientos”, y en la realidad si llegara, cometidos si no iguales, por lo menos del mismo espectro laboral que conoce y al que está acostumbrado. No tendría que hacerlo cuando aún no sabe qué va a ser de su vida ni en qué va a trabajar, lo que hace que la sensación de pérdida de tiempo y rechazo sea menos probable (¿quién no rajaba cuando estaba en la “mili”?). Los movilizados adultos, que son quienes en realidad hacen funcionar la sociedad, entenderían mejor la necesidad de la defensa (de estar preparados) y al terror a la guerra no se le añadiría la incertidumbre del cometido a realizar. Las “movilizaciones de entrenamiento”, de corta duración y espaciadas en el tiempo, resultarían menos gravosas siempre y cuando los planes de movilización sean suficientemente flexibles y tengan adecuadamente en cuenta la compensación de los perjuicios monetarios, temporales, laborales, familiares y sociales que implicarían estas movilizaciones de corta duración.   

Lógicamente, el sistema también presenta dificultades e inconvenientes en las áreas laborales y familiares pero, probablemente, solucionables si los planes de movilización se aplican con flexibilidad. Como, por ejemplo, los perjuicios que se le puede acarrear a instituciones oficiales y empresas privadas, que se verían privadas de cierto personal por un periodo (corto) de tiempo, debiendo mantener sus sueldos y salarios. Pero es que, se supone, que a la defensa nacional tiene que contribuir todo el mundo, tanto los individuos como las organizaciones, sean públicas o privadas.

Recordar es política. Frente al olvido interesado, frente a los relatos impuestos sobre un pasado mítico, en el que solo algunos son los protagonistas, la memoria colectiva se presenta como un espacio de reivindicación de la ciudadanía. Un espacio físico y simbólico.

Este ejercicio de recordar críticamente es más necesario, si cabe, en la actualidad, cuando los relatos que blanquean, por acción o por omisión, el pasado franquista, nos asoman a nuevos escenarios autoritarios desprovistos de las armas que aporta la conciencia de clase. Una conciencia colectiva que se va a articular en el tardofranquismo y la transición en las interconexiones de las reivindicaciones del movimiento obrero y la lucha vecinal en los suburbios de Madrid. Va a ser en los espacios de las fábricas y de los barrios obreros de Madrid donde la población fue deviniendo en ciudadanía antes incluso de que esta fuera reconocida políticamente, a través de la solidaridad de clase y la reivindicación en las calles.

Esta memoria es la que hemos rescatado a través de dos proyectos de investigación y divulgación: la Cartografía de la Memoria Obrera de Madrid (1957-2024) de la Fundación 1º de Mayo, y la Cartografía de la Memoria Obrera de Villaverde, impulsada por la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde. Pretendemos reivindicar la memoria obrera en el contexto de la memoria democrática recuperando el pasado reciente, tanto físico como simbólico. A través de estos proyectos que conjugan testimonios, relatos y fotografías, hemos traído a nuestro presente una cartografía de lugares de memoria colectiva de trabajo, lucha y solidaridad. Hemos sacado a la luz el pasado, no tan lejano, del Madrid industrial, donde trabajó gran parte de la gran ola migratoria de los años 50 y 60, procedente de los pueblos del interior del país. Estos polígonos también alumbraron la organización del movimiento obrero al margen del Sindicato Vertical, en torno a las Comisiones Obreras. Este movimiento obrero, luego sindicato tras la legalización, fue ampliando las demandas obreras más básicas hasta reivindicar derechos laborales y democráticos más extensos, y se convirtió en motor de la lucha democrática de la ciudadanía.

Esta reivindicación de la Memoria Obrera no significa en ningún momento un ejercicio de melancolía, de romantizar un pasado reciente, sino justo de lo contrario, de reconocer y dignificar la acción colectiva de trabajadores, trabajadoras, amas de casa, curas obreros y un sinfín de personas que lucharon en fábricas y barrios por mejorar su vida y la de su comunidad.

En esta tarea, vecinos y vecinas como los y las de Villaverde se juegan su identidad, pues lejos del estigma de vivir en “barrios deprimidos”, la memoria obrera permite reconstruir la importancia de los barrios obreros como lugares estratégicos para el desarrollo del país en el siglo XX. Permite reconocer la existencia de una “deuda histórica” de la ciudad de Madrid con quienes habitan unos territorios que aún hoy siguen sufriendo los efectos de un proceso de desindustrialización que destruyó miles de empleos (al menos 25.000 puestos de trabajo según el Movimiento por la Dignidad del Sur en las empresas y factorías localizadas en Villaverde y Usera a finales de la década de 1990).

En aquellos años cambió tanto la fisonomía del barrio como los sonidos que lo acompañaban: dejaron de sonar las sirenas de la hora del bocadillo y, con ellas, desaparecieron los pequeños talleres auxiliares que daban vida a las calles. Se extinguieron así los miles de empleos dignos conquistados a base de décadas de lucha y fueron demolidos edificios de incalculable valor arquitectónico. El paisaje de estos lugares quedó reducido a naves abandonadas e inmensos descampados, a la espera de ser transformados —en el mejor de los casos— en bloques de viviendas o plataformas logísticas.

A través del ejercicio de recuperación de la memoria obrera se pretende saldar en parte esa deuda, al reconocer a quienes fueron —y aún son— auténticos artífices de la ciudad. Efectivamente, es imprescindible reivindicar que su papel no es un vestigio del pasado, pues hoy estos barrios siguen siendo el lugar donde viven los trabajadores y trabajadoras que, cada mañana, sostienen la ciudad.

Esta memoria permite así también mostrar un camino, el de la lucha obrera, barrial y sindical; el único camino que ayer, y quizás hoy, sea posible para lograr empleos y barrios dignos.

El movimiento sindical y el movimiento vecinal nos hemos unido en esta tarea, si bien es aún una asignatura pendiente lograr “ensanchar” el marco de reconocimiento de la memoria democrática por parte de las instituciones públicas al ecosistema que vecinos-trabajadores forjaron en los barrios obreros; así como es también un quehacer urgente proteger el patrimonio material que a duras penas pervive y que estas cartografías ayudan a visibilizar, como los “pabellones ferroviarios” de Villaverde que hoy subsisten a las grietas y el abandono y cuyo valor arquitectónico es incalculable.

_________________

Silvia González Iturraspe es de la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde.

Mayka Muñoz Ruiz es de la Fundación 1º de Mayo.

El mundo de la Defensa está siempre tras un muro de opacidad. O si se prefiere, tras un cristal traslúcido que permite ver solo una pequeña parte de lo que se mueve en ese mundo. Apenas hay noticias acerca de la industria de la Defensa o de las fuerzas armadas (FAS) y, cuando las hay, no suelen ser buenas. Por eso, cuando aparecen, causa cierto revuelo. Poquito, porque es un mundo muy técnico y muy poco transparente. 

Por eso ha llamado la atención saber que, desde la pandemia, la contratación de militares de alta graduación o cargos importantes relacionados con el Ministerio de Defensa se ha ido incrementando. El punto de aumento casi exponencial se produjo en 2022, con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Desde 2020 son más de 70 los altos cargos militares “fichados” por empresas del sector de la Defensa. De ellos, desde 2022 ha superado los 50, algo más del 70% del total. 

No son de extrañar estos incrementos. Dado que el Gobierno de España se ha comprometido a aumentar hasta el 2% del PIB la aportación de nuestro país a la OTAN, ha tenido que buscar métodos para ese crecimiento. Y tomando como base (o excusa) esa “necesidad”, ha concedido a interés 0% y sin concurso, es decir, a dedo, un total de 14.224 millones de euros para financiar 32 programas de armamento. Para que nos hagamos una idea, este importe supera en casi 1.000 millones al coste de las pensiones contributivas del mes de agosto de 2025. Y se necesitan expertos para diseñar y llevar a cabo los planes de armamento a los que se aplicará ese importe. 

La gran beneficiaria en el reparto de este dinero ha sido una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre la participada Indra y la empresa privada Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ha recibido un total de 3.169 millones de euros hasta 2032. Indra ha recibido casi el 60% del total entre los recibidos directamente y los que reciben empresas en las que participa. 

Indra es una compañía en la que el Estado es el accionista mayoritario, con el 28% de participación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Indra está intentando una fusión con EM&E, lo que sería bueno para ir formando una gran compañía española de Defensa, que aunque quedaría lejos de los gigantes del sector de otros países de la OTAN, las europeas Safran (francesa) o Rheinmetall (alemana) o la enorme estadounidense Rtx, podría alcanzar cierto peso en el sector. Pero… 

El “pero”, enorme, es que el presidente de Indra, Ángel Escribano es, junto a su hermano Javier Escribano, dueño de EM&E, primer accionista de Indra con un 14,3%. Suena raro que el presidente y un consejero de Indra estén impulsando un plan para una fusión con la empresa de su propiedad. Suena a conflicto de intereses. Pero en el mundo de la Defensa parece que todo es posible. 

Todo lo anterior nos conduce de nuevo a las puertas giratorias entre las FAS y las empresas de armamento y defensa de España. Varios generales y oficiales superiores (casi todos ellos en situación de reserva) consiguen sin grandes problemas la compatibilidad de sus empleos militares con la prestación de servicios en las empresas privadas de armamento. En situación de reserva, y con el debido informe de compatibilidad de la Oficina de Conflictos de Interés es factible esta colaboración.  

Pero llama la atención que a varios generales en situación de retiro, incompatible con prestar servicios a empresas públicas o privadas, se les haya autorizado a actuar como asesores o consejeros “estratégicos” de grandes empresas armamentísticas. Sobre todo porque obtener la misma compatibilidad para oficiales subalternos, suboficiales y tropa profesional en la misma situación no es nada sencillo. En general, porque la compatibilidad solicitada no suele ser para esos puestos de alta posición en las empresas. La mayoría de ellos buscan complementar su pensión con alguna actividad relacionada con campos como la docencia, la seguridad privada y similares. 

Más allá de las susceptibilidades que puedan levantar estas contrataciones sobre la posible influencia de los militares “fichados” en la adjudicación de contratos o incluso préstamos al 0% de los recientemente aprobados por el gobierno (y no sólo los militares, pero esa es otra historia) la gran pregunta es si es razonable que quien ha adquirido conocimientos y experiencia del sector público a coste cero, pueda monetizarlos estando aún en situación de disponibilidad para el ejército, es decir, en situación de reserva. No hay que olvidar que esta situación no supone desligarse completamente de las FAS, y que en cualquier momento, si se dan las circunstancias oportunas, podría ser llamado a reincorporarse al servicio activo. 

También llaman la atención las “excepciones” sobre compatibilidad en casos en que el puesto al que accede el militar retirado es el de asesor o consejero. Normalmente esos puestos no requieren el alta en la Seguridad Social (salvo si tienen algún poder ejecutivo o directivo en la empresa) por lo que si se plantea adecuadamente la retribución, puede no causar ningún problema al perceptor. 

Y no es menos llamativa la procedencia de esos militares autorizados a compatibilizar sus empleos o sus pensiones de jubilación con la actividad en empresas privadas. Desde representantes militares ante el Comité Militar de la OTAN y de la UE, pasando por agregados militares en embajadas, jefes de los estados mayores de los ejércitos, responsables del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, mandos de combate y/o apoyo logístico, y una amplia variedad de unidades de todos los ejércitos. 

Conste que no me parece mal que los militares, frente a su retiro (jubilación), se vean en la misma situación que cualquier otro trabajador. Me parece excelente además que, desde 2011, quienes inicien su carrera militar se integren en el régimen general de la Seguridad Social para sus pensiones de jubilación, incapacidad y muerte y otras prestaciones, como cualquier otro trabajador. Y que sus pensiones las gestione el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esos son solamente pasos para conseguir que a los militares se les considere ciudadanos de uniforme, para que alcancen la plenitud del goce de derechos que como ciudadanos les corresponde. 

Que los altos mandos del ejército consigan compatibilidades que, sin duda, les van a reportar buenos emolumentos y que otros miembros de las FAS –especialmente los oficiales subalternos o los suboficiales– no puedan dedicarse a impartir sus conocimientos o prestarlos en tareas técnicas asociadas a su experiencia por la dificultad de alcanzar una compatibilidad, a la que sólo tendrán acceso si renuncian a una parte de su pensión, es lo que más molesta.  

