Aún no sabemos si Salvador Illa y Pedro Sánchez compartirán un año más destino vacacional en Lanzarote, pero lo que sí está claro es que el destino político de cada uno pasa por el otro. Seguro que esa semana de agosto en la residencia de La Mareta, donde el presidente veranea desde 2020, les viene bien a ambos para preparar un nuevo curso cargado de exámenes, aunque al menos el president ha evitado la reválida.

Con los presupuestos sellados en Cataluña tras una ardua negociación con ERC y el apoyo de los comuns, Illa ha hecho los deberes antes que el morador de La Moncloa, que no tendrá fácil lograr los apoyos para sacar las cuentas adelante. El curso que viene, sin embargo, el president tendrá que implementar una financiación que plantea muchos interrogantes. "Son unos presupuestos muy condicionados a diferentes acuerdos con partidos de la oposición, que se le pueden girar en contra. Es una estabilidad formal, pero no material", señala a infoLibre el profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona Jesús Palomar sobre unos acuerdos que, además, "no son catalanes, porque dependen de Madrid, no hay garantía de que se cumplan y eso puede complicar la gobernabilidad".

De momento, el tripartito catalán —PSC, ERC y comuns—, aún sin ser una coalición de gobierno formal, ha resultado en un funcional matrimonio de conveniencia. "Tanto PSC como sus socios saben que moverse en una posición distinta puede tener un alto coste. Tienen miedo a moverse", asegura a este medio el profesor de Estudios del Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta Catalunya (UOC) Andreu Paneque sobre el pragmatismo que ha guiado al eje izquierdista. "Si ERC hace algo, Junts hará lo contrario", pone como ejemplo, y aunque la lógica independentista ya no impera en el electorado, "puede trasvasar votos de cara a las municipales" del próximo mayo.

Si bien Illa ha logrado enterrar el procés, sigue lejos de ser el partido de la estabilidad, la concordia y las grandes mayorías que prometió en su campaña hace más de dos años. Entre otras cosas, porque la crispación no ha desaparecido. Ahora, agudizada por la fractura izquierda-derecha con el auge de los ultranacionalistas, especialmente de Aliança. "Eso no deja de revelar una particularidad de esta legislatura, la de los vasos comunicantes: lo que pasa en España se refleja en Cataluña, lo que pasa en el Congreso se refleja en el Parlament, y viceversa", afirma el politólogo.

Esa conexión ha impedido a Illa volver a la normalidad tras el tsunami y la resaca del procés. Su talante moderado y conciliador no le ha servido para reconstruir el 'oasis catalán', o mejor dicho, pujolista, cuando el clima de moderación en la Cámara de Barcelona contrastaba con las broncas en Madrid. Y no será porque el socialista no haya intentado rehabilitar la figura de Jordi Pujol: lo invitó al Palau de la Generalitat como "una de las figuras más importantes de la historia de Cataluña", se reunió con él en el Palacio de Pedralbes y la semana pasada volvieron a coincidir en un acto en el que Illa reconoció que "Cataluña le debe mucho". Todo eso tras la confesión de Pujol de tener una fortuna oculta en Andorra y en pleno juicio en la Audiencia Nacional, durante el cual el president pidió "sentido común" para archivar el caso. No sucedió, aunque Pujol fue exonerado por su deterioro cognitivo. Tiene 95 años.

Sin embargo, de nada ha servido esa contribución a la restauración de la imagen del líder convergente para acercarse a su idea de 'Catalunya un sol poble', ni tampoco para ganarse el favor de Junts, aun con visita a Puigdemont en Bruselas incluida, en septiembre del pasado año.

Esa era otra de las tareas de Illa para favorecer la gobernabilidad de Sánchez, pero los independentistas rompieron su acuerdo con el PSOE a finales de año tras convencerse de que no se iban a cumplir sus peticiones. Junts optó por la ruptura dura, por tumbar varias propuestas de ley en materia social —incluso algunas de mayor inversión para Cataluña—, hasta votar junto a PP y Vox para pedir que Sánchez convoque elecciones. La ecuación de Junts es fácil de resolver: sin gobernar en Cataluña no se logra nada en Madrid, así que mejor "hacer la puñeta" para mantener cierta visibilidad, como dice el politólogo Jesús Palomar.

Y, aun con esas contrariedades, Cataluña es una de las pocas bazas de los socialistas, que sólo gobiernan en Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Illa ha aprendido esa lección y es buen compañero. El president aprovecha cualquier tarima para echarle un capote al presidente. El balance del Gobierno central es "excelente se compare con lo que se compare" y Sánchez es "la voz de la dignidad", defendió a mediados de junio en el Consell Nacional del PSC, al más puro estilo felipista. Un encuentro entre militantes para olvidar las asignaturas pendientes: Rodalies, vivienda y educación.

Tras anunciar con bombo y platillo varias inversiones y obras en la red ferroviaria, los trenes de cercanías han vuelto a sufrir en junio interrupciones por fallas eléctricas, daños en infraestructura o robo de cobre. Pese a las numerosas medidas para contener el precio del alquiler, limitar la compra especulativa y aumentar el parque público, ha aumentado un 14% el precio de la vivienda, persiste el ahogo entre jóvenes para pagar el alquiler y se mantiene un déficit acumulado de 140.000 pisos. Y en el último trimestre le estalló una huelga masiva y prolongada del profesorado, que rechazó su propuesta de mejoras y avisó de un "otoño caliente". Así que Illa podrá tomarse un respiro estas vacaciones, seguro que más tranquilas que las de Sánchez, pero con algún que otro cuadernillo de verano para refrescar fórmulas y textos que seguramente tendrá que emplear el próximo curso. Los exámenes, al menos, no serán sorpresa.

Hay pocas cosas más mediterráneas que Serrat —y, últimamente, una Damm—. Con esa melodía y en la Antigua Fábrica de Estrella Damm de Barcelona salieron al escenario Elena Reinés y Daniel Valero 'Tigrillo'. Con semejante dupla de presentadores, la gala de entrega de los Premios Jóvenes infoLibre prometía ser entretenida y reivindicativa. Y lo fue. En su tercera edición, ni más ni menos, que ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya, Aena, Telefónica, Renfe, el Ajuntament de Barcelona, Paradores, la AECID, Estrella Damm y Celebración de los 50 años de España en libertad. "La extrema derecha quiere convencernos de que se ha quedado con los jóvenes y de que ha ganado una batalla para el futuro", arrancó Tigrillo, aunque los datos muestran lo contrario. "Esas noticias desmotivadoras solo buscan que dejemos la lucha", continuó Reinés. El aperitivo del acto era toda una declaración de intenciones: somos resistencia. También la juventud.

Porque en días de pactos que incorporan la "prioridad nacional", la primera piedra del extremismo para instigar un genocidio, y cuando hablar, precisamente, de genocidio parece ya ruido de fondo, no queda otra que "bajarse al barro". Lo dijo Virginia P. Alonso, directora de InfoLibre, feliz de celebrar los premios en Barcelona, "una ciudad que sabe lo que significa defender el espacio público, la palabra, que no ha tenido miedo a discutir, a movilizarse". Los ingredientes necesarios para "mirar bien" –como señaló la directora– a "una generación a la que tantas veces se juzga antes de escucharla", a quienes "los medios hemos convertido en una cifra, un problema, un mero titular". Para eso eran estos premios: para hacer autocrítica y agradecer a esa juventud que tenía enfrente "por no rendirse al cinismo y por obligarnos a mirar mejor".

