A mediados de marzo, antes de Semana Santa, Narcodiario informaba de la caída de la organización criminal afincada en el entorno de Huelva que se había convertido en una de las mayores suministradoras de cocaína a nivel nacional, rivalizando con los clanes gallegos y con clientes fijos en Países Bajos. Los logos de la droga intervenida dejaron patente su relación con la oficina desmantelada pocas semanas antes en Madrid.

Ahora, la Policía Nacional da cuenta del global de un operativo histórico en el que se intervino el mayor alijo de droga colombiana jamás visto en esa provincia, 5.000 kilos de cocaína, introducido mediante embarcaciones de alta velocidad. Los sospechosos trasladaban la droga hasta dos 'guarderías' ubicadas en la provincia onubense y en Sevilla, donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial, los diez detenidos, a saber, cinco españoles, tres serbios, un bosnio y un neerlandés, ingresaron en prisión.

El pasado 13 de marzo, varias personas introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva, empleando embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución. Todo ello fue seguido muy de cerca por los especialistas antidroga de la Brigada Central de Estupefacientes.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto de la droga y comenzaron a actuar. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos —más de una tonelada de cocaína— fue interceptada, procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón —Huelva—, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad —GOES—, los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Finalmente, la operación se saldó con diez personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación, la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra —cuatro Kalashnikov y un arma larga—, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

El operativo se une a otros recientes en los que, en ocasiones, los narcos gallegos se relacionan directamente con otros afincados en el entorno de Huelva, como se vio en la organización de Carlos Silla, ahora condenado, cuyos barcos empleaban esa zona para introducir parte de su mercancía. Relevante fue también en su momento la descarga a plena luz del día que captaron las cámaras pero que no pudo ser abortada en la que los narcos lucían AK—47 como los intervenidos en Gibraleón, y también importantes las acciones ejecutadas a lo largo del río Guadiana, otro de los canales de entrada de la droga en la Península por el suroeste.

La situación geográfica de la provincia, de cara al Océano Atlántico y muy cerca de África, la sitúa en el centro del escenario del narcotráfico. Tampoco hay que olvidar que esta zona está controlada por Sergio Mora Carrasco, alias El Yeyo, uno de los delincuentes más buscado de España y famoso por su pericia al volante de las lanchas rápidas, y vinculado recientemente con la trama del narcotúnel de Ceuta.

La Camorra, junto a la Cosa Nostra, fue la primera organización criminal internacional en instalarse permanentemente en España. Y esos retales se mantienen en el tiempo: su expansión por el país es una realidad bien conocida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia y por cualquier operador jurídico italiano relacionado con esa lucha. Y uno de sus enclaves predilectos está, como se ha visto en muchas ocasiones, en las Islas Canarias.

Cada pocos meses, cualquier tipo de operación contra algún clan mafioso en Italia tiene repercusiones en España. Entra dentro de la normalidad: hay tantos intereses para blanquear el dinero de la droga, la extorsión y los contratos públicos que manejan los clanes mafiosos que lo raro sería no cazar a algún mafioso en territorio español.

Algunas veces se detiene a algún despistado que ha llegado de vacaciones, pero una gran mayoría son fugitivos que residen continuamente en España y que están protegidos por las redes de los distintos clanes mafiosos, que ofrecen cualquier tipo de cobertura para lograr esquivar a la justicia italiana.

Esta semana, la División de la Dirección Antimafia de Nápoles volvió a atacar al temible Clan Casalesi de la Camorra de Caserta, liderado por el histórico capo Michele Zagaria. Coordinaron la investigación con el ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) de los Carabinieri, el grupo de élite que, entre otras cuestiones, se encarga de combatir a la mafia en Italia.

Es uno de los cuerpos con mejores técnicas policiales del mundo y, por lo tanto, uno de los que mejor conocen cómo funciona un clan mafioso. Ellos son los que trabajan mano a mano con la Policía Nacional o la Guardia Civil española si se detecta que hay un objetivo de alto valor en nuestro país.

Uno de los 23 detenidos en esta importante operación fue arrestado en Tenerife. Se trata de Filippo Capaldo, un mafioso según la Dirección de Investigación Antimafia italiana y que desde 2022 se reconvirtió en un empresario inmobiliario que había fijado su residencia en Tenerife. Capaldo es el sobrino favorito del capo Michele Zagaria, uno de los criminales más brutales que ha tenido la Camorra en las dos últimas décadas.

La justicia italiana, con el magistrado antimafia Nicola Gratteri a la cabeza, ha vuelto a actuar contra esta organización criminal para revelar el poder económico generado a través de la venta de drogas, la extorsión y los contratos públicos ganados con empresas tapaderas a nombre de testaferros del Clan Casalesi.

Capaldo ha ido librándose de la justicia italiana en estos últimos años gracias a una gran labor de su equipo jurídico. En el último caso conocido acabó absuelto de una investigación por hacerse con el control de una de las mayores empresas de distribución de leche de la provincia de Caserta (Campania, Italia).

Capaldo es hijo de Beatrice Zagaria, la hermana mayor de Michele Zagaria. Ella tomó gran parte del control del clan tras el encarcelamiento de su hermano en 2011 y desde entonces cumple cadena perpetua por múltiples asesinatos, narcotráfico y por el control mafioso del territorio.

La madre de Capaldo también fue condenada por pertenecer al clan Casalesi de la Camorra y por receptación de bienes robados. Acabó en prisión por realizar una de las labores que más respeto genera entre todos los miembros de un clan mafioso: controlaba los pagos directos a todos los miembros de la red criminal a los que se les asigna un salario, desde los encarcelados hasta los integrantes del clan que seguían operativos en la calle.

Y, según la Dirección de Investigación Antimafia de Italia, Filippo Capaldo aprendió contabilidad de su madre, ya que en Tenerife era propietario de una inmobiliaria, un bar lounge y un concesionario de motos y coches. En el registro mercantil de España solo está a su nombre la sociedad inmobiliaria, pero las otras están oficialmente en manos de personas de su confianza.

El periódico italiano Il Fatto Quotidiano reveló que dentro de los atestados policiales se recogen conversaciones de otros mafiosos a los que les preocupaba que, en tan solo cuatro años, Capaldo hubiera abierto tres negocios en Tenerife, ya que temían que eso despertara la atención de la justicia italiana. Algo que, por ahora, así ha sido.

En esta operación contra el Clan Casalesi, con 23 detenidos, en su mayoría en Caserta, también están los tíos de Capaldo: Antonio Zagaria y Carmine Zagaria. A estos arrestados se les investiga por asociación mafiosa, complicidad externa en asociación mafiosa, extorsión, usura, transferencia fraudulenta de bienes, competencia ilegal con violencia y amenazas, blanqueo de dinero, autoblanqueo, registro ficticio de bienes, posesión y porte de armas y municiones y narcotráfico.

En lo relacionado con España, principalmente se sigue el rastro de Filippo Capaldo porque es sospechoso de gestionar el fondo común del clan, algo que revelaría que ha heredado el puesto de su madre y la confianza de toda la organización criminal. Al sobrino del capo también se le vincula a una empresa de gestión de residuos en el feudo del clan, en la provincia de Caserta. En Italia, por este caso, que inició sus diligencias en 2019, se han incautado bienes por valor de 40 millones de euros.

La presencia en Tenerife de un supuesto miembro de alto rango de la Camorra no es nueva. Hace ya diez años se absolvió a los miembros del Clan Nuvoletta-Polverino de blanquear dinero de su clan en una sentencia de la Audiencia Nacional que Giuseppe Polverino celebró bastante desde la cárcel.

Lo que esto revela de nuevo, si luego se demuestra en sede judicial, es que la infiltración de la Camorra en la economía de España crece como la espuma. Y que un sobrino de un capo esté residiendo aquí es fruto de la importancia crucial que tienen para un clan de la Camorra ciertas partes de España: Islas Canarias, la Costa del Sol, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares y Madrid.

La mafia italiana es experta en abrir negocios de hostelería para blanquear rápidamente dinero, pero también ofrece garantías de que esos negocios sean rentables y prósperos. Tienen buena mano en la cocina y les gusta, de ahí que sea uno de los negocios predilectos de los clanes.

Otro tema importante que resalta la investigación es la unión de los Casalesi con un clan de la ’Ndrangheta calabresa, también con tentáculos en España, que les abastecía de cocaína a buen precio. Un nexo clave en el desarrollo criminal de cualquier clan mafioso que se precie, ya que los grandes contactos de la ’Ndrangheta con proveedores sudamericanos hacen que paguen la droga a menor precio que los demás competidores, por lo que tienen más margen para ganar dinero con los estupefacientes que adquieren.

Todo ello vuelve a poner de relieve que la presencia de la Camorra en España no responde a episodios aislados, sino a una estrategia sostenida de implantación en territorios especialmente atractivos para el blanqueo, la inversión y la cobertura logística. Su capacidad para mezclarse con la economía legal, abrir negocios, tejer redes de confianza y aprovechar enclaves clave como Canarias, la Costa del Sol, Cataluña o Madrid demuestra que el poder de la mafia italiana en España sigue siendo profundo, silencioso y mucho más estructural de lo que a menudo se percibe.

Junto a todo esto, en España hay un elemento clave que hace que estas personas se afinquen en el país: la Justicia. No hay más que ver lo que ha sucedido con Filippo Capaldo, presunto jefe de la Camorra: apenas unas horas después de su detención ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Él ya sabe que vive en el paraíso del narco.

En la película El Señor de la Guerra, Nicolas Cage encarna a un traficante de armas ruso que vende su material militar al mejor postor, sin importarle el cliente que va a recibir su mercancía. Y, como siempre, la realidad supera la ficción. Hace escasas fechas, el día 20 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al búlgaro Peter Dimitrov Mirchev de un "complot para abastecer de armamento de guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación". Este tipo fue arrestado en Madrid hace algunos meses a petición de los servicios secretos americanos, que llevaban tiempo tras él.

Dimitrov tiene un protagonismo principal en esta historia, pero hay actores secundarios que los harían optar firmemente a grandes premios de cine. Se trata de Elisha Odhiambo Asum, de Kenia, Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania, y Michael Katungi Mpweire, de Uganda. Estos tres tipos son clave en el engranaje del contrabando de armas porque facilitaban la opción de conseguir un tipo de armamento que solo se puede adquirir legalmente si se pertenece a un ejército.

Dimitrov tenía un bagaje extenso en este aspecto. Según la Justicia de EEUU, llevaba 25 años dedicándose al tráfico de armas y era buen aliado del ruso Víktor But, un as del contrabando de armas que fue intercambiado por EEUU y que ahora ejerce como político regional en su Rusia natal. Se le conocía como El mercader de la muerte.

But fue el amo y señor de las guerras y los proxies de ciertos países, y de él aprendió Dimitrov. El búlgaro fue detenido el 8 de abril de 2025 en Madrid, y se desconoce qué tipo de labor estaba realizando en España, aunque seguro que no estaba de vacaciones.

No se descarta, y menos aún tras las últimas evidencias de presencia de los mexicanos en el país, que tuviera reuniones con emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, habida cuenta de que la presencia en España de esta organización criminal está más que probada: desde laboratorios de metanfetamina o cocaína hasta un control exhaustivo de que su mercancía llega a buen puerto, nunca mejor dicho.

El interés de este traficante de armas búlgaro era colocar 58 millones de euros en armamento al CJNG, liderado en ese momento por el Mencho, y en su catálogo de venta se jactaba de poder conseguir hasta tanques.

