Ni sienten, ni padecen

Espero que os pille leyendo esto en un lugar de vuestra elección que esté adecuadamente aclimatado, que se encuentre a una temperatura agradable, saludable. Yo, por ejemplo, comienzo a escribir estas líneas en casa con el aire acondicionado encendido porque llevamos tres o cuatro días seguidos de mucho bochorno y 34 grados a la sombra. A esa temperatura está el alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa de los centros educativos de titularidad pública de mi ciudad y comunidad, cumpliendo con sus obligaciones en jornadas de 8 horas de lunes a viernes. 

Lo hacen sin chistar, en instalaciones desnudas de soluciones de climatización. En los meses lectivos de calor sofocante, que cada curso que pasa son más y más largos. En los meses de invierno, en los que una proporción considerable del presupuesto que cada centro escolar tiene asignado se tiene que destinar a gastos de unos sistemas de calefacción ineficientes, obsoletos, caros y dependientes de los combustibles fósiles. 

La Comunidad de Madrid contaba el curso pasado con 3.547 centros educativos, 3.229 de Régimen General, 236 de Régimen Especial y 82 de Educación de Personas Adultas. El alumnado se repartía por etapas educativas y/o edades el curso pasado, teniendo solo en cuenta el régimen general, así: 87.000 bebes en educación infantil (0 a 3 años), 168.130 infantes en segundo ciclo (0-6 años), 413.575 chiquillos y chiquillas de 6 a 11 años en educación primaria; 308.389 adolescentes y preadolescentes en secundaria obligatoria (12-16 años); 107.759 jóvenes en bachillerato y 169.829 más en Formación profesional. Más de 1,2 millones de personas, que representan cerca del 20% de la población madrileña. 

El alumnado, principal afectado en números absolutos y la práctica totalidad de la población madrileña menor de edad, no vota, así que su voto no cuenta. El profesorado, igualmente afectado en una proporción aproximada de 1 a 20 (¿60.000?), y aun siendo personal empleado por la Comunidad de Madrid, trabajan en lo que para ellos y ellas son unos centros de trabajo que incumplen la regulación de confort término y eficiencia energética que rigen las temperaturas en otras ocupaciones. Un incumplimiento que la Inspección de Trabajo exigió recientemente corregir.

Bueno. En realidad, sí chistan. Lo hicieron alto y claro durante 2024 con la iniciativa de la Plataforma Autonómica de la FAPA Giner de los Ríos, la FRAVM, los sindicatos CCOO y UGT y avalada por más de 72.000 firmas –cuando el requisito es de 50.000–. Un montonazo de firmas documentadas entre abril y junio de 2024, con una ingente cantidad de datos personales que embutir a mano en más de 7000 pliegos oficiales infernalmente diseñados. En octubre de 2024 se entregaron formalmente a la Asamblea de Madrid las propuestas y las firmas que las sustentan y poder así pasar de pantalla en el trámite. 

Las firmas que sustentan las ILP que prosperan legitiman mucho, y por ello merecen, cuanto menos, un debate parlamentario y una respuesta debidamente motivada. Pareciera que ni sienten, ni padecen

¿Qué propone la ILP? Primero, que se analicen las necesidades de cada centro escolar y segundo, que se rehabiliten de forma integral los que lo necesiten con soluciones de aislamiento término de fachadas, toldos en ventanas y patios, renovación de las instalaciones eléctricas y los sistemas de calefacción y climatización, zonas verdes y espacios de sombra, menos asfalto, menos islas de calor y más paneles solares en tejados y aparcamientos. 

Recién inaugurado el curso escolar 2025/26, el rodillo demoledor del PP de la mano del negacionismo de Vox han impedido que la ILP sea siquiera debatida en el trámite parlamentario para el que ha acreditado con firmas merecer. Tanto esfuerzo y tantas voces no pueden recibir tanto desprecio institucional con un rechazo tan visceral y poco reflexionado. 

Otra ILP a la que seguir la pista estas próximas semanas –esta de ámbito estatal– es la ILP “No Es Mi Cultura”, que busca descatalogar la tauromaquia como Patrimonio Cultural mediante la derogación de la Ley 18/2013. Una ley que blinda esta práctica de tortura animal, y con ello la legitima a recibir dinero público a través de ayudas y subvenciones, muchas discrecionales. O a estar incluida en el Bono Cultural Joven tras recordarle el Tribunal Supremo al Ministerio de Cultura que ir a los toros es una actividad de especial protección desde 2013. O a estar exenta del deber de protección de la infancia de la violencia física y mental. 

En febrero de 2025, la plataforma “No Es Mi Cultura” entregó 715.606 firmas manuscritas, de las que 664.777 fueron validadas por la Junta Electoral Central, un 33% más del medio millón exigido. Y hace unos días se dio inicio el trámite parlamentario con la exposición de la iniciativa avalada ante la Comisión de Cultura del Congreso, en la que se exhiben muchos datos, muchas menciones y agradecimientos, muchos territorios. 

Me he quedado con la curiosidad de poder tener más detalle de algunos “metadatos” de las firmas para saber, por ejemplo, cuántas se recogieron en tal o cual comunidad o ciudad autónoma, cuánto representan del censo electoral de cada una de ellas o si superarían el requisito de número de firmas necesarias para presentar una ILP a nivel autonómico. 

Las firmas que sustentan las ILP que prosperan legitiman mucho, y por ello merecen, cuanto menos, un debate parlamentario y una respuesta debidamente motivada. Pareciera que ni sienten, ni padecen.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.