Es frecuente oír que regular el precio de la vivienda, “según todos los estudios”, provoca que “los propietarios las retiren” haciendo caer la oferta. En especial, entre quienes son contrarios a la regulación del mercado en general. Pero fuentes del ámbito académico replican que “hay centenares de estudios a nivel internacional en las últimas décadas en los que se defienden distintas posiciones” y que, “son difíciles de trasladar a la situación actual de un país concreto como puede ser España”. En definitiva que, si a algo lleva adentrarse en esa maraña, es a manifestar que “ese mantra no es así”.

Estos días retumban en concreto los primeros datos que se han conocido sobre la aplicación por parte de Cataluña de la Ley de Vivienda para intentar limitar las rentas: el precio ha caído un 5% y los contratos un 17%, se repite.

Iván Auciello-Estévez, investigador doctoral en Economía en la CY Cergy Paris Université y fellow en Future Policy Label, anota de entrada que “el stock de vivienda, los pisos que están alquilados en estos momentos, no para de subir. En Barcelona, por ejemplo, cada vez hay más gente viviendo de alquiler”. “A lo que se están refiriendo como oferta, es el número de contratos firmados en el segundo y el tercer trimestre del año y eso es el flujo. Es la misma idea del mercado de trabajo, el número de personas que hay trabajando y los contratos firmados”, explica. 

Respecto al caso de Cataluña, donde “dicen que ha caído un 17% el número de contratos firmados”, señala que el control del alquiler “se inició antes del verano y, como los pisos temporales no están incluidos en la Ley de Vivienda, los propietarios se han puesto a alquilar por temporada. No hay datos, pero estoy convencido de que ha sido así, ya que las compraventas han caído en este mismo periodo”, asevera. Matiza luego que, “en realidad, lo que ha descendido un 17% es el número de contratos firmados de alquiler residencial a largo plazo, pero no se sabe si el global, teniendo en cuenta los temporales, ha caído o no”, desliza. 

En opinión de Auciello-Estévez, “a partir de ahora será importante tener un mecanismo para poder contar con la información de los alquileres temporales porque no están controlados. Los datos provenientes del depósito de fianzas de Incasol no incluyen este tipo de alquileres… Igual que se introducen en las estadísticas de empleo los contratos temporales y los indefinidos, pues habrá que hacer lo mismo. Y estaría bien también poder saber qué tipos de propietarios han sido los que han pasado sus viviendas a alquiler temporal, si los pequeños propietarios o los grandes tenedores”, plantea.

Junto a lo expuesto, añade que “sigue siendo muy pronto para decir nada de cuál ha sido el efecto” de lo aplicado en Cataluña, dado que sólo han transcurrido unos meses: “No ha sido un ciclo anual completo y no se pueden comparar años con otros ni trimestres con otros”. “Por tiempo -incide-, aún no se pueden dar conclusiones muy concluyentes. Y la evaluación no va a ser fácil porque la mayoría de grandes municipios ya tienen control, lo que puede llevar a tener que comparar municipios de medio millón de habitantes con otros de menos de 5.000, que no tienen que ver”. “Se va a complicar la evaluación, aunque con estadísticas agregadas se podrán saber por dónde han ido las tendencias, pero todavía no”, cierra.  

De su lado, Jaime Palomera, director de investigación sobre vivienda en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), mantiene que “es falso que haya un consenso contra el control de precios”. Subraya que hay estudios como el rubricado por Autor, Palmer y Pathak, que muestran que éste logró en Massachusetts “rebajar el precio durante los 90 y que, tras su eliminación, se disparó”. En otra ciudad estadounidense, Nueva York, supuso “un ahorro del 34% para quienes habitaban viviendas reguladas”, de acuerdo a lo revelado por Che, Jiang y Quinter en otro análisis. Y, más cerca, sobre medidas puestas en marcha en Alemania y en Francia, “los resultados hablan de bajadas en algunas ciudades, aunque limitadas”, aporta.

Centrando el foco en Cataluña, Palomera hace notar que existen “tres estudios” en los que se indica que la regulación, en este caso la aplicación de la Ley de Vivienda autonómica de 2020 que se ejecutó hasta ser declarada inconstitucional, “logró bajar precios”. “Aunque varían, las estimaciones hablan de un 6% de reducción” en los alrededor de 60 municipios incluidos, y de “un ahorro de unos 600 euros al año de media para las familias inquilinas”. Tras tumbar el Tribunal Constitucional la norma por motivos en esencia competenciales, “los precios volvieron a incrementarse”, afirma.

A su entender, la crítica habitual a la regulación que a menudo corre de que supuestamente reduce la oferta, porque limitar el beneficio lleva a que los propietarios no quieran alquilar o construir casas, “es la misma lógica según la cual subir el salario mínimo hace que las empresas creen menos empleo”. En ese punto, cabe hacer otra pregunta: ¿quién saca pisos del mercado? Palomera se remite a estudios sobre San Francisco y Berlín, según los cuales, “son sobre todo los grandes fondos”. Pero apostilla que éstos, en España, “representan una parte pequeña” aún de quienes poseen los inmuebles, con lo que, “se trata de un riesgo menor”. Y acaba deshaciendo otra idea recurrente: “Contra lo que se suele creer, está demostrado que aumentar la oferta de alquiler privado no reduce los precios, como se puede comprobar en estudios de la Reserva Federal como el de Anenberg, y genera más desigualdades”, esto es, “caseros cada vez más ricos e inquilinos más pobres”.

Para Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, en cambio “no es un mantra” que, “si se fijan topes a los precios de algo, hay personas que no les interesa y se retiran”. “Pongamos -ejemplifica- que un ayuntamiento que quiere contratar camisas para jardineros está dispuesto a pagar cada una a 15 euros como máximo. Habrá fabricantes que dirán que a ese precio, no participan, no entran en esa oferta posible”. 

Al enfocarse en la vivienda, argumenta que, “si la situación tiene como en la actualidad fallos de mercado, poner topes a los precios en general, puede contribuir a que salgan determinadas viviendas”. ¿La causa? “Muchos propietarios piensan ya que hay inseguridad jurídica, que si un inquilino deja de pagar, pasa demasiado tiempo hasta que se resuelve la situación. Algunos se han ido al alquiler vacacional y puede que se esté abusando de esto”, admite. A su juicio, “frente a la situación de hoy, poner topes a los precios no va a ayudar, sí aumentar muchísimo el número de viviendas disponible y eso se hace construyendo o animando a los propietarios. Limitar en algunas circunstancias en algunos momentos críticos de la historia ha podido ocurrir, pero ahora está generando más perjuicio que beneficio”, asegura.

Con todo, Carbó considera que a la vivienda social nueva “sí que a lo mejor habría que ponerle un tope” para que “se las queden quien deben quedárselas". "Hay que lograr –engarza– que el Gobierno central y los autonómicos arranquen con programas desde ya, hay que aumentarlo todo", las opciones para compra y para arrendamiento, pero, sobre todo, "la vivienda social para alquilar, que es la que va a aliviar más esta tensión que tenemos".

El catedrático apostaría por “regular el alquiler vacacional, para que no se vaya por ahí tanto de lo que antes era a largo plazo” y por establecer condiciones "en el segmento de la vivienda social" para que "termine en las manos adecuadas, en las personas que realmente las necesitan", concluye. Todos coinciden en que embridar este asunto, que está removiendo a la sociedad, no será sencillo.

La consigna es: “Hay que tomar las calles”. Cerca de cuarenta organizaciones sociales han convocado este domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación en Madrid unidas bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Siguen la estela de otras protestas que ya habían brotado en distintos puntos del país para reivindicar un turismo sostenible, pero buscan centrar el foco en el problema en el que se ha convertido para muchos “acceder a un lugar donde vivir” y que el 13O sea “el pistoletazo de salida de un proceso de movilización social más amplia y duradero en el tiempo” hasta lograr “cambios reales”.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los precios de venta de la vivienda siguen acrecentándose por encima de la media nacional. Lo hizo, según datos del Consejo General del Notariado, entre agosto de 2023 y el mismo periodo de este año más de un 5%. Mes en el que, según el índice de precios del portal Idealista, el alquiler alcanzó su máximo histórico en la capital, con una media de casi 20 euros por metro cuadrado. 

El 77% de los habitantes de la ciudad destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Y el 40%, incluso más del 40%. De acuerdo a lo reflejado en un informe de Más Madrid, el parque actual es de 1.537.927 unidades, de las que 211.012 no están destinadas a residencia principal, dado que 80.000 son oficinas o para usos terciarios, 30.000 pisos turísticos y unas 97.178 están vacías. 

“Las rentas en general no paran de subir, los desahucios de familias continúan, los pisos turísticos se multiplican, los fondos buitre están expulsando a los vecinos, las casas de San Fernando de Henares se siguen hundiendo por el desastre de la línea 7B de Metro y la Cañada Real sigue sin luz”, resumen fuentes de las entidades madrileñas organizadoras de la marcha del domingo, quienes añaden que “en Madrid se están llevando a cabo políticas urbanísticas que favorecen la especulación frente al bienestar de la mayoría social”.

Esta semana, a las puertas de la protesta, el PP madrileño que lidera Isabel Díaz Ayuso ha frenado en la Asamblea autonómica una proposición de Más Madrid “para que la vivienda pública protegida lo sea para siempre, no por un periodo tras el que pasar al mercado”, explica el diputado y portavoz de Vivienda de esa formación política, Jorge Moruno. “Se han cerrado en banda”, lamenta, aunque sin sorpresa. Habían “votado que ‘no’ antes a declarar zonas de mercado tensionado, a aplicar el derecho al tanteo y al retracto, que impediría, por ejemplo, que fondos buitres compraran edificios enteros para subir los precios, porque la administración tendría la prioridad para poder comprarlo; o a elevar el presupuesto en vivienda pública hasta los 1.800 millones al año para equipararnos a la inversión por habitante en Viena”, enumera. “Se oponen a todo tipo de herramientas administrativas y legislativas que servirían para facilitar el acceso a la vivienda”, condensa. Y dicen 'no' a “todo lo que es de sentido común en la mayoría de los países de Europa”. 

A juicio de Moruno, “viven en una burbuja, en un terraplanismo inmobiliario”. “La propia Ayuso nos ha acusado de tener ideas de niños de 14 años, cuando lo que proponemos es lo que funciona en los países con los mejores modelos de vivienda del mundo. Son sectarios, tienen una estructura mental autárquica y son incapaces de ver lo que funciona”, sintetiza el diputado de Más Madrid.

Relata que un diputado del PP le llegó a espetar en sede parlamentaria que “eso de Viena es un modelo que 'no ha copiado nadie' porque 'no es bueno', mientras que 'lo que sí se va a copiar y se va a estudiar' es 'el modelo de vivienda con algún tipo de régimen de protección pública de Madrid'”. Engarza que, según ellos, el “Plan Vive”, es "el plan de vivienda asequible más ambicioso de Europa, cuando han entregado en seis años 500 viviendas, mientras solo Viena, que tiene dos millones de habitantes, construye y rehabilita entre 5.000 y 7.000 al año”, lanza.

“Son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer”, incide Moruno, para apostillar luego que ejercen de “testaferros del lobby inmobiliario y se ocupan, sobre todo, de blindar el margen de rentabilidad y los beneficios de intereses privados”. “No hacen política de vivienda, son representantes inmobiliarios en la Asamblea de Madrid”, asevera.

Se centra en Ayuso para afearle que tampoco haya dado explicaciones sobre su situación personal, después de hacerse público que disfruta de una vivienda incluida en la madeja judicial y mediática que se ha abierto tras haber sido su pareja, Alberto González, acusado de presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. “Han privatizado el comunismo, han inventado el comunismo oligárquico. Ayuso ni paga hipoteca ni paga alquiler. Vive en un ático de 200 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, pero no quieren que el resto de los madrileños pueda vivir dignamente. No puede ser que la espiral de los precios aspire el dinero de la gente todos los meses, que tengan dos aspiradoras, el patrón y el casero”, concluye. 

Cristina González, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid, confirma que la presidenta madrileña “ni ha aclarado ni pretende aclarar nada sobre su situación personal” y que “no dice que sí a nada de lo que se plantea desde la oposición”. Anota que los socialistas han abogado por que “se aumentara el parque público hasta llegar al 9%, que es la media europea”, pero “dijeron que ‘no’, como a que se ampliara el Bono Joven de Alquiler, cuya gestión ha sido de las peores, respecto a la de otras comunidades, con diferencia”, se queja. 

“El dinero que se está poniendo para las pocas ayudas que dan -une-, viene de los fondos europeos y del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno. En éste hay programas a los que las comunidades pueden adherirse, como las ayudas al alquiler para jóvenes y otras más genéricas y para colectivos. Entre las unas y las otras, en cuatro años, la Comunidad de Madrid no ha destinado más de un millón de euros adicionales”.  

González mira hacia atrás para aportar que Ayuso se ha negado igualmente “a regular las zonas con mercados tensionados, sin ningún tipo de justificación”, y pese a que municipios como Parla, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Rivas, Ciempozuelos, San Fernando, Coslada y Velilla lo han solicitado. Es más, los nueve ayuntamientos de esas localidades barajan armar una iniciativa legislativa popular, dado que “no se les está dejando actuar”. 

Y hay más negativas. “Hemos solicitado que se cerrasen los pisos turísticos ilegales, que repercuten directamente en el alza de precios y no se ponen en el mercado, pero tampoco se ha hecho nada”, censura la diputada. Con todo, el Grupo Socialista confía aún en que “pueda llegar al pleno un proyecto de ley” que presentaron hace unas semanas para modificar la norma de la comunidad que "deja descalificar las viviendas al cabo de unos años”.

González quiere dejar claro que “la comunidad tiene las competencias en vivienda, pero se está limitando a decir que todo lo que tiene que ver con las subidas de precios es por la Ley de Vivienda, que no están aplicando. Mientras en Cataluña, donde sí funciona desde hace un tiempo, se ha demostrado que los precios han bajado entre un 3 y un 5%”. 

Cierra remarcando la idea de que, “no sólo es que se oponga a lo que proponemos los demás, es que es de las comunidades que menos dinero pone para las políticas de vivienda y que más ha subido los precios de la vivienda de protección. De hecho, hay sitios en los que los ha elevado a un 57% y sale más barato una vivienda del mercado libre que una de protección”, advierte.  

Además de la manifestación de Madrid, en Barcelona este domingo, la plataforma No a la Copa América 2024, con el apoyo de organizaciones como el Sindicat de Llogateres i Llogaters, han convocado otra contra ese evento, la Copa de América de Vela, que se celebra en la capital catalana. Y hay más protestas ciudadanas en el horizonte.

El próximo 19 de octubre, por ejemplo en Valencia, la plataforma Valencia s’ofega -Valencia se ahoga- ha llamado a salir a la calle para demandar que la capital se declare zona tensionada. Y ese mismo día en Alicante habrá igualmente una marcha a la que varias organizaciones animan a acudir bajo el lema Casas para vivir. Más adelante, el 9 de noviembre, el movimiento vecinal Málaga para Vivir, ha fechado otra manifestación en esa capital andaluza para reclamar “una ciudad orientada al bienestar de sus habitantes y no a la especulación inmobiliaria”. Algo se mueve.

Este viernes 11 de octubre tampoco ha habido alumbramiento. Pese a llevar más de nueve meses de negociaciones, el Gobierno, la patronal y los sindicatos no consiguen pactar la reducción de la jornada laboral. De hecho, los sindicatos ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte hasta las 38,5 horas, como estaba previsto, y no será hasta 2026 cuando las plantillas puedan disfrutar de la poda del tiempo de trabajo hasta las 37,5.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha recordado tras la reunión de esta mañana que se trata de poner en marcha medidas que, no sólo “pretenden mejorar la vida” de 12 millones de personas, sino también optimizar la “calidad” del tejido empresarial y "estimular la creación de empleo". Por ello ha destacado que la patronal haya “aceptado valorar la propuesta” de plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la implantación de la reducción y el registro de jornada que les han presentado esta mañana “de manera más precisa”; así como el “cambio de tono” que, dice, ha detectado en los representantes de las empresas.

El ámbito de aplicación de esa propuesta, bautizada como Plan Pyme 375, serán las empresas de hasta 10 personas trabajadoras, cuyo volumen de negocio o balance general no exceda de los dos millones de euros al año y que no cuentan ya con una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

La propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo incluye ayudas a la contratación realizada con ocasión de la puesta en marcha de la reducción de jornada, el establecimiento de puntos de información y formación empresarial en la red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (Red COE), para facilitar la  adaptación empresarial a la nueva regulación en la materia; la elaboración de una guía informativa por sectores sobre la aplicación de las novedades sobre la jornada y el derecho a la desconexión; cursos formativos para microempresas y personas autónomas; y un programa específico y temporal de los Servicios Públicos de Empleo para la asistencia en la selección y la contratación de personas con ocasión de la poda temporal.

Respecto a las ayudas, el Gobierno ha planteado una bonificación en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes de hasta una cuantía mensual que está por determinar. Alcanzará a una sola contratación por empresa o autónomo o, alternativamente y como punto novedoso, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo, siempre que se produzcan en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada legal de trabajo. Y tendrá una duración de un año.

El ministerio calcula que se podrán beneficiarse de ésta hasta 1,2 millones de pymes y que habrá un 40% de potenciales destinatarios entre los trabajadores autónomos. Los sectores más afectados serán la hostelería y el comercio, donde se hallarían más de un tercio de las posibles agraciados con el incentivo, según consta en el documento que se ha puesto sobre la mesa este viernes. Hasta el 70% de las contrataciones podrían disfrutar de incrementos adicionales de bonificaciones, por cuestiones como la contratación de mujeres, jóvenes de hasta 30 años o mayores de 55. Y se prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa. La pelota vuelve a estar en el tejado de la patronal, a la que Pérez Rey ha agradecido hoy la “actitud constructiva”.

Del lado sindical ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte de jornada hasta las 38,5 horas semanales como estaba previsto y avisan de que el diálogo no se puede alargar “sine die”. “En ningún caso vamos a permitir que esta cuestión se quede en vía muerta o en el dique seco. Nos la han vendido como la medida estrella de esta legislatura”, ha avisado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CCOO.

“Llevamos más de nueve meses negociando la reducción de la jornada, intentando que las organizaciones patronales acepten lo que es la opinión mayoritaria de la ciudadanía española. Es tiempo más que suficiente”, ha defendido Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Ambos han avanzado que sus organizaciones sindicales seguirán con el proceso de movilizaciones iniciado y el próximo 26 de octubre habrá protestas “en toda España”. Es más, Luján ha pedido a la ciudadanía que “se sume a las concentraciones y actos programados por UGT y CCOO ante las sedes de las patronales”.

No es la única demanda que han hecho. Vicente ha exigido “un compromiso de las organizaciones empresariales para que sean claros en sus propuestas”, con el finde poder llegar finalmente a un acuerdo a tres bandas. Y ambos representantes sindicales han apuntado a los partidos, que “van a tener que pronunciarse” en el Congreso sobre “si están de acuerdo con los ciudadanos que los votan o con quienes quieren seguir aumentado sus beneficios”, en palabras de Luján.