Enviaba ese folleto como si se tratara de la elección de una cena en un restaurante, pero esta vez el plato llegaba en forma de proyectil. La presencia de los tres africanos era clave en su estructura porque podían conseguir, gracias a sus contactos, documentos que legalizaban los envíos de armas, ya que lograban obtenerlos de forma oficial simulando operar como si fuesen el ejército de Tanzania.

Querían hacer llegar al CJNG ametralladoras, lanzacohetes, granadas de mano, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. Pero podían conseguir incluso misiles tierra-aire, lo que da una idea del tipo de recursos militares que necesitan ahora grupos criminales como los cárteles mexicanos.

La potencia de fuego que requieren para combates urbanos o a tumba abierta en espacios rurales es cada vez mayor: desde la especialización de operadores de drones que han participado activamente en la guerra de Ucrania hasta artilleros eficaces que disparen armas de calibre .50.

La necesidad crece en los brazos armados de los cárteles mexicanos y, para la expansión que busca el Cártel Jalisco, es imprescindible obtener personas capaces de abastecerles de armas sin acudir al mercado de EEUU, que es su principal opción.

Sin embargo, el CJNG no se fiaba desde hacía tiempo de poder seguir operando de la misma forma para hacer llegar tantas armas y munición como necesitan. El encargo de un pedido de 58 millones de euros en forma de arsenal ofrece una perspectiva de lo que una organización del calibre del CJNG mueve en forma de dinero. Y prueba que no era la primera vez que Dimitrov trabajaba con el Cártel Jalisco, al que le envió unos 50 fusiles de asalto Kalashnikov, como demuestran los investigadores norteamericanos.

Aquello fue la prueba de fuego y querían más: desde drones hasta los misiles tierra-aire mencionados antes. Todas estas armas son utilizadas en combates en los principales bastiones del Cartel, y que se haya extendido tanto esta organización criminal desde 2011 no es fruto de la casualidad. Todo responde a una estrategia criminal bien orquestada y ejecutada. El contacto con un traficante de armas búlgaro les permitiría obtener recursos militares en el momento en que quisieran efectuar ofensivas en zonas calientes como Michoacán, Guerrero o Guanajuato.

Aunque los cárteles consiguen con bastante facilidad fusiles de asalto y RPG desde EEUU a través del contrabando en su frontera, esa situación podría cambiar en cualquier momento si el Gobierno de turno de EEUU modificara ciertas pautas de compraventa y planificara una seguridad adaptada a una realidad en la que los principales fabricantes de armas de ese país abastecen los arsenales de los cárteles mexicanos.

Por eso, tipos como Dimitrov, con una experiencia extensa en estos menesteres, son clave para que una organización criminal del tamaño del CJNG funcione. Sin armas no son nada, porque estas constituyen la base de su poder. No hay otra cuestión de control de territorio que esa: en el momento en que otro Cártel tenga mejor armamento y hombres más entrenados, ese territorio pasa a ellos.

Es la única razón por la que están continuamente solicitando armamento cada vez más destructivo; están en ese juego del gato y el ratón mientras manejan drones con explosivos. Y a ello se suma que los blindados que utilizan han mejorado tanto que los convoyes en los que se desplazan por México están al nivel de milicias del Kurdistán iraquí o de Siria.

Dimitrov se enfrenta ahora a la cadena perpetua, al igual que sus compañeros de aventuras. Intentar sobornar a militares de media África es lo que tiene si pretendes abastecer de armas a una organización criminal considerada como terrorista por EEUU.

Para España no lo es; por eso, cuando extraditó desde Madrid a Peter Dimitrov Mirchev, la Audiencia Nacional decidió hacerlo sin los cargos por terrorismo. Aquí se sigue considerando que es solo una organización criminal dedicada al narcotráfico, pero lo cierto es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, en términos estrictos, puede considerarse una organización criminal que también comete atentados con fines subversivos para tener un control total de su territorio.

Y, tras la caída del Mencho, nada ha cambiado: las cuatro letras siguen vigentes y, por ahora, más vivas que nunca, aunque se quedaron sin su traficante internacional de armas de turno. Un señor de la guerra.

Hemos contado en diversas ocasiones la debilidad del sistema judicial en España, que acaba por beneficiar a los narcotraficantes. Incluso lo hemos relatado en un libro, Paraíso: por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial (Plaza & Janés, 2026). Absoluciones como la de Jonas Falk, alias El Pablo Escobar sueco; puestas en libertad con posterior fuga de altísimos dirigentes de la Mocro Mafia; la reciente liberación del Comandante Willy, jefe de Los Tiguerones de Ecuador... Por si esto fuera poco, una sentencia del Tribunal Constitucional fechada el 23 de febrero ha conseguido echar por tierra, literalmente, investigaciones de meses, incluso de años.

Fue el diario El País el que adelantó en su edición de este lunes la excarcelación de 24 investigados en el marco de la operación Sombra Negra, un amplísimo trabajo policial iniciado con la detección de un pecio fantasma en Lanzarote que servía de gasolinera para los narcos y que acabó con decenas de detenciones, la mayor parte de ellas en el Campo de Gibraltar, en relación con la introducción en España de miles de kilos de cocaína mediante toda clase de medios de transporte, incluidos narcosubmarinos y hexacópteros.

Para adoptar tal determinación, el Constitucional entiende que en muchos de los casos, incluidos los que están aún bajo secreto de las actuaciones, no se ha informado debidamente a los investigados acerca de los hechos que se les atribuyen. El marco legal señala que se les deben aportar unos mínimos datos. Sin embargo, el Alto Tribunal entiende que tales datos son casi siempre insuficientes, por lo que se vulnera el derecho de defensa de los detenidos. Ello hace que ordene a la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los narcotraficantes.

Esta medida no solo va a afectar a los investigados en la citada operación, sino a la práctica totalidad de las macrocausas contra las grandes redes del crimen organizado que se asientan en España y que han sido desmanteladas en los últimos meses. Por ejemplo, el cártel del Puerto de Valencia o la red presuntamente liderada por El Marqués de Sanlúcar, hijo, que, con apoyo de un guardia civil apodado Kobe Bryant, gestionaba, según la Policía, la llegada de grandes cargamentos de cocaína.

En esa causa, además, existen investigados en el exterior. Gran parte de la droga iba a parar a manos del cártel de Los Balcanes, que, además, disponía de varios comandos armados que también se dedicaban a asaltar mercantes en la ruta entre Vigo y Málaga, a la altura de Portugal, para rescatar alijos en altamar. Y en ella se produjeron arrestos en Belgrado. En esta y en muchas otras, las ramificaciones internacionales están presentes, y la nueva doctrina puede hacerlas venirse abajo como un castillo de naipes.

Esto será así porque, además de la excarcelación, la autoridad judicial instructora tendrá que facilitar mucha más información sobre las investigaciones a los sospechosos, tal y como ordena el Constitucional —que, por otra parte, se ampara en la legislación europea—. De ese modo, unos narcos podrán advertir a otros antes de que sean capturados, lo que dificultará al extremo el avance de las pesquisas.

Además, hay un factor añadido que, a partir de ahora, se convertirá en el enésimo obstáculo para quienes luchan contra el crimen organizado en España. Los tribunales instructores de las macrocausas –tanto la Audiencia Nacional como, en su caso, distintos tribunales de instancia regionales– tendrán que elaborar autos mucho más precisos cada vez que dicten un ingreso en prisión. Si ya disponen de poco tiempo, pocos medios y pocos recursos para su día a día, esta doctrina contribuirá aún más al colapso.

Una vez más, Narcodiario insiste en la urgente necesidad de la creación de juzgados especializados en crimen organizado en determinados puntos de España, siguiendo el modelo francés, para poder investigar con eficacia al tiempo que proteger los derechos constitucionales de los sospechosos de forma inequívoca desde el primer momento.

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero está provocando consecuencias a nivel mundial. Dado que el conflicto sigue escalando, la repercusión va a seguir creciendo. Narcodiario ya adelantó en su día algunas claves que afectan al crimen organizado, pero la situación no ha hecho má que empeorar.

La clave geoestratégica de todo el asunto es el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos necesitará bastante tiempo para tomar su control, si es que finalmente decide ejecutar una operación terrestre en la zona. El objetivo sería permitir el paso de petroleros, cargueros y portacontenedores que exportan al mundo sus materias primas desde Irán, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Esa es la fuerza de Irán en este conflicto, pues ha demostrado que tiene la capacidad de obstruir la economía mundial realizando pocas acciones bélicas en ese punto por el que no sólo atravesaba, según datos de Naciones Unidas, una semana antes de iniciarse la guerra el 38 por ciento del petróleo y el 19 por ciento del gas natural licuado mundial, y a su vez también los derivados del petróleo como el 28 por ciento del GLP que se consume en el mundo. A ello se le unen al menos el 13 por ciento de los fertilizantes mundiales y otros productos químicos esenciales para la producción.

Con 39 refinerías de petróleo atacadas en nueve países en Oriente Medio, incluyendo Irán, los tiempos para volver a la normalidad de producción no están cercanos. Un caso muy evidente es el de Qatar, que sufrió esta semana un ataque en su mayor planta de gas y que le hará perder 20.000 millones de dólares al año durante al menos tres años hasta poder recuperar la capacidad de producción.

Con este panorama de escalada bélica, han sucedido otros hechos derivados del conflicto con repercusión directa en Europa. En Róterdam y en Lieja atentaron contra una sinogoga, y en Ámsterdam contra una escuela judía. Los grupos terroristas que reivindicaron los atentados fueron los Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (El Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha).

Después de estas acciones, los vídeos de los hechos se movieron por canales de Telegram de grupos paramilitares chiítas que se encuentran en Irak –patrocinados por Irán–, ya que es un país con mayoría chiíta y controla a sus brazos armados.

Este tipo de actos financiados por Irán no son nuevos, y a tenor de esta guerra podrán ir a más. Ellos mismos amenazaron este viernes a todos los militares israelíes y estadounidenses cuando se encuentren de vacaciones en cualquier parte del mundo. Esto abre la posibilidad de que un soldado de EEUU que se encuentre de ocio en un país extranjero pueda ser asesinado allá donde esté.

Irán, en estos últimos años, ha utilizado a miembros de la Mocro Mafia y de los grupos criminales que operan en Suecia para cometer atentados y asesinatos. En España esto lo sufrió el político Alejo Vidal-Quadras, al que pretendieron asesinar a tiros el 9 de noviembre de 2023 en el centro de Madrid por apoyar a la oposición al régimen de los Ayatolás.

Quien le disparó en la cara fue Mehrez Ayari, un sicario de la Mocro Mafia que fue contratado por Sami Bekal Bounouare, un hispano-marroquí que nació en Palma Mallorca. La Audiencia Nacional que cree se encuentra en Irán en estos momentos tras haber huido a Marruecos después del atentado de Vidal Quadras. La aparición de la Mocro Mafia como 'proxy' del régimen iraní para cometer atentados en suelo europeo no es nueva.

En Países Bajos, los grupos de la Fuerza Quds de Irán, el ala militar que opera fuera del país, han estado presentes desde hace mucho y, si han querido asesinar a disidentes iraníes, han utilizado a sicarios de la Mocro Mafia. Por eso se investigó al poderoso narcotraficante Naoufal Fassih, del clan Ridoaun Taghi, que cumple condena a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos por participar en el atentado contra el disidente iraní Mohammad Reza Kolahi Samadi en 2015 en Almere (Países Bajos).

La aparición del grupo de Taghi con las fuerzas Quds siguió vigente para los servicios secretos de Países Bajos, que directamente creían hasta su captura en 2019 en Dubái que mantenía estrechas relaciones con Hezbollah y que en cierta manera estaba protegido por los Ayatolás. Esta relación con Irán fue una de las razones por las que Emiratos Árabes Unidos lo extraditó.