Porque seguimos viendo que, dependiendo del lugar que ocupes en el escalafón de la vida, tienes determinados privilegios o no. Lugar que no siempre se alcanza por la meritocracia que nos venden.

A punto de cumplir 47 años —que celebraremos el 6 de diciembre—, nuestra Constitución se parece cada vez más a una vieja fotografía: algo descolorida, pero aún capaz de revelar quiénes fuimos, qué queríamos ser y hasta dónde no nos dejaron llegar los que no salían en la foto.

En estos días, en los que hemos conmemorado también los 50 años de la muerte del dictador, asistimos a un fenómeno inquietante. Hay quienes parecen incapaces de condenar la dictadura porque sus padres participaron de ella, como si el totalitarismo fuera una herencia irrenunciable. Y lo más perturbador: volvemos a escuchar aquello de que “con Franco vivíamos mejor”. Por eso conviene volver a mirar aquella foto, no como un ejercicio de nostalgia, sino para recordar quién hizo posible la democracia. Y no fueron las élites, sino la gente de a pie —los “peatones de la historia”, como decía Vázquez Montalbán—, que entendió que la democracia no es un simple esqueleto. Porque no se sostiene sola: solo se mantiene viva cuando sus derechos se encarnan en la vida diaria de la gente.

El filósofo italiano Norberto Bobbio escribió que la democracia solo florece cuando los derechos sociales dejan de ser promesas abstractas y se vuelven “condiciones de existencia”. Y es justamente en ese tránsito —del papel al barrio— donde se juega hoy la batalla contra la ola reaccionaria. Porque una democracia sin derechos materiales es un edificio con goteras: basta una tormenta para que se inunde.

Por eso, si la Constitución del 78 quiere ser un dique frente a la ola reaccionaria, tendrá que serlo en cada barrio, en cada recibo de alquiler, en los días de espera para conseguir una cita en el centro de salud y en cada aula de universidad que aún resiste a los recortes.

El derecho a la vivienda

El artículo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Pero cualquiera que camine hoy por una gran ciudad —y en Madrid más, si cabe— siente la presión del mercado en los huesos: alquileres disparados, barrios convertidos en escenarios turísticos, familias hacinadas y jóvenes que renuncian a emanciparse. La crisis habitacional se ha vuelto una forma de desaliento colectivo.

Y esta realidad la aprovechan los jóvenes nostálgicos de la España de los toldos verdes, con arito en la oreja y discurso joseantoniano. A ellos conviene recordarles que la foto de 1977 era incluso más dura que la de quienes hoy sobreviven en habitaciones alquiladas a precios imposibles. Porque aquella imagen no era la del salón de los Alcántara en Cuéntame, ni la del piso en Benidorm. Era la de los más de 100.000 madrileños y madrileñas que vivían entonces en chabolas: familias a las que sacaron del barro el movimiento vecinal, la democracia y las políticas públicas de vivienda.

Hoy, cuando permitimos que un fondo buitre compre un edificio entero y desaloje a quienes llevan décadas viviendo allí, cuando no intervenimos el mercado inmobiliario teniendo presente el artículo 128 de la Constitución, estamos allanando el terreno a la ola reaccionaria. Por eso, si queremos que el armazón democrático no se tambalee, la Constitución y las leyes no pueden convertirse en un muro de mármol: deben ser la mano que sostiene la puerta para que nadie sea expulsado de su propio barrio.

El derecho a la educación

La educación no es solo un derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución: es la llave de la igualdad real. Sin embargo, llevamos años viendo cómo, en muchas comunidades autónomas, este pilar democrático se va desmantelando poco a poco. En Madrid lo conocemos demasiado bien. Aquí se ejecuta este derribo desde hace décadas a través del desvío de recursos hacia la privada.

La universidad madrileña, harta de recortes, lo ha dicho alto y claro: las aulas están en pie de guerra. Hace unos días, una manifestación multitudinaria volvió a tomar la calle con estudiantes y profesorado denunciando que cada tijeretazo es un peldaño menos en el ascensor social.

Y, aun así, comparar este presente con el franquismo resulta insultante. En los años 70, más del 9% de la población adulta no sabía leer ni escribir; hoy esa cifra no llega al 0,3%. ¿Milagro? No. Democracia. Tampoco es casual que la población universitaria haya crecido en un millón de personas desde 1978. La igualdad de oportunidades no la trajo ningún dictador, sino los derechos conquistados por el movimiento estudiantil.

El derecho a la salud

La sanidad pública late en el artículo 43 de la Constitución. Y aunque el ejemplo madrileño pueda parecer reiterativo, es inevitable: en “el granero de Quirón” llevamos años viendo cómo se vacían los centros de salud, se externalizan servicios y se engorda un negocio con nuestra salud.

Pero conviene recordar para los nostálgicos del fantasma de Cuelgamuros: en los años 70 casi el 20% de la población española no tenía cobertura sanitaria universal. Esa realidad solo empezó a cambiar con la Ley General de Sanidad de 1986. Si hoy podemos acudir a nuestro centro de salud u hospital con solo presentar una tarjeta sanitaria —sin importar ingresos o barrio— es gracias a esa ley y al movimiento social que la impulsó.

Por eso es crucial, salvo que queramos dar de alta a momias del pasado, que sigamos defendiendo esa tarjeta sanitaria universal… y no la dejemos sustituir por una Visa Oro o un seguro privado de cartón piedra.

El dique de los derechos

Llegados a este punto conviene volver a Bobbio, que nos advirtió que “una democracia que no garantiza los derechos sociales no es más que una democracia formal, destinada a desmoronarse ante la primera embestida”.

Esa es la batalla que hoy tenemos por delante: que nuestra Constitución del 78 no sea únicamente un día festivo, sino un compromiso político con la vida real de la gente. Porque solo cuando los derechos dejan de ser promesas y se convierten en hechos materiales —en vivienda, escuela pública, salud, cuidados, conciliación— la democracia se vuelve resistente, creíble y digna de ser defendida.

Ese es el verdadero dique frente a la ola reaccionaria. No la nostalgia, no los discursos huecos: la voluntad de hacer que la Constitución y los derechos sociales entren por la puerta de cada casa. Solo así, como recordaba Bobbio, la democracia podrá “mantenerse viva en la conciencia de los ciudadanos”.

______________

Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

No obstante, el alistamiento de la fuerza no parece que tenga como fin un ataque inminente y a gran escala contra Venezuela, sino que la misión principal consistiría en exhibir el poder militar en proximidad para forzar al régimen de Maduro a pactar su salida del país. Esta presión externa se combinaría con la interna de la oposición venezolana para producir el cambio de gobierno, dando paso al presidente electo en los últimos comicios generales. La clave de la resistencia del régimen de Maduro sigue estando en la unidad de las fuerzas armadas, sin cuyo concurso el gobierno venezolano no podría sostenerse ante el deterioro de sus políticas y el abandono masivo del apoyo popular. Operaciones encubiertas de los servicios de Inteligencia, aprobadas por orden presidencial, estarían trabajando sobre el terreno para este fin.

La reacción del régimen, que no ha conseguido el pacto de no agresión con Washington pese a las concesiones ofrecidas, ha consistido en movilizar al Estado y a sus bases militantes para organizar la defensa frente a una eventual agresión externa, si bien es notorio que realmente el plan está diseñado para reforzar el control interior de la población y de todos los recursos públicos. La vía de la negociación sigue abierta, aunque todo indica que ya únicamente en la línea de pactar una salida del poder y, en tal sentido, cabe interpretar el hecho de que la parte estadounidense haya desvelado la llamada telefónica directa entre ambos presidentes “para salvar vidas”. La administración Trump, que tiene descontado el fin del régimen, es consciente de los riesgos del empleo de la fuerza, que podría derivar en consecuencias imprevisibles.

La caída del régimen pondría el anhelado fin a tres décadas de chavismo y, con la restitución en el poder de la derecha política legitimada por las urnas, situaría a Venezuela como aliado principal de la administración Trump en su estrategia sobre América del Sur. La pieza encajaría perfectamente en el dominó de la tendencia electoral en la región, donde cada vez es menos indisimulada la intervención estadounidense en favor de los candidatos que mejor garanticen sus intereses comerciales y políticos. Al mismo tiempo, un ejecutivo aliado en Caracas sería de enorme utilidad frente a los gobiernos de Brasil y Colombia, todavía restos importantes de una izquierda latinoamericana en retroceso. A este respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aparece cada vez más aislado y perfilado como disidente de la línea ortodoxa marcada por la Secretaría de Estado, habiendo merecido ya la inquietante calificación de “líder narcotraficante”. El presidente de Colombia, que lo es también de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en ejercicio, ha denunciado el silencio atronador de los organismos multinacionales frente al desconocimiento fragrante y constante desafío de Washington a las normas del Derecho internacional.

La advertencia del presidente Petro merece toda la consideración, si entendemos que las normas internacionales, con todas sus insuficiencias e imperfecciones, son el único instrumento colectivo consensuado con que cuenta la comunidad de Estados soberanos, en un sistema anárquico que carece de autoridad ejecutiva, para regular las relaciones internacionales con cierto grado de previsibilidad dentro de la disparidad de recursos y evitar así que se imponga la ley del más fuerte. El proceso de integración política, social y económica en las regiones mundiales, con un desarrollo de los organismos multilaterales y la creación de una agenda compartida sobre los asuntos esenciales para la supervivencia como el clima, la sanidad y la extracción de recursos, que parecía irreversible cualquiera que fuera el signo político de los países, está siendo relegada por la lógica que impone el realismo en el tablero internacional.

La aparición de un liderazgo disruptivo en Estados Unidos, que renuncia explícitamente a su papel moderador en el mundo para replegarse en sus propios intereses nacionales, ha acelerado el proceso de suspensión, y cierta descomposición, de la aplicación de la ley internacional. Washington abandona sus responsabilidades de actor principal del sistema de seguridad colectivo para arrogarse unilateralmente competencias a la carta que favorezcan sus declarados intereses económicos sea la obtención de tierras raras, los suministros energéticos, la balanza comercial, el desarrollo inmobiliario o la expansión de su industria armamentística.

La política MAGA de desconexión del consenso internacional, agudizada en este segundo mandato presidencial, se despliega ya en todos los ámbitos. La peculiar campaña en Venezuela a la que asistimos estos días, con confusas razones justificativas, es relevante en la nueva “doctrina Monroe” de seguridad nacional. En su misión de gendarme en la zona, se han comunicado ex post facto diversos incidentes de apertura de fuego contra embarcaciones menores con destrucción total de los objetivos, consumando la ejecución extrajudicial de cerca ya de un centenar de personas. La desproporción de emplear buques de guerra en operaciones de naturaleza policial y la decisión de actuar sin sujeción a derecho plantea, en este como en otros casos, consecuencias funestas para la reconstrucción de un nuevo orden que no vuelva a la bipolaridad de las esferas de influencia. En este sentido, las vísperas en Venezuela también lo son para el sistema internacional.

El 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es una fecha para denunciar las violencias machistas como la expresión más categórica de la desigualdad y la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres.

En lo que va de año, en España han sido asesinadas por violencia de género 38 mujeres (1.333 desde que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas en 2003). En la Comunidad de Madrid se ha registrado un aumento sostenido y alarmante de los delitos contra la libertad sexual. Según los datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno, entre 2021 y 2024 se ha producido un incremento del 36,9 % en el conjunto de delitos sexuales.

Ante esta situación, hoy más que nunca queremos llamar la atención sobre el riesgo que supone que partidos de derecha o de extrema derecha nieguen la violencia machista, cuestionen las herramientas legales para prevenir y enfrentar estos asesinatos, obvien la violencia sexual o combatan los derechos de las mujeres, debilitando o eliminando los cimientos de la educación en igualdad. Por eso en este 25N 2025 es necesario hablar de igualdad en la lucha contra las violencias machistas.