El mercado español de la vivienda es complejo. Pero al consultar algunos informes centrados en este asunto de distintos organismos se pueden sacar conclusiones como que la modalidad del alquiler está al alza, pese a las subidas de precios; que cada vez hay que destinar más recursos para tener un techo; o que el parque público se ha despoblado con el tiempo.

En el estudio El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad, elaborado por el Banco de España se señala un hecho históricamente anómalo: desde 2021, el número de nuevas viviendas terminadas se ha estabilizado en torno a las 90 mil unidades anuales, una cuantía significativamente inferior a los hogares que se crearon en 2022 y 2023. El diferencial acumulado en esos dos años entre la creación neta de hogares y la producción de edificaciones “alcanza unas 375 mil unidades” y ese déficit “es particularmente intenso en las comunidades donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística”. De hecho, el regulador estima que se necesitarán 600.000 viviendas hasta 2025, pese a que hay casi 4 millones vacías o desocupadas, según sus datos, que coinciden con los reflejados en otro informe, Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, del Gabinete Económico de CCOO, donde se asevera que “España dispone de 3,8 millones de viviendas vacías (1,1 millones en capitales y grandes ciudades) que sumadas a las turísticas, podrían destinarse al alquiler residencial y cubrir la demanda de vivienda habitual de la próxima década”.

El Banco de España también apunta al auge del alquiler vacacional o turístico, como una de las causas del menor stock de vivienda disponible, supone ya cerca del 10% del tamaño del mercado del alquiler y tiene una ratio del 1,8% del total de moradas principales del mercado residencial. El Instituto Nacional de Estadística (INE) las cuantifica en 351.389 este año. Cinco provincias sufren sobre todo la escasez de inmuebles: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante.

En general, el mercado del alquiler se expande. Desde la gran crisis hipotecaria que estalló en 2007, los inquilinos no han dejado de crecer, al tiempo que disminuye el porcentaje de hogares con casa en propiedad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, las familias arrendadoras pasaron del 13,5% en 2007 al 18,7% en 2023, llegando hasta el 23,7% en la Comunidad de Madrid y al 24,9% en Catalunya. El Banco de España ha determinado que ocuparon 3,6 millones de viviendas principales en 2023. Ello implica un aumento de 1,3 millones respecto a 2007. Y, de acuerdo a los datos que maneja CCOO, “los niveles más altos de hogares en alquiler en 2023 se encuentran en las islas: 31% en Islas Baleares y 29% en Canarias”.

Si el análisis del regulador bancario mete a los jóvenes y a los migrantes, colectivos donde se concentran los hogares con menor nivel de renta, entre las razones del auge inquilino; no es el único que lo hace. El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), en su trabajo De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad, pone el foco en que los arrendatarios "representan el 53% de los hogares entre 16 y 29 años y el 32% de los hogares entre 30 y 44 años”. Con todo, matiza que, aunque la población joven vive principalmente arrendada, “en términos absolutos la mayor parte de la población inquilina tiene entre 34 y 65 años”. E, igualmente, si bien los hogares de origen extranjero viven en su mayoría de alquiler, “en términos absolutos la mayoría de personas que viven de alquiler son españolas, ya que representan un mayor porcentaje sobre la población total”. 

El grueso de los hoy inquilinos, jamás será propietario, a la luz de ese estudio, al no poder comprar ni heredar. “En la cohorte de 35 a 64 años, sólo un 30% espera heredar, porcentaje que aumenta al 40% entre inquilinos de menos de 35 años”, se afirma en el texto. Y en el caso de la adquisición de una casa, “7 de cada 10 inquilinos” de una ciudad como Madrid “no cree que pueda comprar una vivienda en el futuro”. 

Desde IDRA avisan: “Los hogares inquilinos, con una renta media de 22.183 euros anuales, no tienen opción de acceder a una propiedad y se ven obligados a transferir buena parte de sus ingresos a los hogares rentistas”, cuyos ganancias medias “se sitúan en 46.725 euros anuales”. A juicio de los autores de ese informe, Pablo Pérez y Jaime Palomera, “la brecha cada vez mayor entre la población inquilina y la población propietaria profundiza el papel del mercado de alquiler como un vector de desigualdad social”.

Hay otra realidad en la que coinciden varios estudios consultados por infoLibre: ha habido un encarecimiento sostenido de los precios de compraventa y alquiler de vivienda en la economía española, sobre todo desde 2014. En el informe de CCOO se expone que “hoy son necesarios 6,1 salarios brutos medios anuales para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en España”, que se convierten en “3,9 salarios medios para adquirir una vivienda protegida”. “El esfuerzo hipotecario alcanza el 34% de los ingresos medios”. Y ello en un escenario de caída del crédito, desde el inicio del endurecimiento monetario a finales de 2021, aunque esto ha empezado a cambiar levemente este ejercicio. 

Datos difundidos este mismo jueves 10 de octubre por el Centro de Información Estadística del Consejo General del Notariado indican que el coste de la vivienda se ha acrecentado en el país una media del 4,3% entre agosto de 2023 y el mismo mes de este año. Se ha encarecido en 13 regiones, disparándose casi un 63 % en Castilla-La Mancha o un 25,6 % en Navarra.

Por lo que respecta al arrendamiento, según el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) del INE, éstos han trepado un 15,7% entre 2015 y 2022 en promedio a nivel nacional. Y son numerosos los informes y expertos que han alertado de que en el mercado inmobiliario actual es imposible cumplir la regla de que ese gasto no sobrepase el 30 por ciento de los ingresos brutos mensuales menos las deudas. En concreto en una publicación de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliaria (FAI) se mantiene que la mitad, el 50,01% con exactitud, de los alquileres que se gestionan en España necesitan de más de un sueldo o recursos de más de una persona para pagar la renta mensual. 

Hay otro análisis rotulado como Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos, de Provivienda, que constata que, “por edad, a las personas jóvenes es a quienes más les afecta el precio de la vivienda, ya que están más expuestas a las fluctuaciones del mercado y a la crisis de asequibilidad: un 23,5% de los hogares jóvenes están afectados, frente al 12,9% de los hogares mayores”, aseguran.

“Mientras que en torno al 87% de los hogares eran propietarios de su vivienda principal en 2002, esta cifra se redujo a alrededor del 80% en 2020. Mientras que en 2002 la proporción de hogares en alquiler era de aproximadamente el 13%, en 2020 había crecido hasta cerca del 20%”, se plasma en el trabajo Vivienda para vivir: de mercancía a derecho de Future Policy Lab. En él se incide en otra idea común: “La vivienda en alquiler era antes considerada un estado transitorio reservado a inmigrantes o jóvenes españoles que acababan de abandonar el hogar familiar. Esto ya no es así. Dada la residualidad del alquiler social (que apenas llega al 2% de los hogares en España), el mercado privado de alquiler se ha convertido en el principal recurso habitacional para la mayoría de los hogares con dificultades económicas”.

En ese sentido, los datos de Provivienda sirven para manifestar que “existen 5,5 millones de hogares en situación de exclusión residencial, con especial impacto en el alquiler que empobrece a 4 de cada 10 hogares en España”. De ellos, “más de 250.000 tienen ingresos medios” y la probabilidad de caer en exclusión residencial siendo joven “es del 39,8%”. La Encuesta de Presupuestos Familiares permite confirmar, asimismo, que para el 20% de los hogares de menores ingresos, la vivienda y los suministros vinculados a ella representan un esfuerzo muy elevado. Entre 2021 y 2023 supuso el 42% del gasto total del hogar, frente al 37% que suponían en el periodo 2006-2007.

El informe de CCOO posibilita aportar otro ángulo a la radiografía del estado actual del mercado de la vivienda en torno al parque estatal. La apuesta global por “la construcción de vivienda en propiedad” ha dado lugar a que se levantaran 11,8 millones de casas entre 1980 y 2023, “la inmensa mayoría”, 9,1 millones, de precio libre, frente a los 2,7 de protegidas. Es decir, “apenas 1 de cada 4 viviendas terminadas desde 1980 ha sido protegida”. Y hay más: “El Gobierno central ha destinado más de 200.000 millones de euros a política de vivienda durante los últimos cuarenta años, sin incluir en esta cifra el esfuerzo adicional realizado por comunidades autónomas o corporaciones locales”, se lee en el documento. Con ese volumen de recursos “se habría podido edificar un parque de 2 millones de viviendas de alquiler, que en 2024 serían la clave de la solución al problema de la vivienda en España”, defienden desde el sindicato.

Desde Future Policy Lab se denuncia que, si no se hubiesen descalificado los pisos protegidos desde los 1980 hasta la actualidad, “el stock de vivienda social en España podría ascender a más de 4 millones de unidades”. “El problema de fondo -consta en su informe- es la mercantilización de una necesidad básica como es la vivienda, consentida durante muchos años por un Estado de bienestar deficiente y, en ocasiones, cómplice. Reforzar el llamado 'pilar débil' del bienestar pasa necesariamente por la desmercantilización de la vivienda. Es inaceptable que el enriquecimiento de unos pocos se produzca a costa de la negación de un derecho básico de los hogares”, cierran.

De momento, los desahucios siguen. Es más, los lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 han sido 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres cuartas partes de ellos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.469 estaban ligados a ejecuciones hipotecarias. En materia de vivienda, como en otras muchas, los números pueden desamparar.

Dicen que “sobran los motivos”. Dicen que se ha cercenado “un derecho constitucional como es el de la vivienda”. Por eso, 39 colectivos han unido fuerzas para, más allá de decir, convocar este próximo domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación que recorrerá el centro de Madrid, en la que demandar a las distintas administraciones que hagan posible el acceso de la ciudadanía a “un lugar digno para vivir”.

Calientan motores. Bajo el lema La Vivienda es un derecho, no un negocio, sindicatos como el Inquilinas, el de Estudiantes, CCOO y UGT; plataformas como la de Afectadas por la Hipoteca (PAH), por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) o por la Línea 7B de Metro desde donde exigen “soluciones ya”; entidades sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Amnistía Internacional; y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, entre otras, marcharán desde las 12:00 horas, con salida en Atocha y hasta Cibeles. Lo harán con un objetivo: "Cambiar el paradigma de la vivienda". Algunos de esos entes forman parte de la Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid, que se constituyó en octubre de 2023, ante "un malestar que empezaba a ser palpable".

Desde la FRAVM animan a “desbordar las calles” para que “las administraciones públicas empiecen a tomarse en serio este problema social porque la vivienda es un derecho, no un negocio, que es en lo que se ha convertido gracias a modalidades como los pisos turísticos", recalcan. Llaman a formar el domingo una “amplia columna vecinal” y confían en que la protesta sea “el arranque de una movilización social” que obligue a “cambiar las políticas de vivienda". “Hay que pasar a la acción”, sintetizan.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, explica a infoLibre los motivos que los han llevado a secundar la iniciativa: “La vivienda se ha convertido en una emergencia social impostergable. Saldremos a la calle para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que siga siendo un derecho y no un privilegio, como lo es ahora, y que no sea una fuente de negocio para los grandes especuladores, los bancos, los fondos buitres y los rentistas, que hacen de algo que es un derecho una forma de vida muy rentable”. Se enfoca en los estudiantes, “en la juventud en general”, para criticar que tengan que “lidiar” a diario “con los precios, las cláusulas abusivas, con lo difícil que es encontrar un piso en las grandes ciudades, o con que la edad de emancipación sea a los 30 años, precisamente porque no hay facilidades para poder irse de casa de los padres”. A lo expuesto suma “el negocio multimillonario que son las residencias universitarias privadas” que les “exprimen hasta el último euro”.

“Salimos a decir que basta ya. El Gobierno tiene que tomar medidas urgentes y radicales para solucionar este tema. Entre las comunidades y el Ejecutivo central se lanzan la pelota, pero no se pueden lavar las manos. Si de verdad se quiere apostar por una vivienda accesible y digna, hace falta un parque público, que los alquileres no se coman más del 10% del salario, o contratos indefinidos para los inquilinos, aunque haya que confrontar con los bancos, los fondos buitre…”, resume. Se muestra convencida de que será “una manifestación multitudinaria” que reflejará “la rabia que hay por debajo. Y ahí estará el Sindicato de Estudiantes”, cierra.

El portavoz de la PAH Vallecas, Diego Sanz, confirma que “la mayoría de PAH” estarán en la protesta del 13O, “con acentos distintos”. Cree que si la manifestación ha de “servir de algo”, debe ser para “señalar el fracaso absoluto de la Ley de Vivienda, un año y medio después de ser aprobada”. Lo argumenta: "Avisamos en su momento de que dejaba fuera el alquiler temporal, el alquiler social obligatorio antes de un desahucio, la prohibición efectiva de éstos, porque el proceso de mediación que incluyeron en la norma es un unicornio que no los está parando… Ayuso no es la única culpable de que suban los alquileres en Madrid, que también, y están empezando a elevarse a máximos históricos, por encima de la burbuja inmobiliaria”, lanza.

Censura que entidades “como Sareb o Caixabank, con participación pública", estén "funcionando para que suban los precios de la vivienda y vuelva a haber un ciclo constructor e hipotecario, que pareciera que es realmente la agenda de los partidos del Gobierno”, proclama. “Con nosotros que no cuenten, si de lo que se trata es de volver a dar hipotecas y de avalar las que no pueden dar los bancos, porque venimos de un drama con el tema hipotecario, como para que nos vuelvan a meter a los bancos en casa”, anticipa. Para terminar poniendo el acento en que se “ha dejado fuera de toda regulación de precios a caseros que tienen tres, cuatro o seis viviendas”, al no considerárseles “grandes tenedores, por no contar con más de diez”.   

¿Qué busca el Sindicato de Inquilinas con la marcha del 13O? "Expresar un gran clamor popular como es el que el tiempo de los políticos se ha terminado en lo que a gestión de vivienda en este país se refiere", verbaliza su portavoz Lucas Vaquero. "Durante los últimos años –enlaza–, los gobiernos de cualquier signo político han fracasado estrepitosamente en adoptar cualquier medida que pudiera solucionar, al menos de forma parcial, el grave problema de vivienda que se vive en España". A su juicio, esto ha tenido una consecuencia: "Que la clase inquilina sea hoy muy numerosa y cada vez más desprotegida frente a los abusos de rentistas y especuladores que de forma parasitaria viven a costa del fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por eso, basta ya".

Han demandado estos días la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, por "su connivencia con la minoría rentista", entre otras razones, y mandan un mensaje claro a la clase política y a las instituciones: "Vamos a ser nosotras las que nos organicemos para conseguir victorias y cambios sostenibles y perdurables en el tiempo. Vamos a comenzar a diseñar estrategias que nos permitan caminar hacia una huelga de alquileres. Si ellos no bajan los precios, nos los vamos a auto regular nosotros”, remata Vaquero.

Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial de CCOO Madrid, asevera que "la vivienda debería ser un bien de uso, un derecho irrenunciable", sin embargo, "es cada vez más un bien inmobiliario. Se legisla, de hecho, para que lo sea", afea. Relata que desde la Plataforma por el derecho a la vivienda empezaron hace unos meses a plantear la convocatoria de una manifestación, a la que se han adherido más colectivos. "Cada vez carece más de sentido que firmemos un convenio con una subida salarial del 2 o del 3%", expone, en relación a la labor de su organización sindical específicamente, "si luego en tu ciudad la vivienda ese año se eleva el 15%. Al final es como si fuera un salario diferido", lamenta.

Espera que el 13-O sea "un primer paso". “No es el punto de llegada, es el de salida para poner el foco en la calle de que se tiene que legislar de una vez por todas y a nivel de todas las administraciones, aunque no todas tengan la misma culpa", matiza. Y finaliza: "La Comunidad de Madrid la tiene en especial por su modelo inmobiliario".

Desde la esfera ambientalista desean igualmente que los ecos del 13-O retumben con fuerza. Fuentes de Ecologistas en Acción aportan que “sólo en Madrid hay más de 100.000 viviendas vacías” y entienden que la dificultad creciente de que los inmuebles acojan "personas" es “una consecuencia del modelo especulativo y depredador de recursos” que se ha instalado, en el que “la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas decididas de vivienda pública, ha provocado la expansión de los precios hasta unos niveles que resultan inalcanzables para muchos". Y ello, mientras, "paradójicamente, se ha ampliado el suelo urbano a costa de los agrarios o de espacios naturales”.

Por su parte, María Prado, responsable de campaña de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, traslada a este periódico que son convocantes de la protesta ciudadana al pensar que la vivienda “es un derecho fundamental” y porque reclaman “dignidad en el acceso y dignidad en su habitabilidad”. “La vivienda es una palanca de cambio para tener vidas más dignas, no sólo ha de ser refugio climático, sino que es un elemento de transformación del modelo socioeconómico”, defiende.

La multinacional "verde" apuesta por el impulso a “viviendas descarbonizadas y que sean eficientes energéticamente, porque de nada sirve acceder a ellas, si son agujeros de temperatura donde la gente no puede pagar sus facturas de luz, calefacción o de comida, en un mercado de la energía bastante perverso”, anota. Y abrocha: “La exigencia de entornos, barrios y municipios sostenibles ha de empezar en las casas. Es el primer elemento dentro de la comunidad que construimos para contribuir a vivir en un planeta más sostenible”.   

En general, los convocantes alimentan la ilusión de que "ésta sea la manifestación por la vivienda que marque el punto de inflexión", como lo fue el 15M, conscientes de que "quizás" deberían "haber intentado lograr más movilización ciudadana antes," dado que "hay mucho mar de fondo", reconocen. En cualquier caso, miran al próximo domingo con "optimismo". "Ahora que no llueva", piden algunas de las fuentes sondeadas. El sol no es un requisito imprescindible para manifestarse, pero contribuye a que el recuento de asistentes sea al alza. Aquel "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo" del 15M volverá, de otra forma, a rugir en las calles.

Cuando el mercado funciona a todo gas, siempre hay quien intenta sacar más tajada. En el inmobiliario se está produciendo un auge de herramientas como las llamadas hipotecas inversas y las viviendas inversas o nuda propiedad. ¿En qué consisten? En las primeras, a diferencia de la hipoteca tradicional, no se realizan pagos mensuales al banco, sino que el propietario de un inmueble recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando ese bien como garantía real. El dueño puede disfrutar de la casa hasta su fallecimiento, dado que no pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación y el mecanismo en principio en simple: el crédito se devuelve cuando el propietario fallece o vende la propiedad.

Según se recoge en el informe La seguridad jurídica de las personas mayores, del Consejo General del Notariado, las hipotecas inversas han ganado relevancia en los últimos años. Si en 2017 se registraron 31 actos de ese tipo, en el primer semestre de este año se autorizaron 143, lo que representa un incremento del 361% en seis años y medio. 