"Esta noche no va de futuro, va de presente", concluyó. De reconocer y celebrar a quienes ya están haciendo algo y dando razones para confiar. Como Eduardo Casanova, premio al Compromiso Social por reivindicar el respeto y la dignidad de las personas con VIH en su documental Sidosa. "Vivimos en un país donde parece que el VIH sea algo de la gente de izquierdas", dijo Jordi Évole a través de un vídeo que envió para la ocasión. Para Casanova, a quien "le han dado fuerte por su trabajo", es importante "que te den un abrazo, que te reconforten con este premio". El guionista y productor de la cinta junto a Casanova aprovechó esta oportunidad para reclamar "más servicios de salud mental para mucha gente que no puede pagar y necesita ese acompañamiento".

El premio lo recogieron en nombre de Casanova, que no pudo acudir a la cita, Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa.

En días en que policías compadrean con jugadores de fútbol condenados a ocho años de cárcel por agresión sexual, nadie mejor que Júlia Salander para hablar de machismo con datos, defender la igualdad y ser premiada por ello. La politóloga y activista digital feminista pidió en la gala dejar de normalizar el horror: "Cuando un Mundial o una visita del papa tiene una cobertura tan grande, mientras que un feminicidio sale en pequeño, esto lanza un mensaje a la sociedad". "¡Me gustaría ver la cara y los nombres de los agresores!", exclamó Salander, antes de reivindicar que "ojalá el feminismo llegue tan lejos que nos despertemos un día y veamos cero feminicidios, cero agresiones sexuales".

Y, ¿dónde mejor para alzar la voz y la copa —la botella, perdón— que en la Antigua Fábrica de Estrella Damm, el lugar en el que el líder cenetista Buenaventura Durruti alentó una huelga que conquistó mejores condiciones laborales? En ese espejo de las convulsiones políticas de la España del siglo XX, la lección de Historia la puso Mikel Herrán, el mismísimo PutoMikel: arqueólogo, divulgador, escritor, artista drag y creador de contenido, premio a la Creación Audiovisual por acercar las Humanidades y la Historia a los jóvenes en tiempos de distorsión. "Agitando el miedo, aquellos que tienen poder quieren acumular más. La estrategia del fascismo se repite una y otra vez", aseguró, frente a quienes sostienen que la Historia no ofrece salidas, cuando "es la única salida posible para hacernos más humanos y justos".

Mientras ayuntamientos de Vox y PP censuran obras y arte incómodo, "hay una urgencia de crear relatos de vida y la literatura nos permite acercarnos a las cosas donde otros discursos no pueden llegar". Lo dijo Pol Guasch, Premio Cultura. El escritor y poeta catalán agradeció que desde la prensa se reconozca "esa labor de insertar relatos de vida en experiencias que se nos presentan en números y pequeños titulares que se nos olvidan rápidamente". Quien no pudo llegar, ni lenta ni rápidamente, fue Carles Tamayo, premiado por su periodismo comprometido en días de titulares ridículos e informaciones inventadas. El youtuber, cineasta y periodista de investigación arrancó carcajadas con un vídeo de agradecimiento en el que buscaba hueco en su estantería para el galardón.

La idea era poner el foco —rojo, claro— en la juventud, pero también hubo espacio para que Jesús Maraña, a quien Évole definió como "un tío íntegro", dejara "toneladas de esperanza" sobre el escenario de una gala llena de "voces cargadas de convicciones y de principios". Como el equipo de InfoLibre, que pasó meses estrujándose la cabeza y alargando reuniones hasta la madrugada para llegar a una conclusión: "Somos resistencia". Y así lo presumimos en nuestro logo. Porque si Maraña definió los tiempos que vivimos con una palabra, "desconfianza", la respuesta no puede ser otra que "resistencia activa, no para escondernos o agazaparnos, sino para actuar".

"Lo opuesto a estarse quietos", añadió Virginia Pérez. Y quien no podía estarse quieto, entusiasmado por anunciar una noticia, era Jordi Gracia, director de TintaLibre —sí, sí, una revista impresa: resistencia pura y dura—. El pintor Miquel Barceló ha realizado una propuesta gráfica para la cabecera que a partir de ahora incorporará el medio. "El espectro más alto de la generosidad global", celebró Gracia.

Porque mientras haya jóvenes capaces de "cambiar cosas con una cámara o con un libro", como dijo Tigrillo, "jóvenes a quienes les pesan más las palabras que los gritos o las ideas de mierda de los algoritmos", como continuó Elena Reinés, "la verdad se repartirá más rápido que la mentira". Y en estos días en que asoma la oscuridad, se brindó por el periodismo comprometido, la cultura retadora y la juventud brillante. En esa sala de máquinas donde Durruti alzó el puño hace unos 90 años, esta noche ha vuelto a fermentar una resistencia: la de jóvenes que aún creen en el futuro. Y lo defienden.

"No se conoce verdaderamente a una nación hasta no se ha estado en sus cárceles", decía Nelson Mandela, en una reflexión cercana a la de Dostoyevski, que vinculaba el trato a los presos con la verdadera calidad democrática. Cataluña sería la envidia de cualquiera de esos tiempos y latitudes, pero con algunos aspectos importantes que mejorar. De hecho, por eso el Parlament ha constituido un grupo de trabajo para revisar las políticas penitenciarias tras varios suicidios y un preocupante aumento del uso de la fuerza.

Precisamente el papa León XIV visitará este miércoles Brians 1, la cárcel catalana que "más denuncias ha recibido" por presuntos malos tratos, prácticas de aislamiento y el uso abusivo de las contenciones mecánicas —inmovilizar con esposas o correas—, según alerta la Xarxa Dret i Presó (Red Derecho y Prisión, en catalán), una plataforma integrada por diez entidades, algunas de cariz católico. La prisión, donde Robert Francis Prevost se reunirá con varias mujeres, alberga a 1.100 personas privadas de libertad y reúne todos los "síntomas de clara regresión, impropios de una sociedad desarrollada", según denuncia la severa carta enviada al pontífice, que resuelve que el sistema penitenciario catalán "no cumple los protocolos internacionales" y está "lejos" de cumplir el marco regulatorio.

Esas reclamaciones, formuladas en términos más suaves, llevan años planteándolas ERC, Comuns y CUP. Pero no fue hasta comienzos de mayo cuando el pleno catalán creó una subcomisión para diagnosticar las condiciones en las cárceles, donde este año ya se han suicidado cinco reos, tres de ellos en un centro de Figueres, cuyo director fue apartado por el Govern. "Abogamos por el régimen abierto (tercer grado), que se ha demostrado que reduce la reincidencia. Los funcionarios conviven más con los internos, pero es un riesgo que vale la pena", indica a infoLibre la diputada de Esquerra, Ana Balsera, una de las impulsoras del grupo de trabajo. Según explica, la aprobación de esta revisión del modelo penitenciario, con el apoyo de Junts y pese a la abstención del PSC, llega a raíz del informe de julio del pasado año del Comité Antitortura del Consejo de Europa, que instó a las autoridades a "reducir el uso desproporcionado de medidas de contención", una preocupación que ya había trasladado varias veces en la última década.

