Los autónomos son libres para decidir sus riesgos… hasta cierto punto. Esta semana han fallecido dos agricultores por un golpe de calor, ambos de 47 años, uno en Sevilla y otro en Ciudad Real. Este segundo, trabajador por cuenta propia, empezó a encontrarse mal mientras trabajaba en una viña en la localidad de Cinco Casas. A las 15.34 sus hermanos lo llevaron al centro de salud, donde fue derivado en helicóptero al Hospital General de Ciudad Real. Falleció al poco de entrar en la UCI.

“No es que nadie esté detrás de ti con un látigo”, explica a infoLibre María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos UATAE. “Si eres autónomo, es agosto y tienes un compromiso, por ejemplo, asfaltar o poner hormigón, lo haces. Porque si no, van a buscar a otro. Quizás te lo pide la contrata con la que trabajas a menudo y sabes que no puedes incumplir. Nadie, seguramente, te va a decir: ni se te ocurra faltar. Pero no faltas”, añade.

La legislación confiere al autónomo la responsabilidad de tomar medidas para sus propios riesgos laborales, mientras que en el caso del trabajador por cuenta ajena, es una obligación que recae en el empresario. El Gobierno aprobó, además, hace unas semanas la prohibición de desarrollar determinadas tareas al aire libre, que obliga a las empresas a contemplar planes de prevención de riesgos para sus trabajadores y aplicarlos cuando se lancen alertas meteorológicas de ciertos niveles por la AEMET. Sin embargo, su aplicación en el ámbito de los autónomos sin empleados es incierta, ya que deben desarrollar planes de prevención, pero su aplicación dependen de sí mismos.

“Es su cuenta y riesgo, su libertad”, añade Landaburu. “Pero esa libertad en muchos casos no existe. En este mundo de los autónomos parece que no se puede entrar en el tema de la sacrosanta libertad… ¿pero qué libertad? Muchos trabajadores por cuenta propia trabajan para otras empresas”, explica.

Los datos son alarmantes. El número de accidentes laborales mortales sufridos por autónomos ha subido hasta un 40% en los primeros cuatro meses del año: 29 autónomos han fallecido –28, en el trabajo y uno, de camino al mismo–. “Son dramáticos los datos de siniestralidad. Somos los grandes olvidados de la administración”, lamentó José Luis Perea, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.

Hay varias variables que pueden hacer que un trabajador autónomo trabaje en condiciones en las que sabe que no debe hacerlo: la necesidad de no dejar de ingresar ese día, el miedo a que la empresa que contrate tus servicios llame a otro, la presión indirecta que puede ejercer los plazos marcados por esta, pero también de otra índole, como subestimar el riesgo real de, por ejemplo, arar el campo a las dos de la tarde en plena hora de calor. 

Algunas organizaciones agrarias también advierten sobre esta última causa: el “exceso de confianza” de los trabajadores, que sienten que su vida no corre peligro. El sindicato agrario COAG lanzó este jueves una campaña de concienciación para alertar a los trabajadores del campo del peligro de trabajar en situación de exceso de calor: “El exceso de calor en el cuerpo puede manifestarse de distintas formas, la más grave es el golpe de calor, que puede resultar incluso mortal. Conocer sus síntomas, saber cómo actuar si se produce y adoptar medidas preventivas es fundamental”.

“En la agricultura, los autónomos, lo sé de buenas tintas, tratan de hacer todo su trabajo en horas en las que no hay una sobreexposición a las inclemencias. Los pequeños agricultores empiezan muy temprano y a partir de cierta hora, desaparecen de la actividad”, explica Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. “Pero hay una falta de reglamentación en materia de prevención. Lo que tienes muchas veces es a un autónomo trabajando a horas que sabe que no se debe, por la situación climática. Mi organización [UPTA] considera que el Estado sí debe meterse para velar para que los autónomos estén bien acondicionados”. 

Dos trabajadores del campo con los que ha contactado infoLibre coinciden en esta visión: “Cada uno es libre de decidir el horario en el que quiere trabajar. Estas semanas, trabajar a las 12, 1 o 2 de la tarde es un riesgo que te puede llevar por delante. Estamos acostumbrados a un trabajo duro y a veces no medimos al límite que llega el cuerpo. Desgraciadamente, se ha llevado a dos personas esta semana, que además no eran mayores”, lamenta José Manuel Roche, de 48 años, en conexión telefónica desde su pequeña explotación, ubicada en Aragón. 

“La mayoría madrugamos mucho. Estas últimas semanas, nos estamos levantando a las 5 de la mañana. Yo nunca me he visto en una situación así, de sufrir golpes de calor. Cuando el calor aprieta, te marchas. Quizás a veces, con los pepinos y calabacines, que hay que recogerlos diariamente, si te falla alguien en la cuadrilla, acumulas retraso… Es un caso en el que sí te acabas metiendo en horas de máxima calor”, afirma a este periódico Andrés Góngora, agricultor en Almería. 

Mariano Sanz, secretario de Comisiones Obreras en materia de Salud Laboral, hace una comparación con los controles de alcoholemia en los fines de semana: los conductores saben el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, y aun así lo hacen. “Si no hubiera suficientes controles policiales para hacer seguimiento de los conductores, sin esa presión, sobre el riesgo que conlleva que uno haga mal las cosas, el nivel de sensatez sería muy diferente”, indica. Cree que sería una buena medida mayor sensibilización y también más vigilancia. Por ejemplo, convenios con la Guardia Civil, sin capacidad para sancionar, pero sí de detectar situaciones de riesgo y advertir a los autónomos implicados.

Los dos sectores de mayor riesgo para los autónomos son el de la paquetería y todo lo concerniente a la construcción. “No se ha profundizado en absoluto en la protección de los trabajadores autónomos en materia de prevención de riesgos laborales”, incide Eduardo Abad, de UPTA. “Las situaciones de riesgo se producen fundamentalmente cuando una empresa grande subcontrata servicios a una más pequeña, y esta, a su vez, a autónomos que prestan servicios de manera individual. La cadena de subcontratación es una perversidad del sistema, porque suelen implicar condiciones leoninas”, critica Abad.

“Cuando una empresa gana una licitación pública, es habitual que no tengan trabajadores. Ganan los concursos y subcontratan a otras empresas para que lo ejecuten. Los autónomos sin trabajadores a su cargo están en un limbo legal en el ámbito de la protección”, añade. Las organizaciones de trabajadores autónomos consultadas están especialmente alarmadas por la siniestralidad en el sector del reparto de paquetes. “Estamos absolutamente alarmados. Estos autónomos trabajan en régimen de exclusividad o semiexclusividad para empresas grandes a las que prestan servicios. Cuanto más rápido lo hacen, mejor, sin importar las condiciones en las que lo hacen”, critica el portavoz de la asociación de autónomos.

“Son bombas de relojería. En muchos casos, deben hacer trayectos entre Madrid y Barcelona ida y vuelta en el mismo día. Pedimos que se pongan tacógrafos en sus vehículos, para que no puedan conducir más de 8 horas, como ocurre con los camioneros. Que no puedan estar sujetos a hacer rutas de 14 horas seguidas. Porque la empresa les va a obligar indirectamente a eso y afecta a la seguridad vial. ¿Ganan dinero haciéndolo? Sí, pero muchas veces no lo hacen por el dinero, sino porque se sienten obligados para no perder el cliente", añade Abad. 

“Los autónomos se ven muchas veces obligados a trabajar en situación de sobreexposición a inclemencias. Ya no solo es el exceso de calor, es también lidiar con estrés brutal, exceso de horas… Trabajan para otras empresas es un colectivo que está siendo explotado. Pasa especialmente en los sectores mencionados, construcción y transporte. Lo digo rotundamente: son tratados como en tiempos pasados, cuando los barcos llegaban cargados de esclavos”, denuncia el portavoz de UPTA.

“Yo no he dicho que no voy a respetar la reforma laboral”, ha afirmado este jueves el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. "Yo he dicho que esa reforma laboral es producto del acuerdo entre sindicatos y patronal, que es muy importante”, ha añadido. El objetivo de Feijóo es consultar a los agentes sociales para dilucidar si tienen críticas para acometer modificaciones parciales. “Si entienden que la reforma debe mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades”, ha añadido.

Feijóo ha añadido que “entiende” que la reforma laboral es una “buena reforma”, que sustancialmente sigue en vigor “la reforma laboral de Rajoy” y que el tronco “se mantendrá”. El líder conservador ha aducido que quizás se le ha malentendido cuando en otras ocasiones se ha referido a la ley: “Quizás es porque yo no me he explicado de forma correcta o porque no se me ha entendido”.

No hace tanto tiempo desde la última vez que se refirió a la reforma laboral. El 6 de junio, el candidato Feijóo dijo que algunos aspectos de la nueva normativa iban “en contra de los trabajadores y de la competitividad”. Es un mensaje que iba en línea con lo que históricamente ha defendido su partido: “¿Es esta la reforma laboral que necesitan nuestros sectores económicos? No, señora ministra”, espetó Cuca Gamarra, portavoz del grupo popular, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el día que se aprobó la reforma gracias al voto erróneo del diputado conservador Alberto Casero. 

“¿Sus efectos serán positivos o negativos? Negativos, señora ministra”, continuó Cuca Gamarra, el 3 de febrero de 2022. “¿Responde este real decreto a las necesidades del campo? No (...). “¿Y responde la reforma a las peculiaridades del sector de la automoción? Pues, señora vicepresidenta, tampoco”, añadía Gamarra. “Si esta reforma viniera a mejorar el mercado laboral, contaría con nuestro apoyo. La gran debilidad que tiene es justo que mira hacia el pasado y no hacia el futuro”, espetaba la portavoz del PP.

La beligerancia de Gamarra iba en línea con el voto del partido, aún liderado por Pablo Casado: el PP votó no. “Señoría, esta reforma no es ni ambiciosa ni supone un salto necesario para resolver los problemas estructurales que tiene nuestro mercado laboral”, añadió. Posteriormente, indicó que la reforma laboral “corre justo en sentido contrario a las nuevas realidades del mercado de trabajo”: “El Partido Popular no puede ni transigir ni permanecer indiferente ante un cambio que es objetivamente malo. Algunos respiran satisfechos porque no nos retrotrae a los tiempos de Atapuerca. Para nosotros eso es insuficiente. El Partido Popular ni transige ni contemporiza ni se resigna cuando está en juego el empleo de los españoles”, criticó.

Gamarra, hoy secretaria general del PP, fue más allá, y sugirió que su partido la derogaría en caso de llegar al Gobierno: “Aun cuando se convalide este real decreto, no le quepa ninguna duda de que va a tener corta vida porque pronto el Partido Popular desde el Gobierno, como en el 2012, con una mayoría absoluta, podremos volver a tomar las riendas y devolverle a este país el futuro que necesita. Y lo haremos, además, con pasos que sí que llevan adelante, con reformas que sí son estructurales”, dijo.

La reforma no iba a ser aprobada. Los dos diputados de UPN, que iban a votar a favor con votos que resultaban decisivos, decidieron romper la disciplina de voto de su partido y cambiar su voto en el último momento, lo que garantizaba la muerte de la reforma laboral antes de nacer. El PP votó en contra, junto a Vox, Esquerra, PNV, Bildu, JxCat, CUP, BNG y Foro Asturias. Pero en el recuento, salieron 175 votos a favor frente a 174 en contra: el diputado del PP Alberto Casero se confundió, lo que dio vida a la ley. 

Gamarra protestó al final del pleno. Tomó la palabra en el último minuto y se dirigió a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet: “Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la Mesa un error informático…”. Batet respondió: “Señora Gamarra, precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear, y es una cuestión técnica de la Mesa, de decisión de la Mesa, y no de tratamiento de Pleno, no le voy a dar la palabra”. El pleno terminó entre gritos de “tongo” a las 6.40 de la tarde. 

“La reforma laboral nace muerta”, dijo a los pocos días el por entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El dirigente tachó la aprobación de la ley como un “atropello democrático” y anunció que llevaría el proceso hasta el final, en el Tribunal Constitucional, y que pedírían responsabilidades por posible prevaricación.

Antes de eso, Casado había desarrollado una agresiva campaña contra la modificación de la reforma laboral de Rajoy, en la que llegó a defender, unas semanas antes de la votación, los efectos dramáticos que esta tendría en el mercado de trabajo: “¿Sabe la gente que la reforma laboral lo que va a hacer es destruir o dejar de crear un millón de empleos?”, criticó en diciembre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también la criticó en varias ocasiones: “Esta reforma laboral ni es reforma ni es para el empleo”, dijo el 4 de febrero, día después de la reforma. Ese día, Ayuso declaró que era un día “muy triste”: “La reforma laboral nace fruto del pasteleo político, no pensando en el empleo y la empresa, que necesitan ayuda, flexibilidad y menos impuestos”.

El día 17 de ese mismo mes, tras una pregunta de la por entonces portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, Ayuso respondió: “Mire, esta pregunta tráigamela dentro de unos meses y veremos el efecto que ha tenido su reforma, verá cómo se están equivocando”. Ayuso criticó que la reforma no tenía la unanimidad de los empresarios, ni la voz de las pymes, que además dijo que iban a ser “dañadas”.  

Tras estas intervenciones, el actual presidente del PP asume con extrañeza cuando ve titulares que le acusan de rectificar, tras afirmar que la reforma laboral es “buena”, que no ha dicho que "no iba a respetarla" y que pretende dejarla “intacta” si se lo pueden los agentes sociales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha respondido escueta en Twitter: “¿Y entonces, por qué votaron en contra?”. 

Este miércoles ha concluido el foro anual del Banco Central Europeo, que ha reunido durante tres días a los miembros del BCE en la localidad portuguesa de Sintra. El resultado, aunque no era impensable, sí que ha llegado más lejos de lo que se esperaba: los tipos seguirán subiendo más y estarán más altos más tiempo del que se esperaba. Es la conclusión tanto de los banqueros del BCE, pero también del Banco de Inglaterra, de la Reserva Federal de los EEUU, alentados a su vez por el Fondo Monetario Internacional, que ha defendido que queda terreno por recorrer.  

La número dos del FMI, Gita Gopinath, lanzó un mensaje directo a los banqueros: no se debe dejar de subir tipos de interés. Gopinath se basó en tres “verdades incómodas”: La primera, es que la inflación está tardando demasiado en irse. La segunda, es que las turbulencias financieras podrían generar tensiones en los objetivos de estabilidad y de precios. La tercera es que el FMI ve ahora más riesgo de inflación al alza que antes de la pandemia.

“Yo soy bastante duro, y quiero ser claro: lo que están haciendo es una animalada”, explica a infoLibre Juan Laborda, profesor de Economía Financiera en la Universidad Carlos III de Madrid. "A diferencia de los economistas que ahora revisan al alza, yo antes sí consideraba el crecimiento que estamos viendo ahora, pero empiezo a notar cierto agotamiento", añade el economista, que prevé una recesión que podría empezar a finales de 2024, en caso de que la política monetaria no cese.

Hay otra manera de controlar el ciclo económico, más allá de la política monetaria del BCE: la política fiscal, que sí está en manos de los gobiernos nacionales. En España, el Gobierno ha lanzado una política fiscal expansiva, apoyada en los fondos europeos, que se ha traducido en un flujo constante de liquidez al tejido económico, justo lo contrario a lo que hace el BCE con la palanca monetaria. 

La moderación de esta política es inminente: el próximo año Bruselas exigirá volver a las reglas fiscales, que limitará el gasto del Estado. Esto se intensificará en el caso de que el Partido Popular llegue a la Moncloa: Feijóo ya se ha comprometido a recortar gasto para cumplir con los objetivos. El FMI también ha hecho énfasis en esta línea, pidiendo ajustes fiscales, reducir el gasto para enfriar la demanda también por esa vía: "Como mínimo, es fundamental que los gobiernos de la zona del euro resistan cualquier tentación de diluir la reducción del déficit proyectada con las políticas actuales", ha advertido. 

La presión para acometer una política de recortes está servida. El escenario que asoma en el horizonte es, por tanto, de una política monetaria que encarecerá el crédito durante un tiempo indeterminado y, paralelamente, una política fiscal presumiblemente menos expansiva que la que hemos tenido en años anteriores, lo que reducirá la capacidad de consumir e invertir de los hogares y de las empresas. “La combinación de ambas es explosiva. Yo preveo que va a llevar a Europa a una recesión en la segunda mitad de 2024”, critica el economista Juan Laborda.

Subir los tipos de interés es una política monetaria de carácter contractivo y su objetivo teórico es reducir la inflación. Esto quiere decir que encarece las hipotecas y los préstamos con el fin de que los hogares y empresas reduzcan el consumo y la inversión. Es una manera de enfriar una economía supuestamente recalentada, para contener los precios y pinchar el suflé de la inflación. El problema que señalan diversos economistas es que el shock inflacionista no viene de una economía recalentada, sino de otro tipo de impacto. 

“La inflación tiene unas causas que no tiene nada que ver con lo que históricamente se produce en los ciclos económicos y que solían justificar una política monetaria contractiva. La inflación, en este caso, está en el ámbito de la energía y de los alimentos, y el problema viene de las estrategias especulativas que se forman en los mercados donde cotizan estos productos, desde que se desregularon en 2005”, critica Laborda. 

El economista se refiere al desarrollo legislativo que permitió a cualquiera participar en los mercados internacionales de materias primas, por ejemplo, del petróleo, el carbón, el trigo o el maíz. Asimismo, se eximió a los derivados –por ejemplo, contratos de futuros– de ser regulados por los gobiernos, permitió la creación de herramientas financieras más complejas que aumentaron la participación de los fondos y los bancos en este mercado y facilitó, por tanto, la especulación financiera.

Un ejemplo: en el caso de que los países exportadores de petróleo decidan reducir la oferta de esta materia prima, el precio subirá por una simple ley de oferta y demanda: habrá menos producto en el mercado para una misma demanda. Sin embargo, si los inversores internacionales prevén que este escenario puede agravarse, como ocurrió tras las sanciones europeas al gas ruso, tienen ingentes herramientas para invertir en esta materia prima, que se encarecerá aún más, de manera "artificial".

“Pasó algo parecido en 2008, tras las subidas de los precios energéticos desde 2005. Se debió a que de repente las materias primas entraron como un activo más en las carteras de los fondos institucionales y se produjeron subidas de precio más allá de las justificadas por sus fundamentales”, añade Laborda. 

Una vez producido el shock inicial, la economía ortodoxa dice que hay una manera por la que pueda perpetuarse: a través de un aumento de los salarios de los trabajadores, que aumentan los costes de las empresas, por lo que suben los precios de sus productos y provoca, de nuevo, mayores reivindicaciones salariales.

Sin embargo, el organismo en marzo asumió que esta vez “de manera excepcional”, el origen es diferente: las empresas han aprovechado las aguas revueltas para hinchar sus beneficios empresariales, lo que ha alimentado el fenómeno inflacionista. El FMI coincide: las empresas subieron sus márgenes de beneficios por encima del valor de la energía importada. 

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha vuelto a referirse a este hecho esta semana: "Necesitamos que las empresas absorban los crecientes costes laborales a través de sus márgenes", ha apuntado Lagarde, para quien si la política monetaria es suficientemente restrictiva, la economía puede lograr una desinflación general, al tiempo que los salarios reales recuperan parte del terreno perdido.

"Si las empresas recuperaran el 25% de la pérdida de margen que apuntan nuestras proyecciones, en 2025 la inflación se situaría claramente por encima de la prevista en el escenario de referencia, casi en el 3%", ha advertido Lagarde. 

El resultado de la política monetaria ha sido la subida de tipos de interés más rápida e intensa del organismo: 400 puntos básicos en menos de un año. Es decir, del 0% al 4%. Por lo que han opinado los miembros del BCE, la escalada va a continuar. En España, esto se ha traducido en un encarecimiento de las hipotecas de unos 250 o 300 euros de media, que va afectando a las familias según van renovando sus cuotas hipotecarias, que suele suceder cada seis meses o cada año. Como la escalada empezó en julio del año pasado, entre otoño y diciembre está garantizado que alrededor de cuatro millones de familias vean sus presupuestos asfixiados por la hipoteca.

Esto afecta de manera especial a España, donde la hipoteca a tipo variable tiene un peso preponderante respecto a la fija, algo que ocurre de manera más intensa que en otros países europeos. Eso lo hace más sensible a la política del BCE. Como explicó el economista Daniel Fuentes este miércoles en infoLibre: “Nuestra economía es más procíclica que otras, en parte por su estructura –con sectores como el turismo, que exacerban la dinámica del ciclo–; en parte, también, por nuestra mayor vinculación a los tipos de interés variables y a precios spot como los de la energía, etc. Son cuestiones estructurales difíciles de cambiar de un día para otro, pero que conviene abordar”.