También ha ganado “popularidad” en los últimos tiempos la vivienda inversa, según fuentes del sector inmobiliario que cifran “en miles” las operaciones de esa naturaleza “que se cierran al año”. Muestra de ello "es que los anuncios de nuda propiedad en portales inmobiliarios se han multiplicado”, afirman. En este caso, se trata de "la venta de una propiedad inmobiliaria a un inversor a cambio de un derecho de residencia vitalicio”. Se consigue, explican las fuentes sondeadas, “liquidez inmediata” y un “alquiler mientras se vive”, que “se deduce del pago inicial realizado por el inversor”. En algún anuncio de Idealista se ofrecen además de la vivienda elementos para llamar la atención como una “acción de club deportivo y social” y otro causó revuelo en redes sociales por la edad de quien sería usufructuario: 52 años. "Se supone que son las personas mayores las que más recurren a estos productos, aunque todo puede pasar en un mercado cada vez más precarizado y es probable que esa edad siga bajando”, admiten.

¿Tienen riesgos esos procedimientos inversos? Fuentes de la órbita financiera sostienen que uno de los peligros ligados a la hipoteca “es la falta de información al hipotecante. Por lo general suelen ser personas de cierta edad, que no siempre comprenden la verdadera carga jurídica y económica de lo que firman”, avisan. Para añadir: “Y puede pasar que la deuda que se genera supere el valor del inmueble”.

Antonio Gallardo, responsable de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera que “hay que tener cuidado” con esas hipotecas “por muchas razones”, aparte de que “es un producto que no a todo el mundo que tiene una vivienda le es rentable”. “Si posees una que valga 150.000 euros -ejemplifica-, y te van a dar una renta de 180 o 200 euros al mes, no te tiene cuenta porque vas a generar una deuda muy grande para recibir una renta muy pequeña”. De ahí que, “las comercializaciones se enfoquen a centros históricos de ciudades o ensanches, zonas con viviendas de precios elevados”, dice, como pueden ser en Madrid áreas como “Moncloa o Chamberí”, con “casas de 500.000 a 700.000 euros, que son muy atractivas” para quienes captan a estos clientes.

Gallardo advierte luego de que hay otro elemento a tener en cuenta a la hora de contratar una hipoteca inversa: “Los tipos de interés son muchos más elevados que los normales, en torno al 6 y el 7%, cuando en el mercado se consiguen, sin estirar demasiado, tipos del 3% o del 3,5%. Es decir, es un coste del doble”, asevera. En el V Barómetro hipotecas Asufin, fechado en febrero de 2024, se hace notar específicamente que han apreciado “una diferencia notable” entre el producto que oferta “Ebn Banco, que se caracteriza porque ofrece un capital y no renta, al generar una deuda muy superior al resto” del “105,93%, frente al 60% aproximado” de los otros operadores. “La hipoteca inversa de EBN es la que genera un mayor sobreendeudamiento, dado que se recibe todo el capital al inicio de la operación -no en formato de renta-, generando por tanto intereses a pagar por la totalidad”, se recoge en el estudio.

“Culturalmente en España no estamos habituados a este tipo de productos, pero es cierto que esto puede cambiar porque la necesidad de dinero va a ser cada vez mayor y vamos a querer mantenerla mucho mejor durante más tiempo”, indica Gallardo, por lo que no descarta que esta hipoteca siga en expansión. “Pero tiene bastante riesgo en el sentido de que lo que se te va a ofrecer es muy pequeño en comparación con la deuda que te va a generar”, incide, por lo que recomienda: “Quien lo vaya a hacer, que se informe bien y que hable con sus herederos para evitar sustos”. ¿A qué se refiere? “Si alguien contrata una hipoteca inversa de una casa de 300.0000 euros, igual esa persona ha recibido unos 90.000 y la deuda puede ser superior a los 200.000 euros”, expone de cara a los descendientes.

Las llamadas viviendas inversas tampoco están exentas de peligros. “Aquí a veces se pierde dinero. Cuando eres muy mayor, el valor del usufructo es muy bajo, por lo que, si se vende la casa, se hará con un descuento muy grande y ahí es donde hay que poner énfasis a la hora de negociar, porque el comprador siempre van a intentar que el justiprecio sea a la baja”, anota el responsable de Estudios de Asufin. “Es una forma quizás mejor de conseguir el dinero -apostilla- porque lo logras todo de golpe y no tienes que pagar intereses, pero hay que estar muy atento a cuál es el valor de la nuda propiedad que te ponen, porque el truco del que comprar es intentar hacerlo con muchos descuentos”, recalca. Según fuentes del sector, "a veces llegan al 50%".

A juicio de Gallardo, “hay tanta demanda de vivienda en todos los segmentos de población, que hay tiburones que van a intentar cazarla cara y buena porque saben que hay mucho mercado y van a lograr un margen muy grande. Son los objetivos primordiales de hipoteca inversa y de venta de nuda propiedad”, concluye.  

De su lado, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) constata que la fórmula de la hipoteca inversa “sólo tiene interés cuando se trata de viviendas con un alto valor y para personas que no tienen herederos porque la tasación que se hace es baja, la renta que se obtiene es pequeña y los tipos son prácticamente el doble de una hipoteca normal”. La OCU hizo un estudio sobre este tema en 2022 que ya reflejaba que “el 52% de los españoles de más 55 años tenía la pensión como única fuente de ingresos, alrededor de un 30% de los jubilados necesitaba un complemento y el 88% de ellos son propietarios de vivienda. De ahí sale la potencial demanda de este tipo de operaciones, aunque hoy en día no sean mayoritarias", expone.

A juicio de García, "la diferencia entre una modalidad y la otra", entre la hipoteca y la nuda propiedad, "es muy importante". Lo argumenta: "En una se obtiene un crédito que se pagará a la muerte de la persona solicitante y que asumirán o no los descendientes, mientras en la otra, quien adquiere la vivienda lo hace con la idea de que pasará a su plena propiedad cuando muera la persona que la habita".

Y las amenazas que puedan conllevar son distintas igualmente: “En la hipoteca el riesgo se puede medir en cuanto a cuantías y demás y son los herederos los que decidirán si pagan la deuda mediante la venta de la vivienda o hacen que el banco la ejecute y se quedan con la casa". En el caso de la nuda propiedad, "si el fallecimiento se produce pronto, la tercera persona habrá adquirido la casa a un menor precio que en el mercado en condiciones normales", finaliza. Al margen de los mayores, las fuentes del sector inmobiliario mencionan que recurren a esa última opción, asimismo, "gente que por varias razones, como haber estado tiempo desempleado, puede necesitar liquidez y recurre al patrimonio familiar heredado". "Hay incluso ferias inmobiliarias en las que se juntan vendedores y compradores/inversores. El problema para los primeros es que no hay vuelta atrás", aportan. El mercado se sigue afilando.

La consejera de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha adelantado en el marco de la reciente Conferencia Sectorial estatal que los precios del alquiler podrían haber caído en Cataluña entre un 3% y un 5% durante los dos primeros trimestres de 2024, tras la entrada en vigor el pasado marzo de la regulación de las rentas que posibilita la actual Ley de Vivienda. A la espera de conocer los datos "con exactitud", infoLibre ha hablado con Mariona Segú, profesora de Economía, especializada en el mercado de la Vivienda, de la CY Cergy Paris Université, sobre un estudio científico centrado en ese mismo territorio, Cataluña, en el que se concluyó que las medidas de control sobre el alquiler inciden en las rentas para abaratarlas, además sin que la oferta se vea significativamente recortada.

Mariona Segú es autora, junto a los profesores Jordi Jofre-Monseny y Rodrigo Martínez-Mazza, de una investigación en torno a los efectos del sistema de control de alquileres que la ley catalana de vivienda de 2020 permitía en zonas tensionadas o con precios altos generalizados, hasta que fue declarada inconstitucional en marzo de 2022, que detallaron en el artículo científico Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies, accesible en la plataforma ScienceDirect. Se centraron en 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de alquiler ajustado. En las localidades con costes controlados, los anuncios y los contratos de arrendamiento tenían que incluir el límite de la renta aplicable y se estipularon multas para garantizar una mayor aplicación.

Segú, Jofre-Monseny y Martínez-Mazza usaron los contratos de alquiler firmados y finalizados en Cataluña entre 2016 y 2022 para comparar municipios regulados con un grupo de otros que no lo estaban y concluyeron, entre otras cuestiones, que “los alquileres disminuyeron entre un 4% y un 6%” en las ciudades donde se aplicaba la normativa. En cambio, no encontraron evidencia de que “la regulación redujera el número de contratos de alquiler firmados, lo que sugiere que la escasez de oferta en el corto plazo no es necesariamente sustancial”, se recoge en el artículo.

“Ningún científico pone en duda que el control de alquileres es eficaz bajando el precio”, asevera la profesora de Economía, para apostillar: “El debate viene con qué pasa con la oferta, con si, al caer los precios, la gente se va del mercado. Y ahí es donde la evidencia es más variable, porque cuesta mucho medir esa oferta”, explica. En ese sentido, sostiene que en el caso del trabajo centrado en Cataluña, los datos sí son “muy fiables”, al tratarse de contratos reales registrados, que no están disponibles en todas las comunidades. “En otros contextos como Alemania, por ejemplo, lo miden con los anuncios en portales de internet, y es una aproximación, pero al no ser exactamente la oferta, es una medida más volátil”, dice.

Junto a la constatación de la reducción de los precios, su análisis permite hacer otra afirmación: “El número de unidades alquiladas no se redujo como consecuencia de la regulación”. Tampoco varió “el tamaño” de las viviendas arrendadas, de acuerdo a lo reflejado en la investigación.

“No pudimos determinar que disminuyera la oferta”, confirma Segú. Y hay más: “En lugares como Berlín encontraron un efecto que se detecta a menudo, que es que bajan los alquileres donde se aplica la ley, pero justo después de la frontera donde no, suben. Esto tampoco lo encontramos en Cataluña, al revés, lo que vimos fue un contagio. Descendieron en esos sitios”. Preguntada por los motivos que podría haber detrás de esas circunstancias, anota que, “seguramente la zona contralada era ya bastante extensa en Cataluña y la parte del mercado que no lo estaba, quedaba muy lejos y no era un sustituto tan perfecto de las viviendas” que se hallaban en las áreas topadas.  

La profesora de la CY Cergy Paris Université admite que el resultado de su investigación, a la que no se puede despojar de seriedad científica, “es bastante sorprendente”, al ir “en contra de lo que diría la teoría económica”. Consideran que se debe a un combinado de factores: “Para empezar, el mercado de la vivienda no es perfectamente competitivo, por tanto, la teoría básica de la teoría económica no se aplica en este caso”. Asimismo, mantienen que, “cuando se pone un control”, los propietarios “se ven obligados a bajar el precio” de su inmueble, “pero no lo suficientemente como para que les cambie por completo su decisión de eficacia”. Dicho de otro modo, la reducción del alquiler no es tanta “como para que decidan hacer otra cosa” con esa fuente de ingresos declara.

Y esto porque: ¿cuáles son las alternativas? “Se puede vender la vivienda y luego invertir ese dinero en otra parte que te dé un rendimiento superior a esto”, apunta Segú, pero estima, como sus colegas de estudio, que en el momento en el que realizaron su trabajo, “el activo de la vivienda daba tanto rendimiento que aunque te cortaran un poco el margen, no había un sustituto que te diera más”. “La opción de vender -apostilla- no era lo suficientemente atractiva”.

En la actualidad, en cambio, sí atisba una tercera alternativa que podría tener influencia en los datos que finalmente haga públicos la Generalitat sobre las consecuencias de la aplicación de la nueva Ley de Vivienda, en esta ocasión estatal: el alquiler de temporada. Esa opción existía cuando los profesores hicieron su análisis. ¿Por qué no se activó entonces? Segú baraja un par de teorías al respecto: “O bien porque es un tema de hecha la ley, hecha la trampa; o por el covid”. En relación al primer punto, hace notar que como la ley catalana “duró un año y medio solo”, quizás no dio tiempo a que la gente explorase la vía del alquiler temporal, mientras en el último tramo de 2024 “ha tenido más tiempo para entender y ver cómo evitar la ley”, desliza. En relación a la pandemia, indica que, al desarrollarse aquella primera normativa “justo después” de la sacudida mundial que supuso el coronavirus, “no había tanta demanda de ese tipo de contrato, porque el turismo y el movimiento internacional en general se había parado”.

De vuelta al hoy: “Sí que podría imaginar que la oferta de viviendas en alquiler baje un poco a causa de esta tercera alternativa. Pero va a ser muy difícil de evaluar, porque es pronto, no hay registro de los contratos temporales y no se pueden medir igual que nosotros lo hicimos, y los municipios impactados por la regulación son muchos más, lo que implica que no tienes con qué comparar”, al haber mermado el territorio a usar “como grupo de control”. “Los estudios van a ser mucho más difíciles”, augura.

Los resultados del trabajo de los tres investigadores, por el contrario, son “fiables y robustos”, incluso incluyendo a  Barcelona en la muestra o excluyendo a municipios turísticos. Y el fin del control de alquileres en marzo de 2022 “proporciona un ejercicio adicional de solidez”. “Observamos –se plasma en el artículo diseccionado– que los efectos de la política sobre los precios fueron aproximadamente constantes entre el primer y el último trimestre de la regulación, pero, una vez que la regulación terminó, la diferencia de precios entre los municipios regulados y no regulados volvió a los niveles previos a la regulación”.

En resumen: “Las políticas de control de alquileres pueden aplicarse y, por lo tanto, son efectivas para reducir el crecimiento de los alquileres en las ciudades”, finalizan los investigadores, para contrarrestar opiniones como las manifestadas por varios líderes del PP. La receta de los populares para solucionar el problema de acceso a la vivienda cada vez más visible pasa por modificar la ley nacional en vigor en asuntos como declarar zonas  tensionadas y el “intervencionismo”, para sustituirlo por acciones que “promuevan el incremento de la oferta de viviendas” o la lucha contra la ocupación. 

El mundo mira al polvorín de Oriente Medio y la irrupción de Irán en el conflicto ha reavivado un temor latente: que el choque regional por la huida hacia delante de Netanyahu acabe afectando a la economía global. ¿Cuáles son los principales riesgos para España, si la escalada bélica va en aumento, o se prolonga en el tiempo?

Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, explica que “los dos grandes intereses económicos que tiene España en Oriente Medio son, por un lado, los países del Golfo y Arabia Saudí por una cuestión energética, por el petróleo y el gas; y por otro, Israel”, aunque este último “no es un socio muy preferente”. Pero, además, “si se colapsaran las vías de comunicación, por ejemplo, el impacto económico sería mayor, porque afectaría al comercio con otras regiones como China”, según él.

España importa la mayoría de sus combustibles fósiles, lo que la hace vulnerable a fluctuaciones en los precios del petróleo y del gas. En ese terreno, Gonzalo Escribano, director de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y catedrático de Economía en la UNED, cree que “los riesgos para España dependerán mucho de los escenarios que finalmente se den”. El más importante, a su juicio, es la subida del coste del petróleo, que “ya se está viendo”, pero apunta también a que “puede haber perturbaciones en los flujos” de mercancías. En ese sentido, señala que España y empresas como Inditex u otras del sector de la automoción “importan y exportan mucho a Asia” y “todo pasa por el Canal de Suez”, uno de los mayores ejes comerciales entre Europa y Asia. “Esto, que ya nos está afectando, podría hacerlo más si la situación se deteriora”, avisa.

En lo relativo al petróleo, Escribano considera que se pueden dar “tres escenarios, dependiendo de las represalias que adopte Israel con Irán”. El primero pasa por que se bombardean refinerías, lo que podría “desatar un desabastecimiento en el propio Irán, donde la población hace cola en las gasolineras estos días por lo que pueda pasar”, si bien, más allá de sus márgenes, no influiría “demasiado, en principio, en el precio del petróleo”, mantiene. “Aunque en el momento en el que caiga una bomba la prima de riesgo se elevaría sin que tocase un solo barril de petróleo de la exportación”, advierte. En resumen, en ese supuesto, “podría haber un alza de los precios, pero moderado y puntual”.

El experto baraja otra opción. En la actualidad se construye un tubo para llevar petróleo a una “terminal de exportación que está ubicada en el sureste de Irán y fuera del Golfo Pérsico”. El objetivo es “poder utilizarla, si se cierra el Estrecho de Ormuz”, la artería por la que transita el 30% del comercio mundial, situada entre Irán y Omán. Si la atacaran, “tampoco afectaría mucho al suministro global, porque no está operativa”.

“Lo que sí sería muy grave -avisa- es que los israelíes bombardeasen terminales de exportación, sobre todo la principal, la de la isla de Jark”. La superficie de ese enclave no llega a los 25 kilómetros cuadrados, pero es estratégico para la república islámica porque “casi el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán se realizan desde allí”. “Hablamos de casi dos millones de barriles diarios que, si se perdiesen, si que podría provocar un repunte de precios significativo”, explica Escribano. Y habría probablemente más consecuencias porque “un Irán sin nada que exportar intentaría bloquear el Estrecho de Ormuz y ahí se perderían unos 20 millones de barriles entre petróleo y derivados. Esto serían palabras mayores”, mantiene. En esa hipótesis, la peor a su entender, “el precio del petróleo se podría ir a los tres dígitos y España sufriría mucho”. ¿Los motivos? “Tenemos más transporte terrestre que otros países europeos, somos grandes importadores de crudo, tenemos compañías que dependen de esto y que exportan fuera… Eso sí podría ser una gran crisis del petróleo a nivel mundial que pondría en serias dificultades a España”, admite.

En esa posibilidad más extrema, habría que agregar otro problema: si se estrangula el Estrecho de Ormuz, “todo el gas natural licuado que viene sobre todo de Qatar, tampoco podría salir o tendría grave riesgo de ser atacado, como ocurre ahora mismo en el Mar Rojo”. Con todo, el catedrático ve elementos que le hacen confiar en que Irán “pueda tener una cierta moderación”. Los expone: “Primero porque saben que no pueden vencer a Israel en una guerra, segundo porque siguen siendo actores racionales y no quieren tirar por la borda una cierta mejoría económica y el aumento de exportaciones petroleras que han registrado en los últimos años, ya que les pondría al borde de ser expulsados por su propia población. Y tercero, porque hay otros actores como China, por ejemplo, que son los grandes compradores que han permitido ese cierto resurgir iraní, que intentarán mediar”. No obstante, “todo dependerá del nivel de represalias que adopte Israel”, incide, consciente de que “la situación es de máximo riesgo" y "puede haber un accidente, agentes que actúen por libre… Pueden pasar muchas cosas”, cierra.

De su lado, Rafael Calduch, catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela, ve “dos efectos económicos a considerar” más allá de que los precios del gas y del petróleo trepen. “Uno tiene que ver con el tránsito del abastecimiento”, dice, y no sólo del crudo, igualmente “de bienes y servicios”, puesto que “España es muy dependiente de la importación de determinados productos industriales de China”. Señala que “ese abastecimiento se hace en un 80% a través del mar y en este momento la ruta del Mar Rojo se ha complicado por los ataques de los hutíes”, una milicia fundamentalista aliada de Irán y en el punto de mira del Gobierno israelí, que ataca buques comerciales en el estrecho de Bab al Mandeb, puerta al Canal de Suez.