El partido de Balsera consiguió en marzo de 2021 aplicar la prohibición casi total de la contención mecánica, pero, solo un año más tarde, la nueva Conselleria de Justicia en manos de Junts volvió a autorizarla. En ese lapso de "contención cero" el departamento detectó un aumento del 45% de la violencia autoinfligida y del 31% de las agresiones a trabajadores. "Se ha reducido la agresividad con los años, pero las inmovilizaciones son necesarias en situaciones extremas. De lo contrario, estamos desamparados, nosotros y los presos", señala a este medio un funcionario de prisiones que replica la queja habitual de este gremio. Los datos de la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestran, sin embargo, que, pese a las medidas de contención, las agresiones contra el personal se mantienen igual, o incluso aumentan: de 393 en 2021 a 699 el pasado año.

Hay un problema de fondo. "No se está tratando la salud mental dentro de las prisiones. Hay personas con trastornos graves encarceladas y eso dispara las contenciones mecánicas", señala el abogado penalista Marc Viu, quien ha tenido acceso a esas cifras de contenciones "que mezclan las de naturaleza de régimen y las psiquiátricas". Para el especialista en criminología, la falta de una defensa efectiva, —"en lugar de abogados públicos que se quitan casos con un juicio rápido"— provoca que muchas personas con riesgos psicosociales terminen en cárceles en vez de en recursos psiquiátricos. "La falta de medios en la Justicia" y "el deterioro de la salud mental" son otras de las denuncias incluidas por la Red Derecho y Prisión en su misiva al papa. Así lo percibe también el funcionario de prisiones entrevistado de manera anónima: "Cada vez vienen más internos con temas de salud mental, si no la mayoría. Nos falta personal para aplicar los protocolos".

Se refiere al Plan de Choque de Prevención de Suicidios, puesto en tela de juicio por unas tasas de suicidio que duplican a las de España y Europa, y que, de media, han aumentado en la última década. "Hay que potenciar más el tercer grado para prevenir suicidios", indica Viu, pese a que el sistema penitenciario de Cataluña, la única comunidad junto al País Vasco que gestiona sus centros, ha apostado más que el resto de España por el tercer grado frente al internamiento estricto. "El tercer grado rebaja la reincidencia, pero está mal explicado y mal entendido por la sociedad", afirma, "parece que es dejar delincuentes sueltos, y entonces no es atractivo políticamente vender esto".

Junts ha promovido un discurso de combate a la multirreincidencia, sobre todo en delitos menores, e impulsó una ley en el Congreso para endurecer las penas que se aprobó en febrero con el apoyo de PP y PSOE. Los socialistas pasaron de intentar derogar la prisión permanente revisable (una especie de cadena perpetua) a aceptar su ampliación. "El discurso en la calle, el auge de posturas ultra, mete presión sobre los temas penitenciarios y no favorece que haya un espacio reposado para explicar lo que significa pasar por prisión", concluye el abogado.

La visita del pontífice a Brians 1 pondrá el foco en la cárcel al menos por unas horas. Cuando se apaguen los reflectores, quedarán las personas privadas de libertad, los funcionarios, las correas, las condiciones y los desafíos que deben afrontarse con la altura política que exige definir la calidad de los derechos humanos de una nación. Que no es poca cosa. Que se lo digan a Mandela o a Dostoyevski.

El poder económico catalán baila en círculos, como la sardana. Si se equivoca uno, afecta a todos. Un mensaje de cohesión y pertenencia, más que jerarquía. O eso se pretendía. Pero, esa danza donde se pone el interés colectivo en el centro se ha descompasado en los últimos años, y meses, debido a las turbulencias en las grandes empresas familiares, senyera económica y también social del país. Cuatro de las cinco mayores dinastías han atravesado culebrones familiares, escándalos o polémicas operaciones fallidas, mientras que otras muchas se han vendido al capital global. 

Ni Salvador Illa ni la presidenta del Cercle d'Economia, María Teresa García-Milà, se acordaron de esas grandes fortunas en la reunión anual de la élite empresarial catalana. Sí pusieron de manifiesto las fricciones de ese círculo con el socialismo catalán, arrastradas desde febrero, por temas como la regularización migratoria o la intervención de alquileres. De la retahíla de reproches de la presidenta del Cercle, que llegó a sostener que la política de vivienda avanza en la "dirección equivocada", a la respuesta, a ratos irónica, del jefe de la Generalitat. Todo para abrir boca a la principal cita económica en Cataluña, que mira más hacia China, Estados Unidos y Europa —o como echar mano al recién horneado pastel de la industria armamentística— que a Osona o El Penedès. De hecho, ninguna de las grandes familias de la terra figura entre las ponencias.

Tal vez haya quedado obsoleto aquel dicho del fundador de Planeta, José Manuel Lara, de que "los empresarios catalanes prefieren tener una tienda en el Paseo de Gracia que el 10% de El Corte Inglés, pero es mucho más importante tener el 10% de El Corte Inglés". Pues un par de generaciones después, a esa burguesía barcelonesa ya no le preocupa tanto la marca o el prestigio, sino sobrevivir a cualquier precio.

A comienzos de 2024 el fondo especulador Gothman City acusó a Grifols de manipular sus cuentas para maquillar un endeudamiento histórico y el valor de la farmacéutica catalana en bolsa sufrió un desplome del que todavía no se ha recuperado. A finales de ese año moría despeñado Isak Andic, el patriarca de Mango, que lograba torear el impacto por la pérdida gracias a un consejo de administración internacionalizado y preparado para ese relevo. Pero, las recientes acusaciones de asesinato contra el hijo, Jonathan Andic, han puesto en jaque la reputación del emporio. Y en medio de ese revuelo, se anunció que Puig cancelaba su fusión con la multinacional Estée Lauder, después de meses de negociaciones que, al truncarse, provocaron el batacazo del gigantes catalán de los cosméticos.

En 2023, la familia Rubiralta perdía Celsa por la decisión de un juez de aprobar un plan de reestructuración que entregaba la compañía acerera a un fondo acreedor tras años de agujero millonario. Meses después, un juzgado mercantil sancionaba a Francesc Rubiralta por retribuciones excesivas. Tal vez se salvan del ocaso las Daurella, encabezadas por Sol, dueñas de Cobega, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, aún y con alguna imputación a sus espaldas en 2018. Ese año precisamente los desencuentros por el reparto de dividendos entre Joan y Josep, los hermanos Font propietarios de Bon Preu, casi hace pedazos a la cadena de supermercados.

"Los problemas y disputas de sucesión han sido una de las causas para la venta de empresas familiares catalanas, pero también la necesidad de internacionalización para la inyección de inversiones y competitividad", señala el investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Andrei Boar, que destaca que "pese a los recientes golpes, se han mantenido a flote gracias a una sólida gobernanza de sus consejos de administración por encima de las personas". Sin embargo, el economista agrega que "el valle" que atraviesa la empresa catalana se debe a que "está sumida en una burocracia y legislación, que hace que sea más rentable venderla".