“Yo he alucinado con el análisis que ha hecho el BCE”, lamenta Laborda. “Lo que están diciendo es increíble. Creo que tienen una formación económica muy baja, con Mario Draghi [expresidente del organismo] esto no hubiera pasado. No tiene nada que ver con la panda que hay ahora. ¿Quién ha colocado a estos individuos? ¿Ante quién rinden responsabilidades? Hay un error brutal de política monetaria”, critica. 

Este jueves se va a hacer público el dato provisional del IPC de España en junio, que se espera que caiga por debajo del 2% por primera vez desde que empezó la crisis inflacionista, tras la pandemia, mucho antes de la invasión de Ucrania. Este dato no justifica una política monetaria excesivamente restrictiva, ya que está por debajo del objetivo deseable. No obstante, esta política es común para toda la zona euro. La media europea se encuentra en torno al 6% y los países más expuestos a la economía rusa, superan el 10%. 

Esto supone un riesgo extra para España, a la que se le aplicará la misma receta para otros países que, siguiendo la pauta ortodoxa, estaría más justificado. No obstante, este miércoles el vicepresidente del organismo y exministro económico de Rajoy, Luis de Guindos, ha sido claro: “Creo que [otra subida de tipos en] julio es un hecho consumado. En septiembre, dependerá”, ha indicado.

¿Cuál es la alternativa? Según el economista Juan Laborda, nada. “Hay un banco central que no está haciendo esto y le está yendo mucho mejor. Es Japón: mantiene los tipos al 0%. Si mezclamos las subidas de tipos de interés con la consolidación fiscal que se espera en 2024 es una combinación completamente explosiva”, critica Laborda.

Tras tres años de relajación fiscal, las economías del euro tienen que volver al redil. La suspensión temporal de las medidas de contención de gasto, como consecuencia de la pandemia y que fueron extendidas por el shock económico que supuso la invasión rusa de Ucrania, volverán el año que viene, aunque aún no se conoce exactamente cómo serán. 

Hasta ahora, los países tenían que mantener un déficit fiscal por debajo del 3% y un ritmo de reducción de deuda pública que garantice que esté por debajo del 60% en, como máximo, 20 años.  Pero lo cierto es que en algunos casos no ha sido posible hacer que los países lo cumplieran.

Por ejemplo, España solo cumplió el objetivo de déficit un año: en 2018, cuando los gastos fueron un 2,59% por encima de los ingresos. Es por esto que la Comisión Europea está a favor de diseñar itinerarios individualizados, según las circunstancias económicas de cada país. El objetivo también es dejar margen para que no se vean afectadas las inversiones en transición ecológica. El camino no va a ser fácil: Alemania está presionando para endurecer las condiciones. Por ejemplo, defiende que los países deben liquidar al menos deuda por valor del 1% de su PIB cada año.

“La inflación se desploma. Ya se está desplomando y se va a desplomar. Posiblemente, volvamos a hablar de deflación. Si añadimos la consolidación fiscal de 2024 y una posible recesión en países anglosajones, yo tengo una visión muy deflacionista de la economía. Cuanto más los escucho más lo veo”, incide Laborda. El economista cree que la combinación de estos elementos será determinante para machacar a la economía: “Preveo una recesión en la segunda mitad de 2024 para Europa”, remacha. 

El Partido Popular ha lanzado varios mensajes en materia de política de empleo estos días. El más llamativo, ha sido el objetivo que ha marcado Alberto Núñez Feijóo para que en España haya 22 millones de afiliados cuando termine la próxima legislatura, por la curiosa manera en la que ha formulado su objetivo: “¿Esta regla del 2? Pues bueno, en lugar de 2, 22. Pero es 2, ¡2 por 10!”, manifestó el candidato. El medio para conseguirlo: que España crezca más, el afán de cualquier candidato a presidir el Gobierno. 

Paralelamente, Feijóo presentó una herramienta para dar flexibilidad: la mochila austríaca. Este modelo, ya propuesto por el PP en el pasado, supone que los trabajadores van generando un fondo con parte de su sueldo bruto del que pueden disponer cuando se queden sin empleo o lo dejen, una propuesta históricamente criticada por los sindicatos, al considerar que supone un abaratamiento del despido de la mayoría de empleados.

También en materia de empleo, el PP ha continuado estos días con un empeño: acusar al Gobierno de maquillar el dato de los parados. Tres miembros de su partido compartieron una noticia que hablaba de que Bruselas había “detectado” 985.000 “parados ocultos”, una noticia desmentida por el Gobierno y por numerosos economistas, que han señalado que ese mensaje es "incorrecto".

“España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”, sentenció Alberto Núñez Feijóo, durante un acto en Barcelona en el que presentó algunas líneas de su programa económico. Para cumplir este objetivo, Feijóo ve como condición imprescindible que la economía española esté entre las tres que más crezcan en la eurozona. Cuando eso ocurra, en palabras de Feijóo, “todo cambiará, todo empezará a funcionar”. 

La cuestión es cómo llegar hasta aquí. El crecimiento económico es el mantra que persiguen todos los candidatos a la presidencia: mejora el empleo, las condiciones de vida de la población, aumenta la riqueza, promueve la estabilidad social, permite al Gobierno acometer más gasto, por ejemplo, en infraestructuras o servicios públicas, y a las empresas invertir en más innovación y desarrollo tecnológico. Pero no siempre es fácil, especialmente cuando el ciclo económico es recesivo, un fenómeno, por lo general, ajeno a quien se siente en La Moncloa. 

Históricamente, cuando España crece, crece más que los países de la UE, pero cuando se hunde, también lo hace más”, explica a infoLibre el economista Daniel Fuentes, director de la consultora Kreab. “Nuestra economía es más procíclica que otras, en parte por su estructura –con sectores como el turismo, que exacerban la dinámica del ciclo–; en parte, también, por nuestra mayor vinculación a los tipos de interés variables y a precios spot como los de la energía, etc. Son cuestiones estructurales difíciles de cambiar de un día para otro, pero que conviene abordar”, añade el profesor.

La economía se encuentra ahora en un proceso expansivo, del que España, efectivamente, está sacando más partido que los países de su entorno. En el primer trimestre de 2023, el PIB de España creció un 0,5% respecto al trimestre anterior, mientras que el de la eurozona se redujo en un 0,1%. Francia creció un 0,2% y Alemania decreció un 0,3%.

El período expansivo parece traer vientos de cola para la economía española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ridiculizó la previsión de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Actualmente hay 20,7 millones de afiliados, lo que supone 1,7 millones más respecto a hace cuatro años, en mayo de 2019. La previsión de Feijóo supondría añadir 1,3 más en los próximos cuatro años, es decir, un ritmo inferior. 

“Creo que, en el fondo, tiene sentido que se proponga un escenario a cuatro años con un crecimiento del empleo menor al observado ahora mismo. Los ritmos de creación de empleo actuales están en máximos históricos, no sería sensato pensar que vamos a mantener este ritmo año tras año”, explica el economista Daniel Fuentes.

“El problema de Feijóo no es ese”, continúa el economista. “Para defender una cifra es conveniente saber por qué y de dónde sale. Que se genere menos empleo puede tener sentido desde el punto de vista del ciclo económico, pero no parece manejar con mucha solvencia las grandes cifras”, añade el economista.

Otra propuesta en materia de empleo que hizo Feijóo en el mencionado acto: “Cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias en su vida laboral”. Una propuesta que tiene un nombre, aunque Feijóo no lo citó: es la mochila austriaca. Esto ya ha sido defendido por el Partido Popular en otras ocasiones… y también por Ciudadanos. Particularmente su antiguo gurú económico, Luis Garicano, ahora en el equipo del Partido Popular.

Garicano fue uno de los 100 economistas que elaboró en 2009, en plena crisis financiera, una lista de propuestas para la “reactivación laboral” en España. Ya ahí, hace 14 años, estaba presente la mencionada mochila austríaca. En resumen, esta medida supone que el trabajador y el empresario van aportando a un “fondo”, que pertenece al primero, y que va llevando consigo de empresa a empresa, para usarlo cuando sea despedido o deje la empresa. 

Los sindicatos han sido muy beligerantes siempre con la medida, al considerar que a la mayoría de los trabajadores les supondría un abaratamiento del despido. Este sistema lleva en vigor en Austria desde hace 20 años, aunque fuentes gubernamentales apuntan a que ni siquiera se aplica a todos los trabajadores de este país y que "no tiene sentido" en términos de “dinamizar” el empleo. No ha trascendido que ningún otro país haya adoptado esta medida.

“Este mecanismo va a mejorar la protección de los trabajadores y va a eliminar barreras a los cambios de empleo a los trabajadores con mayor antigüedad”, defendió Feijóo, este lunes. El economista Daniel Fuentes advierte: “El problema es que no hay muchas evidencias de que esté funcionando en otros países y que tiene un coste muy elevado. No está claro que la propia patronal esté a favor de ponerla en marcha, según en qué condiciones”.

En una entrevista concedida a infoLibre en mayo de 2021, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cargó contra la medida, tras ser planteada de nuevo por el Banco de España: “Es que no saben ni por qué se puso la mochila austriaca en Austria. Nuestro mercado laboral no tiene nada que ver con el austriaco, con un sector industrial muy potente y con un sector servicios con unos niveles salariales altísimos. Estas propuestas son muy inoportunas cuando hay una mesa de diálogo con los agentes sociales”, criticó.

“La cuestión es que la mochila austríaca podría resultar útil para un determinado tipo de trabajador”, explica Daniel Fuentes. “Pero es el que tiene estabilidad laboral, salarios altos, que puede planificar cuándo cambiar de empresa… No se dirige a la gran mayoría de trabajadores, cuyo problema es el exceso de rotación, la temporalidad… La mochila austríaca no arregla el problema de estos trabajadores. Por poner un ejemplo, el prototipo de beneficiario sería un consultor del sector servicios en una gran ciudad como Madrid, alguien que puede decidir las etapas de su carrera profesional”, añade el economista. 

Paralelamente, el Partido Popular ha vuelto a recurrir al bulo de que las estadísticas laborales españolas “ocultan” o “maquillar” un determinado número de parados, bajo la forma de los contratos fijos-discontinuos. Esta es una cuestión que quedó zanjada en una pregunta parlamentaria del diputado del PP Mario Garcés a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en febrero de 2023. 

Esta, respondió: “Desde hace 38 años en España se computan los fijos discontinuos en España de idéntica manera (...). Le conmino a que miren las sentencias, más de 3.000, ¿sabe lo que dicen? Todos y cada uno de ellos tienen una relación laboral indefinida”, le espetó la ministra. 

Este lunes, no obstante, tres altos cargos del Partido Popular se han hecho eco de una noticia que ha sido puesto en tela de juicio por diversos economistas. El titular es: “Bruselas detecta 985.000 parados ‘ocultos’ en España y más de 1 millón de infraempleados”. Pero dentro de la noticia, no se explica que Bruselas haya detectado algo inusual: las cifras que menciona son las que recopila Eurostat trimestre a trimestre. El resultado, de hecho, es positivo: las categorías laborales que menciona están en mínimos históricos.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, tuiteó el titular con una palabra: “Sorpresa…”. El vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, dijo: “1. El PP afirma un hecho; 2. El Gobierno nos insulta; 3. Las instituciones acaban dándonos la razón”. El vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, añadió: “Bruselas confirma lo que llevamos diciendo meses: el Gobierno de la mentira de Sánchez y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manipulan las cifras del paro”. De los tres, solo Sémper ha eliminado el tuit, tras ser advertido de que el contenido de la noticia.

La información, en realidad, pone de relieve que las cifras son positivas. Eurostat, el servicio de estadísticas europeo, recoge unas cifras cada trimestre que en España suelen tener poca repercusión. Se conoce como “holgura laboral”, y describe a las personas que por un motivo u otro, buscan un empleo. Recoge por tanto a los propios parados, pero también a los que están disponibles para trabajar y no buscan, o a los que buscan trabajo pero no están disponibles de inmediato, así como personas que están contratadas con contratos a tiempo parcial y desearían trabajar a tiempo completo.

El resultado, es que en España hay 3,1 millones de parados, pero 5,2 millones de trabajadores en “holgura laboral". Las estadísticas de Eurostat lo que reflejan es que la cifra de “holgura laboral” se encuentra en un mínimo histórico. Si comparamos con el primer trimestre de 2013, hace 10 años, el número de parados era de 6,2 millones y la “holgura” ascendía a 9,1 millones de trabajadores. 

“La metodología con la que se elaboran las estadísticas laborales no ha cambiado. No se puede decir que Bruselas 'detecte' parados que el Gobierno no cuente, porque no hay cambio de interpretación de las estadísticas, ni modificación de las estadísticas, ni nada por el estilo”, explica Daniel Fuentes.

“Hay que hacer un apunte importante y es la importancia del respeto a las instituciones y a la información estadística oficial. Si ponemos en duda las estadísticas oficiales sin base científica estamos haciendo un flaco favor a la puesta en marcha de las políticas públicas. Si hay dudas, se debe vehicular por donde corresponde, por el cauce científico, por vías académicas, pero no llevarlo sin pruebas al debate público”, remacha Fuentes.

El Código de Buenas Prácticas sigue sin funcionar. La gran herramienta acordada, tras muchos tira y afloja, entre el Gobierno y las entidades bancarias para socorrer a los hipotecados en apuros sigue sin tener una acogida relevante entre los potenciales beneficiarios. En noviembre, cuando se alcanzó el pacto, el Ejecutivo estimó que se acogería un millón de personas. El Banco de España, unas 200.000. Ocho meses después de su aprobación, la cifra es incierta, pero no dista mucho de unos 10.000 solicitantes.

Sobre ello se ha referido la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, este lunes. Esta semana se va a reunir con las asociaciones de consumidores, así como con las entidades financieras, para analizar si hay algo que esté fallando. Para ello, Economía ha solicitado al Banco de España un informe, que dilucide si la falta de solicitantes es debido a los obstáculos de los requisitos, a que las medidas no son útiles o, el escenario más optimista, a que no estén haciendo falta.

“El factor fundamental que hace que estemos en un escenario diferente es la buena marcha de la economía y del empleo”, afirmó Calviño, durante una entrevista en RNE. “En otoño no esperábamos estar como estamos con 20,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Es que tenemos 1,3 millones de personas más con empleo que antes de la pandemia. Los salarios también se están recuperando. Hemos subido el salario mínimo, y los salarios medios también se están recuperando. Eso es lo que explica que las familias estén en una situación mejor que lo que previmos el año pasado”.

Yolanda Díaz ha ido más lejos y anunció la semana pasada una medida en el programa de Sumar: un bono de emergencia para ayudar a las familias que estén en apuros. La medida tendría un coste fiscal de 1.000 millones de euros. Calviño ha criticado este martes la propuesta: “Lo que no puede ser una solución es utilizar dinero público para subvencionar a los bancos, eso ya sabemos que fue la solución del Partido Popular durante la última crisis financiera y no tenemos que volver atrás”, ha espetado la vicepresidenta primera.

“Mi perspectiva como economista es que no es una medida muy adecuada”, afirma Antoni Cunyat, que imparte Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya. “Las familias sin recursos o pobres no se pueden permitir una hipoteca. Eso sería destinar más recursos a familias de clase media, no realmente a las más necesitadas”, añade.

El incremento de los tipos de interés ha elevado el euríbor al 3,86% de media mensual en mayo, una cifra que no se alcanzaba desde finales de 2008, en pleno estallido de la crisis financiera global. Es consecuencia del aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, al ritmo más vertiginoso de su historia: 400 puntos básicos en menos de un año. Desde el 0% que ha guiado la política monetaria durante seis años, etapa finiquitada en julio de 2022, hasta el 4% que han alcanzado en junio.

La consecuencia para las aproximadamente cuatro millones de familias hipotecadas a tipo de interés variable es un aumento medio estimado de unos 250 euros de cuota mensual. Esto, junto con el aumento de precios de los carburantes, las facturas y los alimentos, ha llevado al límite a muchas familias, lo que llevó al Gobierno y a los bancos a abordar una tensa negociación. El acuerdo se anunció a las 11.15 de la noche del 21 de noviembre, tras un día de arduo cónclave.

El acuerdo final amplió el Código de Buenas Prácticas creado en 2012 y permite a las familias reestructurar el préstamos hipotecario con una rebaja del tipo de interés durante el período de cinco años de carencia. También se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de una vivienda y se contempla una segunda reestructuración, en caso de ser necesario. Los hogares con renta inferior a 25.200 euros que dediquen más del 50% a la hipoteca, podrán acogerse al Código con una carencia de dos años y un alargamiento de plazo de hasta siete años. 

Al día siguiente, los bancos anunciaron en cascada que se adherían al acuerdo, pero paralelamente, fue objeto de críticas de multitud de organizaciones. Comisiones Obreras lo tachó de “insuficiente” y la asociación de consumidores Asufin criticó que los alargamientos de plazo no son “neutrales para el consumidor”. Yolanda Díaz, así como otros políticos del espacio de Unidas Podemos, criticaron por aquel entonces el programa para hacerlo.

Este lunes, este periódico ha consultado a las cinco grandes entidades bancarias españolas: Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter. De estas, solo Caixabank, que es la entidad con mayor cuota de mercado con diferencia, ha respondido: hasta la fecha se han acogido unos 7.000 clientes al Código de Buenas Prácticas. El resto o no han contestado o se han remitido a las informaciones que publica la Asociación Española de Banca.

A consultas de infoLibre, esta organización informó que en estos están actualizando el dato, por lo que se remiten a la última cifra publicada, a mediados de abril: unos 9.000 clientes de las entidades se han acogido. Esto queda muy lejos de las expectativas del Gobierno, que esperaban un millón de acogidos.

Como consecuencia, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que esta semana se reunirá con las asociaciones de consumidores, así como con las entidades financieras para comprobar si hay algún problema: “Si se están denegando las solicitudes o si son los ciudadanos los que no lo están solicitando, porque no lo necesitan o porque creen que puede ser perjudicial estas medidas de alivio”, ha expresado. 

La vicepresidenta primera sí ha detectado “mucho cambio de hipoteca de variable a tipo fijo” y amortizaciones anticipadas, ambas acciones gratuitas durante 2023. “Lo que están haciendo los ciudadanos es acudir a estas medidas justamente para poder quitarse esa carga hipotecaria. La mayoría de los que tienen hipotecas a tipo variable y les queda poco por pagar de esa hipoteca, prefieren liquidarla antes que seguir teniendo el riesgo de la subida de tipos de interés”.

Calviño ha cargado contra la propuesta de Sumar, de dar ayudas públicas a las personas en apuros, que lo ha considerado “utilizar dinero público para subvencionar a los bancos”. En respuesta, dos referentes económicos de Sumar han respondido a la vicepresidenta. 

El primero ha sido Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y director del gabinete económico de Podemos desde su fundación en 2014: “No se trata de darle dinero a la banca, sino a la gente. Ayudar a los hogares con la subida de sus hipotecas, y financiarlo reforzando el impuesto a la banca, es una redistribución de rentas a favor de las familias. Y es más eficaz que el Código de Buenas Prácticas”, ha expresado en un mensaje en Twitter.

El segundo, ha sido Carlos Martín, director del gabinete económico de Comisiones Obreras, reciente fichaje de Yolanda Díaz. “Los sobre beneficios de la banca pagarán el bono de 1.000 euros que beneficiará a un millón de hogares hipotecados. El Código de Buenas Prácticas, en cambio, no llega a los hogares hipotecados. Solo se han presentado 12.000 solicitudes y se rechazan 8 de cada 10”.

La asociación de consumidores financieros Asufin denuncia que el aval que exigen las entidades sí que puede estar constituyendo un obstáculo para las familias que quieren acogerse. “Este podría ser uno de los motivos por el que el número de familias que se están acogiendo a estar medidas dista mucho de ser el calculado cuando se puso en marcha el mismo”, explica la presidenta del organismo, Patricia Suárez, en un comunicado.

“Imagínate que yo, con la misma renta que las familias hipotecadas que hoy tienen apuros, dije, ostras, no quiero arriesgarme a una hipoteca a tipo variable. No compro la casa y vivo de alquiler. Estás dando fondos públicos a familias que asumieron riesgos, mientras que no a las que fueron más precavidas”, añade el economista Antoni Cunyat. 

“Estás, por lo tanto, fomentando el comportamiento más arriesgado, yo creo que son medidas regresivas. Obviamente hay familias que lo están pasando mal con la subida de la hipoteca, pero es un riesgo que uno asume”, añade Cunyat. “No son medidas para una mayor igualdad, creo que crean unos incentivos que son erróneos”, remacha. 

