Este domingo, las elecciones portuguesas van más allá de decidir quién será el próximo presidente de la República. Cuando pongan la papeleta en la urna, los portugueses lo harán con la sensación de que es el propio régimen democrático el que está encima de la mesa. En su mano está decidir si la presidencia recae en un moderado de centro-izquierda, como el del socialista António José Seguro, o en el líder de la ultraderecha, André Ventura. 

La primera vuelta certificó la hecatombe de la derecha moderada en el país y Ventura (Chega) se alzó con el segundo puesto, con un 23,5% de los votos, suficiente para disputar la segunda vuelta ante el candidato socialista, António José Seguro, que ganó con el 31,1%. El ultraderechista se autoproclamó “líder de la derecha” y se apresuró a tildar la segunda vuelta de una elección “entre la derecha y la izquierda”.

Al final de la noche electoral, todos los candidatos de la izquierda cerraron filas con Seguro y pidieron a sus (escasos) electores que le votaran en la segunda vuelta. A la derecha se hizo el silencio. No solo los candidatos Luis Marques Mendes (Partido Social Demócrata), João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal) y Gouveia e Melo (independiente pero con connotaciones de centro-derecha) rechazaron pedir el voto para Seguro, sino que, ante la derrota de su candidato, el líder del PSD y primer ministro del país, Luis Montenegro decidió mantenerse “neutral”. 

“El PSD no estará representado en la segunda vuelta de las elecciones y lo aceptamos con humildad democrática. El PSD no va a involucrarse en la campaña electoral y no emitiremos ninguna indicación con respecto al voto”, dijo el primer ministro nada más conocerse los resultados. 

Pero tan solo un día después de las elecciones, António Capucho, fundador del PSD y exministro en varios de los Gobiernos de centro-derecha del país, no dudó en pedir el voto para Seguro. “André Ventura no es el líder de la derecha. Es el líder de la extrema derecha, un populista cercano a Trump, sería terrible para el país”, explica a infoLibre.

“El crecimiento de Chega representa un gran peligro para la democracia portuguesa. Y aunque, como espero, pierda las elecciones este domingo, el hecho de que el PSD no se aparte de forma clara de esa candidatura puede reforzar a Chega y todo lo que les refuerce es malo para la democracia”, insiste.

Poco a poco, otras voces importantes del partido fueron marcando la misma posición. Entre ellas, el exlíder del PSD, Rui Rio. “A nivel ideológico, un hombre moderado como Seguro está mucho más cerca del PSD que André Ventura, que es el líder de un partido de extrema derecha”, cuenta a infoLibre. “Además, en campaña electoral el PSD repitió el famoso “no es no” para cualquier acuerdo de Gobierno con Chega, ¿cierto? Pues si “ no es no”, lo es más aún para la presidencia de la República”. 

La presión fue creciendo y otras figuras como Leonor Beleza, vicepresidenta del PSD, los alcaldes de Lisboa, Carlos Moedas, y de Oporto, Pedro Duarte, anunciaron su voto al socialista. A pocos días de las elecciones, fue Luis Marques Mendes, derrotado en la primera vuelta, el que desveló que votaría a Seguro. 

También lo hizo el histórico Aníbal Cavaco Silva, primer ministro portugués con el PSD entre 1985 e 1995 y presidente de la República de 2006 a 2016. “En un tiempo de incertidumbre y amenazas, Portugal necesita un presidente de la República con sentido común y credibilidad en la escena internacional que contribuya a la defensa de nuestros intereses”, señaló el lunes en un comunicado en el que elogiaba de forma explícita a Seguro.

La apertura de líderes históricos del PSD contrasta con el silencio atronador por parte del Gobierno. “Entiendo que en la situación en la que está el Gobierno, muy minoritaria en el Parlamento y con obligación de negociar a la derecha y a la izquierda, no quiere tomar una posición por no complicarse la vida a nivel legislativo después”, dice Capucho. “Pero, aunque entiendo la situación, no es justificación suficiente para la omisión en una situación como la que estamos viviendo”. 

Rui Rio añade que “si bien a nivel práctico, el Gobierno no quiere romper puentes con quien tendrá que negociar, a nivel de los valores, está asumiendo una posición equivocada”. Pese al silencio gubernamental, Rio señala que “nadie del partido dijo que votaría a Ventura y muchos dijimos que no lo haríamos, así que creo que la posición del partido es clara”.

El Centro Democrático Social (CDS), partido conservador con quien el PSD gobierna en coalición, también rechazó apoyar a cualquiera de los candidatos. Y también ahí sus barones salieron al rescate de Seguro. Primero Francisco Rodrigues dos Santos, exlíder del partido. “No tengo dudas sobre el lado en el que estoy. Estaré apoyando a Seguro en la segunda vuelta”, dijo en la misma noche electoral. “Cuando lo que está en causa son valores fundacionales de nuestro país, no podemos ser tibios, todos los demócratas tienen que estar a la altura”, sentenció.

Días después, Paulo Portas, vice primer ministro entre 2013 y 2015 y uno de los líderes históricos del partido, también cerraba filas con Seguro. “No creo que el otro candidato, ese señor que grita mucho”, dijo en referencia a André Ventura, “vaya a ocupar la Presidencia de la República para unir lo que sea, porque todo lo que él quiere es dividir. Poner a los unos contra los otros, separar el país en razas, tribus, etnias, creencias religiosas. Y eso es todo lo contrario a la función presidencial”, sentenció. “Yo no tengo ninguna duda y mi voto será para Seguro”. 

Más que apoyar a Seguro, lo que estas voces conservadoras han hecho estas tres semanas de campaña es alertar de los peligros de una presidencia en manos de un ultraderechista. 