Ante esos desafíos, numerosos linajes catalanes han vendido sus empresas para vivir de sus activos e inversiones, como Manuel Lao con Cirsa (Nortia Capital), Alberto Palatchi con Pronovias (Galma Capital) o Ricardo Portabella con Grupo Anpora. Completan esa lista compañías emblemáticas como Abertis, Codorniu, Freixenet, FresCo, Ausonia o Palet. A la lista se sumó Mediapro en 2023, cuando un fondo chino apartó a Jaume Roures, fundador y socio gestor del conglomerado mediático. Tras su salida la nueva dirección despidió a 189 trabajadores.

"Son pocas las grandes empresas familiares catalanas, pero son referencia para las pymes, porque abren camino y estandarizan. Cataluña es una tierra con vocación comercial. No son sólo empresas, nos define como sociedad", indica a infoLibre la economista, Isabel Nogueroles, autora del libro El Poder del círculo en la empresa familiar. Nueve de cada diez empresas catalanas son familiares y generan el 70% de la riqueza, según datos de Ascef, que revelan el peso de este tipo de negocios en Cataluña respecto al resto del Estado. Los grandes linajes aportan el 5% del PIB catalán, crean mucho empleo y, sobre todo, "identidad". "Es más que un modelo económico, es un modelo social. Tienen mucho arraigo en el territorio, son un componente de desarrollo y un espacio de movilidad social", señala la analista sobre un gen catalán en mutación. Sus consecuencias ya se han empezado a notar, como indicaba García-Milà en el Cercle: "Cataluña ha crecido en los últimos años, pero con un modelo extensivo que ha supuesto más ocupación, pero menos productividad y salarios estancados".

Si el 55% del empresariado español (en Cataluña las cifras serán similares) tiene más de 60 años, en una década el ocaso actual será ya noche cerrada. Y todavía no hay ni tenoras ni tibles, ni en Cataluña ni en España, que salven esta sardana. "Políticamente se mira cada vez más a corto plazo, no hay una estrategia pública de país y esa miopía ahondará la crisis de la empresa familiar", considera Nogueroles. Una advertencia lanzada ya en 2021 por el Cercle d'Economia. "Denunciamos que hoy ni Barcelona ni Cataluña disponen de un modelo de prosperidad compartido y que cuente con la complicidad de todos los agentes. Por lo tanto, nuestro capital y nuestro país están arriesgando el futuro de todos: podemos quedar atrapados en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia", soltaban en un comunicado especialmente duro para una entidad empresarial guiada por la corrección política. 

Ese grito de auxilio se suma a los constantes reclamos de Foment del Treball, la principal patronal, presidida por Josep Sánchez Llibre, el lobista a cargo del regreso de las compañías tras la fuga por el procés. Pese a que algunas corporaciones como Sabadell y Criteria han vuelto a instalar su sede social en Cataluña, y pese a cierto dinamismo económico, todavía falta mucha diáspora por volver, sobre todo entre las pequeñas y medianas compañías que siguen sin encontrar incentivos en una de las comunidades con peor fiscalidad para el empresariado.

Ese fue uno de los reclamos que a mediados de año le hizo el empresariado catalán al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en otro círculo, el del Cercle Financer de La Caixa, antes de recibir a "aquel niño de Badajoz" como "el mejor interlocutor posible". Por la plaza del Cercle d'Economia danzarán el rey, Sánchez, Feijoó... y la cobla seguirá tocando para que cualquiera abandone o se una al círculo, pero siempre sin romper el ritmo.

Otro año más, y ya es el cuarto, medio millar de neonazis llegarán al Maresme para gritar canciones de exaltación a Hitler, bañarse en las playas tatuados con esvásticas y provocar incidentes y terror por las calles de Calella (Barcelona). Pero, ley en mano, nada se puede hacer para impedirlo, aunque en Cataluña esos ultras tengan una presencia residual que en los últimos años se ha dispersado entre partidos de extrema derecha y entornos neonazis vinculados al gimnasio y al culto al cuerpo.

Se trata de la cuarta edición del Chaos in the Sun, "el festival Oi! más importante del viejo continente", según los propios organizadores, que se reunirán en una masía de Santa Susanna, municipio costero a 60 kilómetros de Barcelona, propiedad de un grupo motero, junto a las hinchadas radicales, caldos de cultivo del fascismo vinculado a la criminalidad. "Hay dos tipos de neonazis: los descerebrados y los ideológicos", asegura a infoLibre, Xavier Rius Sant, experto en extrema derecha y amenazado de muerte por sus investigaciones.

Los primeros se dedican a la extorsión a clubes, tráfico de drogas o explotación sexual. Serían los Boixos Nois o las Brigadas Blanquiazules (a veces aliados), que han tenido altibajos en función de la detención de sus cabecillas por alguno de esos delitos y que captan a sus cachorros en las gradas de los estadios. Los segundos, "los espartanos, patriotas", como se definen, se han reencarnado en Cataluña bajo diversas siglas y símbolos exportados de Madrid.

La última intentona neonazi es Núcleo Nacional, que surgió en 2024 al calor de las manifestaciones contra la amnistía a dirigentes catalanes ante la sede del PSOE en Ferraz. "El neonazismo en Cataluña está en la clandestinidad, bastante desorganizado, y Núcleo Nacional es ahora el más consistente", señala el periodista. El grupúsculo anunció este enero su desembarco en Barcelona con la apertura de un local —su "estoa", término tomado de la arquitectura griega, como prefieren llamarlo—, pero terminó alquilando un salón de bautizos y comuniones en Sentmenat, a 30 kilómetros de la capital catalana. Hasta allí acudieron centenares de antifascistas, que fueron repelidos por los Mossos. El acto lo dirigió César Agüera, propietario de un gimnasio en La Llagosta, en la periferia barcelonesa.

"El neonazismo se mueve en esa galaxia de gimnasios que utiliza como vía de reclutamiento, además de las redes sociales, en ambientes de testosterona fáciles para radicalizar a alguien. Juegan mucho con una propaganda cuidada, actos llamativos y una estética de masculinidad, pero no hay un trabajo político de calle con incidencia", analiza para este medio Miquel Ramos, autor de varios libros, entre ellos De los neocón a los neonazis. 

Desde 2023, los ultras ni siquiera se congregan ya por el 12 de octubre —la Fiesta Nacional— en Montjuïc, como era habitual. A aquella última concentración apenas asistieron un centenar de neonazis, frente a los cerca de 2.000 de una década atrás. "Hay una correlación con el auge de partidos de extrema derecha. Sigue siendo la misma clientela, pero ahora con una legitimación y normalización de los discursos neonazis", asegura Ramos. Como ejemplo, cita a Jordi de la Fuente, concejal de Vox en Sant Adrià de Besòs, que aparece en su despacho con una bandera española con el anagrama de Núcleo Nacional.

Tres semanas después de aquella última concentración del 12-O, 14 neonazis de Democracia Nacional aceptaron penas leves por reconocer que habían hostigado durante dos años una mezquita de Nou Barris. A partir de esa condena de conformidad, sus integrantes dejaron de actuar en Cataluña. Es decir, cuando se aplican penas contra grupos hitlerianos, estos se acaban disolviendo o se metamorfosean.

El exmiembro de Democracia Nacional, Enrique Lemus, realizó en febrero la inscripción como partido político de Núcleo Nacional, quien no ha respondido a la solicitud de entrevista de este medio. "Es más complejo legalmente actuar contra un partido político que contra una asociación cultural", señala Rius Sant. "España no es una democracia militante [no exige que las organizaciones políticas compartan los principios del Estado, priorizando la libertad ideológica], siempre que no llamen a la violencia, están legalizados", añade sobre unos límites legales que las organizaciones supremacistas conocen muy bien. 