“El tiempo es valioso para los que no tenemos grandes propiedades ni apellidos importantes”. La autora de la declaración es Yolanda Díaz y con ella resume la idea moral que sustenta su propuesta de revolución para cambiar de arriba a abajo la jornada laboral. En cuestión de días, la candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno ha propuesto reducir la jornada a 32 horas en un programa escalonado en años, poner el foco en la productividad de las empresas, a las que además insta a que deben crecer en tamaño. La guinda de todo el pastel es el gran órdago: que todos dejemos de trabajar a las seis de la tarde. Algo, a todas luces, imposible, pero que fuerza a un debate: ¿En qué emplearíamos nuestro tiempo a partir de esa hora? ¿Implicaría que otros trabajen?

Más allá de una propuesta electoral, Díaz trata de liderar un debate que va más allá de nuestras fronteras sobre cómo reducir de forma efectiva y generalizada la histórica jornada de 40 horas. Parte de estas ambiciones se encuentran incluidas en un estudio que fundamenta la Ley de Usos del Tiempo, que presentó hace unos días la candidata en un coloquio. En este, se proyectó como introducción un mensaje de Manuela Tomei, alto cargo de la Organización Internacional de Trabajadores: “La OIT toma nota del proyecto para una nueva ley sobre usos del tiempo (...) Los avances legales para consolidar un tema tan esencial no pueden más que ser bien recibidos por esta oficina”, defendió Tomei. 

“Creo que es una cosa que no valoramos mucho, porque no nos fijamos, pero estas cosas tienen atracción internacional… este tipo de medidas tienen una fuerte incidencia”, explica a infoLibre Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. “El modelo español es un modelo del que se está hablando fuera. Igual que en otros momentos hubo otros modelos como el alemán, el francés… Ahora, en materia laboral, se habla mucho de España. Por ejemplo, la ley rider fue el pistoletazo de salida de la directiva europea”, remacha Baylos. 

La reacción en la oposición ha sido inmediata. “¿Trabajar cuatro días? No, no. ¡Trabajar tres!”, exclamaba este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la Asamblea regional. “Yo voy a proponerlo. ¡Propongo trabajar tres días! No, no. ¡Dos!”, continuó exclamando la presidenta, ante el aplauso de su bancada. 

La medida principal de la batería que está defendiendo Yolanda Díaz es la reducción de la jornada laboral hasta hacer efectiva una jornada equivalente a cuatro días de trabajo, sin pérdida salarial, en los próximos ocho años.

“En primer lugar, se establecería en 2024 por ley una jornada máxima de 37,5 horas”, explica a infoLibre Nacho Álvarez, mentor económico de Sumar, secretario de Economía de Podemos desde 2014 y, de momento, secretario de Estado de Derecho Sociales. “Es la que ya tienen los empleados públicos desde hace muchos años. Se haría extensiva al resto de trabajadores”, añade Álvarez.

Tras esa reducción, empezaría la segunda fase: reducir la jornada a 34 horas. “A partir de 2024 se abriría un proceso de diálogo social lo que quede de esa legislatura, para avanzar hacia una reducción consensuada hacia las 34 horas semanales. Ese diálogo continuaría en una posible siguiente legislatura para reducir la jornada hasta las 32 horas”, explica Álvarez. Si las legislaturas duraran cuatro años, según los cálculos de Sumar el objetivo sería una jornada de 34 horas en 2027 y de 32 en 2031.

En un paso más allá, Yolanda Díaz resumió su propuesta en una nueva idea: “Queremos que la jornada laboral se termine a las seis de la tarde de tal manera que a partir de ahí podamos disfrutar de la vida”, esgrimió la candidata. Fuentes del partido, no obstante, aclaran que se trata de retórica. En un país donde los comercios abren hasta las ocho, nueve o diez de la noche y los bares hasta la madrugada, esto sería inviable. Sumar aclara que se trataría de implantar una jornada de siete horas, y dado que las siete de la tarde suele ser la hora usual de salida, por eso se habla de salir a las seis. 

“Lo de las seis de la tarde me parece estupendo porque obliga a una reflexión general”, explica el catedrático Antonio Baylos. “¿En qué usamos el tiempo a partir de esa hora? Si lo que quiero acudir es al consumo, eso implica que debe haber trabajadores que no puedan tener el uso del dominio del tiempo que yo tengo. Luego hay muchas cosas que sí se pueden regular: compactar jornadas de trabajo –reducir las jornadas a tiempo parcial–, repensar el trabajo a turnos, favorecer cambios por edad o por corresponsabilidad familiar… El tiempo es un principio básico de la salud laboral”, afirma Baylos. 

“No puede ser que la productividad española esté 25 puntos por debajo de la media europea”. La autoría de esta crítica podría venir de la bancada popular o de un dirigente de la patronal de empresarios, pero es parte de un tuit de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo quiere poner el foco en la productividad, al considerarlo una “condición imprescindible de nuestro bienestar como sociedad”. El objetivo es generar riqueza, en este caso, para conseguir aumentar los salarios. 

Fuentes de Sumar especifican que la candidata considera imprescindible abordar medidas para aumentar la productividad, habida cuenta de que esta ha aumentado en el pasado sin que impulsara los salarios. El fin de estas medidas sería que esta vez sí tuviera una mayor repercusión en las retribuciones de los trabajadores. 

“En España todavía predomina un sistema productivo en el que la mano de obra es decisiva: hostelería, construcción… Todos conocemos perfectamente que la explotación en la hostelería es evidente. No hay límite horario, se trabaja mucho más. Si un trabajador dice: estoy trabajando más de lo que debo, la respuesta es: queda despedido. El nuevo significante de lo que es la libertad, las terrazas, es una excelente oportunidad para el empresario gracias a que los trabajadores lo ponen en marcha”, explica el catedrático Antonio Baylos.

Según los datos de la OCDE, España es uno de los países europeos en los que se trabaja más horas anuales. En datos de 2019, en España se trabajó de media 1686 horas, frente otros como Francia (1.505), Alemania (1.386) o Dinamarca (1.380). Supera, no obstante, a otros países del sur europeo, como Italia (1.718) o Grecia (1.949). 

Una de las vías para aumentar la productividad es crear un tejido productivo con empresas de mayor tamaño. La propia Díaz lo explicaba en Twitter: “Ha llegado el momento de abordar la gran asignatura pendiente en nuestro país: la reforma empresarial. Necesitamos empresas con mayor tamaño”. 

Fuentes de la coalición resaltan que si España tiene un problema de productividad es porque en el sistema predominan las pymes. En las empresas grandes las condiciones de trabajo suelen ser mejores, porque la empresa aprovecha la economía de escala, tiene más rendimiento y también porque los trabajadores utilizan la negociación colectiva. La manera de hacerlo sería a través de un fondo de capitalización para que las empresas puedan recurrir a él y experimentar saltos de crecimiento. 

“La permanencia y potencia de una empresa pequeña es menor en el mercado. Suelen tener escasa vida. Y el sistema español adolece de minifundismo. Es cierto que la pequeña empresa puede ser útil en ciertos escenarios, pero tenemos un gran déficit de coordinación. Creo que la idea de Sumar es construir empresas sólidas, que tengan capacidad de atracción, que puedan competir también en un mercado globalizado”, indica el profesor Baylos. 

Este jueves, Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra la izquierda que dice que “no hay que trabajar”, que se puede “vivir de la subvención” y del “dispensador de crema”, por el cambio climático. La propuesta de Sumar ha sido criticada por la presidenta de la Comunidad, que ha considerado que si la izquierda se ha hundido en la región es porque no entiende el espíritu de esfuerzo y trabajo de Madrid.

“La gente sensata, la que trabaja todo los días, saben que esto va de trabajar, de madrugar, de luchar… Y que no puede venir con las mismas soflamas de gente que no ha pasado ni una incomodidad en su vida para decirle que esa es la solución a nada. ¿Pero no se dan cuenta?”, criticó la presidenta, antes de proponer jornadas de tres y de dos días, entre aplausos de la bancada popular.

Nacho Álvarez, gurú económico de Podemos y Sumar, responde: “La verdadera libertad pasa por tener tiempo para conciliar, para descansar y para vivir. Y ese tiempo es el que pretende impulsar estas medidas desplegadas por Sumar”.

“Yo le diría a Díaz Ayuso… que no estamos hablando de querer trabajar o no. Estamos hablando de cosas serias, no de tonterías”, critica el catedrático Antonio Baylos. “Vamos a hablar en serio. El PP votó en el Parlamento Europeo en contra de un reglamento que prohibía la comercialización de productos o servicios elaborados con mano de obra esclava. Si uno está a favor de eso, entonces está perfectamente claro que no tiene sentido hablar de reducir las horas de trabajo”, ironiza el profesor. 

La presión sobre las familias cada vez se siente con más fuerza, con la inflación, por un lado, y las subidas de tipos de interés, por otro, mordisqueando las cuentas de ahorro por múltiples frentes. Las familias dispuestas a comprar una vivienda han ido viendo estos meses como el precio no ha dejado de subir, hasta convertirse en prohibitivos para las que disponen de colchón para permitírselo. El resultado es que abril fue el mes con menos firmas de hipotecas desde finales de 2020: 27.000. Como comparación, cada mes de 2022 se firmaron de media unas 38.600.

“España era un país de propietarios y estamos pasando a uno de proletarios”, resume la profesora Leticia Poole, profesora de Economía en la Universidad Europea de Madrid. “Cada vez somos más pobres, cada vez tenemos menos acceso a la vivienda. En este último año, la cesta básica del supermercado ha crecido un 12%, mientras que el sueldo ha crecido un 2%. El consumo privado está muy muy afectado. Si a esto le añadimos una subida del coste medio de las hipotecas de 200, 400, 600 euros, o incluso más, las familias no pueden hipotecarse”, advierte la economista. 

Pese al gran aumento del gasto al que se han enfrentado las familias desde hace un año, la vivienda no ha dejado de venderse. 2022 dejó grandes cifras en el sector inmobiliario. No obstante, los expertos señalan que estas cifras no significan necesariamente que haya muchas familias comprando su primera vivienda: “Hay mucha inversión extranjera”, explica Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid.

“Una se queda sorprendida. ¿Cómo hay tanta compra de vivienda, con la situación que tenemos con las hipotecas y con la inflación? Pero no hay ningún tipo de boom o de burbuja inmobiliaria, como la que tuvimos hace 15 años. Los precios no van a pinchar. No van a caer”, rechaza la economista. 

Según el portal Idealista, el precio medio del metro cuadrado en España fue en mayo de 1.976 euros, el dato más alto desde el verano de 2011. Aún no toca los máximos de la burbuja inmobiliaria, cifrados en 2.115 euros de junio de 2007. No obstante, en los mercados más tensionados hace tiempo que el precio rebasó el récord de la burbuja. En Barcelona, Canarias, Baleares, se superó el verano de 2017; en Madrid, en 2018; en algunas ciudades como Málaga, en 2019. ¿Hasta dónde puede subir el precio que la mayoría de las familias ya no se pueden permitir?

El segundo mayor portal inmobiliario junto con Idealista, Fotocasa, ha valorado este jueves el dato con contundencia: "El boom de las hipotecas ha terminado tras dos años de furor". La caída repentina en abril de las firmas hipotecarias ha alertado al sector: son unas 27.000 firmas hipotecarias, lejos de las 36.182 de marzo o las 35.900 de febrero. El dato no caída por debajo del umbral de 30.000 desde diciembre de 2020, cuando el shock de la pandemia todavía era evidente.

El dato supone una caída respecto a marzo del 25%, y de un 18% respecto a abril de 2022. El año pasado dejó muy buenas cifras para el sector inmobiliario. Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, la mayor inmobiliaria del Ibex 35, fue entrevistado este miércoles en el programa Hora 25, de la Cadena SER. Analizando la compra de vivienda de los españoles, sostuvo: "Los individuos viven en un cierto mundo paralelo, donde aún se están recuperando del golpe de la pandemia y han decidido vivir en un carpe diem constante".

"Sí hemos vivido una etapa de carpe diem, cuando hemos visto la muerte de cerca, el ahorro deja de tener sentido", reflexiona la profesora Leticia Poole. "Pero estamos volviendo al mundo real, el consumo privado está bajando respecto al PIB. Cualquier familia con hijos nota el gran aumento del gasto de la compra en el supermercado. Pero el primer sitio donde se ha manifestado la pérdida de poder adquisitivo de las familias, mucho antes de que subiera el IPC, fue en la vivienda”, explica.

“Esto fue consecuencia de dos factores: el dinero estaba demasiado barato y la oferta de vivienda no aumentó. Si das facilidades de crédito pero no construyes más vivienda el efecto es evidente: aumentas la demanda sin aumentar la oferta, estás aumentando el precio de la vivienda”, advierte la profesora Poole. 

Poole se refiere a los años en los que los tipos de interés han estado “ultrabajos”, entre 2014 y 2022. En esos años, el sentido de la política monetaria era favorecer el crédito barato, para que las empresas pudieran pedir préstamos y, las familias, hipotecas. No obstante, la crisis inmobiliaria en España provocó el abandono de cientos de miles de viviendas abandonadas en lugares inhóspitos, el quiebre de promotoras y la huida de la inversión, por lo que durante años la construcción de viviendas se frenó en seco. La profesora añade que el sistema fiscal no ayuda: "La tributación debería ser más coherente para aumentar la oferta de vivienda usada".

A esto se le añade un factor: la inversión extranjera: “No hay correlación perfecta entre el mercado inmobiliario y el hipotecario, y esto es porque el segundo se ralentiza a un ritmo superior”, explica Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, en alusión a que el inversor extranjero no recurre a hipotecas. Paga al contado. 

Según las estadísticas del Colegio de Registradores de la Propiedad, en el primer trimestre de 2023, el 14,52% de las operaciones inmobiliarias en España se efectuaron por capital extranjero. No obstante, cabe coger con pinzas esta cifra. Por ejemplo, no queda claro dónde se encarecería la compra de una vivienda por parte de Fidere o Testa, dos socimis españolas del fondo de inversión estadounidense Blackstone. Aunque la firma es española, la propiedad final sería de una gestora de activos milmillonaria. 

“El extranjero que viene a comprar una vivienda a España, no me refiero a empresas, sino el que viene a veranear a la Costa Brava o Menorca, no acude a un banco español. Viene con su dinero de su país de origen”, explica Santos González. 

La profesora Leticia Poole coincide que el peso de la compra extranjera en las ciudades más tensionadas es mucho más importante que el mencionado 14,52%. "Tengo un contacto que es registrador de la propiedad en la ciudad de Valencia y me ha dicho hoy mismo que de cada 10 operaciones que registra, entre 6 y 7 son a personas no residentes en España y se efectúan sin hipoteca", sostiene la economista.

El sábado, la agencia de noticias económicas Bloomberg, publicó una noticia llamativa: “El elevado aumento del precio de la vivienda de Madrid amenaza un colapso del mercado inmobiliario”. Es una noticia excepcional, dado que esta agencia de noticias siempre ha situado a Madrid por detrás de otras capitales europeas, como Londres, París o Estocolmo. La información señalaba que los precios estaban alcanzando un punto que muchas familias ya no pueden permitirse, lo iba a dar lugar a un descenso de la demanda, y por lo tanto, de los precios. 

La profesora Mónica Melle no comparte la hipótesis de la noticia: “A veces no se entiende desde fuera nuestra idiosincrasia. España es un modelo paradigmático que no existe en otros países. Tenemos una cultura de propiedad muy arraigada y no hay oferta de vivienda como en otros países. Todos queremos tener nuestra casa y la oferta de vivienda es muy reducida”, explica la economista.

Melle considera que los precios en Madrid no van a bajar, mucho menos “colapsar”, como dice la noticia de la agencia Bloomberg. “Como sigue habiendo inversión extranjera, no creo que bajen”, añade. “En el mercado madrileño lo que veo posible quizás es un estancamiento de precios. La mera razón es que la demanda de vivienda es muy alta respecto de la oferta, porque no hay. No hay oferta de vivienda para comprar ni de alquiler, y hay mucha demanda. Es muy difícil que caigan los precios”, remacha. 

“No todo el mercado inmobiliario tiene el mismo comportamiento en todos los lugares”, añade la profesora Leticia Poole. “Hay barrios en los que, si el precio es demasiado alto y las familias no pueden comprar, sí corregirá. Pero eso no ocurrirá, sin duda, en la vivienda nueva. Los precios de construcción han subido muchísimo. La capacidad de la gente es menor y el coste de construir ha sido más alto”, explica la economista.

“Estamos en un momento de estancamiento económico”, declaró el candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Nuñez Feijóo, hace un par de semanas. “Incluso los más pesimistas creen que estamos en un momento de declive”, añadió. Esto podría ir en línea con los temores expresados por los informes de los últimos años del Banco de España, donde se mencionaba con asiduidad el “ensombrecimiento”, las “escaladas” y “desaceleraciones”, cuando la economía española estaba siendo azotada por la pandemia y la crisis energética. Pero hoy los adjetivos que aparecen son diferentes: destacan "resiliencia”, “vigor”, “dinamismo”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó al candidato popular por “catastrofista indocumentado”. El enfado de Montero era más destacado porque las declaraciones de Feijóo se produjeron en el South Summit 2023, un evento que se celebra en Madrid y que reúne a emprendedores e inversores de todo el mundo. En ese acto, Feijóo también dijo: “No es verdad que la economía española esté como una moto”.

El Banco de España, sin embargo, ha elevado este lunes sus previsiones de crecimiento hasta el 2,3%, frente al 2% anterior, y también por encima de las propias expectativas del Gobierno, que es del 2,1%. También prevé que el crecimiento se mantendrá por encima del umbral del 2% en 204 y 2025. Paralelamente, dibuja un panorama económico en 2023 en el que otros indicadores mejoran. Por ejemplo, reduce la previsión de inflación –de 3,7% a 3,2%–, de deuda pública –de 111,1% sobre el PIB a 109,7%– y de déficit –de 4,1% a 3,8%–.

“Me ha sorprendido para bien”, afirma Antonio Sanabria, profesor que imparte Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. “El consumo privado recupera brío, continúa bien la dinámica respecto a la demanda externa, una previsión de crecimiento superior, empleo que funciona bien… A nivel macro las cosas van bien y mejorando. La inflación, que sigue siendo alta, es comparativamente menor”, resume Sanabria. “Si Feijóo dice que la economía española está estancada, es razonable pensar por qué no quiere hablar de economía en esta campaña”, ironiza el economista.

El 4 de octubre de 2022, cuando el Gobierno estaba preparando las previsiones económicas de 2023 sobre las que se diseñaron los presupuestos, Calviño estimó que el PIB crecería un 2,1% en 2023. Al día siguiente, el Banco de España tumbó las previsiones y enfrió las expectativas: pronosticó que el PIB iba a crecer un 1,4% este año. Esto sirvió a la oposición para cargar contra la política económica: “El Presupuesto es fraudulento, se basa en cifras económicas que no avala nadie”, criticó. 

“Esa previsión del Gobierno en octubre superaba en más de un punto la visión más optimista del panel tanto nacional como internacional”, explica Antonio Sanabria. “Tanto la oposición como una parte de los analistas pensaron que era una previsión irreal. El Gobierno preveía en ese momento un crecimiento económico del 2,1% en 2023. Hoy el Banco de España lo supera, y cree que la economía crecerá un 2,3%. La previsión del Gobierno estaba bien hecha”, remacha el economista. 

El Banco de España resalta el escenario de incertidumbres al que se enfrentan las economías tanto global, como la europea y la española. No obstante, el concepto con el que define estos primeros meses de 2023 es de “dinamismo”. La demanda exterior provocó que el PIB aumentara un 0,5%, frente a unos crecimientos más modestos de las otras grandes economías europeas como Francia (0,2%) y Alemania (0%). Los indicadores adelantados del tercer trimestre apuntan a que este podría estar creciendo un 0,6% en el segundo trimestre.

Sobre la creación de empleo, el organismo subraya un “buen comportamiento” de carácter “generalizado por todas las ramas de actividad”. Esta certificación viene tras las advertencias que el propio Banco de España hizo hace un año sobre la reforma laboral, donde señalaba los temores ante que una mayor limitación a la temporalidad podría tener como consecuencia indeseable “un mayor desempleo”. 

“Eso claramente no se está viendo. El aumento de las exportaciones, como de la inversión pública y privada ha ayudado a la creación de empleo, y la reforma laboral no ha sido un obstáculo”, añade Antonio Sanabria. Según el organismo, la tasa de paro descenderá al 12,2% en 2023; al 11,5%, en 2024; y al 11,3%, en 2025.

