Si nada se tuerce, que es mucho decir, todo parece indicar que a partir de este lunes 18 de mayo podremos pagar con Bizum en todo tipo de establecimientos comerciales conforme se vayan adhiriendo al servicio, ampliándose así las alternativas de las que disponemos los consumidores para pagar por nuestras compras en España.

En una anterior tribuna que titulé “Ni al pagar nos vamos a librar”, anhelaba y alentaba el despliegue de esto que parece que ya, por fin, al menos en España, sí. Así que me parece una noticia (muy) positiva, aunque pueda parecer irrelevante, que además de con dinero en efectivo y con tarjeta, podamos pronto también pagar con Bizum en todas partes.

Creo que no es irrelevante porque la dependencia inercial y autoimpuesta que asumimos en la eurozona durante las más de dos décadas de existencia de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) es, llegados a este punto, absurda. Que durante todo 2025 en la eurozona los pagos con tarjeta siguieran representando el 57% de todos los pagos digitales, y en España el 67% (¡dos de cada tres!) es resultado de no contar con una alternativa a las tarjetas con las que tantas cosas pagamos a diario. Tantas como los más de 9.700 millones de pagos con tarjeta realizados en los más de 2,8 millones de datáfonos solo en España, por más de 286.000 millones de euros, a razón de 29 euros de ticket promedio. Estos datos de pagos con tarjeta que traslado directamente de la web del Banco de España y que este informa al Banco Central Europeo, son proporcionados por Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S.A. (STMP), operador privado del sistema de pagos con tarjeta en España tras la fusión en 2018 de los tres sistemas existentes entonces (ServiRed, 4B y EURO 6000), del que son accionistas las entidades bancarias.

Al pago con tarjeta le seguían de lejos en 2025, por intensidad de uso, los pagos desde cuenta, tanto en modalidad transferencia (17%) —entre las que ya son mayoritarias las instantáneas como Bizum—, como en adeudos o domiciliaciones (12%).

Es maravilloso que Bizum fuera el medio por el que se ordenaron tres de cada cuatro transferencias instantáneas el año pasado en España, la mayor parte (dos de cada tres) para realizar pagos entre particulares, y casi uno de cada diez para pagos en comercio electrónico. Es maravilloso porque la estrategia de la Comisión Europea y del Eurosistema sobre pagos minoristas sitúa a los pagos desde cuenta en el centro de los objetivos de soberanía y autonomía estratégica de Europa. Dicho de otro modo: es maravilloso que la estrategia de canibalizar los pagos con tarjeta con un medio de pago 100% europeo pueda ser pronto una realidad en España.

“Hacer un Bizum” es posible desde 2016 para pequeños pagos entre amigos y familiares, un espacio hasta entonces cautivo del dinero en efectivo. A partir del 18 de mayo puede ayudarnos también a independizarnos de soluciones norteamericanas de las que no tenemos absolutamente ningún control ni garantía de permanencia del servicio cuando a Trump se le tuerza el gesto.

Y es que el amenazante Gobierno USA puede obligar, por ejemplo, a Visa y Mastercard, empresas norteamericanas, a denegar el servicio a personas como Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios Palestinos ocupados desde 1967, o a casi diez jueces y juezas de la Corte Penal Internacional que han participado en investigaciones contra sus ciudadanos o contra Israel por crímenes de guerra. Su inclusión como "Nacionales Especialmente Designados" o "SDN" en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU implica el bloqueo de sus activos en el país y la prohibición a cualquier persona estadounidense —como Visa o Mastercard— de tratar con ellas.

Por supuesto que pagar con tarjeta seguirá siendo imprescindible o más conveniente durante un tiempo en algunos casos de uso, como cuando paguemos fuera de la eurozona o cuando los turistas extracomunitarios, carentes de una cuenta de pago en la zona SEPA, nos visiten y paguen por sus compras y consumos aquí con sus tarjetas internacionales. Es interesante constatar, hablando de turismo, que dos tercios de las compras pagadas con tarjetas internacionales en España, según STMP, se concentran en cinco provincias: Barcelona (18,6%), Baleares (15,2%) y Madrid (14,4%), Málaga (8,3%) y Alicante (6,5%).

Para que realmente podamos celebrar la independencia europea de las tarjetas gringas son precisos, en mi opinión, cuatro elementos, y en este orden: 1. incentivos correctos; 2. pedagogía sin dejar a nadie fuera; 3. liderazgo de las administraciones públicas; y 4. alcance paneuropeo.

Sobre la importancia de los incentivos correctos, debe quedar claro que cualquiera de las opciones de cobro (efectivo, tarjetas y Bizum) supone un coste para el comercio: por la custodia, gestión, seguridad y fraude en el caso del dinero en efectivo; por el servicio de aceptación de opciones de pago digitales en el caso de las tarjetas y de Bizum. Las estadísticas del Banco de España sobre las tasas de descuento, que son las comisiones que de media pagan los comercios por cada euro de transacción capturada por sus datáfonos, informan de un promedio del 0,38% del importe de cada transacción, con un mínimo de 0,23% (superficies de alimentación) y un máximo de 0,92% para hoteles y transporte de viajeros. Y me llama la atención que las comisiones de las denominadas "Categorías de bajo importe" que agrupa categorías comerciales (excepto autopistas) cuyo importe medio de compras con tarjeta de pago no excede de 15 euros y cuyos precios, en general, están condicionados por un determinado marco regulatorio, como el transporte urbano, son las que soportan las comisiones que más crecen, junto con la categoría de “Caridad y solidaridad”. Y me surge la pregunta de por qué es cuatro veces más caro —para el punto de venta— cobrar con tarjeta un servicio de transporte público que una compra de alimentación en una gran superficie comercial. Este es el tipo de preguntas que creo que toca hacerse a la hora de diseñar las tarifas comerciales para los puntos de venta si queremos que pagar con Bizum prenda.

Sobre la inclusión y la pedagogía, no podemos permitirnos dejar abandonados colectivos cautivos del efectivo y las tarjetas como, por ejemplo, cuentas tuteladas o básicas que no dispongan de servicio Bizum, pero sí de tarjetas de prepago asociadas. Y no creo que deban escatimarse recursos en demostraciones, explicaciones, tutoriales, campañas informativas —también presenciales, por ejemplo, en los centros de mayores— para que la adopción sea un éxito, si es que se quiere que la adopción sea un éxito, claro.

Sobre el liderazgo de las administraciones públicas, creo que deben i) ser las primeras en universalizar el botón de pago con Bizum; ii) negociar “duro” con los prestadores del servicio de aceptación de pago con Bizum para que los incentivos sean correctos; y iii) garantizar que el pago con Bizum funcione como la seda, sin fricciones.

Sobre el alcance paneuropeo de la alternativa a las tarjetas basada en las transferencias instantáneas SEPA, ahora mismo son dos las iniciativas europeas las que afirman estar a tope tras sucesivos gatillazos desde el fallido Proyecto Monnet de 2012, y que solo tendrán sentido interconectadas. Una es el consorcio EuroPA (European Payments Alliance), inicialmente constituido por Italia, Portugal y España (con Bizum); el otro es EPI (European Payments Initiative) y su marca comercial Wero, desplegada en Francia, Alemania y Bélgica.

Estaré expectante a las novedades y a los logros, que seguro serán muchos y rápidos, para contarlos aquí.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La integridad es una condición esencial para el bienestar y la prosperidad, tanto a nivel personal como colectivo, como sociedad desarrollada que somos y aspiramos a seguir siendo, yo al menos. Las instituciones públicas deben, por su responsabilidad en la preservación de la confianza en la democracia, cuidar celosamente su integridad y la de quienes las conforman y representan. Y el resto, debemos escrutarla y valorarla.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la integridad pública como la adopción y respeto de valores éticos comunes (no robarás), principios (buena administración, transparencia, eficacia, eficiencia) y normas (contratación pública, conflictos de interés, etc.) que protegen el interés público y general sobre los intereses privados y particulares, especialmente los depredadores. Ser un persona íntegra, física o jurídica, es sinónimo de ser honesta e incorruptible. 

Para dimensionar y medir este concepto tan abstracto como es el de la integridad pública, la OCDE ha reeditado en 2026 su “Perspectivas de Anticorrupción e Integridad” (ver aquí), la segunda edición de una serie de investigación que inauguró en 2024 y sobre la que ya escribí una tribuna (ver aquí).

Comparto un par de datos interesantes para ponernos en situación. Estima que la corrupción en la compra pública supone la pérdida de hasta el 25% de la inversión pública global, cada año, y que el impacto económico directo del fraude y del crimen organizado supera cada año el 5% del PIB mundial. 

El informe evalúa el desempeño de los 37 sistemas de integridad y anticorrupción de los 37 miembros de la OCDE y de los 25 países socios en siete áreas clave, que yo os presento en modo preguntas: (1) ¿tiene el país estrategia de anticorrupción e integridad?, (2) ¿trata a los lobbies como lo que son, grupos de presión de intereses particulares con capacidad de influir en la toma de decisiones de las autoridades públicas?, (3) ¿cómo previene los conflictos de interés?, (4) ¿vigila la financiación de partidos políticos?, (5) ¿cumple con el principio de transparencia de la información pública?, (6) ¿funciona el sistema disciplinario de funcionarios, si es que lo hay?, y (7) cuando ocurren delitos de corrupción, ¿cuán integro es el sistema judicial que ha de juzgarlos? 

Existen estándares internacionales –Naciones Unidas, Consejo de Europa– en materia de integridad pública contra los que comparar las respuestas a esas preguntas. Y sobre la mesa del Consejo Europeo está ahora mismo la propuesta de Directiva europea para actualizar y reforzar las normas de la UE de lucha contra la corrupción y contemplar así todos los delitos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) haciéndolos extensivos al sector privado. 

El informe aplaude que sean cada vez más los países que han adoptado su primera estrategia anticorrupción, entre los que está España desde agosto de 2025 con su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, materializado por el momento en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero, con 84 medidas y 18 modificaciones de leyes, seis de ellas orgánicas que requieren una mayoría absoluta en su trámite legislativo en las Cortes. 

La OCDE reitera, como ya hizo en su primera edición, que el principal desafío de los sistemas de integridad existentes es la brecha de implementación —la distancia entre la norma y la práctica–. En este sentido, España cumple (ver aquí) el 53% de los criterios de valoración de la solidez de su estrategia estatal (el Plan Estatal), frente al 38% del promedio de la OCDE, pero solo cumple con el 17% en la práctica (frente al 32%). Esa distancia en la aplicación se materializa sobre todo en la propia estrategia, en el nulo tratamiento de los lobbies que ni están regulados ni registrados, y en los sistemas disciplinarios para funcionarios. 

El Anteproyecto de Ley Orgánica prevé concentrar varias de las siete áreas clave para la OCDE bajo una nueva e independiente Agencia de Integridad Pública que integraría las competencias que hoy ejercen la Oficina de Conflictos de Intereses, la recientemente inaugurada (en septiembre 2025) Autoridad Independiente de Protección del Informante, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude instalado en la Intervención General de la Administración del Estado, llamado a proteger los intereses financieros de la UE en su lucha contra el fraude. La transparencia seguiría siendo competencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la vigilancia de la financiación de los partidos políticos, del Tribunal de Cuentas.

Y todo esto solo a nivel estatal, insisto, que es lo que valora la OCDE, sin constatar lo que ocurre a nivel de Comunidad autónoma, que también han de garantizar su integridad y contar con la norma, la institucionalidad y los mecanismos necesarios para ello, que por eso son autónomas.

Constata el informe que los países que muestran mejores resultados se están alejando de enfoques de integridad basados en normas hacia enfoques basados en riesgos y orientados a resultados. España estaría teóricamente, o en fase de borrador hasta que la estrategia sea Ley, en ese grupo. 

Pero también reconoce el informe que la gestión por resultados, que busca medir, evaluar y valorar la implementación de las medidas, como es lógico, precisa tener acceso y usar datos de calidad, incorporar herramientas digitales, garantizar la interoperabilidad (que los sistemas se hablen entre sí) y fortalecer el buen gobierno de quien ejerce la función de supervisión. De hecho, solo uno de cada cuatro países miembros de la OCDE –y España no está entre ellos– cumplen hoy con estos requisitos mínimos de gestión. 

Que no se midan ni evalúen los resultados de los objetivos que uno se marca, por muy bien diseñados que estén y bienintencionados que sean, supone ir a ciegas. E impide demostrar, atribuir, comunicar y explicar que las mejoras que se consigan son, de existir, fruto de las estrategias, de los procedimientos y de las normas adoptadas; y que suponen ventajas concretas, materiales y cotidianas, en métricas que nuestro cerebro pueda entender y asimilar sin mucho esfuerzo. 

La realidad es la que es, y es necesario transformarla en evidencia para poder comprobarla. La evidencia se consigue con evaluación, datos e indicadores que informen de qué se ha hecho, en qué se han materializado las medidas adoptadas, cuánto de lo previsto se ha conseguido, por qué sí y por qué no, y qué habría que hacer diferente para mejorar lo mejorable y corregir lo erróneo. 