En abril del pasado año, la Guardia Civil abrió una investigación contra Núcleo Nacional por incitación a la violencia tras un vídeo donde llaman a "una lucha conjunta contra la invasión" migrante. Sin embargo, poco más de un año después, Interior aprobó su registro como partido político y el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró que no había "elementos" en sus estatutos para "negar" esa inscripción. Pese a que el Parlamento europeo lanzó ya en 2018 una advertencia sobre la necesidad de prohibir los grupos neonazis, ningún país europeo, aparte de Alemania, Austria y Suiza, siguió esa recomendación para frenar el avance del racismo y la xenofobia.

"Ni siquiera la izquierda en España está interesada en abrir ese debate para censurar el nazismo. Por un lado, no se confía en la aplicación del marco jurídico, porque se ha visto en otras legislaciones, como los delitos de odio, que terminan penalizando a activistas antifascistas o de la comunidad LGBTIQ+. Por otro, por cálculos electorales perversos, interpretan que cuanto más dividida y radicalizada esté la derecha, mejor, porque les criminaliza", indica Ramos.

De ese modo, según el investigador, han proliferado las exhibiciones públicas y se han empoderado muchos discursos de odio que fomentan la violencia hacia determinados colectivos racializados, "ilícitos penales que a menudo la Fiscalía deja pasar". Los propios integrantes de Núcleo Nacional justifican en su página web el uso de pasamontañas alegando que profesar su ideología "conlleva todo tipo de males para la vida personal de cada uno, multas y sanciones legales".

"Las fuerzas de seguridad saben quiénes son, hay una vigilancia muy cercana de estos grupos neonazis y se han hecho acciones preventivas", afirma Ramos. En octubre de 2023, fueron detenidos 16 supremacistas blancos y desarticularon una célula en Cataluña de Combat 18, una organización que apuesta por la lucha armada clandestina, considerada una banda terrorista en varios países. En febrero de este año fueron arrestados cuatro miembros de Núcleo Nacional en Sant Boi por hacer pintadas en mezquitas, comercios y en la sede del PSC. Fueron identificados por las publicaciones que subieron a Instagram. Sin embargo, "es un riesgo, porque eso no quita que pueda haber episodios puntuales de extrema violencia", agrega Ramos, como la matanza en Noruega de 77 jóvenes en un campamento socialdemócrata.

Este fin de semana en Calella, el apacible pueblo costero donde se alojarán los centenares de neonazis llegados de toda Europa, "habrá vecinos que no salgan a la calle por miedo y personas racializadas que se marchen del municipio para no sufrir agresiones", según denunció el diputado de la CUP Daniel Cornellà, en vista de los altercados que se han producido en anteriores ediciones, pese al despliegue policial que, de nuevo, custodiará la masía. Los antifascistas denuncian que el festival se celebra con "la complicidad de la Administración", mientras el alcalde de Santa Susanna justifica que no puede hacer nada porque "se trata de una fiesta particular". Y, si se prohibiese, seguramente el caos o la "Cara al sol" los pondrían otros personajes que, como la Hidra de Lerna —por volver a la antigua Grecia—, mejor que sigan en el pantano antes que oler su aliento.

Siete indicios y un posible móvil económico. De por medio, el análisis de muchísimas horas de conversaciones telefónicas y decenas de testimonios de personas allegadas confirman la mala relación entre padre e hijo y han transformado aquella caída accidental en la montaña el 14 de diciembre de 2024 en un presunto homicidio. Un móvil extraviado y las contradicciones en su relato llevaron a la detención este martes de Jonathan Andic por el supuesto asesinato de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango y el hombre más rico de Cataluña. El arresto se produce cuando estaba a punto de expirar la última prórroga de la investigación acordada por el juzgado, pero el auto judicial sostiene un caso bien atado.

Todo apunta a que la relación entre Isak y Jonathan empezó a torcerse hacia 2015, cuando el padre tuvo que interrumpir su año sabático para recorrer el mundo en barco debido a las pérdidas millonarias de la empresa, tan sólo un año después de poner al mando a su hijo mayor. Fue sustituido por Toni Ruiz, un ejecutivo externo a la familia, algo que habría molestado sobremanera a Jonathan.

Pero ya algo antes, "a mediados del año 2024", según se desprende de las conversaciones telefónicas recogidas en el auto judicial, Jonathan descubre que su padre "tenía intención de cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a las personas necesitadas". Desde entonces, Jonathan, que había presionado a su padre para entregarle la herencia en vida, cambia su postura, "pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta". En un intento de llegar a un entendimiento con su hijo, Isak acepta la excursión a Montserrat, una cordillera a 50 km de Barcelona, para hablar los dos solos. Para ese entonces, Jonathan ya sabía que la voluntad de su padre era que Toni Ruiz fuese el presidente de Mango, tal y como se lo expresó a su amigo Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre, que lo comentó en un coloquio hace poco más de un mes.

Isak se cayó por un precipicio de más de 100 metros, aunque se trataba de una ruta sin complicaciones. El primero de los indicios surge de las discrepancias entre la declaración de Jonathan el 14 y la del 31 de diciembre. Primero dijo que su padre se paró a tomar unas fotografías y no vio el momento de su caída, pero después declaró que su padre sólo usó el móvil al comienzo de la ruta, como así demostró el análisis del aparato. La autopsia constató que lo llevaba en el bolsillo al momento de despeñarse, así que "es poco probable, si iban caminando juntos, que no lo viera caer", señala el auto de libertad, que Jonathan pasará provisionalmente en su domicilio tras abonar el martes una fianza de un millón de euros para eludir la cárcel. La rapidez con la que se realizó el pago, siete horas después de su detención, demuestra la implicación de la familia para liberar a Jonathan, sea por el motivo que sea.

Pese a esas incongruencias, los Mossos d'Esquadra consideraron que todo apuntaba a un accidente y ante la ausencia de indicativos de delito, la jueza archivó la causa de manera provisional en enero de 2025. Pero dos meses después y tras recibir una ampliación de los atestados de los agentes, la jueza reordenó la reapertura del caso y puso a Jonathan en el centro de las pesquisas.

En ese lapso, Jonathan pidió un cambio de móvil a la empresa, pero tardó en recogerlo y no lo activó hasta dos meses después. Ese cambio de terminal disparó las sospechas, pero la policía no pudo requisarle el móvil viejo hasta septiembre, cuando lo sorprendieron en la calle, porque antes había reiterado que se lo habían robado en un viaje a Quito (Ecuador). El análisis de las conversaciones que contenía confirmó la incoherencia de Jonathan al asegurar que él y su padre mantenían una buena relación. El auto corrobora una "crisis" entre ambos y refiere una "manipulación emocional", donde incluso Jonathan había expresado "sentir odio, rencor, ideas de muerte y culpabilizar de su situación a su padre". Además, demostró que Jonathan había visitado Montserrat hasta tres veces en la semana antes de ir con su padre, aunque él lo había negado, por lo que los Mossos consideran que actuó con premeditación.