Desde los atentados del 7 de octubre de Hamas, la actividad de los grupos 'proxys' de Irán en Europa aumentó, y con ello sus alianzas con el crimen organizado. Los servicios secretos suecos, de EEUU y de Israel acusan al clan Foxtrot de Suecia de perpetrar el atentado contra la embajada de Israel en Estocolmo en enero de 2024.

El capo de esa organización criminal, que trafica con todo tipo de drogas en Suecia, principalmente con cocaína, es Rawa Majid. Está sancionado por el Tesoro de EEUU por ser parte de la red del Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán. Majid es un kurdo-iraquí que vivió gran parte de su vida en Suecia y que, tras la guerra interna de su organización, se marchó al Kurdistán iraquí para seguir controlando desde allí su empresa criminal que genera decenas de millones de euros.

La policía sueca se toma en serio que las mafias formadas por personas con ascendencia iraquí o iraní comiencen a atentar contra los intereses de EEUU y de Israel en en Suecia. Así lo ha declarado recientemente el jefe de investigación de la policía del país. Y más con el atentado que se organizó a principios de mes contra la embajada de Estados Unidos en Oslo (Noruega).

Esta guerra contra Irán hará que actores del crimen organizado sean una punta de lanza para influir en la seguridad de países europeos si el régimen de los Ayatolás decide cometer atacar lugares de interés para EEUU e Israel. Lo hicieron en el pasado en España, Países Bajos, Reino Unido, y Alemania, y podrán activar a sus células durmientes que tienen vinculaciones directas con grandes grupos criminales que operan en Europa.

La Mocro Mafia y las organizaciones suecas tienen contacto directo con Irán y pueden perpetrar atentados en toda Europa. Además, cuentan con aliados en otros lugares, como en Alemania, donde hay clanes importantes con pasado iraní.

La relación del crimen organizado con las acciones terroristas están en una fina línea que el régimen iraní está dispuesto a usar para forzar que se detengan los ataques contra su país, ya que es la única forma que tendrán de actuar si se ven completamente acorralados. Hacia ahí parece caminar el escenario, en vista de que la campaña militar sigue. Habrá sicarios que dejen de trabajar para el narcotráfico, y que su trabajo sea luchar por los intereses geopolíticos de Irán.

El mayor alijo de cocaína desde octubre de 2024, cuando el Cuerpo Nacional de Policía intervenía en Algeciras los 13.000 kilos de cocaína atribuidos a la organización del inspector jefe supuestamente corrupto, Óscar Sánchez Gil, en conexión con un gran entramado que opera entre España y Dubái, fue intervenido en los últimos días en Francia. En Dunkerque. Un puerto no muy conocido por la infiltración de los narcos (hasta ahora) pero que sí estaba en el radar policial. Tres contenedores que suman otros 13.000 kilos se convierten en la mayor intervención de polvo blanco sudamericano del presente año (y también del anterior) en tierras de Europa, si bien las autoridades del país galo no han podido relacionar los alijos, al menos por ahora, con sus propietarios.

David Amiel, ministro de Acción Pública y Cuentas, felicitó a los servicios de aduanas por las tres "incautaciones excepcionales de cocaína realizadas en el puerto de Dunkerque" los días 7, 12 y 18 de febrero, que suman más de 13 toneladas de estupefacientes.

Estas incautaciones, que incluyen 1,9 toneladas, 8,4 toneladas y 2,8 toneladas de cocaína, fueron aprehendidas a las redes criminales en menos de dos semanas. La mercancía interceptada representa un valor minorista de casi 865 millones de euros.

Tras la publicación del informe anual de aduanas francés el 19 de febrero en Bercy, estas tres incautaciones sucesivas confirman la creciente capacidad operativa y analítica de los agentes de aduanas de Francia frente al narcotráfico internacional, así como su constante compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

Después de marcar un histórico récord en 2025, año en el que se incautaron en el país cerca de 109 toneladas de estupefacientes con un valor mayorista estimado de 2.190 millones de euros, el trabajo policial sigue avanzando en Francia. Así, si el año pasado los servicios de aduanas interceptaron una cifra récord de 31,26 toneladas de cocaína, lo que suponía un aumento del 49% con respecto a 2024, con esta triple incautación suman casi la mitad de todo lo decomisado en los doce meses precedentes.

David Amiel declaró: "Tras un 2025 marcado por la histórica incautación de más de 31 toneladas de cocaína por parte de la Aduana francesa, estas tres incautaciones a gran escala llevadas a cabo en Dunkerque sólo en el mes de febrero demuestran que los servicios y agentes de aduanas mantienen su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico".

Más allá de las declaraciones del ministro, hay una cuestión sobre la mesa: los narcos apuestan por puertos menos vigilados y retoman los grandes envíos en contenedores, por toneladas. Así, en Francia, han decidido operar en Dunkerque, huyendo de la vigilancia existente en Le Havre, hasta que han sido detectados. Y lo han hecho no con pequeños cargamentos, como venía siendo habitual desde el golpe policial de Algeciras citado anteriormente, sino, de nuevo, con alijos colosales valorados en cientos de millones de euros. En esta ocasión, han arriesgado mucho y han perdido.

No existe una confirmación por escrito, pero la noticia se da por buena. Así lo desvelan fuentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil, dos de los cuerpos de seguridad que seguían la pista de Sebastián Marset, líder del que se vino a denominar Primer Cártel de Uruguay, socio directo del Primeiro Comando da Capital y de la 'Ndrangheta italiana, y acusado de enviar toneladas de cocaína entre Sudamérica y Europa en contenedores marítimos.

Marset fue capturado en el barrio de Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la localidad en la que, según distintas fuentes, lleva años instalado gracias a sus relaciones directas con las organizaciones que allí operan y, tal vez, también con autoridades locales. Sin embargo, ha sido la policía del país andino la que ha ejecutado la operación. Así lo desvela Jalil Rachid, ministro de la citada Senad, que asegura haber recibido la información por parte de sus compañeros bolivianos.

Todo apunta a que Marset fue capturado en condiciones de seguridad y que junto a él cayeron varias personas que conformarían su núcleo de confianza en la localidad boliviana que, por otra parte, es bien conocida a nivel internacional por ser refugio de importantes redes criminales dedicadas al narcotráfico, siendo un lugar ideal para coordinar los envíos de la droga que se produce en Bolivia hacia otros puntos de Sudamérica, especialmente hacia Brasil, y desde allí para su posterior traslado a Europa.

En cuanto al futuro del narco, y aunque su esposa, Giannina García Troche, está en una cárcel paraguaya acusada de presunto blanqueo, y que él mismo está considerado uno de los líderes del envío de droga hacia Europa en el marco de la operación Ultranza —la que sirvió para conocer la gran ruta de la cocaína desde Paraguay-, todo parece indicar que será extraditado a Estados Unidos, país que le reclama desde hace algún tiempo por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. Así lo deja entrever la presencia de la DEA en el operativo de forma coordinada con las autoridades paraguayas.

Distintos indicios le llegaron a vincular también con el asesinato del fiscal antidroga paraguayo, Marcelo Pecci, en la isla colombiana de Barú, pues se trataba del hombre que investigaba, entre otras actividades, las que se le atribuyen a él. Sin embargo, parece que estos hechos serán difíciles de acreditar, en especial por la muerte en prisión de uno de los testigos clave de lo sucedido.

El ministro Rachid señala que hay varios detenidos, de varias nacionalidades, que formaban parte de la estructura cercana a Sebastián Marset. "Por la información que recibimos se estaba moviendo en muchos lugares en Bolivia y se están produciendo registros en distintos puntos. La operación está completamente abierta", añadió.

Para el buen fin de cualquier negocio de narcotráfico a escala planetaria, el elemento más importante reside en la comunicación. En un escenario en el que las organizaciones criminales han apostado decididamente por los grandes alijos por vía marítima, la conexión entre embarcaciones de toda clase, desde narcolanchas hasta semisumergibles, de forma coordinada y en tiempo real, resulta imprescindible. Lo saben bien los tripulantes de la flota de embarcaciones que se halla en aguas del Atlántico a la espera de instrucciones, y también los intrépidos pilotos que se atreven a cruzar el largo camino entre Sudamérica y Europa en narcosubmarino para hacer llegar la cocaína a su destino.

Ya desde la década de 1990, las fuerzas de seguridad tenían la obsesión de acceder a las comunicaciones de los narcos, no solo en España –especialmente en Galicia–, sino también en el resto de Europa y en Sudamérica, que ya entonces eran las zonas más calientes. Fue entonces cuando comenzaron a avanzar en ese sentido con la intervención de los teléfonos, primero de los fijos y posteriormente también de los móviles e incluso, más adelante, de determinados terminales con conexión satelital. Todo ello sirvió para dar duros golpes a los narcos, que, como siempre, buscaron alternativas.

Así, con el cambio de siglo comenzaron las comunicaciones a través de Internet, bien mediante correos electrónicos, bien por otros sistemas difíciles de rastrear, a las que se añadió el uso generalizado de teléfonos BlackBerry, cuyos sistemas de encriptación sirvieron de mucho a los narcos durante algún tiempo.

En paralelo al uso habitual de Internet surgieron las primeras aplicaciones encriptadas, que comenzaron por ser más sencillas pero que acabaron convirtiéndose en auténticas herramientas de trabajo para los narcos, tales como Sky-ECC o EncroChat, por citar a las más famosas. Sin embargo, después de la pandemia, las autoridades de distintos países lograron localizar sus servidores, ubicados en la localidad francesa de Roubaix y desde donde daban cobertura al crimen organizado de todo el mundo. Fue en 2021 y a fecha de hoy, los narcos siguen cayendo merced a esa desencriptación.

Sin embargo, y una vez más, los criminales han ido un paso por delante, colocándose en un estadio superior en el que logran comunicarse a distancia sin miedo, al menos por ahora, a ser detectados por las autoridades. Y lo han hecho, cómo no, de la mano de las nuevas tecnologías.

La primera gran evidencia detectada por Narcodiario de que los criminales apostaban por las antenas Starlink del magnate Elon Musk se produjo en febrero de 2024. Este medio contó en exclusiva que Kiko El Cabra y su gente, que habían sido detenidos y estaban en prisión por ello, no habían sido los autores del crimen de Barbate en el que una narcolancha embistió a una zodiac de la Guardia Civil, matando a dos agentes en el acto. Para ofrecer esa información, nos fijamos en las características de la lancha tripulada por El Cabra, que, además del navegador Garmin que por entonces llevaban todas las embarcaciones de su clase, lucía una segunda antena que en aquel momento no era aún muy conocida. Era una Starlink. Y su presencia sirvió para acreditar que esa lancha estaba alejada del lugar cuando se produjo la dramática escena.

Por entonces no estaban muy extendidas, pero empezaban a verse en el Sur de España. Ahora, las Starlink están montadas en todas las planeadoras, incluso en los narcosubmarinos, que en ocasiones llevan hasta dos de ellas.

La Starlink ofrece una conexión en movimiento, adaptada para vehículos, con una calidad altísima, similar a la que aporta la fibra óptica, incluso en las zonas más remotas de la tierra. Está preparada, además, para resistir todas las inclemencias del tiempo, lo que asegura un buen funcionamiento en circunstancias adversas. Y lo más importante: le permite a los narcos comunicarse en tiempo real, solo con usar aplicaciones encriptadas que cualquiera puede manejar en sus teléfonos, tales como Signal o Telegram, sin ser detectados por la Policía.