Proteger los fondos y las instituciones públicas es tarea de todos, aunque nos dé pereza. Pero es una tarea que no podemos hacer a ciegas ni mediante un acto de fe. Es lo que sugiere la OCDE en su informe, y de lo que me hago eco hoy aquí.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Me gustaría poder afirmar con rotundidad que corren malos tiempos para una oscura organización multinacional de origen español a la que solo cabe limitar su poder, disolverla de ser posible y exigir la reparación a las víctimas de sus acciones. Lo afirmo sin rotundidad aún porque algo parece estar moviéndose, afortunadamente. Sigo el asunto de lejos, con distancia emocional. No me obsesiona ni me sorprende a estas alturas todo lo gore e indigno que durante décadas fueron rumores y ya no. 

El actual CEO de esta organización transfronteriza, fundada en 1928, se llama Fernando Ocáriz. Heredó el cargo en 2017 del que fue su antecesor desde 1994, Javier Echevarría, que a su vez lo heredó del beato desde 2014 Álvaro del Portillo, heredero directo en 1975, tras la muerte del fundador de la empresa que fue proclamado Santo en 2002 por la vía rápida –transcurridos solo 27 años– por quien también adquirió esa condición apenas nueve años después de su muerte en 2014. 

Este último, el Papa Juan Pablo II, decidió en 1982 otorgar a esa organización –el Opus Dei–, por procedimiento de concesión directa sin concurrencia competitiva, un privilegio, el upgrade premium, nunca antes concedido desde su incorporación como figura jurídica por el modernizador Concilio Vaticano II: la condición de Prelatura personal. Un estatus especial, único, superior al de cualquier otra congregación, que le concede a su CEO una jurisdicción propia sobre todos los miembros de la organización, sean sacerdotes o laicos, sobre todo en lo relativo a los “fines” de la Obra. 

Tanto poder, lógicamente, debía acompañarse de un Reglamento de Organización y Funcionamiento (Estatutos) cuyo contenido debía ser autorizado por el órgano concedente (Vaticano), por si acaso. 

Cuarenta años después de ese singular reconocimiento que dio alas a la expansión internacional y la colonización de instituciones, el por entonces papa Francisco I emitió motu proprio una carta apostólica, “Ad Charisma Tuendum” (original en inglés), que decretaba una serie de instrucciones de las que destacan, por sus tremendas implicaciones, las siguientes: una, la degradación de estatus de prelado al de “moderador”, con la retirada de las potestades jurisdiccionales (tribunales de justicia) que venía ejerciendo sobre los cientos de miles miembros laicos; dos, el cambio de instancia de supervisión vaticana a la que rendir cuentas porque quien ya no es prelado, tampoco puede ser obispo –antes el Dicasterio para los obispos, ahora el del clero–; y tres, la obligación de rendir su informe o memoria anualmente, no cada lustro como venía siendo habitual. Todo esto se traduce en menos potestades y privilegios (menos poder) y mayores exigencias de transparencia y obediencia (más rendición de cuentas).  

Dos años después de aquella orden, el Papa Francisco I recibió al aún prelado Fernando Ocáriz, quien le presentó un primer informe –que no proyecto de Reglamento– sobre la adecuación de los Estatutos con las instrucciones papales. Sin más. 

Lo siguiente relevante en esta historia que os cuento es que el Opus Dei había convocado su X Congreso general, esas reuniones que desde que es Prelatura personal ocurren en Roma “cada ocho años para hacer balance del trabajo realizado y señalar algunas orientaciones sobre la acción evangelizadora de los miembros del Opus Dei, sacerdotes y laicos (hombres y mujeres, casados y solteros)”, los días 23 de abril al 5 de mayo de 2025. Debió de ser un movidón inaugurarlo dos días después del fallecimiento del Papa Francisco I que decretó atarles en corto. Todo a la vez en Sede Vacante.

Apenas transcurridos diez días de la proclamación de León XIV el 8 de mayo, tras cuatro votaciones y apenas dos días de cónclave, el nuevo Papa, estadounidense de nacimiento y hasta el momento anti trumpista, recibió a Ocáriz, a quien le preguntó por el avance de los trabajos de reforma de su Reglamento interno. Como no los llevaba encima en esa audiencia papal, el interpelado repitió la visita un mes después ya con los documentos requeridos, que presentó para el análisis y, en su caso, aprobación vaticana.

Esa audiencia Papa-Prelado se repitió de nuevo hace poco más de un mes, en febrero, esta vez en formato maratón, y fue Ocáriz en esta ocasión el interesado por el avance de los trabajos de revisión vaticana del proyecto de Estatutos. Se le informó de que siguen en ello y que no hay fecha de aprobación a la vista.

Lo que ha motivado que escriba esta tribuna revisitando aquella del 21 de abril de 2025 que titulé OPUS vs DEI es que hace unos días, el 17 de marzo, el Papa León XIV recibió por petición propia, y durante más de 40 minutos, al periodista Gareth Gore, autor de la obra OPUS que León XIV calificaba como “un trabajo riguroso”. Un gesto, todo él, teniendo en cuenta los antecedentes y el contexto, bastante inédito, por lo que he podido leer, e ilusionante, en mi opinión. Quiero pensar que León XIV ha dialogado y dialogará con todas las partes interesadas (incluidas las víctimas), no solo con los órganos de gobierno, antes de tomar una decisión sobre si aprobar, enmendar o rechazar la reforma de los Estatutos de la organización.  

Entre tanto, la obra prepara los fastos de conmemoración de su centenario, que anuncian que se extenderán hasta 2030. Ojalá lleguen a tiempo para celebrar, además del hecho de que la empresa sigue viva a pesar de troceada y subordinada, que han sido capaces de adoptar unas reglas de organización y funcionamiento “como dios manda”. 

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La democrática y arquitectónica separación de poderes que dota de independencia y autonomía a los poderes ejecutivo (el gobierno y la cabeza de la administración pública), el legislativo (donde reside la soberanía popular) y el judicial, está por si acaso reforzada con complejos engranajes de frenos y contrapesos (checks and balances), de esos imprescindibles que en EE.UU. se encuentran en grave peligro de deslegitimación ya sea por estar acobardados si no cuentan con suficiente autonomía, o parasitados por quienes desaprueban la necesaria independencia para limitar el poder y la arbitrariedad de su ejercicio.

Los denominados organismos u autoridades independientes de control que necesita una democracia para desarrollarse plenamente son unos cuantos (por ejemplo, el banco central, el tribunal de cuentas, la comisión de defensa de la competencia y los mercados, el defensor del pueblo, el consejo de transparencia, la autoridad de protección del informante, de prevención de la corrupción y del fraude, entre otros), todos imprescindibles y pocos, en realidad, para controlar bien todo lo que necesita ser controlado para que no se extralimite. 

De los que hay, no todos están adecuadamente dotados de los recursos también imprescindibles para desempeñar su función, para ejercer la autoridad y fortalecer su credibilidad. Solo con legalidad –que lo diga una Ley– y legitimidad –porque lo dice una Ley–, no se puede controlar bien. 

Hay, o más bien puede haber, órganos y autoridades de control a todos los niveles: estatal, autonómico y local. Uno de los varios contrapesos que seguimos sin tener adecuadamente dotados en España es la Autoridad Nacional a cargo de ejercer de coordinador y controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que es un Reglamento europeo de los que se han de aplicar directamente y sin dilación. En lugar de crear una nueva autoridad, se ha designado a una existente, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), para ejercer las funciones exigidas de coordinar y controlar el cumplimiento de la DSA, pero no se le han otorgado las competencias y recursos para poder hacerlo, al encontrarse aún en fase de proyecto la eventual Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. Esta indefensión en la que nos encontramos ha supuesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denuncie a España hace unas semanas, junto a República Checa, Chipre, Polonia y Portugal, por incumplidores. Son asuntos importantísimos que a menudo no nos llegan, o no llegan bien explicados, a través de los medios de comunicación.

En alguna tribuna previa he hablado de otros órganos y autoridades de control muy consolidados en nuestro andamiaje democrático-institucional. En “Capacidad de defensa mermada” fueron las defensorías del pueblo autonómicas, de la que carecemos, por ejemplo, la ciudadanía madrileña. En “Las cuentas que no se quieren ver” fueron los organismos de control externo (OCEX, en la jerga), los watchdogs del dinero público autonómicos, de los que hablé. Sancionan poco, y no todos, la falta de colaboración debida, pero no los incumplimientos detectados. Para ello es competente solo el Tribunal de Cuentas de España, el supremo órgano fiscalizador, que además de recomendar como el resto, tiene atribuida como bien indica su nombre, la función de enjuiciar, pero solo por responsabilidad contable / patrimonial, no penal o disciplinaria. 

Llegados a este punto me pregunto cuál es el poder de una recomendación, esa forma amable de señalar que algo debería de cambiar para cumplir con la legalidad, para mejorar o para dejar de dañar. Obviando la vertiente de los enchufes, alabanzas e influencias, la RAE define “recomendación” como la acción y efecto de advertir, aconsejar, sugerir, avisar y hasta de suplicar a alguien con responsabilidades de diligencia y cuidado. En nuestro ordenamiento jurídico una recomendación es un acto jurídico, un “tipo de legislación”, de soft law. A pesar de este reconocimiento, las recomendaciones no son vinculantes, son sugerencias de hacer o de no hacer sin consecuencias legales, como contaba en “Desfase de reglamentos, directivas y recomendaciones”. 

En cualquier caso, emitir una recomendación es una enorme responsabilidad. Es, o debiera ser, fruto de la verificación y contraste de evidencias, de pruebas. Debe también reunir algunas características más: tener un receptor claramente identificado, que la recomendación sea accionable y no un brindis al sol, y que sea pertinente, o sea, que vaya al punto, que no se vaya por las ramas. También debe dársele seguimiento a su atención o desatención, porque una cosa es que no sea de obligado cumplimiento, y otra que ese cumplimiento no deba procurarse, y mucho menos que pueda ser ignorado, incluso reiteradamente, y hasta contravenida, sin ningún tipo de consecuencia, como por ejemplo consecuencia reputacional a través de la publicidad y visibilidad de los hechos. 

Son muchas las recomendaciones que duermen el sueño de los justos en cajones de despachos, en carpetas archivadas en la nube, en los sitios web de los organismos que las emiten y en los diarios o boletines oficiales correspondientes, difundidos, pero no divulgados. Parte importante de la responsabilidad de divulgar recae en los propios organismos y autoridades que recomiendan, en los que hay mucho margen de mejora para comunicar mucho mejor, y también buenos ejemplos en los que inspirarse. Se me viene a la cabeza el Tribunal de Cuentas Europeo, que elabora unas versiones resumidas de informes que son cortitas, comprensibles y atractivas. También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) cuenta con recursos de comunicación muy asequibles.

No menos importante en esta tarea de divulgar es la responsabilidad de los principales difusores de información, que deciden de qué es importante informar o desinformar, y a partir de qué fuentes: los medios de comunicación.

Del mismo modo que no me canso cuando mis hijos me cuentan sorprendidos cosas random que han oído, leído o visto en algún reel, o que les ha respondido la insoportable IA incrustada ya en todos los navegadores, de interpelarles con ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde lo habéis visto o leído?, tampoco me canso de recomendar que debemos descreer por defecto de cualquier información de la que desconozcamos la fuente, un algo o un alguien identificable, mejor si reviste carácter oficial, que la “firme” y “dé fe”. 

Estamos inmersos en la era del contraste y de la verificación. Debemos todas y todos, desde nuestros puestos, ser un potente freno a la desinformación, y un valiente contrapeso de la mentira. Nos va la democracia, y todos los principios que consagra, en ello.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

En Madrid, la Salud y la Educación son, como en todas partes del mundo civilizado, servicios esenciales, pero aquí están provistos por un ecosistema público-privado excesivamente escorado al privado. Un privado disfrazado de amable concertado al que tiende a írsele de las manos su innato carácter especulador, su opacidad y su inestabilidad, insuficientemente embridado por las autoridades competentes. Un carácter y unas formas con las que, sin rubor, dejan abandonados a los usuarios cuando desaparece el exceso de lucro. Un carácter y unas formas que nos empobrecen como sociedad al tener que asumir, además, el quebranto económico que causan, y unos servicios públicos deteriorados e incapaces de reestablecerse ágilmente del saqueo depredador, que en Madrid campa a sus anchas y es aplaudido por las autoridades, en lugar de ser debidamente vigilado y sancionado, con suficiente luz y taquígrafos. Por aportar dos datos básicos de brocha gorda: la inversión per cápita que el presupuesto público madrileño destina tanto a la educación como a la salud es la más exigua, con diferencia, de toda España (900 euros y 1600 euros, respectivamente, redondeando hacia arriba). Datos más finos, que no caben aquí, darían para analizar cuántos de esos dineros se administran en opacos conciertos privados.

Madrid no es un territorio amable con las personas mayores ni con las que necesitan atención a la dependencia. Al margen de las pensiones, centralizadas en la Seguridad Social común, la atención, y centrándonos en esta importantísima política, nada más hay que recordar que la Comunidad de Madrid, “el motor económico de España”, destina al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) apenas 148 euros por habitante, cuando la media en España es de 175 euros, de modo que el gasto por persona dependiente atendida en Madrid es un 4% inferior a la media nacional (ver aquí). 

Que las casas sean para vivir es una prioridad que la Comunidad de Madrid oficialmente rechaza incumpliendo la aplicación de la Ley de Acceso a la Vivienda, nos guste más o menos, y me atrevo a decir que vulnerando el principio de la autonomía local, en ausencia de un procedimiento para que los municipios madrileños puedan siquiera solicitar la declaración de zona tensionada, y donde, además, el patrimonio público municipal (el suelo) se regala con concesiones casi perpetuas a fines privados y alejados del interés general, suelo que ya no está disponible para construir casas para vivir y los equipamientos públicos indispensables para vivir en esas casas que ya no caben. Otra política consciente y contraria a la mayoría.