A mediados de octubre, la jueza notificó a Andic su nueva condición de investigado formal y emprendió una batería de entrevistas a personas cercanas a la familia para terminar de determinar su mala relación. El avance de la causa coincidió con un cambio al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell ese mismo mes, donde la dirección de las diligencias las asumió la comisaría general de Investigación Criminal, que orientó la investigación hacia Jonathan Andic.

Entonces, como ahora, la familia de Jonathan emitió un comunicado en el que aseguraba que las sospechas carecen de fundamento y que "la investigación demostrará su inocencia". Una familia "unida ante la adversidad", según fuentes del entorno citadas por varios medios, que aseguran que tanto sus hermanas (Judith y Sarah) como el tío de Jonathan (Nahman, confundador de Mango) siempre le han mostrado su apoyo incondicional.

En esa ronda de entrevistas, trascendió que fue ese núcleo familiar el que declaró que padre e hijo se llevaban bien. Sin embargo, la última pareja del empresario, la golfista Estefanía Knuth, confirmó públicamente la mala relación y allegados aportaron información sobre episodios conflictivos en el seno de la familia. También se descubrió que Jonathan pidió que se retirara al escolta que solía acompañar a su padre para gozar de mayor privacidad. 

Cuando a comienzos de febrero lo citaron a declarar (no como testigo, sino como investigado), el entorno de la familia quiso quitarle hierro al asunto asegurando que es un procedimiento habitual y que no implicaba un cambio de su estatus procesal. Pero lo cierto es que el nerviosismo y la tensión ya se habían instalado en la familia desde hacía meses, como se vio cuando la pareja de Jonathan, la influencer Paula Nata, salió corriendo a las puertas de un restaurante al verse sorprendida por varias cámaras. La citación era el resultado de la existencia de informaciones probatorias que debían ser aclaradas bajo garantías judiciales. 

La resolución judicial que se conoció el martes tras el levantamiento del secreto de sumario descarta la hipótesis del resbalón accidental y acusa de homicidio a Jonathan Andic. El pistoletazo de salida de un juicio que, ante la previsible expectación mediática, social y económica que puede generar, tanto instructores como agentes han querido amarrar con un cúmulo de pruebas contundentes. Ni una cámara de seguridad, ni señal satelital ni un senderista en el lugar de la caída aquel día soleado en la sierra de Collbató, cerca de Montserrat. El caso era complicado, por eso las indagaciones se han alargado un año y medio. Pero Jonathan Andic está acorralado. 

El heredero de la quinta mayor fortuna de España aguarda en su vivienda-fortaleza en Turó Park, en el barrio noble barcelonés de Sarrià, el inicio formal de la fase de instrucción con las actuaciones ya desclasificadas. Mientras, habrá de entregar su pasaporte y comparecer semanalmente en el juzgado. Se espera que sus abogados, encabezados por Cristóbal Martell, impugnen la tesis del homicidio premeditado y se abra un periodo de nuevas pruebas hasta la conclusión, que puede alargarse meses o años. 

De momento, Jonathan mantiene su título de vicepresidente de Mango, por debajo de Toni Ruiz, que fue nombrado presidente justo después de la muerte de Isak y que, pese a las turbulencias reputacionales por esa investigación, logró batir récords de ganancias el pasado año. La última esposa de Isak, Estefanía Knuth, mantiene un pulso con los hijos del multimillonario desde el verano de 2023, cuando firmó su último testamento. En él repartía su inmensa riqueza de manera equitativa entre los tres hermanos y a ella tan sólo le asignaba alrededor de cinco millones de euros (Mango ganó 242 millones de euros en 2025). La expareja no se sintió satisfecha con esa cantidad y emprendió una negociación para mejorarla que mantuvo incluso en paralelo a la investigación penal. 

Las hermanas de Andic, Judith y Sarah, aplicadas en sus carreras profesionales y exitosas mujeres de negocio, a diferencia de su hermano, siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su exposición mediática. También ahora, que se han limitado a asegurar por comunicado escrito que "la colaboración será máxima en el marco de estas diligencias". La pareja de Jonathan, Paula Nata, también discreta, subió el día antes de la detención varias fotos en la Fundación Maeght, en un lujoso pueblo medieval de la Costa Azul de Francia.

Todas ellas, y muchas más personas cercanas al clan, tendrán que declarar de nuevo, probablemente esta vez frente a una jueza que tendrá que condenar, o no, a uno de los cuarentones más poderosos de España. En juego está el futuro de Jona, como lo llaman sus colegas, el de los Andic y, sobre todo, el destino de un patrimonio de 8.000 millones de euros, muy superior al presupuesto para las obras de la Línea 9 del Metro de Barcelona, la infraestructura más cara del país, donde seguramente estos días sus pasajeros se sienten inmersos en una serie policíaca al escrolear las noticias.

ERC soy soy. Es el mensaje que entendieron de Oriol Junqueras las decenas de militantes que participaron este lunes en el Consell Nacional del partido, teóricamente su máximo órgano de decisión. La convocatoria debía refrendar el pacto presupuestario con el Govern socialista, pero fue apenas una puesta en escena, porque no se votó el acuerdo con el PSC. Las tres horas de encuentro sirvieron, eso sí, para poner de manifiesto las fisuras en el seno republicano.

"Esto es culpa de la debilidad de Junqueras, a quien sólo le importa que se le levante su inhabilitación [a la espera de resolverse el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional]. El Estado nos tiene sometidos de manera vicaria, porque tiene secuestrado al presidente de nuestro partido", asegura a infoLibre uno de los consellers nacionals, Xavier Martínez, portavoz del Col·lectiu Primer d'Octubre. Este sector de ERC recoge avales desde mediados de abril para celebrar un referéndum interno sobre la continuidad del apoyo al Gobierno de Salvador Illa. Consideran que los socialistas nunca cumplieron los compromisos en materia de financiación, soberanía fiscal y lengua catalana. Y, pese a ello, la dirección del partido convirtió ese acuerdo de investidura en un acuerdo de legislatura sin consultarlo.

"Se han saltado a la militancia y eso es una vulneración de los estatutos", señala Martínez, que avanza que presentarán una queja a la comisión de garantías para frenar el apoyo presupuestario de la ejecutiva. El cisma entre la cúpula y la base republicana viene de agosto de 2024, cuando poco más de la mitad de los militantes votó a favor de apoyar la investidura de Illa, a quien muchos ven más como un embajador de Pedro Sánchez que como un president preocupado por Catalunya. Seis meses después, Junqueras fue reelegido dirigente ERC por otro ajustado sostén de votos.

Sin embargo, lejos de remendar las costuras a la formación, "Junqueras impuso su ambición a los intereses del país", como valora a este medio Jordi Orobitg, uno de los exdiputados que se unió a la escisión de Esquerra, Foc Nou, para competir por el mando. "Este Consell es una prueba más de la deriva autoritaria de un partido, cada vez menos asambleario y más autocrático", agrega. A las puertas de la sede del partido ya se sabía lo que iba a suceder. Horas antes, Junqueras había dado un apretón de manos a Illa para anunciar una línea orbital ferroviaria que conecte el segundo y tercer cinturón metropolitano sin pasar por Barcelona, una idea guardada en un cajón desde hace casi 20 años. "¿Esa es la medalla que se cuelga Junqueras? Un proyecto para 2040, a la espera de financiación estatal, como Rodalies. Más de lo mismo", lamenta Orobitg, convencido de que, si PSOE y PSC no han cumplido los compromisos de investidura, tampoco lo harán ahora.