“Recurrir a la ruta larga a través de Cabo Verde y rodeando África, significa el encarecimiento de los fletes y demoras en los plazos de abastecimiento”, afirma el catedrático. Esto repercutirá “en general a toda la Unión Europea”, pero “a unos países más que a otros”. En concreto en España lo hará doblemente, al ser “destinataria de los productos que vienen de extremo oriente y zona de tránsito donde recalan buena parte de los flujos de mercancías que se realizaban por el Mediterráneo, con el puerto de Algeciras como referencia”.

A continuación, Calduch coloca el foco en el Estrecho de Gibraltar. “Si hay una escalada del conflicto importante, los norteamericanos desplegarán la flota del Mediterráneo y eso automáticamente incrementará la inseguridad del tráfico aéreo y marítimo de todo el Mediterráneo y, por tanto, los costes de seguros para los flujos de mercancías y de personas”. “Esto es otro efecto económico indirecto -agrega- que, si crece sobre todo el enfrentamiento militar con Irán y con Siria, nos afectaría”, concluye.

Otras fuentes del ámbito económico temen que la crisis en la región pueda “frenar la recuperación de una Europa en la que estados como Alemania y Francia no acaban de tirar”, lo que podría acabar influyendo en la economía española que “va mejor”. “Si la inflación vuelve a subir, los bancos centrales podrían virar de nuevo en sus políticas de bajadas de tipos”, con lo que “variables como el consumo de los hogares podrían sufrir”.

Por último, añaden que “la incertidumbre nunca es buena para la economía” y cuestiones como la inversión, “débil aún en España, pueden resentirse más y complicar el futuro”. Al margen de que no hay que descartar que la UE “sea vea obligada a acrecentar el gasto en defensa  y seguridad”, con lo que habrá “de detraer los recursos de otras áreas y se ralentice el crecimiento”. En cualquier caso, las fuentes sondeadas insisten en que “todavía es pronto para valorar el alcance económico de lo que está sucediendo en Oriente Medio”.

Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.

En ese contexto, ha originado revuelo la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de abordar una reforma de la incapacidad temporal (IT), para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. La ha vinculado a "la voluntariedad” y a “la garantía de la salud y la seguridad" y ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra. Con todo, sus palabras han provocado la reacción inmediata de los sindicatos e incluso de otra ministra, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avisado de que “ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

Este viernes 4 de octubre, Saiz ha defendido en Onda Cero que la iniciativa no tiene detrás una motivación económica y que lo que se busca es “ampliar derechos". "La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, para incidir luego en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso, y con supervisión médica. Sobre el rechazo de Díaz, la titular de Seguridad Social ha replicado que se trata de competencias de su ministerio, pero ha avanzado que procurará el consenso con todas las partes.

Fuentes del Ministerio sostienen además que el debate está aún en “fase muy inicial”, pero que había que ponerlo encima de la mesa, al ser un tema “recurrente” en las reuniones de su titular “con colectivos, trabajadores, empresarios y organizaciones de muchas clases”. Y quieren dejar claro que serán “las mesas de diálogo social” el lugar donde se dé.

¿Existen algunos supuestos en los que esa flexibilidad en la vuelta al trabajo pueda tener sentido? Fuentes del ámbito laboral apuntan que “una incorporación progresiva al puesto, acordada entre el paciente y su médico de familia, puede ser beneficiosa en el caso de algunas patologías de tipo mental, por ejemplo, que no tienen un tiempo de recuperación tasado, como sí puede suceder si alguien que se rompe una pierna”. “Puede ayudar incluso a la recuperación del paciente”, añaden, siempre que “el facultativo médico lo vea conveniente”, insisten.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido, asimismo, que las bajas flexibles, esto es, que permitan incorporarse al puesto de manera paulatina en determinadas circunstancias, es una medida que "bien implementada, y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa". Aunque la ministra de ese área, Mónica García, ha proclamado que garantizarán que "la salud" sea "lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".

Y desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han mostrado a favor de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, aunque puntualizan que "habría que valorar" cada historia personal, ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos contra la enfermedad.

Fuentes de la órbita económica aseveran que los sindicatos han puesto ya la lupa en alguna ocasión en la conveniencia de que, a través de los convenios colectivos, se desarrollen “protocolos y guías" para "la mejora de la gestión de la reincorporación de las personas trabajadoras después de bajas de larga duración”, con el fin de evitar que sea un hecho traumático.

Pero las organizaciones sindicales ven riesgos en la propuesta lanzada por la ministra. A Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, de entrada, lo planteado le produce “verdadera incompatibilidad conceptual, si se concibe la incapacidad temporal como que una persona no está capacitada para ir a trabajar y por eso le dan una baja. No es cuestión de voluntad, es cuestión de salud y con la salud de las personas trabajadoras no se puede ser flexible. Y no deja de ser llamativo que alguien pueda tener incapacidad y capacidad laboral al mismo tiempo”, ironiza. A su juicio, el discurso de la “voluntariedad” es “peligroso” y supone quitar el foco “a lo importante: por qué hay tantas bajas y cuál es el tratamiento y el proceso de curación que proporcionan los servicios públicos de Salud". Considera que, "una vez se identifiquen las causas" de esa circunstancia, “se podrán eliminar parte de ellas con la prevención o mejorar el proceso de curación para que se acorten”. Pero "la situación de IT, que impide trabajar, es un derecho de la persona trabajadora para recuperar su salud", recalca.

Entiende que, "si de lo que se está hablando es de casos concretos como puede ser el de la baja de enfermos de cáncer o de bajas de larguísima duración", se puede "encontrar algún tránsito en las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el propio Gobierno". "Pero -une- abrir algo sin delimitar, encierra un mensaje peligroso y el símil de la jubilación o del pluriempleo es muy desafortunado. ¿Quién en la vida real trabaja de albañil por la mañana y de teleoperador por la tarde, donde sí podría acudir, si tiene un problema de movilidad?", se pregunta. Para Luján, la ministra, "antes de lanzar una idea novedosa y curiosa, debería haberla llevado al diálogo social, para tener algo más de elaboración y de proposición. Igual, lo que está pensando para ahorrarse dinero, le sale mal”. El líder de su sindicato, Pepe Álvarez, ha sido más rotundo: "Cuando se salta el diálogo social vienen las ocurrencias", ha afirmado directamente en su perfil de X.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha afeado igualmente la forma de anunciar un cambio así, ha tildado el debate de "improvisado", y ha enmarcado el alza de las bajas y el gasto en IT en un mercado laboral más envejecido, a lo que hay que sumar el déficit de inversión sanitaria, que a menudo retrasa diagnósticos y tratamientos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en cambio, ve "positivo" que Saiz quiera flexibilizar la reincorporación de un trabajador tras una baja laboral, ya que, en su opinión, a veces los médicos recomiendan la vuelta voluntaria de los empleados. Piensa que el planteamiento de Saiz es "bueno" y va en línea con el Acuerdo Nacional de Convenios y el pacto de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "las bajas y todo el efecto del absentismo". "Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer", ha expuesto durante su participación en unas jornadas en Intereconomía.

De su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido que se dé "una oportunidad" al diálogo sobre para armar la reforma. La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora que pueda estar en situación de baja o de alta no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente", ha manifestado.

Parecía que iba a ser un encuentro cargado de decibelios, pero se ha cerrado incluso con algún acuerdo por unanimidad. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se enfrentaba este jueves 3 de octubre a su cuarta Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. Las once gobernadas por el PP hicieron público antes de la cita un comunicado conjunto en el que se reafirmaban en su decisión de no declarar zonas tensionadas en sus territorios, esto es, áreas en las que se hayan disparado los precios y exista una dificultad mayor que en otras de acceso a la vivienda. No van a "intervenir” para intentar rebajar el coste del alquiler, como permite la Ley de Vivienda. Además, tildaban de “chantaje” la “amenaza” que vieron en las palabras de la ministra cuando advirtió hace unos días de que condicionará la financiación que las regiones reciben del Estado para esa materia, que cifró entre el 70 y el 75% del grueso que destinan a políticas de vivienda, a que acaten la norma estatal. Pero se ha confirmado que, como adelantó infoLibre, la idea que baraja el Gobierno es la de "premiar" a aquellas comunidades que apliquen la Ley de Vivienda, a través de medidas extraordinarias, en lugar de restar fondos a las rebeldes. 

Sin abandonar la ley nacional, el foro sectorial ha servido también para constatar que Cataluña ya no estará sola en su aplicación, ya que el País Vasco ha avanzado incluso que lo hará de forma “ambiciosa” en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, Galicia valora hacerlo, pese a haber rubricado el comunicado previo a la reunión; y Navarra “podría sumarse antes de finales de año”, según apuntan fuentes próximas a los asistentes a la Conferencia Sectorial. Mientras, la consellera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la socialista Sílvia Paneque, ha indicado que la limitación de los alquileres ha empezado a dar frutos con leves bajadas del 3 al 5% en el precio medio.

Más allá de las zonas tensionadas, donde radica el grueso del desencuentro entre el ministerio y la mayor parte de las autonomías, se ha ratificado por la unanimidad de las comunidades de régimen común, las beneficiarias, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven. Se trata de una ayuda de 250 euros al mes a recibir durante dos años hasta un total de 6.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a un inmueble o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso, para que puedan emanciparse. De acuerdo a la distribución a la que se ha dado el visto bueno, Andalucía será el territorio donde más fondos irán a parar, en concreto 34,2 millones, seguida de Madrid, con 31,8. Entre las dos acaparan 66 millones, esto es, el 33% del global. Y ello, pese a que la gestión de esas ayudas por parte de ambas regiones ha estado rodeada de polémica y ha provocado incluso la creación de plataformas de afectados que han llegado a esperar dos años su bono, sin que este les llegara. Potenciales beneficiarios que temen que, con la nueva remesa de dinero, “todo vuelva a ser un caos”, como trasladaron a este periódico. 

De hecho, la propia Rodríguez ha lamentado hoy que se produzcan demandas de los jóvenes relacionadas con la "falta de agilidad, de transparencia, de pérdida de tiempo y, en algunos casos, de una gestión muy lenta de las convocatorias" por parte de las autonomías. Con todo, la ministra ha explicado que el Ejecutivo lanza otra reafirmándose en el "compromiso del Gobierno con la juventud española, que es quien está en peores condiciones en estos momentos para acceder a una vivienda". Gracias a ella, junto a las cantidades para Andalucía y Madrid, a Aragón se le asignarán 7,6 millones, a Asturias, 6,6; a Baleares, 4,8; a Canarias, 10,6; a Cantabria, 3,8; a Castilla y León, 10,8; o a Castilla-La Mancha, 8. De su lado, Cataluña recibirá 29 millones; Extremadura, 6; Galicia, 11,4; La Rioja, 3,4; Murcia, 8,8; y a la Comunitat valenciana, 22,8 millones de euros. Desde el ministerio aseveran que el criterio de reparto es el de la población, con lo que la gestión de los recursos no cuenta.

A partir de ahora, el Consejo de Ministros tendrá que dar el visto bueno a lo consensuado este jueves y con posterioridad se volverá a reunir la Conferencia Sectorial para ratificarlo, antes de que los territorios reciban las transferencias.

Rodríguez ha abordado con los consejeros del ramo otros temas como el próximo Plan Estatal de Vivienda, en el que el Ministerio trabaja desde el pasado mes de julio y que se aprobará el próximo año de cara a 2026. Es el vehículo por el que se podrían canalizar las bonificaciones extra para los territorios que acaten la ley estatal y sobre él planea un cambio de estrategia, o de “paradigma”, según la expresión empleada por la ministra: se trabajará sobre objetivos, en lugar de programas. 

Asimismo, la máxima representante del ministerio ha elevado un informe sobre rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ligado al Plan de Recuperación, en el que ha destacado que se han transferido a las autonomías 4.328 millones de los 5.500 que se encuentran dentro ese bloque. Es decir, las regiones cuentan con el 85% de los fondos, a la espera de más que se les inyectarán próximamente. En este apartado, se han alcanzado acuerdos para construir 24.463 viviendas, para rehabilitar 47.000 y para la ejecución y tramitación de otras 600.000 viviendas en rehabilitación.

Rodríguez ha puesto énfasis igualmente en los principales hitos conseguidos con el Plan de Recuperación a través de más de 800 acuerdos firmados con comunidades y ayuntamientos, gracias a los que se construirán 24.463 viviendas del programa de alquiler asequible o se están rehabilitando 306 barrios, entre otras cuestiones.

La titular del ministerio le ha pedido al líder del PP, Núñez Feijóo, que arrime el hombre por un pacto de Estado de Vivienda y ha vuelto a instar a las comunidades a aportar más fondos a estas políticas. Algún representante territorial como el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, ha animado al resto a sacar de “la confrontación partidista" un asunto que se está convirtiendo en un problema muy real para la ciudadanía.  

La Unesco ha declarado al barrio granadino del Albaicín, junto con la Alhambra, Patrimonio de la Humanidad. Sus laberínticas calles y sus miradores son un reclamo dentro del esqueleto de la ciudad que ningún turista quiere perderse, lo que se ha convertido, de otro lado, en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos. Es más el pasado abril se creó la plataforma ciudadana Albayzín Habitable para luchar “contra el crecimiento ilimitado y corrosivo de la industria turística”. Una de sus miembros, Olalla Luque, aporta a infoLibre un significativo dato: “Hay 7.000 personas censadas, empadronas en el barrio, y las plazas turísticas, contando las hoteleras y las de apartamentos y pisos turísticos, son más de 7.000”, lamenta.

“Tenemos una compañera que vive en una calle donde hay 55 viviendas y sólo 11 son de vecinos, todas las demás son apartamentos turísticos, legales e ilegales, y hostales u hoteles. Cada vez hay menos vecinos y tiendas”, ejemplifica, para añadir: “En otra de las calles más importantes de la zona, había dos locales, uno era un bar y el otro una tienda, y los han convertido en apartamentos turísticos también”. Asegura que han realizado el trabajo de  “comprobar las casas que aparecen como turísticas en páginas de la Junta de Andalucía, con la realidad, y son muy diferentes”, critica. Han armado, de hecho, “un grupo de mapeos de apartamentos turísticos” con el que buscan lograr un dibujo “de las que son legales y las que no”, conscientes de que no es una tarea fácil. “En páginas webs como la de Mil anuncios se pueden alquilar apartamentos que ni siquiera se dan de alta como turísticos, aunque lo son, porque se ven los casilleros de las llaves puestos en las ventanas”, añade.

 “En otras ciudades como Barcelona o Valencia”, asevera Luque, “sí que hay algunos mapas sobre esto, pero en Granada no”, por lo que lo están “haciendo de forma manual”. Además, han presentado alegaciones “al borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” de la ciudad para intentar ponerle coto a ese fenómeno, como antes elaboraron propuestas ligadas a “una consulta que se hizo sobre el futuro de la vivienda turística en Granada”. Y han solicitado un encuentro con la alcaldesa, la popular Marifrán Carazo, que esperan desde mayo.

De momento no ha habido respuesta a su petición de reunión, pero ya tienen clara sus demandas que pasan por cuestiones como que “se refuercen los equipos de inspección municipal, se revoquen licencias en zonas saturadas y donde el porcentaje de vivienda turística supere el 10% del total, se prohíba la transformación de bajos comerciales en pisos del alquiler temporal, o se reduzca a 15 personas como máximo el tamaño de los grupos de turistas, que bloquean el transporte público”. “Quién va a mantener el barrio patrimonio de la Humanidad si no hay vecinos”, se pregunta Luque, quien cierra apuntando que “en otros países” del entorno europeo “ya se han puesto medidas” contra la presión turística. Y esta no decrece en el conjunto del Estado.

El país recibió 64,3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de este año, lo que es un 11,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord. Histórico es, asimismo, el gasto que realizaron los turistas durante su estancia, que sumó 86.471 millones de euros y creció un 17,6%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Únicamente en agosto viajaron a España 10,9 millones de personas, un 7,3% más que un año antes, que desembolsaron cantidades por valor de 15.363 millones de euros, un 13% más.

En ese contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación centrada en la publicidad de pisos turísticos ilegales, en el marco de sus competencias. “No podemos consentir que miles de viviendas que no disponen de licencia para esa actividad, sigan ejerciendo como tal”, ha defendido su máximo responsable, Pablo Bustinduy. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propusieron a las ciudades que se adhirieran a la iniciativa. “La premisa es muy clara: si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de ésta es ilegal y deber ser perseguida”, en palabras del ministro, para quien es “una manera de intervenir en una realidad que está afectando muy negativamente a la vida de millones de personas”, al tener “un impacto enorme sobre la oferta disponible de viviendas en alquiler, los precios y sobre el tejido social porque se están vaciando barrios”, según expuso en RTVE.

Si bien, por ahora, de acuerdo a lo trasladado por el ministerio a este periódico, sólo han “recibido información por parte de 36 municipios, correspondientes a diez comunidades autónomas” distintas. Cuando en España, a la luz de datos del INE de nuevo, hay un total de 8.132, es decir, que se han implicado el 0,4% del global, aunque no todos padecen los efectos de la llamada turistificación. Con todo, desde el área del Gobierno que comanda Bustinduy quieren dejar claro que la Dirección General de Consumo continuará adelante con unas “actuaciones tendentes a perseguir la publicidad de pisos turísticos que no cuentan con la habilitación preceptiva”. Al tratarse de acciones que “están abiertas”, han rehusado aportar más detalles sobre el asunto, para remitirse a lo comentado por Bustinduy, quien sí ha afirmado que “en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas que se destina al alquiler turístico de corta duración, no dispone de licencia para ello”.

¿En qué puede acabar el proceso arrancado por el ministerio? El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cree que con multas. Mantiene que “es necesaria la colaboración entre el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que cada uno actúe en el marco de sus competencias” de cara a “sancionar a las empresas que incurren en alquileres ilegales de pisos turísticos”. A su juicio, mientras el departamento ministerial de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, “puede sancionar a las plataformas que hagan publicidad ilícita a nivel nacional”, las autonomías y los municipios “pueden multar en sus respectivos ámbitos” territoriales y competenciales.

“¿Es normal que alguien sin licencia para esa actividad abra un bar, lo publicite y haga negocio, mientras los establecimientos legales a su alrededor intentan hacer las cosas bien y pagan impuestos?”, lanzan otras fuentes de la órbita de Sumar, para responderse: “No". "Pues con los alquileres turísticos debe ser igual. Si quienes especulan con esas viviendas sienten que se les vigila y se les multa, tendrán menos incentivos para hacer lo que hacen”, concluyen. Toca esperar todavía para conocer el resultado de la conjura del Ministerio de Consumo, de la mano de aún pocos municipios, contra los pisos ilegales.

Los hogares españoles incrementaron el ahorro en el segundo trimestre del año, hasta colocar su tasa en el 21,2% de la renta disponible bruta. Ello supone 1,6 puntos porcentuales más que el 19,6% que se registró en el mismo periodo de 2023, de acuerdo a los datos hechos públicos este lunes 30 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las familias gastaron menos de lo que ingresaron y su renta disponible aumentó un 8,7% interanual, hasta los 278.195 millones de euros, mientras que lo dedicado al consumo subió en su caso un 6,7%, traduciéndose en 219.807 millones. Como consecuencia de todo ello, los hogares ahorraron en el segundo trimestre 59.031 millones de euros, cuantía un 17,6% superior a la del mismo trimestre del pasado ejercicio.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los núcleos familiares llegó en el segundo trimestre al 13,1% de su renta disponible, tasa un punto inferior a la del trimestre anterior. Al poder financiar con sus propios recursos la inversión que realizaron, esas familias mostraron una capacidad de financiación de 41.212 millones de euros, frente a los 34.265 estimados para la misma etapa de 2023, lo que significa un repunte del 20,3% en valores relativos.