Todas estas soluciones estratégicas, y muchas otras, se organizan desde los gobiernos y las administraciones públicas y se financian fundamentalmente con impuestos. Si estos no son suficientes, pues habrá que recurrir a la deuda, pero no sin antes recuperar impuestos propios a los que ideológica y alegremente se renuncia, además de analizar con sinceridad y con datos duros quién efectivamente los paga y a quién recurrentemente se les exime. 

Unos impuestos que pagan con muy diferente intensidad unas personas (trabajadoras) y no otras (rentistas), por los ingresos de su actividad. Unas exenciones y bonificaciones que eximen de pagarlos a unas personas (rentistas) y no a otras (trabajadoras). Además, las personas trabajadoras son todas físicas, de carne y hueso, mientras que las personas rentistas pueden ser físicas o jurídicas, y a estas últimas es muy difícil seguirles la pista. Y son estas personas rentistas, en particular las grandes acaparadoras de rentas, físicas y jurídicas, las exclusivas beneficiarias de las políticas para ricos y ultrarricos desplegadas en la Comunidad de Madrid con el presupuesto público. Unas políticas que, al comunicarse enmascaradas en promedios falaces y locos, simulan que las mayorías se encuentran incluidas en unos cálculos. Nada más lejos de la realidad. 

Y si hablamos de Igualdad, que es condición transversal a todas las soluciones, no sorprende, pero quizá no sabíais (ver aquí), que la Comunidad de Madrid es la única del Estado desprovista de una Ley de Igualdad, y la única junto con Murcia que no aplica el preceptivo enfoque de género a sus presupuestos. 

Tampoco tenemos en la Comunidad de Madrid la figura de “designado del poder legislativo autonómico” que nos defienda de las malas prácticas de la administración y gobierno autonómico, como ya expuse aquí, y que de nuevo la sitúa como líder indiscutible del “team” territorios insolidarios, por pura dejación. Así nos va. 

Contestando a la pregunta del título, creo que hay evidencia a capazos de que, si hablamos de lo que realmente importa, del interés general, en Madrid todo es peor.

*Aquí puedes ver la primera parte de este artículo.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Lo último que he hecho antes de enviar a publicar esta tribuna ha sido poner los signos de interrogación. Así, este texto queda más personalizado. Yo doy muchas indicaciones disfrazadas de preguntas. Todo el rato. Mis hijos pueden dar fe. 

También he pensado que siempre es mejor abrir un debate antes de emitir tan rotunda afirmación a pesar de estar muy sustentada en la evidencia.

Lo penúltimo que he hecho es dividir la tribuna en dos, porque estaba quedando muy extensa y densa para leerla de una sentada. Hoy publico la Parte I y cuando el equipo editor lo considere oportuno, se publicará la Parte II, ya escrita.

Bien. Mi método de investigación de andar por casa ha sido empezar por donde lo dejé en mi anterior tribuna sobre mis pensamientos intrusivos (ver aquí). De lo que allí manifiesto como opinión, personal, de lo que es realmente importante, recopilo algunos datos. Allí declaraba que, llegados a este punto de desorden y desasosiego internacional, lo apostaría todo a dos asuntos: autonomía y cuidados. 

Por autonomía me refiero a minimizar la dependencia que hoy tenemos como país y peor aún, como Unión Europea, en sectores superestratégicos como la energía, las comunicaciones, la soberanía alimentaria y el agua, por concretar algunos. Solo el asunto de las comunicaciones engloba gestos tan cotidianos como pagar con tarjeta en comercios, consultar y hacer trámites bancarios, todo lo que enviamos en chats que compartimos, todo lo que publicamos en redes sociales, todos los recuerdos y documentos importantes que archivamos o, cuanto menos, almacenamos, eminentemente en formato digital. 

Todos esos sectores estratégicos están demasiado interrelacionados, son excesivamente interdependientes, ya que todo —diseño, funcionalidades, requisitos de acceso, pago por servicios— pasa en definitiva por el switch de grandes corporaciones, todas ellas privadas y todas ellas norteamericanas, salvo —imagino— alguna excepción que confirme la regla y en la que ahora mismo no caigo. Son dueñas de las infraestructuras, porque son privadas, y establecen las reglas de acceso y uso. 

No nos engañemos. Pensábamos que todos nuestros huevos los teníamos distribuidos en varias cestas. Cambiado el orden internacional, resulta que nos caemos del guindo de que en realidad es una única cesta que, además, lleva ahora agarrada por las garras un águila imperial demente que vuela dando tumbos. 

En este ámbito, las comunidades autónomas españolas, que es el ámbito territorial que yo querría comparar para responder a la pregunta del título, poco pueden hacer por sí solas, más que aceptar o negar la mayor y la evidencia, y censurar o alabar el caos que está trayendo consigo, una vez más, el fascismo, la autocracia y los ultrarricos. Dicho esto, hay al menos un asunto de esos sistémicos, como es el de la autonomía energética, en el que las comunidades autónomas sí tienen algo que decir, y que, de hecho, dicen. 

Pues en este asunto la Comunidad de Madrid destaca por ser la menos autónoma en generación renovable (el parque generador madrileño es el de menor potencia total del país, y contribuye con apenas un 0,4% de lo generado en España (ver aquí), más aún comparado con su consumo energético, que satisface con producción propia apenas un 4% del total, exigiendo un mayor esfuerzo de solidaridad a otros territorios, incluidos los cuatro (Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunitat Valenciana) que albergan siete reactores nucleares activos. Que no se apueste por un despliegue masivo de energías eólicas y fotovoltaicas per tot arreu, principales aliadas de nuestras aspiraciones de autonomía energética para España —por ser el nuestro un país privilegiado en términos de territorio, orografía y sol— es una decisión política consciente y errada si se ha de contribuir al interés general y no a intereses particulares. 

Cuidados son los cinco pilares de los Estados de Bienestar avanzados como los que conformamos la UE, en los que las soluciones que debe consolidar son, qué duda cabe, la salud, la educación, las pensiones, la atención a la dependencia y que las viviendas sean, lo primero de todo y luego ya hablaremos, casas para vivir. Todas las soluciones a la vez, para todas, en todas partes. Y prácticamente todas ellas, esta vez sí, en manos de las comunidades autónomas, que por algo tienen delegadas las correspondientes competencias a petición propia, para ejercer su autonomía.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

No he leído aún en profundidad el Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, reunido en Davos hace unos días. Os acordaréis del look macarra de Macron y del discurso épico que Mark Carney declamó apelando a desterrar la nostalgia si no es constructiva, si no contribuye activamente a la reconstrucción del orden internacional, que está hecho añicos. No es el primer discurso mítico, ya tiene varios, como el de 2015 en Londres en el que acuñó el concepto de “La Tragedia del Horizonte” (en Ya lo dijo Brundtland lo conté).

He alcanzado a leer el índice y un par de recursos gráficos; no me ha apetecido profundizar más, se me hace bola. Ya el índice es una declaración explícita de que estamos en un escenario de preguerra mundial. 

El Informe consta de dos capítulos, uno que relata los riesgos globales de aquí a 2036; otro que profundiza en aquellos riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y severidad de su impacto. Un Informe sobre riesgos no se caracteriza por su contenido tranquilizador, ya que busca alertar y prevenir. O asustar mucho por la elección de términos ya desterrados en mi imaginario que resumen la opinión de 11.000 exitosos hombres y mujeres de negocios de 116 países, personas muy informadas y muy influyentes. 

El primer capítulo, titulado “La era de la competencia”, nos sitúa en 2026 al borde de un precipicio; preconiza que en 2028 los riesgos se nos complican, acumulan, entrelazan; y para 2036 pregunta si queda alguien por ahí o si ya nos hemos caído. Remata con una sección titulada “Un panorama oscuro”. Tal cual. Sin medias tintas. 

El segundo capítulo, que profundiza en los riesgos que se nos agolpan, habla, literal o subliminalmente –no sé distinguir cuándo utiliza cada recurso– de cambio de era, de multipolaridad (que es un eufemismo de desorden internacional), de guerra, de ajustes de cuentas, de fragilidad de las infraestructuras críticas, y de dos asuntos o nuevas entidades que en sus albores ya se nos están yendo de las manos: la inteligencia artificial generativa y la computación cuántica. Como se fueron de las manos el fentanilo, los plásticos de un solo uso, o se nos va de nuevo el fascismo.

Los riesgos que en 2026 dicen tener mayor probabilidad de ocurrencia son la confrontación geoeconómica (nada nuevo), los conflictos armados (¿qué está pasando en EEUU?), los eventos climáticos extremos y el binomio polarización social–desinformación.

Los riesgos de mayor impacto o severidad, a corto plazo, son esos mismos, pero en otro orden y, a largo plazo, en unos diez años –porque obviamente mientras los humanos nos destruimos en conflictos armados y guerras económicas y comerciales, el planeta Tierra sigue a su rollo–, los principales riesgos nos sitúan fuera de todos o casi todos los límites planetarios, incluido el de las nuevas entidades en el que se enmarca la IA y la computación cuántica, en una zona desconocida fuera de la zona de seguridad. 

Quiero pensar que las principales preocupaciones que hoy ocupan a los representantes de las instituciones europeas y de los 27 Estados miembros, en ese panorama desolador y creo que tendencioso y sesgado que nos dibuja el Foro de Davos, son las que ahora detallo, no necesariamente en este orden porque creo que son todas imprescindibles y están además interrelacionadas.

Comienzo con la autonomía estratégica europea, solos o entablando nuevas alianzas. Son muchos los frentes esenciales en los que no solo nos somos autónomas, sino que dependemos directamente de quien se ha declarado abiertamente agresor de los valores europeos, de nuestra democracia y de nuestras aspiraciones de integración y bienestar social y medioambiental. Por mencionar algunos de esos frentes, la energía (más renovable, menos fósil), los pagos (más soluciones europeas, menos tarjetas gringas), soberanía alimentaria (¿de quién es el campo y a qué se dedica?), sistemas de salud, seguridad (física y cibernética, incluidas infraestructuras críticas), y un largo etcétera. En todos esos frentes hay debates, proyectos, como el proyecto del euro digital, o el del “bizum” europeo, pero aún no tenemos nada funcionando, con la que está cayendo. 

Sigo con los cuidados, de las personas y del medioambiente, con la ampliación de derechos básicos como el de acceso a una vivienda digna que habría de ser hace tiempo el quinto pilar de nuestro Estado del bienestar. Ampliación a la vez que mantenimiento y mejora de los derechos y servicios públicos que conforman los cuatro pilares del Estado del bienestar ya conquistados –Sanidad, Educación, Pensiones y Servicios Sociales, incluida la Dependencia– que ahora es tan evidente que son la esencia que nos diferencia de países en vías de subdesarrollo como los EEUU, y que también nos protegen de él. Derechos y servicios que se sostienen fundamentalmente por impuestos, de esos a los que muchos de los 11.000 líderes mundiales voceros de los ultrarricos, parece que contribuyen poco para lo que deberían. Depredadores de bienes públicos globales y locales, como depredadora es la IA –sobre la que tenemos más preguntas que respuestas–, de la que esa élite es dueña absoluta y a la que terminaremos sometidas haciéndonos dependientes de su complacencia, y redundantes en lo importante.

A mí esto me parece un buen plan, son cosas muy importantes, las más importantes, con dos grandes objetivos en respuesta a los dos capítulos del Informe de Riesgos Globales 2026, que ya he dicho que no he leído. Su impulso –estoy convencida de que mucho ya está iniciado– requiere de grandes consensos, de voluntad política, de menos tibiezas, más democracia y de una ciudadanía exigente e informada.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Con todos los despropósitos que estamos viviendo desde la irrupción de un sociópata fascista en la presidencia de una otrora democracia representativa, se nos ha pasado por alto celebrar el cuarenta aniversario de la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea (UE), que tuvo lugar el 1 de enero de 1986.

Recuerdo las sensaciones tan maravillosas de ese hecho histórico estando yo en los previos de la adolescencia. Enseguida pude disfrutar personalmente de esa nueva realidad, de la amplitud de miras que nos brindaba y de la libertad de movimiento a la que nos invitaba. El Programa Erasmus es una de las herramientas más inteligentes y eficaces, en mi opinión, de creación de conciencia de ciudadanía europea. Me alegró mucho, por cierto, que Reino Unido pidiera recientemente su reingreso en ese programa de intercambio.

Ha llovido mucho en estos cuarenta años. La construcción europea sigue su curso, a trompicones, con periodos de tibieza seguidos de periodos de innegable impulso como el experimentado desde la pandemia, con algún retroceso posterior, pero con unos valores prístinos que guían todas las acciones y decisiones de las instituciones europeas y sus Estados miembros: la defensa de la democracia.

Opino abiertamente que el déficit democrático que lamentablemente aún caracteriza a la institucionalidad de la UE debe resolverse cuanto antes, teniendo en cuenta el cambio de era por el desorden internacional que el lunático antes mencionado está provocando con sus declaraciones y acciones. Quien ayer era un gran aliado en la defensa de la democracia, con sus cosas, hoy es un agresor declarado.