En marzo, Junqueras tuvo que retirar de la mesa la petición de gestionar el IRPF para desencallar la negociación de los presupuestos. A cambio, ERC ha logrado con este pacto una sociedad mercantil de inversiones —sustituto del consorcio tumbado en el Congreso—, la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, la incorporación del Consorcio de la Zona Franca y una inyección de más de 520 millones de euros a la Agencia Tributaria Catalana.

Junqueras ha defendido que el pacto con el Govern permite afrontar los "retos cotidianos" de la sociedad catalana y se trata de una "nueva oportunidad para obtener más competencias y herramientas al servicio del país". Sobre la cesión del IRPF, que ha quedado descafeinada en el pacto y en el tintero a cuatro años vista, el líder republicano ha insistido en que sigue siendo un "compromiso incuestionable", pero que el tema se ha retrasado "a cambio de nuevos pasos adelante".

Para entonces, pocos de los consellers nacionals creían a Junqueras ni a la secretaria general, Elisenda Alamany, que, durante la campaña interna, prometió que el presupuesto tenía que pasar el filtro de la calle. Tal vez con "calle" se refería a votantes y no a militantes. Los últimos sondeos de 2024 indican que tan solo seis de cada diez votantes de ERC son independentistas, por ocho de cada diez en 2018. "ERC ha perdido identidad. Ya no es una esquerra independentista. En esa transformación, veremos a candidatos de ERC en las municipales que escondan la marca, porque no es buena", afirma Orobitg.

Y en ese crepúsculo independentista quedó por responder en la calle Calabria de Barcelona un interrogante que planeó durante todo el encuentro: si la última encuesta de comienzos de mayo daba 28 escaños a ERC (ocho más que en las elecciones de 2024), lo que representa una recuperación tras meses de desplome en intención de voto, ¿por qué Junqueras no optó por romper la negociación presupuestaria y forzar elecciones anticipadas? "Es un día muy triste. El cambio de rumbo viene de lejos. Hace tiempo que hemos renunciado a la reclamación soberanista para dar estabilidad a los socialistas", resume Martínez la sensación que dejó el Consell Nacional del lunes.

La cara de circunstancias de Junqueras durante toda la escenificación de la firma del pacto presupuestario este martes daba esa misma sensación. El propio Illa dio un espaldarazo a su nuevo aliado al agradecerle su "sentido de país" y "coraje político" para llegar a unos acuerdos de consecuencias imprevisibles para ERC.

Al Govern se le acumulan los deberes para un final de curso minado de negociaciones y huelgas. El profesorado ha realizado un paro general en toda Cataluña y ha provocado el corte de varias carreteras. Se trata de la primera jornada de unas movilizaciones que se alargarán hasta comienzos de junio, si el Ejecutivo de Salvador Illa no lo impide con la aprobación de los presupuestos de este año, que previsiblemente anunciará con ERC la próxima semana (pasadas las elecciones andaluzas), después de meses encallados y al borde de fechas críticas.

Las nuevas finanzas prevén una inversión de 8.356 millones de euros en Educación, lo que representa un incremento del 24,4% respecto a 2023, pero apenas un 2,65% del PIB catalán, muy lejos del 6% que reclaman los sindicatos en una Iniciativa Legislativa Popular que se discute en el Parlament desde el mes de mayo pasado. "Quieren darnos 50 euros por noche de campamento, es decir, tres euros la hora. Y con eso se creen que es suficiente. Queremos que nos bajen el ratio por clase y reconozcan nuestro trabajo", pide una de las portavoces de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, en la multitudinaria manifestación de Barcelona. "Països Catalans, en peu de guerra per la pública!" ["¡Los Países Catalanes, en pie de guerra por la pública!"], se lee en su pancarta. 

De momento, tampoco ha aplacado las protestas la improvisada reunión con sindicatos que ha convocado la consellera d'Educació, Esther Niubó, para el jueves. "Llega tarde y sin propuestas concretas", se queja la maestra de música, al igual que el sindicato mayoritario, la USTEC, que se desvinculó en marzo del acuerdo de la conselleria con UGT y CCOO. El Govern confía ahora en que la inminente aprobación de los presupuestos, con aumentos salariales y mejoras en infraestructura escolar, sirva para desactivar las huelgas.

"Los límites al presupuesto en Educación tienen un problema de base: el sistema de financiación Estado-Cataluña. Los mismos límites que tiene ERC a la hora de conseguir algo más de dinero para rascar alguna concesión", asegura a infoLibre el politólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Marc Guinjoan, sobre las borrascosas negociaciones del PSC para lograr el apoyo de ERC a las cuentas de este año. Las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en infraestructura; la línea de tren orbital para conectar el cinturón periférico sin pasar por Barcelona; y el traspaso a la Generalitat de una competencia estatal, aún por definir, pero que podría ser un órgano bilateral para que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos catalanes.

Aunque, de momento, todo es papel mojado. Por eso los republicanos han supeditado su apoyo a que los acuerdos se ratifiquen en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat que evite distorsiones entre lo anunciado y lo implementado. "Hay un largo historial de incumplimiento de los acuerdos de ERC con el PSOE y pocos se materializan, como ya se vio con la transferencia del IRPF", indica el profesor de la UAB. Desde el verano de 2024, los republicanos pactaron con los socialistas que Cataluña gestionase plenamente la recaudación del IRPF, algo que todavía no se ha implementado. 

A pesar de ese incumplimiento, el líder de ERC Oriol Junqueras decidió retirar en marzo esa demanda del entorno de la negociación con el PSC para dar viabilidad a los presupuestos. Algo que ha vuelto a suceder con la petición de cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que exigieron la semana pasada tras la infiltración de dos agentes de este cuerpo en una de las asambleas de profesores para planear la huelga. "ERC juega en muchas arenas políticas (entre el independentismo y su alianza en Madrid) y no le queda más alternativa que optar por la gobernabilidad de Cataluña ante un contexto de conflicto laboral y una demanda unánime de la sociedad catalana", afirma a este medio el analista y politólogo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume, sobre el pragmatismo de los republicanos, que desde hace tiempo han escogido la gobernabilidad, máxime ahora frente al avance de fuerzas antiinstitucionales materializadas en Aliança Catalana. En este planteamiento, se juega a que es mejor tener a PSC y PSOE en el Gobierno que anticipar elecciones.

"Para nadie de su electorado es una sorpresa que ERC haya cedido, aunque tenga socios poco fiables", señala el politólogo de la UPF, sobre unas comisiones que han tenido "un historial de fracasos". De entrada, la Comisión Bilateral requiere de la aprobación del Congreso y, a finales de abril, Junts ya votó en contra -junto a PP y Vox- de crear un consorcio público bilateral formado por la Generalitat y el Estado para gestionar la implantación de futuras infraestructuras catalanas. Los de Puigdemont tacharon la propuesta de ERC de "otro chiringuito" colaboracionista con España, casualmente, cuando se cumple el 30º aniversario de la firma de la entente entre el PP de José María Aznar y la CiU de Jordi Pujol. 