“El presidente de la República, aunque con conexiones ideológicas, tiene que estar por encima de los partidos y de los intereses de todo tipo. En este caso, Ventura es el líder de un partido, es decir, si gana, Chega se transfiere a la presidencia de la República”, señala Rio. “En estos momentos el partido es André Ventura y nadie más. Si ganara, pondría alguien a dedo como líder del partido pero quien seguiría maniobrando sería Ventura que, al mismo tiempo, estaría en la presidencia, violando toda la constitucionalidad asociada al cargo”.

“Además”, remarca Capucho, “se aprovecharía de su posición para crear inestabilidad política y social, algo totalmente alejado de lo que es la función del presidente, que es participar de las decisiones de forma constructiva: dando su opinión, llevando las leyes al Constitucional cuando le suscitan dudas, pero de manera justa y ejemplar y no para destruir el régimen”. 

“La función del presidente es ser un árbitro, alguien que equilibra los poderes pero con la vocación de unir… todo lo contrario a lo que es Ventura, cuya voluntad es fraccionar de forma violenta”, insiste Rio.

En tan solo seis años, el apoyo electoral a Chega ha aumentado del 1,3% al 23%, llegando a los 60 diputados en el Parlamento. Para la segunda vuelta de las presidenciales, los sondeos le certifican su derrota, pero con un ascenso hasta el 33% de los votos. 

“No hay margen para equivocaciones. Es un peligro real. Y, si no, miremos a Estados Unidos, donde tampoco se lo creyeron y Donald Trump ganó dos elecciones. Y lo mismo en Brasil, con Bolsonaro, y en Argentina, con Milei”, avisa Capucho. “Lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo es el camino para una autocracia. Así que los que creemos en la democracia y no en Estados autoritarios tenemos que tomárnoslo en serio y no cometer el error de dar la democracia por sentada”.

Aquel martes, 2 de febrero de 2021, marcaría el futuro del almirante Henrique Gouveia e Melo. Portugal, como el resto del mundo, luchaba por salir de la pandemia del covid y, tras un inicio desastroso del programa de vacunación, António Costa, el entonces primer ministro del país, elige a Gouveia e Melo para dirigir el plan. 

En los meses siguientes, el militar “entra en casa” de los portugueses todos los días. Alto, de barba blanca y ojos azules, vestido con traje de camuflaje militar y con un discurso sereno y firme, va dando cuenta de los avances en el proceso de vacunación, que se vuelve todo un éxito. En nueve meses, Portugal vacuna al 97% de la población y se convierte en el primer país en llegar a esa cifra. 

En medio de la distopía en la que se había convertido la vida en esos últimos meses, la imagen de Gouveia e Melo era la de un hombre seguro, decidido, comprometido con su trabajo y cuyo buen hacer había ayudado al país a salir adelante en el momento más complicado. Las entrevistas se suceden y es elegido por la prensa nacional como el hombre del año. Había nacido una estrella.

Es entonces cuando empiezan a preguntarle por sus aspiraciones políticas, apuntando a una posible candidatura a la presidencia de la República. “Si eso ocurre algún día, dadme una cuerda para que me ahorque”, dice, añadiendo en otra ocasión que “la democracia no necesita militares”. 

La frase le persiguió en otra fecha clave, el 14 de mayo de 2025, a cuatro días de las elecciones legislativas, cuando, en una entrevista en Radio Renascença, desvela la decisión de ser candidato. “Cuando dije que nadie necesita a militares en la política, lo hice de manera honesta y abierta. Pero el mundo ha cambiado mucho y nuestra política interna también”, justificó entonces. 

Estaba lanzada su candidatura que no era más que un secreto a voces. Gouveia e Melo se había retirado unos meses antes y los rumores empezaron casi de inmediato. Rumores que él mismo había alimentado, en febrero de ese año, en un artículo escrito para el periódico Expresso. “El presidente no está al servicio de los partidos, está al servicio de los portugueses y de Portugal”, escribió. “Ningún presidente puede ser 'de todos' si está asociado a una facción política, toda vez que no tendrá la independencia necesaria para representar el interés colectivo”, defendió. 

“Creó el slogan 'Mi partido es Portugal' para presentarse como el único capaz de ser el presidente de todos los portugueses, el de la unidad, el que va a aglutinar los portugueses en un proyecto”, explica José Pinto, politólogo, catedrático de la Universidad Lusófona de Lisboa. 

Su campaña intenta compensar su inexperiencia con su independencia política y se esfuerza por mostrar un perfil equilibrado, alejado del conservadurismo exacerbado que se asocia normalmente a los militares. “Es difícil caminar solo con la pierna izquierda, o solo con la pierna derecha. Yo camino con las dos piernas porque el país necesita las dos”, dijo en una entrevista para justificar su posicionamiento ideológico.

“Gouveia e Melo está intentando posicionarse en el centro para robar votos al Partido Socialista y al Partido Social Demócrata, porque sabe que es ahí donde puede encontrar su base de apoyo. No sacará votos de la extrema derecha ni de la izquierda radical, tiene que dirigirse al centro”, explica Pinto. 

El afán por la centralidad le viene de su padre, Manuel Henriques, un hombre de centroizquierda, cercano al Partido Socialista, y muy crítico del régimen dictatorial de Oliveira Salazar. Abogado de profesión, se fue a vivir a Mozambique, el país de su mujer, Maria Helena Passaláqua, en 1958. Dos años después nacería Henrique Gouveia e Melo.