Starlink es, pues, una auténtica revolución para los narcos. Cualquiera puede acceder a sus servicios por satélites solo con comprarse una antena y pagar una cuota mensual que, para estas redes criminales, resulta ridícula. Elon Musk, propietario de SpaceX -la firma que está detrás de este sistema-, además de dueño de Tesla o de la plataforma X, antigua Twitter, tiene las llaves. De su poder puede surgir alguna idea para que las fuerzas de seguridad vuelvan a tener opciones y puedan seguir la pista de las redes criminales con más eficacia.

La realidad actual es que este sistema ya no solo es preferente en España y en otros países avanzados, sino también en Latinoamérica. Para muestra, basta con observar la última incautación ejecutada por la Armada Nacional de Colombia en aguas del río Arauca, en el entorno de la frontera con Venezuela, otra de las zonas calientes para el narcotráfico a nivel mundial. En una lancha, los uniformados hallaron 110 antenas cuyo más que probable destino eran las redes del crimen organizado de la región, bien para sus laboratorios, sus astilleros clandestinos o sus embarcaciones.

Otro ejemplo muy gráfico que reveló Narcodiario meses atrás fue el del primer narcosubmarino teledirigido intervenido en altamar hasta el momento, también en Colombia, sin tripulación pero dotado de una de estas famosas antenas de Elon Musk.

La era de los narcosubmarinos afecta no solo a España, país elegido por cárteles de todo el mundo para recibir grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica por este medio de transporte, sino también a Centroamérica y, cada vez con más fuerza, a Australia. Ese es el más que probable destino del mayor semisumergible jamás intervenido hasta la fecha en cualquier lugar del planeta: 35 metros de eslora, con capacidad para cuatro tripulantes y más de 5.000 kilos de cocaína.

El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de isla Santa Rosa, en la costa del Pacífico, en terreno de Ecuador pero a muy pocos kilómetros de distancia de la frontera sur de Colombia. El lugar de la incautación esta próximo al punto en el que se había apresado el aparato que lucía el anterior récord en cuanto a tamaño, 30 metros, si bien en aquel caso se trataba de un aparato diferente, con motores fueraborda y, por lo tanto, un destino distinto: acercar la sustancia a Centroamérica para su envío a México.

En el caso que acaba de trascender, todo apunta a un objetivo muy distinto: Australia. Ello es así no solo por el lugar en el que fue localizado, en la costa del Pacífico, sino por sus características: es un aparato de bajo perfil muy similar a los que han sido hallados en España o en el Atlántico en dirección a Europa: motorización intraborda, propulsión diésel y gran capacidad para el combustible. De hecho, tenía en su interior 24.000 litros, cantidad más que suficiente como para alcanzar Nueva Zelanda o Australia sin repostar, dada la eficiencia de los citados motores.

En cuanto a la propiedad del aparato, no ha podido ser esclarecida, aunque las investigaciones propias de Narcodiario apuntan a una alianza entre organizaciones locales y el cártel Jalisco Nueva Generación, dominador de buena parte de las nuevas rutas que acaban en el mercado mundial donde la cocaína ofrece mayores beneficios: el australiano.

La operación se desarrolló en una zona marítimo-fluvial y a cargo de efectivos de la Armada de Ecuador, e incluyó la localización de todo un campamento en el que se preparaban embarcaciones como esta para su partida. Se trata de una especie de astillero clandestino ubicado en el corazón de la reserva natural del Cayapas-Mataje. La estructura es, sin embargo, diferente a la que se encontró recientemente en La Guajira colombiana.

Cuando los agentes llegaron al lugar, fueron recibidos a tiros por las personas que custodiaban el enclave, si bien en el marco de la refriega, consiguieron hacerles huir. El primer hallazgo fue el semisumergible, amarrado en uno de los brazos fluviales del enclave y preparado para afrontar una gran travesía marítima, como se ha dicho, ya con el combustible en sus depósitos.

En el astillero también había seis pequeñas lanchas construidas, igual que el semisumergible, en fibra de vidrio, además de numerosas garrafas de combustible, todas ellas de diésel, motores fueraborda, equipos de navegación y una escopeta, entre otros efectos. También se localizaron colchones de un tamaño específico para introducir en los narcosubmarinos, similares a los que se han visto ya en anteriores ocasiones.

El aparato y el resto de evidencias fueron remolcados a muelle para proseguir con las pesquisas que, en todo caso, han servido para evitar al menos un gran viaje oceánico con cocaína.

Yusef Mohamed Lehrech, más conocido como El Pastilla, conocido sicario del Campo de Gibraltar y que saltó a la fama tras su fuga de la prisión de Alcalá Meco y su posterior arresto en Alemania a manos de la Udyco Central –todo ello tras la presunta comisión de al menos dos asesinatos por encargo– acaba de ser absuelto de uno de los crímenes que se le atribuían.

Se trata de la muerte de un trabajador del puerto de Algeciras que, según diversas fuentes, habría confundido con otro vecino del barrio de El Saladillo, donde se produjo el crimen, al que le habrían encargado asesinar en el marco de la guerra entre clanes de la droga de esa región. Las facciones enfrentadas, encabezadas por alias Piolín y alias Tayena, acabaron muy mal: el propio Pastilla mató –él mismo lo confesó– al citado Tayena, para el que había trabajando con anterioridad, en un segundo asesinato por el que será juzgado en septiembre.

El Pastilla, que ahora tiene 22 años –cometió el crimen con solo 19–, fue juzgado y condenado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cádiz en junio pasado. Entonces se entendió plenamente acreditado que el joven disparó "a cambio de un precio" y por la espalda a la víctima, todo ello ataviado con ropa oscura y el rostro tapado con el objetivo de ocultar su identidad.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tomado la decisión opuesta, y ha revocado dicho dictamen absolviendo al Pastilla, que había sido condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por el asesinato del mes de octubre de 2022, condena que le fue impuesta tras el veredicto de culpabilidad emitido por el citado jurado popular, por mayoría de siete votos.

En una sentencia dictada el día 19 de febrero, el TSJA estima de este modo el recurso de apelación formulado por la defensa del condenado contra el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó al acusado a 22 años y 6 meses de prisión por un delito de asesinato con alevosía y mediante precio y con la circunstancia agravante de disfraz.

Así, el TSJA absuelve al acusado al considerar que en este caso se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”.

La Audiencia de Cádiz consideró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del día 6 de octubre de 2022, cuando el acusado se dirigió a una calle concreta de Algeciras donde se encontraba la víctima y, “con ánimo de acabar con su vida”, le disparó con una pistola, a consecuencia de lo cual el agredido falleció a las 22.30 horas del día de los hechos en un centro hospitalario.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, el acusado “asumió el encargo de matar” a la víctima “a cambio de una suma de dinero” y cometió los hechos “de forma sorpresiva, disparándole por la espalda, garantizando así el resultado que pretendía al no poder la víctima defenderse ni pedir ayuda”. Además, y según el veredicto del jurado, el encausado “cometió los hechos vistiendo ropa oscura, llevando guantes negros y sobre la cabeza la capucha de una sudadera, con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”.

Frente a ello, el TSJA declara probado que “una persona disparó” contra la víctima el día 6 de octubre de 2022 “con ánimo de acabar con su vida, causándole la muerte”, no habiendo quedado acreditado que dicha persona fuera el acusado.

En este caso, añade, “lo que ha de determinarse es si la íntima convicción de siete de los nueve jurados estuvo basada en un material probatorio que deba valorarse como suficiente y no si este tribunal comparte su convicción subjetiva o intuición”, de modo que “se trata de determinar si la afirmación de los testigos 1 y 2 en sede policial de que una fotografía de las varias que se les presentaron se corresponde con la persona que efectuó los disparos sirve como prueba de identificación del autor tras haber sido ratificada formalmente en el plenario sin mediar rueda de reconocimiento en el Juzgado de Instrucción ni efectuarse identificación visual en el acto del juicio”.

Al hilo, el TSJA señala que “la identificación del autor era en este caso especialmente complicada, porque iba oculto con una capucha de una sudadera “con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”, una premisa de la que “hemos de partir por ser hecho probado y haberse apreciado la concurrencia de una agravante de disfraz”.

El TSJA afirma que en este caso “existe como dato fundamental el reconocimiento fotográfico del acusado” por parte de do testigos protegidos, pero “es sabido que el reconocimiento fotográfico en sede policial por un testigo no es un medio probatorio, sino una diligencia apta para iniciar, proseguir o reconducir líneas de investigación”, de forma que, “para que el reconocimiento valga como prueba testifical (por tanto, con valor de prueba directa), es necesario que se proceda a la práctica de un reconocimiento en rueda con todas las garantías en sede judicial y con presencia de la defensa, cuyo resultado sí puede introducirse en el juicio oral como prueba anticipada (dadas las dificultades de proceder a un reconocimiento en rueda en el acto del juicio), a menos que por razones excepcionales el reconocimiento en rueda no pudiera practicarse”.

En este sentido, el TSJA subraya que “tal exigencia de un reconocimiento en rueda es particularmente importante en casos como el presente, en que las condiciones para la identificación son débiles o precarias (ya sea por la escasa visibilidad, o por el hecho de que el autor hubiere intentado ocultar su rostro)”. “No cabe duda de que una identificación en esas condiciones, y con presencia del abogado defensor, suministraría, objetivamente, un fundamento con mayor convicción que el sólo hecho de identificar una fotografía sin que haya constancia de las circunstancias en que se produjo tal identificación al no haber presencia judicial ni de la defensa del incriminado sobre el que ya existían sospechas”, apostilla.

El TSJA asevera que, en este caso, “no se practicó el reconocimiento en rueda, por razones que no han quedado explicadas, sin que se haya puesto en duda que el testigo y el acusado (en situación de prisión provisional por otra causa) hubiesen estado a disposición judicial para su práctica”.

“No es preciso, en este caso, aludir a que la posibilidad de sustituir el reconocimiento en rueda por la identificación visual directa en juicio deba responder a razones excepcionales que no consta que concurrieran, ni al importante riesgo de contaminación o debilidad epistemológica del tal modo de proceder, por cuanto, como afirma la defensa en su recurso y discuten con ambigüedad las acusaciones al impugnar el recurso, lo cierto es que en el acto del juicio no hubo tampoco reconocimiento o identificación visual, por la sencilla razón de que los testigos protegidos 1 y 2 declararon por videoconferencia y, según queda constancia en la grabación del juicio, no hubo contacto visual, pues así lo hizo constar la magistrada presidenta al inicio del interrogatorio de uno y otro, avisándole de que en cada momento le iría diciendo quién le interrogaba, pues el testigo no los iba a ver”, pone de manifiesto el TSJA.

De este modo, y según prosigue la sentencia, “lo que hicieron los testigos fue, pues, “ratificar” que en sede policial identificaron a una persona, pero una cosa es ratificar un reconocimiento ya efectuado, y otra bien distinta es volver a reconocer, en presencia del jurado y de las partes”, señalando el TSJA que, “por más que alguna sentencia parezca asimilar ambas cosas, o no distinguirlas, lo cierto es que no pueden confundirse, pues en un caso no hay más que ratificación de una diligencia policial que es reproducible y carece por sí de valor probatorio, y en el otro caso hay una prueba efectuada en presencia judicial y con todas las garantías, susceptible por tanto de valoración”.

El TSJA considera que en este caso es de aplicación el criterio que dejaron sentado dos sentencias del Tribunal Supremo que “sí distinguieron con precisión la ratificación del reconocimiento policial y el reconocimiento practicado en el plenario”, en base a todo lo cual el TSJA considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”, por lo que revoca la sentencia dictada condenatoria dictada por la Audiencia de Cádiz y absuelve al acusado.