Hace unos meses, el Ayuntamiento de Madrid presentó un borrador bajo el título La Estrategia de Igualdad entre mujeres y hombres en la Ciudad de Madrid, en el que se propone que los Espacios de Igualdad de la ciudad se transformen en Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), devaluando las dos redes municipales actuales: los Espacios de Igualdad y el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. De esta forma se interrumpe el avance en políticas de igualdad de los últimos años, como espacios seguros, participativos, de prevención, detección y reparación, aspectos imprescindibles para abordar la violencia de género. Especialmente alarmante ha sido la decisión del Ayuntamiento de golpear, a iniciativa de Vox, el derecho al aborto con una iniciativa de información-coacción sobre un inexistente “síndrome post aborto”, tan rancia como incomprensible.

Por otro lado, la partida presupuestaria de la Comunidad de Madrid correspondiente a programas de prevención y sensibilización en materia de violencia de género registra una reducción de más del 46% en el ejercicio 2026 en relación con el de 2025. Y ya advertimos que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid parecen querer competir con la ultraderecha de Vox en una estrategia profundamente reaccionaria: atacar el feminismo y los derechos de las mujeres en clave de pelea electoral.

La conclusión a la que podemos llegar es que el Ayuntamiento y la Comunidad comparten la necesidad de que si los recursos son limitados, los recortes presupuestarios deben llegar en primer lugar a las mujeres, atacando sus derechos y las políticas públicas de igualdad, e ignorando que las políticas de prevención ayudan a salvar vidas y a mejorar la situación de las mujeres.

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid deben saber que en la implementación y seguimiento de las políticas de igualdad y contra las violencias machistas, es imprescindible fortalecer el tejido asociativo e impulsar la participación de las mujeres y del Movimiento Feminista, porque la desigualdad no cesa y las agresiones contra las mujeres tampoco.

En definitiva, urge reforzar la red municipal de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, el mantenimiento de la red municipal de Espacios de Igualdad y la coordinación eficaz de ambas redes de servicios públicos.

__________________

Sara Díaz Hernández es presidenta de la Asociación de Mujeres Nosotras Mismas, integrada en la FRAVM

A Pablo le llegó la notificación un martes, justo antes de bajar la basura. “Lo que nos faltaba, otro impuesto”, murmuró. En su portal ya corría el mantra: “Madrid está hecho un asco y encima nos ponen una tasa; pues yo dejo de separar”. Su hija, que aprende en el cole a distinguir marrón, azul, amarillo y verde, le miró con extrañeza: “¿Entonces lo que me dice la profe no vale?”. Esa escena —tan cotidiana como incómoda— resume el giro peligroso que estamos viviendo: la frustración se está convirtiendo en boicot a la separación. Y así, sin darnos cuenta, dinamitamos el camino hacia una ciudad más limpia, más sana y más barata de gestionar.

Una tasa puede ser impulso o freno. Si está mal diseñada, es opaca y plana, cabrea con razón. Bien diseñada, en cambio, es una herramienta justa, progresiva y finalista que cambia hábitos, garantiza la financiación estable del servicio, protege a quien menos tiene y premia a quien hace las cosas bien. No se trata de “recaudar por recaudar”: se trata de cumplir las reglas y, sobre todo, de cuidar nuestra salud y el medio ambiente.

España arrastra años de incumplimientos. Tras varias condenas en 2016 y 2017, la UE endureció el listón: la Directiva (UE) 2018/850 exige tratamiento previo adecuado de los residuos antes del vertedero para no poner en riesgo la salud ni el entorno. Y, además, recomienda usar instrumentos económicos —positivos y negativos— para impulsar la prevención, la reutilización y el reciclaje. En una lista de quince herramientas, la tasa aparece la primera y, siendo honestos, es la única que puede asegurar mínimamente que esas medidas se implanten. No es un capricho tecnocrático: es lo que ha funcionado de forma sostenida en Europa.

Conviene recordar por qué llegamos hasta aquí. Antes de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular encadenamos sustos y desastres: Seseña, Valdemingómez, Zaldibar, Alcalá de Henares… Cuando los residuos se gestionan tarde, mal o nunca, lo acabamos pagando en calidad del aire, en olores, en riesgos evitables y, a la larga, en dinero público.

Pero vayamos a los números, que a veces aterrizan la conversación. En Francia, tratar y eliminar una tonelada de residuos urbanos cuesta en torno a 250 euros (unos 50 en impuestos). En España, la media ronda los 50 euros con impuestos incluidos. Con ese nivel de gasto, es fácil caer en tratamientos de peor calidad que luego se traducen en peores resultados ambientales y sanitarios. Lo sabemos por experiencia en otros servicios: si queremos un servicio digno, hay que financiarlo de forma suficiente y estable. De ahí la lógica del “quien contamina, paga”.

Otro dato muy madrileño: según la memoria 2023 del Parque Tecnológico de Valdemingómez, la ciudad recibió 10,6 millones de turistas con 2,1 pernoctaciones de media; eso equivale a 60.986 habitantes permanentes. Súmense 1,41 millones de población flotante diaria, equivalentes a 491.382 habitantes más. Total: 552.368 “habitantes” no empadronados que habrían generado 171.223 toneladas de residuos, el 14,19% de las 1.206.573 tratadas en 2023. Casi el triple de lo que produce cualquiera de los 21 distritos de la capital. Y es que la pregunta cae por su propio peso: los turistas, ¿de verdad no deben contribuir de forma específica a sostener el sistema que usan?

Entonces, ¿cómo debe ser una buena tasa? No tiene misterio: finalista, progresiva y con incentivos claros.

La posición de la FRAVM es nítida: una tasa justa puede ser la palanca para pasar de un modelo que depende en exceso de vertederos e incineradoras a una gestión alineada con la jerarquía de residuos: prevenir primero, reutilizar, reciclar y, solo al final, tratar lo mínimo.

¿Qué pedimos, de forma concreta, a los ayuntamientos?

Indignarse es lógico, rendirse no. Si la tasa te parece injusta, no dejes de separar. Al revés: organízate, pide los datos de tu barrio, exige una tasa finalista, progresiva y con incentivos claros. Traslada tu descontento al ayuntamiento con propuestas sobre la mesa: PAYT real, protección a quien menos tiene, transparencia total y tasa turística que pague su parte. La Ley 7/2022 y la Directiva (UE) 2018/850 marcan el rumbo; ahora toca recorrerlo con cabeza. Porque cuando dejamos de separar, quien gana es el vertedero. Y ya sabemos —por experiencia— que ese camino solo trae más problemas.

Quique Villalobos es responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM

Supimos de estos pactos gracias a la desclasificación en 2017 de documentos de la CIA. Entre otros hay uno que dice que el 5 de octubre de 1975 Juan Carlos dijo al embajador de EEUU, Wells Stabler, que "Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes sólo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas". 

El capitán de ingenieros Bernardo Vidal, miembro destacado de la Unión Militar Democrática (UMD), estaba destinado en el Sáhara en octubre de 1975. Le ordenaron que minase la frontera norte del Sáhara para impedir el paso de la Marcha Verde. Coincidiendo con la visita de Juan Carlos a El Aaiún, el capitán Vidal recibió la contraorden de desminar un corredor que permitiera el paso de la Marcha Verde, lo que no hubiese sido necesario pues Juan Carlos ya había pactado con Hassan II que la Marcha no llegaría a la zona minada y que permanecería de forma simbólica solo unos días en la parte sur de la frontera, al norte de la zona minada. No era recomendable que los marroquíes entraran en el Sáhara todavía porque sin duda les atacaría el Polisario y, estando presente el Ejército español, pondría en un brete a las tropas, mayoritariamente partidarias de no entregar el Sáhara a Marruecos. 

En cumplimiento de los pactos adoptados en octubre de 1975, los gobiernos español, marroquí y mauritano firmaron el 14 de noviembre de 1975 el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el cual Marruecos se quedaba con la parte norte del Sáhara, y Mauritania con la parte sur. Este acuerdo no tiene validez legal alguna ni ha sido reconocido internacionalmente, pues la única norma vigente es el mandato de la ONU de celebrar un referéndum en el Sáhara.

Ante el temor a sufrir represalias de los ejércitos marroquí y mauritano, gran parte de la población saharaui huyó hacia Tinduf, hostigada por los marroquíes, que llegaron a bombardearles con napalm los días 18, 22 y 23 de febrero de 1976, estando todavía presente la Administración española, que miró para otro lado. España abandonó el territorio el 26 de febrero de 1976. Al día siguiente, el 27 de febrero, el Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y declaró la guerra a Marruecos y Mauritania. El nuevo Estado fue reconocido por 84 países. Conviene no olvidar estos hechos, que son el origen de la situación en que nos encontramos a finales de 2025. 

Derrotada por el Polisario, Mauritania abandonó el sur del Sáhara en 1979, circunstancia que fue aprovechada por Marruecos para invadir también esta parte del Sáhara. Marruecos tiene como único documento para ocupar el norte del Sáhara el Acuerdo Tripartito de 1975, sin validez legal alguna. Para ocupar la parte sur del Sáhara solo tiene el apoyo de la fuerza. En 1992, el Polisario y Marruecos firmaron un alto el fuego sobre la base de aceptar ambas partes la celebración de un referéndum de autodeterminación. En 2007 Marruecos abandonó esa idea, proponiendo una autonomía para el Sáhara controlada por ellos, a lo que se niega el Polisario. En el año 2020, Marruecos atacó el paso fronterizo de Guerguerat, rompiendo así el alto el fuego y volviendo a la guerra otra vez. En los medios españoles, muy influenciados por el lobby marroquí, esta guerra no existe. Sin embargo, la realidad es otra: Marruecos mantiene en la zona a más de 100.000 soldados defendiendo el muro de 2.000 kilómetros, el más largo del mundo después de la muralla China, que divide el Sáhara en dos, de norte a sur. 

Marruecos, en estos últimos años, utilizando la política del chantaje y la compra de voluntades, ha conseguido que varios países de la UE hayan reconocido su propósito de apoyar una autonomía para el Sáhara sin la previa celebración de un referéndum. La UE incluso pretende soslayar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) y maniobra para comerciar con Marruecos con productos procedentes del Sáhara ocupado. 

A la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) le ampara el derecho internacional y tiene el apoyo de los países que no se han dejado sobornar o presionar por Marruecos. Este no es el caso de la UE, que nació como una organización pacifista, respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional, cuyo principal objetivo era impedir más guerras en Europa. La actual UE, con Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, ha traicionado sus principios básicos, se ha convertido en una aliada de Israel y de Marruecos y ha cambiado sus principios pacifistas fundacionales por una política belicista y sumisa a Trump.

Ante esto, a la RASD solo le queda seguir en su política de defensa del derecho internacional y del derecho de los pueblos a elegir su destino, no doblegándose a la ley del más fuerte como pretenden Israel, EEUU, Marruecos y la UE, con Francia a la cabeza. La sumisión de la UE a la Administración de Trump ha quedado reflejada en el humillante acuerdo comercial con EEUU. 

Mientras esto ocurre, el Polisario continúa manteniendo la guerra de desgaste en el Sáhara, pero la tecnología militar ha cambiado mucho con respecto a la guerra de los años ochenta y noventa. Entonces no existía el muro, ni Marruecos tenía drones, ni satélites. El enorme cambio tecnológico ha modificado las estrategias de Marruecos y del Frente Polisario. La información que obtiene Marruecos de sus dos satélites dificulta enormemente cualquier movimiento de tropas saharauis, que difícilmente pueden contar con el factor sorpresa.

Pero la tecnología también ayuda al Polisario, porque los drones son un arma muy barata que puede causar mucho daño a Marruecos. La pérdida del control del mar por parte del Polisario, como hizo en los años 80 antes de la construcción del muro, se podría soslayar mediante la utilización de barcos nodriza, como hacen los rusos en la guerra de Ucrania. Desde esos barcos se podrían lanzar también drones marinos, como hace Ucrania contra la flota rusa. Otra arma a tener en cuenta podrían ser los ultraligeros, difíciles de detectar por los radares marroquíes y capaces de alcanzar objetivos en la costa. Los ultraligeros también podrían servir para trasladar heridos y provisiones a lo largo del Sáhara. El precio de un ultraligero es similar al de un coche y su mantenimiento es muy sencillo; además el Polisario ya dispone de pilotos de caza que pueden ser los instructores de aviadores más jóvenes para que tripulen esos ultraligeros.