Precisamente, ERC ha optado por aquel antiguo sistema Pujol de el peix al cove, conseguir lo que se pueda, cuando se pueda, pactando con quien sea para no desgastarse. Y, ante esa premisa, lo único que ha tenido que hacer el PSC para no dejarse materias para septiembre ha sido poner el balón en el tejado de los republicanos, que terminan presentándose a todos los exámenes sin ni siquiera formar parte de ningún gobierno.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.

Un adolescente de 14 años intentó apuñalar a otro compañero y un profesor lo inmovilizó cuando ya lo tenía agarrado por el cuello. La madre de una alumna saltó la valla del recreo para pegarle a una profesora que reñía a su hijo y una maestra las separó. Una menor de 12 años se encerró en el baño para lesionarse con la punta de un compás y su tutora desarmó la puerta para impedirlo y contenerla emocionalmente. Todos son incidentes contados por una profesora de un instituto de máxima complejidad en Barcelona.

"En ninguno de los casos la policía podría haber hecho nada o nada mejor que el mismo profesorado", asegura la docente, que prefiere mantener el anonimato. El plan del Gobierno catalán para desplegar agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en colegios y centros de secundaria se ha topado con la oposición mayoritaria de la comunidad educativa. "Lo único que conseguirá es aumentar la tensión. Es una medida destructiva, convierte a las escuelas en cárceles, no resuelve el problema de fondo", considera la profesora.

La conflictividad escolar en Cataluña ha alcanzado cotas críticas. El 84% del alumnado percibe violencia en los centros, casi dos de cada tres han sido víctimas de una situación violenta y ocho de cada diez chicas han sufrido agresiones sexuales, según la última encuesta oficial del curso 2021-22, publicada en 2023. Sin embargo, no existe evidencia clara en ningún otro país de que la figura policial en las aulas haya mejorado la convivencia. En Reino Unido, el programa Safer School Officers que desplegó a 683 uniformados a comienzos de este siglo ha tenido "resultados contradictorios", que "no respaldan claramente la afirmación de que la presencia de agentes de policía tenga efectos positivos", como concluye un estudio de la National Association of Head Teachers. Otras organizaciones más críticas advierten de la escalada de la estigmatización de escuelas en barrios desfavorecidos y de la derivación de problemas disciplinarios menores hacia el sistema de justicia criminal, un riesgo que afecta sobre todo a minorías étnicas.

"Si tratas a los jóvenes como delincuentes, se acaban comportando como delincuentes. Cuando se da una respuesta represiva con más expulsiones, detenciones, creación de antecedentes, el problema se enquista a mediano plazo y termina en mayor abandono escolar. Los chavales acaban en la calle", señala la directora de investigación de Equitat.org, Mònica Nadal, sobre los "efectos perversos" de la medida. Además, agrega que "cuando tienes colectivos racializados, cualquier comportamiento suyo se identificará como de mayor peligro". Un informe de SOS Racisme registró que por cada siete personas con nacionalidad española identificada en Cataluña, se para a más de siete personas extranjeras o percibidas como tales. "¿Cómo esos jóvenes se van a sentir seguros o van a confiar en esa policía? Un chaval que se siente rechazado es normal que genere resentimiento", zanja la socióloga.

En Francia ha habido desde 2018 varios intentos de infiltrar gendarmes, pero ninguno ha prosperado debido a la falta de consenso político, el rechazo social y la oposición de las direcciones de los centros. En Alemania, varios Estados se han aventurado recientemente a impulsar proyectos parecidos al de Cataluña. En Estados Unidos, con oficiales armados en cerca de la mitad de los colegios, algunas tesis indican que se han reducido un 30% las peleas y amenazas, pero no se han logrado evitar los tiroteos, y un estudio del National Institute of Justice indica que la tasa de mortalidad en esas balaceras es casi tres veces mayor en centros con guardias pistola en cinto. Finalmente, la propia Administración estadounidense reporta que en los high school con fuerte presencia policial las tasas de arrestos suelen duplicarse. Es decir, la medida criminaliza a los jóvenes más que aumentar la seguridad real.

Desde la Generalitat defienden que el plan se ha activado para fortalecer las funciones pedagógicas de los mossos, en la línea de las tareas de mediación y proximidad que ya cumplían. La docente del centro de máxima complejidad de Barcelona explica que en alguna ocasión han llamado a los mossos para disuadir a bandas juveniles que esperaban a algún alumno para ajustar cuentas a la salida de clase. "Los agentes vienen a dar charlas y alguna vez los he llamado para apoyarme en situaciones de vandalismo o portación de sustancias ilícitas", cuenta la directora de un instituto del Vallès Occidental, en una localidad que cuenta con dos agentes de proximidad, "pero me niego a meterlos en clase, no deja de ser un cuerpo represor".

Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha matizado que esa presencia policial permanente siempre será "voluntaria" y que pretende ofrecer una "mirada externa y especializada" en mediación de conflictos, pero que "no está previsto que tengan contacto directo con el alumnado" y “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. El Govern afirma que trabaja desde septiembre de 2025 en el proyecto a petición de los centros escogidos. 

No obstante, diversos de esos centros convocaron protestas contra la presencia policial y denunciaron que nadie les había informado sobre ello. “Menos mossos y más educadores sociales” o “Ni formados ni uniformados. Más recursos y menos policía” fueron algunos de los eslóganes gritados por el centenar de manifestantes de varios sindicatos educativos este lunes a las puertas de dos institutos de l'Hospitalet de Llobregat, donde esta semana se inicia la prueba piloto que desplegará a seis agentes en otros doce centros de máxima complejidad de la zona de Osona, Urgell, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Tàrrega, Vic, El Prat de Llobregat y Sabadell.

"Las personas formadas para la prevención de la conflictividad escolar somos los educadores sociales. Pedimos que se consolide nuestro trabajo, en lugar de socavarlo", reclama el vicepresidente del Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Óscar Martínez, quien reconoce que "las complejidades de la sociedad han cambiado y la figura clásica del profesor ya no es la única que hace falta, pero para eso están los profesionales preparados". El Govern, en cambio, ha recortado de 85 a 60 los profesionales de educación social en los últimos cuatro cursos, según datos del mismo CEESC. La Fundació Bofill recoge que tan sólo hay una educadora social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales.

"Despiden educadores para meter mossos. Jamás en la vida hubiésemos imaginado que habría policías en las escuelas. Es un giro a la derecha", sentencia Martínez sobre la idea del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Comuns y la CUP han rechazado duramente la medida por haberse impulsado sin debate parlamentario ni consenso con la comunidad educativa. Los republicanos advierten de que puede tener efectos "discriminatorios" al señalar determinados centros y tacha la propuesta de "poco afortunada, populista y condenada al fracaso". Así lo demuestran las experiencias en otros países, aunque el Departament de Educació enfatiza que, según la OCDE, "uno de cada dos países desarrollados cuenta con programas similares de colaboración entre escuela y fuerza pública "con fines preventivos"". La polémica ya está sobre la mesa en medio de la negociación del PSC para buscar el apoyo de ERC y los Comuns para desencallar la aprobación de los presupuestos de 2026. La menor de 12 años rescatada del baño cuando pretendía hacerse cortes porque no le gustaba su aspecto contó con el acompañamiento psicoemocional de una educadora social y hoy cursa tercero de secundaria, encaminada a la universidad.