Una consecuencia de la reforma laboral no mencionada explícitamente en el informe del Banco de España, aunque queda sugerida, es el impacto del aumento de la contratación indefinida en el aumento del consumo privado: “No lo dice directamente, pero expone que ha mejorado el nivel de confianza de los consumidores. La relación entre la evolución del empleo y del consumo es muy alta. El consumo crece en función del empleo. Sin que sea el único factor, sí que lanza esa hipótesis sobre la seguridad de los consumidores”, añade Sanabria. 

El informe del Banco de España también pone de relieve el aumento de la inversión empresarial, reactivada desde el inicio del año, así como el aumento de la competitividad de la economía española. También destaca el papel del sector público como soporte de la actividad económica, mediante un impulso expansivo tras las medidas de apoyo desplegadas ante la crisis energética.

También mejora la previsión de deuda pública y de déficit. “El Banco de España certifica que se mantiene la senda, e incluso la mejora. La tendencia ha sido corregir para mejor las propias previsiones del Gobierno. En el déficit, mejora la previsión que tiene la Comisión Europea para 2023, que es del 4,1%”, observa el economista.

A la engorrosa tarea de buscar un piso de alquiler en las grandes ciudades se ha sumado un obstáculo más: pugnar con las inmobiliarias que insisten en cobrar al inquilino los honorarios pese a que la Ley de Vivienda lo prohíbe desde el 26 de mayo. La comisión que ahora cobran las agencias intermediarias ya no se conoce como “honorarios”, que quedan expresamente vetados en la ley, pero sí, por ejemplo, como “servicio de atención al inquilino”, como critican los buscadores de vivienda y como ha constatado infoLibre.

Al margen de las múltiples herramientas que la nueva legislación pone a disposición de las comunidades autónomas –y que quedan al arbitrio de estas si usarlas o no–, hay disposiciones que sí han entrado en vigor para todo el territorio nacional. Una de ellas ha sido ampliamente aplaudida por los movimientos sociales de vivienda, como el Sindicato de Inquilinos de Madrid: “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. 

El objetivo es reducir la barrera que se eleva ante los inquilinos cuando intentan entrar en un piso de alquiler, que incluye la primera mensualidad, otras dos en concepto de fianza y de depósito –que se devuelven al finalizar el contrato– y, por último, otra en concepto de honorarios a la inmobiliaria. Así, entrar a un piso de alquiler cuya cuota asciende mensualmente a 800 euros implica un desembolso inicial de 3.200 euros. A esto se le añaden otras complicaciones, como avales, exigencias de ingresos o extractos bancarios. 

“Me han llegado a pedir hasta la vida laboral”, explica a infoLibre Pedro Pablo Isla, residente en Madrid que lleva días transitando por el espinoso sendero de la búsqueda de piso. Isla relata, con grabaciones e imágenes, cómo seis inmobiliarias han intentado cobrar honorarios por diferentes conceptos. “La más desagradable fue la primera a la que contacté. Me pidió la primera mensualidad, dos meses de fianza, otro de depósito y los honorarios de agencia. ¡Cinco mensualidades! Le dije que eso era ilegal y me respondió: ‘Mira, papi, tengo mucha gente esperando. Lo tomas o lo dejas”, explica, atónito.  

“Las inmobiliarias se sienten eufóricas, no se esconden, cuando llegue el PP la ley se va a derogar”, explica a infoLibre Alejandro Inurrieta, economista ex asesor del Ministerio de Economía y autor del libro Vivienda: la revolución más urgente. “El otro día estuve en la tele con algunos portavoces de inmobiliarias y lo decían abiertamente. La ley se va a derogar. Yo le preguntaba a uno de ellos: ¡qué más te da cobrar al inquilino que al casero!”, sostiene Inurrieta.

“Es que el servicio se lo presta al casero”, continúa el economista. “Es como si yo contrato a Infojobs para una selección de personal y ese servicio se lo paga el trabajador que opta al puesto. Es que es de locos”, critica el economista. 

Es el caso de Pedro Pablo Isla. “Le preguntamos si el precio del alquiler para un piso que íbamos a ver era negociable y me respondió que no, y que tenía que contar también con la mensualidad para la agencia. Le dije que eso ya no existe, por la Ley de Vivienda. Me respondió: ‘Eso lo dirás tú’. Yo le dije que la ley estaba en vigor. Su respuesta fue: ‘Y entonces yo de qué vivo”, explica Isla.

“Yo le seguí explicando, con la ley en la mano. Y me mandó un audio de tres minutos, se volvió loco. Me dijo que si no tenía dinero, algo así como que si era un pobretón, que tenía que pagar el servicio de todas maneras”, critica Isla, que denuncia que el intermediario de la inmobiliaria le resumió su postura en una frase: “Esa ley es totalmente perroflauta y lo sabes. No tiene ni pies ni cabeza”.  

Isla trabaja de actor, una profesión en la que es habitual la inestabilidad. La ausencia de contratos estables es un viento en contra. Solo esta semana, ha tenido otras malas experiencias con inmobiliarias. Una le pidió un salario “2,5 veces el importe del alquiler”, más un mes de depósito, otro de fianza y la cuota para la inmobiliaria, que es la mensualidad con el IVA aparte. Otra, cuando le advirtió que no iba a pagar honorarios, se limitó a responder: “Buen día”. 

En las redes sociales han proliferado mensajes de usuarios que muestran supuestas conversaciones mantenidas con intermediarios de inmobiliarias, en la que no solo exigen el cobro de honorarios. Uno que se ha viralizado muestra mensaje en el que una potencial inquilina recrimina a una intermediaria el pago de los honorarios. La respuesta fue: "Rojos".

“Estamos viendo de forma generalizada que las inmobiliarias siguen exigiendo a los inquilinos el pago de honorarios”, afirma Víctor Palomo, abogado y miembro del equipo jurídico del Sindicato de Inquilinos de Madrid. “Las compraventas tardan más en ejecutarse, mientras que los alquileres tardan poco y el esfuerzo es mínimo. Para las inmobiliarias es muy rentable. Estamos seguros de que si se lo exigieran al casero no pagaría esa cantidad. Dirían: ‘Para eso lo alquilo yo”, explica.

“Yo soy muy pesimista”, lamenta Alejandro Inurrieta. “No es que haya un agujero en la Ley de Vivienda. Parece fuerte decirlo, pero es que en España hay mucho delincuente. A la gente no le importa incumplir la ley porque no hay un método fiable por el que se vigila su cumplimiento y no hay ningún tipo de sanción. Es muy fácil incumplir la ley”, añade el economista.

Inurrieta, que ha asesorado al Gobierno en diferentes legislaturas en materia de economía y vivienda, sostiene que aconsejó a los artífices de la Ley de Vivienda añadir un mecanismo de arbitraje, al estilo de lo que es el SMAC en materia laboral. "La ley se ha quedado corta", lamenta.

“A mí no se me ocurre que llegue el momento en el que las inmobiliarias digan: 'Hasta aquí. Nos han pillado", lamenta Víctor Palomo. "Se va a quedar en una estafa generalizada, como los caseros que no declaran el alquiler en la renta. Si la Ley de Vivienda no incluye una vía de infracción va a ser papel mojado. Por ejemplo, una especie de carné por puntos. Si no, las inmobiliarias lo van a seguir exigiendo y quien las demande, recuperará el dinero, pero no creo que las demande muchísima gente”, añade el miembro del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

infoLibre ha contactado con varias inmobiliarias y ha contrastado que siguen incluyendo un concepto que va para ellas. Una de ellas, por ejemplo, la disfraza de "servicio al inquilino", a lo largo de su estancia en la vivienda, que incluye un "área de clientes" en la página web, donde pueden subir su documentación.

Los expertos en vivienda son pesimistas sobre este punto de la Ley de Vivienda. Las inmobiliarias van a seguir exigiendo honorarios, bajo otros conceptos, señalan. Aunque sí hay maneras de conseguir que lo devuelvan. Este miércoles, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, una de las impulsoras de este punto en la ley, publicó un vídeo explicando a los inquilinos una manera de proceder.

En resumen, Belarra recomienda a los inquilinos guardar copia de toda comunicación con la inmobiliaria para justificar que el pago que exigen es en concepto de honorarios. Luego, añade que el pago debe hacerse por transferencia bancaria, con el concepto “honorarios”. Una vez el inquilino haya accedido a la vivienda, podría reclamar la devolución con la ley en la mano. 

“Es muy importante recapitular pruebas”, añade Víctor Palomo, del Sindicato de Inquilinos. “Si les van a pedir un pago en B sin pruebas no lo van a poder denunciar. Una vez quede constancia, recomendamos que se pague vía transferencia y después se reclame en vía judicial. Mucha gente no va a hacer esto, porque pensará que no merece la pena meterse en abogados, juicios… ¡y en realidad es muy sencillo!”, añade.

El procedimiento no exige ni abogados ni procuradores. “El demandante debe enviar un burofax o un correo electrónico a la inmobiliaria que exija que se devuelva el dinero en el plazo de un mes. En caso de que no lo haga, hay que presentar una demanda sucinta, muy breve, de reclamación de la cantidad que se haya abonado por honorarios. Esta se presenta en un juzgado de lo civil”, explica Víctor Palomo. El Sindicat de Llogateres [El Sindicato de Inquilinos de Barcelona] ha publicado en su web un modelo de denuncia que puede descargarse en este enlace.

La organización de consumidores FACUA ha denunciado a 33 inmobiliarias ubicadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Palma por seguir cobrando honorarios. "Facua se encuentra realizando un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a aquellas inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, por lo que anunciará nuevas denuncias en breve", ha subrayado la organización.

El Sindicato de Inquilinos también pide a los afectados que participen en las denuncias públicas, para redoblar la presión sobre las empresas que vulneren la ley: “Que denuncien en las redes sociales, que pongan qué inmobiliarias son, cómo les quieren cobrar los honorarios, que avisen al Sindicato de Inquilinos o a las organizaciones de consumidores como FACUA. Que lo pongan en conocimiento de las direcciones generales de consumo de su comunidad autónoma. Que se acumulen las denuncias públicas para que se vea que esto no es anecdótico, sino un problema estructural”, remacha Víctor Palomo, del equipo jurídico de la organización sindical.

El Gobierno ha tirado de la palanca que pone en marcha la siguiente fase de Plan de Recuperación, que se espera que tenga un fuerte impulso y de manera más rápida en la economía española. Esa palanca es lo que se conoce como la adenda, un documento que modifica el Plan de Recuperación inicial para dar más énfasis a las partidas con mayores demandas. La gran novedad es que esta fase incluye por primera vez la solicitud de préstamos a Bruselas, no solo subvenciones, que tendrán condiciones muy ventajosas para la administración pública y las empresas y que agilizarán los trámites, al tener menor carga burocrática.

En total pueden ser hasta 84.000 millones de euros. Para poner en contexto esta cifra, la cuarta oleada de subvenciones europeas, que debe solicitar el Gobierno próximamente y que es una de las de mayor tamaño, está cifrada en 11.494 millones. Las administraciones ya han organizado líneas de financiación valoradas en 66.328 millones, que van mayoritariamente dirigidas a las comunidades autónomas para que inviertan en siete ejes, así como a la transición verde de las empresas. 

“Me parece positivo que el Consejo de Ministros haya hecho esta adenda al Plan de Recuperación”, ha explicado a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Madrid. “Hay que tener en cuenta que los fondos de recuperación van a ser fundamentales para el crecimiento económico y el estímulo de la inversión. También para todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Determinadas infraestructuras son necesarias estimular con estos fondos. Y para afrontar lo que es la recuperación post pandemia”.

El PP ha cargado duramente contra el Gobierno, por enviar la adenda antes de las elecciones. El plazo para presentarla ante la Comisión Europea es hasta el 31 de agosto y el Ejecutivo ha tomado la decisión de enviarla ya, por las complicaciones que se pueden generar a la hora de transferir los nuevos equipos ministeriales tras el 23J, algo que será inevitable aunque Pedro Sánchez continúe en La Moncloa.

Fuentes gubernamentales han afirmado a infoLibre que la adenda no es algo “cerrado”: se puede modificar en cualquier momento, sea quien sea el que gane las elecciones. La Comisión Europea tendrá hasta dos meses para dar luz verde, ampliable un mes más, algo que ocurrirá con toda seguridad para dar margen al nuevo Gobierno que salga de las urnas. Esto podría ser entre septiembre y octubre.

España ha apostado por el camino inverso al de Italia. El país transalpino organizó su propio plan de recuperación de manera que primero tuvieron más peso los préstamos y ahora llega el momento de las subvenciones. Las diferencias entre unas y otras es evidente: unos fondos se tienen que devolver y otros no. Pero los reembolsables tienen sus propias ventajas: al no ser dinero público a fondo perdido, la fiscalización es menor, y con menos burocracia, la inyección llega más rápido a las administraciones públicas, a las empresas y a los hogares. 

“Los préstamos pueden ser una herramienta muy útil para impulsar las inversiones”, añade el profesor Corrales. “Van a proporcionar capital adicional a las empresas para financiar proyectos o iniciativas, para fomentar la innovación y para estimular la ejecución con nuevas tecnologías. En el contexto del Plan de Recuperación, los préstamos pueden desempeñar un papel importante a la hora de facilitar el acceso a la financiación de empresas y emprendedores”, añade el académico.

Hay que poner en contexto en qué momento llega esto: los expertos coinciden en que los tipos de interés no van a subir mucho más de lo que ya están. Es decir, los créditos y los préstamos se han encarecido hasta llegar a cerca de lo que el Banco Central Europeo parece dispuesto a llegar. Esta herramienta da un plan B para las empresas que quieran invertir puedan hacerlo más barato de lo que ofrecen los bancos. España ha optado por empezar por las subvenciones, con un impacto inicial menos inmediato, y ha reservado los préstamos para este momento, que es más propicio, al estar el crédito más caro.

Esto supondrá un mayor endeudamiento para las administraciones o empresas que los pidan, pero las condiciones serán muy ventajosas. Tendrán un vencimiento a largo plazo, de 30 años, con un período de carencia [período en el que no se paga interés] de 10 años en el reembolso del principal. El interés será variable, dependiendo del coste medio de financiación de la Comisión Europea.

“En un contexto de restricción monetaria, el acceso a financiación más barata puede suponer una ventaja significativa para las empresas. Esto les permitiría obtener capital a tasas de interés más bajas, lo que reduciría sus costos financieros y les daría la posibilidad de realizar inversiones, expandirse o financiar proyectos de manera más asequible. Además, podría facilitar el acceso al crédito para aquellas empresas que de otra manera podrían tener dificultades para obtener financiamiento”, explica José Manuel Corrales.

¿Podría suponer esto un motivo de enfado para los bancos? Al tener una vía de financiación más barata, las empresas podrían dejar de pedir créditos y dirigirse a los fondos europeos. El profesor considera que no: “En el caso de préstamos bancarios tradicionales, los bancos todavía desempeñarían un papel importante. La relación de confianza establecida con los clientes, la capacidad para ofrecer servicios bancarios integrales y otros productos financieros seguirían siendo valiosos para muchas empresas”, opina.

Fuentes gubernamentales han explicado a infoLibre que han aprovechado la adenda para modificar el peso que se les ha dio a algunos ejes del Plan de Recuperación inicialmente. Por ejemplo, el Gobierno observa un boom de demanda de fondos en el sector del autoconsumo energético y en proyectos de hidrógeno verde, y por este motivo, van a darles más peso, tanto en los nuevos fondos como en préstamos.

Aún se desconoce el mecanismo que utilizarán las empresas para solicitarlos, pero sí que será el Tesoro el que recepcione los fondos y los vaya distribuyendo. El Gobierno ha presentado líneas para ir canalizando el dinero de manera estratégica, en los que han asignado, de momento, unos 66.000 millones. 

La partida más cuantiosa es el Fondo de Resiliencia Autonómica, una línea de 20.000 millones destinada a las regiones para que inviertan en siete ejes: vivienda social, transporte sostenible, competitividad industrial, innovación, turismo sostenible, economía de los cuidados y gestión de aguas y transición energética. La segunda gran línea es la Verde, tramitada por el ICO, que aumentará en 15.000 millones la financiación disponible para la transición ecológica. Otra línea de 7.000 millones estará destinada al crecimiento empresarial, de los que 1.000 millones irán a las empresas de turismo sostenible. 

Hay diferentes líneas destinadas a sectores, que se adecuarán a las particularidades de cada uno para agilizar el trámite. Entre estos habrá un fondo para start-ups tecnológicas, otra de vivienda social en alquiler, otro para ciberseguridad, para el sector audiovisual, para empresas especialmente afectadas por la pandemia o para pymes.

Los préstamos van a tener un peso fundamental en algunos de los PERTE prioritarios para el Gobierno. Por ejemplo, en el PERTE de microelectrónica y semiconductores, que pretende canalizar inversiones para que las empresas diseñen y produzcan chips en España, está dotado de 12.000 millones de euros, de los que 10.000 serán préstamos. También en el apoyo a pequeñas empresas tecnológicas. Según fuentes gubernamentales, la idiosincrasia de estos sectores hace que el mecanismo más ágil sea más útil, aunque luego tengan que reembolsar el dinero. Las grandes empresas tienen más medios para cumplir todo el proceso que implica pedir una subvención a fondo perdido, inciden las mencionadas fuentes.

John no puede seguir con sus clases en la autoescuela. “No me da la cabeza”, lamenta. Ha pagado 650 euros en dos tandas de 10 clases, pero se ha dado cuenta de que una veintena de lecciones al volante no son suficientes para presentarse al examen. Y es que tiene una preocupación que no le deja centrarse: un gigantesco fondo de inversión va a intentar este jueves expulsarle de su casa, por tercera vez. Tanto a él, como a su pareja y a sus tres hijas pequeñas. La causa: ninguna, porque nunca dejó de pagar el alquiler. Es la mala suerte de entrar a vivir en unas viviendas que una vez fueron de protección oficial y que ahora están en manos de Blackstone. 

“Este lunes me llamaron para ofrecerme 1.000 euros para que me fuera”, explica John, de 43 años, a infoLibre. De origen nigeriano, lleva 17 años en España, todos en Alcorcón, ciudad natal de sus tres hijas de 1, 4 y 6 años. “El dinero no es problema, no me hace falta. El problema está en dónde voy a conseguir otro alquiler. Piden unas nóminas muy altas”, lamenta.

El dinero, obviamente, tampoco es un problema para Blackstone, una de las mayores gestoras de activos del mundo, valorados en cerca de un billón de dólares. Sin ir más lejos, este lunes The Wall Street Journal ha anunciado que ha vendido un resort en Estados Unidos por más de 800 millones de dólares, la segunda mayor venta de un solo activo de la historia reciente de EEUU.

En España, donde opera a través de sus ramas Testa y Fidere, se considera el “mayor casero” por su compra masiva de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome de los precios. Y también es calificado de "fondo buitre", por aprovechar esa coyuntura para convertir la vida de sus inquilinos en un suplicio, multiplicando los precios de las cuotas o incorporando cláusulas abusivas a los contratos. 

Esta es la propietaria de unos edificios en la calles de Estocolmo y Bratislava, en Alcorcón, donde viven 40 familias a las que el fondo buitre va a llevar a juicio. La primera ha sido María, una vecina que se ha sentado en el banquillo este martes, mientras fuera le esperaban sus vecinos, también acusados, y varias decenas de activistas de los movimientos madrileños de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH. Ha salido airosa: “Blackstone acepta nuestras condiciones”, ha exclamado emocionada, con el megáfono. En su caso, supone aplazar, de momento, la marcha del edificio. El resto de vecinos hacen cuentas para ver quién será el siguiente. Para John no hay juicios: este jueves se enfrenta a su tercer desahucio. 

Los problemas de John no se limitan a resistir los embates de una de las gestoras de activos más grandes del mundo. Tiene un problema cardiológico por el que le ha sido reconocida una discapacidad del 33%. Por suerte, reconoce, no le impide trabajar. Lo que sí le han recomendado fervientemente es que evite el estrés y la ansiedad, algo difícil cuando un fondo de inversión te trata de desahuciar cada cierto tiempo. “Me siento muchas veces muy nervioso, a veces un poco mareado…”, lamenta.