La compra de treinta y dos F-35 por parte de Marruecos por un importe de 17.000 millones de dólares favorece la postura del Polisario porque contribuye a aumentar el desgaste económico de la potencia colonial sin que cause un gran perjuicio al Polisario, al que no afecta que el avión atacante sea invisible o no al radar. Al Polisario le da igual ser atacado por un vetusto F-5 de los años 70 o por un avión de quinta generación como el F-35. Sin embargo, la inversión económica de Marruecos es exponencial pues no sólo tendrá que invertir en su compra, sino que luego deberá mantener la flota de 32 aviones con un coste superior a los 40.000 euros por cada hora de vuelo. Difícilmente los pilotos del narco-Estado podrán hacer más de diez horas de vuelo al mes, que es el mínimo exigido para mantenerse entrenado y no jugarse la vida cada vez que vuelan. 

Lo sucedido con el F-35 acredita la connivencia entre Israel, Marruecos y EEUU. Israel ha dado su autorización para que Marruecos sea el único país árabe que disponga de ese modelo de avión, ha puesto el veto al resto de países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que EEUU los ha designado como "socio principal en materia de defensa" en 2024. Es decir, Israel tiene capacidad para decidir a quién vende EEUU y a quién no el F-35. Pero no solo eso, la Navy y la USAF no pueden modificar las performances del F-35 porque el código fuente del software del avión es secreto y solo dispone de él la Lockheed Martin. Para que ambos ejércitos puedan disponer del código fuente, el Congreso de EEUU está modificando la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2025; sin embargo, Israel ya dispone del código fuente y ha modificado los F-35 a su antojo. Es decir, Israel tiene más poder sobre el Pentágono que la Navy y la USAF. 

La posible compra del F-35 por parte de Marruecos no afecta al Polisario, pero Argelia y España sí tienen que mirar con precaución la carrera armamentista iniciada por el narco-Estado. Al Polisario no le preocupa el F-35, pero sí puede verse afectado por la reciente compra por parte de Marruecos de 600 misiles tierra aire FIM-92K Stinger a Estados Unidos por un valor estimado de 825 millones de dólares. Estos misiles están diseñados para derribar aviones y drones que vuelen a baja altura. 

El día 30 de octubre se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la propuesta de Trump de legalizar la invasión del Sáhara. El 16 de octubre, en vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad, el ministro de Exteriores de Marruecos se entrevistó con su homólogo ruso, Seguéi Lavrov, en Moscú para pedirle que aceptase las tesis marroquíes y no ejerciese el derecho de veto. Tras arduas negociaciones se modificó el texto original y se introdujo el derecho de autodeterminación, algo elemental que no puede obviarse en un proceso de descolonización, lo que permitió que Rusia no ejerciese el derecho de veto y se abstuviese junto con China, Pakistán y Argelia (este último no votó). La mayoría de los países que votaron a favor del documento defendieron el derecho de autodeterminación, excepto EEUU, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Sierra Leona, que se pusieron claramente del lado de la invasión del Sáhara con absoluto desprecio al derecho internacional y a los principios de la ONU. Al renovarse la presencia de la Minurso un año más, la votación no ha variado nada, pues la última palabra la tiene la Asamblea General, donde los países coloniales están en minoría. 

Dada la postura de las mal llamadas democracias occidentales, deseosas de explotar las riquezas del Sáhara, al Polisario no le queda otra solución que incrementar la presión militar, diplomática y jurídica e impedir que esto se produzca. En definitiva, la situación sigue estancada y el Polisario no tiene otra salida que continuar en su defensa de la legalidad internacional.

El respeto irrestricto a la dignidad humana constituye el núcleo normativo sobre el que se levanta el constitucionalismo democrático contemporáneo. Desde la Declaración Universal de 1948 hasta el Estatuto de Roma de 1998, la arquitectura jurídico-ética del sistema internacional de derechos humanos descansa en una convicción indeclinable: no todo vale. La libertad de expresión, piedra angular de las sociedades abiertas, no puede erigirse en coartada para la apología de proyectos totalitarios, el discurso del odio o la negación de la igual dignidad de quienes integran la comunidad política. Por ello, la defensa de los derechos humanos implica afirmar límites normativos y culturales frente a la intolerancia, especialmente cuando esta aspira a socavar los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

En este contexto, decisiones institucionales recientes en Canarias, como la negativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (y otras universidades públicas) a ceder espacios para discursos demagógicos y excluyentes, o la apertura de investigaciones por exaltación del franquismo en La Laguna, ilustran una toma de conciencia cívica y universitaria. Estos hechos no son anecdóticos: encarnan la tensión estructural entre la libertad de expresión y la prohibición de la incitación al odio, cuestión que la jurisprudencia europea ha resuelto reiteradamente a favor de la protección reforzada de los colectivos vulnerables y de la democracia constitucional. La mayoría de la ciudanía española, a las que Galdós supo dotar de hondura moral y mirada crítica, mantiene hoy una fortuna singular: la de una ciudadanía que, aun consciente de heridas históricas no plenamente cerradas, asume su responsabilidad con el pasado y el presente democrático. No así ciertos poderes políticas y empresariales españoles.

La lucha contra la normalización del discurso franquista no responde a una sensibilidad coyuntural ni a un gesto identitario. Se enraíza en las obligaciones internacionales de los Estados en materia de memoria, justicia y no repetición. En el marco de las Naciones Unidas, se ha subrayado que las sociedades que atravesaron regímenes autoritarios deben cultivar políticas públicas de verdad y memoria, y no ampararse en silencios complacientes o equidistancias paralizantes. La exaltación del franquismo y la banalización de sus crímenes son incompatibles con la ética de la dignidad humana y con las garantías de no repetición que inspiran el derecho internacional humanitario e internacional penal. La memoria democrática no es venganza; es, por el contrario, una condición para la reconciliación auténtica y un espacio para la pedagogía cívica. ¿Podría tener en España éxito una película parecida a Argentina, 1985?

En este ámbito cobra relevancia la distinción conceptual entre justicia restaurativa y justicia ananmética. La primera, orientada a reparar vínculos sociales dañados y a reconocer a las víctimas como sujetos de derecho, promueve la verdad, la responsabilidad y la restauración simbólica y material. La segunda pretender devolver la memoria de las víctimas frente al olvido. La experiencia comparada demuestra que la amnesia oficial favorece la impunidad, erosiona la confianza pública y perpetúa narrativas negacionistas; ambas justicias, desconocidas en la práctica oficial española fortalecen la cultura democrática y asientan las bases de una memoria plural inclusiva. España arrastra todavía deudas en el plano simbólico y jurídico respecto de quienes sufrieron la represión franquista. Allí donde persisten vacíos de justicia y reconocimiento, germinan discursos que trivializan el autoritarismo o lo reivindican abiertamente.

La universidad pública, en tanto espacio privilegiado de deliberación racional y cultivo de ciudadanía crítica, desempeña un papel insustituible. Su neutralidad, que no equidistancia, no implica indiferencia frente al ataque a los derechos humanos. Al contrario, la autonomía universitaria se justifica precisamente para garantizar la defensa de la razón pública y de los valores constitucionales frente a presiones políticas o pulsiones extremistas. Negar tribuna académica a quienes hacen de la mentira, la afrenta y la exclusión su estrategia discursiva no vulnera libertades; preserva el ecosistema del conocimiento y protege a la comunidad universitaria de prácticas incompatibles con la ciencia y la ética democrática. La libertad de expresión incluye la libertad institucional de fijar criterios de calidad y respeto a los derechos humanos en los foros universitarios. No toda opinión es equivalente, y no es censura rechazar lo que degrada deliberadamente el espacio público.

Una ciudadanía comprometida sabe que la libertad implica responsabilidad y que la neutralidad moral frente al odio equivale, en última instancia, a complicidad. La pedagogía democrática comienza por reconocer las fronteras éticas de la deliberación pública: la negación de la dignidad de otros no merece protección, sino respuesta firme y proporcionada. Sin embargo, esta respuesta no puede reducirse al ámbito sancionador. La verdadera fortaleza cívica reside en la educación para los derechos humanos, en el fortalecimiento de la cultura crítica y en la promoción de una memoria democrática viva y plural. Solo así la justicia restaurativa puede desplegar su potencial transformador, integrando el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los perpetradores y la participación activa de las instituciones y la sociedad.

El reto español continúa siendo convertir la memoria democrática en un proyecto cultural compartido, capaz de desactivar nostalgias autoritarias y de promover una identidad cívica inclusiva. No se trata de imponer relatos monolíticos, sino de garantizar que el pacto constitucional descansa sobre la dignidad humana y la igualdad. En un tiempo de polarización y proliferación de discursos de odio, la respuesta adecuada no es el repliegue ni la equidistancia, sino la afirmación serena y firme de los principios que hicieron posible la democracia: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Algunas universidad públicas y otras instituciones que han decidido no ser vehículo de la intolerancia ofrecen un ejemplo de coherencia democrática que debe consolidarse y multiplicarse.

Las sociedades libres se construyen mediante decisiones que reafirman sus fundamentos morales cuando son puestos a prueba. Hoy, al impedir que la exaltación del franquismo y los discursos de odio ocupen espacios públicos y universitarios, se reafirma una convicción fundamental: los derechos humanos no son negociables, la dignidad humana no admite excepciones y la democracia no puede ser neutral ante quienes buscan destruirla.

De eso entendía mucho el influyente político catalán, al frente de la Generalitat de Catalunya durante 23 años y pieza clave en el tablero político nacional con todos los gobiernos, desde Suárez hasta Aznar. Nada como una buena foto para saber quién manda más. Los jefes de protocolo suelen andar de cabeza a la hora de sentar a la mesa o colocar a personalidades políticas, autoridades o grandes empresarios en el photocall, procurando que después del acto no ruede su cabeza. Contentar a todos es un difícil equilibrio para el que hace falta una exquisita mano izquierda.

Salvo en las fotos recurrentes de cumbres como las de la OTAN, la UE y otras grandes organizaciones, donde ya está establecida una norma que conjuga tradición, protocolo y estética escénica, en otras reuniones inesperadas no tienen por qué seguirse esas pautas, como ocurre en ocasiones en las que juega un papel preeminente la jerarquía simbólica del momento, aun a costa de obviar la diplomacia.

Cuando responsables políticos de alto nivel se reúnen para tratar asuntos de relevancia e incumbencia común, suelen hacerlo alrededor de una mesa rectangular o imperial alrededor de la cual se sientan las delegaciones a ambos lados, cuando se trate de dos partes negociadoras. En el centro de la mesa, a cada lado, se sienta habitualmente la persona de mayor relevancia de cada delegación, flanqueada a su derecha por la siguiente en jerarquía, a la izquierda el tercero y así sucesivamente. Es lo que se denomina “presidencia francesa”, en la que se pretende transmitir cierta igualdad.

En otro tipo de reuniones, más numerosas y con más delegaciones (nacionales, corporativas, sectoriales, etc.) se pueden utilizar mesas en “U”, en las que se fomenta la interacción entre los participantes. Es decir, la forma de la mesa se corresponde normalmente con lo que se quiere transmitir.

Pues bien, partiendo de esta base organizativa, quiero entrar en el detalle de un formato inédito que ha protagonizado el pasado mes de agosto el presidente estadounidense al recibir en Washington a una delegación europea representante de diversos países y organismos. 

El propósito de la cumbre era poner fin a la guerra en Ucrania y fijar unas garantías de seguridad para el país atacado.

Se celebró una primera reunión formal en un salón de la Casa Blanca con los líderes, pero con muchos más asistentes y consejeros. El formato que usaron fue el de la mesa rectangular con presidencia francesa, es decir, un anfitrión en el centro, su interlocutor principal enfrente y el resto flanqueando a ambos, todos en pie de igualdad.     

 Pero Trump buscaba lanzar una imagen impactante al mundo y eso no bastaba. Quería una muestra gráfica que dejase claro quién manda, y para eso hacía falta llevarles a su redil, llevarles a la “intimidad” de su despacho oval.

Tomo prestado de una obra de Javier Cercas el título de este artículo para mi análisis de esa cumbre y del porqué de tan peculiar formato.

 La instantánea dice más que mil palabras. En ella aparece Donald Trump, acomodado en su sillón presidencial, dirigiéndose a los ilustres visitantes —sentados en sillas auxiliares— en modo arenga, cual director de colegio llamando a capítulo a los alumnos más díscolos por las fechorías cometidas o por no seguir al pie de la letra sus indicaciones.

