Este año se cumplen veinte años del debate del matrimonio igualitario en España, un debate social que acabó con una hermosa victoria de la igualdad. 

El debate era sencillo. Las activistas entonces LGTB pedíamos algo directo: los mismos derechos, con los mismos nombres. Matrimonio, con todas las letras, con todos los derechos. 

La derecha, claro, criticó esa reivindicación. Afirmaron que podríamos haber conseguido “los derechos”, sin necesidad de “molestar a gran parte de la sociedad”, como afirmó Mariano Rajoy. El matrimonio era “otra cosa”. El matrimonio “viene de madre”, dijeron, cumple una "función reproductiva”, afirmaban, tiene un “origen antropológico”, aseveraban. En resumen, gente nueva, personas homosexuales y bisexuales, “invadían” el concepto de matrimonio y lo “desnaturalizaban”, “borrando” y “disolviendo” el matrimonio real, “perjudicando" a las parejas heterosexuales ya casadas que perdían “su” matrimonio en detrimento de una “nueva figura” que incluía a personas que no deberían estar ahí. 

Y fueron incapaces, todavía lo son, de explicar por qué las parejas del mismo sexo no pueden acceder al matrimonio y, en cambio, las de diferente sexo sí. ¿Cuál es el motivo, cuál es el problema? Y la gente entendió que, en realidad, lo que molestaba a la derecha y a la iglesia no era el acceso de las parejas del mismo sexo a los derechos, no. Lo que les molestaba era que se pusiera en el mismo plano de reconocimiento simbólico, de jerarquización social, a las parejas del mismo sexo y las parejas de diferente sexo. Fue transparente que, para la derecha, las parejas heterosexuales debían tener un reconocimiento social específico y superior, pues a sus ojos son “las personas de bien”, “la familia verdadera” y tantos y tantos eufemismos sobre quienes cumplían la norma simbólica, heterosexual, en muchos casos religiosa y social de comportamiento. Aquellos que obedecían esa norma sexual y social, debían ser premiados y reconocidos por ello, colocándoles simbólica y a nivel de estatus, por encima de las parejas del mismo sexo. 

Ese era el debate de fondo. La igualdad frente a la jerarquía social tradicional. El reconocimiento de que todas y todos somos iguales ante la ley frente a nombres específicos, leyes apartheid, creadas para ceder algún derecho, pero manteniendo el elemento clave, simbólico, de desigualdad y jerarquía tradicional intacto. 

Y perdieron el debate. La igualdad triunfó. España supo ver la intención real, discriminatoria, y decidió que homosexuales, bisexuales y heterosexuales somos iguales ante la ley y la sociedad. Y durante 20 años, el matrimonio igualitario solo ha generado felicidad. Bien por España. 

Su hegemonía económica y cultural, como centro del mundo, hace tiempo que está en decadencia y, a la vez, la hegemonía de las personas blancas heterosexuales anglosajonas como cúspide de la jerarquía social de sus países y del mundo, solo ha hecho que sufrir golpes en los últimos 40 años con el avance del reconocimiento de la diversidad en Occidente y el desarrollo de países como China. 

Trump es una expresión clara de esto. Su eslogan, Make America Great Again (MAGA), llamando a volver a ese momento en el que los blancos eran hegemónicos, y sus decisiones –atacar a personas racializadas, migrantes o LGTBI– son una declaración de intenciones. Sus votantes no han votado a Trump por la economía o la desindustrialización. Sus votantes, o una parte muy importante de sus votantes, votan a Trump porque este les dice que está bien sentir odio contra los que les ‘roban’ su puesto en la jerarquía, contra Canadá, México, los migrantes, las personas LGTBI, las personas racializadas. Les dice a los que siempre fueron la cúspide que se les debe algo. Les dice que va a exigir y negociar para que otros países “les paguen” lo que les deben. No se trata de economía. Se trata, de nuevo, de jerarquía social. De quién está por encima y quién por debajo. De si los blancos anglosajones siguen siendo la élite dominante de EEUU y del mundo o llega “el gran reemplazo” y deben compartir su poder con los “woke”, con el resto del mundo.

Y lo mismo está pasando en Reino Unido. Es sabido que el Brexit, comienzo de una acelerada  decadencia económica de Reino Unido, se debió, entre otros, a motivos xenófobos, pues los predictores psicológicos de la xenofobia estaban relacionados íntimamente con el voto a favor del Brexit, como ilustraron Golec de Zavala et al. en un estudio de 2017. Además, según una encuesta de Lord Ashcroft Polls del 23 de junio de 2016, el voto por el Brexit entre los blancos alcanzó el 53%, mientras que los británicos de origen asiático apostaban en un 67% por el remain y los británicos de origen africano apoyaban quedarse en un 73%. También hubo un componente generacional, pues más del 60% de los mayores de 60 años apoyaron el Brexit por tan solo un 27% de los de 18 a 24 años. 

Así que, de nuevo, asistimos a una percepción mayoritaria entre los blancos de mayor edad, como ha sucedido en EEUU, de que los blancos pierden la hegemonía, de que el Reino Unido está siendo invadido, de que no tenía “autonomía”, de que sus problemas se derivaban de Europa, los fontaneros polacos y el nivel de inmigrantes en el país.

Es el mismo mecanismo en ambos países: el giro a la ultraderecha está alimentado por la pérdida de hegemonía social de los blancos anglosajones de mayor edad, la percepción de estar perdiendo su papel de cabeza de la jerarquía social, que muchos consideran un derecho natural, anclado en la tradición, justificado por sus méritos como creadores de un orden internacional. 

Las élites blancas tradicionales de EEUU y Reino Unido perciben que pierden poder interno, el papel de los blancos autóctonos como hegemones sociales indiscutidos se erosiona, mientras que EEUU y Reino Unido como países pierden poder como hegemones globales. 

Es peor en el Reino Unido que en cualquier otro lugar del mundo, le decía Judith Butler a Owen Jones en un video en su Instagram. Se refería, por supuesto, al impacto de las TERFs, las feministas radicales anti-trans, que tienen como objetivo central de su trabajo y lucha eliminar los derechos de las personas trans por la vía de denegarles el reconocimiento de su identidad.

Por supuesto, no lo articulan discursivamente así. Ellas afirmarán que “no odian” a las personas trans, “que no tienen nada en su contra”, pero que hay que defender “el sexo como categoría biológica” y así, de esta forma, “proteger” a las mujeres. 

Estamos de nuevo ante una batalla por un concepto, en este caso, el sexo. Una batalla, como vimos con el matrimonio, entre una definición inclusiva, en la que caben homosexuales, bisexuales y heterosexuales y una definición excluyente, en la que no cabían. Pues bien, en este caso sucede exactamente lo mismo. Estamos ante una batalla para definir el sexo, sobre todo para definir mujer, como una categoría inclusiva, en la que caben las mujeres cis y las mujeres trans, o como una categoría excluyente, en la que solo caben las mujeres cis, las mujeres que no son trans. No es, tampoco, un debate muy novedoso. En los años 80 este mismo debate se tuvo con las mujeres lesbianas, defendiéndose definiciones de “mujer” que exigían la heterosexualidad y, por tanto, dejaban fuera a las mujeres lesbianas. Al final, definir un término te permite definir quién lo habita y, sobre todo, quién es el sujeto hegemónico de ese término. 

Es por eso que asistimos a una batalla por redefinir el término “mujer”, un término que el propio feminismo siempre ha definido como principalmente social por sus más grandes teóricas como Simone de Beauvoir, y retroceder a una definición biológica, dependiente de cromosomas, útero, ovarios y finalmente, capacidad de parir. Y todo con un objetivo táctico: dejar fuera del concepto de mujer a las mujeres trans y, de paso, afirmar que los hombres trans son “mujeres engañadas” por la propaganda trans. 

Pero ¿por qué el discurso TERF ha calado con tal virulencia en el Reino Unido, hasta el punto de ser el núcleo desde el que se elaboran discursos, noticias falsas, memes, argumentarios y demás artillería política desde el discurso TERF? ¿Por qué las mujeres feministas blancas y mayores del Reino Unido han asumido con tanta vehemencia y celeridad un discurso que, en los feminismos de otros países, incluido el de España, no ha tenido ese nivel de penetración y de conexión con los sentires de esas mujeres?

De la misma forma que el discurso de ultraderecha contra la inmigración presentaba a los migrantes, a los extranjeros, como la amenaza de sustitución, como aquellos que estaban robando la hegemonía a los británicos blancos que debían recuperarla vía Brexit, el discurso de ultraderecha, articulado principalmente por las organizaciones ultraconservadoras, ha encontrado en las mujeres feministas blancas británicas mayores un terreno abonado, presentando a las personas trans como invasoras, como gente que quiere violarlas, como gente que les quiere robar sus derechos. Y al colectivo LGTBIA+, de forma simbólica, como quienes les están quitando el protagonismo en el feminismo y la lucha por igualdad. Se presenta un grupo vulnerable como una amenaza a la hegemonía simbólica y cultural, en este caso, de las mujeres blancas feministas, que temen ser sustituidas, invadidas, por las personas trans y LGTBI+ en sus luchas y que no van a aceptar, de ninguna manera, que una mujer trans sea igual a ellas, como no podía aceptar el foro de la familia que un matrimonio homosexual fuese igual que uno heterosexual.

Y este mecanismo que funciona en todo el mundo para activar el discurso TERF encuentra en EEUU, pero sobre todo en el UK, una percepción previa de desplazamiento cultural y simbólico de las británicas blancas mayores. Y de la misma forma que se redefinió el concepto “Reino Unido” para dejar fuera de él a los extranjeros, a Europa, para volver a los orígenes, de la misma forma que los votantes de Trump votan para Make America Great Again, para volver al momento histórico en el que la hegemonía blanca era indiscutible, las mujeres TERF en el Reino Unido han batallado para que el Tribunal Supremo redefina el sexo para dejar fuera a las personas trans, para que las personas blancas y mayores recuperen su posición en la jerarquía simbólica, para que quede claro que Reino Unido, el sexo, es lo que ellos y ellas dicen que es, que valen más los británicos blancos que los extranjeros y que valen más las mujeres cis que las mujeres trans, expulsadas ya siempre del concepto mujer. Para dejar claro que hay ciudadanos de primera/mujeres de primera, y otras, diferentes, de segunda, las personas extranjeras / trans. 

En resumen, el mayor impacto del discurso TERF en el Reino Unido se explica por un terreno abonado de amargura entre las mujeres blancas británicas conectado con la decadencia de lo anglosajón en el mundo. En una sociedad en la que la decadencia económica, cultural y de posición jerárquica, tanto del país como de las personas blancas, las mujeres feministas han comprado un discurso que les señala a las personas trans como su amenaza de pérdida de jerarquía, como su “gran reemplazo” como mujeres y han impulsado su propio Brexit, la expulsión de las mujeres trans del concepto de mujer. 

Pero como pasó con el Brexit, desafortunadamente, retroceder a una definición biológica del sexo para expulsar y eliminar los derechos de una parte de la población, lejos de solucionar nada, solo agravará el problema. Porque la realidad es tozuda y la igualdad imprescindible: las mujeres trans son mujeres y el matrimonio homo/bisexual es matrimonio. Mismos derechos, con los mismos nombres. 