“Los hogares ahorran mucho más que antes de la pandemia y ello se debe a un combinado de ingredientes, entre los que sin duda habría que incluir la existencia de una desconfianza en la economía, que se arrastra desde incluso antes de esa crisis sanitaria”, afirman fuentes del ámbito financiero, que califican además de “buena noticia” el que se hayan podido guardar fondos incluso “con la subida de precios que ha afectado a la alimentación”.

Pero la economía española va bien, crece por encima de la media europea y las previsiones son optimistas. ¿A qué se debe entonces ese temor? Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, lo explica: “Una cosa es la macroeconomía y otra lo que vemos todos los días en el telediario sobre el precio de la vivienda, por ejemplo, que es el gasto más importante de las familias, y sobre las subidas del alquiler”. Es de quienes piensan que “la incertidumbre” marca el ahorro. “La gente está atesorando para un futuro que va a ser más costoso y la única manera de hacerlo es ahorrar”, señala. Como también influye en estos momentos en la contención del gasto “la perspectiva de comprar una vivienda, ya que se han encarecido mucho”, incide. 

Y hay otro par de motivos, a su juicio, por los que no se ha cejado en el gesto de guardar dinero en el segundo trimestre del año: “Los tipos de interés estaban muy altos, por lo que muchos ahorran en deuda pública y en bonos corporativos para tener una rentabilidad mayor cuando bajen, como ya están haciendo”, argumenta, para finalizar con un tercer punto: quienes están amasando dinero "para complementar las pensiones" cuando les llegue la edad de jubilación.   

Por su parte, Mónica Mellet, profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, aporta que “el ahorro está siendo sobre todo de rentas altas", junto a que "los salarios han crecido algo y la inflación se está moderando”. Sostiene que, “con la crisis de 2008 se vivió una situación difícil y los hábitos de consumo y ahorro cambiaron a partir de ahí”. “Las familias -enlaza- tratan de tener siempre algún remanente, por si viene alguna coyuntura peor. Algunos medios vaticinan que va a haber una hecatombe en algún momento, eso condiciona", asimismo, "y la banca ha reducido bastante los créditos al consumo y los hipotecarios”, condensa. 

Otras fuentes hacen notar que las cifras actualizadas se refieren al ahorro del global de los hogares y “hay más con miembros trabajando, dado el buen comportamiento del mercado laboral, lo que influye positivamente”, aseveran, para poner igualmente la lupa en "lo que está pasando con la vivienda". "Es muy difícil comprarse una y la hucha es un buen comienzo", lanzan.

Javier Ferri, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea, abre el abanico de factores a los que achacar el ahorro disparado. Arranca por el envejecimiento: "Los mayores tienen una tasa de ahorro más alta que los jóvenes y que los que tienen una edad media y esto se liga, a su vez, al hecho de que si ha habido una renta que ha sufrido poco las fluctuaciones de los ciclos son las pensiones porque están indexadas para mantener su poder adquisitivo y han padecido poco los vaivenes de las últimas crisis".

En segundo lugar resalta el flujo de migrantes que, "tradicionalmente, tienden a ahorrar más que las personas nacidas en España, en parte porque usan su estatus para enviar remesas a sus países de origen". "El hecho de que la población activa este aumentando sobre todo por la entrada de inmigrantes, hace que la tasa de ahorro tienda a elevarse", sintetiza.

Luego, Ferri alude a un componente vinculado "con el aprendizaje". Lo desarrolla: "Como España sufrió tanto la gran recesión, se ha quedado en la mente colectiva que esos episodios donde la demanda interna se dispara, el consumo es elevadísimo y los hogares se endeudan, tienen a generar burbujas que se pinchan y esto genera mucho sufrimiento".

Y del lado de los jóvenes, atribuye la tendencia a ahorrar entre ese colectivo a "las dificultades que tienen de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como alquilada. Muchos de ellos viven aún con los padres y, como no pueden comprar una casa, no se endeudan y ahorran", dice. Por último, el catedrático expone que "las decisiones de ahorro no dependen sólo de lo que los hogares vean a su alrededor y aunque sea una época de expansión, la economía española tiene problemas estructurales de largo plazo". "La tasa de ahorro y el consumo, que es la otra cara de la moneda –une–, es muy reactiva al ahora, pero también a lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro. Sabemos que estamos creciendo, pero la economía tiene déficits estructurales relacionadas con la productividad, el capital humano, la organización empresarial…", desliza.

Ahonda en esa idea: "España está en expansión, va mejor que otros países, hay verdor en la economía española, pero si se amplía el zoom, vemos que el alrededor es desierto. El largo plazo puede que no sea tan halagüeño, y eso afecta al ahorro porque sirve como un seguro frente a contingencias futuras. La gente no se fía", cierra.  

En ese dibujo de situación, cabe preguntarse cómo puede repercutir en la evolución de la economía estatal el que las familias se hayan abonado a contar con un colchón. Pampillón opina que esto “puede influir positivamente en la inversión porque hay más financiación de los bancos a los empresarios, es decir, el ahorro bancario va más hacia los créditos a las empresas y puede crecer el crédito hipotecario”, pero, “a la vez, ese mayor ahorro lleva a un menor consumo y éste puede quedar tocado”, avisa. O expresado de otra forma: “Si el ahorro se dirige a la inversión, fenomenal, porque ayudará a financiar la economía y la inversión. Pero lo que le queda a las familias después de pagar los impuestos es la renta disponible y eso, o se consume o se ahorra, por lo que el primero se puede resentir”, advierte.   

Mellet augura que “la economía va a crecer en torno al 3%" en 2024, "por encima de lo previsto a comienzos de año", y considera que "el ahorro no afectará, si se transforma en inversión”. Engarza: “El consumo no va mal, pero la clave será que el ahorro contribuya a incrementar la inversión, porque posibilitará mejorar la productividad y el tejido empresarial e industrial y permitirá crecimientos de cara al futuro", finaliza. Pase lo que pase en ese sentido, los españoles parecen haber optado por no deshacerse de un dinero que pueda ser la diferencia entre la tierra firme económica y el abismo.

Es una forma de desahogo. En redes sociales se pueden leer mensajes de usuarios que critican los eufemismos que se emplean para vender casas como tildar de "piso cardiosaludable" a uno sin ascensor, o que se pidan “180.000 euritos" por viviendas a las que antes se las “llamaba un trozo de nave industrial, de 60/70 metros cuadrados”. En X existe desde hace años un perfil en el que se ironiza sobre los zulos o los “cuartos de escoba” que se anuncian en portales como Idealista. En este sitio de internet se puede encontrar, en el momento de elaborar esta información, un ático situado en la zona de Lavapiés-Embajadores de Madrid, que cuesta 135.000 euros como “el lugar donde tus sueños urbanos se hacen realidad”. Tiene 11 metros construidos, 10 útiles, no dispone de habitación y está en un edifico levantado en 1900 sin ascensor.

También se muestra como un luminoso inmueble en la misma zona, un estudio de 16 metros cuadrados construidos en 1890, 14 útiles, sin habitación y con el espacio justo para colocar un mini colchón en un altillo. Se piden por él 128.000 euros y sus propietarios se agarran para promocionarlo a la “gran variedad de servicios” que ofrece el barrio y a la “excelente comunicación” con la que cuenta.

Y hay más. En otra calle de la capital madrileña se esconde un “verdadero tesoro”. Un “encantador piso reformado”, que destaca por "su diseño diáfano”, pese a que son en total 20 metros cuadrados. Su precio es de 130.000 euros y en el propio anuncio se afirma que “es una oportunidad ideal para quienes desean invertir en el mercado inmobiliario y obtener un retorno significativo” y se avisa de que “puede contener errores”.

Sin salir de Madrid, por un cuarto piso de 20 metros cuadrados de un edificio del año 1900, con dormitorio en altillo, se llegan a demandar 143.000 euros. Se recurre otra vez a la ubicación y al barrio para que se apueste por él como “primera vivienda o para hacer una pequeña inversión”.

En Ciutat Vella, en Barcelona, hay un estudio “simplemente, cuco y genial”. Eso sí, no muy grande. Posee 11 metros y nueve realmente útiles por los que reclaman 157.000 euros.

En otro punto de España, en la zona Huerta Nueva-Jardín de Málaga, se ofrece un estudio de segunda mano sin habitación, con 27 metros cuadrados construidos y “para reformar” por 75.000 euros. Cerca, “en pleno corazón de Marbella”, se busca vender por 69.000 euros una edificación “rodeada de comercios y a pocos minutos del centro”. Un “acogedor estudio de 20 metros cuadrados, diseñado en un concepto de espacio abierto” que “ofrece una distribución funcional y moderna”, pese a ser un local convertido sin luz natural al ser un sótano, como se reconoce en el mismo anuncio.

Hay ejemplos en múltiples puntos del país y cabe hacerse una pregunta: ¿no tiene que tener una vivienda unas condiciones mínimas para ser habitable?

Fuentes del sector indican que existe un documento administrativo que acredita que una vivienda “reúne las condiciones básicas” para morar en ella que es la “cédula de habitabilidad”. Para adquirirla, el inmueble debe contar con una serie de características, entre las que se encuentra tener una superficie útil mínima de unos 36 metros cuadrados, una distribución de los espacios con unas estancias imprescindibles como un comedor, una habitación, de, como poco, seis metros cuadrados; un aseo; o un equipamiento de cocina. Se fija una altura mínima entre el pavimento y el techo de unos 2,50 metros o incluso de las puertas, entre otras cuestiones; además de que incluye cumplir la normativa vigente de eficiencia energética. Las fuentes sondeadas inciden en que “puede haber algunas variaciones” de esas condiciones, dependiendo de la región en la que se halle el inmueble, y su vigencia puede ser igualmente diferente por territorios, “aunque por lo general es de 15 años”, resumen.

Según trasladan desde Idealista a infolibre, “todos los pisos tienen que tener el certificado de habitabilidad, o al menos encontrarse en trámites”, para poder publicar el anuncio en su página de internet, “y lo mismo con el certificado energético”.

Pero, lo cierto es que, esa cédula “no es obligatoria en todo el territorio español”, según apuntan las fuentes consultadas. Hay comunidades en las que no es necesaria al vender o comprar una casa. El listado: Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Aunque, no tenerla puede “suponer problemas a la hora de contratar los suministros de luz, gas, agua…; o de pedir una hipoteca, por ejemplo, dado que hay bancos que te la pueden denegar sin ese documento”, hacen notar. 

En relación a las áreas del país libres de esa obligación, fuentes del ámbito de la arquitectura explican que se trata de “un mecanismo que en algunos de los territorios se ha sustituido por la licencia de primera ocupación, que se tiene que poder tramitar en un tiempo y, si la administración no lo hace, opera el silencio positivo y se entenderá por concedida”, deslizan.

Desde Cataluña, fuentes del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) confirman que no en todas las autonomías se exige la cédula de habitabilidad, pero mantienen que la ciudadanía tiene otras herramientas a las que aferrarse. Aluden a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es estatal y que determina que “una vivienda tiene que tener unas condiciones básicas de habitabilidad que impliquen que se pueda vivir de forma segura, cómoda y saludable”. Aunque “esto es muy genérico”, reconocen, engarzan que “la jurisprudencia mayoritaria dice que la casa ha de tener una estructura segura, ser sólida, estable y no generar riesgos de sufrir daños graves” para quienes vivan en ella. Asimismo, debe “tener acceso a los servicios básicos de agua potable, electricidad, gas… y condiciones higiénicas de limpieza” y que garanticen que “no haya elementos que puedan poner en riesgo la salud como plagas o residuos acumulados, humedades…”. Junto a lo expuesto, debería haber “ventilación y luz natural, aislamiento térmico e instalaciones, como las tuberías, en buen estado”. 

De su lado, el arquitecto Alfredo Carda, aporta, en relación al tamaño mínimo que habría de tener un habitáculo para poder ser utilizado como vivienda, que hay que guiarse por lo marcado en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) municipales. Y advierte de que los más actuales permiten “destinar a uso residencial viviendas y apartamentos” y en concreto en los últimos, si están en edificios históricos, se puede reducir “casi discrecionalmente”.

Es consciente de que algunos de los pisos que se ofertan en los portales inmobiliarios van en contra del “artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. En él se asevera que son los poderes públicos los que tienen que promover “las condiciones necesarias” y “las normas pertinentes para hacer efectivo” ese derecho, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Carda señala otra norma a la que cabría mirar para denunciar abusos, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), como la encargada de regular todas las fases del proceso constructivo, desde la planificación hasta la ejecución de las obras, y en la que “se definen las obligaciones que tienen los agentes que intervienen en él, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los edificios”. Ésta remite, a su vez, al Código Técnico de la Edificación, que “es de obligado cumplimiento en todos los usos residenciales” y, de acuerdo al cual, los edificios han de “cumplir condiciones de aislamiento, de ventilación, de iluminación natural, de evacuación…”, enumera.

Todas las fuentes sondeadas coinciden en la idea de que “no se puede estabular a las personas en habitáculos inhabitables”, pero agentes inmobiliarios ponen el foco en que “es la ley de la oferta y la demanda”. “Se vende lo que se compra”, lanzan, en un contexto en el que "se cruzan un montón de normativas" y “las administraciones no pueden inspeccionarlo todo”. O, dicho de otro modo: "Es el mercado, amigos" y "en la actualidad es difícil ponerle freno a la especulación", concluyen.

Hay asuntos que requieren de coraje político. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dado un paso relacionado con Ley de Vivienda que se aprobó en 2023 con la mirada puesta en aliviar la presión en el mercado inmobiliario y que en la actualidad sólo aplica Cataluña, aunque Navarra lo valora, en el País Vasco se ha activado el proceso para declarar municipios como Errenteria e Irun zonas tensionadas y Galicia no descarta hacerlo, si lo solicita algún ayuntamiento. La ministra ha advertido a las comunidades de que condicionará la financiación que reciben del Estado para esa materia, que ha cifrado entre el 70 y el 75% del grueso que destinan los territorios a políticas de vivienda, a que acaten la norma.

“Quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad”, ha aseverado Rodríguez en una entrevista en TVE, para incidir luego en que, si las regiones “no se hacen cargo del cumplimiento de la ley”, ella les recortará recursos, dado que “no puede tratar por igual" a aquellas que están haciendo esfuerzos para cumplir la normativa y ayudar a sus ciudadanos, que a las que, "por atacar al Gobierno", se muestran "insumisas".

¿Cómo se materializará lo avanzado por Rodríguez? Fuentes del ministerio trasladan a infoLibre que la iniciativa está ligada al nuevo Plan Estatal de Vivienda en el que trabajan desde el verano, que contará con “un gran presupuesto” y al que se dará luz verde “a lo largo del año que viene”. Sustituirá al que está en vigor para el periodo 2022-2025, que había destinado hasta el pasado julio en sus 13 programas, 1.717 millones de euros, de los que 1.440 fueron a parar a diferentes líneas de actuación como ayudas directas al alquiler, a personas vulnerables, de acceso a la vivienda de jóvenes o a arrendadores como seguro de protección, entre otras.

Fuentes del ámbito jurídico cuestionan que el Ejecutivo tenga capacidad de podar la financiación en ese ámbito, si las comunidades se saltan la Ley de Vivienda, dado que “son ellas las que tienen las competencias y la propia norma deja abierta la decisión de que se aplique o no”. “No es obligatorio el control de los precios -engarzan-, con lo que no se puede castigar a quien realmente no incumple nada”, arguyen.

Sin embargo, el investigador de la University College of London Eduardo González de Molina, sí ve “margen” de maniobra. “La jurisprudencia constitucional -explica- establece que el Estado tiene competencias exclusivas en la regulación básica del derecho a la vivienda y en la planificación de la actividad económica general, lo que le permite imponer condiciones generales como los plazos de calificación permanente para las viviendas protegidas que se beneficien de ayudas estatales. Es decir, sería jurídicamente posible condicionar la financiación de los planes estatales de vivienda a la permanencia de la vivienda protegida". En más, apostilla que “el artículo 18. 5 b) y c)” de la norma, que el TC consideró constitucional, fija que “el Estado central, a través de los Planes Estatales de Vivienda, podrá financiar con ayudas específicas y adicionales a las comunidades autónomas que declaren zonas de mercado residencial tensionado”. En su opinión, “lo más probable es que haya unos fondos incondicionados bajos generales” para todas las autonomías” y otros “condicionados altos” destinados a “incentivar y premiar a las que lo hagan”, vaticina.

De hecho, la ministra ha expresado que la norma la “faculta” para, “de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos" y ha recordado que el Constitucional ha determinado que "el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda". Junto a ello, otras fuentes del Gobierno anotan que “se pueden plantear objetivos” vía el nuevo plan nacional “e inyectar el dinero en función de que se alcancen o no”.

Del lado de los socios de gobierno del PSOE, de Sumar, se muestran igualmente partidarios de que se “fuerce” a las comunidades a respetar la normativa “supeditando los fondos estatales” que lleguen a los territorios rebeldes. En ese sentido, desde la formación apuntan a fuentes de fondos con las que se podría jugar: “Hay 2.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que todos los años se destinan a política de vivienda”, a los que se añaden “6.820 millones del Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana procedente de los fondos europeos”, que Bruselas “va liberando según se alcanzan hitos”, por lo que se podría “revisar la condicionalidad” de los planes impulsados, pero “aún no ejecutados completamente”, y detraer dinero de ahí. Aunque fuentes de la otra ala del Ejecutivo avisan de que el reparto de los recursos procedentes de Europa se acordó “en Conferencia Sectorial y ya están” distribuidos y “los que van por hitos” se adjudicarán entre aquellas regiones que “son cumplidoras”, como se pactó en el mismo foro.

Al margen de ese dinero, Sumar ha incluido en su propuesta de PGE para el próximo ejercicio 2025 “un fondo de 40.000 millones de créditos blandos para financiar la creación de un gran parque de vivienda pública que rebaje los precios", construyendo inmuebles que "se alquilarían a 400 euros al mes”, cuya distribución podría igualmente condicionarse, de aprobarse las cuentas.

A la espera de conocerse el detalle de lo avanzado por la máxima responsable del Ministerio de Vivienda, su intervención ha servido para reavivar la polémica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Rodríguez se ha dirigido expresamente a la presidenta de esa región, la popular Isabel Díaz Ayuso, para afirmar que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente". Ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido a esta comunidad 2.000 millones desde 2018 para políticas de vivienda a través de diferentes programas y ahora, lo que “quiere” es “que se ejecuten bien” y que “se orienten al cumplimiento de la ley”, como reclaman muchos ayuntamientos de la región. Si acepta ese requisito, Rodríguez ha dejado la puerta abierta a dar “más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias” a Madrid.