Hace año y medio fuimos invitados a elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo (institución supranacional), que desde el Tratado de Lisboa (2009) es, en igualdad de condiciones que el Consejo de la UE (institución intergubernamental), el poder legislativo de la Unión, cuya composición de acuerdo con los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo determina la elección de la Presidencia de la Comisión Europea y su cuerpo de Comisarias/os (poder ejecutivo). Fue la de junio de 2024 una cita electoral muy desaprovechada por la ciudadanía (participación española del 46%, por debajo de la ya de por sí mediocre participación promedio de la UE (del 51%) por varios motivos, uno de ellos el desconocimiento, a menudo traducido en desprecio, de su importancia. Y de aquellos barros, estos lodos.

En 1976 se adoptó el Acta Electoral Europea, que establece unos principios comunes pero que deja a cada Estado miembro participar de acuerdo con sus normas electorales nacionales, que no son uniformes. Por ejemplo, las elecciones europeas se celebran en días diferentes; los votos se emiten para partidos nacionales con candidatos nacionales que presentan programas nacionales sin debate político paneuropeo y sin aumentar el interés de la ciudadanía en los asuntos europeos; y la edad mínima para ejercer el sufragio activo (votar) y pasivo (ser candidato) difiere entre Estados miembros.

El Acta Electoral Europea fue modificada en 2002 y en 2018, pero este último cambio nunca entró en vigor por faltar la ratificación de España, por lo que las elecciones de 2024 se rigieron por la reformada en 2002.

Desde el 3 de mayo de 2022, se encuentra pendiente de aprobación una reforma de hondo calado, propuesta por el propio Parlamento Europeo en forma de Reglamento, para garantizar, de una vez por todas, un sistema electoral aplicable a todos los Estados miembros de la UE en las elecciones europeas.

Creo que vale la pena conocer las novedades –las he ordenado a modo de decálogo para facilitar la comprensión– de la propuesta porque serán (esto es un deseo personal) las que habrán de regir el funcionamiento de las próximas elecciones europeas en 2029, ya que no pudieron hacerlo, por falta de impulso político o porque las preocupaciones entonces eran otras, en las pasadas de 2024. Y el tiempo vuela.

Uno. Una circunscripción a nivel de la UE junto a las 27 circunscripciones nacionales actuales para facilitar que los electores voten por el presidente o presidenta de la Comisión Europea (actualmente, Úrsula Von Der Layen) en un sistema llamado de “candidatos principales” (Spitzenkandidaten) a través precisamente de estas nuevas listas europeas/transnacionales encabezadas por el candidato de cada familia política a la presidencia de la Comisión.

Así, cada votante tendría dos votos. Un voto para elegir a los miembros del Parlamento Europeo en las circunscripciones nacionales (si se mantiene como hoy, son 720, de los que España cuenta con 61), utilizando el sistema nacional de representación proporcional utilizado por cada Estado miembro. Y aquellos con más de 60 escaños (como Alemania, Francia e Italia, y como España desde junio de 2024) tendrían un umbral mínimo obligatorio del 3,5% (con un máximo permitido del 5%), para obtener eurodiputados, sin perjuicio de las exenciones establecidas en la ley nacional para partidos políticos o asociaciones de votantes que representen minorías nacionales o lingüísticas reconocidas.

El otro voto sería para elegir a los miembros para la circunscripción de la UE (27), mediante un sistema y procedimiento electoral uniforme de listas cerradas paneuropeas integradas por partidos políticos europeos, asociaciones europeas de votantes, coaliciones electorales europeas y coaliciones europeas de partidos nacionales o asociaciones de votantes de al menos 1/4 de los Estados miembros.

Para la asignación de escaños en las circunscripciones nacionales y en la paneuropea tras las elecciones, se utilizaría la fórmula D'Hondt de representación proporcional.

Dos. Armonización de la edad mínima de ejercicio de derechos cívicos y políticos: 18 años para presentarse como candidato y 16 años para votar, sin perjuicio de las disposiciones constitucionales existentes que establecen una edad mínima para votar a los 18 o 17 años. Además, todas las personas con discapacidad deben gozar de derechos políticos en igualdad de condiciones.

Tres. Garantía del derecho al voto a ciudadanos de la UE independientemente de su residencia (en un tercer país, sin residencia permanente, en residencias cerradas / institucionalizadas, sin hogar o en prisión).

Cuatro. Garantía de accesibilidad universal a materiales relevantes, instalaciones y colegios electorales.

Cinco. Garantía del derecho de emitir el voto por correo, incluidos los ciudadanos de la UE que viven en el extranjero.

Seis. Establecimiento del 9 de mayo como día fijo para celebración de elecciones europeas en toda la UE, en conmemoración del aniversario de la Declaración de Schuman en 1950, que los Estados miembros pueden declarar festivo nacional.

Siete. Periodo común de campaña electoral (desde ocho semanas antes del día de las elecciones) y periodo común de reserva electoral (jornada de reflexión, desde 48 horas antes) en toda la UE.

Ocho. Plazos comunes para presentar las listas de candidatos (doce semanas antes) y para establecer los censos electorales (catorce semanas antes) en toda la UE.

Nueve. Obligación de todos los partidos políticos y otras entidades que participan en las elecciones europeas de observar procedimientos democráticos y transparencia al elegir a sus candidatos y garantizar la igualdad de género en sus candidaturas (mediante cuotas o sistemas cremallera).

Diez. Creación de una Autoridad Electoral Europea, compuesta por 27 miembros designados por cada Estado miembro por un periodo de cinco años renovable, que se encargue de llevar a cabo las elecciones en la circunscripción paneuropea, de coordinar el intercambio de información entre las autoridades electorales nacionales y de supervisar la aplicación del Reglamento.

¿Próximos pasos?

El Consejo de la UE debe pronunciarse por unanimidad sobre la iniciativa legislativa del Parlamento (la propuesta de Reglamento aprobada desde mayo de 2022), antes de ser aprobada por todos los Estados miembros, según sus propios ordenamientos constitucionales, para su entrada en vigor.

¿Llegaremos? Yo digo sí, pero las cosas no se hacen ni se consiguen solas, y hay que empujarlas.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El domingo 21 comenzó oficialmente el invierno astronómico. Qué frío hacía ese día en Madrid. Caía del cielo aguanieve cuando volvía conduciendo del hotel en el que están alojadas cuatro personas con quienes había tomado el aperitivo en mi barrio, al que regresaba.

Iba en un coche de una amiga y vecina, que me lo presta en las ocasiones en las que el transporte público, que es el que uso por defecto junto a mis piernas, no es una opción factible. Llevaba una sillita de seguridad y un alzador instalados detrás; una segunda sillita, que es un trasto enorme, la desmonté y guardé previamente en casa porque sobraba para ese viaje. Mis pasajeras –una adulta y tres niñas entre 4 y 9 años– y yo no nos podíamos comunicar más que con gestos, sonrisas y caricias. Solo se escuchaba la voz, también femenina, del navegador.

Veníamos las cinco de tomar un aperitivo “de traje” en un espacio muy acogedor, todo para nosotras, calentito y limpio, que reunió a más de cien personas de todas las edades, la mayoría, vecinos y vecinas de mi barrio o “forasteros” conectados y muy pendientes siempre de las cosas bonitas que en él ocurren. Completaban el aforo nuestras invitadas, familias incompletas de niños y niñas palestinas gravemente enfermas que están siendo tratadas en nuestra red pública de hospitales tras una u otra de las evacuaciones que el Gobierno ha organizado para poder atenderlas aquí. Familias que han de completarse con los miembros que aún están en el infierno, instalarse aquí y convertirse, ojalá más pronto que tarde, y si ellas quieren, en nuestras nuevas vecinas, ciudadanos y ciudadanas madrileñas.

Las ONG y asociaciones encargadas día a día del bienestar de las familias refugiadas nos explicaron al equipo de locales las complejidades de un proceso de atención que es largo y un tanto descoordinado. Nos interesamos por él, por lo que podíamos nosotras, como vecinas, hacer para que el tránsito a la normalidad, al arraigo, sea lo más rápido y cuidadoso posible para todas ellas.  

Yo ya lo sabía, pero reconfirmé que los barrios tienen alma, que son las personas que en ellos viven y los espacios en los que se materializan físicamente, que los definen y los condicionan. Personas y espacios.

Personas que constato que albergan muchas ganas e ideas de hacer “cosas bonitas” en comunidad, pero son ganas contenidas en gran medida por la desaparición de los pocos espacios confortables y asequibles en los que desplegarlas que antes había en el barrio y que ya no, porque las Administraciones los malvenden e incluso regalan a los de siempre, o simplemente clausuran para un deterioro predestinado.

Las cosas bonitas no se hacen solas, no pasan solas; hay que hacerlas, hacer que pasen. Por fortuna, pasan muchas, aunque desafortunadamente mucha gente las desconoce, o eso me parece a mí, que hablo con mucha y muy diversa a diario a pie de calle. Conversaciones cotidianas que me ayudan a percatarme de lo mal informadas que estamos, especialmente de lo más cotidiano que ocurre muy cerca.

El alma de los barrios, que en algunos puede encontrarse apagada, precisa de un relevo generacional para preservar y continuar, como hicieron nuestros mayores y coetáneos, la memoria, la historia y el futuro de nuestros espacios de convivencia, de nuestros barrios. Las ganas e ideas pueden desvanecerse si desaparecemos los vecinos, si, por ejemplo, acabamos reemplazadas por turistas, visitantes, nómadas digitales y “residentes” fake de alta rotación.

Alguien que está de paso –por vacaciones, por trabajo, incluso por alguna modalidad de estudio–, aunque pernocte en nuestra comunidad de vecinos, no es vecino. Y no conoce, porque no los usa, el estado de los servicios públicos esenciales del barrio, como el polideportivo municipal cerrado a cal y canto más de un mes porque falta una pieza de Alemania para arreglar la caldera; o los tres centros de mayores huérfanos de actividades dirigidas por incompetencias administrativas del Ayuntamiento; o la insuficiencia de fondos de préstamo de la biblioteca pública.

Como todo eso le es ajeno porque está de paso, es natural que no sea algo a lo que decida dedicarle tiempo ni interés. Y eso está bien. No lo cuestiono. El problema es que, al estar de paso, este barrio no es para él o ella su casa, y no vota aquí. Y entonces pienso: ¡Que se vaya a un hotel!

Pues esto os cuento... Me despido con enormes deseos de que no cerremos nunca nuestros ojos y almas ante las atrocidades insoportables, las injusticias flagrantes y las desigualdades que parece que, aun pudiendo, no queremos resolver, como nuestra inmensa pobreza infantil. Por un 2026 repleto de casas asequibles para vivir, de tasas turísticas allá donde no existen aún, y de autonomía energética para todos y todas.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Las sociedades no somos monolíticas: evolucionamos y nos modernizamos, afortunadamente, a pesar de que mantenemos, desafortunadamente, patrones de conductas con excesivas trazas del pasado, como el patriarcado, que aún rezuma impregnándolo todo. 

Las sociedades somos las personas que convivimos en un territorio bajo unas normas comunes. Hemos convenido que una estructura básica de nuestra sociedad es la familia, ese conjunto de personas a las que estamos vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad, según la RAE.

El modelo de familia ha cambiado muchísimo, afortunadamente, en las últimas décadas. Lo reiteró hace poco el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, que Cáritas y Fundación FOESSA publican desde 1966, uno de los máximos, si no el máximo absoluto, referentes de nuestro país en radiografiar lo que incomoda y a menudo no se quiere reconocer. 

En lo que atañe al reclamo implícito de esta tribuna –hogares monoparentales, los formados por un solo progenitor que convive con uno o más hijos o hijas menores de 25 años– el informe los describe como feminizados (porque el 81,2% está encabezado por una mujer) y con niveles muy elevados de exclusión, muy superiores a los de cualquier otro tipo de hogar. Llega a constatar que la mayor brecha de género se sitúa en los hogares en situación de exclusión severa, en la que se encuentran uno de cada cuatro hogares monomarentales, frente a uno de cada diez hogares monoparentales en los que el ganapán es un hombre. 

De la lectura del Informe FOESSA deduzco dos conclusiones y dos recomendaciones, dirigidas “a quien corresponda”. La primera conclusión es que la familia nuclear biparental ha dejado de ser dominante y ahora hay una diversidad de tipos de hogar: parejas sin hijos, personas solas, familias reconstituidas o familias monoparentales. La segunda, que las desigualdades son cada vez más evidentes y que las familias con hijos, monoparentales y, sobre todo, monomarentales, sufren niveles más elevados de exclusión. Proceder de una familia monoparental supone tener más de tres veces más probabilidades de encontrarse en situación de pobreza infantil severa.

La primera recomendación es que urge reformar las políticas públicas para adaptarlas a la realidad: apoyar a las familias monoparentales (especialmente encabezadas por mujeres) con transferencias, servicios de conciliación y empleo protegido. La segunda recomendación es que debe mantenerse una perspectiva de género en el análisis de la exclusión social, y reforzar la interrelación entre las políticas de inclusión, las políticas de igualdad y de conciliación.

¿Y a quién corresponde? Un primer paso básico e imprescindible para el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, y para evitar cargas adicionales en los procedimientos administrativos a las que sí se han eliminado para otros modos de familia (por ejemplo, las numerosas), es el reconocimiento legal de la condición de monoparentalidad. La administración y emisión de este documento, certificación, carné o título recae en las Comunidades Autónomas.