De izquierda a derecha, vemos a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, escuchando atentamente a su “papi”, pues así se refirió a él durante la última cumbre de la Alianza (La Haya, 25 junio 2025). Daddy has to sometimes use strong language (Papi a veces tiene que usar un lenguaje duro) espetó entonces sin ningún rubor. Nunca se ha visto a un líder europeo, jefe de gobierno de los Países Bajos durante 14 años, mostrarse tan servil con un gobernante, por mucho que sea su “jefe” en la OTAN. El bochorno debe aún seguir impregnando las calles y canales de Amsterdam.

A su lado, Volodímir Zelensky, con su intérprete pegado a la oreja (el líder ucraniano se maneja bien en inglés, pero algunas ocasiones requieren precisión), comparece por enésima vez ante el “emperador” para que le ayude a detener la locura irredentista de Putin. En esta ocasión ha sido acompañado y arropado por otros líderes europeos, tal vez para evitar que el histriónico republicano le falte al respeto públicamente como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

Le sigue a su derecha Alexander Stubb, el presidente finlandés que, aunque en principio no parecía muy justificada su participación en esa comisión avanzada de la llamada “coalición de voluntarios”, por su peso político en el conjunto de Europa, sí lo es por la vulnerabilidad de Finlandia, con sus 1.300 kms de frontera con Rusia. De suma importancia es también su relación personal con Trump, con quien ha logrado establecer tal afinidad, gracias al golf sobre todo, que le ha valido el sobrenombre de Trump whisperer (el susurrador de Trump).

Al lado se sentaba Emmanuel Macron, el presidente de la decadente V República Francesa, a juzgar por las sucesivas crisis de gobierno que encadena desde hace más de un año, la creciente contestación social y la mala praxis democrática al recurrir al decreto presidencial (art. 49.3 de la Constitución) cuando sabe que no puede sacar adelante una ley en el parlamento. Añadamos la falta de ética demostrada al recibir al multiconvicto Sarkozy en el Elíseo, a modo de despedida, días antes de que ingresara en prisión (me recuerda al abrazo de Felipe González a Barrionuevo y Vera a las puertas de la cárcel de Guadalajara). Cabe señalar que Macron, pese a su doble rasero demostrado en varias ocasiones respecto a los actos criminales de Putin y de Netanyahu, es de los pocos mandatarios europeos que se han atrevido a rebatir a Trump, públicamente, la política estadounidense sobre Palestina.

A la derecha del francés estaba el canciller alemán Friedrich Merz, valioso colaborador de la administración Trump en su apoyo sin límites a la limpieza étnica llevada a cabo por Israel en Gaza mientras exige más firmeza europea contra un Putin que “sabotea, espía y asesina”, según sus palabras. Recordemos que su predecesor, Olaf Scholz, tuvo que tragarse un enorme sapo cuando Joe Biden dijo ante su cara que pondría fin al oleoducto alemán Nord Stream 2 si Rusia atacaba a Ucrania. Y así ocurrió, con la inestimable ayuda de Noruega. Sigue siendo difícil de digerir que el país que cometió dos genocidios en el siglo XX (en Namibia y en Europa) haya estado apoyando las políticas genocidas del gobierno israelí en Gaza. ¿Puede el sentimiento de culpa colectivo de una nación, por su traumática historia y por el Holocausto, llegar a permitir, tolerar, no oponerse, a que el Estado-Nación judío a su vez expulse de sus tierras o extermine a los palestinos, a quienes consideran subhumanos? No olvidemos que hasta hace poco Alemania ha sido el segundo país exportador de armas a Israel, tras los EEUU.

A su lado, su compatriota y correligionaria Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha venido mostrando un apoyo incondicional a la respuesta israelí antes los atentados de Hamás mientras, con la boca pequeña, decía estar preocupada por la suerte de los civiles gazatíes. Con respecto a Trump y a sus agresivas políticas comerciales, Von der Leyen protagonizó recientemente una vergonzosa claudicación ante la administración Trump al firmar un acuerdo, respaldada por los 27, por el que la UE consigue rebajar unos aranceles del 30% a “solo” el 15% a cambio de invertir 680.000 millones de euros en compras de gas, petróleo, energía nuclear y armamento a Estados Unidos en los próximos tres años. Adiós definitivo al sueño de la tan cacareada autonomía estratégica.

Qué decir de la persona que tiene a su lado, la neofascista Giorgia Meloni, jefa del Gobierno de Italia, amiguísima de Trump (fue la única gobernante europea invitada a su toma de posesión y a la que piropea públicamente). En Bruselas no están muy seguros de si, en caso de grave crisis con los norteamericanos, querría más a mami UE o a papi Donald.

Por último, y no menos importante, el premier británico Keir Starmer no podía faltar, of course. No pierde ocasión para salir en las fotos con Trump, pues su acelerada pérdida de popularidad en casa, incluso entre los laboristas, le hace agarrarse al clavo ardiendo de la adulación desmedida (sin llegar al sonrojo de la de Rutte). Hace pocas semanas, cuando recibió a Trump en Londres, le ofreció un paseo en carroza, con el rey Charles de anfitrión, pero esta vez sin público, no sea que algún desafecto le recuerde el nombre de Epstein y salpique de paso al hermano del rey. Una pompa y circunstancia que solo sirvió para alimentar tres egos —el del político, el del rey y el del “emperador”— pues el trayecto discurrió dentro del recinto de Windsor, entre el helipuerto y el palacio, con lo que todo el boato, parafernalia y fanfarria habituales quedaron para el petit comité de la guardia real, los fotógrafos y los caballos.

En fin, la performance del despacho oval salió al gusto del americano para demostrar que las riendas de Europa las sigue llevando él, por la vía fáctica de la OTAN o por la tecnológica y comercial con la UE. Del emperador naranja y sus estrambóticas apariciones en público ya me ocuparé en otra ocasión, aun a riesgo de sufrir bloqueos de mi pasaporte por parte de sus servicios migra, como me ocurrió recientemente cuando intentaba regresar a España, en vuelo directo, desde Ciudad de México.

En la cumbre hubo una ausencia notable: Pedro Sánchez, que no fue invitado a unirse a los líderes europeos, evitando así besar el anillo al primus inter pares. Por peso económico-demográfico en el conjunto de la UE, España tenía más razones para estar allí representada que Finlandia, pero a los visitantes no les convenía ir acompañados por quien había sido objeto, en varias ocasiones, de las iras de Trump por negarse a contribuir con el 5% del PIB al presupuesto de la OTAN (con el 2% vamos servidos, defiende Sánchez). No era cuestión de despertar a la fiera. Mucho mejor que venga Stubb, debieron pensar...

Nuestro presidente del Gobierno, desde que tiene responsabilidades políticas, goza de una especie de baraka que le hace salir indemne de las peores situaciones. Lo hizo hace más de una década en el seno del partido socialista, remando contracorriente (y al volante de su Peugeot) y frente a los poderosos barones territoriales. Lo volvió a hacer frente a la crisis sanitaria del covid y lo sigue haciendo ante la crisis interna de su partido con los casos de corrupción protagonizados por el tándem Cerdán-Koldo-Ábalos y los embites del nacionalismo casposo de Junts.

Sí que debió dormir tranquilo las noches siguientes al 18 de agosto sabiendo que no aparecía en la probablemente histórica foto de la humillación.

Por mucho que queramos idealizar nuestra independencia —y aunque a veces nos cansemos de los otros, no diré yo que no—, necesitamos a los demás. El ser humano es, por naturaleza, un ser social. Nacemos completamente desvalidos y necesitamos cuidados para sobrevivir. Más tarde ampliamos esa necesidad al grupo; en aislamiento, no conseguimos avanzar. Hay una frase que dice que juntos iremos más lentos que cuando vamos solos, pero también que juntos podremos llegar más lejos. Se nos olvida.

Ser seres sociales significa (entre otras muchas cosas) que nuestra identidad, nuestras emociones y nuestras decisiones se construyen siempre en relación con los demás. Somos en grupo, en conjunto. Dependemos del contacto con los otros, del lenguaje compartido, del reconocimiento que nos permite pertenecer. Vivir —y también envejecer— cobra sentido dentro de una red de vínculos: familiares, comunitarios, simbólicos.

Por eso me sorprenden tanto las formas continuadas de discriminación que rechazan al otro. Entre las manifestaciones más recientes destaca el edadismo, que es el rechazo o desprecio al otro por su edad. En su enorme simplificación, plantea la vejez (y a quienes la habitan) como si fuese un grupo homogéneo, borrando la diversidad de quienes la componen. En ocasiones, la discriminación es tan burda que culpabiliza de los problemas de hoy a quienes nacieron ayer; aquí puede haber cambiado el blanco, pero no el hilo narrativo. Nos resultaría absurdo que se culpase de la subida del pan a todos los que se llaman de determinada manera (¡malditos juanes!) y no a quienes se apoderan del trigo, pero los dedos que señalan parecen no necesitar mayor argumento. Sin embargo, como no podemos elegir el lugar, tampoco podemos elegir cuándo nacemos; pertenecer a una generación o a otra es puramente circunstancial. Así, cuando asumimos que todos los viejos —y defiendo la palabra viejo como contrario a nuevo, sinónimo de experiencia y de vida transcurrida— son “ricos” o que su vida fue fácil, pecamos de edadismo, de simplificación, de desconocimiento. Pero dividir siempre fue una forma fácil de vencer.

El edadismo amenaza con romper lo común, lo social, porque convierte la diferencia generacional en frontera y los años cumplidos (por los otros) en una especie de amenaza. Hay manifestaciones menos conflictivas, más diluidas en lo cotidiano, que se cuelan en pequeños gestos, en lo que se dice y en lo que no, en la forma de diseñar los espacios, en las voces que no se escuchan y en todas las creencias que nos llevan a asumir que las personas de determinada edad (los otros eternamente enfrentados a nosotros) son todas iguales. En gustos, en experiencias, en necesidades.

También contamos con configuraciones edadistas más blanqueadas que contaminan el lenguaje con expresiones como “nuestros mayores” (¿nuestros? ¿De quiénes? ¿No bastará con ser propiedad de uno mismo, de una misma?) como si para que se mire por nuestros derechos tuviéramos que quedar bajo tutela simbólica. Esa protección disfrazada de afecto borra la voz de las personas mayores, las convierte en objeto de compasión y niega su capacidad de actuar, de influir sobre su propia vida y la vida social.

Para discriminar a una persona mayor basta con suponer que “ya no puede”, que “no se entera”, que su opinión no importa o que, en definitiva, ya no tiene ni qué ni por qué aportar, puesto que el futuro no le compete. El edadismo también contamina la organización de la vida colectiva. Lo vemos en los espacios de decisión, en los entornos comunitarios, en los proyectos que se diseñan sin contar con las generaciones que ya sostienen buena parte de la convivencia y que han sido la génesis de dichos espacios colectivos. Una sociedad democrática y exitosa debiera ser capaz de tener en cuenta las voces de todas las edades, pero nos encontramos que las personas mayores quedan fuera de las conversaciones que les afectan, precisamente por asumir que el tema no les compete. Se las nombra, pero no se las escucha. Se las incluye en los diagnósticos —en muchas ocasiones como parte del problema—, pero rara vez en las soluciones. En esa lógica, la participación se convierte en privilegio de unos pocos y deja de ser un derecho inherente a toda ciudadanía. Y ahí perdemos todos. Los que son viejos y los que envejeceremos.

Una comunidad que no escucha a todas sus edades se vuelve una comunidad fallida. Reforzar la participación de las personas mayores no significa idealizar la vejez ni romantizar la experiencia. Significa reconocer que una sociedad democrática solo se sostiene cuando todas las edades pueden intervenir en la conversación pública. Y que tu voz no vale más que otra por tu código postal, pero tampoco por tu año de nacimiento.