Y ninguna sociedad que pretenda ser justa puede excluir a partes de la ciudadanía de sus derechos para establecer una jerarquización en la que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Tarde o temprano, la igualdad se impondrá, también en Reino Unido.

____________________

Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.

La frase es de Marco Pagot, Porco Rosso, un piloto de hidroaviación en el Adriático, durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Porco Rosso de Hayao Miyazaki es una bellísima película y alegato pacifista contra las guerras pero, sobre todo, contra el fascismo.

A veces una frase, una idea, trasciende, y eso sucedió con Porco Rosso. Su frase “prefiero ser un cerdo a ser un fascista” ha generado infinidad de citas, de memes, de mensajes siempre en la misma dirección: sencilla, simple, poderosa, hermosa como solo un cerdo rojo aviador puede serlo. 

Nada justifica el fascismo. Nada. Ningún argumento geopolítico. Ningún interés nacional. Ningún supuesto bien futuro. Ni Marte, ni la riqueza, ni la seguridad, ni la familia, ni la nación. Nada, repito, nada justifica el fascismo, el discurso genético o cromosómico, el señalar a los vulnerables como culpables de nuestras inseguridades y miedos, la persecución y la muerte de quienes tememos, la expulsión de pueblos indefensos de su territorio, la difusión de discursos de odio contra migrantes, mujeres, LGTBI, discapacitados, el definir la empatía como un problema, la fuerza y la crueldad como principales argumentos, el borrar términos como diversidad, igualdad, mujeres, el eliminar de la historia a los militares negros, el aprobar leyes para perseguir a las personas LGTBI, el prohibir orgullos en Hungría… 

Nada, nada, absolutamente nada justifica el fascismo de Vladimir Vladimirovich Putin, el de Donald John Trump ni, por supuesto, el de Benjamin “Bibi” Netanyahu. 

Es imperativo tener certezas morales para tener claro lo que tenemos que hacer, y para eso, primero hay que saber donde está el problema.

No ser capaz de entender que, en este momento, Trump, Putin, Netanyahu, Milei u Orbán forman parte de la misma internacional, con los mismos objetivos, nos están enredando en unos debates que buscan distraernos del problema central que es el ascenso del fascismo, de la ultraderecha a nivel internacional, cada vez mas coordinada para destruir las democracias, a la Unión Europea pero sobre todo, los pocos derechos e igualdad que hemos construido con tanto esfuerzo.

Por eso, a mi juicio, es irresponsable hablar de “rearme”, de gasto militar en si mismo, sin explicar con claridad para qué es ese gasto militar, sin decir abiertamente por qué es necesario ese gasto militar, sin explicarle a la ciudadanía para qué puede servir, si es que puede servir de algo, aumentar el gasto en armas. 

No se me va de la cabeza lo que pasó en el siglo XX. Las democracias de entonces intentaron apaciguar el fascismo, en ese momento en el poder en Alemania e Italia. Se negaron a ayudar a España, que cayo bajo la bota fascista. Todo fueron complejos intereses nacionales, priorizando alianzas y fantasías ya muertas, negándose a ver lo que se venía encima, negándose a ver que el fascismo venía a devorarlo todo, a arrasar con todo. Temo que estemos haciendo lo mismo, un siglo después. 

Veo a personas de izquierdas negándose a decir la palabra “Putin”, justificando la invasión ucraniana con argumentos de realismo maquiavélico sobre el derecho ruso a no sentirse amenazada y, para ello, reconociendo un supuesto derecho ruso de controlar Ucrania contra la voluntad de los ucranianos, por la necesaria seguridad rusa. Les veo haciendo análisis sobre la OTAN o la URSS como si Putin fuese comunista o anticapitalista. Les veo obviando la guerra contra nuestros valores que Putin promueve en redes con desinformación, discursos de odio, desestabilización de países, como pasó recientemente en Rumanía, dónde estuvo a punto ganar la presidencia un candidato que realiza saludos nazis con el apoyo Ruso. Les veo en silencio cuando Putin envenena, tortura y defenestra opositores. Les veo mirando para otro lado cuando persigue a todas las personas LGTBI, declara que los activistas LGTBI somos terroristas extremistas en Rusia y promueve el odio en redes con campañas, argumentarios y redes de bots y pseudomedios que llegan hasta España. 

Veo a una Unión Europea incapaz de decir abiertamente que Trump y Putin son ya aliados, si no lo mismo, y que, guste o no, ambos países son enemigos de la Unión Europea, de la democracia, de la diversidad. Que ambos son los fascistas de hoy, que están organizados y coordinados para acabar con la empatía, con la democracia, con la diversidad. Y también les veo incapaces de señalar el fascismo sionista de Benjamin Netanyahu, sus matanzas, su violencia, sus crímenes de guerra. 

Cuando se pierde el imperativo ético, la brújula moral, ningún proyecto político tiene justificación clara.

Siento ser tan duro, pero creo que, como sociedad, necesitamos despertar. Todo lo que está sucediendo en el mundo apunta hacia el crecimiento del fascismo. Las causas del crecimiento de la ultraderecha, a mi juicio, son los nuevos medios de comunicacion, la redes sociales, que permiten a los dueños de dichas redes y a algunos gobiernos y partidos políticos manipular el debate público generando un clima emocional de odio sintético, en el que el fascismo nada a favor de la corriente. 

Si no entendemos esto, que el enemigo es el fascismo, en todos sus aspectos, y los dirigentes y gobiernos que defienden el fascismo, Putin, Trump, Netanyahu, Orban, Milei… 

Si no entendemos que la guerra contra el fascismo no se libra solo en los campos de batalla ucranianos, sino sobre todo en las redes sociales, para lo que hay que armarse, organizarse, creando redes sociales propias, invirtiendo en ciberseguridad, sancionando los discursos de odio, explicando a la ciudadanía a donde conduce ese odio… 

Y si no entendemos que desafortunadamente tenemos que tener, como Europa, capacidad disuasoria frente a Putin y sobre todo frente a Trump, que debemos prepararnos, también militarmente, frente a un ya no descartable ascenso militar del fascismo, para poder defendernos, nos pasará como le pasó a las democracias en el siglo XX. Que no quisieron creer que fuese posible lo que venía y llegó.  

El fascismo del siglo XXI ya está aquí. Viene gritando “woke”. Entra por las redes sociales y sus algoritmos. Llega a nuestros jóvenes por streamers y youtubers machistas. Está financiado por dinero internacional. Tiene ya a varios de los más importantes países del mundo como EE.UU. o Rusia. Y no va a parar hasta imponer su ideología al resto, por la desestabilización vía redes o por la fuerza. 

Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Se cuenta que Hayao Miyazaki planeó realizar una secuela de Porco Rosso ambientada en la Guerra Civil Española y estoy seguro de que Porco ayudaría al bando republicano contra el fascismo. A veces un dibujo animado puede tener más dignidad y más verdad que miles de sesudas teorías geopolíticas. Con el fascismo no se contemporiza, no se debate, ni se discute. Al fascismo se le combate con todas las armas a nuestra disposición.

Nos va la vida en ello.

____________________

Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.

Quizá sea deformación profesional, pero como politólogo que se ha tenido que leer muchos textos y discursos para escribir los míos y como académico que se tiene que leer las ideas de otros para aplicar sus conceptos, no hay nada más útil que las palabras para saber de donde sale una idea, quienes comparten cosmovisiones del mundo o incluso alianzas políticas. 

Cuando de repente Vladimir Putin, Viktor Orbán, Elon Musk, JD Vance y Donald Trump empiezan a utilizar el mismo discurso, con las mismas palabras, hablando de “Diplomacia” o de “lograr la paz”, una persona bienintencionada puede pensar que es casualidad. Una persona con experiencia en argumentarios y estrategias políticas, no tiene ninguna duda, ninguna en absoluto, que algo así solo sucede cuando hay coordinacion entre esos actores, sea directa o en intereses finales. Y también, que cualquiera que defienda ese discurso justo en este momento, no está defendiendo ni la diplomacia, ni la paz, sino la estrategia y los intereses de Putin y Trump. 

Lo mismo con el discurso de “la guerra la empezó Ucrania empujada por EEUU”. Desde el primer momento, ese fue el discurso de Rusia, que entiende que Ucrania es suya por derecho, que cree de verdad que Ucrania debía haber aceptado su papel subordinado en la “esfera de influencia” de Rusia, entre sus países satélites. Para Rusia, la rebelión de Ucrania les forzaba a la invasión para demostrar su fuerza, que el gallo puede defender su corral. 

Es, como explicaba Rebeca Solnit en un excelente artículo, “The She made him do it theory of everything” (La teoría general del “ella me hizo hacerlo”) una forma argumental refinada que los matones usan para culpar a sus víctimas del abuso y del acoso: ellas me hicieron pegarles, porque no aceptaban que yo les mande, ellas me provocaron. Esta inversión de la culpabilidad es la misma que, en el caso de las mujeres, se usa con la violencia de género que sufren (algo habría hecho ella, fue una denuncia falsa) o incluso a la violencia sexual (ella le provocó). 

Pues bien, parece ser que, para Rusia y para otros muchos que usan los mismos argumentos y palabras que Rusia, la invasión de Ucrania se produjo por culpa de EEUU que impulsó a Ucrania a “provocar” a Rusia solicitando entrar en la OTAN o en la UE. Al final, Ucrania estaba provocando a su amo ruso, no sabía su lugar en el mundo y, ante dicha provocación, Rusia no tuvo otra opción que invadir y matar 40.000 civiles ucranianos más otros 500.000 soldados (las fuentes no son fiables) ucranianos que defendían su territorio. Pero claro, Rusia siempre quiso la diplomacia y la paz.

Hay que seguir siempre las palabras como un forense, pero nunca creérselas. Hay que analizar cuándo aparecen. Quién las inventa. Qué connotaciones tienen. Qué se busca con ellas. Nos permite entender lo más importante, las intenciones de quienes las usan. 

Por ejemplo, cuando Trump y JD Vance llaman dictador a Zelenski y luego dicen que quieren la Paz y la Diplomacia en Ucrania, ¿qué están diciendo? Usando el discurso de Rusia están diciendo que son de Putin. Que consideran a Zelenski un problema y que la guerra de Ucrania nunca debió suceder, porque Ucrania es de Rusia y lo que queda es firmar la “paz” y resolver las cosas con “diplomacia”. Ese es el mensaje que le llega perfectamente a Zelenski: un mandato de capitular frente a EEUU y Rusia.

Y ese, no tengo dudas, era el objetivo de Trump con su escenificación en la Casa Blanca: lograr “la paz”, lo dijo mucho en campaña, vender que él apuesta por “la diplomacia” lo dijo en campaña, los mismos términos que usa Putin, esto es, la rendición de Ucrania, un acuerdo que no es más que un reparto de las riquezas de Ucrania y la vuelta de Ucrania, ya sin garantías ni apoyo militar de EEUU, a la esfera de influencia rusa para que, en un plazo razonable, eliminado (o envenenado) ya Zelenski, Ucrania vuelva a ser un estado títere de Rusia. 

Pero una escenificación de un acuerdo diplomático y de paz requiere gente diplomática y de paz. Y Trump y Vance son cualquier cosa menos gente capaz de mostrar acuerdos, destensar una reunión o encontrar alternativas. 