Ayuso le ha dado la réplica a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, manifestando que no pueden “limitar el precio de la vivienda porque no funciona” y “porque es un atentado contra la propiedad”. En relación a sus palabras, González de Molina hace notar que “los precios de alquiler han subido un 103% en la Comunidad de Madrid en la última década, bajo gobiernos del PP” y es la comunidad con “la mayor proporción de grandes tenedores de España: hay 26.573 que tienen más de 10 viviendas”. Respecto a la propiedad, fuentes socialistas deslizan que “es en la Constitución, en concreto en el mismo artículo en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada, el 33, donde se refleja que la función social del mismo delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. “Si Ayuso es constitucionalista, debería saberlo”, lanzan.

La presidente madrileña ha dejado claro que no va a “gobernar con políticas de izquierda trasnochada” aunque el Gobierno les “amenace” y ha criticado que éste lleve “seis años, cero viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid”. Aferrada a ese tono se ha preguntado si la ministra “será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta Ley de Vivienda” o si dejarán de regalarle millones “al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes”, en una mezcla de argumentos nada extraña en el acelerón constante en el que se ha instalado buena parte de la clase política. 

De su lado, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de Andalucía, Rocío Díaz, ha tildado las manifestaciones de la ministra de "inaceptables", además de ser "la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Sánchez" y suponer "un chantaje a las comunidades autónomas" para que se adhieran a la Ley de Vivienda. No se "plegarán", ha zanjado, ante medidas que no son obligatorias como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler "por muchas amenazas" que se formulen. Continuará.

La macroeconomía sigue alimentando el optimismo en el caso de España. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Producto Interior Bruto (PIB) nacional se acrecentará este año y el siguiente por encima de la media de la eurozona, en concreto cuatro veces más en 2024 y nueve décimas más en 2025, de acuerdo a lo reflejado en el informe Perspectivas Económicas.

La OCDE ha revisado al alza su pronóstico de expansión del PIB estatal hasta el 2,8% para este ejercicio y el 2,2% en 2025, como ya hicieran otros organismos como el Banco de España, que prevé un crecimiento del 2,8% este año y del 2,2% para el siguiente, en línea con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que espera una elevación del PIB hasta el 2,8% en 2024 y el 2,3% en 2025. El Gobierno también ha movido estos días sus augurios para el PIB, que ha colocado en el 2,7% en 2024 y en el 2,4% en 2025.                          

Para la eurozona, la OCDE vaticina una expansión del 0,7% en 2024 y del 1,3% en 2025. Si se enfoca en algunas de las economías avanzadas como Alemania, que tradicionalmente operaba como potencia motora, sus números son del 0,1% en 2024 y del 1% en 2025; Francia se anotará un 1,1% en 2024 y un 1,2% en 2025; e Italia avanzará un 0,8% este año y un 1,1% el siguiente.

¿Por qué la economía española tira más que la del conjunto de la zona euro? infoLibre ha hablado con varios expertos para responder a esa pregunta y apuntan a un racimo de motivos.

Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas, considera que el PIB español se está comportando mejor gracias a contar con “una especialización productiva en el sector servicios”, en el que se es “muy competitivo” y “no sólo, aunque principalmente, en turismo”. Junto a ello: “Hemos tenido además una demanda interna y un consumo fuertes, que se han debilitado un poco conforme se ha ido notando la pérdida de poder adquisitivo y la inflación. Y la inversión se ha comportado aquí mejor, pero hay alguna duda sobre lo que pasará en el futuro”, complementa.

Insiste en que “se ha crecido más por esa especialización productiva” y “porque España ha tenido un mix energético más barato y se va a beneficiar en los próximos años de tener más renovables que otros países”, asevera. En ese punto añade que, por el contrario, Alemania “está sufriendo porque su vocación industrial es mucho más grande y porque tiene que hacer una reconversión en el tema energético”, dado que “tenía una excesiva dependencia del gas ruso, con lo que su modelo industrial y energético se ha visto en crisis y aún está en el proceso de adaptación, por lo que llega un poco tarde a cuestiones como la electrificación, al coche eléctrico”. Y hay otro elemento que, en opinión de Carbó, ha contribuido a que España marque la diferencia: el incremento de la población. “Si somos más trabajando aquí y se está creando empleo, eso favorece al PIB, sin que necesariamente aumente la productividad, que no lo está haciendo”, afirma, para enlazar luego que “los fondos Next Generation están ayudando” a que, en conjunto, España tenga “un crecimiento más saneado que se va a mantener en el tiempo”.

Si bien, hace notar que la “sensación” es distinta “en términos per cápita” porque “los salarios no están aumentando ni la productividad y la percepción de muchas familias medias es que están perdiendo poder adquisitivo con la inflación, cuando los impuestos recaen sobre ellas”. “Hay esa dicotomía –agrega–, pero en todo caso, España es una economía atractiva, vienen inmigrantes, sobre todo de Hispanoamérica y con cierta formación, lo que está ayudando al crecimiento como, por supuesto, la especialización productiva y la alta demanda que tenemos, no sólo de servicios turísticos porque contamos con bancos y empresas internacionales por ejemplo, aunque también. Somos un destino seguro, con una grandísima oferta cada vez más competitiva”, cierra.

Para Miguel Artola, profesor de Historia económica de la Universidad Carlos III, si la economía española se agranda desde 2022 en adelante es, en primer lugar, “por el factor demográfico”. “Seguimos pensando que somos un país de 47 millones de personas y estamos ya casi en 49”, señala, para subrayar a continuación que existe “bastante flujo migratorio de diversa procedencia”. “Sospecho que hay uno no desdeñable de trabajadores freelances o nómadas digitales que antes podían trabajar en Londres o Nueva York y han elegido establecerse en España”, engarza. Ahonda en esa idea: “Aunque a grandes rasgos la emigración siga siendo de países en origen con menos rentas, hay algo más y eso refleja que España es un país atractivo para trabajar o montar un negocio, lo que no es baladí porque permite que ciertos sectores no tengan problemas de mano de obra y por el efecto de que repercute en el consumo y en la inversión”, defiende.

Artola aporta otros dos ingredientes que, a su entender, han abonado la buena cosecha de números económicos en el caso español: “El tirón de los servicios de mayor valor añadido y del turismo”. En relación al primero, manifiesta que “la revisión del PIB de la semana pasada del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha mostrado que en 2022 y en 2023, la rama de servicios profesionales, a las empresas, consultorías… a la que no se le solía prestar atención porque no era un sector puntero en comparación con los países de la eurozona, se está desarrollando”. Y por lo que respecta al turismo, indica que “está en máximo de visitantes. Se prevén 90 millones este año, con los precios de la hostelería como están, subiendo mucho”. “Este es el motor tradicional, pero si hasta hace poco el debate era si íbamos a poder recuperar los niveles de 2019, está superado. Estamos por encima e incluso ajustando por la inflación”, asegura.

Para rematar su análisis, explica que “la industria manufacturera va mejor que en otras zonas de Europa, pero no está tirando del carro; la inversión tampoco es un sector muy puntero; el consumo público ha acompañado el ciclo y el privado se ha mantenido”. Por último, pone la lupa en que, en un marco donde “los servicios de más valor añadido” se han espigado, esto “debería ir acompañado de mayor inversión en I+D y en servicios digitales”, lo que "se está viendo un poco menos”, pese a los fondos europeos.

Mirando al conjunto de la eurozona, resalta que mientras estados “como Alemania y Francia no despegan”, a los países “más damnificados por la crisis del euro, como España, Italia, Portugal o Grecia les está yendo mejor, pero por distintas razones”, avisa. A su juicio, es reduccionista intentar achacarlo a que “son las economías mediterráneas y es el turismo”, concluye.

¿Cuál es para Judith Arnal, investigadora senior de Real Instituto Elcano y CEPS, el elemento diferencial de la economía española? Sobre todo "la demanda externa". Lo argumenta: "Si observamos los datos de crecimiento del segundo trimestre de 2024, vemos que creció un 0,8%, del que 0,5 puntos porcentuales vienen atribuidos a la demanda externa y dentro de ella, lo que está siendo más dinámico son las exportaciones de servicios tanto turísticos como no turísticos. Estos últimos son los de alto valor añadido de ingeniería, de consultoría, arquitectura, TIC…, lo que es un cambio muy positivo en el patrón del sector exterior de la economía española, que se basaba fundamentalmente en el turismo".

No obstante, lo expuesto no es óbice para que, a su vez, los servicios turísticos sigan trepando gracias a "la diversificación geográfica y la estacional". De un lado, “los turistas no sólo van a las típicas zonas de sol y playa, sino a otros del norte y del interior, y se han multiplicado los provenientes de América y en particular de EEUU”. De otro, los visitantes “se reparten a lo largo de todo el año y no se concentran en verano”. 

En ese marco, a Arnal le preocupa a futuro un componente del PIB: la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión. Y lo hace porque "en el segundo trimestre se ha ralentizado y es donde vamos más retrasados en la recuperación respecto a los niveles previos a la pandemia". "La inversión –hilvana– es lo que realmente te permite el crecimiento potencial, el futuro, y estamos recibiendo muchos fondos Next Generation que deberían tener un potencial transformador para la economía y verse ahí, pero de momento no está pasando", dice.

Con todo, en un contexto en el que a otros países les va peor, cree que habrá una ralentización del crecimiento, pero confía en que los fondos europeos comiencen a reflejarse en las cifras del PIB y en que la economía pueda apoyarse más "en la demanda interna" y, en detalle, "en la formación bruta de capital fijo".  

Javier Ferri, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea, enumera una triada de causas que soportan el mejor comportamiento de la economía española: población, energía y turismo. “En España la población está creciendo mucho más que en el resto de Europa, debido a la entrada de inmigrantes en situación regular que están siendo absorbidos por el mercado de trabajo”, declara. Pero apostilla: “La implicación negativa de esto es que, si se corrige por la población, el PIB per cápita ha crecido y crecerá menos que el PIB agregado”, advierte.

Sobre la energía, destaca “la menor dependencia energética de España con respecto a otros países en los que el precio de las materias primas se ha encarecido, lo que hace que las importaciones sean menos”. “En otros ciclos económicos pasados –recuerda– hemos visto que cuando la economía se recuperaba, parte de esa recuperación hacía que aumentaran las importaciones y eso detraía PIB, al desviarse renta al extranjero para comprar energía”. En cambio, en la actualidad, “la transición energética está muy avanzada” y el país “ha sido capaz de sustituir fuentes exteriores por otras más verdes y que se producen dentro, lo que hace que no se envíen recursos fuera y se eleve el PIB”.

¿Y qué ha pasado con el turismo? Se ha sacudido “algunas previsiones que decían que había alcanzado un tope”, dado que éstas “no tenían en cuenta que los turistas se distribuyen a lo largo del año y geográficamente”. Lo abrocha: “Antes se agolpaban en la costa mediterránea, en el sur… y ahora viajan a otras zonas del interior o el norte. Ha habido un cambio en las pautas del turismo temporal y geográfico, lo que hace que el impacto potencial del turismo se haya ensanchado”, despojándose de clichés.

La lista de tareas pendientes del Ministerio de Trabajo no se agota en la reducción de la jornada laboral, de momento por concretarse. El departamento que encabeza Yolanda Díaz tiene entre manos otra patata caliente: ha de armar un modelo de despido alternativo al actual, sobre todo después de que, por 13 votos a favor y uno en contra, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) determinara que la legislación española no ofrece suficiente protección a los trabajadores que vean extinguida su relación laboral sin razón válida y, por tanto, infringe la Carta Social Europea Revisada. 

A ese punto se llegó pese a las “maniobras” del Gobierno, según denuncian fuentes sindicales, y tras una reclamación colectiva elevada por UGT a dicho organismo en marzo de 2022, en la que se avisó de que se estaba vulnerando el artículo 24 de la mencionada Carta, debido a que el mecanismo de indemnización en caso de extinción de la relación laboral sin razón válida previsto en la legislación nacional, y tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia, no permite a los afectados obtener una indemnización que sea adecuada para cubrir los perjuicios sufridos y no tiene un efecto disuasorio para los empresarios. 

En la actualidad, la indemnización por despido improcedente asciende, con carácter general, a la cuantía de 33 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades. Los parámetros para el cálculo de la compensación económica son dos: el tiempo de servicios que se pueda acreditar y el salario diario devengado por el empleado hasta producirse la extinción contractual. Del lado del CES se estima que los sistemas de indemnización se ajustan a la carta cuando cumplen las siguientes condiciones: prevén el reembolso de las pérdidas económicas sufridas entre la fecha del despido y la decisión del órgano de apelación, la posibilidad de readmisión del trabajador o una indemnización de un nivel suficientemente elevado para disuadir al empresario y reparar los perjuicios sufridos por quien se queda sin trabajo.

El objetivo de Díaz es el de avanzar hacia lo que se ha denominado despido restaurativo, que implica que se indemnice de una manera adecuada a la persona trabajadora en función de las circunstancias concurrentes en cada caso. Para realizar el cálculo, podrían atenderse distintos elementos como la duración de la relación laboral, la edad del trabajador, si tiene familia a su cargo, su formación, si se ha dejado un puesto para apostar por otro... Pero aún no está claro cómo se va a traducir eso para su aplicación práctica, si se va a fijar algún tipo de baremo indemnizatorio de arranque o no. Es más, el ministerio baraja que una comisión de expertos trabaje sobre el asunto e intentar buscar luego un acuerdo en el marco del diálogo social aunando criterios, para después legislar. Pero el retraso en la poda del tiempo de trabajo ha hecho que todavía no se haya abordado esta otra cuestión sobre la que además, los socios de gobierno, PSOE y Sumar, tienen discrepancias de partida.

Aunque en otro plano sí se están dando pasos. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, confía en que esas negociaciones, por ahora en punto muerto, “se afronten con rapidez”, dado que “hay juzgados, como los tribunales superiores de justicia (TSJ) de Cataluña, del País Vasco o de Galicia, entre otros, que ya están aplicando la resolución, la Carta Social Europea”, al entender que las indemnizaciones que acabaron bajo su lupa “no eran disuasorias ni resarcitorias”. Es más, según los datos que maneja la organización sindical, gracias a una sentencia del TSJ del País Vasco se ha pasado de una indemnización de 493,49 euros ajustada a los 33 días por año trabajado, a los 30.000 euros; en otra del Alto Tribunal catalán de 823,90 euros a 20.762,28; y una más de este último donde la diferencia es de 43.395 euros, al subirse la cifra de los 3.332,94 euros a los 46.728,24.

Son incrementos considerables, pero hay un problema del que advierte Luján: otros juzgados están optando por esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la resolución procedente de Europa, "aunque cada vez sean más minoritarios”, por lo que, si el asunto no se regula, “se va a generar bastante inseguridad porque la aplicación de los jueces está siendo muy personal”, urge.

UGT defiende que la nueva normativa para adaptar la legislación española a la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales ha de “recuperar los llamados salarios de tramitación –los devengados desde el despido hasta la resolución judicial– desaparecidos con la reforma laboral de 2012 salvo readmisión, y los 45 días por año trabajado”. Aboga, asimismo, por que se fije una indemnización mínima de seis meses, que “existió en 1976 un tiempo”, recuerda Luján, y que prevé “la legislación italiana, por ejemplo”, mientras la francesa contempla una “de tres meses”. Y, “si con todo eso, existiera la posibilidad de que no se resarcieran todos los daños causados, que se pudiera solicitar en una demanda, y en su caso ser apreciadas por los jueces, circunstancias como la pérdida de oportunidad, si uno tiene hipoteca o familia, la facilidad de volver al mercado de trabajo…”. El sindicato teme que si se barema a priori, y se fijan categorías como que por ser mujer de una determinada edad te corresponde una cierta cantidad, se puedan “provocar situaciones de desigualdad que no se quieren”.

“Tenemos la referencia del derecho de daños de Tráfico. Está regulado casi todo y el Tribunal Constitucional ha dicho que, si después de aplicar ese baremo, hay daños por un accidente que no se han cubierto, se tienen que cuantificar”, anota el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, para añadir: “En ese sentido, planteamos que si después de aplicar los salarios de tramitación, los 45 días y la indemnización hay algún daño más, que se resarza entonces, que se cuantifique y se acredite, vía acuerdo entre las partes o en los tribunales”.

Los sindicatos han desmentido en numerosas ocasiones que España sea “el país más caro para despedir”, como se ha deslizado desde la órbita empresarial y han apuntado que se producen cerca de medio millón de rupturas laborales al año, buena parte de las cuales acaban siendo reconocidas como improcedentes “por las propias empresas o a través de resoluciones judiciales”.

En el informe El coste del despido individual sin causa justificada en España elaborado por UGT se refleja que, en relación a la indemnización y a la protección frente al despido, España está por detrás de países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos o Portugal, entre otros y las cuantías a percibir no son desorbitadas. Para un contrato temporal la media se sitúa en los 1.500 euros, que ascienden a los 4.642 en el caso de un contrato parcial indefinido. Alcanza los 4.493, si se trata de uno fijo discontinuo y para un indefinido, la indemnización media está en 9.512 euros, reduciéndose a los 9.310 para los despidos objetivos por causa de empresa, según información estadística relativa a 2021. En definitiva, no son cantidades que cumplan “una cierta función disuasoria de los despidos arbitrarios”, lamentan desde el sindicato.

Los datos insisten en dos ideas instaladas: el turismo "es de récord", pero “habría que poner orden en aspectos como los salarios de algunos trabajadores vinculados al sector”, aseveran fuentes sindicales. Estas confirman que “no es raro”, no son una mosca blanca, “ofertas para camareros de 600 euros por cinco horas de trabajo seis días a la semana, o incluso de tres o cuatro euros la hora”.

El Instituto Nacional de Estadística ha difundido este lunes 23 de septiembre información que confirma el buen estado de salud del turismo: las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 2,6% el pasado agosto respecto al mismo mes de 2023, superando los 47,8 millones, su cifra más alta en la serie, impulsadas por los visitantes extranjeros. El Índice de Precios Hoteleros subió un 6,4% en tasa anual. Y los hoteles facturaron 146,9 euros de media por habitación ocupada, un 7,3% más que el mismo mes del año anterior.

Pero no es lo único que ha publicado hoy el INE. Ha visto la luz igualmente la Encuesta de Estructura Salarial, con información definitiva relativa a 2022, según la cual, mientras el sueldo medio anual fue de 26.948,87 euros por trabajador, los asalariados de hostelería tuvieron la ganancia promedio más baja, con 16.274,71, casi un 40% inferior a la media, o 10.674.16 euros menos. En este último caso, además, las mujeres lograron embolsarse 15.022 euros y los hombres 17.921. Por el contrario, la actividad económica con mayor remuneración anual fue la del bloque 'suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado', con 55.470,69 euros, lo que supuso un 105,8% más que la media nacional. La siguiente actividad con el salario más alto fue 'actividades financieras y de seguros', con 47.239,53; mientras a la hostelería le antecedió en la cola otros servicios, con 18.269,96 euros. En general, los sueldos se expandieron, excepto en algunas categorías como la 'agrícola, ganadera, forestal y pesquera'.