Once comunidades autónomas, la mayoría, afortunadamente, han regulado la obtención de una certificación de dicha condición (título de familia monoparental). Aplaudo, en este sentido, por orden de adopción, a Cataluña (2003), Comunitat Valenciana (2018), Aragón (2019), Cantabria (2019), Navarra (2019), Illes Balears (2020), Galicia (2021), Asturias (2023), La Rioja (2023), Murcia (2023) y Andalucía (2024). Estas CCAA han ejercido su autonomía para reconocer y proteger a las familias monoparentales.

En Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y País Vasco, o no hay familias monoparentales (es ironía), o la Administración competente, la autonómica, pasa absolutamente de ellas. No reconocen y mantienen desprotegidas a las familias monoparentales que residen en sus territorios, que ascienden a casi 700 mil hogares, según mis estimaciones a partir de datos del INE.

Son especialmente curiosos, entre estos últimos del colectivo negacionista o miope, los casos de Castilla y León y Madrid. No surprises. Llevan mareando la perdiz desde 2020.

Especialmente sangrante es el caso madrileño, por ser responsable de la desprotección del 37% de todas las familias monoparentales desprotegidas de España. Anunció algo a bombo y platillo en 2020, volvió a anunciar lo mismo en 2024 (por ahí circula un proyecto de decreto) y hace apenas unos días rechazó con su rodillo parlamentario una proposición de ley para protegerlas como merecen. Curiosamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí ha comenzado a tramitar la regulación del vitalicio Título de Familia Numerosa Para Toda La Vida. 

En la primera situación de desprotección por ser familia monoparental en Madrid se encuentran unos 250 mil hogares (uno de cada diez de los 2,6 millones de hogares oficialmente contabilizados en la Comunidad de Madrid), de los que en el 83% la persona adulta a cargo es una mujer. En la segunda situación de sobreprotección, en términos comparados, por ser familia numerosa están unos 150 mil hogares. 

Y me pregunto: ¿Es discriminación? ¿Es ideología? ¿Es pereza? ¿Es desidia? ¿Un poco de cada cosa?

No entiendo a qué esperan. Hay mucho sufrimiento mediante, de muchas personas, de muchos menores y de muchas mujeres. Aunque, claro, de la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de igualdad, ¿qué podemos esperar? ¿Seguir esperando?

Aprovecho para dejar plasmada una reflexión personal al hilo de los nuevos modelos de familia, los que están en camino de ser “normales” por ser los más frecuentes. ¿Por qué no actualizamos denominaciones con tanta carga despectiva como madrastra, padrastro y hermanastros/as? 

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Verónica López Sabater es economista.

Me siento estafada por mi alcalde. Tanto, que interpuse hace unos días un recurso en el tribunal económico-administrativo de mi municipio tan pronto recibí y pagué los cerca de 200 euros de la liquidación de la nueva tasa de basuras que, según él y sus cálculos, me corresponden.

Hace algo más de un año escribía “Se busca: sensatez hasta en la basura”, donde anticipaba temores que ahora constato y comparto: la nueva tasa de basuras, en la mayoría de los casos, no cumple con las dos premisas que la Ley 7/22 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular dicta que deben guiar su diseño: “Cobertura total de los costes de la prestación del servicio” y “Quien contamina, paga”.

El modelo económico adoptado por las entidades locales para determinar, mediante ordenanza fiscal, el importe de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia y que deben tender hacia el pago por generación tal como establece la Ley, es un despropósito.

Diseñar una ordenanza fiscal de estas características no es tarea fácil, especialmente para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría en España. Las ordenanzas fiscales son las disposiciones aprobadas por el pleno en las que las corporaciones locales establecen la regulación de los tributos de ámbito local, ya sean impuestos (como el IBI), contribuciones especiales (por la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del obligado como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos), o tasas como la que nos ocupa.

Son muchos los detalles del diseño de la tasa de basuras que desconocemos porque se nos ocultan, o no están contemplados.

El primero de ellos es que, si reduzco, reutilizo y separo para reciclar como si no hubiera un mañana, o lo contrario, ¿se ha tenido en cuenta mi comportamiento en el cálculo de la tasa que me corresponde pagar? ¿Se tiene en cuenta el comportamiento de las vecinas y vecinos de mi barrio? ¿De los de mi calle? No he visto nada de esto en mi liquidación.

El segundo es que, entendiendo perfectamente que el coste del servicio de recogida y gestión de las basuras es muy considerable (lo conocemos ahora, que es visible), y que debe estar cubierto por unos ingresos suficientes estimados a partir de dicho coste, tengo la sospecha de que esos ingresos pueden no estar incluyendo la contribución económica de quien gestiona la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a la que la Ley 7/22 dedica el Título IV.

Sospecho que en el modelo económico que determina el importe de la tasa de basuras nos han endosado a los residentes la parte correspondiente al cumplimiento de la RAP. En otras palabras, sospecho que Ecoembes no está cumpliendo su parte del trato.

Si la RAP no está contemplada en el cálculo de la tasa –no la veo en muchas ordenanzas fiscales–, estamos pagándola los ciudadanos. Dos veces, para más inri. Y es muchísimo dinero. Otra forma de cuestionar el asunto es preguntarse si las corporaciones locales están ingresando de Ecoembes lo que les corresponde por los materiales recuperados de envases a la luz de la nueva normativa.

Creo que hay pocos asuntos más cotidianos y cercanos a la ciudadanía como la basura. Una basura que generamos y de la que debemos todos y todas, consumidores y productores, responsabilizarnos. 

España eligió en su momento que de la RAP de la gestión de determinados residuos se encargaría la propia industria que los produce y coloca en el mercado, y que nosotras compramos. Se llaman Sistemas Integrales de Gestión (SIG) y hay uno para cada tipo de residuo.

El SIG de los envases que nos desbordan lo ejerce desde hace 25 años Ecoembes, autodenominada organización sin ánimo de lucro, de la que son accionistas participantes de la industria que produce productos envasados (en la que predominan las empresas de alimentación, de limpieza, belleza e higiene y de bebidas), y de la que los distribuye y vende (supermercados, grandes superficies). Como lo del lobo cuidando a las gallinas.

¿Cómo podríamos verificar, como ciudadanos atracados por una tasa mal diseñada, que Ecoembes está poniendo de su parte todo lo que tiene que poner? ¿Nos han endosado la totalidad del coste sin tener en cuenta la contribución que debe hacer Ecoembes por la RAP? ¿Está reflejada esta contribución de la RAP en los ingresos de las corporaciones locales? ¿Forman parte estos ingresos de los cálculos de la tasa de basuras? ¿Estamos pagando dos veces, los ciudadanos, por la RAP?

Echadle una mano a vuestro alcalde o alcaldesa. Preguntadle acerca de los detalles de la tasa de basuras cuyo recibo acabáis o estaréis próximos a recibir y que, como yo, pagaréis. Y luego, si queréis, recurriréis. Sinceramente, creo que no es mala fe; creo que estamos frente a una flagrante captura del regulador por una parte muy interesada y poderosa que se oculta tras la imagen bondadosa de una supuesta ONG que, si en algo es experta, es en practicar green washing de libro. Ecoembes es un polizón que nos sale muy caro a todos y a todas.

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Verónica López Sabater es economista.

Espero que os pille leyendo esto en un lugar de vuestra elección que esté adecuadamente aclimatado, que se encuentre a una temperatura agradable, saludable. Yo, por ejemplo, comienzo a escribir estas líneas en casa con el aire acondicionado encendido porque llevamos tres o cuatro días seguidos de mucho bochorno y 34 grados a la sombra. A esa temperatura está el alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa de los centros educativos de titularidad pública de mi ciudad y comunidad, cumpliendo con sus obligaciones en jornadas de 8 horas de lunes a viernes. 

Lo hacen sin chistar, en instalaciones desnudas de soluciones de climatización. En los meses lectivos de calor sofocante, que cada curso que pasa son más y más largos. En los meses de invierno, en los que una proporción considerable del presupuesto que cada centro escolar tiene asignado se tiene que destinar a gastos de unos sistemas de calefacción ineficientes, obsoletos, caros y dependientes de los combustibles fósiles. 

La Comunidad de Madrid contaba el curso pasado con 3.547 centros educativos, 3.229 de Régimen General, 236 de Régimen Especial y 82 de Educación de Personas Adultas. El alumnado se repartía por etapas educativas y/o edades el curso pasado, teniendo solo en cuenta el régimen general, así: 87.000 bebes en educación infantil (0 a 3 años), 168.130 infantes en segundo ciclo (0-6 años), 413.575 chiquillos y chiquillas de 6 a 11 años en educación primaria; 308.389 adolescentes y preadolescentes en secundaria obligatoria (12-16 años); 107.759 jóvenes en bachillerato y 169.829 más en Formación profesional. Más de 1,2 millones de personas, que representan cerca del 20% de la población madrileña. 

El alumnado, principal afectado en números absolutos y la práctica totalidad de la población madrileña menor de edad, no vota, así que su voto no cuenta. El profesorado, igualmente afectado en una proporción aproximada de 1 a 20 (¿60.000?), y aun siendo personal empleado por la Comunidad de Madrid, trabajan en lo que para ellos y ellas son unos centros de trabajo que incumplen la regulación de confort término y eficiencia energética que rigen las temperaturas en otras ocupaciones. Un incumplimiento que la Inspección de Trabajo exigió recientemente corregir.

Bueno. En realidad, sí chistan. Lo hicieron alto y claro durante 2024 con la iniciativa de la Plataforma Autonómica de la FAPA Giner de los Ríos, la FRAVM, los sindicatos CCOO y UGT y avalada por más de 72.000 firmas –cuando el requisito es de 50.000–. Un montonazo de firmas documentadas entre abril y junio de 2024, con una ingente cantidad de datos personales que embutir a mano en más de 7000 pliegos oficiales infernalmente diseñados. En octubre de 2024 se entregaron formalmente a la Asamblea de Madrid las propuestas y las firmas que las sustentan y poder así pasar de pantalla en el trámite. 

¿Qué propone la ILP? Primero, que se analicen las necesidades de cada centro escolar y segundo, que se rehabiliten de forma integral los que lo necesiten con soluciones de aislamiento término de fachadas, toldos en ventanas y patios, renovación de las instalaciones eléctricas y los sistemas de calefacción y climatización, zonas verdes y espacios de sombra, menos asfalto, menos islas de calor y más paneles solares en tejados y aparcamientos. 

Recién inaugurado el curso escolar 2025/26, el rodillo demoledor del PP de la mano del negacionismo de Vox han impedido que la ILP sea siquiera debatida en el trámite parlamentario para el que ha acreditado con firmas merecer. Tanto esfuerzo y tantas voces no pueden recibir tanto desprecio institucional con un rechazo tan visceral y poco reflexionado. 

Otra ILP a la que seguir la pista estas próximas semanas –esta de ámbito estatal– es la ILP “No Es Mi Cultura”, que busca descatalogar la tauromaquia como Patrimonio Cultural mediante la derogación de la Ley 18/2013. Una ley que blinda esta práctica de tortura animal, y con ello la legitima a recibir dinero público a través de ayudas y subvenciones, muchas discrecionales. O a estar incluida en el Bono Cultural Joven tras recordarle el Tribunal Supremo al Ministerio de Cultura que ir a los toros es una actividad de especial protección desde 2013. O a estar exenta del deber de protección de la infancia de la violencia física y mental. 

En febrero de 2025, la plataforma “No Es Mi Cultura” entregó 715.606 firmas manuscritas, de las que 664.777 fueron validadas por la Junta Electoral Central, un 33% más del medio millón exigido. Y hace unos días se dio inicio el trámite parlamentario con la exposición de la iniciativa avalada ante la Comisión de Cultura del Congreso, en la que se exhiben muchos datos, muchas menciones y agradecimientos, muchos territorios. 

Me he quedado con la curiosidad de poder tener más detalle de algunos “metadatos” de las firmas para saber, por ejemplo, cuántas se recogieron en tal o cual comunidad o ciudad autónoma, cuánto representan del censo electoral de cada una de ellas o si superarían el requisito de número de firmas necesarias para presentar una ILP a nivel autonómico. 

Las firmas que sustentan las ILP que prosperan legitiman mucho, y por ello merecen, cuanto menos, un debate parlamentario y una respuesta debidamente motivada. Pareciera que ni sienten, ni padecen.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

En estos tiempos aciagos en los que el negacionismo campa a sus anchas, con ayuda de las alucinaciones y mentiras de una IA degenerativa con la que ya convivimos aunque no la veamos, como el CO2 o los microplásticos, traigo una historia para celebrarnos. Y la aprovecho para mostrar mi admiración y agradecimiento a Robert Redford por su activismo multidisciplinar.

Esta semana se han cumplido 40 años de la adopción de la Convención de Viena, precursora del Protocolo de Montreal. Consistió y consiste en la prohibición del uso de los clorofluorocarbonos (CFC), esas sustancias químicas entonces omnipresentes en un montón de actividades de nuestra vida diaria y que ya no, porque la ciencia demostró que eran causantes del enorme agujero en la capa de ozono que nos protege de una excesiva radiación ultravioleta de procedencia solar. Algo dije, aunque poco, en Nuevas entidades por encima de nuestras posibilidades.

El buen desempeño de ese compromiso multilateral, que pasa por el respeto a su cumplimiento, es motivo de celebración. Ya lo hizo hace algo más de un año en Project Syndicate, adelantado a su tiempo como siempre ha sido, Robert Redford, quien también “evangelizó” cuando casi nadie lo hacía sobre la gran aliada de la lucha contra el cambio climático que es la energía solar.