Gouveia e Melo creció en un ambiente politizado por la época que le tocó vivir: la revolución y la consecuente descolonización de los territorios en África obligó a su familia a huir de Mozambique a Portugal casi solo con lo puesto. Pero también por herencia familiar: si el padre era un moderado, sus dos tíos eran polos opuestos: uno cercano a la dictadura y, el otro, comunista. 

“Mi padre estaba muy politizado y siempre me enseñó que la política es la más noble de las profesiones, porque es la dedicación a la causa común”, dijo hace poco en un programa de televisión. 

Vivió una infancia “verdaderamente feliz”, cuenta en el libro Los Motivos, de la periodista Valentina Marcelino. La salida abrupta de Mozambique, a sus 14 años, fue “traumática porque perdimos todo”, pero asegura que jamás sintió resentimiento. 

“Soy de los últimos portugueses del imperio, pero es que los imperios se acabaron. Jamás sentí rechazo por Mozambique y eso es por mi padre, que siempre supo que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada y sabía que esto pasaría. Siempre me ha transmitido comprensión por el proceso y nada de rabia”, cuenta. 

Se quedaron en Portugal por poco tiempo y enseguida se mudaron a Brasil, donde permanecieron dos años. Con 17, Gouveia e Melo le dice a su padre que quiere ser militar en Portugal y la familia, que ya pensaba en volver, regresó.

A partir de entonces, el joven Henrique empieza una carrera de éxito. Ingresa en la Escuela Naval pero su padre jamás lo vería con el traje de oficial. Se muere de cáncer el día en el que Gouveia e Melo cumplía 21 años. “Lo viví como si me estuviese pasando el testigo. Su muerte me ha marcado mucho”.

En su carrera en la Marina se dedica a los submarinos y gana fama de intransigente y duro. A lo largo de su vida profesional sumó más de 20.000 horas dentro de un submarino, algo como pasar dos años y cuatro meses bajo el agua. El espacio exiguo, la falta de comida y comunicaciones no se le hacen cuesta arriba. Define el submarino como una “extensión” de su cuerpo y su récord son 31 días seguidos sumergido. 

Con dotes comunicativas, llega a portavoz de la Armada, es director del Instituto de Socorro a Náufragos y, más tarde, comandante del EUROMARFOR, un equipo que junta fuerzas portuguesas, españolas, francesas e italianas. 

Después de la misión en la vacunación del Covid es ascendido al cargo más alto de la Marina: Jefe del Estado Mayor de la Armada. Antes, su contribución ya había sido esencial en las operaciones de apoyo militar al combate a los grandes incendios de 2017.

Pero el cargo no es lo que espera. Gouveia e Melo quería cambiar la forma de trabajar en la Armada y se encuentra con muchos obstáculos. “Sentí que me querían dar importancia sin darme poder real para hacer algo. Fue entonces cuando decidí entrar en el campo de las verdaderas decisiones: la política”. 

Gouveia e Melo se presenta como el outsider político, como el profesional eficaz y resolutivo que puso a Portugal a la cabeza en la lucha contra la pandemia. Reivindica que no hace falta ser un político de carrera para ser un presidente confiable, competente y a la altura de lo que el actual momento político internacional exige. 

“Su popularidad en una democracia estabilizada como la de Portugal es señal de los tiempos que vivimos: la aclamación de alguien con un compromiso firme, de alguien que está fuera del sistema partidario y que podrá contribuir con una visión libre de los vicios naturales del sistema democrático”, explica Paula Espírito Santo, profesora de Sociología Política en el Instituto Superior de Ciências Sociales y Políticas de Lisboa.

Cuando confirmó su candidatura, los sondeos se dispararon y le dieron la victoria. Con el pasar del tiempo, y la confirmación de otras candidaturas, los números están bajando, pero sigue presentándose como unos de los nombres más fuertes para pasar a la segunda vuelta. 

“Con los debates y la exposición pública, nos damos cuenta perfectamente de que Gouveia e Melo no viene de la política. Tiene una cultura militar en donde, muchas veces, le cuesta distinguir la autoridad del autoritarismo, lo que le lleva a asumir posiciones demasiado crispadas”, sigue el politólogo. “Y luego, es muy difícil conseguir, en pocos meses, dominar la jerga política para lograr pasar su mensaje. Y Gouveia e Melo está aún en ese proceso”. 

De hacerse con la presidencia de la República, sería la primera vez, en 40 años, que un militar ocuparía el cargo. El último fue Ramalho Eanes, uno de los militares involucrados en la Revolución del 25 de Abril, que acabó con la dictadura e instauró la democracia en Portugal. Ramalho Eanes fue presidente de la República entre 1976 y 1986, un periodo especialmente convulso en la política portuguesa, que marcó el final de la dictadura y la consolidación de la democracia.

“La revisión constitucional de 1982 terminó con lo que podemos designar como una democracia tutelada en Portugal. Porque hasta entonces, eran los militares, en el Consejo de la Revolución, quienes tenían la acción política. En 1982 los militares vuelven a los cuarteles y entregan el poder a los civiles, lo que supuso la normalización de la democracia”, recuerda José Pinto. 

Ahora, 40 años después, un militar puede volver a ocupar la presidencia del país. “Esto no pone en tela de juicio el normal funcionamiento de las instituciones. Ni significa que los militares están intentando volver a tener un papel político. Incluso porque el presidente, una vez elegido, es el Jefe de las Fuerzas Armadas”, dice Pinto. “Además”, recuerda, “Gouveia e Melo está retirado. No es un militar de facto intentando entrar en política. Él está retirado y no deja de ser un ciudadano con todos sus derechos, entre ellos, el de presentarse como candidato a la presidencia”.