Y, aunque aquel año, en 2022, los números del turismo no eran aún los de 2024, ya había comenzado la senda creciente de recuperación posterior a la pandemia. De hecho, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron los 320,7 millones en el conjunto del ejercicio, con un alza del 85,6% respecto a 2021. La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada fue de 104,7 euros y el ingreso medio diario por cada una disponible, que está condicionado por la ocupación registrada en los hoteles, de 67,8. Por categorías, la facturación media fue de 233,4 euros para los establecimientos de cinco estrellas, de 110,2 para los de cuatro y de 84,9 euros para los de tres. El mismo ejercicio que el salario medio de los trabajadores no llegó a los 16.300 euros.

Marcos Gutiérrez, secretario de Política Institucional de CCOO Servicios, achaca esa baja cuantía a dos motivos principales: “Los salarios medios en la hostelería son más bajos fundamentalmente porque se hacen contratos fijos discontinuos, es decir, con jornadas inferiores a la ordinaria, y porque los convenios siguen estando alejados del precio del mercado”. “Esto explica -enlaza- tanto la falta de profesionales como los datos de la encuesta de costes laborales, que lo que nos dicen es que es uno de los sectores peor pagados”. 

Y hay más. Es un área laboral a la que es difícil volver. “La pandemia cambió muchas cosas y los trabajadores de la hostelería se están dando cuenta de la importancia que tiene la cotización a la Seguridad Social, es decir, que en la nómina aparezcan todos sus ingresos”, anota, a lo que se suma que muchos empleados de esa actividad se refugiaron “en otros sectores que demandaban mano de obra, puesto que la hostelería fue la última en reabrir” tras la sacudida del covid, “que les ofrecen mejores condiciones laborales, tanto salariales como de descanso, así es que el regreso es difícil”, constata.

Gutiérrez tiene clara la radiografía: “El sector no ha mejorado el empleo en el número suficiente de trabajadores para hacer frente a una demanda turística que es récord sobre récord. Se han incrementado las cargas de trabajo sin que los salarios mejoren y continúa extendida la contratación a tiempo parcial. Esa es la realidad que dicen las cifras”. Y si se hurga en ella hay otra: “Las mujeres ostentan las categorías peor pagadas de un sector ya de por sí con unas bajas condiciones”, ratifica el dirigente sindical de CCOO, quien aboga por “mejorar las del conjunto del sector y, sobre todo, por prestigiar las categorías que están ocupadas mayoritariamente por mujeres en los convenios colectivos”. De ahí que, “una de las apuestas” de su organización sindical en el ámbito de la negociación colectiva sea “seguir intentando equiparar a las camareras de piso con el salario de los camareros”.

Se muestra convencido de que el sector turístico continuará “siendo motor de la economía y del empleo” en el país. “Es nuestra primera industria y, por lo tanto, tiene que haber un pacto de estado para establecer que no puede seguir creciendo de manera sostenida y sí de manera sostenible. Alguna vez los datos turísticos tienen que recoger variables de calidad en el servicio que ofertamos y no sólo de cantidad. Si nos seguimos guiando únicamente por el número de visitantes y etc, va a ser un problema”, avisa. En su opinión, habrá que “hacer grandes cambios” que “tienen que ver con la vivienda, la sostenibilidad medioambiental, el agua, la promoción y la carrera profesional en el sector… Si no, va a ser muy difícil que sigamos teniendo mano de obra suficiente para hacer frente a la demanda turística de este modelo de crecimiento sin fin”, plantea.

Gutiérrez asocia los bajos salarios y la dificultad para acceder a una vivienda con “las dificultades para encontrar mano de obra en zonas como las islas y en otras fuertemente tensionadas por la presión turística”. “Y es sangrante, por ejemplo”, dice, “que en Paradores de Turismo de España, la limitación de la masa salarial para los empleados dependientes de las administraciones públicas que estableció Montoro –ex ministro de Hacienda del PP– haga que los salarios acumulen pérdidas de poder adquisitivo y el convenio, de una empresa que es el emblema de la calidad turística en nuestro país y es pública, esté fuera de mercado”, critica.

En ese punto adelanta: “Van a abrir un parador en Ibiza y va a ser muy difícil que cuenten con gente suficiente para poder gestionarlo con el problema de la vivienda que hay allí y los salarios que la red de paradores puede pagar en función de esa normativa”, advierte. A su juicio, “esto es un ejemplo de algo que la administración sí que podría modular y usar esa empresa pública para prestigiar el sector”. “Pero llevamos años con el convenio parado, pese a que eso sólo obedece en este caso a una voluntad política que no estamos viendo, y pese a que la entidad está arrojando beneficios, como todo el sector turístico", cierra. 

De su lado, Omar Rodríguez, secretario federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC UGT, apunta para explicar la diferencia salarial en la hostelería a que "el trabajo a tiempo parcial es demasiado elevado, supera el tercio de los trabajadores". "Es un sector precario en el sentido de que la gente quiere un trabajo para poder vivir y aquí tenemos una tasa por encima del 50% de empleados que desean uno a tiempo completo y no lo tienen", sostiene.

Denuncia que la leve elevación de salarios que se ha producido en los últimos años "sigue siendo muy insuficiente en relación a los beneficios que se están obteniendo". "Y no vale el que son los hoteleros y no los hosteleros" los que se los estarían embolsando, apostilla, dado que "el consumo en restaurantes y demás establecimientos también se están disparando gracias al turismo". Es más, Rodríguez cree que los dos principales factores que hacen que no se esté logrando "estabilizar" a las plantillas en esta esfera laboral pasan por que "la gente se queda en un trabajo porque económicamente puede cubrir sus necesidades y por que se siente identificada" con la empresa y no se le "impone un trabajo a la carta", algo que no se estaría dando en multitud de ocasiones.

A su entender, "no puede ser que los mayores ingresos de las empresas sean a cambio de hacer menos horas de contrato y de emplear a las menos personas posibles", o, dicho de otra forma, de "hacer que la carga laboral aumente y empeore el poder adquisitivo". Considera que, a la larga, esto puede llegar a ser un tiro en el pie para los empresarios que pretendan fidelizar a sus plantillas. El portavoz sindical considera que evitar la rotación permanente de camareros y otros empleados del sector pasa por "ofrecerles futuro y un presente que les permita vivir decentemente".

"Hasta que no se asuma que la sostenibilidad del modelo pasa por lo social, no sólo por lo medioambiental o la digitalización, no se avanzará. El ciudadano empieza a rechazar este tipo de trabajo y así no se va a captar gente", defiende. En cambio, si "se forma a las personas, se les ofrecen posibilidades de carrera y un salario digno" el panorama puede cambiar. "La hostelería tiene cosas beneficiosas como puede ser el trato con el cliente y en España tenemos un carácter afable que atrae y una cultura que ayuda a eso, pero, si al final vas a trabajar para no llegar a fin de mes y no puedes recoger a tu hijo del colegio, pues igual no te vale", argumenta.

Aboga para terminar por que los empresarios "organicen las plantillas para que sus trabajadores puedan tener su tiempo de descanso y de ocio, como cualquier otro ciudadano" y así sean menos frecuentes los carteles de 'se necesita camarero'. 

La inversión en educación en España creció en todos los niveles entre 2015 y 2021 y pasó del 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) al 4,9%, según el informe Panorama de la educación 2024. Indicadores OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico–, el mismo del que se desprende que, no obstante, en las aulas quedan desafíos pendientes como el abandono escolar temprano, la tasa de repetición, que sigue siendo elevada en comparación con la de otros estados, o la carga laboral de un profesorado que a menudo se queja de estar atiborrado de burocracia.

En relación a la inversión algo se mueve. Durante años, expertos en la materia han repetido que a partir de unos niveles determinados, aumentarla no suponía mejores resultados educativos y han puesto el foco en cómo se tenía que gastar el dinero público. Pero este mantra comienza a ser rebatido. Así se refleja, por ejemplo, en el libro Economía de la Educación, que se ha publicado recientemente como colaboración de 22 investigadores y está accesible en la web de la Fundación Areces. Uno de sus coordinadores, Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador de Funcas, explica a infoLibre que “muchos trabajos, empezando por el informe PISA, mostraban que había un umbral a partir del cual los incrementos adicionales del gasto público en educación no siempre conducían a mejoras de aprendizaje de los estudiantes. Pero en otros que son metodológicamente más consistentes y científicos, que aíslan el impacto causal del gasto y el aprendizaje, sí que empiezan a encontrar esa relación”. Es más, señalan que “un aumento del 10% en el gasto en educación eleva las puntuaciones de los exámenes en 0,069 desviaciones estándar” o, dicho de otro modo, “el impacto promedio de esa alza en el resultado de los alumnos es de dos meses de aprendizaje”. “Las estimaciones causales revisadas por Handel y Hanushek sí marcan que un déficit en la financiación de la educación afecta negativamente a la formación del alumnado, si estos gastos en educación se invierten de forma efectiva”, sostiene Sanz.

El cómo se gaste esa ampliación adicional de fondos en educación podría influir en que los efectos fueran más o menos mayores. En relación a esto, el profesor de la URJC asevera que los trabajos más novedosos apuntan a que “reducir el número de alumnos por clase, entre otras cuestiones como tutorías en pequeños grupos o clases de refuerzo, sobre todo en asignaturas como matemáticas o lengua, mejora el aprendizaje”. “Pero es cierto que es muy costoso”, admite Sanz, para apostillar: “Quizá es una estrategia más inteligente hacerlo en los centros educativos situados en zonas desfavorecidas, en los que haya más estudiantes de colectivos vulnerables y disruptivos”. Lo que sí parece claro ya es que, rebajar la ratio de alumnos por clase, “tiene mayor impacto en Primaria”. ¿La causa? “En educación, si se tiene un déficit, una laguna, dificulta aprender las siguientes lecciones, es acumulativo”. Con todo, en Secundaria, “es importante hacerlo también, sobre todo si hay alumnos rezagados, que no siguen al profesor, o que interrumpen las clases, para que los docentes puedan gestionar mejor y crear un clima más propicio para la enseñanza”, enlaza Sanz. 

Para rematar, el investigador de Funcas indica que, de acuerdo a la información de la OCDE, España se sitúa por debajo de la media en gasto por alumno y “países como Luxemburgo, Dinamarca o Estados Unidos superan significativamente la inversión en la educación superior con respecto” a la nacional. En este sentido, plantea que “habría que aprovechar un fenómeno que en sí no es positivo, como es la bajada de la natalidad, porque precisamente en educación, si no se reduce el número de docentes, puede acabar aumentando el gasto público por estudiante”. El alumnado ha caído por ese motivo “en el segundo ciclo de Infantil, en Primaria, y este año el Ministerio de Educación ha previsto que pase por primera vez en la ESO”, cierra.

En línea con lo expuesto, una de las 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española que se desmontan en el libro Educafakes, escrito por el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Rogero y el maestro Daniel Turienzo, es que “a partir de un mínimo de financiación, los recursos no influyen en los resultados educativos”. “Durante mucho tiempo, en especial la OCDE presentó un gráfico en el que se veía como la asociación entre rendimiento e inversión por estudiante era muy fuerte hasta cierto punto y luego desaparecía. Se hicieron además dos estudios con metodologías correlacionales que venían a decir que a partir de cierta cantidad de fondos no mejoraban. Entonces se produjo una falsa dicotomía entre si había que invertir más o invertir mejor que hoy sabemos que no es cierta, que son importantes las dos cosas”, resume Turienzo.

Es más, mantiene que “los brutales recortes que se hicieron en educación, partían de esa premisa: si a partir de cierta cantidad no influye cuánto invertimos, desinvirtamos, que no se va a notar. Pero estudios con bases de datos muchos más grandes que permiten detectar mejor los efectos y con metodologías causales, han probado que la inversión está fuertemente ligada con el rendimiento educativo y que es importante invertir más e invertir mejor, las dos cosas”, incide.

Comparte con Sanz la idea de que las inyecciones económicas "más eficaces" se producen "en las etapas más tempranas, hablando en términos de retornos”. “En Educación Infantil, de 0 a 3 años, está comprobado que son grandes y una máxima que se debe aplicar es la de ‘más vale prevenir que curar’”, anima. Lo desarrolla: “Hay que intentar apostar por políticas pre distributivas y por la detección temprana de los problemas a través de programas de refuerzo, de desdoble, de tutorías en pequeños grupos, docencia fuera del horario escolar… Todo ello está asociado con mayores niveles de rendimiento”, enumera.

Otro fake educativo ligado al ámbito económico que desmontan en el libro editado por Capitán Swing es el de que “los centros totalmente privados no reciben financiación pública”. “En España estos tienen muy pocas responsabilidades y están sometidos a un control más laxo. Por ejemplo, tienen derecho de admisión o aplican medidas más extremas en cuestiones relacionadas con el adoctrinamiento o la defensa de algunos valores. Se asume que pueden hacerlo porque no reciben financiación pública y son independientes”, comenta Turienzo. Pero, ¿es cierto? “Los datos dicen que sí la reciben” a través de elementos como “las exenciones fiscales o las mal llamada becas de la Comunidad de Madrid”. “Hay trabajos que la cifran en 500 euros por alumno al año, pero creo que en la actualidad se llegaría a cifras incluso mayores. Si se les cede suelo público o se les reducen impuestos a las familias por pagar la cuota, es dinero que dejamos de ingresar todos y al final es dinero público”, defiende el coautor de Educafakes.

¿Y es la educación privada o concertada más eficiente que la pública? Pues tampoco. “Es un mito”, asegura el maestro. Para combatirlo, parte de que para analizar la eficiencia, “hay que mirar los imputs, aquello que se pone en juego en el sistema educativo, y los resultados”. Respecto a los primeros, hace notar que el “único cálculo” sobre “cuánto cuesta una plaza en un centro público y uno concertado que se ofrece por parte del ministerio" es "bastante burdo", al "omitir que algunos gastos educativos se le imputan sólo a los alumnos de los centros públicos, cuando todos participan de ellos”. Se refiere a factores como el desembolso que supone “la inspección” o “la propia administración educativa”. A lo que suma que, “hay que tener en cuenta que gran parte del gasto educativo en España está asociado al índice de ruralidad: mientras más rural es un centro, más cuesta, no porque lo haga más en sí mismo, sino porque es igual gasto con menos alumnos. Y los centros en esas zonas son públicos”, condensa. Asimismo, “aunque están reguladas desde 1985, en España, la mayoría de los colegios privados cobran cuotas alegales o ilegales”. “Si se junta todo eso”, une, “la radiografía de cuánto se invierte en la pública y en la concertada cambia”. Y por lo que respecta a los resultados, “son mejores en los centros privados, pero porque básicamente atienden a un tipo de alumnado diferente, que tiene un mayor nivel socioeconómico y cultural”, arguye.

Preguntado sobre si las desigualdades académicas se deben en buena medida a las desigualdades sociales, responde que sí, “hablando de medias y en conjunto”. “El nivel socioeconómico de los niños que acuden a los centros públicos es más bajo porque segregan en menor medida y tienen un enfoque más inclusivo, es la escuela de todos”, manifiesta. Y aporta otros datos: “Si uno de los dos progenitores tiene estudios superiores, hay un 77% de posibilidades de que los hijos y las hijas los tengan. Sin embargo, si ninguno de los dos cuenta con ellos, se reducen al 31%. La diferencia es muy llamativa y pone de manifiesto las barreras o las dificultades que tiene que enfrentar una niña o un niño que proceda de una familia popular”.  

Considera, en definitiva, que la escuela española aún no ofrece las mismas oportunidades para todos. “Es una utopía por la que debemos luchar, pero es una utopía". En su opinión: "La educación pública es la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el ascenso social y que los niños desarrollen competencias, pero hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Sabemos que elementos como el nivel formativo de los padres o la dificultad para llegar a fin de mes están muy vinculados a los desempeños escolares y todavía no somos capaces de compensarlo educativamente”. De hecho, pone de relieve que, “cuando se analizan pruebas internacionales, uno de los factores que sigue teniendo una capacidad predictiva muy grande del éxito escolar de los niños es el número de libros en el hogar, que está asociado al nivel de lectura”. 

Y hay otra realidad: España es el país de la OCDE que más segrega a los alumnos entre la escuela pública y la concertada según su situación socioeconómica, a la luz de lo plasmado en un informe de Save the Children. Una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 20% de éstos a la escuela concertada, teniendo que abonar unas cuotas de alrededor de unos 100 euros durante los nueve meses del curso. Se trata de cantidades inasumibles para muchos. 

La vivienda es el sexto problema que perciben los ciudadanos en España, según el Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque llegó a escalar hasta la primera posición el pasado verano. La preocupación está latente. Con ese asunto como telón de fondo, más de 30 organizaciones, entre las que se encuentran la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional, CCOO o UGT, han convocado una manifestación el domingo 13 de octubre en Madrid bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Y no será la única protesta. Antes, más de un centenar de entidades, sobre todo catalanas, han llamado a otra marcha el próximo miércoles 25 de septiembre en Barcelona contra la tercera edición del congreso inmobiliario The District. Y el Sindicat de Llogateres i Llogaters baraja acciones contra la celebración de la Copa América de Vela, que se celebra en la capital catalana entre el 22 de agosto y el 27 de octubre, dado que “siempre se ponen por encima los intereses económicos de unos pocos, frente al derecho de muchos a la vivienda”.  

En ese hervidero ciudadano, ¿puede la crisis de la vivienda ser el germen de otro 15M en España, en el que organizaciones como la PAH o V de Vivienda jugaron entonces un papel relevante? Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, cree que “el motor de la crisis de la vivienda es diferente al que generaba la demanda política en el 15M, por eso es muy complicado que se dé con la misma forma”. Sustenta su opinión en varias razones. “La problemática del acceso a la vivienda, a diferencia de lo que ocurría con el 15M, es global. Esto es una novedad, afecta a todo occidente y tiene que ver con la financiación de ese sector, en el que no sólo ha entrado la especulación de los fondos buitres, también los alquileres vacacionales y las dinámicas del turismo, lo que es un segundo punto de novedad”, arranca.

Recuerda que, “cuando se discutía sobre esos temas en el 15M, se hablaba de los desahucios y de la gente que se había entrampado en dos viviendas porque el crédito era barato" y el acceso a un inmueble "notable". "Cuando colapsa la burbuja inmobiliaria –tras las crisis financiera mundial que provocó la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers–, muchos se quedaron atrapados. Pero hoy la problemática de la vivienda va en una dirección distinta”, explica. Junto a esto, anota que el 15M respondió a un abanico muticausal: “La vivienda era una de las demandas, pero había otras relacionadas con la regeneración política, el malestar con el sistema electoral, los bancos, el bipartidismo… V de vivienda fue una de las organizaciones que estuvo ahí, pero también Juventud sin futuro y otras”. Aquello tuvo un caldo de cultivo económico que ahora no existe, argumenta. “No tenemos un incremento del desempleo entre los jóvenes o malestar respecto a la economía”, asevera.