Que fuéramos capaces de ponernos de acuerdo y ponernos límites para cuidarnos, y que fruto de ese cuidado hayamos conseguido revertir el crecimiento de una herida que sabíamos letal, es un logro que debe ser ejemplo y motivación para otros muchos retos que tenemos por delante. Algunos ya encima.

El último informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el asunto estima que será dentro de otros 40 años, antes incluso de la fecha originalmente estimada para su clausura, cuando hayamos regresado plenamente a la zona de seguridad en ese límite planetario, uno de los nueve en los que debemos mantenernos para que el planeta del que somos huéspedes no pete, y todas nosotras con él. Un total de ochenta años –toda una esperanza de vida– son los necesarios para que se materialicen los resultados previstos de pactos globales como el de Montreal, resultados que muchas de nosotras no veremos, pero sí lo harán nuestras herederas. Sí se puede. Claro que se puede.

Cambiando de límite planetario, pronto se cumplirán diez años de la adopción de otro gran Tratado Internacional, el de París de 2015, que prescribe contener la rapidez del aumento de la temperatura dentro de ese escudo protector que rodea la Tierra, a través de la limitación de las emisiones de uno de los gases efecto invernadero que se nos ha ido de las manos, el CO2. Un aumento de temperatura que la ciencia también ha demostrado que descontrola el clima y produce efectos catastróficos a través de unos fenómenos climatológicos desbocados, cada vez más frecuentes, más intensos y probables, que sí vemos porque ya los sufrimos.

El pacto ochentero de Viena/Montreal me anima a ser optimista con el adoptado en París, a pesar de la ola reaccionaria que se nos ha instalado a codazos y patadas y que aparece desvergonzada y amenazante en casi cualquier conversación fuera de nuestros círculos de confianza. E incluso dentro en ellos.

Y me alienta a insistir en la urgencia de alcanzar otro pacto global para poner coto al descontrol en el que se ha convertido la producción, uso y desecho de los plásticos, especialmente los de un solo uso. Insistencia a la que os invito a sumaros desde vuestros ámbitos de influencia y/o responsabilidad, tras el fracaso hace un mes en Ginebra de las negociaciones en las que llevaban embarcados casi 200 países durante casi tres años para poner fin a la crisis de contaminación por plásticos.

Un fracaso para los países ambiciosos –como el nuestro– y un triunfo –que apuesto es solo temporal– de un puñado de países retardistas, capturados por los lobbies de las industrias fósiles cuyo modelo de negocio tradicional se sustenta en que sustancias químicas tóxicas sigan campando a sus anchas en múltiples formas y estados, contaminando nuestros océanos y todo lo que en ellos habita, colonizando nuestros cuerpos, adhiriéndose a nuestros tejidos y fluidos corporales. En términos de límites planetarios (con este, ya he mencionado en esta tribuna tres de los nueve), los plásticos encajan en el concepto de “nuevas entidades”, que son nuevas porque no forman parte de la naturaleza; son sustancias artificiales derivadas de ese petróleo que nos está matando silenciosamente de múltiples formas.

Así como a los actos y decisiones atroces, como el genocidio que perpetra Israel en Palestina, hay que llamarlos por su nombre, sin eufemismos ni medias tintas, a aquellas decisiones y acciones loables de las que enorgullecernos, como la que representaron y representan la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal, hay que celebrarlas y visibilizarlas. Que luego todo se nos olvida y vendrá la IA a vendernos sus delirios, que son el promedio sesgado de los nuestros y de los ajenos.

El nuevo desorden internacional ha llegado para quedarse. Hemos pasado de sopetón de un modelo pactado, conocido y predecible de relaciones internacionales a uno imprevisible y disparatado. Muchas ententes se han roto, muchas reglas e instituciones han dejado de funcionar, incluida la confianza, ese bien público inmaterial tan potente y delicado, tan efímero. 

Hay otras reglas e instituciones que siguen funcionando sin que nada parezca afectarles, y quizá por eso no reparamos en que nada garantiza que sean inmunes a los exabruptos de Trump y sus acólitos y poderosos angry white men. Puede que dejen de funcionar, o puede que sigan funcionando con nuevas condiciones y peajes, algunos inasumibles. 

Poco queda que idealizar en EE.UU. que siga en pie o libre de pecado woke, y son muchos los ámbitos de nuestra vida diaria que pueden verse afectados tan pronto les pongan el ojo encima. En España, aún gustamos mucho del dinero en efectivo, pero cada vez menos. Vamos prefiriendo por lo general pagar más de forma digital, y eso está bien, del mismo modo que hacemos una infinidad de otras cosas cotidianas de forma casi exclusivamente digital. 

La cotidianeidad de un acto la determina su frecuencia: de acuerdo con las estadísticas de pagos del Banco de España, en 2024 por cada 100 pagos que realizamos sin tener en cuenta el dinero en efectivo, 67 los hicimos con tarjeta, 17 ordenando una transferencia (como bizum) y 14 domiciliando el pago en nuestra cuenta. Las tarjetas que utilizamos para hacer todos esos pagos en España, casi 10.000 millones de pagos al año (tocamos a unos 250 por adulto/año), tienen mayoritariamente estampadas la marca estadounidense Visa o Mastercard. ¿Por qué? Porque no contamos en Europa aún, a pesar de los tímidos intentos previos como el Proyecto Monnet en 2012, con una alternativa desplegada y plenamente operativa que nos permita prescindir a voluntad de esas dos infraestructuras digitales norteamericanas para ese tipo de pago cotidiano. 

La Unión Europea es el resultado inacabado e imperfecto de una utopía, a la que aún le quedan bastantes asuntos que terminar de unificar, como ocurre con el mercado único de pagos europeos también llamada Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) que engloba a los 27 Estados miembros de la UE, a 3 países del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y a otros 11 países y territorios como Andorra, Mónaco, San Marino y Suiza.

SEPA alcanzó un hito en 2002: la adopción de una moneda común, el euro, un paso firme hacia esa utopía de unión, fortaleza y soberanía soñada y más o menos planificada. Supuso un enorme reto de comunicación y de pedagogía para facilitar la adopción de algo tan importante como es la moneda de curso legal, cuya aceptación es, por definición, obligatoria.  

SEPA alcanzó otro hito en 2014, con la adopción de los nuevos instrumentos SEPA basados en pagos de cuenta (bancaria) a cuenta (bancaria) como las transferencias (hoy también inmediatas) y los adeudos o domiciliaciones. Fue entonces cuando vimos que la numeración de nuestra cuenta bancaria se adaptó para cumplir con la norma ISO-13616 o IBAN (International Bank Account Number), el estándar internacional que están adoptando muchas jurisdicciones para, por qué no, soñar con una interconexión directa y en tiempo real. Por si el símil ayuda, hablo de soñar con que nuestras cuentas bancarias estén conectadas como hoy lo están, por ejemplo, nuestras cuentas de correo electrónico; sean del proveedor que sean, se hablan en tiempo real. 

En 2016 fuimos en España pioneros en la adopción de una modalidad básica de ese pago “a la europea”, bizum, una solución de pago móvil de la industria. Originalmente diseñada para uso entre particulares quiénes “antes” nos hacíamos muchos pequeños pagos con dinero en efectivo por no haber otro modo alternativo, poco a poco está incorporando puntos de venta tanto online como presenciales donde solo podíamos usar efectivo o tarjeta. 

Imaginar una solución como bizum para pagos cotidianos, domésticos y europeos, entre particulares y empresas, que ahora hacemos mayoritariamente con tarjetas estadounidenses, no es una entelequia. Es, de hecho, un plan que se llama Estrategia de Pagos Minoristas para la UE de 2020, y que arranca diciendo, ahí es nada, que “los pagos, antes relegados al ámbito de la gestión administrativa, han adquirido una importancia estratégica. Son la savia de la economía europea. En su Comunicación de diciembre de 2018, la Comisión apostaba por un sistema de pagos instantáneos plenamente integrado en la UE, a fin de reducir los riesgos y las vulnerabilidades de los sistemas de pagos minoristas y de aumentar la autonomía de las soluciones de pago”. 

Materializar esa apuesta es ahora, en 2025, una tarea urgente. La vulnerabilidad europea en pagos, que siempre ha existido, pero que el actual contexto geopolítico ha desvelado con crudeza, fue reconocida hace unos meses por la Gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista informal y en mi opinión muy trascendental.  

Quedan por solucionar algunos detalles que estaría muy bien poder conocer y calendarizar para pasar del plan a la acción y poder así reducir nuestra dependencia absoluta de corporaciones de EE.UU. que, ajenas a la voluntad de sus accionistas, pueden verse sometidas a extorsiones anti DEI o a arrebatos de menosprecio trumpista de normas europeas como las leyes de Servicios (DSA) y Mercados (DMA) digitales”. Tengamos en cuenta que existe desde 2015 un Reglamento Europeo de Tasas de Intercambio, que fue muy valiente y marcó una tendencia internacional, que limita los precios que Visa y Mastercard pueden cobrar para que funcionen sus tarjetas en datáfonos de los comercios que no estén aún, por algún motivo woke que hoy no nos aventuramos a pensar posible, censurados.

Entre tanto, se vislumbra otra posible solución, no para todo, pero sí para algunos casos de uso y problemas. El proyecto del euro digital, otra utopía de esas que nos caracteriza a los europeos, aunque en este caso sobrevenida por la velocidad de la innovación y la materialización de amenazas, merece la máxima atención. 

Tanto la industria bancaria europea congregada en la European Payments Initiative para hacer realidad esa solución de pago a la europea bautizada como wero, como el Parlamento Europeo con la propuesta legislativa del euro digital, deben esmerarse y apresurarse en garantizar que SEPA es sinónimo de soberanía europea en pagos.  

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El cero absoluto que experimentamos el lunes 28 de abril, hace ya casi cuatro meses, fue un cisne negro de libro, con toda su improbabilidad. Llevan cruzándosenos unos cuantos de ellos en la última década, inaugurada por las decepciones del brexit y el primer triunfo de Trump en 2016, un año muy duro de asimilar.

Un cisne negro es un evento muy improbable, pero de efectos catastróficos. Aunque el origen de la catástrofe pueda ser un evento natural, la magnitud e impacto de sus efectos son en gran medida consecuencia directa de decisiones humanas con autoridad. A la DANA, a las 7291 muertes de las residencias madrileñas y a los incendios que nos asolan me remito.

Volviendo al apagón, mi recuerdo de la experiencia, salvo las lamentables cinco muertes a él atribuidas de forma directa, no fue catastrófico. Con toda seguridad, podría haberlo sido si su duración hubiera sido mayor, si hubiera sucedido en otra época del año más fría, o más calurosa, o con menos horas de luz natural. Recuerdo estar más dedicada a fijarme en lo que estaba sucediendo y cómo reaccionábamos que en prepararme para un eventual confinamiento incomunicado. Siempre tengo víveres y esenciales en casa; viví tres años convulsos en La Paz donde aprendí y adopté prácticas domésticas que no he abandonado. Y mantengo mis fogones de gas natural —incoherencia que asumo— y un transistor a pilas en la cocina.

Una vez comprobado que mi entorno más cercano estaba bien y a resguardo, me dio bastante igual quedarme incomunicada. Me pilló además en casa teletrabajando y a mis hijos en el instituto, a 15 minutos andando. Solo tenía dos preocupaciones personales: mantener la temperatura de mi congelador abarrotado y comunicarme con mi equipo, a quien quería pedir que al día siguiente teletrabajara, lo que conseguí pasada la medianoche.

No tuve la preocupación que tuvieron, por ejemplo, las personas electrodependientes, sus familiares, amigos y personas cuidadoras. Personas que requieren respiración asistida o dispositivos eléctricos, ya sea por discapacidad o por lo avanzado de su edad. Miles y miles de las que, a diario, y sin apagones, no nos acordamos.

Me entusiasmé incluso imaginando que se nos había presentado una oportunidad en modo “contrafactual”, esa situación inédita, difícilmente replicable, incluso éticamente cuestionable que nos permite asomarnos a un “qué hubiera pasado si”, de la que extraer aprendizajes, conclusiones y recomendaciones.

Procuro desde ese día entender mejor las implicaciones de la transición energética y por qué es tan aparentemente inasumible en plazos razonables. Leí y creo que entendí, con ayuda de muchas personas a las que sigo en redes sociales, el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprobaron medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y que decayó a los treinta días por decisión del Congreso de los Diputados; un despropósito difícil de entender. He asistido a seminarios, conferencias y encuentros sobre cambio climático organizados por partes interesadas muy diversas, desde la academia hasta inversores, pasando por movimientos ecologistas y gentes pioneras en el autoconsumo, incluidos regidores municipales valientes. He leído unos cuantos libros que explican muy bien, y con el optimismo que brinda identificar oportunidades, el reto de la transición.

Con todo ello, he conseguido actualizar mi fondo de armario sobre el tema y concretar algunas reflexiones, que comparto:

Una, que los combustibles fósiles en todas sus formas, incluido los plásticos, son el enemigo que batir, la rémora de la que independizarnos, un modelo caduco que nos venden como inevitable.

Dos, que el debate energías renovables vs energía nuclear es tan espurio que se desvanece una vez se ponen sobre la mesa, sin engaños ni desinformaciones, todos los costes, los riesgos y las externalidades presentes y futuras. Y cuando se desvela quiénes, en realidad, se espera que carguen con ellas. La nuclear no es barata, ni limpia, ni segura; las renovables sí.