En la papeleta se ve las caras con André Ventura (Chega); Luís Marques Mendes (PSD), António José Seguro (PS) y João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal), sus principales adversarios, junto con Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António Filipe (Partido Comunista), y Jorge Pinto (Livre). Los sondeos dan por seguro una segunda vuelta entre dos de los cinco primeros candidatos, y los números están muy ajustados. Si ser un outsider es una debilidad o una virtud es algo que aún está por ver. 

“Gouveia e Melo trae sentimientos ambivalentes porque no tiene un pasado político y, por ello, solo se pueden evaluar las ideas que va expresando ahora. Su inexperiencia en los debates le está pasando factura y ya demostró no ser muy consistente a nivel argumentativo. Pero sabemos que, para el electorado, son los últimos momentos los que cuentan, así que de ellos dependerá su resultado”, analiza Espírito Santo. 

Por ahora, Gouveia e Melo no quiere guiarse por los sondeos y dice que “la única encuesta que importa es la del 18 de enero”. Ese día, en las urnas, los portugueses tienen la palabra.

Cada año, al inicio del curso escolar, los padres de los niños portugueses nacidos entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre deben tomar una decisión: ¿matriculan a sus hijos en Primaria o aplazan la matrícula un año más? A diferencia de España, donde todos los niños tienen que escolarizarse en el año en el que cumplen los seis, la legislación portuguesa permite que aquellos que no hayan cumplido esa edad al inicio del curso escolar puedan iniciar su recorrido un año después. 

“Entre un niño nacido en enero y otro nacido en diciembre del mismo año, la diferencia es abismal”, explica Inês Ferraz, psicóloga e investigadora en el área de desarrollo infantil del Centro de Investigaciones de la Universidad de Minho. “Hablamos de casi un año de diferencia, un año de experiencias, de desarrollo físico, emocional e intelectual que, a esas edades, es muy significativo”.

Pese a resaltar que hay que estudiar la situación de cada niño de forma individual, para la psicóloga, la decisión es clara: “Lo deseable es que se queden un año más en infantil y aprovechen esta oportunidad única de seguir siendo niños, de aprender jugando y seguir madurando a su ritmo, sin presiones”.  

“No hay ningún inconveniente en que estos niños se queden un año más en la escuela infantil”, añade Luísa Brandão, profesora de Primaria hace 36 años. “Realmente, ese niño está ganando un año: un año para madurar, para desarrollar o cimentar competencias y para llegar preparado a lo que se espera en Primaria”. 

Los datos avalan el análisis. Según el informe PISA de 2022, los alumnos nacidos en diciembre repiten un 44% más que los nacidos en enero. Y esto, defienden los especialistas, no se corresponde casi nunca a un déficit de capacidades cognitivas, sino a una falta de madurez que les obliga a un doble esfuerzo a la hora de aprender. 

“Hay niños que simplemente no están preparados, pero porque son aún muy pequeños. Nada más. Es como si le pidiéramos a un bebé que camine, no hay forma de acelerar el desarrollo de los niños, se necesita tiempo. Con cinco años, muchos no son capaces de estar sentados en una silla durante un tiempo largo, no pueden concentrarse en una tarea más de unos minutos, no quieren hacer cosas repetitivas, que es algo que pasa mucho en primero de Primaria… y eso es totalmente normal y acorde a su desarrollo, solo hay que esperar”, añade Luisa.

Para las profesionales, la diferencia entre entrar un año antes o después puede traducirse en un niño desmotivado, que no quiere ir a clase, que siente que nada lo hace bien y que todo le requiere mucho esfuerzo, o en otro que disfruta aprendiendo y tiene ganas de ir al colegio. 

Esto mismo es lo que describe Natacha Figueiredo, de 46 años, cuando habla de su hijo. Francisco nació el 14 de diciembre de 2013 y, cuando en 2019 a los padres les tocaba decidir si matricularle o no, decidieron mantenerle un año más en Infantil. “Teníamos muchas dudas, no sabíamos si separarle de los amigos que entraban ese año en Primaria, pero tras hablarlo con muchos profesores decidimos dejarle un año más. Mirando atrás, estoy segura de que esa fue la mejor decisión que podríamos haber tomado”, incide.

Francisco era un niño “inmaduro, al que le costaba mucho estar sentado”. “Estaba mucho más interesado en jugar, en imaginar, por ejemplo, que en las letras”, explica Natacha. Hoy, camino de los 12 años, Francisco es un “muy buen alumno sin tener que hacer mucho esfuerzo”, que se “relaciona de forma fácil con sus compañeros y que se integra en cualquier ámbito, de la escuela al deporte”. “De haber entrado antes”, dice su madre, “dudo que hubiese sido lo mismo”.

Los profesores de Infantil y Primaria señalan que no se trata de que un niño sea o no capaz de aprender lo que le es exigido en esos años, sino de la forma en la que eso ocurre. Un recorrido fácil o penoso, que puede dejar mella en la autoestima.  

“Nuno [nombre ficticio] entró a mi clase con cinco años”, recuerda Raquel Matias, profesora de Primaria. “Todo se le hacía un mundo, no quería sentarse, le aburrían las tareas, solo quería jugar. Primaria se le hizo muy cuesta arriba y en determinado momento siempre estaba triste. Con mucho trabajo en la escuela y en casa, consiguió adquirir las competencias y los conocimientos exigidos, pero fueron cuatro años muy duros para él”.

Al final, todos los especialistas coinciden en que, con más o menos esfuerzo, estos niños alcanzan el mismo nivel de conocimiento que los demás, porque no es una cuestión de capacidades cognitivas. El verdadero problema está en el recorrido que, en la inmensa mayoría de estos casos, se hace más difícil.