El resultado es que, ante las aclaraciones de Zelenski, ante su negativa a claudicar, perdieron rápidamente los papeles y empezaron a amenazarle, cambiando el lenguaje de la diplomacia y la paz por las amenazas:  "no tienes cartas", le dijeron. "no he venido a jugar a las cartas", dijo Zelenski. “Las cartas”. Cuánto revela una sola palabra de cómo entienden el mundo las personas. 

Y ¿cuál es el objetivo de Rusia? Para mí, no es otro que recuperar su "esfera de influencia", los países que considera "suyos" y que la UE le ha "quitado": Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia… Y lo está haciendo invadiendo Ucrania y desestabilizando las democracias europeas como en Rumanía, usando a países que controla como Hungría o que controlaba como Polonia y, así, desestabilizando la UE en su conjunto. 

Lo he dicho antes. Estamos ya en guerra con Rusia. El frente de la batalla física es Ucrania y la batalla cultural se está dando en las redes. Y por ahora están ganando. 

Tengamos muy claro dónde está la amenaza, quién es el enemigo y qué quiere para Europa: países controlados por mafiosos de ultraderecha, con la fuerza como única razón y en la que las mujeres y grupos vulnerables sean los chivos expiatorios de las frustraciones de la población. 

Hoy el mundo está girando y comienza uno de los momentos más turbulentos de la historia desde hace 80 años. Ya sin EEUU actuando de “hegemón benefactor”, una posición muy rentable para ellos, pero que articulaba las relaciones internacionales en el último siglo a través de las instituciones internacionales y cierto multilateralismo, vuelve la razón única de la fuerza, como están demostrando Trump y Putin: vuelve el fascismo. 

Durante el siglo XX, las potencias trataron de aplacar al fascismo y eso solo le dio alas. Quienes piensan que la única razón es la fuerza, se crecen cuando creen que el otro es débil. Hoy, hay que trazar la línea en Ucrania, porque si Putin y Trump convierten a Ucrania en otro Estado títere, su siguiente objetivo será la Unión Europea.

Sigan las palabras. Está todo dicho. Las intenciones están muy claras. Solo miren quién las dijo primero y quién las repite después para entender quién está con quién y por qué en esta guerra.

______________________________

Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.

Elon Musk va a volver a cambiar el funcionamiento público de Twitter. Musk se ha cansado de que las notas de la comunidad señalen la verdad. Tras los desmentidos en X a las afirmaciones de Trump, salidas directamente de la propaganda rusa, que acusan a Zelensky de ser un dictador sin apoyo popular, Musk entró en cólera. 

¿Cómo es posible que los hechos, la realidad, estropeen su propaganda? ¿Como es posible que la información veraz cuestione sus opiniones? Eso es algo intolerable. Como explicó en su red social, “las notas de la comunidad están siendo manipuladas por los gobiernos y los medios. Estoy trabajando para arreglar esto”, explicó para justificar la revisión. 

Es difícil negar ya que Twitter, o X, no es una red social. No es un lugar donde compartir información con tus contactos o seguidores. Es una refinada herramienta de propaganda de la ultraderecha, muchísimo más peligrosa de lo que parece a simple vista. Hagamos un ejercicio sobre las posibilidades de manipulación de Twitter. 

Puede facilitar la creación de cuentas falsas, pagadas, para que gobiernos o empresas afines creen cuentas falsas que distorsionen la percepción de la ciudadanía del debate social. Puede eliminar cualquier limitación de los discursos de odio para que el clima en Twitter sea cada vez más agresivo y violento, acallando a las personas vulnerables (mujeres, LGTBI+, gitanos..) en favor de los acosadores, de los matones. Puede también forzar que tenga más visibilidad todo lo que ponga el dueño de la red.  Puede modificar el algoritmo, promocionando más los contenidos con más interacciones agresivas, para que los discursos racistas, xenófobos o tránsfobos tengan más viralidad y generar un clima de odio sintético. Puede censurar términos que no me gusten, porque los considero “ofensivos”. Puede eliminar la verificación en base a los hechos y sustituirla por “notas de la comunidad” para favorecer la desinformación. 

Todo esto es público y conocido. Pero seamos mucho más finos. 

Puede reducir drásticamente la visibilidad mutua entre personas de izquierda que se siguen, para que no se vean o interaccionen habitualmente entre sí. Puede sobreexponer a las personas de izquierda a los mensajes de ultraderecha. La pestaña “para ti” es un ejemplo de esto. Y del revés, podemos aislar a la gente de derechas de los mensajes de la izquierda, para que nunca vean cuestionados sus discursos. Puede modificar el algoritmo para reducir la visibilidad de referentes de izquierdas, sin que noten la bajada de RT o Me gusta, sustituyendo esos RT o Me gusta de cuentas reales por los de cuentas automatizadas. Puede diseñar algoritmos secundarios ocultos que trasladen nuestros mensajes de forma segmentada a poblaciones, por territorios, por ideología, por sexo, por raza, orientación sexual… Imaginaos que Twitter programa un algoritmo para que los contenidos más feministas de los partidos de izquierdas lleguen solo a los hombres jóvenes en duda y los contenidos más machistas de la izquierda llegan más a las mujeres votantes de izquierdas. ¿Cuánto tiempo tardarían los jóvenes en radicalizarse y las mujeres en desactivarse? ¿Cómo se traduciría esto en las urnas? 

Pues bien, si todo eso es posible, y lo es, y mucho más, ¿alguien me explica cómo se puede “dar la batalla en Twitter”? ¿Alguien me puede explicar qué ganamos estableciendo como el ágora de debate público una aplicación informática controlada al milímetro y de forma siempre oculta por la ultraderecha?

Twitter no es una red social. Twitter es una herramienta de propaganda de la ultraderecha. 

Estar en Twitter no te permite dar la batalla con nadie, solo legitima el espacio como el ágora de debate público y permite a Elon Musk decidir qué hace con tus mensajes, ya sea censurarlos, visibilizarlos, utilizarlos de manera teledirigida y mil cosas más, siempre con el mismo objetivo. Nunca, repito, nunca vas a poder lograr cambiar la narrativa, llegar a la mayoría de la población porque no sabes cuánto de real hay en los RT, en los MG y en las interacciones con cuentas y no sabes a quién y cómo están llegando tus mensajes. 

Twitter es una amenaza para la democracia, es una red social en manos de una persona cuyo objetivo es desestabilizar las democracias. Ningún partido, ningún político, ninguna institución pública, ningún medio de comunicación puede prestarse al juego irresponsable de legitimar institucionalmente un espacio de debate donde las normas las pone la ultraderecha y la opinión pública se configura con esas normas. Solo estar allí supone reconocer la derrota. ¿Cómo es posible que las instituciones, los medios y partidos progresistas sigan en esta aplicación propiedad de Musk? ¿Qué pretenden hacer allí? ¿Qué planes tienen? ¿Cuántas energías dedican a un espacio en el que es imposible ganar el debate? 

Termino con una pregunta, para los que siguen pensando que hay que “dar la batalla” en Twitter. 

¿Por qué la izquierda no “da la batalla en Vox”? ¿Por qué no se afilia la gente a Vox para tratar de cambiar su discurso, desde dentro? ¿Por qué “se cede” ese espacio a la ultraderecha? ¿Por qué “no se pelea” allí?

La respuesta es muy simple. No se dan batallas para perderlas en un terreno completamente controlado por las normas del enemigo. En un lugar así, irse no supone “ceder” nada, y estar legitima el espacio.

Estar en Twitter, hoy, a nivel personal, es una irresponsabilidad. Pero a nivel institucional supone colaborar y promover que la ciudadanía use una herramienta de propaganda de alguien que pretende destruir nuestra democracia.

Espero que, más pronto que tarde, las instituciones sean capaces de reaccionar.

____________________

Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.

Estamos en guerra con EEUU y Rusia. Es hora de llamar a las cosas por su nombre para poder asumir la situación de una vez. 

Por ahora no es una guerra militar salvo en Ucrania, pero sí comercial, cultural y, sobre todo, una guerra por el alma democrática de Europa, por los valores liberales de igualdad y libertad, por la libertad de expresión, por los derechos de los grupos vulnerables. Por, en definitiva, seguir progresando en el modelo de sociedad más avanzado que existe en el planeta, un modelo que, pese a todos sus enormes problemas de desigualdad, combina una gran libertad en lo económico, en la expresión, en la sexualidad, con una apuesta cada vez más decidida por la igualdad de todos los grupos vulnerables, que avanzan gradualmente hacia una mayor igualdad, hacia más derechos. 

Ese es, en gran medida, el proyecto europeo, un proyecto que no es el autoritarismo machista y homófobo ruso, que no es la autocracia sin libertades china y que no es la enloquecida apuesta por la desigualdad, el individualismo y la primacía de las empresas de EEUU. Europa es el lugar del mundo donde mejor se vive. Y eso es lo que está en juego en este momento. 

Y de nuevo hay que ser consciente de la estrategia que se está utilizando para actuar. A través de las redes sociales, de internet, los valores europeos, las democracias europeas están siendo asaltadas, una por una. Se está usando el argumento de la “libertad de expresión” por parte de la ultraderecha, para exigir que puedan difundir sus discursos de odio contra los grupos vulnerables. Las democracias liberales, que tienen en la libertad de expresión uno de sus valores centrales, son muy vulnerables a las acusaciones de dictadura o de limitar la libertad de expresión por parte de grupos intolerantes que lo que quieren es la máxima libertad de expresión para ellos para hacerse con el poder y, entonces, limitar, ellos sí, la libertad de expresión de todo aquello que odian. 

Tenemos ejemplos muy claros con Rusia y, ahora, con EEUU. Los agentes rusos y su propaganda hablan sistemáticamente de libertad de expresión y de censura en occidente de sus contenidos, desinformación y propaganda, pero no tienen ningún rubor ni ninguna duda en censurar con leyes cualquier visibilidad de la diversidad sexual. Pasa exactamente lo mismo con EEUU: el vicepresidente JD Vance en Munich criticó a Europa porque no permite más discursos de odio, más visibilidad de la extrema derecha, por mantener el cordón sanitario a la ultraderecha. Y lo hizo, como hace también Musk, en nombre de la libertad de expresión mientras queman libros digitales o borran, enteras, a las personas trans de todos los registros, de todas las agencias, de todos los programas, incluso del memorial de Stonewall, que celebra la revuelta de Stonewall contra la opresión al colectivo LGTBI+ que fue iniciada.. por una persona trans.

No ocultan sus groseras incoherencias. Su planteamiento es claro: exigen libertad de expresión para su odio y reconocen abiertamente que ellos nunca darán esa misma libertad de expresión a sus oponentes. Hablan de democracia, exigen democracia, para acabar con la democracia. 

Es la paradoja de la tolerancia, la paradoja de Popper. 

Decía Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos que una sociedad como la nuestra, que defendiese la tolerancia y la diversidad, debía tener el derecho a negar la tolerancia a quienes querían sociedades intolerantes, que la única manera de defender la libertad de expresión es, literalmente, limitar la libertad de expresión para quienes, incluso en nombre de la libertad de expresión, quieren acabar realmente con ella. 

Como recoge la Wikipedia, hoy también amenazada por Trump y Putin, Popper afirmaba que “parece contradictorio extender la libertad de expresión a extremistas que... si triunfan, suprimirían sin dudar las opiniones de aquellos con los que discrepan”. 