Tres, que el autoconsumo es una parte importantísima de la solución, una condición necesaria, aunque no suficiente, que nos libre de combustionar. Sin embargo, está resultando una tarea absurdamente complicada, lenta e imprevisible por cómo está diseñada la gobernanza del asunto, por los incentivos perversos y las ansias de acaparar de las grandes energéticas de alma fósil.

Cuatro, que quien invierte en nuestra salud energética, sea grande o pequeño, persona jurídica o natural, pública o privada, necesita que las variables con las que se toman decisiones, como los incentivos y las reglas de juego, sean previsibles, comprensibles, transparentes y justas. Muchas, si no todas, esas variables que son condiciones necesarias son resultado de decisiones políticas, jurisdiccionales y administrativas. A la mano invisible del mercado se le puede y debe orientar.

Cinco, que necesitamos un Pacto de Estado y, para ello, elegir decisores políticos solventes y competentes en la materia, que velen por el interés general y no solo por el suyo familiar y patrimonial. Y demandar que juezas y jueces estén debidamente formados en sostenibilidad, como lo han necesitado estar, por ejemplo, en igualdad (de género).

En definitiva, que necesitamos urgentemente pasar de pantalla, de una sucia, subyugante, ardiente y fósil, a una limpia, emancipadora, fresca y solar. ¿Quién da la vez?

Arranca el mes de agosto y con él, el plazo de diez días del que disponen las familias madrileñas solicitantes de las becas comedor del curso escolar que arranca en septiembre, para tramitar las subsanaciones requeridas por la administración. 

Las familias que recurren a estas ayudas se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad, por eso recurren a estas ayudas. De no estarlo, no podrían siquiera aspirar a solicitarla, y también os digo que tampoco se molestarían en pedirla, por lo desagradable del procedimiento. 

Pero la vulnerabilidad no solo es económica. Se manifiesta de diversas formas, y no todas son evidentes a nuestros ojos si no las hemos vivido. 

La violencia administrativa se materializa también de muchas formas, y en el caso de las becas-comedor madrileñas, no quedan muchas por ejercer. Cada nueva convocatoria se supera. Voy a tratar de describirlas. 

Vaya por delante que abogo por que los comedores escolares sean gratuitos para toda la infancia y adolescencia escolarizada.

Primera. La “agostidad” de la convocatoria de este año es una manifestación más, acumulada, innovadora, de la violencia administrativa que se ejerce a través del procedimiento. ¿Quién en sus cabales exige en pleno mes de agosto, por muy mes hábil que sea, embarcarse a miles de familias en tamaña desazón burocrática? Los centros escolares, que han sido ventanilla presencial y asistida para aquellas familias que así lo han necesitado en el proceso de solicitud por el motivo que sea, están cerrados en agosto. Las administraciones a las que han de acudir para solicitar documentación para la subsanación, están a medio gas en agosto, como el resto del país.

Segunda. Hay violencias machistas del mundo real que transitan sutilmente a la esfera administrativa, como el hecho de que madres queden excluidas del proceso por no poder presentar el DNI de padres “ausentes”. 

Tercera. Estas familias madrileñas, además, compiten desde 2023 con otras familias que tienen prioridad por el hecho de que algún miembro de la unidad familiar pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, la segunda innovación de este 2025, pertenece a las Fuerzas Armadas con destino en la Comunidad de Madrid. Me arriesgo en este punto a hacer dos afirmaciones a lo loco, sin contrastar: que los empleados públicos como colectivo, lo que entendemos por vulnerables, pues no son; y que, precisamente en Madrid, seguramente por ser capital del reino, hay cierta sobrerrepresentación de este segundo tipo de familias, unos pocos o muchos miles de niños y niñas hijas de policía, guardia civil o militar con las que toca compartir exactamente el mismo presupuesto que el dotado el año pasado por la administración. 

Cuarta. Si me parece osado querer confundir, mezclar o equiparar la necesidad de recurrir a una beca comedor con tener la condición de hijo o hija de policía, guardia civil o militar, más me lo parece si cabe que los segundos dispongan de una vía de acceso rápida, un fast-track sin fricciones, sin apenas preguntas y sin apenas papeles en la que quedan exentas de la aplastante y denigrante burocracia que para las otras familias es imperativa. 

Quinta. También es violencia administrativa no proporcionar información asequible y comprensible, alejarse de los principios de la buena administración (diligencia, justificación, orientada al interés general y garante de los derechos de los ciudadanos) y no utilizar el lenguaje administrativo como corresponde. La resolución provisional que ha notificado a las familias la empresa subcontratada por la administración madrileña para gestionar un año más de forma desastrosa el procedimiento que nos ocupa (Tower Consultores, S.L.) las reduce a “presentada” o “excluida”, dejando a las familias, en pleno mes de agosto, con la incertidumbre de, por ejemplo, si estará bien o mal presentada, o si las causas de exclusión son subsanables o no. 

Que ocurra todo esto de esta manera y todos los años es resultado de una política pública cabalmente diseñada. No es algo espontáneo. No es un error. No es aleatorio. Es incompetencia estratégica, perfeccionada convocatoria a convocatoria. 

Quizá penséis que le tengo manía a Madrid, y nada más lejos de la realidad. Porque me importa mucho Madrid, me fijo, escucho, pregunto, busco y comparo. La ONG Educco publicó un informe tan interesante como demoledor, con datos de 2023, en el comparaba los distintos programas de becas comedor de las comunidades autónomas en función de la dotación, la suficiencia, la exigencia de los requisitos socio económicos y formales, la simplicidad, la transparencia y la agilidad del procedimiento. En todos ellos aparece muy mal situada, cuando no la peor, la comunidad autónoma que alardea de ser la primera y única en suprimir todos los impuestos propios con los que financiar servicios públicos esenciales como los comedores escolares. Una comunidad autónoma a medio hacer, institucionalmente incompleta, que apuesta por externalizarlo absolutamente todo y que, por no tener, no tiene ni quien defienda a sus gentes de los desmanes de su administración. 

Hace nueve meses de la catastrófica dana del 29 de octubre y del cúmulo de negligencias previas y posteriores que la jueza a cargo de esclarecerlas poco a poco va confirmando.

No he vuelto a la zona cero desde noviembre, a pesar de ir con regularidad a València, porque soy de allí. En mi última visita hace unos días me encontré y pasé ratos holgados con gente muy querida. En muchas de las conversaciones irrumpía un asunto aparentemente anodino: “el ascensor”.

Mi hermana y sus vecinas, por ejemplo, están enfrascadas en la sustitución del ascensor del edificio de siete plantas en el que residen para cumplir con la normativa vigente desde hace un año, el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria «Ascensores», que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Según les han informado, necesitan doce semanas, un plazo que más que duplica el habitual porque aprovechan a instalar uno más grande y supone más obras.

Mis paisanas que residen en Sedaví, Paiporta, Massanassa, Catarroja, Benetússer, Alfafar y muchos otros municipios arrasados llevan desde el 29 de octubre de 2024 con el de su vivienda aún en siniestro total. Fueron 15.000 los afectados, la mitad de ellos totalmente inutilizados, de los que 1.000 hoy siguen en esa situación. No he encontrado estadísticas oficiales, pero sí conclusiones de reuniones de administradores de fincas y técnicos de ascensores, y he escuchado muchos testimonios de personas afectadas.

Hace unas semanas el Ministerio de Industria y Turismo anunció una ampliación del plazo para que los ascensores valencianos cumplan con algunas de las nuevas medidas del Real Decreto y, de este modo, priorizar esfuerzos en resucitar esos 1.000 equipamientos imprescindibles. Esa ampliación de plazos equivale a liberar unas 14.000 horas de trabajo de personal técnico especializado en la instalación de ascensores. 

He consultado el informe anual 2024 de la Federación Empresarial Española de Ascensores, un hilo del que tirar que afirma representar al 80% de las empresas que operan en España y ser responsable del 90% del parque de ascensores. Parque que asciende a más de 1.146.000 unidades de los que en 2024 se instalaron algo más de 17.000, casi todos en obra nueva, con 20.690 personas empleadas en el sector que podemos asumir para los cálculos que todos ellos y ellas son técnicos instaladores de ascensores.

Liberar 14.000 horas equivale, en la unidad de medida o “campo de fútbol” horas /persona / año, a 8,2 técnicos/as trabajando a jornada completa durante un año, teniendo en cuenta que el número de horas anuales trabajadas en una jornada completa en España es de unas 1.700. Equivale también a 16 técnicos/as durante 6 meses, o a 96 durante un mes.

Le pregunto a una amiga afectada qué tiempo está llevando arreglar su ascensor en la zona cero, y me dice que, entre pitos y flautas, totalmente operativo y certificado, pero sin acceso a garajes que esa es otra historia, en torno a un mes.

Calculo que en ese mes teóricamente liberado a 96 técnicos/as podrían reconstruirse 96 ascensores. Por tanto, serían necesarios diez meses a ese frenético ritmo para reconstruir 1.000 ascensores, y eso asumiendo que están garantizados el resto de los requisitos más allá del tiempo de trabajo, o sea, que hay suficientes ascensores y piezas fabricadas y disponibles, que los permisos están concedidos, la financiación asegurada, los acuerdos de comunidades de propietarios adoptados, etc.

Esas 14.000 horas son manifiestamente insuficientes. Hacen falta 140.000 horas que son “el chocolate del loro” si se comparan con los miles de horas de sufrimiento acumulado por las personas que siguen sin ascensor operativo.

Un ascensor en una vivienda tipo en España da servicio, de media y según la tasadora Tinsa, a 15 viviendas, aunque el dato va por barrios, como todo. Teniendo en cuenta que el tamaño medio del hogar en España, según el INE y asumiendo que una vivienda alberga un hogar, es de 2,5 personas, mil ascensores dan servicio a más de 37.000 personas, bebés y personas de movilidad reducida y directamente sin movilidad, incluidas. Los nueve meses transcurridos desde la dana son 270 días, y cada día son numerosas las actividades de la vida diaria, rutinas imprescindibles e irrenunciables, que implican salir de tu casa en un sexto piso y volver a subirlos para regresar a ella.    

Desde un sexto piso puedes portear un bebé en brazos y bajar y subir muchos tramos de escaleras con esfuerzo y cierto riesgo, pero puedes. A una persona adulta, no. Cargar con la compra (que en València contiene varios litros de agua embotellada) o salir a la calle a cualquier gestión es incómodo y agotador en diferentes grados, según el estado físico y emocional de la persona que realiza la tarea, y el peso de la carga.

Es una irresponsabilidad obligar a revivir día a día, varias veces al día, el shock y el horror de aquél fatídico día, tanto a las decenas de miles de personas que se ven obligadas a realizar tal sobre esfuerzo cotidiano como, sobre todo, a las personas con movilidad reducida a quienes se les ha impuesto un larguísimo confinamiento cruel. Así no hay como subir la moral.

Si las estimaciones se quedan cortas, revísense y corríjanse.

En este anodino asunto de los ascensores es materialmente imposible aspirar a una idílica sincronía entre reconstrucción y adaptación, porque son innumerables los incentivos perversos que la imposibilitan. Además, lo urgente coincide con lo importante, que es reconstruir vidas, así que no nos dejemos confundir con falsos dilemas.   

Me ha costado asignarle título a esta tribuna. La escribo apresurada para fijar todos los recuerdos y las sensaciones que me están despertando los sucesivos acontecimientos del pasado, por fin desvelados sobre los actos de una persona. 

Hay personas que despliegan mucho mejor todas sus destrezas y habilidades desde unos discretos segundos planos que, por discretos y secundarios, son estratégicos e hiperconectados. 

Un ejemplo de discreto y aparente segundo plano es el de la figura ministerial imprescindible de la Subsecretaría de Estado. Pareciera que el prefijo “Sub” degrada su importancia respecto a la de, por ejemplo, la Secretaría de Estado, nuestro equivalente a un viceministerio. Pues bien, las Secretarías de Estado son opcionales, no todos los ministros o ministras consideran necesario crearlas. En cambio, las Subsecretarías de Estado son parte consustancial de un ministerio y entre muchas otras funciones, son las encargadas, en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de coordinar y examinar todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros y Ministras, según la ley del Gobierno. La suele presidir el ministro de la Presidencia, quien decide qué asuntos integran el orden del día (el llamado “índice negro”), con dos índices: uno verde, en el que aparecen los asuntos con informe favorable de la Comisión y que están listos para aprobación por el Consejo de Ministros; uno rojo, de asuntos que no cuentan con dicho informe por discrepancias de algún ministerio y, por tanto, han de someterse a deliberación. F. Álvarez-Cascos, J.J. Lucas, M. Rajoy, y J. Arenas fueron ministros de Presidencia con J.M. Aznar; S. Sáenz de Santamaría lo fue ininterrumpidamente durante los casi ocho años del gobierno de M. Rajoy (2011-2018).

Tras ocupar un par de direcciones generales en la Administración General del Estado-AGE, Rafael Catalá fue subsecretario del Ministerio de Hacienda entre mayo de 2000 y julio de 2002 (con la llegada de C. Montoro a su primer mandato); Secretario de Estado de Justicia (con J.M. Michavilla como ministro) entre 2002 y 2004, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (con A. Pastor como ministra de M. Rajoy) entre 2011 y 2014 cuando escala a Ministro de Justicia y Notario mayor del Reino de España hasta 2018, simultaneando en 2016 como ministro de Fomento en funciones cuando la ministra Pastor pasó a presidir la Cámara Baja. Tiene el honor de haber sido el primer ministro de la democracia reprobado por el Congreso de los Diputados, “como consecuencia de las maniobras que se han producido en el Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas”. La hemeroteca y el Diario de Sesiones del Congreso (el de todos nuestros parlamentos y plenos municipales) le dan un millón de vueltas a ChatGPT.   