El narcotráfico es un negocio ilegal que no vive de espaldas a la geopolítica. De hecho, su influencia es bastante patente, como se ha podido ver en los últimos meses con los movimientos que desde el Gobierno de Trump se han ido realizando en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro. No hay que olvidar que el ataque a varios puestos militares en territorio venezolano fue la excusa para detener por narcotráfico al que había sido presidente del país desde 2013. Fue una campaña que se intensificó con los ataques selectivos por parte del ejército de EEUU a narcolanchas que están supuestamente involucradas en operaciones de cierto nivel.

Esta semana ha vuelto a quedar claro que esos ataques eran más que un hecho puntual, pero ahora la prioridad para EEUU es resolver su conflicto con el régimen iraní. Si se produce la escalada bélica y se sostiene durante un tiempo, va a tener influencia directa en el narcotráfico mundial.

El traslado de los cientos de aviones de la US Air Force que se han desplazado desde enero, primero de EEUU a Europa, y luego desde aquí hacia Oriente Medio, va a tener consecuencias directas en la información de inteligencia que la DEA tiene de los movimientos del narcotráfico en España. Las bases de Rota y Morón de la Frontera son cruciales en la logística de estas operaciones para presionar a Irán, y por aquí se han podido ver decenas de aviones cisterna, de transporte, cazas de combate, de defensa aérea y de Inteligencia.

Se ha 'mapeado' toda la situación operacional del Estrecho de Gibraltar para que pueda discurrir por él sin problema el que ahora es el portaviones de vanguardia de la marina de EEUU, el George R. Ford. Y por ello, cualquiera de las decenas de narcolanchas que se hallan en espera de alijar en las costas españolas han sido detectadas.

Esto puede servir en el futuro para que la DEA conozca puntos de referencia de transbordos de la droga de narcosubmarinos o mercantes que hayan transportado cocaína, ya que el hachís no le interesa lo más mínimo a la Administración de Control de Drogas de EEUU.

Estas 'gomas' en espera son un quebradero de cabeza para navieras que están cada vez más preocupadas porque puedan provocar algún accidente con daños en sus buques. Precisamente esta misma semana se emitió una alerta de Salvamento Marítimo por una narcolancha que se encontraba a la deriva a 45 millas de Cádiz antes de embocar el Estrecho de Gibraltar.

Volviendo al tema estrictamente iraní, si EEUU ataca el país, todo Oriente Medio se desestabilizará de nuevo y las rutas de drogas hacia Europa o a través de Asia van a acabar afectadas. Los primeros clanes en cambiar rutas o personas de confianza serán los narcotraficantes vinculados de alguna manera con Hizbulá. Esta organización libanesa tiene fuertes vínculos tantos personales como económicos con el régimen teocrático de Irán y, si caen los Ayatolás, ellos tendrán que adaptarse a una nueva situación.

Esta circunstancia les puede perjudicar, porque ya desde años el brazo armado de Hizbulá (considerado terrorista por la UE) contaba en Sudamérica con hombres como Nasser Abbas Bahmad, que desde Ciudad del Este (Paraguay) supuestamente controló envíos de cocaína hacia Europa y Oriente Medio mezclados en carbón vegetal.

Según Agustín Ceruse, de Encriptada, Abbas era el hombre más buscado por la DEA en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, ya que se estableció allí para financiar a Hizbulá. Una situación que se descubrió en 2021; y por ahora sigue fugitivo. Se cree que es responsable de producir carbón vegetal que luego se utilizaba para esconder cocaína en contenedores marítimos como los que llegaron a Algeciras procedentes de Paraguay el 11 de noviembre de 2020 con más de 2.000 kilos de este droga. También hay otros envíos sospechosos hacia Siria o Israel.

Con el despliegue militar que está realizando Estados Unidos en Oriente Medio —con refuerzos aéreos y movimientos en bases de países aliados como Jordania o Emiratos Árabes Unidos— muchos analistas consideran que la presión sobre Irán es real y que el riesgo de un ataque militar es bastante alto.

Si la estrategia impulsada por Donald Trump terminara provocando la caída del líder supremo, Ali Jamenei, o una fuerte desestabilización del régimen, uno de los efectos inmediatos sería el deterioro de la seguridad interna iraní. Esto es especialmente relevante para el narcotráfico mundial porque Irán es un territorio clave, hasta hace un tiempo en la llamada ruta de los opiáceos procedentes de Afganistán, aunque ahora estos ya se producen en buena medida en el propio país tras el retorno de los talibanes y sus políticas de prohibición de cultivo de la adormidera. Gran parte de la heroína que abastece a Europa pasa por suelo iraní antes de dirigirse hacia Turquía, los Balcanes y posteriormente al mercado europeo.

Si el aparato de seguridad iraní se debilitara por una crisis política, una guerra o luchas internas, las redes criminales podrían aprovechar el vacío de poder para incrementar el tráfico, abrir nuevas rutas o reducir los riesgos logísticos del transporte.

Históricamente, cada vez que un Estado que controla un corredor estratégico pierde capacidad de vigilancia, el crimen organizado se adapta rápidamente y expande sus operaciones. En este contexto, también podrían fortalecerse organizaciones criminales vinculadas a la diáspora iraní en Europa, especialmente aquellas asentadas en países como Alemania, que en los últimos años han ganado presencia en redes de tráfico y blanqueo. Para estos grupos, un Irán más inestable significaría más facilidad para coordinar envíos, mover dinero y consolidar su papel dentro del mercado global de la droga.

A este escenario se suma el impacto que tendría una escalada regional en las principales rutas marítimas. Si Estados Unidos atacara Irán, Teherán podría responder presionando el tráfico comercial internacional mediante ataques indirectos o acciones de sus aliados, como los hutíes, contra buques mercantes que transitan por el Canal de Suez. Esto encajaría con la lógica estratégica iraní de golpear el comercio global sin enfrentarse directamente a la superioridad militar estadounidense.

Para el narcotráfico, una alteración de esta arteria entre Asia y Europa tendría consecuencias inmediatas: desvíos de rutas, saturación de otros puertos y menor capacidad de inspección. En contextos de crisis logística, las redes criminales suelen aprovechar el aumento del volumen y el desorden comercial para mover droga con mayor facilidad.

Una guerra contra Irán no solo sacudiría la política y la economía mundial, sino que también tendría un efecto inmediato sobre las rutas del narco. La inestabilidad interna y los cambios en las rutas comerciales podrían abrir nuevas ventanas para el crimen organizado mundial, alterando mercados y flujos de drogas que hoy se creían controlados. Europa y Asia podrían ver un aumento en la presencia de redes iraníes que buscan aprovechar el vacío de poder que dejarían los ayatolás. En definitiva, el conflicto reconfiguraría el ecosistema global del narcotráfico durante años.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a una persona por su presunta participación en un delito de proposición para cometer un asesinato. El arrestado había realizado un encargo a un programa de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España que, por suerte, fue desmantelado en marzo de 2025, todo ello con el objetivo de acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros.

Junto al principal sospechoso, en el marco de la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

Esta detención es fruto del análisis de la información obtenida tras la citada operación, desarrollada en el mes de marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio de España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo. Llegaron incluso a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima objeto del encargo obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata.

En el dispositivo policial de la operación inicial, bautizada Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara. En dichos mensajes se detallaba el plan para perpetrar el homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, decretando su ingreso en prisión. La presencia de organizaciones como la salvadoreña que acepta encargos de asesinatos a tan bajo precio genera un gran problema de seguridad ciudadana en España.

Al mismo tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen desplegadas en todas las rías gallegas en busca del último semisumergible con cocaína detectado en esas aguas del noroeste de España, efectivos de la Armada Nacional de Colombia ejecutaban la fase final de una acción policial con pocos precedentes en el país. Los uniformados detectaron un astillero en el que se producían los narcosubmarinos que acaban en Europa, además de otras lanchas de bajo perfil empleadas para el transporte de la cocaína. Ocurrió en el desierto de La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Fueron labores de inteligencia naval de la Armada de Colombia las que permitieron determinar que, en medio del desierto, en las cercanías de Bahía Hondita, en Uribia, organizaciones transnacionales al servicio del Clan del Golfo ocultaban un complejo astillero artesanal para la fabricación de semisumergibles y el transporte de los mismos desde el árido desierto hasta el mar.

Los uniformados explicaron que los aparatos se fabricaban en zonas de manglar, donde eran preparados para ser cargados con clorhidrato de cocaína. El objetivo final era "alcanzar la ruta transatlántica que comprende el Caribe oriental desde Colombia pasando por Las Antillas hasta llegar al continente europeo".

Una vez confirmada la información, se activó una robusta operación conjunta en la que durante cinco días consecutivos participaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que, desde el cielo, monitoreaban la zona y garantizaban el ingreso seguro de las tropas en tierra.

Entre tanto, unidades navales de la Armada de Colombia se posicionaron en el área de operaciones, para realizar un cierre marítimo. Mientras, tropas del Ejército Nacional y unidades de Infantería de Marina ingresaban por tierra con maniobras decisivas.

Al consolidar el área, las autoridades colombianas lograron el hallazgo de un centro logístico neurálgico para el alistamiento, abastecimiento y proyección de medios empleados en el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia Europa en narcosubmarinos, como el incautado recientemente en las Islas Azores.

Fueron tropas de la Primera División del Ejército Nacional las que, en la acción conjunta, lograron ubicar un astillero artesanal clandestino con la capacidad para la construcción y adecuación de semisumergibles. Allí encontraron un fusil y un revólver, pero lo más importante fueron los materiales para fabricación en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques especializados (cama baja) y elementos logísticos destinados al almacenamiento y transporte de combustible, evidenciando la existencia de una infraestructura estable para el sostenimiento de estas actividades ilícitas.

Paralelamente, cerca de la zona, unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, medios aeronavales y comandos navales de la Fuerza Naval del Caribe hallaron en una bahía que conecta con aguas abiertas un semisumergible listo para ser lanzado al mar, con capacidad estimada para transportar hasta diez toneladas de droga, y equipado con dos motores.

Además, incautaron una lancha rápida de bajo perfil con capacidad de carga cercana a las tres toneladas de sustancias ilícitas y propulsada por cuatro motores de alta potencia. En el área también fueron encontrados más de 3.000 galones de combustible (más de 12.000 litros), equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación.

Ante la presión y despliegue operacional, las estructuras criminales dejaron abandonado el complejo artesanal antes de la llegada de los uniformados. El complejo fue destruido de manera controlada conforme a los protocolos establecidos.

El desarrollo de esta operación evita la configuración del acto delictivo e interrumpe la capacidad de transportar sustancias ilícitas desde Colombia hacia el continente europeo y, en especial, hacia España y Galicia, destino habitual de estas embarcaciones.

Se trata de la segunda fábrica de semisumergibles de este tipo localizada en América Latina en los últimos meses, tras la hallada al norte de Brasil en otra acción conjunta, en aquel caso entre la Policía Federal de ese país y la Policía Nacional española, a través de los GRECO Galicia de Pontevedra.

Un vecino de Vigo estaba detrás de una parte importante del entramado criminal. Originario de República Dominicana, residía en una vivienda muy cercana a la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad olívica. Una señal inequívoca de que se sentía seguro. Su misión: reclutar a mujeres vulnerables para enviarlas en aviones a países terceros, especialmente Islandia, transportando drogas. Principalmente cocaína, pero también drogas de diseño. La organización, que cayó en el marco de una gran redada de Europol, es la segunda dedicada al narco por vía aérea que se viene abajo en 2026 tras la anunciada en estas líneas este lunes que enlazaba Brasil con España.