Y es esto, exactamente, lo que estamos viviendo. Las democracias liberales han perdido los equilibrios mediáticos, los contrapesos y reparto de los canales de comunicación y creación de debate público que permitían un debate en el que las posturas intolerantes no estaban prohibidas, pero no tenían suficiente difusión para imponerse y lograr censurar a quienes ellos odian. Pero con la introducción de internet y las redes sociales, es evidente que la intolerancia, o mejor dicho, el fascismo, está avanzando, gracias al clima de odio sintético generado por las redes sociales, gracias a los discursos de odio contra grupos vulnerables y gracias a la desinformación que elaboran y promueven países como Rusia y ahora, también, EEUU. 

En estos momentos, las redes sociales de EEUU son un canal directo de propaganda del autoritarismo fascista, llenas de desinformación, cuentas falsas y campañas rusas, que pretenden acabar con las sociedades democráticas liberales europeas para imponer unas sociedades autoritarias, llenas de censura de todo aquello que moleste a sus dueños tecnofascistas como Elon Musk o a sus oligarcas como Putin. 

¿Ecologismo? No tendrá cabida. 

¿Igualdad de la mujer? Miren el modelo de Putin o el de Trump para la mujer. 

¿Diversidad sexual? Han eliminado todos los derechos trans y a las propias personas trans. Lo siguiente serán las leyes antivisibilidad LGTBI como en Rusia, para volver a armarizar a toda la población LGTBI+, para borrarnos de la vida pública, para que, como defiende Milei, “vivan su sexualidad en privado”. 

¿Discapacidad? Trump ya ha dicho que contratar a personas con discapacidad es un problema y ha eliminado los programas de inclusión. Y ya hay funcionarios de Trump que defienden la esterilización de la “basura de bajo CI”

¿Personas seropositivas? Trump ha congelado la financiación a los fármacos de VIH de 30.000.000 de personas y ha sacado a EEUU de la OMS, que ya avisado de la locura de esta medida. Y no es solo el VIH, también la tuberculosis que, además, de no tratarse genera resistencias para el resto de la vida. 

Y todo esto es a corto plazo. Porque a largo plazo, el proyecto de sociedad que tienen Musk, Trump y Putin en mente es, sencillamente, un grupo de oligarcas, de tecnoligarcas en EEUU, de oligarcas del petróleo o el gas en Rusia, controlando de forma autoritaria, vía redes sociales, a la sociedad, aumentando las desigualdades, tapando cualquier descontento por la vía de buscar chivos expiatorios en grupos vulnerables y una vuelta decidida a la explotación de la ciudadanía, laboral por supuesto, con más poder para los oligarcas, pero también sanitaria o educativa, vía privatización de la sanidad y la educación. 

Es una impugnación directa del modelo europeo de Estado del bienestar, de tolerancia, de libertad y de igualdad. 

Termino con una idea clave. Hay que defender la libertad de expresión de aquellos que usan su nombre para acabar con ella. Y para ello, hay que tener claro, de una vez por todas, que las redes sociales y los medios de comunicación deben ser neutrales en cuanto a promoción y propaganda de los discursos de odio. 

Esta es la clave. Debemos regular las redes sociales para exigir que demuestren, con datos públicos, con la apertura del algoritmo, con auditorías de terceros, que sus estructuras de comunicación no permiten la desinformación, no hipervisibilizan los discursos de odio y, en definitiva, que no son herramientas políticas de gobiernos extranjeros para realizar injerencias políticas contra nuestras democracias liberales con el objetivo, nada disimulado, de acabar con ellas y que pasemos a regímenes liberales. 

Estamos ante la paradoja de Popper. Estamos en guerra y tenemos que defendernos. Basta ya de inocencia: quieren acabar con la libertad de expresión y, para ello, gritan “libertad de expresión”. Es hora de regular de forma explícita, clara y contundente, urgentemente, las redes sociales si no queremos acabar en dictaduras donde todo se decide con un click en casa de Elon Musk.

____________________

Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.

Cualquiera que haya recibido una educación secundaria básica es consciente de la ola reaccionaria que estamos viviendo y sus enormes similitudes con lo vivido hace un siglo, que dio paso al ascenso del fascismo. En EEUU gobierna un ultraderechista y en toda Europa, el ultranacionalismo de derechas ha ganado posiciones. Aunque España es una privilegiada, gracias a una victoria por los pelos en las elecciones del 23J, la involución a nivel internacional ya esta aquí. Estas son diez ideas urgentes que, creo, deben estar en la cabeza de todo analista o estratega que pretenda mantener una sociedad progresista.

1. La desafección con la democracia no es un problema económico.

El giro a la derecha se está dando en todos los países del mundo, independientemente de su desempeño económico, incluida España, con algunas de las mejores cifras de inflación y de crecimiento económico. En España la economía va bien, pero el sentir ciudadano es de frustración y rabia. Una pista clave la podemos extraer de los barómetros del CIS, que muestran una distorsión enorme entre la percepción de la propia situación económica (65,8% la califica como positiva o muy positiva) y de la situación económica percibida del país, (un 29,2% la ve positiva o muy positiva), una diferencia de más de 35 puntos. Una buena situación económica, al menos en España, no sirve para que la gente piense que la situación va bien: un 63,9% considera que la situación económica del país es mala o muy mala, esto es, un 35% de personas que consideran que les va bien o muy bien, consideran que el país va mal o muy mal.

2. No es, en su mayoría, un problema de frustraciones de expectativas futuras, pero es difícil ofrecer un futuro optimista cuando el control de la tecnología está en manos de unos pocos.

En España, el último barómetro del CIS arroja una elevada confianza en el futuro: un 69,6% de los españoles ven su futuro personal muy positivamente o positivamente y solo un 24,5% lo ven de forma pesimista. Y no son los jóvenes, como muchas veces se apunta, los que peor ven la situación, más bien al contrario: entre los jóvenes de 18 a 24 años, un 85,4% ven su futuro de forma optimista.

3. Hay un enorme descontento con los gobiernos y la política, es un momento antisistema.

Los principales problemas declarados son “Los problemas políticos en general”, 14,5%, el mal comportamiento de los políticos, 10% y el Gobierno y partidos o políticos concretos, 9,%. Juntos sumarían un 33,5%. La vivienda es el principal problema entre los jóvenes de 18 a 24 años, (12,8%) pero en el resto de tramos etarios, el problema principal es la política. Tanto es así, que en todo el mundo los partidos que gobiernan están perdiendo las elecciones de forma sistemática. En el último año, 2024, el 80% de las elecciones estatales supusieron pérdidas de los partidos en el gobierno. En Europa, de 14 países con elecciones, solo 2 mantuvieron a sus gobiernos, Finlandia y Moldavia.

4. Hay un fuerte aumento de la desinformación y los discursos de odio contra grupos vulnerables, promovida por el algoritmo de las redes sociales y por grupos ultraconservadores internacionales.

El aumento de la desinformación y de los discursos de odio contra grupos vulnerables es ya indiscutible y está teniendo como consecuencia el aumento de los delitos de odio. La expansión de estos discursos se debe en gran parte a las redes sociales y sus algoritmos, con X como ejemplo más claro de promoción de la desinformación, la agresividad y el odio. Pero también se debe a organizaciones internacionales muy bien financiadas y a gobiernos como el ruso, como ya ha declarado el parlamento Europeo y la Comisión Europea.

5. Internet, las redes sociales y la IA suponen un cambio de la infraestructura tecnológica comunicativa esencial y por tanto, de los equilibrios de poder que permitían la democracia liberal basados en las anteriores tecnologías como la imprenta, la radio y la televisión.

Internet, el algoritmo de las redes sociales como decisoras finales de lo que vemos y la inteligencia artificial han supuesto un cambio material, tecnológico, tan profundo que está dejando obsoletos a los medios tradicionales, al Estado y a la democracia liberal como formas de toma de decisiones y de articulación del poder.

Internet socava los mecanismos básicos del Estado en cuanto a captación de impuestos, extrayendo grandes cantidades de riqueza local sin ningún control real, para beneficio de unos pocos Youtubers, streamers, CEOS de Silicon Valley, AirBnb, Uber, Amazon, PayPal, Meta, X… También cuestiona la capacidad del Estado para regular las relaciones laborales (uberización) y de emitir moneda (bitcoin). Y sobre todo rompe con el ecosistema de medios tradicional.

Ahora tenemos un ecosistema de estructuras de comunicacion, financieras y de empleo, controladas por unos pocos billonarios, fuera del control del Estado y que ejercen poder sobre él. Musk no tiene que dar cuentas a ningún gobierno, habiéndose comprado el norteamericano. Del revés, los gobiernos saben que Musk puede desestabilizar sus democracias a través del algoritmo de Twitter, como ya está haciendo con Alemania o Reino Unido. No son meras declaraciones sin relevancia. Su efecto en la construcción del clima de debate público es real y negarlo es una irresponsabilidad de Estado.

6. Gran parte de la inestabilidad política se debe al pulso de poder soterrado o explicito entre los dueños de las nuevas superestructuras que concentran el poder y las democracias liberales.

Las nuevas herramientas tecnológicas que concentran el poder en unas pocas manos sirven para lanzar un pulso directo al Estado, a la propia democracia liberal, utilizando para ello el control mediático vía algoritmo, el socavamiento del Estado vía elusión fiscal, la creación de nuevas monedas y la elaboración discursiva ultraliberal que, como pasó con el liberalismo en el siglo XIX, es una articulación discursiva, una justificación ideológica en favor de una clase, en este caso, los grandes dueños de las tecnológicas. El libertarianismo o el ultraderechismo actual son justificaciones del fin del Estado liberal, de un reequilibrio de poder en beneficio de los dueños de las tecnológicas.

7. Hay una alianza estratégica coyuntural entre los poderes tecnológicos emergentes y la ultraderecha internacional.

Ambos actores están en contra de la democracia liberal, por motivos diferentes. Ambos viven de promover el odio (vía redes sociales o vía politica) y la desinformación. Ambos son antisistema. Ambos están adaptados/son el cambio tecnológico y lo utilizan para ejercer poder contra el Estado.

8. Impulsar el miedo, el odio, la rabia y el conflicto como elemento para promover la desafección política es la estrategia principal de los partidos de ultraderecha y los gobiernos ultranacionalistas.

El clima de odio, rabia y frustración generalizada, habitualmente señalando grupos vulnerables, hace que los partidos que representan esos sentimientos sean mucho mas exitosos. Por el contrario, los partidos que representan planteamientos positivos, optimistas y de avance social no tienen oxigeno en ese sentir artificialmente generado en la ciudadanía a través de las nuevas herramientas tecnológicas. La solución no es alimentar el choque y el conflicto, pues retroalimenta a estos partidos, alimentando un clima de conflicto en el que, de nuevo, ellos son protagonistas. Pero el silencio o la posibilidad, por si mismas, no funcionan si los medios tecnológicos les premian. Es la dicotomía diabólica del odio.

9. La batalla política es por establecer y protagonizar los sentimientos, las emociones de la ciudadanía, no por la gestión o por la economía. Son los corazones, no las cabezas.