Las comparaciones con los demás, la sensación de no dar la talla, el hecho de que siempre haya algo que corregir en los trabajos, son cosas que ocurren a diario en estos niños y que les generan una sensación de frustración constante y pueden dejar marcas e inseguridades durante muchos años. 

“Sabemos que la autoestima es algo que se va conquistando a lo largo de los años. Lo queramos o no, los niños van a estar todo el tiempo comparándose con los demás y sintiendo que no son capaces, y rápidamente se les coloca la etiqueta de malos estudiantes. Y, en la inmensa mayoría, el único problema es que no están preparados, porque son muy pequeños, nada más”, insiste Ferraz.

“A nivel emocional es una carga, porque a nadie le gusta sentir que se está quedando atrás, o que siempre necesita ayuda para hacer las cosas, que nunca le salen bien a la primera. Es algo que puede dejar inseguridades que perduren muchos años”, advierte la psicóloga. 

Pese a que todavía no es la opción mayoritaria, la tendencia para que estos niños disfruten un año más de la educación infantil está creciendo en el país. En el curso 2013/2014, solo seis mil niños nacidos entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre se quedaron un año más en la escuela infantil, lo que representaba poco más de un 6% de los pequeños de esas características. Diez años después, en 2023/2024, más del 17% de los nacidos en los últimos meses del año se quedan en Infantil. Una cifra todavía baja, pero casi el triple de la de hace una década. 

“Dejar a Jaime un año más en Primaria, para nosotros, fue fundamental”, recuerda Cristiana Gaspar, de 41 años. “Más que a nivel cognitivo, nos preocupaba su integración a nivel social. Siempre fue un niño tímido, reservado, que no entraba en muchos juegos más físicos. En ese último año de Infantil, su desarrollo fue brutal a nivel de confianza, de sociabilidad, de seguridad… Hizo toda la diferencia a la hora de entrar en Primaria”. 

Jaime nació el 21 de noviembre de 2013. Echando la vista atrás, Cristiana se alegra de la decisión tomada, sobre todo porque, “una vez que entran en Primaria ya no hay vuelta atrás”. “Hoy día es un niño que disfruta de las clases, buen alumno, y capaz de controlar la ansiedad típica antes de las pruebas o los exámenes. Eso, de haber entrado antes, no sé si sería igual”. 

La presión social para la escolarización de los niños, la tendencia a creer que, de no hacerlo, se quedarán atrás, lleva a muchos padres a escolarizarlos antes. “En el 90% de los casos es un error”, dice Paula Gomes, maestra de Infantil hace 40 años. “Nosotros les advertimos, pero no todos nos escuchan”, señala. 

Tener desarrollada la motricidad fina, saber coger una tijera y recortar, hablar con claridad y contar una historia sencilla, poder centrarse en una actividad hasta terminarla y tener un nivel básico de autonomía, son competencias ineludibles para que el ingreso en Primaria sea, además de exitoso, placentero. 

“Aprender a leer es algo guay, porque puedes leer los cuentos, puedes leer los subtítulos e ir al cine, puedes aprender muchas cosas en el colegio y eso tiene que ser algo bueno, no puede ser un castigo al que llevarles todas las mañanas, simplemente porque no están listos”, insiste Raquel Matias. 

Para las profesoras, el trabajo de Infantil está infravalorado. “Lo que se hace en la escuela infantil es fundamental para que la escolarización sea exitosa. Sí, los niños están jugando, pero a la vez, desarrollando todas las competencias necesarias para poder disfrutar de Primaria”, explica Paula Gomes. 

“El trabajo de las maestras de Infantil está infravalorado y yo creo que deberían tener un papel fundamental y su opinión debería ser la que marcara la decisión”, defiende Matias. En su caso, madre de dos niñas nacidas en los últimos meses del año, lo fue. “La segunda es de diciembre así que ni hubo debate, pero con la primera, que es de finales de septiembre, mi marido tenía más dudas. La conversación con la maestra fue fundamental y hoy sabemos que fue la mejor decisión”.    

Para Inês Ferraz, el sistema educativo tendría incluso que repensar la edad de entrada en Primaria, y cita a países como Finlandia, Estonia o Letonia, donde el ingreso se hace a los siete años y cuyos resultados PISA son muy buenos. “No hay nada malo que le pueda pasar a un niño por entrar un año después a Primaria. Al revés, solo va a ganar en madurez y competencias sociales, emocionales y cognitivas”, destaca la psicóloga. “Sin embargo, una entrada prematura puede resultar en mucho sufrimiento innecesario”. 

Restricciones a la reagrupación familiar, visados de búsqueda de trabajo solo para personas “altamente cualificadas” y una nueva fuerza policial para controlar la inmigración. Son estas las principales medidas de la nueva ley de extranjería de Portugal aprobada esta semana en el Parlamento.

El texto contó con los votos favorables de Alianza Democrática (AD), la coalición de centroderecha liderada por el socialdemócrata Luis Montenegro, y de Chega, el partido de extrema derecha de André Ventura. Los liberales de Iniciativa Liberal se abstuvieron. Toda la izquierda votó en contra y presiona, además, al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que vete la ley.

La norma se encuadra dentro de una política de inmigración mucho más restrictiva del Ejecutivo. El pasado junio, el Gobierno ya había anunciado la expulsión de 34.000 migrantes, cuyos pedidos de legalización habían sido denegados.

Uno de los principales cambios legislativos se refiere a la reagrupación familiar. A partir de ahora será obligatorio residir en el país al menos dos años para empezar a tramitarla, excepto para los hijos menores, caso en el que puede pedirse de inmediato.