Todo esto que os cuento, más deslavazado, lo encontráis en Wikipedia con enlaces a fuentes oficiales. Os animo a buscar dónde han estado y a qué se han dedicado estos altos cargos de la AGE del pasado desde entonces.

Uno de estos altos cargos, Rafael Catalá, ha sido muchos años en mi cabeza colaborador necesario del crecimiento de una lacra perfectamente evitable, o al menos controlable, que sufrimos en nuestro país. Me refiero a la ludopatía. Y lo que creo peor aún, colaborador necesario para garantizar que permanece muy al alcance de nuestros hijos e hijas; responsable de nutrirla, de facilitarla y con todo ello, de perpetuarla. La ludopatía, que algunas personas la consideramos una enfermedad evitable, para otras, como Rafael Catalá, es una magnífica oportunidad de negocio, un hábito a fomentar y difundir y del que lucrarse a manos llenas, es algo a lo que dedicarse en la vida con su posición, sus conocimientos y sus juramentos o promesas, aunque conseguirlo conlleve la presunta concurrencia de numerosos actos presuntamente delictivos. 

Desde 2018, Rafael Catalá ha estado abiertamente dedicado, como consejero y secretario del consejo de administración de una multinacional de las apuestas, a hacer lobby por la ludopatía. No como ocupación exclusiva; son muchas otras las responsabilidades que su huella digital desvela. Además, estos “profesionales”, visto lo visto, no conciben la exclusividad, el régimen de incompatibilidades y los conflictos de interés como asuntos a los que se encuentren sujetos. Aparece en su bio que ha sido miembro del Consejo Asesor de Herbert Smith Freehills hasta abril de 2021, y socio de Carles-Cuesta y Asociados, un equipo económico y legal de Madrid que desde 2011 dice su web que “ofrece soluciones prácticas, creativas, rigurosas y adaptadas a las necesidades de cada cliente”. Es también patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, y de algunas otras que, gracias a la deficiente supervisión que ejercen los casi sesenta protectorados de las 15.000 fundaciones que tenemos en España, no puedo saber cuáles son. 

Hasta pocos días antes del confinamiento decretado por motivo de la pandemia de la COVID-19, en la ciudad de Madrid se solapaban numerosas protestas vecinales, especialmente en los barrios y distritos por entonces (y también ahora) plagados de casas de apuestas, los barrios y distritos más vulnerables, cómo no. Éramos muchas las personas que desplegamos diversas modalidades de activismo para luchar contra esa malsana proliferación de puntos negros en nuestras ciudades, de lugares demasiado cercanos a colegios e institutos, demasiado presentes y accesibles en nuestro paisaje urbano, demasiado atractivos para nuestros adolescentes que viven en una ciudad sin opciones asequibles de ocio saludable (y fresquito). 

Pues esto último, a pesar de la gravedad de todo lo que estamos conociendo estos días, es lo que me más me está removiendo.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

En España tenemos un pequeño ministerio que hace cosas enormes. Al ministro Bustinduy deberían seguirle el ritmo el resto de los ministerios, todos con competencias en asuntos que en el imaginario colectivo son mucho más relevantes que el poco lustroso consumo. Le pisa los talones, eso sí, la ministra García desde Sanidad, aun cuando las competencias de la prestación de unos servicios públicos universales y de calidad a la ciudadanía –el meollo de tan vital asunto– están transferidas a las Comunidades Autónomas.

Que los derechos sociales sean la brújula de las políticas públicas que establecen las reglas de juego en materia de consumo creo que es parte importantísima de la clave del éxito. Produce noticias positivas que son un subidón día sí, día también. A esa claridad de rumbo y la velocidad que dota contar con una hoja de ruta incuestionable y consensuada internacionalmente (sí, la Agenda 2030) se une, o así lo percibo yo, la valentía de las decisiones. También trasluce una estrategia que creo que es muy inteligente porque alcanza unas cotas enormes de rentabilidad social con una inversión en esfuerzo relativamente acotada: compaginar el diseño de políticas públicas de profundo calado con la recogida diaria de una ingente cantidad de fruta madura que se encontraba desatendida y echándose a perder desde hace años en unos casos, décadas en otros. Las low-hanging fruit, que llaman los anglosajones.

Son abrumadores los ejemplos de esta fruta madura que pendía esperando a que alguien la recogiera actuando de oficio, como abrumador es constatar que, a pesar de contar con normativa en muchos casos, y gracias a las exigencias que impone nuestra pertenencia a la UE, suficiente para garantizar una adecuada protección de los derechos de los consumidores, permanecía guardada en un cajón, sin nada ni nadie actuando de oficio para garantizar su cumplimiento y dictar las correspondientes sanciones ante los incumplimientos más flagrantes. Actuar de oficio y no esperar a que la gente corriente se pueda organizar y sacar tiempo, energía y conocimientos administrativos que no tiene para embarcarse en causas eternas para reclamar millones de pequeños derechos pisoteados a diario es un signo de valentía que debería extenderse a todas las administraciones públicas.

Fruta madura maloliente es la inacción de las autoridades competentes ante los persistentes incumplimientos de decenas de miles de propietarios de viviendas que las alquilan ilegalmente a turistas que juntos –propietarios, turistas y alcaldes– expulsan a residentes. Fruta madura esperando a ser recolectada son los abusos perpetrados por las plataformas de VTC y sus algoritmos depredadores (precios dinámicos) en situaciones de emergencia. Fruta madura es que aerolíneas de bajo valor incumplan sistemáticamente las condiciones en las que deben operar, cobrando por servicios que deben estar incluidos en la tarifa como el equipaje de mano, para que les salgan los números, y que ninguna autoridad haga nada, a la espera de que lo hagan los cientos de miles de consumidores afectados uno a uno.

Fruta madura pudriéndose es la que de vez en cuando descubrimos que se ofrece en comedores escolares y en residencias de mayores, en los casos en los que se ofrece fruta y no comida ultra procesada low-cost. También es el incordio insufrible de las llamadas SPAM que la Lista Robinson –un caso de estudio de penosa autorregulación, un FAIL total– ha sido absolutamente incapaz de mitigar. Unas llamadas que, además de invasivas, son un no parar de prácticas abusivas de venta y de fraude a las personas más vulnerables, que terminan contratando productos y servicios innecesarios y perpetuos sin ser conscientes de ello, sin haber firmado un contrato. La lista sigue, pero no quiero aburrir.

El punto es que todas y todos somos consumidores todo el rato, nos guste o no. Prácticamente todo lo que hacemos se traduce en una acción de consumo, que es además el motor y termómetro de cualquier economía moderna. Los consumidores tenemos, cuando podemos elegir, un enorme poder. Pero también enormes vulnerabilidades. Ojalá pudiéramos ser más prosumidores (como en el ámbito del autoconsumo energético, cuyo despliegue masivo no depende de nosotros), menos vulnerables ante prácticas de venta abusivas (prohibidas pero descontroladas) y ante la opacidad del tan extendido greenwashing que busca sutilmente confundirnos más que informarnos.

El Ministerio de Consumo ha sido tradicionalmente una cartera de segunda categoría y/o ha actuado con tibieza sonrojante, como si ese cómodo segundo plano fuera más un resultado buscado que una condición de partida. Pero ya no.

La enésima acción a la que espero que sigan muchas otras de este ministerio que “toca todos los palos” es la próxima Ley de Consumo Sostenible, hoy en fase de anteproyecto, que busca reforzar la protección de todas las personas y, por ende, del medio ambiente, garantizando el derecho de ejercer un consumo consciente y responsable, sin engaños, sin falsas promesas y sin obsolescencia programada. Un consumo responsable y sostenible que precisa para su pleno ejercicio de una producción, distribución, publicidad y comercialización igualmente –o más si cabe– responsable y sostenible.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Es probable que no hayáis oído hablar, así de primeras, de los Espacios de Igualdad de los que disfrutamos muchas personas en la ciudad de Madrid. Aunque lo desconozco, estoy segura de que servicios públicos como este existen en todos los municipios españoles que lo demanden.

Los de Madrid funcionan desde 2017, y están hoy amenazados de muerte por un gobierno municipal que, mezclando churras con merinas y derrochando luz de gas, recorta derechos y servicios públicos apelando a unas ficticias ganancias de eficiencia que no es capaz de demostrar.

Mi Espacio de Igualdad de confianza, el de mi distrito, es el Elena Arnedo Soriano. Elena Arnedo fue médica ginecóloga, además de escritora, política y activista por los derechos de las mujeres, en una España que aún vivía en blanco y negro. Defensora de los derechos sexuales y reproductivos, e impulsora de los servicios de planificación familiar. La descubrí tarde, gracias a mi madre, que me prestó La picadura del tábano: la mujer frente a los cambios de la edad, un ensayo sobre la menopausia, el androcentrismo clínico y otros temas de la salud de las mujeres que siguen hoy siendo tabú.

Elena Arnedo es una de las dieciocho mujeres que nos inspiran a miles con su legado, con los Espacios de Igualdad que lucen sus nombres y que son nuestra habitación propia, ese espacio de autonomía personal que Virginia Woolf describía hace casi un siglo como condición necesaria –junto a la independencia económica– para nuestra emancipación plena. 

Sobre mi Espacio de Igualdad y los de Ana Orantes, Berta Cáceres, Carme Chacón, Clara Campoamor, Dulce Chacón, Emilia Pardo Bazán, Gloria Fuertes, las hermanas Mirabal, Juana Doña, Lourdes Hernández, Lucía Sánchez Saornil, Lucrecia Pérez, María de Maeztu, Marina Moliner, María Telo, María Zambrano y Nieves Torres pende hoy la motosierra del regidor municipal. Pretende convencernos de que la fusión de los centros especializados de apoyo a las víctimas de violencia machista –que urge multiplicar y dotar de muchísimos más recursos y respeto– y los Espacios de Igualdad, es lo que las usuarias de unos y otros servicios queremos y necesitamos. ¿Será que el regidor reconoce que todas somos, de un modo u otro, víctimas de la violencia machista?

Soy usuaria del Espacio de Igualdad Elena Arnedo desde que abrió. He organizado y participado en decenas de actividades chulísimas, muchas de ellas con recurrencia y muy buena acogida. También he utilizado el Espacio para “mis cosas”. O más bien, para cosas de mi hija. Fue el lugar que acogió las sesiones de trabajo de los sábados por la mañana de cinco niñas y vecinas del distrito, de entre 10 y 12 años, participantes del Programa Technovation Girls, una iniciativa internacional hoy consolidada que persigue un propósito muy importante: eliminar las brechas de género en las profesiones intensivas en tecnología, desde el momento en el que estas brechas comienzan a evidenciarse, a las edades que estas niñas tenían por entonces.

En ese Espacio de Igualdad trabajaron hasta que llegó el confinamiento. Siguieron trabajando desde casa durante esos meses tan duros, con el ánimo de su mentora, su mentor y sus familias. Trabajaron tantísimo que fueron finalistas mundiales con una propuesta preciosa de apoyo a las personas mayores de su distrito. Muchos medios de comunicación de radio, tv y prensa escrita locales se hicieron eco de tremendo logro, y se convirtió en una pequeña noticia positiva en ese verano de 2020 en el que estas no abundaban.

El caso es que un año y pico después, en diciembre de 2021, el Ayuntamiento lanzó la app Madrid te Acompaña, en esencia y salvando las distancias y capacidades, idéntica a la que diseñaron estas niñas. Tan parecida, que despertó las sospechas de la abuela de una de ellas al leer una columna de opinión de Rosa Montero en la que compartía un pálpito con sus lectores: “Supongo que la idea de la app se le ha ocurrido a alguien muy joven”. Pero ese epílogo es otra historia que hace unos años conté por desahogo en X.

Vuelvo al tema, que un recuerdo me lleva a otro, me enfurezco y pierdo el hilo.

El caso es que sin ese impulso inicial que el Espacio de Igualdad Elena Arnedo brindó a estas niñas con la cesión de un espacio acogedor, dotado de medios tecnológicos y cerquita de sus casas, no hubieran triunfado como lo hicieron.

Sin este Espacio tampoco habrían sido posibles las cinco ediciones de la campaña navideña de recogida y entrega de juguetes del distrito en la que muchas vecinas nos embarcamos, ni las cuatro ediciones del mercadillo de trueque solidario de ropa y calzado con las que vaciamos y volvemos a llenar armarios en los cambios de temporada y damos nuevas vidas a muchísimos kilos de textil, calzado y complementos.

Y no serán ya posibles, cuando desaparezcan los Espacios tras esa eufemística y ofensiva fusión, infinidad de actividades que miman las redes de apoyo en los barrios, que explican cosas que nos pasan y que nadie explica en ningún otro sitio, que nos recuerdan el cuidado de nuestro maltratado suelo pélvico, que nos descubren a mujeres históricas e invisibles a pesar de haber habitado en nuestros entornos, que hacen crecer la confianza propia y mutua. Iniciativas imprescindibles que han nacido y crecido por disponer de una habitación propia que hoy el alcalde Almeida nos arrebata.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.