Realizar políticas públicas efectivas y un marco económico positivo es condición necesaria pero no suficiente para el mantenimiento de la democracia. Si no se promueve un clima social diferente, positivo, con esperanza, en el que la ciudadanía se sienta escuchada y satisfecha, una apuesta por la moderación y por la calma, el sentimiento generalizado de rabia y odio llevará al poder a los partidos del miedo y el odio. Y para lograr esto…

10. Hay que intervenir el cambio tecnológico, recuperando el control de esas herramientas para preservar la democracia o el poder real dejará de estar en manos del Estado y de la democracia.

Si los Estados no pueden evitar la desinformación, la promoción del odio, las injerencias democráticas en los procesos electorales por parte de Estados o dueños de tecnológicas.

Si los Estados no pueden regular el funcionamiento de las tecnológicas (UBER, AirBnB, Glovo) para que cumplan la legislación local en materia laboral.

Si los Estados no pueden evitar la creación de procesos financieros especulativos desconectados de la economía real.

Si los Estados no tienen capacidad de educar a su población y esta acaba siendo educada por referentes indirectos, externos (youtubers, streamers) que promueven la disolución del Estado vía no pagar impuestos.

Si los Estados no son capaces de cortar de raíz la generación de descontento sintético vía algoritmo, da igual las políticas públicas, la economía o cualquier otro elemento que la percepción ciudadana será siempre negativa, gobierne quien gobierne y, finalmente, acabaremos en un régimen no democrático.

___________________________

Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.

No todos los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución ni todos los derechos están recogidos en las leyes. Al fin y al cabo, las leyes son una cristalización de consensos, una construcción humana que, habitualmente, va por detrás de los avances sociales, de inclusión de otras subjetividades en las normas colectivas, de otras personas, en el debate público hasta su inclusión definitiva como parte de la ciudadanía, que supone reconocer su subjetividad por igual a la del resto.

Pero ¿por qué el aborto es un derecho esencial aunque, formalmente, no sea un derecho fundamental?. Beatriz Gimeno lo explicó de forma magistral recientemente en un acto público. Su tesis es que el aborto es la clave de bóveda de la ciudadanía de las mujeres, porque el acceso a un aborto libre, gratuito y seguro, es condición de necesidad de que las mujeres sean seres autónomos, sean fines en sí mismos en vez de medios para la perpetuación de la sociedad que no tienen decisión sobre sí mismas. El aborto garantiza que no haya un momento en la vida de las mujeres en el que, por obligación social, su cuerpo esté al servicio de otros, un momento, muchos meses, en el que su rol sea subordinado al interés de la sociedad, sin que ellas tengan decisión al respecto y sin que se tengan en cuenta los efectos que, sobre su vida, esto tiene.

Mientras el derecho al aborto no esté garantizado, mientras las leyes no se escriban y atiendan la subjetividad de las mujeres, su experiencia, su vivencia, sus procesos, sus opresiones, mientras que las mujeres no tengan decisión directa sobre su propio cuerpo por encima del rol, del papel que la sociedad ha determinado para ellas, es completamente imposible que las mujeres puedan ser ciudadanas, en el máximo sentido de la palabra, el de la igualdad ante la ley, con todos los derechos y obligaciones por igual.

Si el papel social de la mujer es ser madre y ese papel está por encima de sus propias decisiones e intereses, y sancionado por ley, si sus cuerpos están al servicio de otros, es evidente que las mujeres están fuera de la ciudadanía. Si las leyes no recogen o se diseñan pensando en la subjetividad, la vivencia y experiencia de las mujeres, las leyes serán androcéntricas y, por tanto, entenderán como delito o como problema las decisiones de las mujeres, sus vidas y sus experiencias. Si el Estado puede imponer una decisión vital que condiciona toda la vida futura de una mujer, entonces las mujeres no son iguales al resto de la ciudadanía, y están y estarán, siempre, subordinadas al rol social que se les ha asignado.

Es por eso que, durante tanto tiempo, el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo sin tutelas, el derecho a escapar del destino, del rol fijado por la sociedad, ha sido central en la lucha feminista. Es por eso que lemas como “nosotras parimos, nosotras decidimos” hace énfasis en la subjetividad de las mujeres (nosotras) y en la decisión autónoma de las mujeres sin nadie que las tutele, que las aconseje, que decida por ellas, reclamando que se reconozca esa subjetividad y esa autonomía por ley. Es por eso que, desde una postura progresista, una joven de 16 años debe poder decidir abortar sin tutelas paternas, porque es su cuerpo y es su vida y eso está muy por encima de cualquier consideración social sobre el rol que la sociedad le ha asignado como mujer. Aunque el aborto no se reconozca como derecho fundamental en la Constitución, está claro que sin ese derecho las mujeres no son ciudadanas.

Hay otra lucha colectiva en la que hay una subjetividad ignorada, que no se reconoce en las leyes. Una subjetividad sobre la que se imponen tutelas, decisiones externas sobre sus vidas que afectan de manera central y para siempre el devenir vital. Otra lucha colectiva en la que hay una asignación social, un rol decidido de antemano por la sociedad sobre esas personas y se ponen infinidad de trabas para que esas personas decidan sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sin tutelas, sin controles. Otra lucha colectiva en la que, sin la autodeterminación sobre el propio cuerpo y sobre el propio destino por encima del fijado socialmente, las personas que forman parte de este colectivo no son ciudadanas porque son siempre tuteladas, sospechosas, enfermas mentales en el peor de los casos y, en el mejor, gente poco de fiar, inestable, que debe demostrar su “estabilidad” con pruebas, por terceros, para que acrediten su derecho a decidir.

Estoy hablando, por supuesto, de las personas trans. Las personas trans no son iguales ante la ley, puesto que se les exige, para decidir sobre sus vidas, pruebas imposibles, tutelas injustificables y trámites humillantes, que no se exigen a las personas que no son trans. Pruebas y tutelas que, en muchos países del mundo, se exigen a las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, para decidir no avanzar en un embarazo, para decidir al final sobre sus vidas.

Y es que los argumentos contra la autodeterminación, en favor de reforzar el rol que la sociedad asigna a las personas al nacer, son argumentos conservadores, argumentos que defienden que se acepte el destino social que se les ha fijado. Son argumentos y leyes que colocan en la opresión, en la desigualdad y fuera de la ciudadanía a las personas, tanto a las mujeres cis o trans, como a las personas trans. Son marcos legislativos que no consideran ni reconocen la subjetividad de las mujeres y de las personas trans, sus experiencias y sus vidas. Pero, pese a su importancia, ni el aborto ni la autodeterminación de género son todavía derechos fundamentales, y esta última ni siquiera se reconoce por ley.

Cuestionar la autodeterminación afirmando que no es un derecho fundamental (algo muy discutible, pues encaja perfectamente en el libre desarrollo de la personalidad) es, en el fondo, cuestionar el derecho al aborto. Un derecho que tampoco es un derecho fundamental constitucional (y debería de serlo) y un derecho que se ancla en el reconocimiento de la subjetividad de las mujeres, en la eliminación de tutelas por parte de terceros, en la decisión sobre el propio cuerpo y, sobre todo, en la consideración del valor de la propia vida por encima de roles sociales asignados. Cuestionar estos argumentos es, en el fondo, darle la razón a quienes se oponen al aborto.

En realidad, ambos derechos son fundamentales, para las mujeres y para las personas trans, estén recogidos como tales o no en la constitución, pues ambos amplían la libertad de las mujeres en su conjunto. Y por eso, deberían ser, más pronto que tarde, reconocidos en su totalidad.

____________________________________________________

Ignacio Paredero Huerta es sociólogo y politólogo

Ella miente, seguro. Miente, porque todas las mujeres son unas liantas, unas mentirosas, de las que no te puedes fiar. Como te descuides, te arruina la vida con una denuncia falsa. Es mi palabra contra la suya y, como es ley en otros países, la palabra de una mujer vale la mitad que la palabra de un hombre, porque el hombre es un ciudadano de verdad y ellas, bueno, no del todo.

A día de hoy, nadie se atrevería a hacer explícito este discurso, pero es lo que está detrás de algunos elementos de nuestra legislación.

Las leyes no son objetivas y neutrales, codifican valores, supuestos y creencias de las personas que las redactan. Incluyen sus miedos, sus objetivos y también, el reparto de poder social entre los sujetos, entre los grupos sociales de los que forman parte quienes las escriben. Por mucho que aspiremos a que las leyes sean “iguales para todos”, las circunstancias sociales y materiales nunca son iguales. Incluso una ley que trate por igual a todo el mundo, puede agravar una discriminación u opresión o beneficiar a un colectivo.

Un ejemplo de todo esto son las leyes penales que persiguen los delitos sexuales. Estas leyes, en su diseño, son leyes que muchas veces no tienen en cuenta la materialidad y sociología de los hechos que abordan, por ejemplo la desigualdad de género.

Y de la sociología saltamos a la epistemología. Se habla de “prueba diabólica” (probatio diabólica) a pedir a una de las partes que demuestre que no ha hecho algo. Demostrar que no has hecho algo es, por definición, prácticamente imposible, extremadamente difícil de demostrar y por eso, en un juicio, lo que hay que demostrar es lo contrario, que sí se ha hecho algo.

Y ¿qué se le pide a las mujeres para demostrar una violación? Pruebas materiales de que no hubo consentimiento, básicamente, pruebas de haberse resistido. No es solo que se les pida una “prueba diabólica” o una resistencia peligrosa. Es que se presupone que, en ausencia de esa “prueba diabólica” de que no hubo consentimiento o pruebas de una resistencia física, el consentimiento existió y por tanto no hubo violación, una suposición que, curiosamente, no opera cuando hablamos por ejemplo de un robo: si una persona dice que le han robado algo, nadie pide que demuestre que no dio su consentimiento a que el ladrón se apropiase de sus bienes o que intentó resistirse al robo. Solo hay que demostrar que la apropiación existió para condenar a alguien y no se pide demostrar algo indemostrable, como es demostrar que no hubo consentimiento.

Las presuposiciones ideológicas sobre lo que es “normal” o “natural” y el tipo de pruebas que se piden para demostrar algo (hay que probar el no consentimiento), condicionan el resultado de una ley de manera enorme. Lo que puede parecer igualdad ante la ley, es, en realidad, una legislación que permite a determinados hombres “forzar” las situaciones y afirmar que sí hubo consentimiento y que sean ellas las que carguen con la prueba de Sísifo de demostrar que no lo hubo. Es una legislación diseñada desde una subjetividad masculina, para proteger a los hombres de las afirmaciones de las mujeres: ellos no tienen que probar que no las violaron, son ellas las que tienen que probar que no dieron consentimiento.

Pero este no es el único caso de leyes diseñadas para exigir pruebas imposibles frente a una sociedad que no cree a las víctimas. Hay otro ejemplo de leyes que exigen pruebas diabólicas para demostrar algo que no cuadra con lo “normal” o “natural”, de nuevo, que cuestiona la jerarquía de género. Estoy hablando de las leyes para reconocer la identidad de género de las personas trans.

Son dos casos llenos de similitudes en los que opera la misma ideología: hay personas que saben algo (son de un género diferente al asignado al nacer/no dieron consentimiento y fueron violadas) pero la sociedad no las cree (porque son invenciones que contradicen la biología y dañan a la sociedad/porque son invenciones para joder a los hombres) y por tanto, se les piden pruebas imposibles (que demuestren con pruebas su identidad de género/que demuestren con pruebas que no dieron consentimiento), para contradecir lo que se presupone normal (que son del género asignado al nacer / que hubo consentimiento). En ambos casos se les hace pasar un viacrucis legal (trámites administrativos y sanitarios/periplos judiciales y revictimización), porque se considera que tienen que esforzarse en demostrar “los hechos” ellas, porque no se las puede creer de entrada a riesgo de generar un caos social que perjudicaría a terceras personas. Por el inasumible riesgo a las “denuncias falsas a hombres para arruinarles la vida” o por el miedo a “hombres que se harían pasar por mujeres”.