Y hay más diferencias: “El motor del debate de la regeneración democrática es ahora el Gobierno. Entonces se hablaba de despolitizar la Justicia y ahora de que la Justicia está impidiendo al Congreso hacer su trabajo y de que los jueces están persiguiendo al presidente. El marco no tiene nada que ver”. En relación a la vivienda, Simón plantea que, aún reconociendo que hay un runrún social difuso que “se empieza ahora a articular en protestas”, es un tema “muy difícil de regular por la fragmentación de administraciones y porque tiene unos ganadores y unos perdedores muy claros. El 75% de la población tiene vivienda en propiedad, por lo que es muy difícil de tocar. Y ni siquiera está claro que las medidas que están encima de la mesa sean eficaces”, lanza. 

En ese sentido, apunta a otro elemento distanciador del 15M: “No está claro contra quién se tiene que protestar porque el Gobierno quiere aplicar controles de alquiler, mientras las autonomías y los ayuntamientos del PP no quieren”, ejemplifica. Por todo lo expuesto, no ve “el germen de una revolución en diferido que genere que emerjan nuevos partidos o cosas así. El 15M fue un movimiento social espontáneo, con múltiples causas, que hablaba de un reset del sistema político y que se tradujo en que permeó con nuevos partidos y en los viejos”. A juicio de Simón, “pinchar una burbuja inmobiliaria en la que la gente estaba siendo desahuciada o ahogada por su hipoteca genera consensos más transversales que la situación actual, en la que los jóvenes son los perdedores, pero los padres no, porque ya tienen la vivienda en propiedad. Hay una dinámica mucho más complicada porque afecta a sectores muy concretos con una capacidad de movilización limitada”, defiende. Y remata: “Así como las medidas que proponía el 15M podían tener un apoyo transversal, hoy, busca una política que sea popular a derecha y a izquierda para solucionar el problema de la vivienda. Es muy complejo. Los potenciales ganadores son difusos y los perdedores están muy claros y la gente quiere proteger su inversión”.

De su lado, la politóloga Cristina Monge sostiene que “es verdad que en la emergencia del 15M la vivienda fue importante, la PAH tuvo un papel muy relevante, pero también Juventud sin futuro, entre otras entidades, que fue una de las impulsoras de todo aquello y hablaba mucho del tema. Pero además había un malestar social más amplio, que tenía que ver con el desempleo porque estábamos en años en los que superaba el 50% en el caso de los jóvenes”. En agosto de este año, el desempleo de los menores de 25 años subió un 1,25% respecto al mes anterior, para colocarse en las 177.112 personas, si bien se trató de la cifra más baja de la serie en ese periodo. Y acumula 40 meses consecutivos de caídas interanuales.

“Había –enlaza Monge– una crisis económica grave, casos de corrupción continuamente en la prensa… Fue el conjunto de todo eso lo que hizo prender la mecha y, de momento, en 2024 no hay ese problema de empleo. Aunque sí hay una sensación de precariedad, el empleo se está comportando bastante bien”. 

Añade que, cuando surgió el 15M para trastocar códigos habituales y hacer entender que ya no servían, “la percepción de la sociedad era que, en aquella coyuntura de crisis, su Gobierno, en vez de intentar solucionar los problemas que estaba generando, lo que hacía era proteger a los poderosos que la habían creado”. En la actualidad, “esa sensación no está instalada en la sociedad”. “Podrás estar más o menos de acuerdo o contento con el Gobierno, pero no se piensa que no nos representan”, une, para concluir: “Hay que ver cómo evoluciona, pero a priori, no se dan todos los elementos que se juntaron entonces y ni están surgiendo nuevos movimientos ni nuevas entidades”.

Javier Gil, investigador del Grupo Estudios Críticos Urbanos de la UNED, comparte que “no se dan las condiciones para que se repita un 15M, en el que se juntaron una serie de factores que facilitaron que se produjera la movilización que se dio. Y no sólo en el Estado español, también en otros lugares”. Centrado el foco en 2024, considera que “la rabia en torno a lo que está pasando con la vivienda está yendo a más” y habrá que ver “cómo canalizarla en movilización política”.

A su entender, “la clave va a ser la capacidad que tengan entidades como el Sindicato de Inquilinos de organizar a las personas que están sufriendo la situación de la vivienda”. ¿Por qué? “Legislativamente no se va a solucionar nada, lo vimos en la votación reciente en el Congreso –alude a la que el no del PP, Vox y Junts tumbó una proposición de ley para intentar regular el alquiler temporal–“ y, más allá de las movilizaciones que puedan ir brotando, Gil piensa que será fundamental “cómo los inquilinos, que se están empobreciendo masivamente por culpa del alquiler, se organizan para transformar esa situación de injusticia y de rabia en formas de desobediencia civil colectivas y masivas, que agiten a la sociedad para que empiece a haber cambios. En corto: “Más que algo como el 15M o cambios legislativos que puedan solucionar, entramos en una fase de cómo organizar la rabia para transformar la situación de todas esas personas”.

Alba Agraz, coordinadora del área de Trabajo y Vivienda en el think tank Ideas en Guerra, afirma que “la vivienda podría ser la causante de la siguiente movilización masiva”, pero para que cristalice, “hace falta cambiar el rumbo de la batalla cultural”. Mover el foco, por ejemplo, de “que los malos son los okupas, y ponerlo en que la problemática de que la juventud para emanciparse, a los 29 años de media, tiene que destinar el 80% de su sueldo”. Igualmente tilda de “indispensable” la “organización colectiva” y “el pensar este conflicto como conjunto, no como que yo no me puedo emancipar o yo no puedo vivir de alquiler o mi salario no me da para llegar a fin de mes. No habría que verlo como un problema individual, sino como uno que afecta a toda la sociedad” para poder perforar creencias.

Agraz hace notar que uno de los ejes del Manifiesto por el Bienestar que han armado y lanzado en Ideas en Guerra recientemente, versa sobre la vivienda y se proponen en él algunas posibles soluciones, reconociendo, como el resto de los sondeados, que es un debate complejo porque el inmobiliario podrá ser un negocio, pero es un negocio con gente de por medio. “Hay que organizarse en sindicatos de barrios y asociaciones vecinales para poder llegar a soluciones y presionar a las clases políticas para que aborden el problema”, remata.

La vivienda se ha convertido en un problema con muchas aristas. A la dificultad de acceso por la elevación de los precios, se han sumado factores como los conflictos vecinales que están provocando contratos como los turísticos y los temporales; o el que fondos de inversión o sociedades inmobiliarias se hayan convertido en activos agentes del mercado de la vivienda junto a los multipropietarios, provocando en ocasiones el desalojo de vecinos que no pueden luchar contra Goliat.

infoLibre ha hablado con varias personas afectadas por alguna de las caras del poliédrico asunto de la vivienda: trabajadores, vecinas que soportan a diario los inconvenientes de los pisos turísticos, estudiantes, propietarios y mujeres desalojadas de sus hogares. Todos cuentan sus historias, con la esperanza de que algo cambie.

A Andrés le ha sacudido lo que a priori era una buena noticia. Pretende mudarse desde el municipio madrileño de Getafe a Cádiz capital, donde ha conseguido una plaza para trabajar en la Administración General del Estado. Tiene 24 años y será administrativo, “con un sueldo de más de 1.500 euros” al mes. Pero no encuentra en su lugar de destino “un alquiler de larga duración para poder estar más de 10 meses en el mismo piso”. “Me quieren obligar a irme en verano a otro sitio para poder ponerlo de alquiler turístico”, denuncia. No puede renunciar a la plaza que “se ha ganado” porque se quedaría en el paro. “En el peor de los casos, me tendré que alejar de mi centro de trabajo e irme a otros municipios como Puerto Real o El Puerto de Santa María pero, por lo que me han dicho, la cosa está muy parecida por allí…”, anota.

Está “agobiado” porque es probable que tenga que incorporarse a su puesto a mediados de noviembre y, “por un lado, están los procedimientos administrativos que tienes que hacer para poder tomar posesión de la plaza, y, por otro, el lío de dónde voy a vivir”, explica. “Cuando tenga la confirmación al cien por cien del puesto en Cádiz, tendré un mes para hacerlo todo y me estoy encontrando con que, en la zona, el 90% de los pisos son de alquiler de temporada y es todo muy difícil”, lamenta. Admite que el proceso le ha “generado ansiedad” al estar “sin saber muy bien dónde” va a “poder vivir en estos meses, pese a ser un trabajador con un salario medio”. De hecho, le parece “dramático” el que “ya dé un poco igual el sueldo que tengas”. “Los alquileres en Cádiz están entre 800 y 900 euros, acercándose al precio de Madrid, pero es que además está el problema del tipo de contrato de alquiler”, explica.

No está solo. El 38% de los españoles ha experimentado angustia o ansiedad ante la perspectiva de perder su vivienda y verse obligado a regresar al domicilio familiar, según un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Un estrés que es más común entre los encuestados que viven de alquiler, quienes también sufren soledad y depresión.

El proceso de exploración del mercado desactivó las expectativas de Pep. Es médico residente y ha optado por pagar 575 euros por disponer de una habitación en un piso que comparte con otra persona para no destinar más de la mitad de su sueldo a la vivienda. Trabaja en el barrio de El Raval, el más poblado de los que conforman el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. “Quería un sitio que estuviera a una media hora en transporte público”, algo que no parece descabellado, “pero hay muy pocos pisos por debajo de los mil que no estén en la periferia”, asevera. Hasta en el que gasta su tiempo por fin llegó “no porque fuera el mejor, sino porque era el menos malo”, ironiza.

Por el camino se topó con quienes pedían “precios más altos de los que ponían en el anuncio”. Pretendían subirlo anualmente o reclamaban “hasta dos meses por adelantado, con lo que había que pagar 3.000 euros sólo para entrar a vivir en una habitación”, detalla. Él ya no tiene que escudriñar portales, pero sabe que en la actualidad “se subarriendan habitaciones, se hacen contratos de meses”, se intentan “vender habitaciones muy pequeñas, en las que las que meter una cama individual y una mesa es complicado”, al ser del espacio de un trastero. “En Barcelona la situación está tremenda, y el hecho de que todo esto no esté regulado hace que suban los precios a la gente que estamos buscando un sitio donde vivir para sobrevivir, para que sea nuestra residencia habitual. El mercado está infladísimo”, cierra. De hecho, la capital condal es la ciudad española más cara para arrendar una habitación, con un coste medio de 565 euros mensuales, según un informe de Idealista con datos relativos al segundo trimestre del año.

M. A. tiene 66 años y nació en la casa en la que habita en la calle Preciados de Madrid, que se ha convertido en territorio hostil para “los vecinos de toda la vida”. Vive en un edificio con siete pisos, aunque, tres son locales comerciales. El suyo es el quinto. El sexto está destinado a alquiler habitual, el cuarto lo han arrendado estudiantes, y los propietarios del tercero y el segundo los han dedicado al alquiler turístico y temporal. “Esto era una casa de vecinos normal, de las de siempre, pero se han ido vendiendo los pisos, han entrado los turísticos y nos han fastidiado”, se lamenta. “Ha habido hasta ‘camas calientes’ porque sus dueños sólo quieren dinero”, afea.

Enumera con cierta resignación las preocupaciones que ese tipo de negocios le han provocado. “Lo primero es la inseguridad. No sabes con quién te puedes encontrar por la escalera o en el ascensor. Estás vendida”, comenta. A lo que hay que añadir “los ruidos y las molestias” que provocan “constantes llamadas a la Policía”. Es más, relata que una vez tuvo que indicarle ella misma a los agentes donde están los apartamentos turísticos porque “había un inglés borracho perdido por la escalera”. Lo desenreda: “Sus compañeros le habían escrito en un antebrazo la dirección de la calle a donde tenía que ir, pero no el piso, e intentó meter la llave en todos, hasta que alguien llamó a la Policía al pensar que querían entrar en su casa”, recuerda. Las fiestas en el inmueble son habituales. “Hemos tenido una temporada en la que a las 12 de la noche empezaban los cumpleaños felices. Luego la basura la dejan por cualquier lado del edificio y eso genera olores, bichos… Vemos colillas cerca del ascensor, en un inmueble con las escaleras y otras muchas cosas de madera. Hay llamadas al telefonillo y a la puerta a todas horas e incluso usan una buhardilla de almacén y suben y bajan un carrito con sábanas, toallas, cosas de limpieza… A veces se les ha caído por la escalera”, aporta.

El trasiego de gente y maletas es ya parte del bloque. Y además M. A. sabe lo que son las “presiones” para que se marche. “En las reuniones de la comunidad me dicen que por qué no me voy al campo a vivir más tranquila”, cuenta. Pero no tiene intención de hacerlo: “No me van a decir dónde tengo que vivir. Son ellos los que están haciendo algo ilegal”, sentencia. Cerca de 351.400 viviendas turísticas salpican España, según la última actualización de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vecinos que sufren sus efectos no entran en la estadística. 

Hay otros damnificados por la situación del mercado inmobiliario: los estudiantes. Marina comenzó a buscar alquiler en la capital madrileña el pasado marzo y descubrió que “en barrios obreros como Usera, Villaverde, Aluche o Carabanchel, pisos de dos o tres habitaciones no bajaban de los 900 o los 950 euros” y con que “se publicaban anuncios en los portales inmobiliarios que apenas duran unas horas”. Hechas las primeras cribas, “de 100 mensajes que envías, igual consigues que te contesten diez, y luego los propietarios organizan los días de visitas y es un casting para elegir quién se queda con el piso”. Tuvo que pasar por unos cuantos. Lo referido es “en el caso de que los propietarios sean particulares”, porque “los requisitos de las agencias” son de partida “imposibles para un estudiante”, constata. Para arrancar, les solicitan “ingresos que rondan los 2.000 euros y avales”. “Hay algunas –encadena– que te piden una entrada de cuatro mensualidades, dos para la agencia, que es ilegal, pero te las piden igual, una de fianza y otra de gastos de alta de suministros”. “Es imposible cumplir esas condiciones, si eres estudiante, y es que más del 90% de las ofertas son de agencia”, se queja. Ella compagina estudios de idiomas y una oposición. En su caso el rastreo acabó bien: comparte piso con otra compañera en el barrio de Aluche. “Pero por familiares de familiares de familiares, por los contactos, porque al final conoces a alguien”, matiza. “Como lo intentes hacer a través de los portales inmobiliarios o de agencias, no se puede”, manifiesta.

Desde otro punto del mapa de España, Málaga, un propietario, N. M., confirma que “hay muchos estudiantes que están desesperados” y que al colgar el anuncio de su inmueble en una página web tuvo “un aluvión de llamadas en menos de una hora”. Su vivienda tiene tres habitaciones y está situada en una avenida bien conectada con el centro de la ciudad por lo que la arrienda por 800 euros, que no es un precio muy elevado, tratándose de la capital malagueña. Es más, asegura que, “en varias ocasiones”, le han llegado a “ofrecer más” para poder quedarse con la casa e incluso en alguna “el doble, para que fuera para un joven y un amigo”. No lo aceptó. A N. M. lo que le preocupa es “dar con gente normal” que no le “destroce la vivienda”. Afirma que no quiere “enriquecerse con ella”, pero tampoco que le suponga “una carga o un quebradero de cabeza”. Cree que “ha acertado” con sus inquilinos y puede que ellos hayan tenido suerte con él.

La vivencia de Zohra y su familia se ha hecho pública porque ha decidido darle visibilidad de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El pasado 24 de julio, ella, su marido y su hijo de nueve años fueron desahuciados de la casa que moraban desde hacía una década en el barrio madrileño de Lavapiés, pese a que un grupo de personas bloqueó la puerta para intentar impedir el desalojo y un activista por el derecho a la vivienda incluso se colgó en el vacío del patio del bloque. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y el Ingreso Mínimo Vital, por lo que habían demandado un alquiler social que nunca llegó y que se suspendiera el desalojo, al cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigibles. Pero, según el sindicato, no pudo demostrar que su casero es un gran tenedor “que posee 27 pisos”. En la calle, el Samur Social les ofreció una alternativa habitacional en Las Caracolas, un centro de acogida temporal formado por cubículos prefabricados en los que cada familia dispone de una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas. Pero los han expulsado de ahí igualmente para enviarlos a una pensión, a la que han arribado con los nervios hechos un nudo. Zohra tiene una barrera: la lengua, no habla bien castellano. Y un miedo: que "le quiten a su hijo", según quienes la están acompañando en su batalla.

Lola, con 50 años, ha afrontado con su madre, de 79, un informe de vulnerabilidad oficial y una pensión no contributiva de 500 euros, otro desalojo. El propietario vendió el que era su edificio en Getafe a una sociedad y transmitió a los vecinos que "finalizaban los contratos". Se inició entonces un proceso judicial que terminó en desahucio, fechado para el pasado 11 de septiembre. Intentaron un aplazamiento, pero un juez lo denegó.

La madre de Lola pasó más de una década en su ya antigua casa y más de 70 años en la misma barriada. Ha soportado, según su hija, escenas “muy crueles”. Lola no pudo “ni entrar a recoger” sus “cosas” cuando se produjo un desahucio en el que “no se hizo ni inventario”. Al menos han hallado una solución habitacional gracias a su red familiar: un primo de Lola les ha ofrecido una vivienda a la que se han traslado las dos, hasta que ella vea como su madre "se va adaptando”. “Todo ha sido agotador y de vez en cuando le dan bajones”. Y todavía no ha acabado, el día siguiente al desahucio, el juez “admitió a trámite el recurso” que habían interpuesto. ¿Qué herramientas tenemos realmente los ciudadanos para defendernos”, se pregunta. Y engarza: “Hay gente con 87 años a la que le está pasando esto. Igual hay mujeres que cobran 1.200 o 1.400 euros, pero tampoco se van a poder quedar en sus casas porque, en cuanto compran el edificio, les meten la finalización del contrato y punto”, proclama rotunda.

Mabel, en Palma de Mallorca, ha tenido que destruir universos domésticos construidos. “Me ha costado mucho y ha sido triste”, indica a este periódico. Se refiere a que se ha visto obligada a pedir a una inquilina con la que han "mantenido una relación de 15 años” que deje la casa por la que “ha pagado puntualmente la renta” que acordaron porque la “necesitaba” para su hijo. “Trabaja y quiere emanciparse para vivir con su pareja, pero como los alquileres en esta ciudad están por las nubes y por menos de 900 a 1.500 euros no encuentras nada, hemos tenido que recurrir a esa casa familiar, pero con pena por la inquilina”, reitera. Habla apretando lo dientes y agrega que su hijo ha explorado la compra, “pero no puede dar la entrada que le han pedido los bancos”, sintetiza.

“Hay una inversión de fuera de la isla muy importante y un tercio de la vivienda está siendo comprado en muchos casos por fondos de inversión para especular y dedicarlo al negocio del alquiler turístico. Los demás estamos pagando las consecuencias”, concluye. El precio de la vivienda libre se encareció un 5,7% en el segundo trimestre de 2024, hasta los casi 1.896 euros por metro cuadrado, el importe más alto registrado desde el tercer trimestre de 2009, según la última información difundida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La Comunidad de Madrid y Baleares se colocaron por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, que no se alcanzaron aún en otros enclaves del país. Números en los que quedan fagocitadas las ilusiones de muchos.