La pareja de John, de 33 años, acaba de conseguir trabajo en una conocida cadena de restaurantes. Sus hijas van a un colegio que está a escasas decenas de metros de su edificio. Están enraizados en el municipio y, concretamente, en su barrio, en el que llevan cinco años. Él, que ha trabajado la mayor parte de estos años como mozo de almacén, ahora está desempleado. Acaba de empezar a buscar trabajo, pero es una tarea que reconoce que no le supone demasiado esfuerzo. “Para mí es fácil encontrar trabajo. Con la tarjeta de discapacidad, más todavía. Puedo hacer casi cualquier cosa, menos correr o hacer mucha fuerza”, explica.

John tiene todo lo que necesita: familia, trabajo, un techo... Solo le falta una cosa, que es justo lo que le exige su médico: tranquilidad. En casa viven una calma tensa. “Mi mujer está triste desde hace mucho tiempo. Mi hija mayor también, porque sabe lo que está pasando. Sabe que tengo una enfermedad en el corazón”, lamenta.

John ha solicitado una vivienda de protección oficial. “De momento, no sale nada”. Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos, que le han ayudado desde el principio, le están dando esperanzas. Creen que es posible que el desahucio de este jueves se vuelva a posponer. Pero reconoce que está perdiendo la paciencia: “Este jueves me desahucian y no sé qué hacer. Tengo muchos muebles dentro, no tengo ni adónde llevarlos. A lo mejor se pospone, pero dentro de unos meses será otra vez lo mismo. Y no soy solo yo, ¡es casi todo el edificio!”, lamenta. 

El edificio de la calle de Estocolmo fue levantado a iniciativa de la Comunidad de Madrid, que otorgó en 1999 la calificación de viviendas de protección oficial a las parcelas donde se erige. A los pocos meses de construirlo, el edificio pasó a manos de Banco Santander, posteriormente a la constructora Sacyr, y por último a Testa, actual casera. En este edificio vive Antonio, un vecino de 84 años, que lleva 22 años en el edificio y cuyo alquiler pasó de 200 euros a 625 euros. También Jesús, de 57 años, 12 en el edificio y que le exigen un aumento de 875 euros.

John lleva menos tiempo, unos cinco años. Mientras que Testa ofrece al resto de vecinos algunas posibilidades como subirles el alquiler, aunque sea a niveles abusivos, a él ni siquiera eso. Lo quieren fuera de la vivienda. John no sabe explicar por qué a algunos les ofrece opciones y a él no. Se señala el brazo: “Soy el único que no es blanco…”, señala, encogiéndose los hombros. 

Testa acusa a John de impago, pero él, sorprendido, defiende que no ha dejado de pagar nunca: “Ellos se cobraban el dinero de mi cuenta cada mes. Cuando terminó el contrato, en julio de 2021, fui a mirar la cuenta y no lo habían cobrado. Llamé a Testa y pregunté por qué. Me dijeron que el contrato se había terminado y que tenía que marcharme”, explica

“No le han validado la prórroga de un año, ni tampoco las que aprobó el Gobierno. Blackstone se ha cebado con su familia”, explica a infoLibre Mercedes Revuelta, activista del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Revuelta cree que el motivo por el que el fondo buitre acepta hablar con unas familias, pero no con la de John, es por su nivel de ingresos. “Estamos negociando estos días para que se pare el desahucio”, defiende. 

Cuando Testa dejó de cobrarle a John el alquiler, los movimientos de la vivienda le aconsejaron consignarlo en sede judicial, para evitar que le acusaran de impago. Y así hizo, hasta que un día el juez le dijo que dejara de hacerlo.

“El lunes me llamaron de parte de Testa. Me recordaron que tengo el desahucio este jueves y me preguntaron ‘¿Qué plan tienes?’. Yo les dije que ninguno”, cuenta John. “Me ofrecieron 1.000 euros, para pagar un mes de alquiler en otra parte. Yo les dije que no puedo aceptar el dinero, primero porque el dinero no es mi problema. Mi problema es que no tengo adónde ir. Para los contratos de alquiler piden dos contratos de trabajo que suman casi 3.000 euros [como aval]. No me puedo ir. Pero es que además, con 1.000 euros, ¿adónde voy?”, se pregunta. 

No es la primera vez que le ofrecen dinero: “El año pasado me ofrecieron 5.000 euros. Llegué a pensarlo, pero es que no tengo alternativa. Les dije que solo quería hablar con ellos para negociar alguna alternativa”, insiste. A diferencia de otros vecinos, como el octogenario Antonio, que no quiere dejar su casa, John sí aceptaría una alternativa habitacional. Pero Testa no cede a negociar, pese a sus intentos, los de los movimientos sociales e incluso los del propio Ayuntamiento. 

Tanto los movimientos sociales como fuentes municipales confirman que no es la primera vez que oyen que Testa ofrece dinero en metálico a personas que quiere desahuciar: “Es la mafia y los trapicheos de un gran fondo para evitar más trajín jurídico. Le sale a cuenta pagar 1.000 euros para que hagas la mudanza y te vayas corriendo”, critica Mercedes Revuelta.

El Sindicato de Inquilinos de Madrid critica que el trabajo del Consistorio se limitó a enviar una carta a la Comunidad de Madrid y a Blackstone y que, dado que ninguna aceptó sentarse en una mesa, su plan de mediación se quedó en vía muerta. “Podrían haber aprobado bandos, sacar carteles, presionar, hacer declaraciones a medios de comunicación… Hemos encontrado en el Ayuntamiento una pared de hormigón armado”, lamenta la activista Mercedes Revuelta.

El Consistorio, gestionado por el PSOE, aún se está recuperando estos días del susto electoral. Ha revalidado la alcaldía en estas elecciones municipales por un pelo: el Partido Popular se ha quedado a 42 votos de arrebatarle el último escaño a la izquierda, necesario para obtener una mayoría absoluta con Vox. El recuento ha dado la razón a los socialistas. 

“Los vecinos piden una negociación colectiva, pero Testa se niega a eso”, explica a infoLibre Rosana Zarapuz, concejala de Vivienda del municipio. El Ayuntamiento, a petición de las familias afectadas, aprobó una moción en noviembre en el que se comprometió a mediar. La Comunidad de Madrid ni siquiera respondió. El Ayuntamiento dice que Blackstone sí, pero evitó comprometerse a negociar. Ahora, empieza a ver un cambio de actitud. 

“La novedad es bastante reciente. Desde hace unas semanas se está comenzando a hablar. Vemos que ahora Testa sí reconoce al Ayuntamiento como interlocutor”, añade la concejala. “Lo que hemos conseguido es que Testa haga un estudio individualizado, pero de todos los afectados, sin excluir a nadie. Lo que no sabemos es la solución que se le va a ofrecer a cada uno”, explica. Añade que el Ayuntamiento iba a acordar una segunda moción, pero pactaron con los vecinos retrasarla, por si perjudicaba a las negociaciones, añade.

Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos siempre han rechazado el estudio individualizado de los casos y exigen una negociación colectiva para todo el bloque. Lo otro, arguyen, implica que los vecinos más vulnerables tengan que pasar por el aro con peores condiciones. La Ley de Vivienda tampoco les socorre: “Las herramientas que podríamos usar dependen de que la Comunidad de Madrid declare esto como zona tensionada. No se va a aplicar la ley”, lamenta Mercedes Revuelta.

Mientras tanto, siguen los procesos judiciales en curso, los movimientos sociales emboscados, el fondo buitre llamando a John para presionarle y él, buscando en medio de todo esto, lo único que le ha pedido su médico: algo de tranquilidad. “No debo nada. Pagué cada mes. Tenía derecho a prórroga, no me dejaron pagar. Quiero un nuevo contrato y seguir pagando el alquiler. Tengo tres niñas y no sé dónde ir”, lamenta John.

*ACTUALIZACIÓN (07/06/2023 12.29): El Sindicato de Inquilinos ha informado a infoLibre que Blackstone ha pedido que se paralice el tercer intento de desahucio, previsto para mañana. "Si en unos meses se ve que no se puede llegar a un acuerdo, la propiedad es libre de pedir al juzgado que vuelva a señalar una fecha para otro intento de desahucio", han informado fuentes de la negociación.

Los edificios de oficinas están en el punto de mira al ser el nuevo punto débil del sector financiero e inmobiliario. Empezó a ser una preocupación en Estados Unidos, donde las valoraciones se están desplomando por el auge del teletrabajo y el menor uso de este tipo de oficinas, así como por la crisis de las empresas tecnológicas, que dejan a sus espaldas cada vez más edificios vacíos. El cierre de muchas empresas pequeñas y emergentes ya provocó la quiebra en tiempo récord del Silicon Valley Bank, banco muy expuesto al sector tecnológico, que llegó a Europa en forma de crisis de confianza del sector financiero, que hizo temblar los cimientos de Credit Suisse.

También la crisis de las oficinas ha llegado a Europa. Según el bróker Savills Plc., citado por Bloomberg, el precio de los edificios de oficinas se ha desplomado un 30% en ciudades como París, Berlín o Amsterdam. Paralelamente, las subidas de tipos de interés encarecen el crédito y las empresas propietarias de los edificios tienen bonos valorados en 165.000 millones de dólares con vencimiento en 2026. El aumento de costes y pérdida de valoración ya ha supuesto 148.000 millones de valor perdido para las propietarias, según estimaciones de Bloomberg.

Los reguladores en EEUU están desde hace meses muy alerta. Desde que se extendió el teletrabajo tras los confinamientos, los niveles de presencialidad laboral no han recuperado los niveles previos a la pandemia, y eso está dejando cientos de miles de edificios de oficinas infrautilizados a lo largo del país, lo que ha hecho desplomar su rentabilidad. El problema de esto es la alta exposición que tienen muchos bancos regionales al sector, que a su vez están sufriendo por las subidas de tipos de interés, y que se tienen que deshacer de parte de sus carteras para obtener dinero líquido y pagar los vencimientos de deuda. 

Según la consultora CBRE, la tasa de disponibilidad de oficinas en Estados Unidos –edificios que se encuentran vacíos– ha pasado del 12,3% al 17,8% en tres años, en una curva ascendente que no frena, pese al fin de los confinamientos entre 2021 y 2022. Los edificios han seguido vaciándose. La mencionada consultora espera que se alcance el 19% antes de que termine este año, lo que supone que uno de cada cinco edificios de oficinas se encuentra vacío. 

Según cita el diario económico The Wall Street Journal, ante la escasa demanda existente, el valor de los edificios de oficinas podría desplomarse más de un 30%, que se agravaría en algunas zonas hasta llegar a un 80%, lo que supondría pérdidas de unos 24.000 millones de euros, al cambio en dólares. Según informa el diario, las pérdidas son lo suficientemente importantes para provocar que muchos propietarios entren en crisis y dejen de pagar sus deudas. 

“En Estados Unidos hay un problema muy grande con las oficinas, aunque no es del todo extrapolable a España”, explica a infoLibre Mikel Echavarren, presidente y CEO en España de la consultora Colliers. “En primer lugar, porque las urbes allí no son ciudades-dormitorio, como en España. La gente vive en el extrarradio y va a la ciudad a trabajar, que pueden ser más de 100 kilómetros diarios. Eso va unido a que en España hay un gran porcentaje de empresas tecnológicas que permite el teletrabajo y que se da como un complemento al sueldo”, explica Echavarren.

El presidente en España de Colliers ve riesgo en Estados Unidos: “Los bancos pequeños y medianos han puesto mucha financiación en la construcción de oficinas”. Coincide el economista Gonzalo Bernardos: “Si te encuentras un banco muy especializado en la construcción de oficinas, que han firmado la mayoría de créditos a tipos variables, con las subidas de tipos de interés, y si encima el banco no es muy grande… pues adiós”, resume. “En España no creo que sea tan dramático”, añade. 

El presidente de Blackstone, Jonathan Gray, ha mencionado en EEUU la “debilidad sin precedentes” de los edificios de oficinas más antiguos, aunque para esta gestora de activos no es un problema: solo ocupa un 2% de su cartera de activos. Esta está considerada en España un fondo buitre, al adquirir a través de sus socimis Testa y Fidere vivienda pública de alquiler y empeorar las condiciones de vida de los inquilinos. En España ya se ha empezado a desprender de parte de su cartera inmobiliaria. Blackstone puso a la venta en febrero tres edificios de oficinas en Madrid y Barcelona valorados en 350 millones de euros.

 “En España es un fenómeno que se circunscribe a Madrid y Barcelona. En estas dos ciudades es cierto que hay una diferencia notable entre los edificios de oficinas en los distritos financieros y el extrarradio”, explica Mikel Echavarren. “Por ejemplo, las oficinas en el eje Castellana han aguantado muy bien. Los propietarios han podido trasladar la inflación a las empresas inquilinas. Pero, en Madrid, las radicadas fuera de la M-30 cuentan con muchísima desocupación. Y el mercado en general está muy muy muy parado”, incide Echavarren.  

Según un informe de la consultora CBRE, la tasa de disponibilidad de oficinas es de un 11,6% en Madrid, cifra que se dispara al 16% en el extrarradio. El director de Colliers en España ha afirmado a infoLibre que las transacciones del sector han bajado en el primer trimestre un 76% respecto a la media de los últimos cinco años. 

“En Barcelona se han combinado tres factores: el aumento de oficinas construidas, ¡más de 200.000 metros cuadrados desde la pandemia! Por otro lado, el teletrabajo ha reducido el número de metros cuadrados que necesitan las empresas. Por último, la crisis de las start-up. El distrito 22@ está compuesto en un 80% por empresas tecnológicas. Estamos viendo un incremento del espacio libre brutal y bajadas de rentas de hasta el 30%. Que no te extrañe que el dato sea superior si la tendencia continúa”, añade Bernardos.

Es lo que Bernardos califica de “guerra total” por el alquiler. Propietarios de edificios de oficinas que, cuando se va una empresa inquilina, hacen ofertas agresivas a los negocios de alrededor. “Estamos viendo rebajas que pasan de 18 euros el metro cuadrado a 13 o 14. Si como empresa tienes un contrato a largo plazo, te interesa muchísimo”, añade el economista. 

Estos factores son los que están provocando una caída de los precios. Y con eso, el fracaso del plan de negocio de empresas propietarias: “Cuando la rentabilidad de esos beneficios cae más que el interés que pagan por el crédito, las cuentas no salen”. La preocupación en Estados Unidos y en algunos países de Europa no es cómo afecta a la rentabilidad de estas empresas, sino cómo puede impactar en el resto de la economía. 

“No es preocupante para España”, sostiene Gonzalo Bernardos. “Creo que veremos casos puntuales. Por ejemplo, creo que Colonial sí va a tener problemas”, en referencia a una de las dos inmobiliarias que cotizan en el Ibex 35, altamente expuestas a estos edificios.

“En Alemania sí estamos viendo fondos que están obligados a vender a toda costa, pero creo que en España las grandes inmobiliarias pueden aguantar todavía carros y carretas”, añade Bernardos. La otra gran inmobiliaria del Ibex, Merlin Properties, espera una devaluación de su cartera de oficinas en España de unos 500 millones, como informó El País.

Paralelamente a los problemas que presentan las oficinas, hay uno último: están en riesgo de obsolescencia, un fenómeno que ocurre en España, en Europa y a nivel global. Un estudio de la inmobiliaria Cushman & Wakefield considera que el parque de las oficinas se ha convertido en un lastre en parte del balance de las grandes inmobiliarias. 

El estudio analizó más de 218 millones de metros cuadrados de oficinas en 14 mercados de 11 países y el resultado es que solo el 24% de los edificios de oficinas tienen menos de 10 años de antigüedad y sí están adaptados a los nuevos negocios y a las formas de ver el trabajo después de la pandemia: con espacios de coworking, áreas al área libre, accesible para las personas con movilidad limitada y adaptados energéticamente.

El resto, es decir, el 74%, está en riesgo de no adaptarse a las necesidades de las empresas, lo que puede provocar que para muchos grandes tenedores tengan que hacer una gran inversión. En España, el 53% de los edificios de oficina se construyeron antes del año 2000. En Madrid, casi el 60% de los edificios de oficinas tienen más de 20 años. Está por ver cómo afectan todos estos factores a los bancos y las inmobiliarias y las consecuencias de esto al resto de la economía.

En Barcelona, en 1931, los vecinos dejaron de pagar el alquiler. CNT, impulsora de la huelga, se sumaba a una corriente europea: la autoorganización de los inquilinos para defender sus derechos. En países como Austria, esas organizaciones siguieron creciendo décadas después y han llegado a la actualidad convertidas en grandes instituciones de defensa de los inquilinos que participan activamente en las leyes de vivienda o en la negociación de los precios del alquiler. España tomó un rumbo diferente: la dictadura franquista apostó masivamente por la propiedad, como también se hizo luego en democracia, hasta la crisis financiera. Tras la debacle inmobiliaria, en España el alquiler ha ido ganando una repentina relevancia, asemejándose a los vecinos europeos, pero sin un sistema articulado de décadas de conquistas sociales, lo que ha abonado el campo para un mercado de especulación y desprotección de los arrendatarios.

Esta situación ha provocado que hayan nacido de golpe sindicatos de inquilinos en las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, Mallorca, Donosti, Málaga o Sevilla. En pocos años, han paralizado expulsiones masivas de vecinos, han emprendido acciones legales contra fondos buitre y han presionado a los legisladores hasta conseguir escribir algunas líneas en el Boletín Oficial del Estado, como la que prohíbe que las inmobiliarias cobren honorarios al inquilino. No han nacido de la nada: surgen tras años de lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de los que heredan los métodos, aunque abordan un problema diferente. Este fin de semana, sindicatos de varias comunidades autónomas se sientan juntos por primera vez. El objetivo es tejer una estrategia estatal.

“Hemos conseguido sentarnos con Goldman Sachs. En ese momento nos dimos cuenta de que podíamos conseguir muchas cosas más”, cuenta Silvia Abadía, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Esto ocurrió en 2018, apenas unos meses después del nacimiento del sindicato catalán. 121 familias residentes en un bloque del municipio barcelonés de Sant Joan Despí [34.000 habitantes] recibieron un burofax. “Goldman Sachs había comprado el inmueble y les dijeron que el alquiler iba a subir un 50%. Se organizaron y vinieron al sindicato. El resultado fue muy positivo, les acabaron renovando los contratos a todos, sin subidas o con subidas pequeñas”, explica Abadía. Fue el germen de otras muchas victorias. 

En el verano de 2019, unas 80 familias que residen en un bloque del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz [130.000 habitantes], recibieron un mismo burofax. Fidere, que luego descubrirían que se trataba de una rama de la gigantesca gestora de activos financieros Blackstone, acababa de comprar sus viviendas de protección oficial y les quería duplicar el alquiler. Estaban ante un hecho sin precedentes: un fondo buitre había comprado un edificio completo, aparentemente protegido por la Comunidad de Madrid, y les pedía algo que pese a que a todas luces era abusivo, parecía legal.

“En mi caso, pedían que el alquiler pasara de 700 a 1.200 euros”, explica José, que prefiere no dar su apellido. Este funcionario de 49 años reside en una casa con su pareja, dependienta en una tienda de ropa y su hija pequeña. “Somos una familia mileurista, con ese alquiler podía vivir, pero si me lo subían no hubiera tenido para comer”, explica.

Las familias del bloque entraron en pánico. Cuando entraron a vivir en esas viviendas las habían elegido porque era algo “seguro”, con el sello de la Comunidad de Madrid. Lo que les estaba pasando no tenía nada que ver con los casos de desahucios conocidos, donde un banco concreto desalojaba a una familia concreta. Era un fondo buitre comprando vivienda protegida en lote y forzando a todas las familias a aumentar sus cuotas o a marcharse. “Empezamos a reunirnos y una vecina dijo que había visto en las redes sociales que en Madrid se había creado un sindicato de inquilinos, así que decidimos llamarlos”. 

En la primera reunión con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, un portavoz les dio a las familias un consejo les cambiaría el futuro: seguir pagando el alquiler, pese a la oposición del fondo buitre. “Cuando mandábamos una transferencia, Fidere la devolvía. Así que empezamos a mandar la cuota del alquiler por giro postal. Si lo devolvían, acudíamos a consignarla en los juzgados. La cuestión era dejar siempre constancia de que no estábamos incurriendo en impago”, explica José. Sin el consejo de la organización, a las familias no se les habría ocurrido que podrían haberlos desahuciado por este motivo.

“Hicieron un trabajo espectacular y no nos pidieron ni un euro a cambio”, añade José. “Fue muy duro. Pasamos muchas noches sin dormir. Estábamos desesperados…”, lamenta. Los abogados del Sindicato de Inquilinos comprobaron los contratos de alquiler y encontraron cláusulas abusivas que no se ajustaban a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las familias se convirtieron en las primeras en llevar a juicio a la filial española de Blackstone. “Fidere trató de dividirnos. Hizo ofertas a algunos vecinos ‘Si aceptas, te regalamos un mes’. O: ‘Te mantenemos tus condiciones un año’. Algunos no aguantaron la presión y picaron…”, lamenta José. 