El operativo fue desarrollado por agentes de la Policía Nacional y, en concreto, por la Udyco de Vigo, entre otras unidades, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust.

En el conjunto de la acción se ha desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello, como se ha dicho, correos humanos que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales.

La red obtuvo beneficios superiores a los 4 millones de euros gracias a la venta de drogas, que llegaban desde Sudamérica, los cuales se habrían blanqueado mediante propiedades y bienes inmobiliarios en Lituania.

La operación se ha saldado con la detención de 34 personas en distintos países europeos, cuatro de ellas en España, siete en Lituania, 20 en Islandia (15 de ellas españolas), dos en Bélgica y una en Dinamarca, y la incautación de más de 100 kilogramos de cocaína, además de otras drogas sintéticas.

La investigación se inició en febrero de 2025, cuando las autoridades policiales islandesas informaron a la Policía Nacional de la detención de dos ciudadanos españoles en el aeropuerto de Keflavík. Los arrestados transportaban en su equipaje ocho botellas de ron que contenían un total de 8.400 mililitros de base de cocaína líquida. La procedencia inicial era España, concretamente el Puesto Fronterizo de Bilbao.

Durante la misma, se constató la existencia de una organización criminal transnacional integrada por ciudadanos de diversas nacionalidades y liderada por un ciudadano ruso afincado en Lituania, considerado objetivo de alto valor por Europol.

Tras las primeras investigaciones se solicitó apoyo operativo a la Udyco para la localización e identificación de posibles integrantes de la organización que pudieran encontrarse en España, país de origen de la droga en Europa. Esta acción se implementó considerando la habitualidad con la que el líder de la red en España, que no era otro que el residente en las Rías Baixas gallegas, se desplazaba desde su base pontevedresa por ciudades españolas, tales como como Barcelona, Gijón y Viveiro (Lugo).

Desde entonces se produjeron diversas aprehensiones de cocaína en Islandia, transportada tanto en equipajes facturados como, en algunos casos, oculta en el interior del cuerpo de los correos, quienes eran detenidas en el mismo momento de la incautación.

El análisis del perfil de los detenidos permitió confirmar que los dirigentes del entramado criminal y, en concreto, el hombre que vivía cerca de la comisaría de Vigo, se servían de personas en situación de especial vulnerabilidad económica y social, seleccionando mujeres sin recursos, con entornos familiares desestructurados y carentes de estabilidad social. La organización se aprovechaba de este contexto para instrumentalizarlas como 'mulas', ofreciéndoles a cambio una compensación económica mínima y claramente desproporcionada en relación con el riesgo asumido.

Gracias a la colaboración de los Puestos Fronterizos de Bilbao y Las Palmas, puntos de partida de los vuelos, se logró identificar a una de las personas responsables de acompañar a las ‘mulas’ hasta el aeropuerto, la cual supervisaba tanto la facturación del equipaje como el embarque en los vuelos correspondientes. Asimismo, se pudo alertar a las autoridades de Islandia y Lituania sobre sus desplazamientos, lo que permitió la incautación de la droga y la detención de los correos en su destino.

La labor operativa desarrollada por las distintas unidades participantes resultó determinante para la identificación de los miembros de la organización asentados en España, responsables del reclutamiento de las personas vulnerables y de la organización de los desplazamientos, llegando incluso a acompañarlas hasta su destino final.

Tras más de un año de investigación, en la que Europol y Eurojust desempeñaron un papel clave en la cooperación policial y judicial internacional. Así, el 4 de febrero de 2026 se llevó a cabo la explotación operativa simultánea en varios países de la Unión Europea. Para ello se estableció un Centro de Coordinación Operativa y un canal seguro de comunicaciones.

Durante la operación se realizaron 41 registros en total, donde se intervinieron numerosos terminales telefónicos e informáticos de gran interés, dinero en efectivo, monederos de criptomonedas y útiles para la fabricación de dobles fondos en maletas.

Desde el inicio de la investigación, se han incautado más de 100 kilogramos de cocaína, 5.100 pastillas de MDMA y alrededor de un kilogramo de ketamina y metanfetamina, lo que ha permitido desarticular por completo el entramado criminal. 15 ciudadanos españoles permanecen actualmente en prisión en Islandia.

Que el narcotráfico da enormes beneficios a quienes ocupan la parte más alta de la pirámide es una realidad incontestable, pero a veces la realidad supera a la ficción. Una boda en la Villa Balbiano del lago de Como (en Lombardía, Italia), varias mansiones en la isla artificial Palm Jumeirah de Dubái o relojes Patek Philippe de esmeraldas o rubíes valorados en hasta dos millones de euros. Estos son solo algunos de los lujos que se permitían los grandes capos de la droga que, según la Policía Nacional, estaban detrás de la mayor red criminal dedicada a la introducción de cocaína en contenedores en España hasta octubre de 2024. Fue entonces cuando cayeron los 13.000 kilos en el puerto de Algeciras, el mayor alijo de todos los tiempos. Y se encendió la mecha.

En el ojo del huracán estaba desde hacía tiempo la organización del inspector jefe corrupto Óscar Sánchez, presuntamente liderada por Ignacio Torán en España y con varias cabezas en los Emiratos Árabes Unidos, a saber: Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, Perikles Daremas y Javier Napoleón Díaz Nuila, alias Java. Español, británico y hondureño con arraigo en Medellín. Los tres figuran en lo alto de un entramado criminal que, tal y como explicó Narcodiario en su momento, introdujo unos 100.000 kilos de cocaína en Europa.

Los citados nombres se integran supuestamente en una parte importante de la llamada "Junta del Narcotráfico" –así la bautizó Gustavo Petro, presidente de Colombia–, y coordinarían un engranaje sin igual que logró esquivar la vigilancia de las autoridades para introducir decenas de contenedores con droga en Europa a lo largo de los años, al menos entre 2020 y finales de 2024, pero seguro que también antes. Todo ello aflora tras la investigación policial de España, que, con el paso del tiempo, ofrece sorpresas inesperadas, como la detención de Francisco de Borbón, primo lejano del rey de España, como uno de los presuntos testaferros que colaboraba para blanquear el dinero que generaba la trama. Que era mucho. Muchísimo.

El modus operandi era sencillo. Torán era el enlace entre Dubái y Madrid, por lo que realizaba frecuentes viajes entre ambas ciudades, empleando muchas veces otras como puente para no infundir sospechas. Llevaba tiempo siendo perseguido por la Udyco Central, vigilado. Debía de intuirlo, pues tomaba enormes medidas de seguridad. Vigilaba cada coche, cada persona que se cruzaba en su camino. Desconfiaba.

Torán despachaba directamente con el inspector jefe, que le facilitaba los canales adecuados para la introducción de los contenedores con cocaína y le informaba de posibles inspecciones. Lo hacía, como se sabe, gracias a su posición en la Jefatura Superior, que le permitía 'meterse' en operaciones aunque estuviesen lejos de sus competencias en la UDEF. Y la Policía sospechaba de él.

La tercera pata importante en España la componía Eduardo Montero, empresario del sector de la fruta que aportaba las naves y las firmas concretas para la recepción de los alijos de droga. Era igualmente fuerte en el seno de la organización, tal y como refleja la estimación de cobros por cada una de las operaciones que detalla la Policía en sus informes.

Así, Torán se llevaría 1,5 millones, Sánchez 800.000, Montero 450.000 y el resto de miembros de la organización en España entre 40.000 y 75.000 euros. Cantidades enormes que sirven para entender el hallazgo de casi 20 millones en la vivienda del inspector jefe, pero números que se quedan cortos si saltamos a Dubái y pensamos en las cantidades que maneja la Junta del Narcotráfico. Una Junta en cuya mesa se sienta, probablemente, Ignacio Torán.

Como ejemplos, vamos a destacar tres. Por un lado, las mansiones. El presunto jefe de la red en España tiene varias residencias del máximo lujo en el emirato. De hecho, en la parte final de la investigación, en conversaciones intervenidas con otro de los capos, Javier Napoleón Díaz, alias Java, le cuenta que ha puesto a la venta una de ellas, ubicada en La Palmera, y por la que pide más de 13 millones de euros.

Por otro lado, los relojes. En otra conversación entre estas mismas personas a la que ha podido acceder Narcodiario, ambos hablan de varias piezas de la marca Patek Philippe en su poder que, como se sabe, son más caros que los Rolex. Hablan de un reloj con rubíes del que "solo se han fabricado cinco unidades en todo el mundo" y de otro con esmeraldas que cuesta dos millones de euros. Los coches de lujo, que también poseían, se quedan en un segundo plano.

Por último, la boda. Entre los documentos analizados por las autoridades apareció una invitación de boda que, según interpretan, se correspondería con el enlace nupcial del citado Javier, alias Java, de nacionalidad hondureña y considerado el nexo central con los cárteles colombianos. Su estatus recuerda al que mantuvo en su momento Matta Ballesteros en España, en tiempos de los históricos cárteles de Cali y de Medellín. También hondureño, se estableció en Europa para coordinar los negocios de la cocaína. Pero volviendo a la boda, nos encontramos con el último de los lujos desorbitados de estos grandes capos que se iban a reunir allí en septiembre de 2024 –parece que el evento no tuvo lugar finalmente–. El escenario elegido era Villa Balbiano, uno de los escenarios más glamourosos de todo el mundo, a orillas del lago de Como, al norte de Italia y al pie de Los Alpes.

Los últimos pasos que ha dado la Audiencia Nacional tras los últimos detenidos por blanqueo, apuntan a un posible ingreso en prisión de Ignacio Torán, que fue excarcelado meses atrás pero que estaba cumpliendo con sus comparecencias periódicas en el juzgado, que le fueron impuestas como medida cautelar. El juez que coordina las pesquisas ha ordenado su detención durante 72 horas, todo ello antes de que se celebre una vistilla que tendrá lugar el lunes. El motivo es claro. Ahora que se ha descubierto su auténtico poder económico y se ha avanzado en la causa por blanqueo, se aprecia un claro riesgo de fuga y también de que consiga 'mover' bienes para protegerlos. Será muy probable que la Fiscalía Antidroga solicite su ingreso en prisión preventiva.

La investigación contra la mayor trama de narcotráfico, si hablamos de cocaína, que se recuerda en los últimos años en España sigue dando pasos hacia adelante. Si primero se interceptaron 13.000 kilos de cocaína, el mayor alijo incautado en la historia del país, y a continuación se detuvo al inspector Óscar Sánchez, de la UDEF, que ocultaba 20 millones de euros en efectivo producto del crimen organizado, la mayor parte en su domicilio, ahora caen nuevas piezas del amplísimo engranaje de blanqueo de capitales que giraba alrededor de la trama.

Destaca la detención de Francisco de Borbón, pariente lejano del rey de España, hijo del duque de Sevilla y cuyo linaje conecta directamente con las principales casas reales europeas. Su padre era primo, también lejano, de Juan Carlos I y su madre le enlaza con distintas dinastías nobiliarias en Alemania.

Precisamente ese estatus social le servía, según fuentes próximas a la investigación, para pasar inadvertido a la hora de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes de la trama criminal que, en su rama de lavado de dinero, estaba supuestamente dirigida por Ignacio Torán, hombre que, a su vez, contactaba con los jefes del entramado en Dubái —la Udyco sitúa en la cúspide a Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre— y con el citado inspector corrupto.

De forma específica, su nombre salió a la palestra por estar detrás de la firma ET Fintech Europe, dedicada a la criptomoneda, con sede en Irlanda, sin actividad comercial aparente pero que llegó a amasar 20 millones de dólares en moneda virtual que, según la Audiencia Nacional, procederían directamente del tráfico de cocaína. Juan Ángel Cervera, otro de los presuntos responsables del blanqueo, también figuraba entre los responsables de la citada empresa.