Irene Lebrusán es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y académica de la Academia Joven de España

Mientras, queda la incertidumbre, porque los términos concretos del Acuerdo no se han hecho públicos, conociéndose solamente por las declaraciones públicas de los firmantes del Acuerdo, sus objetivos principales: aplicar en Gibraltar el Tratado Schengen, eliminar las instalaciones aduaneras de “la verja” y trasladar estas instalaciones aduaneras al aeropuerto y al puerto gibraltareños y a otros puertos españoles. Nadie, ni los parlamentarios europeos, británicos, españoles y gibraltareños ni las autoridades locales del Campo de Gibraltar directamente afectadas conocen, hasta ahora, qué dice exactamente la letra de lo acordado, que según sus autores estará ratificada antes de que acabe el año 2025 para entrar en vigor en enero de 2026.  

No es sólo un problema burocrático, es que hay muchas dudas en el aire.

Sobre cuál es su alcance, parece claro que habrá libertad de movimiento de personas y mercancías (Tratado Schengen), pero ¿la habrá también para servicios financieros y capitales, conociendo la tradición de Gibraltar como paraíso fiscal, de blanqueo de capitales y de fideicomisos y empresas fantasmas que hacen que la economía gibraltareña sea la segunda del mundo en PIB per cápita sin una sola industria ni terreno cultivado en su territorio? ¿Qué va a pasar con el IVA (el impuesto sobre las ganancias de una operación comercial), que en Gibraltar no se paga si la sede empresarial está allí y la operación comercial se efectúa fuera de su territorio? ¿Y con el IRPF (el impuesto sobre el patrimonio personal), que en Gibraltar es la mitad que en España y Europa en general, y aun así en Gibraltar es posible camuflarlo como ganancias societarias (IVA) extraterritoriales, es decir, no pagarlo? En definitiva, ¿qué impuestos se van a pagar en Gibraltar y cómo va eso a afectar a España? Los negociadores hablan de “equiparación fiscal progresiva” en tres años, pero excluyendo los impuestos de los sectores “servicios, financiero y juegos on line. 

Sobre el control de las bases naval, aérea y de inteligencia/comunicaciones británicas, hay un dicho de un buen conocedor del problema gibraltareño, Ángel Liberal, que define Gibraltar como “una ciudad dentro de una gran base militar”. Sí, según los redactores del Acuerdo político del 11 de junio, el control aduanero se va a ejercer en el puerto y en el aeropuerto gibraltareños por partida doble, por personal español y por personal gibraltareño de forma independiente, para pasajeros, y en puertos españoles para las mercancías. ¿También el del personal y, sobre todo, el de material y equipos militares, incluido el necesario para el mantenimiento y reparación de los submarinos nucleares? ¿En una base militar que el Reino Unido no ha querido nunca ni siquiera consentir que fuera “de utilización OTAN” a pesar de su enorme importancia y valor estratégicos? ¿Qué quieren decir las autoridades españolas respecto a este tema cuando hablan de “información completa facilitada por el Gobierno británico”? ¿Son lo mismo, equivalentes, “información completa británica” que “auténtico control aduanero”? 

Sobre si la libre circulación de personas, y por lo tanto de trabajadores, por lo que hoy es la frontera (la verja), va a implicar de alguna forma que los salarios, la seguridad social y el desempleo de los trabajadores españoles (o procedentes de España en general) se van a equiparar a los de los trabajadores gibraltareños y si se van a actualizar en el mismo sentido las pensiones, las de a partir de ahora y ¿las del pasado? ¿A igual libertad de movimientos, desiguales emolumentos y pensiones? 

Sobre la libre circulación de mercancías, cuyo control se realizará en unos determinados puertos españoles, desde los cuales se dirigirán por carretera a Gibraltar: ¿Colapso vial en las ya muy saturadas carreteras del Campo de Gibraltar? 

Sobre la normativa europea para la protección del Medio Ambiente, que Gibraltar no cumple y que España tiene denunciada ante las correspondientes autoridades de la Unión Europea y que está alterando gravemente el ecosistema marino del Estrecho de Gibraltar y de la Zona de Interés Comunitario (ZEC) del Estrecho Oriental, considerados por la Unión Europea Lugares de Importancia Comunitaria (ES6120032): rellenos para proyectos urbanísticos con arenas contaminadas, tierras áridas y diques ganados al mar, ausencia de instalaciones de depuración de aguas residuales, que vierten en la zona protegida por la Red Natura 2000 o desechos de la reparación o mantenimiento de submarinos nucleares (británicos). 

Sobre cómo enfrentar los problemas que el Gebrexit puede crear en el Campo de Gibraltar vecino en cuestiones como la vivienda, la circulación rodada, la masificación turística, las diferencias fiscales, etcétera.  

Sobre la libertad de residencia en Gibraltar de los españoles (y demás europeos) o en este aspecto se seguirá la normativa británica para el territorio del Reino Unido. Porque los gibraltareños sí parece que tendrán libertad de residencia en territorio español. 

Sobre el estatus jurídico internacional de la colonia, porque Gibraltar sigue presionando en el Comité de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que saque a Gibraltar de la lista de territorios pendientes de descolonizar. No sólo el Gibraltar que España cedió en el Tratado de Utrecht (la ciudad y el castillo junto con su puerto, defensas y fortalezas ), sino todo el territorio del Peñón y el anexionado istmo que lo une con España, donde están ubicados el aeropuerto y otras muchas instalaciones civiles y militares, que el Reino Unido fue ocupando mediante presencia militar entre 1854 y 1908, dos siglos después. ¿Está España cediendo o facilitando que se ceda soberanía en el futuro? 

¿Conoceremos el texto definitivo cuando entre en vigor el año que viene, ya sin posibilidad de debate público ni audiencia de las poblaciones afectadas, pero de obligado cumplimiento, refrendado por los Parlamentos europeo y británico, pero no por el español? 

Estamos conviviendo con el primer genocidio, régimen de apartheid y masacre del que se tiene constancia retransmitido en directo, y mientras la sociedad evidencia su oposición al mismo, las autoridades políticas de la Comunidad de Madrid han tratado de suprimir y censurar las muestras de rechazo en los centros educativos.

Sus argumentos, meras excusas, han sido variados, y van desde la supuesta politización de las aulas hasta la necesaria neutralidad institucional, pasando por la imposibilidad de tratar la barbarie contra el pueblo palestino en el ámbito educativo.

Resulta paradójico que quienes hacen campaña de palabras como libertad, cuando llega su ejercicio, la pretenden convertir en mera palabra vacía, sin contenido real, como si de un anuncio de fragancias se tratase.

Queremos una juventud comprometida, que haga propios los valores y derechos fundamentales, y capacitar al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía desde la participación activa en todos los ámbitos de la vida, pero cuando esto ocurre, nos topamos con trabas, dificultades y censura.

Recordemos que ya se ha dejado claro que las banderas que no afectan a la institucionalidad, no siendo banderas oficiales ni pretendiendo sustituir a éstas, no son partidistas, sino que configuran unos valores de igualdad entre las personas, valores ampliamente compartidos y que encuentran su directo acomodo en la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la bandera arcoíris, y así lo confirman las sentencias del Tribunal Supremo 1900/2024 y 1003/2025.

Debemos igualmente destacar que mientras numerosos centros mantienen banderas ucranias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuestiona la posibilidad de banderas, pines, camisetas o cualquier otra muestra relacionada con la población palestina, demostrando la evidencia instrumental y, ahora sí, partidista.

Educar para la paz

La educación para la paz es un contenido transversal en la Comunidad de Madrid, el estudiar los derechos humanos y su defensa es una materia igualmente transversal, resultando inconcebible estudiar la lucha contra el apartheid en Sudáfrica en el siglo pasado, o el holocausto y los campos de exterminio nazi y, sin embargo, omitir y ser ajenos a la realidad del mundo actual que rodea a la comunidad educativa y no tener esa posición en defensa de los derechos humanos ante la barbarie que el pueblo palestino sufre a diario al otro lado de nuestro mar Mediterráneo.

Como ha defendido la Asamblea de Naciones Unidas, aprobado en numerosas resoluciones, y desarrollado en el derecho a la educación por la UNESCO, la cultura de paz constituye un proceso cuyo objetivo es la socialización y el bienestar de la humanidad.

El itinerario curricular en educación secundaria y bachillerato contiene como contenidos transversales adquirir y utilizar adecuadamente los conceptos fundamentales de la educación para la cultura de paz, concienciarse del importante papel de los comportamientos individuales y grupales favorables para la convivencia como medio para promover y construir la cultura de paz, obtener y trabajar estrategias para la gestión de conflictos a través de propuestas creativas y pacíficas, fomentar la inteligencia emocional desde la perspectiva de la cultura de paz, desarrollar la personalidad de manera integral con el fin de preparar al alumnado para el ejercicio activo de la ciudadanía, no pudiendo imaginar mejor forma en su desarrollo que la que la sociedad civil ha asumido oponiéndose a la masacre, intentando parar el genocidio y luchando contra el apartheid.

No es tampoco baladí la consideración del trabajo conjunto y espontáneo de la comunidad educativa, que ha aunado, a cada cual desde su específico lugar, a las familias, el profesorado y el estudiantado, que superando cualquier interés corporativo y asumiendo que la educación es una cuestión de toda la sociedad, han unificado actuaciones en esa educación para la paz.

Como tantas veces a lo largo de la Historia, en este caso desde la humilde historia de la comunidad educativa, o se está del lado de los derechos humanos o con quienes vulneran los mismos, pero, más aún, o se cree en la educación para la paz y la libertad y en su ejercicio o estaremos ante palabras vacías que no constituyen verdaderos derechos civiles y políticos.

__________________-

Raúl Maíllo es abogado de movimientos sociales y de la FRAVM.

En las redes sociales, las opiniones de conservadores y ultramontanos son demoledoramente contrarias a este envío. Consideran que un barco español no tiene que proteger a “jipis”, “rojos”, “descerebrados que se ponen en riesgo sin motivo” “a gente que no cree en el ejército, es ridículo” y cosas por el estilo. Hay además un runrún que forma parte del argumentario de la derecha española: este envío es una cortina de humo para tapar las corrupciones de Sánchez. Nada nuevo. 

He omitido la “preocupación” de Vox que señala un hipotético riesgo de enfrentamiento con la armada israelí. Tampoco hay novedad por este lado, que sigue las mismas opiniones expresadas con la misma virulencia entre sus seguidores en relación con este asunto. En este tema es difícil distinguir entre conservadores y ultramontanos. 

Nada de esto es nuevo. Cada vez que un presidente intenta involucrar a las fuerzas armadas (FAS) en misiones civiles, la respuesta es la misma. Recordemos el acoso al presidente Rodríguez Zapatero cuando creó la UME. Claro que cuando necesitan el apoyo de contingentes como en el caso de los incendios de este verano, no dudan en exigir el “envío inmediato” del ejército, como si la UME, que ya estaba prestando sus servicios en la extinción, no fuera parte del ejército. 

No es mi intención señalar cómo ante la imprevisión, cuando no dejación flagrante de funciones, de las comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, la solución que han encontrado ha sido clamar por una ayuda que quizá habría sido innecesaria de haberse conducido con mayor previsión. Y culpar al Gobierno por no haber enviado a tiempo, según ellos, al ejército. La UME estaba allí desde el primer momento. Pero… 

Todo este ruido de fondo, aderezado con la benevolencia con que se trata desde la derecha y ultraderecha española el genocidio israelí, me lleva a reflexionar sobre el papel que se debe otorgar a las FAS desde diferentes puntos de vista en una sociedad libre y democrática como la nuestra. 

Legalmente hablando, el artículo 8 de la Constitución, colocado en el Título Preliminar como una parte básica de nuestro ordenamiento constitucional, otorga a las FAS tres misiones de carácter muy general e indeterminado: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Voces más autorizadas que la mía han llamado la atención sobre la intención de los constituyentes de “pacificar” a un ejército proveniente de un régimen dictatorial basado justamente en la fuerza militar que acabó con la democracia en 1939 con la redacción y colocación de este artículo. No lo analizaré aquí. Ni es el momento ni es mi intención. 

Es en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional donde se recogen con algo más de detalle las misiones de las FAS. Así, en el artículo 15.2 se establece que “Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente… al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria”. 

El apartado 3 del mismo artículo dice: “Las Fuerzas Armadas (…) deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad …”. 

Y en el apartado 4 se señala: “Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses”. 

En cuanto a las operaciones para cumplir con estas misiones, desarrolladas en el artículo 16, en su apartado b) se señala: “La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad …”. 