El conflicto se enquistó y se acabó contratando a una empresa de mediación. “Accedimos a retirar las denuncias por cláusulas abusivas si ellos retiraban sus demandas de desahucio. Al final, conseguimos llegar a un acuerdo para las cuotas. En mi casa hoy pagamos 817 euros, frente a los 1.200 que me querían subir. Esa cantidad sí es asumible para mi familia. Los vecinos que picaron con las ofertas de Fidere, acabaron yéndose, porque no podían pagar los precios que aceptaron. A los que tenían alquileres de unos 450 euros, los subieron a unos 600, en lugar de los 900 que pedían.”, celebra José. Otro pulso ganado a un gigante.

Mientras España estuvo décadas apostando por la propiedad, en muchos países europeos se vivía mayoritariamente de alquiler. Los sindicatos de inquilinos fueron creciendo y contribuyendo a moldear el sistema, para proteger a los vecinos. Mientras que aquí han nacido como organizaciones asamblearias, como reacción a los abusos del mercado, en los países vecinos se han ido convirtiendo en algo más parecido a UGT que a la PAH. Se trata de organizaciones institucionalizadas, jerárquicas, con una gran estructura descentralizada a nivel regional y local, un sistema de financiación propio, con decenas o cientos de miles de afiliados. Más que un movimiento social, es una institución más del mercado inmobiliario.

La Asociación Alemana de Inquilinos es una organización histórica con un arraigo local muy fuerte: reúne bajo su paraguas a más de 300 asociaciones locales que a su vez se coordinan en 15 regionales. Una de estas, por ejemplo, es la de Múnich, creada en 1922 y que cuenta hoy con 63.000 miembros. Se estima que hay 500 centros de asesoramiento para inquilinos distribuidos por el país germano. La asociación tiene más de 1.300 trabajadores y cuenta con unos 2.500 voluntarios. Su trabajo se financia con las cuotas de los asociados y no reciben financiación pública, por lo que presumen de autonomía. 

Su objetivo es la representación política de los intereses de los inquilinos y son reconocidos ante la administración y por los legisladores como interlocutores válidos de este colectivo. En un país de 83 millones de habitantes, se estima que hay 22 millones de contratos de arrendamiento. No hay legislación de vivienda en Alemania que no pase por esta organización. Sus objetivos son ampliar la protección de los inquilinos, defender alquileres asequibles, viviendas sociales, modernización energética, la incorporación de energías renovables y la paz social en las zonas residenciales. 

En Suecia, el sindicato mayoritario es uno de nombre impronunciable, Hyresgästföreningen, que reúne a más de medio millón de afiliados en un país habitado por 10 millones de personas. Los sindicatos de inquilinos suecos existen desde hace más de 80 años y la ley les concede un papel preponderante en la negociación de las subidas de los alquileres, mediante un sistema relativamente similar a la negociación salarial en España. Los alquileres son vitalicios y las subidas de cuotas se negocian a nivel regional, como se negocia un convenio colectivo. Esta organización, por tanto, tiene un papel similar al que tiene UGT o CCOO, pero en materia de vivienda. 

Austria, que es el país cuyo modelo del alquiler cosecha más elogios, por el enorme parque público de vivienda del que dispone y por lograr alquileres asequibles en una ciudad como Viena, también tiene una organización histórica, que se remonta a 1911. Esta nació, en sus propias palabras, para “ejercer presión política”, como podrían ser las iniciativas surgidas en España. Con el paso de las décadas ha ido acumulando otra serie de funciones. Hoy, como en el caso alemán y sueco, esta organización participa activamente en los procesos legislativos relacionados con la vivienda como representación legítima de los inquilinos. Cuenta con unos 60.000 socios –en un país de unos 8,9 millones de habitantes–, de los que se financia. 

“Los sindicatos en España están muy relacionados a cómo se ha desarrollado el problema de la vivienda aquí”, explica Víctor Palomo abogado y miembro del equipo jurídico del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. 

El abogado ve dos reformas sustanciales que dieron paso a que el problema de la vivienda alcanzara al alquiler: “El Gobierno de Mariano Rajoy hizo dos cambios sustanciales en la ley. Primero, permitió la llegada de las socimis [vehículos de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa]. Esto supuso una alfombra roja para la llegada de los fondos buitre. Por otro lado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos rebajó los derechos de los inquilinos, los contratos pasaron de 5 a 3 años, facilitaron formas de rescindir contratos o para desahuciar”, añade Palomo. El actual Gobierno los volvió a elevar a 5 años.

El abogado considera que el hecho de que en España hubiera tantas viviendas baratas y vacías, consecuencia de la burbuja inmobiliaria y posterior crisis financiera, así como esta relajación legislativa, hizo que muchos fondos de inversión se fijaran en España como una opción interesante para obtener rentabilidad fácil: “En la época del ‘ladrillo’, la especulación consistía en gente que se compraba una segunda casa porque ‘se pagaba sola’ al alquilarla. Esto es totalmente diferente, ahora son gigantescas sociedades mercantiles con sede en el extranjero que lo hacen de manera sistemática”, critica.

“Entre 2016 y 2017 empezamos a ver el problema del alquiler. La PAH seguía con mucha actividad, pero este era otro tipo de conflicto: ahora veíamos fondos que compraban pisos enteros y querían expulsar a todos los vecinos. Eran conflictos colectivos contra muchas familias a la vez”, explica Víctor Palomo. Es el caso, por ejemplo, del Bloque Arganzuela. Como contó infoLibre, una gestora de activos compró un bloque de pisos en Madrid, expulsó a todos sus inquilinos, troceó las 25 viviendas que tenía en 45 y, pese que eran la mitad de pequeñas, triplicó sus precios a través del alquiler por temporadas.

“En 2018 vemos que por primera vez deja de hablarse de problemas concretos de inquilinos, que sufren condiciones abusivas, para hablar de un problema general del alquiler”, añade Palomo. “Ahí ya había fondos buitres radican sus sedes en paraísos fiscales y que prometen a sus accionistas rentabilidades anuales que les lleva a emprender estrategias muy agresivas”, añade.

Desde entonces, y especialmente tras la pandemia, cuando el problema del alquiler en las grandes ciudades ha llegado a un extremo, se empezó en una carrera política para intentar diseñar la primera Ley de Vivienda de la democracia. Las organizaciones de inquilinos no quisieron estar al margen, y presionaron a los partidos políticos con protestas en la calle y también sentándose con ellos. Mientras, paralelamente le surgían como setas conflictos a los que atender. Familias en apuros. “Empezamos a tener bloques de 50 vecinos, que reciben muchas cartas simultáneas. Empezaron a llamarnos de ocho bloques, nueve, diez… en distintos municipios. A partir de ahí, empezamos a centrarnos también en problemas comunes, por ejemplo, asesorar a los inquilinos cuando tienen problemas con la fianza o, tras la pandemia, cuando se incumplía el tope de la subida del alquiler del 2%”, añade.

Los portavoces de los sindicatos madrileño y barcelonés rechazan que el camino sea buscar institucionalizarse, a semejanza de los grandes sindicatos europeos: “En España seguimos teniendo una cultura de vivienda muy distinta respecto al resto de países europeos. En Suecia hay un control del mercado del alquiler que ni locos tenemos en España. En Alemania o en Austria hay un nivel de vivienda social que permite cambiar el hábitat legislativo. En España no estamos en esas. Copiamos estrategias de lucha de sindicatos laborales, pero no vemos la institucionalización”, explica Víctor Palomo, de la organización madrileña.

“Obviamente reivindicamos nuestro papel, que existamos como interlocutores a todos los niveles y que seamos reconocidos como los defensores de los intereses de los inquilinos, como también los tienen las patronales inmobiliarias”, explica Silvia Abadía, del Sindicat de Llogaters. “Pero somos superclaros: nuestra línea se basa en la acción sindical. Tenemos estructuras horizontales y trabajamos con base en lo que nos llega semanalmente a las asambleas. A diferencia de otros países de Europa, donde el alquiler es más tradición, nosotros empezamos ahora. Pero sí nos queremos separar de ellos en ese sentido, nuestras prácticas vienen de abajo a arriba”, añade Abadía.

Un gran primer logro de estas organizaciones es la autoría de algunos artículos de la Ley de Vivienda, la primera de la democracia en parte debido a la presión ejercida por estos nuevos sindicatos. “Teníamos las expectativas muy altas. La ley es bienvenida, pero no ocultamos que hay partes que nos decepcionan”, resume Víctor Palomo. Los sindicatos critican, entre otras, la ausencia de regulación del alquiler por temporadas o perciben grietas que permiten a los grandes fondos esquivar partes fundamentales de la ley. “Hay cosas que hemos reconocido que han partido de nosotros, pero otras muchas se han descafeinado mucho”, lamenta el abogado.

Uno de los éxitos cosechados es la prohibición de que las inmobiliarias cobren una comisión a los inquilinos en concepto de honorarios. “La nueva Ley de Vivienda es un tocho de 61 páginas, pero hoy queremos destacar una sola frase: ‘Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato serán a cargo del arrendador, reza un tuit del sindicato madrileño. Al mensaje acompaña una foto, de una peineta ante una inmobiliaria. “¿Sabéis qué quiere decir? Pues que por fin podemos gritar: adiós parásitos”, sentencia el sindicato.

El 15 de abril de 2020, aún con los españoles encerrados en casa, el Congreso acogió un debate, a propuesta del Partido Popular, para que el Gobierno diera cuenta de la destrucción de empleo histórica que se había producido el mes anterior, con el brote de coronavirus. En apenas tres semanas, la Seguridad Social había perdido de golpe 900.000 afiliados. El diputado de Vox Juan José Aizcorbe estaba criticando la “falta de técnica” y la “intencionalidad ideológica” de los decretos que el Gobierno estaba aprobando, cuando de repente, se fue la luz en la sala. “Supongo y espero”, continuó el portavoz de Vox, a oscuras, con la sala iluminada solo por los focos de emergencias, “que la luz se haga al final del camino, no como aquí”.

Si el “camino” es la legislatura, el final ya está aquí. Tres años después, la debacle del empleo provocado por el confinamiento ha quedado superada. Algunos datos han conseguido récords y otros no, pero han recuperado niveles previos a la crisis financiera. La cifra de cotizantes ha alcanzado por primera vez los 20,8 millones. El dato de desempleados sigue siendo alto, de 2,7 millones de trabajadores, pero es una cifra no vista desde antes de la crisis y muy por debajo de los seis millones que se alcanzaron en su epicentro. 

Y también mejora la calidad: “El 44% del empleo es indefinido, cuando tradicionalmente era el 9%. Para los laboralistas es una realidad que la reforma laboral ha conseguido que esto funcione”, explica Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Es un elemento extraordinariamente positivo, cualquiera persona que mire estos datos desde fuera diría que son francamente buenos”, añade el académico.

En aquella comisión a oscuras de abril de 2020, ya con la luz de vuelta, tomó la palabra la diputada del PP Pilar Marcos, que leyó un titular del diario El País: “Rajoy se despide con un récord de creación de empleo en mayo y el paro en el nivel de finales de 2008”. Se estaba dirigiendo a la portavoz socialista, que había criticado las políticas de empleo de los conservadores durante los gobiernos del PP. En ese mayo de 2018, el último de Rajoy, hace cinco años, hubo 18,9 millones de cotizantes. Ahora, el objetivo la serie histórica está a las puertas de llegar a los 21 millones.

"Hace un año hablábamos aspiracionalmente de si llegábamos a los 20 millones”, ha recordado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, este viernes, durante una entrevista en TVE. “Es que desde que empezó la pandemia, desde antes de la pandemia, hemos creado 1,3 millones de empleos. Con una pandemia, una guerra de Ucrania, la subida de los precios de la energía, es decir, la capacidad que hemos desarrollado de resiliencia y de absorción de perturbaciones de la economía española no tiene parangón y al final el resultado es lo más tangible, más empleos y mejores empleos para los españoles", ha subrayado el ministro. 

En mayo, respecto a abril, se han añadido 36.800 cotizantes, hasta alcanzar la cifra de 20.715.284. Escrivá estima que el umbral de los 21 millones se cruzará en junio o julio. De ser en el primer mes, el dato se conocerá en los primeros días de julio, antes de las elecciones, por lo que será un hito que el Gobierno exprimirá en la campaña electoral para promocionar el éxito de sus políticas de empleo. 

“Es que en antes de la crisis financiera nunca se llegó a eso, el récord estuvo en torno a los 19,5 millones. Luego, tras las políticas de austeridad y la liberalización de los despidos, la cifra cayó en su punto más bajo a los 16 millones. Y en la recuperación, antes de la pandemia, nunca se alcanzaron los 20 millones. En 2020 tuvo un bajón enorme, pero gracias a los ERTE se controló. Hoy la situación es muy buena,”, explica Antonio Baylos. 

En cuanto al desempleo, hay 2,7 millones de personas, unas 200.000 menos de las que había en mayo de 2022 y 300.000 menos en mayo de 2019, antes de la perturbación que produjo la pandemia. La tendencia, así, continúa la senda decreciente de la recuperación. Aunque la cifra sigue siendo alta, ya queda muy lejos de los 4,89 millones que se registraron en mayo de 2013. Ese año se registró la cifra histórica más alta, 6,2 millones. Una década después, la cifra está por debajo de la mitad. 

“Hay que fijarse especialmente en el paro juvenil, hay muy buenos datos. Se ha conseguido el menor número de jóvenes en paro desde el inicio de la serie histórica”, expresa el catedrático Antonio Baylos. Según las cifras difundidas por la Seguridad Social este viernes, en mayo hubo 188.043 menores de 25 años en desempleo, un 3,69% menos que en abril, es decir, 7.208 jóvenes. Es la cifra más baja desde 1996, cuando se empezó a registrar este dato.  

“Hemos estado mucho tiempo sufriendo las ideas de los puristas que creen que la flexibilidad del mercado es lo que hace crecer el empleo. Que fortalecer las garantías del empleo conllevaría destrucción de puestos de trabajo. Yo creo que es evidente que se ha demostrado que son reflexiones muy ideológicas, que no se sostienen con datos”, añade Baylos. “Aún recuerdo unos tuits de Luis Garicano en esa línea…”, reflexiona.

El académico se refiere a un hilo de 17 mensajes que publicó en Twitter el ex gurú económico de Ciudadanos en noviembre de 2021, en plena negociación de la reforma laboral. “La reforma que propone el Gobierno llevará a un mercado laboral más rígido, en el que será más difícil crear empleo”, aseveró. Hace unos días, el diario ABC desveló que Feijóo ha fichado a Garicano para la fundación del PP.

“Hay un gravísimo problema en estas elecciones”, advierte Antonio Baylos. “Y es que yo no sé qué quiere hacer el PP en materia de empleo. Ni lo que quiere hacer Vox. Si seguimos las intervenciones públicas, lo único que sabemos es que quieren derogar el sanchismo. Eso me ha quedado claro, pero no sé qué quiere decir eso”, lamenta el catedrático.

A falta de conocer los programas de PP y Vox para las elecciones generales, hay algunas menciones al empleo en el programas marco de las elecciones autonómicas. El de Vox se limitó a proponer acabar con el “infierno burocrático” y las “imposiciones ideológicas”. El Partido Popular se extiende más y defiende la “máxima libertad económica”, con el fin de lograr la “creación de empleo estable, garantizando derechos y las condiciones dignas de los trabajadores”. No especifica cómo.

Sí propone varias medidas varias medidas en torno a la formación, como potenciar la FP y crear puentes con las universidades. También reforzar las políticas activas de empleo, redoblar la ayuda a los autónomos, incentivos para contratar al primer trabajador, ayudas a la digitalización y simplificación burocrática. Pero no explica por qué marco regulatorio apuesta. Cabe esperar que quede definido en el programa para el 23-J. 

“La izquierda en su día proponía derogar la reforma laboral. Como todo el mundo sabe, estos eslóganes son muy sencillos y luego siempre tienen una complicación: luego vimos que derogar la reforma laboral implicaba volver a la reforma previa… Pero es que en este caso, el eslogan del PP es incomprensible. Que el sanchismo es inmoral y que hay que abolirlo. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere hacer con el marco laboral? ¡Es que lo pregunto de verdad!”, concluye el académico.

El nuevo Gobierno que salga de las nuevas correlaciones de fuerzas en el Congreso tendrá que trabajar mucho, en poco tiempo. El techo de gasto para los Presupuestos de 2023 fue aprobado el 26 de julio del año pasado. Este año, por motivos evidentes, no va a ser posible repetir el ritmo: las elecciones lo han paralizado todo. Este ejercicio tiene más relevancia porque debe incluir las directrices de la Comisión Europea para cumplir con los objetivos de déficit, que volverán tras la suspensión por la pandemia.

Estas reglas hasta 2020 pedían a los países un déficit por debajo del 3% del PIB y un ritmo de reducción de deuda que permita a esta volver a unos niveles por debajo del 60% del PIB en 20 años. La nueva propuesta de la Comisión, aún pendiente de ser validada, contempla sendas individualizadas que atienden a las situaciones concretas de cada país, ante la evidencia de que algunos Estados miembros no conseguían cumplirlas. 

El techo de gasto deberá tener en cuenta esto. Debe ser aprobado unos seis meses antes de que empiece el nuevo año y es una manera de poner límite a las exigencias presupuestarias que todas las administraciones públicas, como ayuntamientos y autonomías, hacen al Estado en la elaboración de los Presupuestos Generales. Excluye los gastos financieros, como el pago de la deuda.

“El procedimiento empieza en julio para que los Presupuestos puedan entrar en el Congreso antes del 30 de septiembre, que es lo que manda la Constitución”, explica el analista financiero Javier Santacruz. “Aunque es cierto que en los últimos años se ha ido haciendo una interpretación de aquella manera y ha habido ejercicios en que los Presupuestos han entrado en vigor el 1 de enero pese a que entraron en el Congreso antes del 30 de septiembre. No da tiempo para que el nuevo equipo, el que sea, tome posesión de sus cargos. Aunque se conserve color político las personas cambian, tanto técnicos como responsables”, añade. En medio de este cambio, el nuevo Gobierno que resulte deberá diseñarlo en tiempo récord y se comprometen los plazos de los nuevos Presupuestos. No es la única incertidumbre.

El Gobierno debe abordar si algunas de las medidas para combatir la inflación deben ser prorrogadas o las dejará caer el 30 de junio. Una de las que tendrán más impacto para los ciudadanos es la reducción del IVA para la alimentación. El acuerdo al que llegó el Consejo de Ministros declara que estará en vigor hasta el 30 de junio o hasta que la inflación subyacente [el IPC sin contar las materias primas más volátiles: alimentos y energía] esté por debajo del 5,5%. 

Según el dato preliminar de mayo difundido este martes por el INE, la inflación subyacente se encuentra en el 6,1%, continuando la senda decreciente desde que alcanzó su máximo en enero, del 7,6%. Parece improbable que el índice, aunque continúe moderándose, caiga por debajo del 5,5% en junio, por lo que dependerá de este Gobierno prolongar la rebaja del IVA sobre los alimentos y, en caso de que lo haga, será decisión del nuevo Ejecutivo decidir cuándo decae. La medida será impopular, ya que se notará inmediatamente en el supermercado. 

También debe decidir el Gobierno qué hacer con el descuento en carburantes que se aplica a los transportistas, que pierde vigencia el 30 de junio. La medida, que desapareció el 31 de diciembre para los particulares, se extendió para los profesionales. Se trataba de 20 céntimos, que a partir del 1 de abril pasaron a ser 10. El Ejecutivo tendrá que decidir si extender o no la medida. Otra medida que termina tras el 23J son los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Expira el 31 de agosto. 

Que el 23J no viene bien para el plan de ejecución y fiscalización de los fondos europeos no es ningún secreto. El Gobierno, no obstante, mantiene un discurso optimista. La semana que viene el Consejo de Ministros aprobará in extremis la adenda al Plan de Recuperación. Lo anunció la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, este miércoles durante una entrevista en TV3: el objetivo es, según la ministra, “que no se frene ese proceso para movilizar los recursos porque la fecha límite es el 2026". 

La adenda es una actualización del plan que se presentó en 2021. El objetivo es asignar 7.700 millones en transferencias, así como los préstamos el Mecanismo de Recuperación, que pueden ascender hasta 84.000 millones de euros, así como los fondos extra del Plan RePowerEU, 2.586 millones de euros, cuyos fines son el ahorro energético y aumentar la producción de energías limpias y diversificadas. 