Por otra parte, en esta misma tanda de detenciones fue arrestado un abogado más relacionado con la organización criminal que, tras comparecer en sede policial y prestar declaración, ha sido puesto en libertad provisional, una mujer de origen colombiano que también formaría parte de la estructura de blanqueo de capitales y, por último, otra figura a la que los investigadores dan una especial relevancia. Se trata de Tirso M.C., conocido por ser el responsable de una de las mayores boutiques dedicadas a la venta de relojes de altísima gama en la ciudad de Marbella.

Los investigadores apuntan a que esta persona participaba activamente en actividades de blanqueo de capitales relacionadas con la organización objeto de investigación. Ello ha llevado a los agentes a efectuar un registro en sus instalaciones. El arrestado, cuya firma vende relojes valorados en decenas de miles de euros, tiene entre sus clientes a conocidos deportistas, como el futbolista Nico Williams, a los que visita para entregarle pedidos, según cuenta en sus redes sociales.

Una operación conjunta de las autoridades portuguesas, a saber, la Polícia Judiciária, la Armada y la Fuerza Aérea, todo ello con apoyo del MAOC-N, el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de Narcotráfico con sede en Lisboa, sirvió para interceptar una embarcación semisumergible que llevaba al menos 8.000 kilos de cocaína en sus bodegas, el mayor alijo jamás incautado por este medio de transporte en ningún lugar del mundo, superando los 6.600 intervenidos el año pasado en otro aparato. El lugar del apresamiento, el Océano Atlántico, en el entorno de las islas Azores, a unas 230 millas del archipiélago.

La histórica operación no solo sirvió para intervenir el mayor cargamento de cocaína en semisumergible, en este caso en dirección a la Península Ibérica, sino también para detener a los cuatro tripulantes, todos ellos de origen sudamericano. Ese número, cuatro personas, ya indica que estamos ante un aparato de mayor tamaño que los conocidos hasta este momento, en los que navegaban tres personas.

En todo caso, será difícil precisar el tamaño exacto del aparato, por un motivo: está en el fondo del mar. Tras el abordaje, en el que los agentes lusos pusieron a salvo a los traficantes y recuperaron los fardos de droga del interior de la embarcación, el narcosubmarino se hundió, por lo que ya no se le podrán realizar pruebas periciales para su investigación.

En total, en la operación, llamada Adamastor, los agentes recuperaron 300 fardos de droga, por lo que el peso final incluso podría superar las ocho toneladas.

En cuanto al destino de la droga, es muy claro: las costas españolas o portuguesas. La intención de los traficantes era contactar con esa batería de narcolanchas que se apostan, tal y como anunció en exclusiva Narcodiario meses atrás, en una zona determinada cercana a las Islas Canarias y, desde ese punto, transbordar la cocaína para su introducción en costas de Galicia, de Portugal o de Andalucía, donde se hallan las grandes 'guarderías' de droga de la Península.

La acción policial deja claro el cambio de tendencia de los grandes narcos, apostando por esta clase de cargamentos por delante de los contenedores ante el mayor control en los puertos, tal y como se vio hace escasas fechas con el alijo del United S, un mercante con jefes turcos en alianza con el Cártel de Los Balcanes y con redes españolas que llevaba 9.994 kilos de cocaína bajo un cargamento de sal.

El destino de la sustancia y de los detenidos es Punta Delgada, en las Azores, donde serán presentados ante la autoridad judicial. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) de Reino Unido participaron en la investigación.

Hace escasas fechas, como si fuera el día de la marmota, una decisión de la Audiencia Nacional se ha convertido en noticia internacional. El narcotraficante ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, más conocido como el Comandante Willy, fue liberado por la Audiencia Nacional. Esta decisión, amparada en la falta de garantías a la hora de preservar su vida en su país, se produce menos de dos meses después de la detención en Málaga, el pasado 16 de noviembre de 2025, de otro gran capo del crimen organizado ecuatoriano, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, líder de Los Lobos. Una fecha de celebración en el Gobierno ecuatoriano, que considera a esta mafia como narcoterrorista. Pero su alegría duró bien poco.

El ahora liberado es un capo de Los Tiguerones, una organización criminal que controla parte de las principales rutas de cocaína de Ecuador y que actualmente mantiene una estrategia del terror contra el Estado ecuatoriano. Y eso quiere decir que son unos de los responsables de traer toneladas de coca a Europa y España, pero este no es el principal problema de seguridad que generan. Matan a inocentes sin miramientos, y se les puede considerar narcoterroristas.

Antes de explicar el poder de Los Tiguerones en España y las razones para la liberación de este sujeto, por problemas procesales, veremos por qué ha causado indignación en su país de origen. Para ello hay que volver a 2024. La detención del Comandante Willy ocurrió en octubre de 2024 en la Segur de Calafell (Tarragona) por parte del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y a petición de la justicia ecuatoriana.

A Willy lo buscaban por liderar desde España el asalto armado y en directo de TC Televisión, un evento criminal que dio la vuelta al mundo. El 9 de enero de 2024, un comando armado asaltó el plató principal del citado canal cuando emitía en directo en Guayaquil. Aquello fue la declaración de guerra completa de Los Tiguerones al Gobierno de Ecuador, pues raptaron a periodistas y realizaron varias declaraciones señalando que iban a la guerra contra el Ejecutivo de Daniel Noboa.

Aquel hito sucedió unos días más tarde de una fuga carcelaria escandalosa del capo de Los Choneros, José Adolfo Macías, conocido como Fito, otra mafia enemiga de Willy. Fito fue detenido hace escasos meses en su país. La respuesta de Los Tiguerones fue subir el nivel de violencia, porque había comenzado la presión policial y judicial contra ellos y se pretendía limitar su poder. El grupo criminal lideró decenas de atentados bombas en todo Ecuador, un aumento de asesinatos y otros tantos secuestros.

Quien ordenó el asalto a TC Televisión fue William Joffre Alcívar Bautista, y lo hizo desde España, donde estaba desde al menos 2020. Los miembros de Los Tiguerones le mostraron respeto en directo haciendo la señal de la W en honor a él, y no sólo lo prueba eso: había conversaciones de móviles directas entre él y los chicos armados que tuvieron en vilo a todo un país durante unas horas. Por ello, se convirtió en un objetivo prioritario para el Gobierno de Noboa. Otro punto crítico llegó el 17 de enero de 2024, cuando asesinaron al fiscal que investigaba el caso. La víctima fue César Suárez. Cuatro pistoleros lo mataron a quemarropa en Guayaquil. Fue otro golpe al Estado ecuatoriano, ya bastante maltrecho de por sí en estos últimos años.

Que el líder de Los Tiguerones estuviera en España se explica de una forma bastante fácil de entender. Aquí entró con un pasaporte falso de Colombia y desde la península ibérica podía controlar a toda su organización criminal y las rutas de cocaína que llegan a España desde Guayaquil, Manta o Puerto Bolívar. Primero, para sus intereses estrictamente personales tomaba distancia con sus rivales, tales como Los Lagartos, Los Choneros o Los Lobos, que pretenden asesinarlo, porque es la cabeza visible de su organización criminal. Y segundo, vivir en la semiclandestinidad en España le ofrece tranquilidad para diseñar estrategias de violencia y también económicas. Además, la gran colonia sudamericana existente en la península ibérica le hace sentirse como en casa.

Las mafias internacionales desde Ecuador han logrado que alrededor del 70% de la cocaína que llega a Europa provenga de sus puertos, y esta la principal razón de la violencia inusitada que sufre el país actualmente. Que el mayor alijo de cocaína que se ha descubierto en España viniera desde Guayaquil no es fruto de sencillas casualidades. Aparte de supuestos policías corruptos, como el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez –al que se le encontraron 20 millones de euros en efectivo–, se necesita de organizaciones criminales como la que dirige el Comandante Willy. Todo para que en el país de origen, en este caso Ecuador, se controle a la perfección la ruta de la droga hasta los puertos que exportan la mercancía. Y lo pueden hacer gracias a los lazos que han establecido entre las disidencias de las FARC y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que les ha garantizado la cocaína.

El crecimiento de Los Tiguerones en la mafia ecuatoriana se debió en un inicio a las habilidades en el interior de las cárceles del liderazgo del Comandante Willy. Desde ahí han llegado a tener miembros en Algeciras, Valencia o Barcelona para controlar su cocaína. Precisamente las luchas por hacerse con el control de las cárceles del país le ha servido para librarse, de momento, de volver a ser juzgado en su tierra natal.

En junio, la Audiencia Nacional aprobó su extradición a falta de un trámite más: se le solicitaba a Ecuador en un auto que en un plazo de tres meses "presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios".

Tuvieron acceso al escrito el diario Las Primicias de Ecuador, y ya dejaba entrever la Sala Tercera de la Audiencia Nacional que temía que el Comandante Willy fuera asesinado dentro de cualquier cárcel de Ecuador. Un riesgo que siempre va a estar ahí, porque precisamente Los Tiguerones han realizado matanzas dentro del sistema penitenciario ecuatoriano y tienen cuentas pendientes con muchos grupos criminales.

Pasaron los tres meses y, según la Audiencia Nacional, no recibieron ningún escrito de las autoridades ecuatorianas. Y han liberado a William Joffre Alcívar Bautista, algo que no ha sentado nada bien en el Gobierno de Ecuador y que ha provocado reacciones muy airadas de su Ministro del Interior, que está directamente amenazado por Los Tiguerones.

El político es John Reimberg, que declaró a varios medios de su país que ellos hicieron su trabajo, y se leía entre líneas que señalaba a los jueces de la Audiencia Nacional por no hacer lo propio, según su criterio. Lo cierto es que en los distintos autos sobre este asunto, la Audiencia Nacional tenía claro ante qué tipo estaban. Incluso estando probado que accedió a España cometiendo un delito por utilizar documentación falsa, y por lo tanto está en situación irregular, se le ha liberado completamente.

Quizá eso es lo que mosquea al Gobierno ecuatoriano, porque se podría haber dado otra solución a la situación del Comandante Willy. Una es que habría posibilidad de tener una orden de expulsión de España por su situación irregular, y otra, como ocurre con algunos imanes radicales, expulsarlo por razones de seguridad nacional.

Lo cierto es que ahora mismo se desconoce el paradero de William Joffre Alcívar Bautista y la relación entre España y Ecuador puede verse empañada. No hay que olvidar que es clave para nuestro país que haya buen intercambio de información policial si se quiere seguir recibiendo datos para luchar contra el crimen organizado. Los 20 millones de euros en efectivo del exjefe de la UDEF en Madrid encontrados el año pasado dan buena cuenta de ello. La droga venía de Ecuador, el dinero se movía desde Europa.

En abril de 2020, en plena pandemia de la covid-19, los Greco Galicia de la Comisaría de Pontevedra incautaban 4.000 kilos de cocaína en el Karar. Un mes después, el entonces encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas (que operaba desde Bogotá por la crisis diplomática que ya existía entre ambos países) aseguró que esa droga procedía de Venezuela, y no solo eso. "Hay personas del régimen involucradas", declaró. Esas fueron las palabras exactas de James Story, que fueron desmentidas por el ministro del Interior del país sudamericano, Néstor Reverol. "Es un falso positivo queriendo hacer que esa droga procedía de Venezuela".