Y en el apartado c): “El apoyo… a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento”. 

Y en el apartado f) se dice: “La participación con otros organismos nacionales e internacionales para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero…” 

Incidentalmente quiero señalar que, pese a las repetidas peticiones del PP y de Vox, no están dentro de las misiones u operaciones que la ley encarga a las FAS, la de impedir (se supone que por la fuerza y mediante el bloqueo marítimo) la llegada de inmigrantes en embarcaciones que no suponen ningún peligro real, más allá de lo que políticamente pretenden ambos partidos, para la integridad española. Y en cambio sí que deben de apoyar “… a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate … marítimo … en las tareas de búsqueda y salvamento”. Es decir, la ley no ampararía una medida como las reclamadas por Ortega Smith y Tellado, Vox y el PP en la misma línea, sino todo lo contrario: no impedir sino ayudar y rescatar. 

Tampoco ampararía abandonar a su suerte a unos españoles en una flotilla que, como se ha demostrado con el ataque que ha inutilizado un buque con el peligrosísimo y beligerante nombre de “Familia”, han puesto sus vidas en riesgo para intentar una misión humanitaria que supone llevar alimentos a la población famélica, masacrada y en riesgo de exterminio de Gaza. 

Podríamos hablar de tres concepciones de las FAS. Una la tradicional, otra la actual y otra la progresista. Nuestra historia más o menos reciente ha estado marcada por una presencia de un ejército utilizado por determinadas clases sociales para mantener una sociedad subyugada y sometida a una disciplina cuartelera. 

El modelo de ejército “tradicional” e intervencionista ha sido el habitual en España durante el siglo XIX, con los constantes “pronunciamientos” y en tres cuartas partes del XX con las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. No es de extrañar que la concepción intervencionista del ejército en la sociedad como un ente casi extraño y en un nivel superior de los diferentes estamentos que forman la sociedad, garante del orden y la disciplina, sea vista por muchas personas como natural y consustancial al ejército. 

Esta concepción no sólo la tienen, difunden y defienden los estamentos y partidos políticos más conservadores que, por definición, no ven con buenos ojos los cambios que priven de privilegios a las clases que originalmente representan. Han conseguido extender esta concepción a parte de la sociedad, que entiende que le irá mejor en ese mundo “disciplinado y de orden”. 

También se ha extendido en parte de los elementos progresistas, que ven aún al ejército como ese estamento suprasocial defensor de las clases conservadoras. En nada ayudan, para eliminar esta visión, declaraciones, manifestaciones, mensajes en redes sociales y chats de militares de alta graduación que recuerdan con demasiada fuerza tiempos pasados alineados con una percepción de España que poco o casi nada tiene que ver con el presente de la sociedad española. 

En resumen, esta visión tradicional tiene mucho de patrimonialista del ejército por parte de estamentos sociales que lo consideran “suyo”. Durante casi dos siglos ha defendido sus intereses y su visión de la sociedad, y fijado por la fuerza un inmovilismo social que les beneficia. 

En el momento actual, el ejército en nuestro entorno es un estamento más de la sociedad. Los países occidentales consideran sus FAS de una forma bastante semejante: fuerzas que defienden su país, tendentes a unirse con otros ejércitos en instituciones supranacionales (más allá de lo que eso suponga en este momento), con misiones básicamente de paz e interposición entre combatientes. 

Nuestras FAS han avanzado desde esa concepción patrimonialista e intervencionista que hablábamos hacia una homologación con las de otros países de nuestro entorno. Desde el “ruido de sables” que se oía constantemente en los primeros años de la vuelta de la democracia, ruido que prácticamente no cesó, languideciendo, hasta bien entrada la década de los noventa, hasta las misiones de paz acometidas en este siglo, parecen haber transcurrido siglos. 

Para una visión progresista, quedarse sólo en eso no es suficiente. Primero por la necesaria integración completa de las FAS en la sociedad y después por el riesgo de involución. Sobre la integración completa, la sociedad debe contemplar a los militares como ciudadanos de uniforme que cumplen con una profesión de características propias y en ciertos momentos muy exigente, con una dosis de disciplina y jerarquización algo mayor que en otras profesiones. Pero nada más que eso: profesionales que cumplen con las misiones que la ley les encomienda a través de las operaciones que marca la propia ley. Un ejército “ciudadano” en el más amplio sentido de la palabra, que no se debe confundir con un ejército de reemplazo que, desgraciadamente, parece que vuelve a llamar a la puerta. 

En cuanto al riesgo de involución, lo estamos viendo cada día. Estados Unidos en manos de Trump ha cambiado el nombre del departamento de Defensa por el de la Guerra y ataca militarmente a embarcaciones sin ninguna contemplación. Pero se autodenomina pacificador y exige para sí el premio Nobel de la paz. Un sarcasmo brutal. La UE planea gastar cientos de miles de millones en armamento. Alemania incrementa su gasto en defensa y se plantea volver al ejército de reemplazo. Drones rusos violan el espacio aéreo de Polonia. Esta corriente autoritaria y esta visión atávica de las FAS se ha extendido por todo el mundo. 

En el caso de los Estados Unidos, tiene profundas raíces y motivos. De los tres pilares que han mantenido a los Estados Unidos como faro y referente de la sociedad occidental, sólo le queda el poderío militar. Ha perdido el industrial y está a punto de perder el económico ante la “desbandada” de países que abandonan el patrón dólar y los bonos estadounidenses para buscar el refugio en el oro. El profesor Juan Torres López lo describe con gran claridad aquí.  

Lo extraño es que la derecha y la ultraderecha en el mundo estén “comprando” esa visión arcaica del ejército como un instrumento disciplinante que actúa incluso contra civiles. Y en países como el nuestro en los que el peso de la historia inclina mucho la balanza hacia esa concepción, la deriva es evidente. 

Es misión de las fuerzas progresistas impedir que nos quiten de nuevo a las FAS para utilizarlas en provecho de unos pocos, de una visión social caduca, anclada en un conflicto constante para “disciplinar” con el ejército a quienes no compartan esa visión. Los conservadores se han apropiado de demasiados símbolos comunes y los usan para señalar a quienes no piensan como ellos, desunir a la sociedad. Y acusar de “malos españoles” a quienes no piensan como ellos. Y azuzar a las FAS contra ellos. 

El papel que deben jugar las FAS en una sociedad libre y democrática como la nuestra sólo puede ser decidido de una manera: en libertad y democráticamente.

En 2013, el escritor Antonio Muñoz Molina, en su ensayo Todo lo que era sólido, reflexionaba —en plena crisis económica— sobre los riesgos de la desafección ciudadana y la fragilidad de las instituciones democráticas. Entonces dejó una advertencia: "Cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros, sino a la capitulación de los civilizados".

Una cita especialmente pertinente en el contexto actual, en el que parece que nos situamos ante el preludio de un abismo. El triunfo de la barbarie se vislumbra cada día más próximo, cuando no es ya una realidad, como muestran las muertes diarias provocadas por el genocidio que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu en Gaza (algo reconocido y denunciado por las propias Naciones Unidas), o el avance del autoritarismo en democracias consolidadas como Estados Unidos, o en países de la Unión Europea como Hungría.

Observamos cómo en el mundo se imponen la diplomacia altanera y exhibicionista de Trump y el imperialismo de Putin, que no solo invade Ucrania y amenaza a los países del Este, sino que, junto con su socio del otro lado del Pacífico, ambos se han convertido en los grandes mecenas de una gran internacional del odio, a la que, sin duda, le sobra la democracia y el Estado social.

Embajadores del odio en España

Esta dinámica global también se reproduce en España, la internacional del odio tiene sus embajadores. Algunos se sientan en parlamentos, otros pontifican en tertulias matutinas o paranormales, y los más jóvenes, en redes sociales. Todos comparten un objetivo común: destruir la convivencia y hacer el ambiente irrespirable para que su virus —el virus del odio— se propague en el conjunto de la sociedad.

En ese objetivo de destruir la convivencia, este espectro, como ya ha hecho en otros lugares del mundo, ha elegido en España un blanco principal al que señalar: las personas migrantes y las personas musulmanas. Un ataque que, aunque no es exclusivo, se focaliza en quienes los odiadores consideran el eslabón más débil de la cadena. Y que, sostenido en el tiempo, lo vivimos de manera especialmente intensa este verano con los sucesos de Torre Pacheco. En la localidad murciana presenciamos con horror una cacería televisada y propagada en redes sociales con un único objetivo: provocar un estallido social que permita a esa internacional del odio alcanzar sus fines. Un modus operandi que no dudará en repetir tantas veces como consideren necesario para cumplir su objetivo, como muestra el despreciable ataque con cócteles molotov que sufrió el centro de menores de Monforte de Lemos, en Lugo, el pasado sábado.

En Madrid, han intentado provocar un estallido como el de Torre Pacheco con dos agresiones aisladas por parte de personas migrantes residentes en los centros de acogida de Alcalá de Henares y Hortaleza. En este último caso, con la complicidad del cálculo electoral de una administración que ha querido trasladar un mensaje de inseguridad basado en premisas completamente falsas, ya que vivimos en uno de los países con los niveles de delincuencia más bajos de Europa (40,6 delitos por cada mil habitantes, según el Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025 elaborado por el Ministerio del Interior).

Una alianza para la convivencia

A pesar del enorme peligro que representa este fenómeno, lamentablemente, hasta ahora, la inmensa mayoría social que representamos las personas civilizadas —quienes sabemos que solo la convivencia entre diferentes permite el avance social— no hemos conseguido hacernos oír por encima del ruido que provocan los portavoces de la internacional del odio.

Urge que la gran mayoría social que no cabemos en el estrecho marco mental de los odiadores nos unamos, y que lo hagamos desde la diversidad, independientemente de la religión y de la ideología que se pueda profesar.

Es el momento de volver a encontrarnos: en los barrios, en los pueblos, en las escuelas, institutos y universidades, en los centros de trabajo. Es hora de conocernos mejor y compartir lo que nos une.

Antes, debemos asumir, como dice la activista antirracista e hija de migrantes marroquíes Safía el Aadam en su libro España ¿racista?, que el racismo existe en nosotros. La escritora recuerda que señalarlo no es un insulto ni un ataque personal sino una oportunidad para entender cómo funciona el sistema y cómo podemos empezar a desmantelarlo.

En ese proceso podremos (¡debemos!) construir una alianza que permita desarrollar la vacuna contra el odio.

Es el momento en el que, como decía el Papa Francisco en la introducción de su encíclica Fratelli Tutti, “al frente de diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras.”

Es la hora de la alianza de los civilizados.

______________

Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

Vivo en un barrio repleto de terrazas de hostelería, pero para que no parezca que tengo una obsesión personal con ellas, recuerdo el lema de las manifestaciones vecinales: “Terrazas sí, pero no así”. Yo soy la primera usuaria de las terrazas, aunque nada más sentarme no puedo evitar observar todos los incumplimientos de los hosteleros que perjudican la convivencia, que suelen ser muchos. El problema surge, como en tantas ocasiones, del exceso de terrazas así como de su sobredimensión. No parece razonable que un bar tenga una terraza de 75 m2, que es como hablar de un segundo local. Hemos de pensar que estos 75 m2 que ocupan muchas terrazas son espacios en los que ya no podemos pasear, ni podemos instalar bancos para sentarnos o fuentes para beber agua.

Se pierde así un espacio de convivencia, que pasa a tener un uso mercantilista, que en muchas ocasiones, además, entorpece nuestro tránsito por la ciudad, nuestra rutina, nuestros quehaceres diarios.

Tengo la suerte de vivir en el distrito de Retiro, junto a dos de los últimos bulevares que quedan en la ciudad de Madrid. Bulevares en los que los niños y niñas del barrio aprendían a montar en bici y que eran estupendos espacios de convivencia con sus bancos en ambos lados, donde las vecinas y vecinos bajaban a tomar la fresca en verano. Hoy solo hay bancos en un lado porque el otro está tomado por terrazas. Terrazas que no solo están conformadas por mesas, sillas y sombrillas, sino que son verdaderas instalaciones con paredes, iluminación y decoración. ¿Qué pensaría el arquitecto urbanista Carlos María de Castro, que diseñó este ensanche madrileño? En la calle perpendicular hubo dos hileras de arbolado, cosa hoy imposible de nuevo por las terrazas de hostelería.