“Tienen que pedirlo ya mismo”, explica el analista Javier Santacruz. “La ampliación del memorando con la Comisión Europea se tendría que haber enviado a principios de este año y no se ha hecho”, añade el analista. Hasta ahora España ha ido recibiendo los fondos, que no deben ser devueltos, asociados al cumplimiento de una serie de objetivos. Esta adenda abriría la puerta también a los préstamos: “Los créditos va a ser la manera en que se va a acelerar rápidamente la circulación de los fondos. Porque cuando se da el dinero vía subvención se requiere una serie de exigencias que vía crédito no se solicitan. Es un trámite más sencillo. Es algo absolutamente prioritario”, remacha Santacruz.

Este proceso va en paralelo de otro: el cumplimiento de objetivos para recibir las transferencias a fondo perdido. España recibió la tercera remesa en primavera y está a la expectativa de hacer la solicitud del cuarto envío, aunque para ello tiene que acreditar el cumplimiento de una larga lista de objetivos primero. El más conocido, y probablemente el más exigente, es la segunda reforma de las pensiones, que ya está cumplido. Sin embargo, aún quedan algunos pendientes. Uno de los incumplimientos, por ejemplo, es la Ley de Defensa del Cliente Financiero, que supone la creación de una autoridad independiente que asista a los clientes de los bancos en caso de tener conflictos con estos, sin necesidad de llevarlos a juicio. 

Este miércoles, la vicepresidenta sugirió que, pese a esto, es posible que la cuarta solicitud sea presentada antes del 23J: “Tengamos que adaptar algunos de los elementos, vamos a presentar la solicitud del cuarto pago lo antes posible, teniendo en cuenta la posibilidad de ajuste que se pueden producir en algunos hitos pendientes de ese pago”. Es decir, que existe la posibilidad de que el Gobierno pacte con Bruselas presentar la solicitud pese a no tener todos los objetivos cumplidos. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Asuntos Económicos, pero no ha obtenido respuesta al cierre de la edición. 

La reforma de las pensiones “sobrevivirá”, aunque el PP gane las elecciones. Es la afirmación que ha hecho este jueves el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. Una de las claves en el aire es la posible modificación de esta ley, cuyo diseño costó sudor y lágrimas al Gobierno. Fue aprobada por real decreto para dar cumplimiento a los mencionado objetivos asociados al cuarto envío de fondos europeos. Por ejemplo, la adecuación del período de cómputo para el cálculo de la prestación, la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional o la adecuación de la base máxima de la cotización. 

El decreto fue convalidado por el Congreso con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos, lo que, según fuentes gubernamentales, ya es suficiente para cumplir con Bruselas. No obstante, paralelamente se acordó tramitarlo como proyecto de ley para permitir a los grupos parlamentarios incluir modificaciones al texto, que es un proceso que ahora ha decaído con la disolución de las Cortes. El PP no fue especialmente beligerante ante esta iniciativa pero, al haber votado en contra, cabe la posibilidad de que reinicie el proceso en el Congreso para su modificación. “Habría que hacer otro nuevo proyecto... Y es un compromiso con la Comisión Europea”, remacha el analista Javier Santacruz. De ganar las elecciones y tomar esta decisión, el tiempo para el nuevo Gobierno sería prácticamente nulo.

La intensa inflación que ha azotado la economía global ha tenido como efecto que en España, en 2022, la brecha entre sueldos y precios ha alcanzado su punto máximo en más de dos décadas. Pero el efecto no ha sido para todos por igual. Numerosos economistas y think tanks llevan advirtiendo desde el principio de la oleada de inflacionista que la escalada de precios afecta más a los hogares con menor renta, al tener la alimentación un mayor peso relativo en la cesa de la compra. Ahora, una investigación de Funcas ha ido más allá y señala otras tres condiciones que multiplica el efecto: vivir solo, tener más de 65 años y estar ubicado en municipios pequeños de zonas rurales.

Los precios llevan ya más de dos años creciendo a un ritmo muy por encima de lo que se considera normal, consensuado en un IPC del 2%. En el verano de 2022 alcanzó tasas superiores al 10% y de media, obtuvo un 8,4%. Este cálculo, sin embargo, es una media que incluye una amplia variedad de bienes y servicios del que se hace un uso desigual por parte de los hogares.

El autor del estudio, el economista Desidero Romero-Jordán, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, ha elaborado un índice de precios para cada hogar (IPCH), que sí tiene en cuenta las características de cada hogar. Es decir, el IPC como media de todos los hogares, pero cada uno tiene su propio IPCH.

En 2021, los precios crecieron de media un 3,1%, pero la electricidad subió un 35,6% y los combustibles líquidos, un 26,5%. En 2022, los precios subieron de media un 8,4%, pero los combustibles volvieron a escalar un 72,5%, la electricidad otro 26,8%, el gas natural, un 19% y los alimentos un 11,6%. El IPCH, al tener en cuenta la desigual estructura de gasto de los hogares, y partiendo de esta desigual evolución de los precios entre bienes y servicios, hará que en algunos hogares el IPCH estará por encima del IPC, y en otros, por debajo. Depende del uso intensivo que cada hogar hace de las partidas más afectadas por la inflación. 

De media, el principal gasto de las familias es en alimentos y bebidas no alcohólicas (24,8%), seguido de la hostelería (8,2%), los seguros y otros servicios (6,2%), los gastos de vivienda y agua (5,88%), vehículos (5,4%), muebles y equipamientos del hogar (5,4%) y sanidad (5%).

El diferente peso de estos en los hogares de mayor o menor renta crea la primera diferencia importante. El investigador concluye que, en 2021, el 10% de los hogares con menor capacidad de gasto tendría un IPCH del 5,1%, muy por encima de la inflación media de ese año, que se situó en el 3,1%. Sin embargo, en el 10% de los hogares con mayor capacidad de gasto, el índice diseñado por el investigador sería del 2,5%, por debajo de la inflación. 

Por comunidades autónomas, en 2022, las regiones más afectadas serían Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Aragón. Todas tuvieron un IPCH por encima del nivel de inflación media registrada ese año (8,4%). “En estas regiones, el peso medio en la cesta de consumo de alimentos, energía y carburantes se encuentra por encima de la media nacional”, explica el estudio. El gasto en carburantes proviene por la concentración de bienes y servicios en un reducido número de grandes urbes, mientras que el resto de municipios, de menor tamaño, están diseminados, lo que eleva el gasto en transportes. El gasto energético se explicaría por el elevado gasto en energía, como consecuencias de las variantes más extremas del clima continental. Las seis autonomías con el IPCH más bajo serían Madrid, Cataluña y País Vasco, por su inferior gasto relativo en alimentación; y Canarias, Ceuta y Melilla, por el menor peso relativo de energía y carburantes. 

Por último, la investigación determina que la inflación resulta más intensa en los municipios de menos de 10.000 habitantes, que supone casi tres de cada cuatro de los 8.131 localidades existentes. En estos, su IPCH distaba del de los municipios mayores de 100.000 habitantes en 1,9 puntos en 2021 y de 3,4 en 2022. En relación a la composición del hogar, la investigación determinó que los más afectados son los compuestos por una sola persona mayor de 65 años, situación que empeora en zonas rurales. Así, una persona mayor que vive en una ciudad, soportó en 2022 un IPCH de 7,4 frente al que vive en una zona rural, de un 10,7, más de tres puntos de diferencia. 

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística ha revelado que los precios han crecido de media un 3,2% en España, lo que sitúa al país en cabeza de la tendencia de desaceleración de precios en Europa. Según los datos conocidos este miércoles, en el mismo mes, los precios han crecido un 8,1% en Italia (tras marcar un 8,7% en abril), un 6,3% en Alemania (desde 7,6%) y un 6% en Francia (desde 6,9%). A falta de conocer los datos del resto de la eurozona, que se divulgarán este jueves, ya es posible afirmar que en mayo España sigue siguiendo la gran economía europea que lidera la caída de los precios.

El Banco de España señaló que las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno consiguió aplacar el IPC en 2,3 puntos en 2022, especialmente la puesta en marcha del “mecanismo ibérico”, que sirvió de escudo ante la volatilidad de los precios energéticos, tras un primer gran impacto en la economía. Otras medida destacada por el organismo ha sido la reducción del IVA de la luz al 5%. 

Sin embargo, su éxito al reducir la inflación no es necesariamente el mismo que al socorrer a los hogares más vulnerables. El Banco de España ha señalado en distintas ocasiones que esto hubiera requerido centrar más las medidas en los hogares más vulnerables, y no hacerlas generalizadas para toda la población. 

Las partes fundamentales de la Ley de Vivienda tendrán, previsiblemente, poco recorrido. Tras el vuelco electoral del 28M, que ha teñido de azul gran parte del mapa autonómico, los socialistas han perdido la posibilidad de declarar mercados de alquiler tensionados en cinco grandes ciudades en las que viven más de dos millones de personas y donde el alquiler tiene un coste asfixiante para las familias: Palma, Valencia, Alicante, Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife. Solo la Generalitat, gobernada por ERC, está dispuesta a aplicar el tope en Barcelona. En el aire queda la postura del Gobierno vasco sobre Donosti, Bilbao y Vitoria: el PNV está en contra, pero los socialistas tienen las competencias de vivienda en el Ejecutivo autonómico.

El ascenso del Partido Popular ha provocado que el PSOE pierda seis de las ocho comunidades autónomas en las que gobernaba: la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Extremadura, Canarias y La Rioja. En cuatro de ellas, necesita a Vox para gobernar, mientras que en La Rioja podrá hacerlo en solitario. La aritmética en el parlamento de Canarias hace que el pacto más probable devuelva a Coalición Canarias al Ejecutivo, con apoyo del PP. Por último, también ha cambiado al azul Cantabria, antes gobernada por PRC, y que ahora podría ser gobernada por un gobierno de coalición de PP y Vox. 

Este vuelco hace que el PP tenga amplias posibilidades de acabar gobernando en solitario o en coalición en 12 comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla. Esto eleva a los conservadores la potestad de declarar mercados tensionados en 35 capitales de provincia, de las que ocho tienen un grave problema con el alquiler. 

En estas comunidades no se aplicarán, por tanto, las medidas relacionadas con el control de los precios. Es decir, no declarar zonas tensionadas cuando el alquiler supere el 30% de la renta media de los hogares o crezca tres puntos por encima del IPC; no limitar los precios del alquiler en estas zonas, con especial referencia a las viviendas que sean propiedad de grandes tenedores. 

Palma no tendrá tope de precios. La capital balear es la segunda, según las estadísticas del portal inmobiliario Idealista, que tiene mayor problema con el alquiler: los ciudadanos destinan, de media, el 37% de su sueldo a sufragar la cuota, un porcentaje que asfixia a muchas familias palmesanas. Ubicada en la isla de Mallorca, la ciudad ha sufrido un fuerte proceso de gentrificación provocado por el turismo, que ha elevado los precios a niveles insólitos.

También quedan descartadas Valencia, Alicante, Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife al perder el PSOE la gestión de la Comunidad Valenciana y de Canarias. Estas cuatro ciudades ocupan el 5º, 6º, 10º y 12º posición en el ranking de ciudades españolas con mayores problemas del alquiler. En la capital valenciana, el alquiler, de media, supone un 33% del presupuesto familiar, mientras que en Alicante es del 32%. En Las Palmas de Gran Canaria, se lleva el 28% y en Santa Cruz de Tenerife, el 27%. La media española se sitúa en el 25%, aproximadamente. 

Tampoco se aplicará en Madrid, tercera ciudad del ranking, un hecho que era previsible ante las posibilidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de revalidar en las urnas. Otras ciudades que estaban descartadas eran Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada, dado que en Andalucía no ha habido elecciones y el Gobierno de Juanma Moreno ya anunció su oposición a la Ley de Vivienda.

Barcelona y Pamplona, son las dos únicas ciudades, a priori, con posibilidades reales de que se aplique el tope de precios. En el caso de la capital catalana, la escasez de vivienda y la alta demanda de alquileres ha provocado una gran tensión de precios que de media supone un lastre del 40% de los presupuestos de los hogares. Esquerra Republicana, que ostenta el poder en la Generalitat y por tanto, la potestad de declarar zonas tensionadas, ya ha confirmado que va a poner en marcha el proceso.

El uso de esta herramienta allanaría el camino a que Barcelona vuelva a contar con una limitación de precios, que ya estuvo vigente desde que en septiembre de 2020 se aprobó la ley catalana de la vivienda. El Tribunal Constitucional anuló en 2022 la limitación de precios. Hace dos semanas, el conseller de Vivienda de la Generalitat, Juli Fernández, afirmó en una entrevista en Ràdio Estel que sí iban a aplicar la nueva limitación.   

Queda en el aire qué pasará en el caso de que la alcaldía pase a manos de Xavier Trías, un candidato que no ha dejado clara su postura ante la Ley de Vivienda. Fuentes de la Generalitat y del Gobierno no han respondido a las consultas de infoLibre sobre qué pasaría en el caso de que el Ayuntamiento, en manos de Trias, rechazara la declaración de zonas de precios tensionadas, y por tanto la aplicación de los topes del alquiler. En principio, un Ayuntamiento tiene potestad para pedir que se declare una zona como tensionada, pero no queda claro si tiene capacidad para frenar el proceso en caso de oposición. Fuentes expertas en la materia señalan a infoLibre que es "bastante difícil" aplicar una política de este calado con la oposición del propio Ayuntamiento.

En principio, no está claro qué haría Xavier Trias, en caso de ser elegido alcalde. Su partido, Junts, votó en el Congreso de los Diputados en contra de la ley, pero el candidato ha mostrado mensajes ambiguos a la hora de aplicar la norma, una vez aprobada. Según informó el diario El País, Trias se abrió a aplicarla: “Si se aprueba una ley habrá que aplicarla, no entiendo la desobediencia”. El futuro dependerá de Esquerra Republicana: si apoya a ungir al candidato socialista, Jaume Collboni, que necesitaría los votos nacionalistas y de Barcelona en Comú. En caso contrario, la vara de la alcaldía recaería en la lista más votada, es decir, en Trias.

Aunque menos probable, también queda una posibilidad de que el tope de precios se materialice en las capitales vascas. El Gobierno vasco, liderado por el PNV, con los socialistas como socios minoritarios, se está tomando un tiempo para evaluar si aplica determinadas partes de la Ley de Vivienda y cómo hacerlo. El PNV votó en contra de la legislación y la ha criticado duramente, al considerar que cercenar “competencias exclusivas de Euskadi”.

No obstante, precisamente estas competencias recaen en el departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que es regentado por los socialistas. La diferencia de las sensibilidades en el Ejecutivo de coalición vasco hace que este vaya a hilar fino a la hora de aplicar la legislación. Fuentes del Gobierno vasco han señalado a infoLibre que el camino aún es largo: la administración está en proceso de recoger datos para ver en qué zonas de qué ciudades existe un problema con el alquiler.

El País Vasco, a diferencia de otras comunidades, sí cuenta con un registro actualizado de los precios del alquiler, por lo que el trabajo estadístico ya tiene una gran parte avanzada. No obstante, las fuentes consultadas señalan que el trabajo que queda se pretende hacer con mucho detalle y rigor, lo cual “requiere tiempo”. 

El Pleno del Ayuntamiento de Donosti, una de las ciudades con mayor problema del alquiler, donde este supone de media un 31% del presupuesto familiar, ha aprobado una moción recientemente instando al Gobierno vasco a poner en marcha el proceso para declarar zonas tensionadas y limitar precios. La moción, presentada por EH Bildu, ha sido secundada por el PSE-EE, pero también por el PNV, pese a que votó contra la Ley de Vivienda en el Congreso. Solo el PP votó en contra.  

Al margen de que el nuevo mapa autonómico impida la aplicación de los puntos fuertes de la Ley de Vivienda, hay otras muchas medidas que sí son obligatorias para todo el conjunto del Estado. La de mayor impacto es la limitación de los alquileres de un 2% en 2023 y de un 3% en 2024. Antes del 31 de diciembre de ese año, se debe diseñar y aprobar un nuevo índice de referencia al que quedarán vinculados todos los contratos en vigor. 

También se aplica la batería de medidas pensada para dificultar los desahucios de personas que sufran vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. Por ejemplo, prohibe desahuciar sin fecha predeterminada, se incluyen nuevas prórrogas para los lanzamientos y da acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales. No obstante, sí serán las comunidades autónomas las que deben articular mecanismos propios para mediar y forzar a los fondos buitres a aceptar medidas de alternativa vacacional, otra herramienta que ofrece la ley (por ejemplo: alquileres sociales bonificados o realojamientos de vulnerables). 

Se establece también la calificación indefinida de la vivienda protegida, y se someterán a un régimen de protección pública permanente. No obstante, los mecanismos habilitan a las comunidades autónomas, por ejemplo, para autorizar la venta de una vivienda protegida o a ejercer el derecho de tanteo y retracto para quedarse con la vivienda en caso de que quiera ser vendida en lotes a un gran tenedor. Esto quiere decir que tampoco se aplicarían estos mecanismos, en caso de que los gobiernos autonómicos no lo deseen.

Desde el 1 de enero de 2024 serán de aplicación nacional las deducciones del IRPF para estimular la oferta del alquiler a precios asequibles, que premia el alquiler a arrendatarios jóvenes, que rebaje el precio o que rehabilite la vivienda. Los intermediarios de la compraventa o de los procesos del alquiler también deberán suministrar información a los potenciales compradores o inquilinos, si estos la requieren. También queda prohibido el cobro, por parte de la inmobiliaria, de los gastos de honorarios al inquilino. Estos serán a cargo del arrendador. Estos tampoco podrán cargar al inquilino con gastos extras.

Alemania, finalmente, ha entrado en recesión técnica. En un escenario inconcebible hace pocos años: a la locomotora europea se le ha gripado el motor y está en decrecimiento tras los continuos golpes que la coyuntura global ha asestado a su economía. Empezó siendo el atasco en las cadenas de suministros mundiales, que lastró a su industria, y continuó con la crisis energética desencadenada tras las sanciones europeas a Rusia, país del que dependía energéticamente y que le suministraba grandes cantidades de combustibles fósiles a bajo coste. Paralelamente, los países del sur, más apoyados en el sector servicios, se recuperan con más rapidez, encabezados por Grecia.

Alemania, cuyo PIB retrocedió un 0,5% en el cuarto trimestre de 2022, ha anunciado este jueves que ha revisado su dato de nulo crecimiento del primero de 2023: también retrocedió un 0,3%, lo que le aboca a la "recesión técnica". La revisión del dato, de apenas tres décimas, no cambia la situación económica de Alemania, pero la caída le hace perder el PIB del nivel previo a la pandemia, que ya había recuperado, y le sitúa ahora por debajo de España, que, por muy poco, tampoco lo ha recuperado aún.

“Creo que es una coyuntura, pero podría ser aprovechada por los países del sur”, explica el profesor Antoni Cunyat, que imparte Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya. “Los países del sur tienen debilidades económicas, pero es cierto que nos ha afectado menos la guerra. Es una oportunidad para sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenido”, añade el profesor. 

“El mejor desempeño de los países del sur es coyuntural, habrá que ver cómo sigue”, coincide Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid: “Hay varios riesgos a los que se enfrentan estos países, empezando por la sequía o las altas temperaturas en verano. Estas podrían alejar a los turistas si siguen siendo tórridos, como el pasado”, explica.  

“Hay dos elementos que explican la situación alemana”, explica Antonio Sanabria. “La pandemia provocó que las exportaciones de vehículos empezara a resentirse, con el atasco en las cadenas de suministros globales. La crisis energética posterior le ha afectado aún más. También ha sufrido su industria en términos de costes, lo que ha provocado que en el primer trimestre se haya revisado su producción industrial a la baja. El segundo factor es que el consumo interno tampoco ha sido favorable. Ambos elementos explican la recesión técnica”, añade.

La entrada a la recesión técnica no transforma radicalmente para peor la situación económica de Alemania: la revisión de tres décimas no suponga que su economía vaya entrar en un círculo vicioso negativo. “No cambia mucho a lo que había antes. Hace unos trimestres conseguía un crecimiento ligeramente positivo y ahora es ligeramente negativo. Al coincidir dos negativos, es conocido técnicamente como 'recesión'. Los analistas e inversores internacionales lo que ven es su tendencia y la dinámica de su economía, y eso no ha cambiado. Por ejemplo: sus exportaciones, su industria, su producción, su consumo, sus costes, sus pedidos…”, añade Sanabria. 