Los datos a los que tuvo acceso este periódico apuntan a que la primera de las hipótesis podría ser la buena: la Brigada Central de Estupefacientes, la DEA y la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) situaron la carga de la droga en el buque, tripulado por personas de origen asiático y con un gallego de Bueu como garante de la mercancía, en el entorno de La Guajira. Esa región, ubicada en el extremo Norte de Sudamérica, en pleno mar Caribe y fronteriza con Colombia, ha vuelto a la actualidad en los últimos meses, a causa de los bombardeos por parte de Estados Unidos a embarcaciones con supuesta droga que seguían esa ruta.

Cuando han pasado seis años desde el alijo del Karar -caso del que se acaba de hacer pública la sentencia tras un mediático juicio—, Estados Unidos ha dado un golpe sobre la mesa al intervenir el Gobierno venezolano a través del secuestro de su presidente-dictador, Nicolás Maduro, y los acuerdos ya no tan secretos con las personas de su entorno, con la anterior vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente.

Los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lucen insignias en forma de sol según su rango, entre una y cuatro. A partir de la década de 1990, los narcotraficantes colombianos relacionados con las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y con otras organizaciones criminales del momento comenzaron a dirigir sus miradas hacia el Oeste. El mercado de la cocaína estaba saturado en Miami al tiempo que habían comprobado que en Galicia había redes mafiosas con capacidad para introducir y almacenar la droga para surtir a clientes de todo el Viejo Continente. Cali, Medellín y sus sucesores (El Loco Barrera estableció su residencia en Venezuela) diseñaron una ruta terrestre para el transporte de cocaína que debía incluir el paso por el país bolivariano, que serviría de lanzadera.

Los primeros cargamentos incautados por la GNB sirvieron para establecer los primeros contactos. El objetivo de los reyes de la coca colombiana era llegar a ellos para sobornarles. Ése fue el germen del Cártel de Los Soles. Los generales comenzaron por ‘permitir’ el paso por zonas fronterizas y hacer la vista gorda en los puertos y aeropuertos para la salida de la mercancía.

Con el paso del tiempo y en vista de lo lucrativo del negocio, las Fuerzas Armadas crearon su propia organización que, según la Fiscalía General de Estados Unidos lleva al menos 25 años coordinando partidas de grandes alijos hacia el Norte, pero también hacia el Este. La Udyco Central, punta de lanza de la lucha antidroga en España, situaba entonces a a Diosdado Cabello, que ha tomado el testigo de Néstor Reverol como ministro de Justicia, y a Hugo ‘el pollo’ Carvajal, que fue detenido en Madrid en septiembre de 2021, como hombres clave para el tránsito de miles de kilos de cocaína entre el Delta del Orinoco y las Rías Baixas. Los expertos apuntan a que la droga ‘venezolana’ acaba principalmente en Europa, más que en Estados Unidos, y así ha sido durante todo el siglo XXI.

Precisamente la figura de Carvajal ha resultado clave en lo sucedido en las últimas semanas, pues su testimonio será clave para sostener las acusaciones contra Nicolás Maduro por narcotráfico cuando sea juzgado en la Corte de Brooklyn.

Las primeras acciones por parte de una corte neoyorquina contra el régimen venezolano por narcotráfico se tradujeron en la acusación en 2016 al excomandante Néstor Reverol, antiguo director de la agencia antidroga venezolana. En esa etapa, la DEA y los servicios centrales de la Policía Nacional ya hablaban de una ruta establecida entre el delta del Orinoco y Galicia, con aprehensiones históricas como la del San Miguel (3.500 kilos en 2008), el Pacífico (1.800 en 2013), el Riptide (3.400 en 2013) o el Coral I (1.500 kilos en 2015). La presencia de venezolanos, algunos de ellos ya juzgados y condenados en la Audiencia Provincial de Pontevedra y en la Audiencia Nacional, se hizo cada vez más destacada en Galicia.

Llegaban notarios encargados de coordinar la recepción de los alijos. Sus tentáculos llegaron a Madrid e incluso tentaron a algún funcionario, también condenado por ello, con el objetivo de hacerse con información secreta de la DEA y de la Policía española. Como hombre fuerte, según los servicios de Inteligencia, estaría ‘el pollo’ Carvajal, que precisamente sería detenido en Madrid en 2021 y que, tras ser extraditado, colabora con la Justicia de Estados Unidos en la actual causa que se sigue en Brooklyn.

Las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, pero especialmente el delta del Orinoco (cuya cuenca fluvial transcurre entre ambos países) y las cercanas aguas de Guyana y Surinam son los puntos clave para la partida de los alijos participada por Los Soles, siempre en alianza con los colombianos, y que tienen como destino Europa. El citado río, que, por su tamaño, llegó a ser considerado un mar por los primeros exploradores españoles, tiene aguas con una gran presencia de embarcaciones vinculadas al sector pesquero permiten que los barcos ‘de último viaje’, navíos en malas condiciones que normalmente se fletan para abandonarlos tras el narcotransporte, permanezcan durante días, incluso semanas, mientras se van cargando de cocaína poco a poco bajo el control de los venezolanos. Es un área que incluye numerosos islotes perfectos para esa faena.

Como tripulación, las organizaciones mafiosas apuestan por expertos marineros locales, pero en no pocas ocasiones contratan a personas procedentes del sudeste asiático. Muchas de ellas cumplen largas condenas en prisiones españolas en la actualidad por un trabajo por el que apenas iban a cobrar cinco o seis mil dólares.

Distinto es el papel del 'notario' de la organización, pero éste acostumbra a viajar en avión para controlar la recepción en Galicia. Las embarcaciones, muchas de ellas más aptas para la navegación fluvial que oceánica, están muy lejos de ser seguras.

Un segundo esquema de carga, más rápido y arriesgado que el del Orinoco, tiene lugar en puntos más expuestos ante las costas de los países citados. Planeadoras o avionetas efectúan la carga en pocas horas, y lo hacen en barcos de todo tipo. Una vez en el Atlántico, los barcos de último viaje toman cualquiera de las dos rutas principales, bien hacia las Azores, bien al Norte de Cabo Verde, hasta llegar a un punto en el que se hallan al alcance de las planeadoras gallegas y, últimamente, también del Sur de España. Cabe la posibilidad de la aparición de un tercer barco que efectúa las labores de acercamiento y que puede partir desde Galicia, Portugal o desde África Occidental.

Donald Trump, por su parte, ha justificado la mayor parte de sus ataques con bombas saltándose la legalidad internacional contra presuntas narcolanchas alegando que se trataba de integrantes del Tren de Aragua, una de las redes criminales más peligrosas de Sudamérica y que, según la acusación de Estados Unidos, tendría relación directa con el gobierno de Maduro para el narcotráfico. Su jefe, alias Niño Guerrero, sigue prófugo, y su nombre aparece junto al de Maduro en la acusación. El hermano del jefe, Cheison Guerrero, fue detenido en España en 2024. El año pasado se desmanteló la primera célula de esta organización en la Península Ibérica, con un registro en Galicia.

on indicios de una presencia incipiente en la Península Ibérica por parte de una red que actúa con inteligencia, filtrándose entre la numerosísima colonia venezolana existente en España desde la llegada del chavismo al poder.

En la más reciente acusación, la Fiscalía de Estados Unidos ya no vincula directamente a Maduro con el Cártel de Los Soles, sino que habla de connivencia y de permisividad con los narcos. Esta nueva versión está más cerca de la realidad: son las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo jefe, alias Santiago, acaba de ser abatido, los que se infiltran en territorio venezolano y, en alianza con cárteles locales -el de Paraguaná es un ejemplo- y con funcionarios públicos venezolanos, hacen fluir las drogas hacia Europa. La gran estructura corrupta ha perdido poder.

Desde la operación Nécora de 1990 hasta la operación Mito de 2018, los dos grandes hitos en la lucha antidroga en España. Desde la caída de Urfi Cetinkaya, el hombre que estuvo detrás de gran parte de la epidemia de la heroína en los 80, hasta la detención de Óscar Sánchez, el inspector jefe al servicio de los narcos que ocultaba 20 millones de euros en su domicilio. Las asombrosas historias del crimen organizado en España se recrean, una a una, en Narcopodcast, una creación de The Voice Village para Podimo que el próximo viernes, 23 de enero, abre su segunda temporada, tras 15 capítulos con una gran respuesta del público. 

Detrás de la serie está el único medio de comunicación en España especializado en tráfico de drogas y crimen organizado, Narcodiario, y su director, el periodista Víctor Méndez. Le acompaña detrás del micrófono Ricardo Toro, exjefe de la Brigada Central de Estupefacientes. Ambos mantienen una estrecha relación desde que el policía, ahora retirado, estaba en la primera línea, y de su conexión parte una narración que alterna la conversación con la narración, siempre con el máximo rigor en los hechos que se ponen encima de la mesa. 

A pesar de que hay más podcast dedicados al narcotráfico, Víctor Méndez defiende que el suyo es especial. "Porque la inmensa mayoría suelen limitarse a una entrevista a una persona en concreto. El nuestro es totalmente distinto. Es un podcast narrado, con una gran producción detrás, en el que se incluyen varias voces en cada capítulo. Hablan los propios narcos, los policías, y se recrean escenas reales y operaciones especiales, por ejemplo. Creo que hemos hecho algo diferente y muy atractivo".

Para la temporada que ahora comienza, los creadores del proyecto han pensado en la figura de la mayor narcotraficante (mujer) de todos los tiempos en España. Su nombre es Ana Garrido, conocida como La Rubia o La Reina del Norte. Su voz se escuchará en el Narcopodcast, lo mismo que la de los policías que la investigaban y la de los colombianos con los que trabajaba para introducir toneladas de cocaína en Europa, un negocio que siempre ha sido cosa de hombres en todo el mundo. También se profundizará en la figura de La Paca, otra mujer que llegó a dominar el mercadeo de drogas aunque, en su caso, a menor escala, en el poblado balear de Son Banya.

No menos interesantes serán las historias alrededor del fútbol y el narcotráfico, con un curioso paralelismo entre Diego Armando Maradona y Pablo Escobar, y con el análisis de algunos casos en los que los jugadores flirtean con el crimen organizado, o la de Marcial Dorado, el viejo amigo de Alberto Núñez Feijóo que, diez años después de ser condenado y de que sus bienes fuesen adjudicados al Estado, sigue viviendo en la fabulosa mansión que se construyó en la década de los 80, cuando, que se sepa, solo traficaba con tabaco, al tiempo que se introducía en distintos negocios legales y adquiría inmuebles por toda España. 

Podimo es una app de podcasts y audiolibros que ofrece producciones originales, destacando por su modelo de suscripción que comparte las ganancias con los creadores. Disponible en iOS, Android y versión web, cuenta con un catálogo internacional y títulos de referencia como The Wild Project o El Podcast de Marc Vidal. En el caso de Narcopodcast, se publican episodios nuevos cada viernes y los oyentes pueden dejar comentarios que el propio Víctor Méndez contesta personalmente. La suscripción tiene un coste de 4,99€ al mes, pero a través de este enlace los lectores de Narcodiario e infoLibre pueden disfrutar de un periodo de prueba gratuito de 60 días.

Sito Miñanco, El Tigre, El Messi del hachís, El Yeyo, el citado Urfi Cetinkaya, Brian Charrington, Manuel Fernández Padín, Marc Fievet, Sergio de Carvalho, Jonas Falk o Miguel Devesa son algunos de los nombres cuyas historias ya han sido tratadas en la serie. La historia de amor y venganza de David Pérez Lago, hijastro del histórico Laureano Oubiña, y Tania Varela, la letrada que un día fue la única mujer presente en la lista de los Más Buscados de Europol, es el hilo conductor de otro de los capítulos. Precisamente ese episodio, al completo, se ofrece de forma gratuita en este enlace. Nada mejor que escucharlo para conocerlo.