Y todo ello por ley. Por leyes escritas en base a supuestos ideológicos tan fuertes que llevan a exigir pruebas negativas, imposibles. Por leyes que no te creen y que construyen sociedades que discriminan a las mujeres y también a las personas trans. Por leyes que desprecian la experiencia de las mujeres y su subjetividad, y la experiencia de las personas trans y su subjetividad. Por leyes que no te creen porque se han pensado por sociedades que no te creen.

_______________

Ignacio Paredero es sociólogo y politólogo.

Esta paradoja fue detectada por los liberales que, rápidamente, asumieron la libertad como su valor central porque servía a sus intereses, porque legitimaba moralmente la desigualdad, su poder, por el procedimiento de pedir libertad en aquellas cosas que solo podían ejercer ellos con su dinero. La libertad de expresión es un ejemplo muy claro. Los liberales, para oponerse al Rey, apostaron por esta como valor sagrado, sabiendo que eran los únicos que tenían los recursos para comprar las imprentas y periódicos. Era una libertad, pero en realidad, era un privilegio de unos pocos, el privilegio, el poder para influir en los demás sin que los demás pudiesen hacer lo mismo.

Y es esta visión de la libertad de expresión, como privilegio económico de una élite, de unos pocos, la que hemos podido ver recientemente en Madrid, durante el Orgullo LGTB+ cuando Ciudadanos asistió a la manifestación con una pancarta que dejaba muy claro que lo hacían en defensa de su privilegio de expresión con el lema “Al Orgullo, Vamos”. Un mensaje muy explícito: nosotros, vamos al Orgullo aunque no queráis. Nosotros, tenemos derecho a expresarnos en vuestra manifestación aunque tape vuestra expresión. Vuestra manifestación y expresión es nuestra para decir lo que queramos nosotros, os guste, os moleste o no.

Si ha habido una conclusión clara de todo el circo montado por los naranjas es esa: que Ciudadanos entiende la libertad de expresión como su privilegio, de las élites, de ellos mismos. Una libertad que nunca les debe ser limitada, que tienen el derecho de ejercer incluso para tapar y acallar otras expresiones, una libertad de expresarse que no soporta críticas a sus opiniones. Una libertad de expresión que es desigualdad e irresponsabilidad por varios motivos.

En primer lugar, porque la libertad de expresión tiene límites en las consecuencias directas que causa. Como decía John Stuart Mill, gritar “¡fuego!” en un teatro lleno de gente es libertad de expresión, sí, pero puede tener como consecuencia un tumulto que puede costar heridos o vidas, un valor superior y, por tanto, nadie entiende que una provocación de ese tipo deba estar incluida dentro de la libertad de expresión. De la misma forma, asistir a una manifestación a imponer tu mensaje y tu presencia, cuando no has firmado los compromisos exigidos, cuando has pactado contra los manifestantes, asistiendo con una pancarta desafiante y con una actitud chulesca contra un colectivo al que se le están quitando derechos, solo se puede calificar de irresponsabilidad cuando no de un intento de reventar la manifestación, con las consecuencias imprevisibles que algo así podía tener.

En segundo lugar, porque la libertad de expresión, para no ser privilegio, debe ser igual libertad por ambos lados y especialmente amplia del lado de los convocantes de la manifestación. Por supuesto, Ciudadanos, mientras no vaya a reventar y provocar en la manifestación, tiene todo el derecho del mundo a asistir y expresarse en apoyo al colectivo LGTB+. Pero de la misma manera, los manifestantes tienen a su vez todo el derecho del mundo de expresarse, de criticar su presencia y abuchearles. Así funciona la libertad de expresión en la Constitución: es un derecho para todos, no solo para los partidos políticos y, sobre todo, es un derecho para los manifestantes y especialmente para los convocantes. Entenderlo de otra forma llevaría a que cualquier grupo podría reventar una manifestación simplemente asistiendo, provocando y luego culpando de intolerantes a los manifestantes.

En tercer lugar, porque no hay nada que deje más claro cómo percibe la libertad de expresión Ciudadanos que la persecución de la libertad de expresión ajena que les critica. Causa vergüenza, cuando no rabia, ver cómo Ciudadanos ha presentado denuncias ante fiscalía por conceptos tan vagos y tan perversamente utilizados como el de delito de odio o el de discurso de odio, denunciando las críticas en redes sociales, los memes e incluso las viñetas de ilustradores que señalaban la sobreescenificación de Ciudadanos. Exigir libertad de expresión mientras se pide legalmente que se censuren las expresiones críticas a Ciudadanos, indica que Ciudadanos es un grupo de privilegiados poco acostumbrados a las críticas y nada a la frustración, acostumbrados a que sus expresiones sean demasiado relevantes, con un privilegio de expresión inversamente proporcional a su falta de respeto por el derecho a la expresión crítica de los demás.

Así, tras un partido que cree firmemente que su derecho a expresarse está por encima del de los demás, que califica a los manifestantes como “grupos organizados” de ultraizquierda, las críticas que reciben como “odio” e incluso equiparan las críticas recibidas a las de quienes piden actos terroristas, que no acepta el derecho a criticarles, que se considera con derecho a apropiarse simbólicamente de las manifestaciones ajenas cuando no a reventarlas y que no tiene problema en actuar de manera provocadora e irresponsable, subyace una realidad que es muy difícil de ocultar: que Ciudadanos tiene bien poco de liberal, que, en realidad, Ciudadanos es un partido autoritario que busca el choque y la provocación contra las minorías con tácticas de Alt Right.

Un partido que pacta con Vox recortes de derechos a las minorías, que asiste a su manifestación para autopromocionarse sabiendo que su presencia es el equivalente de gritar fuego y lo hace en nombre de la libertad de expresión, pondría los pelos de punta a John Stuart Mill. Y si además supiera que este partido, en vez de aceptar las críticas, persigue las expresiones libres de los demás y carga contra las minorías al grito de “delito de odio” y de “amenazas de apología del terrorismo”, solo podría llegar a una conclusión: que ese partido no es liberal. Que más que liberales, son monárquicos.

Y, desafortunadamente, tendría razón.

José Fernandez Albertos

Con su pregunta, Fernández Albertos tiraba con bala, citando sin nombrarlos ciertos discursos que establecen un debate con una dicotomía, con un trade off, entre “diversidad” y “clase trabajadora”, un marco en el que el aumento de las reivindicaciones y los éxitos de la diversidad perjudican la lucha obrera y explica el crecimiento de la ultraderecha entre los trabajadores.

Es este el debate más vivo que hay en la actualidad dentro de la izquierda, con posicionamientos orbitándolo por parte de gente como Alberto Garzón, Julio Anguita o Manolo Monereo. Es un debate importado, derivado de escritos como el de Owen Jones y su Chavs, el de Francis Fukuyama en su Against Identity Politics, o el de Mark Lilla en su ensayo El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad. Y se ha trasladado casi de manera mecánica a España por Daniel Bernabé en su ensayo La trampa de la diversidad, en el que califica la lucha por la igualdad social de la mujer y la diversidad como una herramienta neoliberal, una “trampa neoliberal” para la izquierda y como culpable de la frustración de las clases populares y de la clase obrera, lo que, por tanto, estaría abriendo la puerta a la ultra derecha para crecer entre dichas clases.

¿Un dilema competitivo?

Parte del marco de este debate asume una primera tesis, que existe un tradeoff, un dilema competitivo, una dificultad de simultanear las luchas “simbólicas”, “posmateriales”, compuestas por elementos conceptuales, ideológicos, lingüísticos, de gestos (políticas de reconocimiento) y minoritarias y la lucha “real”, “material”, la clase trabajadora y obrera, la lucha verdadera que afecta a todos y que engloba todas las demás luchas, aunque no lo sepan. Desafortunadamente, además de no explicar por qué la igualdad de la mujer o la diversidad no son materiales, no se explica tampoco el por qué de esta dicotomía competitiva, el por qué compiten y se perjudican entre sí la lucha por la igualdad económica y la lucha por la igualdad social. No se explican los mecanismos ni se exponen los argumentos que justificarían que el avance de una igualdad perjudica a la otra, más allá de apelaciones genéricas a la “división” que generan y las peticiones de volver a la clase, en realidad argumentos circulares.

Este marco asume además una jerarquía desde lo normativo, obviando que la importancia política real de las luchas no se define en la teoría o en el deber ser, se define en la praxis, en la acción, en el resultado. Una lucha es efectiva políticamente si logra movilizar y activar, si logra éxitos en políticas públicas, si logra extender su marco discursivo hasta que, incluso tus oponentes, deben asumirlo. Y una lucha que, desde lo normativo es éticamente deseable, pero que no logra politizar por su estrategia, por ejemplo, la lucha por la igualdad económica articulada desde la “clase obrera”, ha de repensar su estrategia. Achacar a otras luchas políticas su fracaso o su falta de impacto, es hacerse trampas al solitario.

Porque si entendemos este debate exclusivamente como un toque de atención sobre la importancia de lo económico, podemos afirmar que es positivo. Los avances en la igualdad social no han ido parejos con avances hacia la igualdad económica entre determinados grupos, especialmente los hombres. Los avances en derechos e igualdad real y efectiva de la mujer y la diversidad no se han traducido en más derechos económicos y laborales. Pero ¿esto se debe a que las luchas por la igualdad social son una “trampa neoliberal”? ¿O, más bien, se debe a la incapacidad del actual discurso sobre la igualdad económica de politizar esa desigualdad, de generar una identidad aglutinante alrededor de esta opresión? ¿No es un reconocimiento explícito de la victoria de neoliberalismo, de su trabajo en individualizar a aquellos que sufren la desigualdad económica, el considerar más viable elaborar discursos que culpen de su fracaso a las luchas por la igualdad social que articular un discurso inclusivo y que movilice a los que sufren la desigualdad económica? Parece que es más fácil señalar a los grupos minoritarios y a las mujeres como culpables del fracaso de la lucha contra la desigualdad económica que plantear una alternativa viable.

¿La diversidad alimenta a la ultraderecha?

Y esto nos lleva a la segunda tesis implícita e incluso explícita en el debate: la excesiva apuesta por la igualdad social y la diversidad es responsable del ascenso de la ultraderecha. Al afirmar la existencia de ese dilema competitivo entre igualdad social e igualdad económica, se asume que una supuesta apuesta excesiva por la igualdad social, de las mujeres y la diversidad han llevado a la izquierda a abandonar la lucha por la igualdad económica. Esto estaría afectando especialmente a las clases populares y la clase trabajadora, al invisibilizar sus reivindicaciones. La conclusión final es que la prioridad excesiva por la igualdad social, de la diversidad y la mujer, sería responsable del ascenso de la ultraderecha, que, según se afirma, estaría creciendo entre las clases populares o trabajadoras olvidadas, hartas de que otros mejoren su situación mientras ellos empeoran.