Muchas familias viajaban apoyadas en el visado de uno de los progenitores, que luego legalizaba al resto de la familia a través de la reagrupación familiar. Ahora, la única forma de que una pareja con hijos se quede de forma legal en Portugal es que los dos tengan un visado. De no ser así, el que no tenga documentación debe esperar dos años en el país de origen para poder reagruparse con su familia. Lo mismo, para los hijos, si ya han cumplido los 18 años.

Además, tras la negociación con Chega, se introdujo la obligación de que estas parejas demuestren que ya vivían juntas en el país de origen. Según el Gobierno, lo que se pretende es que “la persona que pide la reagrupación familiar tenga un vínculo laboral estable en el país, pasados esos dos años, de forma a asegurar las condiciones necesarias a la manutención de la familia”. Para las asociaciones de inmigrantes se trata tan solo de poner trabas a la inmigración.

“Es una política de tortura, que te obliga a permanecer lejos de tu familia dos años. ¿Qué familia resiste tras dos años lejos? ¿Y los hijos mayores qué? ¿Con 18 años ya no necesitan estar cerca de sus padres? ¿No dependen de sus padres?”, pregunta Timóteo Macedo, presidente de Solidaridad Inmigrante, la mayor asociación de inmigrantes del país.

“Si queremos integración, la reagrupación familiar es fundamental. Es la forma de ser parte de la comunidad, criar lazos, construir una identidad conjunta. Es la única forma digna de hacerlo. Esta ley no contribuye para la convivencia, contribuye al crecimiento de los discursos de odio”, dice.

La ley tiene, sin embargo, dos excepciones: los inmigrantes con visados de profesiones altamente cualificadas y los llamados Golden visas, que podrán tramitar la reagrupación familiar en cualquier momento.

Excepciones que Macedo considera “elitistas y discriminatorias”, y que el Gobierno justifica con el hecho de que “mejores salarios garantizan de forma más rápida la estabilidad necesaria para traer la familia”. Además, tanto el solicitante como sus familiares "deben cumplir con medidas de integración", como el aprendizaje del portugués y los valores constitucionales.

Otro de los cambios importantes es la restricción del visado de búsqueda de trabajo para los profesionales con “altas cualificaciones”, dejando de ser una opción para todos los que quieran intentar buscar trabajo en el país.

Este visado permitía a una persona permanecer legalmente en Portugal por un período máximo de seis meses mientras buscaba trabajo y, si lo conseguía, pedir la residencia. Ahora esa posibilidad solo estará disponible para los que tengan “altas cualificaciones”, cuyas características aún no han sido especificadas por el Gobierno. “A día de hoy aún no entiendo qué es un inmigrante altamente cualificado… ¿es que un buen pintor no lo es? ¿Un albañil, un electricista que hagan bien su trabajo? Son políticas segregacionistas, elitistas, que quieren seleccionar las personas que pueden o no entrar en el país. ¿Quién va a trabajar en la hostelería, en la agricultura, en la pesca? Se nos olvida rápido lo necesaria que es la mano de obra migrante, lo mucho que contribuyen a la Seguridad Social”, incide Macedo.

Los últimos datos disponibles del Banco de Portugal, de 2024, son claros: el 41% de los trabajadores en el sector agrícola y de pesca son inmigrantes. En la hostelería representan un 31%, en las actividades administrativas un 28% y en la construcción un 23%.

Además, el texto incluye la creación de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF), una estructura integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP), con la que el Gobierno pretende reforzar los mecanismos de control migratorio y hacer más efectivo el proceso de retorno de ciudadanos en situación irregular.

Según el gobierno portugués, esta nueva unidad será “una fuerza policial de fronteras con la misión de controlar la entrada, supervisar a los inmigrantes y expulsar a quienes incumplan las normas”. En la práctica, la UNEF controlará la entrada y salida de inmigrantes por vías aeroportuarias, las solicitudes de visado a la llegada, las estancias irregulares y los procesos de expulsión.

Otro de los cambios importantes es la imposibilidad de regularización para los inmigrantes que hayan entrado o permanecido en el país de forma irregular. Para ellos ya no hay salida, y verán el visado denegado por un periodo de cinco años, que puede llegar a siete si se considera que existe “una amenaza grave para la seguridad y el orden público”. Esta fue una de las conquistas de Chega, que consiguió introducir la medida durante la negociación con la AD.

Para septiembre ha quedado la votación de la ley de la nacionalidad, ya presentada en la Asamblea de la República, y que va a ampliar el número de años de residencia necesarios para pedirla: de los cinco actuales pasan a siete para los inmigrantes de países de habla portuguesa, y 10 para todos los demás. Esta ley incluirá también la posibilidad de retirar la nacionalidad a quienes cometan un delito grave, con condena a prisión efectiva de cinco o más años.

Macedo advierte de un posible incumplimiento de la Constitución “en su artículo 13º, sobre el principio de igualdad”. “En este país nadie puede ser discriminado por razón de etnia, idioma, religión…. Ahora, unos tienen que esperar 7 años, otros 10… ¿pero qué racismo es este?”, pregunta. Para el líder de la ONG, la ley responde a una voluntad de “seleccionar la inmigración”. “Este gobierno no quiere la inmigración asiática, de Sri Lanka, Nepal, Bangladesh… de personas que son, en su mayoría, musulmanas. Y se sirve del idioma y la cultura para justificar una ley completamente xenófoba. En vez de valorar la diversidad, al intercambio cultural, se pretende facilitar la llegada de los que son más iguales a nosotros, en una política francamente discriminatoria”.