“Alemania es una economía dependiente de su industria”, añade el profesor Cunyat. “Es algo que no ocurre en Grecia, Italia o España: somos más economías de servicios. Después de la pandemia, el turismo se ha recuperado rápidamente: la gente tenía ganas de viajar. Si vamos un poco más allá, en Alemania ya se deberían de haber producido determinados ajustes para que se recuperara, pero parece ser que no y que el golpe que ha sufrido es mayor del que se creía”, explica.

Uno de los puntos fuertes de la economía europea en su conjunto es la fortaleza del empleo. Pero no todos los países se han recuperado igual: aunque es cierto que España aún no ha recuperado las horas que se trabajaban en el cuarto trimestre de 2019, está un 1,6% por debajo de ese nivel. Alemania está un 3,8% por debajo. Otros países del sur están también peor que España: Portugal un 6,4% por debajo e Italia, un 2,2%. Francia es la única de las economías importantes que sí lo ha superado, y está un 1,5% por encima. 

“Si el empleo no se recupera en Alemania y con una situación de inflación al alza, esto ayuda a que el consumo de este país se pueda resentir más todavía, porque afecta a la renta de los hogares”, explica Antonio Sanabria. “Habrá que analizarlo con más detalle, pero es probable que se deba al mal desempeño de la industria alemana”, añade el profesor. 

Portugal, Italia, Grecia y España tienen unas previsiones de crecimiento inauditas, si comparamos esta salida de los múltiples shocks que ha sufrido la economía, respecto a la crisis financiera. Los PIGS, que es como se conocía peyorativamente a estas economías europeas por el acrónimo en inglés ["cerdos"], ahora encabezan los rankings de crecimiento económico, mientras el motor alemán sigue echando humo. 

Según la última previsión de la Comisión Europea de la primavera de 2023, Portugal y Grecia crecerán en 2023 un 2,4%; España, un 1,9% e Italia, un 1,2%. Frente a estos países, Alemania se espera que crezca un pírrico 0,2%. Francia, un 0,7%. España, que es uno de los escasos países de la UE que aún no ha recuperado el nivel de crecimiento previo a la pandemia, está previsto que cruce ese umbral este trimestre. Si estas previsiones se cumplen, tanto en 2023 como en 2024, España y el resto de países sureños crecerán más que el socio alemán.

Todo, sin embargo, está en el aire. “Que no haya sustillos, un banco que quiebre…”, observa Antoni Cunyat. La incertidumbre económica es total y el escenario podría cambiar en cualquier momento. La pandemia fue destructiva para la actividad turística de los países del sur, pero sin embargo, sus economías se han defendido mejor del impacto económico derivado de la invasión de Ucrania. 

“En España ha sido muy novedoso el tirón de las exportaciones”, añade Cunyat. “Tenemos saldo positivo en la balanza comercial. Siempre hemos sido un país más importador que exportador. Creo que el diferencial de la inflación ha sido clave: siendo la misma moneda, España ha ganado competitividad frente al resto de países europeos. También creo que el sector exportador está ahora mucho más fuerte que en períodos anteriores. Creo que es un elemento que no se destaca lo suficiente, siempre hablamos de lo malo de la economía española, como el déficit o la deuda”, añade. 

“La excepción ibérica ha conseguido amortiguar mejor los vaivenes del precio del gas”, añade el profesor Sanabria. “También porque España tiene una mejor estructura y puede recibir fácilmente desde diferentes países. Hay un tercer elemento, y es el gran impulso que está dando España a las energías renovables, no tanto a la eólica, sino a la solar. Por estos tres motivos, España ahora tiene una ventaja competitiva energética con Alemania. ¡Quién lo iba a decir!”, añade Sanabria, en referencia a que uno de los puntos fuertes de la economía alemana era precisamente la competitividad que le procuraba su enorme acceso a la barata energía rusa. 

Cunyat considera que es buen momento para que las economías del sur aprovechen el tirón del crecimiento, del consumo y del empleo para resolver los problemas históricos de sus economías: “En España veo dos pasos muy positivos. Uno ha sido la reforma laboral, que ha reducido mucho la temporalidad. Por otro, el reciente acuerdo entre sindicatos y patronal. Esto último es importante, porque uno de los mayores peligros de la economía española es una oleada inflacionista de segunda ronda, y el acuerdo hace prever que la inflación volverá a unos valores más normales”. Este acuerdo garantiza subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% en los dos años siguientes, pareja con las previsiones de inflación.

En datos de abril, solo Italia tiene una inflación por encima de la alemana: un 8,7% y 7,6% respectivamente. El resto de países del sur tienen un crecimiento de precios más contenido, empezando por España (3,8%), seguida de Grecia (4,5%) y Portugal (6,9%). Francia crece a un 6,9%. La media de la eurozona fue en abril de un 7%. 

“Que los árboles no nos hagan dejar de ver el bosque”, añade Cunyat. “Estamos en la senda correcta, pero hay que seguir. Hagamos medidas para solucionar los problemas estructurales de la economía española. Hay que dar muchos pasos. España tiene que resolver su problema respecto a la productividad, que es muy inferior a la alemana. Es un hecho determinante para garantizar un crecimiento a largo plazo. No nos durmamos en los laureles”, remacha el profesor.

El mayor gasto público no ha supuesto una mayor satisfacción de los usuarios de la Sanidad. De hecho, todo lo contrario: numerosos barómetros de opinión coinciden en que los ciudadanos cada vez se preocupan más por la calidad del sistema sanitario. Según un informe del think tank Funcas, difundido este miércoles, el gasto público ha pasado de un 6,1% del PIB en 2016 a un 7,3% en 2021. Sin embargo, los ciudadanos han pasado de valorarlo de 6,6 puntos a 6,1, en una escala sobre 10. La crisis generada por la pandemia y la falta de médicos de familia está llevando al límite al sistema, pero además los expertos coinciden en que el aumento del gasto sanitario es cuestionable. 

El informe expresa que, pese a que los españoles tienen un alto grado de confianza en su sistema sanitario (el 87%, 11 puntos más que la media europea), hay una preocupación creciente. En una escala entre 1, “muy insatisfecho”, y 10, ”muy satisfecho”, los ciudadanos han pasado de valorar entre 6,6 y 6,7 puntos el funcionamiento del sistema sanitario, años previos a la pandemia, a 6,29 en 2022, una cifra que ha caído aún más en febrero de 2023, que ha alcanzado el 6,14. 

No solo es la percepción ciudadana: los paros, protestas y manifestaciones de los sanitarios se han multiplicado en muchas comunidades autónomas, cuya expresión más evidente fueron las dos grandes manifestaciones convocadas contra el desmantelamiento de la Atención Primaria en la Comunidad Madrid el 13 de noviembre y el 12 de febrero, con al menos 200.000 asistentes en cada una de ellas, según la delegación del Gobierno. ¿Por qué si el gasto aumenta, las preocupaciones de los ciudadanos y las críticas de los profesionales no deja de crecer?

“En primer lugar, diría que habría que coger con pinzas las cifras del aumento del gasto”, explica a infoLibre Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. “Con la pandemia, el PIB bajó mucho el porcentaje de gasto público sobre el PIB no ha crecido porque aumentara mucho la cantidad neta, sino porque el propio PIB disminuyó”, explica Sánchez. Así, el hecho de que el gasto sanitario fuera del 7,3% del PIB en 2020 y del 7,1%, unos porcentajes récord, quedaría explicado en parte por este motivo.

Es cierto que, pese a esa explicación sobre el PIB, el presupuesto sí ha aumentado en términos netos, y también en relación a la población. Marciano Sánchez, que fue jefe de pediatría en el Hospital Niño Jesús, en Madrid, donde trabajó más de cuatro décadas, apunta a que esas cifras tienen letra pequeña: no necesariamente el gasto público ha aumentado donde la sanidad lo necesita. 

“Aumentar el gasto público no quiere decir que aumente la financiación sanitaria. Mucha parte de ese gasto ha ido al aumento de gastos farmacéuticos. Hemos gastado más de 1.000 millones de euros en vacunas para el coronavirus. El gasto público ha aumentado, sí, pero mucho ha ido al gasto farmacológico”, explica Sánchez. 

Según informó infoLibre, es cierto que parte del aumento se explica por el aumento de estos gastos. En 2021 se rozaron los 21.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 44% en ocho años. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el gasto público en Sanidad aumentó 13.600 millones entre 2019 y 2021, 2.200 millones fueron al gasto farmacológico. 

“Otra parte importante ha ido a todo lo concerniente a privatizaciones”, añade Sánchez. “Es el ejemplo de comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, que están apostando por la privatización y la descapitalización del sistema público”, apunta el médico. 

Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, coincide con Sánchez en este punto:  “Algunos servicios autonómicos, pese a haber incrementado el gasto público, lo están destinando a la colaboración privada. Tienen una visión de que quizás no pasa nada porque el sistema público se deteriore, porque lo importante es la colaboración público-privada”, añade.

A estos factores cabe añadir un fenómeno monetario: la inflación. Por ejemplo, el gasto público aumentó un 5,5% en 2021 respecto al año anterior, unos 5.000 millones de euros. Pero la inflación ese año fue de un 3,1%, por lo que gran parte del gasto público se pierde en el aumento de la carestía de los costes del sistema. En 2022, la inflación media fue de un 8,4% lo que implica que necesitó un crecimiento mayor de gasto público para financiar los mismos servicios. 

Entre los presupuestos regionales de 2021 y 2023, de media las autonomías han aumentado el presupuesto sanitario en 189 euros por habitante. El ranking definitivo deja a la Comunidad de Madrid la que menos presupuesto dedica (unos 1.300 euros por habitante), seguida de Murcia (1.534) y Cataluña (1.576). En cabeza se encuentran Asturias (2.133), País Vasco (2.130) y Extremadura (2.092). Esta última es la que más ha aumentado el presupuesto sanitario desde 2021: unos 320 euros más por cabeza. “En Extremadura se ha hecho un gran esfuerzo en la Atención Primaria en los últimos años”,  explica Marciano Sánchez, que es de origen extremeño. “Pero tampoco está exenta de problemas, ninguna comunidad autónoma está bien”, lamenta.

No solo es que el aumento del gasto público no sea tal, los propios ciudadanos llevan años experimentando un servicio público peor, desde la crisis financiera, situación llevada al extremo tras la pandemia. “Los años de la pandemia generaron que una gran cantidad de pacientes crónicas no fueran vistos en el sistema. Hubo una gran cantidad de operaciones, intervenciones y pruebas diagnósticas que dejaron de hacerse para atender a todo lo que venía del brote de coronavirus. Sobre todo pasó en 2020, pero también en las sucesivas olas de 2021 y 2022”, explica Joan Carles March. 

El primero de estos efectos es que ver al médico de Atención Primaria cuando se necesita no siempre es fácil. “Si acudes a un médico de familia porque crees que tienes un problema de salud y no te dan cita hasta dentro de 10, 15 o 20 días, muy satisfecho no puedes estar con el sistema. Según el barómetro de febrero de 2023, la media está en 9 días. Es una situación inadmisible”, incide el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). 

Por comunidades autónomas hay grandes diferencias entre las tasas de profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes. En el caso de los médicos de familia, la situación va desde 0,96 de Castilla y León hasta el 0,46 de Baleares. Por parte de los profesionales de enfermería, entre el 0,97 de La Rioja al 0,50 de la Comunidad de Madrid.

Un problema derivado del anterior es que, ante la ausencia de ver al médico de familia, se recurre a las urgencias. “Hay una saturación absoluta, no satisface las necesidades de la población. Otro debate es si el motivo por el que acuden los pacientes es el más adecuado o no, pero el hecho de tardar 15 días en conseguir una cita… pues la gente se va a urgencias y al final acaba generando una imagen global del sistema sanitario que es mala”, incide Joan Carles March.

Consecuencia también del atasco generado por la pandemia es que una vez que se consigue la cita con el médico de Atención Primaria, en caso de necesitar ir al especialista la espera se alarga. Según el informe realizado por la FADSP, los días promedio en lista de espera para las consultas de especialista van desde los 48 en el País Vasco hasta los 123 de Andalucía. Si atendemos a la lista de espera quirúrgica, van de los 63 de Madrid a los 174 de Castilla-La Mancha. En datos de 2022, solo alrededor de uno de cada 10 pacientes ha percibido que las listas de espera “mejoren”.

Otra consecuencia de la sensación generalizada de que la sanidad pública está colapsada y de las críticas constantes es el beneficio que esto supone para los negocios sanitarios: “Muchos toman la decisión de ir o a urgencias a la sanidad privada. Estamos viendo un incremento de los seguros privados, porque la Atención Primaria no pueden resolver los problemas de los ciudadanos”, añade Joan Carles March. “La estimación que hace el Ministerio de Sanidad es que hay más de cuatro millones de personas en lista de espera para la primera consulta con un especialista”, añade Marciano Sánchez. 

“Hay algunas especialidades, como la medicina de familia, en la que faltan médicos. Durante los años tras la crisis financiera no se convocaron plazas suficientes de MIR. Como no tienes médicos hasta 5 años después, el aumento de plazas que hemos visto en los años posteriores a 2018 todavía no se han incorporado al sistema. Esto lo vemos especialmente en las zonas de difícil cobertura, zonas no urbanas, ya no solo en médicos de familias, muchos no tienen incentivos adicionales para ello”, critica Joan Carles March. 

“Luego hay comunidades que están peor que otras. Durante la pandemia todas incorporaron un mayor número de profesionales a la cartera de servicios, pero posteriormente han ido quitándolos. Un ejemplo de eso es Madrid. No pasa nada por que se despida a 8.000 trabajadores. Ahí los ciudadanos pierden confianza, porque paralelamente no se está dando el servicio que piden. Da la sensación de que el sistema sanitario va por un lado y los ciudadanos por otro. El sistema está mal entendido por los políticos”, critica March.

“Yo no creo que en España falten médicos, tenemos un número de profesionales por encima de la media europea. Lo que sí veo es una irracional distribución de los mismos. Hoy mismo hemos visto que 82 pediatras que han salido de la última promoción, solo uno ha conseguido plaza en la Atención Primaria. Por otro lado, no es que no haya médicos: es que si no se ofrecen condiciones razonables, la gente se va, a otras comunidades y también a otros países”, observa Marciano Sánchez. 

“Creo que en España hay que replantearse globalmente el sistema sanitario. Implica un aumento de ingresos por habitante, pero desde mi punto de vista también tiene que haber un Ministerio de Sanidad potente, que coordine mejor las políticas autonómicas. Desde hace muchos años ya se está diluyendo al Ministerio. En la pandemia ha tenido un buen papel, pero ahora vuelve a diluirse. Hay que dar más peso a la Atención Primaria, hay que recuperar la confianza de los profesionales, que tienen la sensación de que están dejados de la mano de Dios. Hay que crear una gestión de la Sanidad que esté más profesionalizada. El sistema tiene que cambiar, porque no puede ser que haya pacientes que sigan sin recibir la atención que recibían antes de la pandemia”, remacha Joan Carles March.

La lluvia no mejorará el panorama del aceite de oliva, que esta semana ha alcanzado un precio de origen récord superior a los 6 euros. Es la conclusión de los propios productores, que lamentan que ha vuelto a pasar lo mismo que en la cosecha anterior: el calor ha quemado la flor del olivo y la cosecha se ha perdido, aunque luego el tiempo se haya vuelto más benévolo. “Lo normal es que después de una cosecha mala venga una buena. Estamos ante un escenario sin precedentes: nunca ha habido tan poco aceite de oliva en relación al consumo”, explica a infoLibre Juan Luis Ávila, responsable del sector del olivar de la organización agraria COAG.

El Ministerio de Agricultura está cerrando ahora las cifras definitivas de la campaña 2022/2023, que se terminó de recoger a principios de este año, y lleva una producción acumulada de 661.500 toneladas, frente a 1.476.000 que aproximadamente había por las mismas fechas del año anterior. Según las estimaciones del sector a principios de año, la cosecha terminaría con 780.000 toneladas, frente a casi los 1,5 millones recogidos en la temporada 2021/2022. Es decir, una caída de casi la mitad de un año para otro.

La de 2023/2024, que es la que está floreciendo ahora, no va por mejor camino. Ha vuelto a ocurrir lo mismo que el año pasado, el calor ha quemado la cosecha y ha impedido que se desarrolle el fruto. “Podría compararse con un precedente similar, en las cosechas del año 1995. Pero el consumo de aceite de oliva era mucho más reducido.  La diferencia entre la producción y el consumo ahora mismo es exagerada”, señala el portavoz de COAG.

El grave problema de oferta que presenta el olivar español, sumado a la insólita escalada de los precios energéticos, ha multiplicado el precio del aceite de oliva que, en origen, ya está de media en más de seis euros. “Es muy difícil que el consumidor acepte estos precios”, explica a infoLibre Rafael Pico, director de Asoliva, la asociación que reúne a las empresas exportadoras del mencionado aceite. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una feria internacional de aceite de oliva que se celebró en Jaén a mediados de mayo, afirmó que esperaba que no se produjera una “ruptura de stock”. Esto quiere decir que el Gobierno espera que la actual producción satisfaga la demanda, tanto nacional como internacional, del aceite de oliva. El ministro, por lo tanto, se consideró “optimista”. 

“Sí, con matices”, advierte el portavoz de los exportadores de aceite de oliva. “El matiz es muy importante: las exportaciones se han reducido un 40% en volumen en lo que llevamos de año. El consumo interior, un 30%. ¿Va a haber aceite de oliva? Sí. Pero porque el precio de origen hace que sea difícil venderlo. Es el precio el que va a regular la oferta y la demanda: si este fuera otro, sí habría desabastecimiento”, explica Pico. 

El portavoz de los exportadores ve un claro riesgo para la industria española del aceite de oliva: los consumidores se van y la fidelidad se pierde. “En el mercado nacional, el aceite de girasol es el claro competidor. Pero en los mercados internacionales hay muchos más: el aceite de girasol, pero también el de canola, el de soja, el de maíz… Es cierto que son mucho menos beneficiosos para la salud, pero son mucho más baratos”, explica Pico. 

No queda ahí: también hay competidores para España en la producción del aceite de oliva. “Países como Túnez, Turquía, Siria o Marruecos producen aceite de oliva a precios más bajos. Es preocupante. España produce el 50% del aceite de oliva. Por eso cuando hay sequía, esta tiene una repercusión en el mercado mundial. Pero no hay que olvidar que hay competidores y no se debe enseñar a los países importadores de aceite de oliva que hay otros caminos que pueden recorrer”, explica el portavoz de Asoliva, en referencia a que la situación puede alimentar la competencia de los productores españoles.

Pese al elevado precio del aceite de oliva, los agricultores lamentan que los costes de producción siguen estando por encima de lo que ganan. En datos difundidos en diciembre, los agricultores de COAG estiman que el coste de producción de un kilo de aceite de oliva virgen extra les cuesta 8 euros.

La lluvia le ha dado trabajo a Rafael Pico, que explica que sus clientes internacionales ya saben que en España está lloviendo y ya se están interesando por el aceite: “Ayer tuvimos una reunión con un cliente de EEUU. Como han visto que ha empezado a llover, nos han preguntado, porque prácticamente pueden pensar que el aceite ya está en la botella y de camino a EEUU, y nada más lejos de la realidad. Las primeras botellas de esta cosecha saldrán en diciembre o enero”, explica. 

El portavoz de los exportadores cree que si las precipitaciones tienen algún efecto beneficioso, empezaría a notarse a finales de año. “Pero no veo, de todas formas, que haya un cambio de circunstancias para que haya una variación de precio”, añade. Los productores ven un posible beneficio residual, que no cambiará las grandes cifras: “Esto va a tener una repercusión en las zonas donde la aceituna se desarrolla muy tardía, en la sierra, pero ahí se produce un volumen muy pequeño”, explica Juan Luis Ávila, de COAG.

El Ministerio de Agricultura, ante la consulta de infoLibre, considera que es imposible hacer una estimación del impacto de las lluvias de estos días en las cosechas del olivar. Fuentes gubernamentales aplauden que por fin esté lloviendo, y coinciden con el análisis de los agricultores: será beneficiosa en algunas zonas aún está en proceso de floración, pero en otras ya esa etapa ha quedado atrás. 

El portavoz de COAG lamenta la mala suerte de empalmar dos temporadas de olas de sequía y calor en el peor momento de la cosecha. “El olivo es una cosecha que parte de cero. Cuando un año da poco fruto, al año siguiente da bastante. Si hubieran caído en Jaén apenas 60 o 70 litros en marzo o abril, solo esa cantidad hubiera sido suficiente. No esperábamos otra cosecha tan mala. Si pasas por Jaén, ve al campo y mira la aceituna que hay”, lamenta Ávila.