Dejando a un lado que no existe un dilema competitivo entre igualdad social e igualdad económica, este argumento parte de varios errores. Para empezar extrapola como dato cierto para otros países lo sucedido en el caso francés, donde la ultraderecha de Le Pen sí logra buenos resultados entre los trabajadores. Desde este único caso que obsesiona a la izquierda, se asume que la ultraderecha atrae a la clase obrera, a los más pobres, algo que, según los datos que tenemos, no es cierto en Italia con la Lega de Salvini, ni en EEUU con Trump, ni según algunos datos preliminares a Bolsonaro en Brasil, ni tampoco en España con VOX. Es posible que en otros casos se pueda cumplir este mito sobre el voto obrero que pasa a la ultraderecha, pero como ilumina Alberto Garzón en este artículo, analizando las características de los partidos de ultraderecha, lo que comparten estos partidos son sus planteamientos autoritarios, su oposición a la igualdad social, a los derechos civiles, independientemente de su posición respecto a la redistribución económica, con casos como Aurora Dorada (Grecia) o Jobbik (Hungría), en posiciones netamente a favor de la igualdad económica. Para continuar, obvia los datos, que señalan, como apunta de nuevo Garzón, que los partidos en España no han reducido sus demandas materiales, sino que, al revés, estas han crecido, lo que negaría frontalmente que se estuviese abandonando las reivindicaciones materiales, aunque sea posible que estas reivindicaciones materiales no estén logrando conectar y politizar a la mayoría social.

Y para terminar, se invierte la dirección de la causalidad, culpando a la diversidad de la frustración, rabia e indignación de los votantes, rabia y frustración que llevaría a una polarización y al voto anti establishment, cuando en realidad, la rabia y la frustración es previa, se produce por causas económicas y sociológicas (pérdida de expectativas vitales, pérdida de dignidad) y el señalamiento de las minorías o la diversidad es su consecuencia, convirtiéndose estas en un chivo expiatorio justificado discursivamente.

La irresponsabilidad histórica

Y aquí es donde se hace evidente la gravedad de este discurso rojipardo. Si entendemos que, debido al momento histórico, al clima social de rabia, descontento y frustración, existe mucha gente que busca culpables, sean los de arriba, sea el gobierno de Madrid, sea Cataluña, sea el feminismo, o lo que sea, articular un discurso señalando que hay un dilema competitivo entre igualdad económica y social y señalar como responsable a la diversidad del ascenso de la ultraderecha calificándola como neoliberal, tiene un efecto de crear realidad, de establecer un marco explicativo para personas que se identifican de izquierdas en el que el problema, la trampa, la amenaza, es la diversidad. Siendo claros, este discurso es una versión del discurso de ultraderecha para consumo desde la izquierda. Cuando se dice o insinúa que hay que priorizar a la clase trabajadora (¿“la clase trabajadora primero”?) o que la economía “es lo que sí nos afecta a todos” (y no es cierto, la pobreza afecta a los pobres igual que la discriminación a los discriminados), se ve con claridad que este discurso es la versión de izquierdas del discurso de ultraderecha que señala a las minorías como culpables. De hecho, si cambiamos “clase trabajadora” por “españoles” y “economía” por “España”, veremos que en el discurso solo cambia el sujeto (españoles o clase trabajadora), manteniendo la diversidad como el problema, como neoliberal, como trampa, como amenaza.

Este es un discurso clásico que pone al penúltimo a luchar con el último. Y esto es así independientemente de que se afirme lo contrario declarativamente de vez en cuando: el marco discursivo de “problema-solución” establecido tiene muchísima más potencia que cualquier “disclaimer” ocasional. Incluso si asumimos la mejor buena fe de los defensores de este discurso, el efecto del mismo puede escapar completamente a sus intenciones y ser interpretado en términos de “la trampa es la diversidad” por parte de una gran cantidad de gente, especialmente en este momento histórico de búsqueda de culpables, en el que la diversidad es particularmente vulnerable, como sabemos por el aumento desmesurado de la violencia contra las minorías en Italia, Reino Unido, Alemania o el más contenido en la propia España, en la que este tipo de delitos de odio han aumentado un 13% de 2013 a 2016.

El momento histórico

¿Qué es lo que explica, por tanto, este momento histórico de cambio, de ruptura de sistemas de partidos, de ascenso de figuras anti establishment como Trump, Bolsonaro, Salvini, Andrés Manuel López Obrador, o de pretendidos outsiders políticos como Macron? ¿Por qué vuelve la ultraderecha, por qué feudos como el de Baviera, donde la CSU ha gobernado con mayoría absoluta durante 61 años, quiebran? No es fácil encontrar una explicación.

Que el clima internacional es agitado es algo que no es necesario demostrar. Los partidos tradicionales y especialmente la socialdemocracia y la derecha tradicional, están quebrando. Tras la salvaje crisis de 2008 hay una enorme frustración acumulada, se percibe que el contrato social está en cuestión, no se reconoce a las instituciones políticas tradicionales como efectivas, como capaces de solucionar el problema. Lo económico es posible que haya sido el detonante y haya generado un magma de descontento, pero cómo se solidifica ese magma depende de muchos elementos, algunos de ellos discursivos, otros institucionales, otros mediáticos, otros muchos desconocidos.

En el fondo, podríamos resumir el clima social como un sentimiento social, como una dinámica de masas, colectiva, en la que la frustración y el descontento han activado un deseo de cambio acelerado, que rompe esquemas e instituciones muy asentadas. Y junto con ese deseo de cambio, aparecen el miedo y la reacción, la respuesta de los que ven las cosas cambiar rápido y no quieren que cambien, como sucede en EEUU entre los blancos que sienten perder el control. Frustración, rabia y miedo, un cóctel de sentimientos negativos que estaría llevando a un repliegue identitario generalizado, una dinámica de buscar culpables fuera de tu grupo más próximo, identitario, sea ese grupo la nación española, sean las mujeres, sean los LGTB+, los blancos, sea Cataluña, sea la clase trabajadora.

Ante la incertidumbre y el miedo, buscamos a los nuestros, buscamos a los que nos dan la razón, a los que pensamos que nos apoyan contra el resto del mundo. Y es esta dinámica de repliegue identitario la que está llevando a un fundamentalismo discursivo, a identidades cada vez más excluyentes y conflictivas con el resto. El tono es de conflicto continuo, de choque buscado, con Cataluña, con Madrid, con los inmigrantes, incluso dentro de los colectivos, estos se fragmentan más y más, peleando internamente entre sí, buscando cada vez más un espacio más puro, más tuyo, más seguro.

Esta dinámica de repliegue y cierre identitario extremo se ve agravada por las redes sociales, que fomentan la aparición de burbujas, que promueven el no escuchar a quien te molesta o te agrede con sus críticas y su tono elevado y agresivo. De manera efectiva, se vuelan los puentes y se polariza a la gente. La tolerancia, el respeto, saltan por los aires y solo se busca el conmigo o contra mí, activándose la ofensa con facilidad, gracias a herramientas como Twitter. Y cuando logramos quedarnos solos con los nuestros, comienza un proceso perverso de retroalimentación discursiva, en la que, desconectados de la mayoría, se elaboran discursos cerrados, de autojustificación, incomprensibles por la mayoría, por los otros, que en muchos casos son percibidos como el enemigo a batir.

Toda esta dinámica social de frustración, deseo de cambio, miedo, reacción, repliegue identitario, fundamentalismo discursivo, conflicto, voladura de puentes y retroalimentación discursiva, se intensifica por momentos y es ya independiente de la situación económica y social. Da igual lo que se haga, la rabia y la ira están en el aire y, de no pararse, nos pueden llevar al desastre, como sucedió en otros momentos históricos.

Hacia la igualdad se va juntos

Desde un punto de vista progresista, el objetivo final, el proyecto de sociedad, es una sociedad con mayor igualdad, mayor igualdad económica y mayor igualdad social, más redistribución y predistribución económica y eliminación de la estratificación social por género, orientacion o identidad sexual, racialización, etnia, diversidad funcional… En resumen, se busca una igualdad final, real, efectiva, una igualdad de poder, una capacidad efectiva de tener vidas dignas, dentro de la libertad de poder ser, de la diversidad, de vivir como uno quiera. Y para que exista esta igualdad final, esta debe llegar a todas y a todos. Si la igualdad es solo entre unos pocos, o se establecen jerarquías o prioridades en aspectos de la igualdad, (o como diría el cerdo Napoleón si “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.”), deviene en desigualdad.

La mejor manera, por tanto, de avanzar hacia la igualdad es hacerlo de manera conjunta, colectiva, sumando y convenciendo a la mayoría, y más en este momento histórico, en el que la falta de discursos colectivos, amplios, omnicomprensivos, que incluyan y no nieguen la diversidad, se hace cada vez más necesario. La igualdad lo es independientemente de que sea en lo económico o en lo social. La búsqueda es la misma y las alianzas entre ambas búsquedas no solo son posibles sino imprescindibles, como ilustró magistralmente la película Pride.

Necesitamos por tanto, hoy más que nunca, puentes, luchas comunes, colectivas, que articulen todas las luchas sin negarlas, que no jerarquicen, que no subordinen, que no nieguen, que no culpen ni señalen a los demás, que no ataquen, sino que escuchen y unan. Necesitamos enfrentar el miedo y la tensión con tranquilidad y sosiego, necesitamos actuar con calma y desterrar el miedo, la rabia y el conflicto. Necesitamos buscar aliados, amplios, que sumen. Necesitamos convencer al conjunto de la sociedad, no a los nuestros y menos replegarnos sobre los nuestros. Necesitamos dejar de decir quién puede y quién no puede hablar, o participar y opinar, y volver a escuchar, incluso a los que nos odian y no nos entienden, precisamente para explicarles las cosas y que dejen de odiarnos y logren entendernos.

Hacia una sociedad mejor, igualitaria, vamos todos juntos, escuchándonos, con serenidad, diálogo y debate colectivo, buscando lo común en nuestras luchas en vez de señalarnos mutuamente como culpables, neoliberales, trampa, amenazas.

Sé que el momento histórico que vivimos nos impulsa a buscar culpables, a afirmar que hay dilemas competitivos, a asegurar que el otro alimenta a la ultraderecha y que la solución es volver a reatrincherarnos, sea en la clase trabajadora, sea en cualquier otra identidad.

Pero las trincheras y el miedo solo sirven para la guerra. Salgamos de ellas, y hablemos. _______

Ignacio Paredero es activista LGTB+, sociólogo y politólogo.

En la partida política participan varios jugadores, algunos relevantes, otros menores, que reaccionan a lo que hacen los otros, que tienen su propia estrategia y que evalúan, constantemente, la estrategia de los oponentes y la propia para adaptarse, para obtener ventaja. Como si de un baile se tratase, el paso del oponente se compensa con un paso propio, en un flujo continuo, en un tango pegado, siempre cerca para evitar que el oponente se aleje en las encuestas demasiado.