Cuentan los expertos que cuando se rediseñó la plaza Mayor y la calle Fuencarral se peatonalizó, pusieron muy pocos bancos o ninguno. ¿A qué responde esa realidad? Vecinos y vecinas han expresado en muchas ocasiones y en plenos de distritos sus deseos de tener más bancos para poder descansar en sus quehaceres diarios o donde poder charlar sin tener que pagar una bebida en una terraza. El espacio público, como su nombre indica, es de todas y todos. Ya hemos cedido mucho espacio al coche como para además perder los lugares comunes para un uso privativo.

Esta historia no es única de la ciudad de Madrid, donde está ahora en juego el modelo de espacio público que defienden nuestros gobernantes para la ciudad y sus residentes. Esta historia se extiende a todo el país, y Madrid puede ser el punto de mira para otras ciudades, empezando por las de la región madrileña.

Volviendo al proyecto de nueva ordenanza de terrazas, estamos ante otra oportunidad perdida, ya que no surge del consenso entre las partes interesadas, sino que responde a las necesidades de una de las partes: la hostelería madrileña.

Sobran los demagogos que sostienen que la hostelería es el motor de la economía. El informe económico del proyecto de ordenanza dice que “en 2022, el sector representó el 3,5% del PIB de la ciudad y dio trabajo al 5,3% de los ocupados madrileños”. ¿Son estos números realmente indicativos del motor de la economía? Pero aunque la hostelería tenga un peso importante en la economía española, no podemos convertir nuestras ciudades en parques temáticos que excluyan a sus residentes. El poco y precario empleo que genera el sector no puede hacerse a costa de la calidad de vida de los vecinos y vecinas y de su salud.

Queremos ciudades y barrios vivos, no parques temáticos de ocio, porque lo que hace atractivo a una ciudad somos sus residentes, su flora y fauna urbana: esos niños y niñas jugando por la calle, esos mayores descansando y charlando en sus bancos, esos vecinos y vecinas disfrutando, usando y construyendo con su presencia el espacio público, un espacio que es de todos y todas y por ello debe ser defendido.

______________________

Ángeles Rodríguez de Cara es secretaria de la FRAVM.

El turismo como fenómeno de masas forma parte de la vida diaria de los habitantes de cada vez más pueblos y ciudades y en los últimos tiempos está devorando nuestros recursos naturales, culturales y sociales, además de crear un sentimiento negativo entre los ciudadanos y ciudadanas de los lugares en los que se concentra, ya que congestiona sus servicios y espacios públicos, disminuyendo la calidad de vida.

Solo durante el año 2024 recibimos más de 11 millones de visitantes en la ciudad de Madrid, tuvimos 23,2 millones de pernoctaciones y un gasto internacional de 16.117 millones de euros, y la previsión es que este año se superen estos datos.

Hoy en día estas cifras son las únicas que parecen importar a nuestros gobernantes, siendo el resultado de políticas turísticas públicas mediocres cuyo objetivo principal es recaudatorio. El problema es que nos afectan directamente y de forma negativa, porque provocan la masificación de nuestras ciudades y sus entornos sin medir las consecuencias ni pensar a futuro.

Por ello, urge sustituir las políticas actuales por otras responsables y comprometidas con la ciudadanía y su entorno para que no se deterioren nuestros recursos, conservemos nuestro comercio local, no se expulse a vecinos y vecinas de nuestros barrios e incluso de nuestras ciudades y no nos empobrezcamos por el incremento de los costes de vida, especialmente el de la vivienda, a causa de fenómenos relacionados como la proliferación descontrolada de pisos turísticos no legales.

Si el panorama continúa igual, seguiremos acarreando las consecuencias negativas de atraer un turismo no ordenado en vez de sustentable. Si no se corrige, el turismo morirá de éxito en algunos lugares, como de hecho ya está sucediendo, y cada vez tendremos más altercados, más conflictos, al mismo tiempo que disfrutaremos de menos sitios libres de aglomeraciones y en los que la convivencia de residentes y visitantes favorezca positivamente a ambos.

No podemos seguir alimentando la tendencia de llenar nuestras ciudades, barrios, calles o zonas verdes de turistas empujando maletas, deseosos de encontrar lo que ya no hay en casi ningún lugar del planeta, algo exclusivo, único.

Es sencillo ser un viajero responsable, pero no nos lo ponen fácil. Muchos y muchas estamos concienciados y antes de comenzar nuestros viajes nos informamos sobre el destino, respetamos y consideramos la cultura y patrimonio del lugar al que vamos, favorecemos los pequeños comercios locales, somos responsables con el consumo de agua y energías, pernoctamos en alojamientos responsables, etc. pero solos no podemos.

Los gobernantes deben de establecer medidas valientes, aunque de entrada sean impopulares, con el fin de mejorar la vida de la población residente tanto en los destinos en los que ya se concentra el turismo como en los emergentes. Medidas para que el panorama actual evolucione de forma eficaz y efectiva, para que todos y todas queramos seguir recibiendo turismo y ser turistas y poder disfrutar de sus beneficios. La gama es amplia. Entre ellas se encuentran muchas de sentido común, como una tasa turística en destino que revierta en políticas de sostenibilidad turística, la limitación del acceso a zonas verdes como parques, jardines y algunas áreas de ciudades para la conservación de su flora y fauna, la restricción de vehículos en el centro de las ciudades y zonas naturales, incentivos para el uso de energías renovables en establecimientos hoteleros y de restauración, la promoción de certificaciones sostenibles entre los negocios turísticos, campañas de sensibilización sobre turismo responsable, una mayor inversión en plantas de reciclaje y tratamiento de residuos o mejoras en el transporte público y las comunicaciones.

Son necesarias por tanto políticas medioambientales que protejan, optimicen y gestionen los recursos naturales; políticas culturales que conserven y protejan el patrimonio local; políticas dirigidas a invertir en infraestructuras y servicios públicos de calidad; políticas que apuesten por la inversión en innovación y tecnología. Y, por supuesto, políticas de empleo para los trabajadores y trabajadoras que sostienen el turismo dirigidas a dignificar y y profesionalizar el sector, actualizando salarios y racionalizando horarios para que no siga siendo una de las actividades económicas más precarizadas y con unas plantillas cada vez más empobrecidas.

Además, es esencial la implementación y el desarrollo de políticas de colaboración público-privadas, para que los beneficios que genera el turismo contribuyan al desarrollo local y al de las comunidades.

La sostenibilidad turística pasa por transformar el turismo en un “medio” y no en un “fenómeno de masas” y deje de primar la cantidad sobre la calidad.

En definitiva, es imprescindible y urgente articular una nueva industria turística, tan importante para nuestra economía, y hacerlo con la participación de todos los actores implicados y afectados, empezando por los vecinos y vecinas residentes de los lugares de acogida.

----

Camino Cuesta es miembro de la directiva de la FRAVM

La reciente cumbre de la OTAN en La Haya, a finales de junio, nos ha dejado una imagen inaceptable para la Europa del siglo XXI. Hemos conocido cómo el presidente de Estados Unidos se arrogaba el derecho a exigir, cual señor feudal, un cambio de una relación contractual entre iguales a un puro y simple vasallaje, con pasajes esperpénticos televisados. Pero más allá de las formas maleducadas e irrespetuosas en la comunicación, lo verdaderamente alarmante es la flagrante falta de rigor en la defensa de los verdaderos intereses del Tratado pues, en definitiva, se trata de una organización cuyos acuerdos atienden a la posibilidad de la guerra, o sea, de la muerte y destrucción, resultando por ello una obscenidad la puesta en escena de comedia sin respeto a los componentes de la organización y a lo que ésta entraña. Pero, siendo inquietante la pantomima, hay que puntualizar que al margen de este indigno episodio continúa siendo un desprecio, acentuado por dicha puesta en escena, la absoluta desatención hacia el elemento más crucial de los ejércitos: sus hombres y mujeres, los militares.

Un porcentaje del PIB es la base del debate y posicionamiento acerca del gasto en defensa y seguridad que deben asumir los países miembros de la OTAN. Un número sobre el que pivotan conceptos como los de defensa, seguridad, necesidades básicas, objetivos de capacidades, aliados, amenazas, gasto, infraestructuras crítica, industria de defensa, y, esporádicamente, número de efectivos, o sea, militares.

Es hora de reivindicar que la alianza militar, y quienes la dirigen, tienen la obligación ineludible de priorizar la dignidad y el bienestar de las personas que arriesgan sus vidas. No podemos permitir que la geopolítica o los intereses de poder, incluido el económico, sigan relegando a los militares a meros peones, ignorando su humanidad y el inmenso sacrificio que realizan, sin dejar de lado que no solo son objeto de arriesgar sus vidas, sino, también, de adquirir la responsabilidad de obedecer órdenes que conllevan destrucción y muerte.

Esta cumbre ha sido un crudo recordatorio de que la cosificación del militar debe terminar, y que su protección y respeto deben ser el centro de cualquier debate sobre defensa y seguridad. No pueden primar los intereses económicos de la industria de defensa o la posición de poder, sobre el respeto a las personas.

Mientras, el escenario global se encuentra actualmente marcado por dos conflictos de significativa envergadura. En Europa, la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa representa un conflicto bélico de alta intensidad. Simultáneamente, en Oriente Próximo, la situación en Gaza se caracteriza por lo que diversas instancias internacionales y organizaciones de derechos humanos están calificando como un exterminio, más que un conflicto armado convencional, perpetrado por el gobierno de Israel contra la población palestina. En ambos contextos, los militares son los protagonistas centrales de las acciones bélicas. En Ucrania, su intervención se enmarca principalmente en un enfrentamiento entre fuerzas armadas estatales. Sin embargo, en ambos escenarios, y de manera especialmente preocupante en Gaza, las operaciones militares también tienen un impacto devastador sobre la población civil, que se convierte en objetivo o sufre las consecuencias directas de las hostilidades. Unos escenarios de destrucción y muerte donde los militares, personas cosificadas, son números, como así continúan tratándose en el marco de la OTAN.

Resulta obsceno un debate que, tratando los conceptos mencionados, pasa por alto la realidad de los militares. Son ellos quienes están sometidos a condiciones de trabajo extremas, soportan graves penurias, ven vulnerados sus derechos, asumen un elevado riesgo de morir y, en última instancia, cargan con la abrumadora responsabilidad de tomar decisiones que pueden implicar la pérdida de vidas. Esta obscenidad, tristemente, ha sido tolerada y normalizada desde mucho tiempo atrás, revelando la incapacidad y la irresponsabilidad de los políticos para, en el ejercicio de sus funciones, tener siempre presente el factor humano, proteger la vida y evitar la destrucción, incluidas las muertes de "civiles".

En el entramado de intereses económicos, de defensa y de seguridad, la industria de defensa emerge como el verdadero eje eludiendo la trascendencia de las vidas humanas. Poco importan aquellos que, como militares, están expuestos a la muerte, o quienes, sin serlo, la sufren como "daños colaterales".

La cosificación del militar continúa, una realidad tristemente normalizada a lo largo del tiempo. Parece que el valor de estas personas se ha reducido a sus meras capacidades y al número de efectivos que componen los ejércitos, dejando de lado su dignidad humana y su individualidad, algo que solo queda para las víctimas "civiles".

Es una verdad repugnante que un conflicto político se convierte en guerra efectuada entre personas, a las que es imprescindible deshumanizar para que puedan matar y entregarse a morir.  Este elemento deshumanizado no necesita de derechos y valores que lo puedan reconvertir en "persona". Se dotan de herramientas para destruir y se usan como brazo ejecutor a seres humanos a los que se reduce a meros objetos. Tratarlos como números es parte de su deshumanización, desnudarlos de derechos es la lógica necesaria para el fin que se pretende.

La guerra, como consecuencia del fracaso de la política y la incompetencia de quienes la manejan, es posible porque se utiliza como herramienta imprescindible a la persona desposeída de una parte importante de su humanidad. Los conflictos bélicos empezarán a desaparecer cuando en lugar de transformar personas en militares se forme a éstos como personas garantes de la paz, y para ello el factor humano debe ser el eje principal sobre el que han de pivotar las organizaciones militares.