En una enmienda de última hora, el PSD incorporó una limitación a la capacidad de los inmigrantes para recurrir ante los tribunales. El texto instituye que el recurso a los tribunales “para la protección de los derechos, libertades y garantías solo es admisible" cuando, además de lo ya previsto en el Código de Procedimiento Administrativo, "las acciones u omisiones de la AIMA (Agencia para a Integração, Migrações e Asilo) comprometan de forma demostrable, grave, directa e irreversible, el ejercicio oportuno de los derechos, libertades y garantías personales, cuya protección no puede garantizarse eficazmente mediante las medidas cautelares disponibles"

La aprobación de la nueva ley de extranjería refleja la nueva realidad parlamentaria portuguesa, en la que la extrema-derecha se convirtió en la segunda fuerza política, tras dar el sorpaso al Partido Socialista en las últimas elecciones. Y aunque Luis Montenegro rechace que esté cediendo ante la extrema-derecha, los hechos le llevan la contraria. Aunque el Partido Socialista se mostró disponible para negociar la ley, la AD prefirió sentarse con Chega e incluir algunas de sus propuestas.

Además, la rapidez con la que el texto fue aprobado –tan solo 16 días— reviste de una urgencia ficticia un tema como la inmigración, que hasta ahora había sido capitalizado por la extrema derecha, con un discurso que criminaliza a los inmigrantes, sin que ningún dato lo avale. En un intento de apropiarse del relato, el Gobierno hizo de la inmigración el centro de su primera gran reforma de este segundo mandato.

“El Gobierno está cediendo a la extrema derecha en un intento de ganar votos, sin darse cuenta de que esa misma estrategia no ha funcionado en otros países. Ceder a la extrema derecha solo hace que ganen ellos y nos aparta del camino de tener una sociedad más justa y humana”, lamenta Macedo.

Ahora todo queda en las manos de Marcelo Rebelo de Sousa, que debe promulgar o vetar el documento. En el Parlamento, los partidos de izquierda pidieron que rechazara la ley. “Se trata de un oportunismo repugnante, que incita al odio”, dijo la líder de Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

El socialista Pedro Delgado Alves dijo que “no todo vale”, señalando que las propuestas presentadas son “de vergüenza”, apelando a que la AD “no se deje secuestrar por la extrema derecha”. Además, los partidos critican las prisas con las que se ha aprobado, sin tiempo para hablar con las asociaciones de inmigrantes, ni contar con los informes de constitucionalistas o siquiera los dictámenes de las comisiones de la especialidad. Aun antes de que fuera votado el proyecto, Rebelo de Sousa anunció que lo primero que haría sería “analizar las dudas de constitucionalidad”.

“Revisaré la ley para ver si cumple con la Constitución, y si no, la enviaré al Tribunal Constitucional”, dijo. Una vez pasado el filtro de la constitucionalidad, el presidente analizará “su contenido político”. "Una ley necesaria porque la situación de cientos de miles de personas que llevaban años sin regularizarse debido a la extinción del SEF ya no podía continuar, pero ¿representa esta ley un equilibrio entre acabar con la insostenible situación actual y caer en el otro extremo? ¿Es una legislación que considera la realidad no ideológica y reconoce que la economía necesita inmigrantes en determinadas circunstancias", insistió.

Portugal es el país de la Unión Europea en el que los precios de la vivienda más han subido en el primer trimestre de 2025. Así lo reflejan los datos de Eurostat de julio que recogen una subida sin precedentes: un 16,3%. Echando la vista atrás, en los últimos 15 años el valor de los alquileres ha subido un 130%.

Los números reflejan la profunda crisis de la vivienda que se vive hoy en el país luso, en especial en las grandes ciudades. Según datos del portal inmobiliario Idealista de junio de 2024, comprar casa en Lisboa era, en ese momento, un 25% más caro que hacerlo en Madrid o Barcelona. Una realidad que, sumada al poder adquisitivo de los residentes – el salario medio en Portugal es de 1.602 euros brutos al mes, según los últimos datos del INE– hace de la vivienda uno de los principales quebraderos de cabeza de los portugueses.  

La tormenta perfecta se viene creando desde hace más de 10 años, cuando Lisboa, ciudad cosmopolita pero poco visitada, se catapultó como destino turístico. En 2024 Portugal recibió cerca de 29 millones de turistas y la mayoría de ellos pasó por la capital.  

Agosto dejó de ser ese mes en el que los lisboetas podían circular fácilmente por la ciudad, aparcar en cualquier sitio y cenar sin reservar. Ahora hay tuk-tuks subiendo las empinadas cuestas, autobuses de turistas en cada rincón, tiendas de suvenires iguales a las de cualquier capital de mundo y terrazas, cafeterías y restaurantes llenos a cualquier hora del día.  

“Lisboa está de moda y la demanda de casas es casi infinita. Está en el epicentro de la inversión turística pero también inmobiliario. Han crecido de forma desorbitada los hoteles y los alojamientos turísticos, pero también el sistema inmobiliario de especulación”, explica Luis Mendes, investigador del Centro de Estudios Geográficos. “Están los nómadas digitales, los residentes no habituales, toda una clase de jubilados extranjeros con poder adquisitivo que fija su residencia fiscal en Portugal, y una ley de alquiler neoliberal, que viene de 2012, y que no impone topes a los precios”.

En las calles de la Baixa de Lisboa, una mirada atenta va descubriendo unas siglas que se repiten, edificio tras edificio: AL, Alojamiento Local, la expresión portuguesa que define los alojamientos turísticos. Entre 2014 y 2018, la capital vio crecer el número de alojamientos turísticos un 100% al año. Actualmente son cerca de 18.000. La crisis y la búsqueda de soluciones rápidas, llevó a los gobiernos de entonces —tanto el de centro derecha de Passos Coelho, como el de izquierdas de António Costa— a impulsar el turismo y los negocios asociados a ello.

