Las cuentas que no se quieren ver

Estoy pendiente de conocer la nota de una asignatura de la que me examiné la semana pasada en la UNED. Está siendo una gran experiencia esta de volver a la Universidad después de tantos años. Un disfrute, la verdad. La perspectiva, las necesidades y la capacidad de comprensión son muy diferentes a las que tenía cuando fui universitaria por primera vez, hace treinta y pico años. Diferentes, ni mejores ni peores.

El caso es que estudiar Derecho Administrativo, que al parecer ahora se imparte con un poquito de Derecho Constitucional, se ha convertido en una necesidad, que aprovecho a recomendar explorar a toda persona que esté un poco ociosa. Me está suponiendo una reducción drástica de dioptrías y de síntomas de astigmatismo, y ahora lo voy viendo todo un poco mejor. También me enfado más, al constatar que gentes reputadas con los conocimientos acreditados o presupuestos que yo ahora estoy poco a poco adquiriendo, los manipulan, malinterpretan, obvian y retuercen. Me enerva. Y también me motiva a seguir estudiando.

He podido confirmar que muchas de las impresiones que tenía son en efecto una práctica concienzuda y con denominación propia en los libros de texto: la huida de las administraciones públicas del Derecho administrativo. Es uno de los signos de nuestros tiempos. Una práctica que, pudiendo ser adecuada, termina siendo mala cuando esta se convierte en abusiva, desproporcionada y poco motivada.

He confirmado que las impresiones que tenía son una práctica concienzuda y con denominación propia en los libros de texto: la huida de las administraciones públicas del Derecho administrativo

La principal función que legitima la existencia de instituciones independientes como en la que yo trabajo ahora –órganos de control externo u OCEX– es la de auditar la gestión económico-financiera de las administraciones públicas, en mi caso, a nivel autonómico.

La principal pieza de información a auditar cada año y en unos plazos determinados es la llamada Cuenta General de las entidades públicas, que comprende todas las cuentas anuales y documentos debidamente elaborados, aprobados y publicados, para informar sobre la situación patrimonial (bienes y derechos, financiación, patrimonio); los gastos, ingresos, beneficios o pérdidas; y la ejecución del presupuesto, fundamentalmente.

La amplitud o estrechez de la Cuenta General la determinan las leyes de hacienda aprobadas por el poder legislativo de cada Comunidad Autónoma: qué entidades públicas tienen que estar dentro sí o sí y, por tanto, deben fiscalizarse de oficio, y, en unos determinados plazos, todos los años. Lo que está dentro de la Cuenta General se fiscaliza todos los años. Lo que está fuera, no: solo se audita si se solicita expresamente y de forma motivada y acotada, ya sea por el Parlamento correspondiente o por el propio OCEX. Cuantas más “cosas” haya en la Cuenta General, mejor, ¿no?

Hay una enorme diversidad de tamaños relativos de las Cuentas Generales de las Comunidades Autónomas en España. Y el tamaño relativo, más incluso que el tamaño absoluto, importa y mucho.

Las comunidades autónomas cuya Cuenta General es más completa son Extremadura y La Rioja. En ellas se pasa revista todos los años a todas las entidades del sector público autonómico correspondiente, que en este caso asciende a un total de 57 y 22 entidades, respectivamente.

La comunidad autónoma cuya Cuenta General es más incompleta es la Comunidad de Madrid. En ella están fiscalizadas todos los años apenas 12 entidades del sector público autonómico, además de la propia administración organizada en 9 consejerías, de un total de 115 entidades. Apenas una de cada diez. Quiere esto decir que el 90% queda fuera de vigilancia ex post recurrente. A Madrid le sigue la Región de Murcia, con algo menos del 20%. Ninguna de las dos fiscaliza anualmente –porque están fuera de la Cuenta General– ni sus fundaciones, ni sus consorcios, ni sus sociedades mercantiles, entre otros. Son muchísimas entidades que, si bien no todas ellas nacen con el propósito de huir del derecho administrativo, sí escapan a la función fiscalizadora, por una suerte de dejación de funciones del in-vigilando.

Entre medias, y con datos del ejercicio 2021 –las cosas de palacio van despacio, esa es otra cuestión también interesante– y de las Cuentas Generales más completas a las más incompletas, están: Aragón, Cantabria y Navarra (por encima del 90%), Andalucía (80%), Galicia (70%), Castilla y León (60%), Comunitat Valenciana (55%), Castilla La Mancha (35%) y el Principado de Asturias (30%). El Estado consolida en su Cuenta General cerca el 90% de sus entidades.

No lo digo yo. Lo dice el Tribunal de Cuentas de España, que, como supremo órgano fiscalizador, se encarga de consolidar lo que las trece comunidades autónomas dotadas de órgano de control externo y las seis comunidades y ciudades autónomas que fiscaliza de forma subsidiaria al carecer estas, porque así lo han dispuesto sus Parlamentos autonómicos, de órgano fiscalizador ex post propio (Cantabria, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia) –salvo las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que no tienen porque no tienen Parlamento al que rendir cuentas–.

No siempre ha sido así. La tendencia es que la amplitud de la Cuenta General aumente hasta un muy aspiracional 100%, y así han hecho todas las comunidades autónomas, menos las que se siguen situando, inamovibles, en la cola.

Que no nos engañen. El dicho ese de que “ojos que no ven, corazón que no siente”, es una patraña que, especialmente cuando se trata de los recursos que son de todos y de todas, no debemos consentir.