En 2023, el Gobierno de António Costa, alarmado por el problema de la vivienda, decidió crear el programa Más Vivienda en el que, entre otras medidas, ponía límites al alojamiento turístico. Así, la concesión de nuevas licencias en todas las regiones del país con presión urbanística fue suspendida, las licencias existentes tendrían que ser evaluadas y renovadas en 2030 y las nuevas licencias concedidas tendrían que renovarse cada cinco años.

Además, se introdujo un nuevo impuesto para los alojamientos turísticos, a la par que beneficios fiscales para los propietarios que retiraran su vivienda del mercado turístico para destinarla al alquiler de larga duración. Con la nueva ley, las comunidades de vecinos tenían también la potestad de prohibir los pisos turísticos en sus edificios y, si el propietario decidía vender el piso, la licencia no se podía pasar al nuevo dueño.

Las medidas entraron en vigor el 3 de octubre de 2023, pero la salida prematura de António Costa del Ejecutivo y las consecuentes elecciones, hicieron decaer el programa. Un año después, ya con la coalición de centro derecha liderada por Luís Montenegro al frente del Gobierno, el Ejecutivo derogó el plan y acabó con las restricciones a los pisos turísticos. Ahora son los municipios, a través de su legislación propia, los que pueden, o no, poner trabas a los pisos turísticos.

“Portugal siempre ha estado en contra ciclo. Cuando ya toda Europa estaba tomando medidas para frenar los pisos turísticos, aquí teníamos a un presidente del Ayuntamiento de Lisboa, Fernando Medina, que decía ‘aun no sé lo que significa turismo demás’”, explica Mendes. “El alojamiento turístico es claramente una de las causas estructurales de la crisis de vivienda porque desvía casas de uso residencial y, al hacerlo, aumenta el cuello de botella de la pobre oferta de vivienda accesible en las ciudades, en especial en los centros históricos”.

Los últimos censos, de 2021, han puesto números a la realidad percibida por todos y dan cuenta de una pérdida acentuada de población residente en casi todos los distritos de Lisboa. Los distritos del centro histórico perdieron cerca de 8.000 residentes en un periodo de 10 años.

En 2018, para intentar frenar este ciclo, el Ayuntamiento de Lisboa aprobó la creación de 10 zonas de presión urbanística donde, por existir más de 20% de viviendas dedicadas al alojamiento turístico, ya no podrían ser concedidas más licencias. “Eso hace que el ratio no aumente, pero no que disminuya. Las familias que se han ido de los barrios ya no van a volver”, insiste Mendes. Además, “los pisos turísticos informales siguen existiendo, porque el Ayuntamiento no tiene recursos para hacer una fiscalización efectiva”.

Hoy, las calles del centro histórico de Lisboa, que hace 15 años se quedaban casi desiertas a partir de las 20.00 horas, son zonas vibrantes y llenas de movimiento y alegría, pero también, por muy contradictoria que pueda sonar, “territorios vacíos”. “Parecen territorios vivos, porque tienen una gran dinámica diaria pero, en realidad, están muertos porque no hay residentes permanentes, personas capaces de apropiarse del espacio y crear referencias, identidad y una memoria estable”, añade.

En los últimos años, las zonas céntricas de Lisboa han visto como la gentrificación se adentraba en sus barrios y expulsaba a los residentes para convertirlos en zonas turísticas o, en el mejor de los casos, zonas residenciales descaracterizadas de su esencia.

“A partir de los 2000 asistimos a una súper gentrificación, alimentada por los grandes flujos transnacionales de capital, con grandes inversiones extranjeras, que expulsa a las personas que vivían en los barrios para que entre otra, de estatus socioeconómico más elevado”, dice el investigador.

El impacto se da en las viviendas pero también en el espacio público, que se transforma y “se privatiza”. “Se construyen terrazas, se hacen obras urbanas que siguen aumentando el valor… una hamburguesería gourmet, una tienda de arte, un pub… en el fondo, aunque se trate de un espacio público adquiere cierto valor privado y de consumo. Además, destruye toda la identidad del barrio y sus características tradicionales y acaba con las redes sociales cohesionadas que existían, le daban forma y se apoyaban entre ellas”.

En un país donde, según los últimos datos del INE, faltan 136.000 casas para responder a las necesidades de las familias, hace falta un cambio estructural para solucionar el problema. “Lo primero pasa por movilizar los inmuebles vacíos del Estado. Saber cuántos son, dónde están y si tienen vocación residencial o se pueden convertir. Luego, tenemos un parque público de viviendas del 2%, de los más pequeños de Europa y eso hay que cambiarlo”, dice Mendes.

Este junio, Bruselas le daba un tirón de orejas al Gobierno, diciendo que las medidas actuales son insuficientes para combatir el problema. El documento señalaba tres vías de actuación prioritaria, una de ellas justo los inmuebles vacíos, públicos o privados. Las otras dos serían el tope a los precios de los alquileres y las restricciones a los pisos turísticos.

“Hay que hacer un ordenamiento turístico de los pisos y de los hoteles también, que solo en Lisboa han duplicado en los últimos años. Y hay que regular los alquileres, porque el mercado, por si mismo, no lo va a hacer”, insiste el investigador. “Hay un desfase muy grande entre la profundidad del problema y la profundidad de las medidas políticas que, a veces, son rehenes de los intereses de mercado y se toman tan solo de forma superficial”.