En España, tras el fin de la Transición, de la desaparición de la UCD y el CDS, hemos vivido una etapa de “bipartidismo”, un término poco preciso desde el punto de vista de la ciencia política, pero bastante descriptivo: la política era un baile a dos, que se turnaban, ceremonial, ritualmente, en el control del Gobierno. Ambos partidos sabían que la alternativa de uno era el otro y que existía un trasvase casi automático, si no de los mismos votantes, si del voto agregado entre uno y otro bloque: cuando al PSOE le iba mal, el PP mejoraba; cuando al PP le iba mal, el PSOE subía. Cuando las cosas le iban mal al PP, una suave desmovilización de los votantes de derechas, que al desanimarse y no tener alternativa que votar se abstenían, sumada a un “reilusionamiento” de los más volátiles votantes de izquierda, hacía que el PSOE pasara al PP. Del revés, cuando el PSOE decepcionaba a sus votantes de izquierda, una cantidad bastante notable dejaba de votarle, haciendo colapsar al PSOE. La mayor parte se quedaba en casa y una pequeña parte optaba por IU, haciendo subir a este partido suavemente, pero, debido al sistema electoral, perdiéndose muchos escaños en el camino. Los votantes de derechas se reactivaban y, junto con los votantes oscilantes en el centro que pueden cambiar de elección a elección, el turno cambiaba.

Este era el modelo, con muchos matices, de la dinámica cíclica del sistema de partidos español desde 1982 hasta 2015, más de treinta años de “bipartidismo”, de un sistema de partidos en el que solo dos podían alcanzar el Gobierno, de un sistema en el que, reconociéndose entre sí como los dos actores principales, PP y PSOE se repartieron los resortes del poder institucional entre los dos partidos que se consideraban con derecho a gobernar. Ésta es la cultura política que sigue activa en la actualidad en estos dos partidos y es lo que explica que el PSOE se niegue a pactar gobierno con Podemos o incluso se atreva a culparle de no apoyarle gratuitamente: siguen pensando que los únicos que tienen derecho a gobernar, salvo el PP, son ellos. Y también muy importante, que tarde o temprano, todo volverá a la “normalidad”. Es la “doctrina Rubalcaba”, la inacción en el PSOE, convencidos de que sus votantes, tarde o temprano, volverían al redil sin necesidad de proponer o cambiar nada.

Pero, análisis miopes aparte, basta mirar sin sectarismo para ver que el sistema de partidos ha cambiado radicalmente. En estos momentos no solo podemos ver cuatro partidos nacionales activos sino que, si se mira con detenimiento, podríamos apuntar dinámicas que podrían reforzar un equilibrio entre los cuatro partidos, un baile, un tango a cuatro en dos parejas.

La primera de estas dinámicas la podemos llamar la “dinámica del ganador del Catán”. En efecto, en Colonos de Catán, cuatro jugadores compiten por colonizar una isla para lo que intercambian materiales entre sí. Sin intercambios es imposible prosperar, así que hay que avanzar, pero que no se vea mucho, porque si sacas la cabeza de manera muy clara, el resto de jugadores se alían contra ti, haciéndote la vida imposible: destacar activa alianzas, explícitas y tácitas, del resto de jugadores, para machacar o rebajar a quien va en cabeza.

Esto es lo que sucedió contra Podemos, en las segundas elecciones generales, en las que fueron el objetivo del resto de partidos y de los medios. Es también lo que ha sucedido con el Partido Popular, en el Gobierno y en cabeza, desde entonces (todos contra el PP) y es lo que ha sucedido con la moción de censura contra Ciudadanos cuando las encuestas le han colocado en cabeza y como ganadores. Y, muy posiblemente, es lo que sucederá en breve contra el PSOE: todos contra el, con buenos motivos. Así pues regla primera: “El baile es a cuatro y el que intenta bailar solo, sufre”.

La segunda nueva dinámica es la “dinámica competitiva de pareja”, que puede ser virtuosa o dañina. En el bipartidismo, la derrota de la izquierda pasaba por la victoria de la derecha y viceversa. Al no haber partidos alternativos viables dentro de los bloques, el voto que perdían PSOE o PP, se iba casi integro a la abstención y esto hacía cambiar el bloque dominante.

Ahora ya no es así: cuando el PP baja, Ciudadanos sube. Y existen votantes del PSOE que pueden optar por Podemos o viceversa, si uno de estos partidos no hacen bien las cosas. Pero si ambos se dedican a machacarse entre sí, si ambos no se ponen de acuerdo o intentan gobernar juntos, si los temas relevantes son los de la pareja oponente, ambos pierden.

Así pues, regla segunda: “El baile es en dos parejas y maltratar a tu pareja en vez de centrarse en el baile común, os hace perder a ambos”. En efecto, tener como objetivo principal machacar a tu pareja de baile, no solo no es productivo, es suicida. Si el baile que haces con tu pareja es muy agresivo e individual, ambos salís perjudicados. En cambio, como en un tango, si ambos son capaces de colaborar estrechamente y de entenderse, proyectando con claridad los asuntos que benefician a ambos, la que gana es la pareja. Y es que además, en estos momentos, no son partidos los que pueden ganar, son parejas de partidos afines ideológicamente. Como ya avisé en este medio, sin Podemos el PSOE no puede llegar al poder, ni gobernar, como me temo que veremos en breve. Sin Ciudadanos, el PP no suma mayoría. Y los nacionalistas son, como han sido siempre, los jueces del baile.

Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia óptima en este tango a cuatro en dos parejas? En principio, la estrategia más optima sería colaborar estrechamente con tu pareja compitiendo con ella de manera constructiva en impulsar los asuntos que os benefician, frente a los asuntos que beneficia a la otra pareja, compitiendo manera muy nítida y mas agresiva con la pareja oponente, para conseguir los votantes indecisos o de centro u oscilantes, que decantarían el equilibro entre bloques, entre parejas. Si ambas partes de una pareja mejoran su situación en su colaboración, lo que Errejón calificó de “competencia virtuosa”, ambas partes tienen incentivos de continuar dicha competencia virtuosa que beneficia a ambos y, en ultimo término, a la pareja y su capacidad de gobierno, en detrimento de la otra pareja. Además, esto haría difícil que se produjese el efecto “ganador del Catán”. En cambio, una “competencia destructiva”, como por ejemplo, la que está poniendo en práctica el PSOE con su negativa a reconocer o valorar los votos que Podemos ha puesto a su disposición en la moción de censura, puede llevar a un nuevo choque o ruptura, perjudicando la capacidad de gobierno de la pareja.

¿Serán estables estas dinámicas? ¿Los factores sociodemográficos acabarán por socavar estos equilibrios? ¿Es todo esto tan solo una dinámica muy localizada temporalmente? Como todo, tendremos que verlo con el tiempo. Pero mientras tanto, hoy, la política en España parece un tango.

Un tango a cuatro en dos parejas. _______________

Ignacio Paredero es secretario general de Podemos Salamanca, activista LGTB+ en Castilla y León, sociólogo y politólogo.

La directora de Igualdad consideró que dicha carta constituía delito de odio contra las mujeres al dar cobertura ideológica a un delito de género y presentó denuncia ante fiscalía, citando los artículos 510.2.a y 510.2.b del Código Penal, que persiguen a quienes “lesionen la dignidad de las personas” y a quienes “enaltezcan o justifiquen (…) los delitos cometidos contra un grupo”, entre otras cosas, por motivo de sexo y género. En la presentación de la denuncia, Nina Parrón afirmó que “lo que ha hecho el señor Skibinsky es un delito, y si no lo es, tendría que serlo”, algo de lo que discrepo, pero que forma parte de la libertad de expresión política de Nina Parrón.

El sistema judicial no consideró como delito de odio la expresión pública de Skibinsky. Tampoco consideró, a diferencia de casos como el de César Strawberry o Valtonyc, que el discurso de Skibinsky fuese “enaltecimiento” o legitimación del delito, de la violencia de género contra las mujeres. El fiscal general del Estado defendió que debía primar la libertad de expresión, aunque las ideas “resulten rechazables y molestas para las personas”. Y aunque rechazo lo que dijo Skibinsky, coincido en que debe poder decirlo sin persecución legal.

Pero cuando Skibinsky presentó una denuncia contra la directora de Igualdad del Consell por injurias y calumnias, por sus declaraciones durante la presentación de la denuncia, la libertad de expresión no primó y el juzgado de Instrucción 8 de Palma entendió que había motivos para la imputación y la imposición de una fianza de 30.000 euros a la directora de igualdad, que está a la espera de juicio. Tras conocerse la imposición de la fianza, Nina Parrón afirmó con certeza que “Yo soy un cargo político. Esto es un aviso a navegantes. (…) Si un cargo político no puede hacer declaraciones sobre su área de trabajo, apaga y vámonos”.

Saltamos a 2018. La concejala Rommy Arce realizó unas declaraciones en Twitter en referencia al caso de Mmame Mbaye, que falleció por una enfermedad congénita del corazón en el marco de una operación policial. Sus declaraciones vía twitter fueron: “Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los nadie víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo”.

Iuriscontencia, el bufete de Begoña Villacís y su marido, se apresuró a tramitar una querella presentada por el sindicato Policial UPM contra las declaraciones de Rommy Arce, por “delito de incitación al odio contra la policía” que fue admitida a trámite por la titular del Juzgado de instrucción 12. A su vez, la titular del juzgado de instrucción nº 9 no solo admitió a trámite una denuncia similar del sindicato CPPM, sino que ya ha imputado a la concejala.

Dos casos, muy similares: declaraciones políticas de responsables políticos sobre temas de interés público, con argumentos políticos, se judicializan, se califican como injurias, calumnias o, ya muy habitualmente, en el cajón desastre del delito de odio. Las opiniones políticas se sacan fuera de la esfera del debate público y se llevan a la esfera judicial, donde los jueces deciden qué ideas políticas son defendibles y cuales no. Por fin, hemos llegado ya a la meta, al objetivo buscado por cualquier giro autoritario: el debate político ya es (o puede ser) delito. El calificar un artículo o a su autor como machista, puede ser delito de injurias o calumnias y el poner un tweet criticando, afortunadamente o no, el racismo institucional, puede ser delito de odio contra la policía. Señalar el posible machismo, racismo, diversexfobia, desigualdad económica, los privilegios o irregularidades la Coronalos privilegios o irregularidades la Corona, por artistas o por cargos públicos, nada menos, son o pueden ser delito de odio.

Da auténtico vértigo ver qué rápido hemos retrocedido en la libertad de expresión y con qué rapidez y naturalidad, se asume que el debate político debe estar controlado judicialmente, que, como en cualquier buen régimen de esos que para Rivera tienen “cierta paz y orden”, el debate político está supervisado por la interpretación política de los jueces, contradiciendo años de sentencias y jurisprudencia, que entendía que en el debate público la libertad de expresión debe ser máxima y que los conflictos en el debate político, se dirimen en el debate político, con las lógicas excepciones de las injurias y las calumnias. Y con buenos motivos para el propio sistema judicial, pues como ya hemos visto con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en caso catalán, pocas cosas socavan de manera más venenosa la confianza en la justicia que sus chapoteos en las arenas movedizas del debate político.

Lo jurídico, por su naturaleza, debe distanciarse en su ejercicio de lo político, pues cuando sentencia en favor de una idea política u otra, no le asiste su legitimidad técnica democrática, al ejercer un rol político de decisión para el que no han sido ni elegidos ni votados. Así, la judicialización del debate político deslegitima a la justicia entre aquellas y aquellos que entendemos que la crítica política es fundamental para avanzar socialmente. Y cuando, además, estas limitaciones de la libertad de expresión son asimétricas, cuando no se entra en la carcel por defender una ideologia neonazi mientras se judicializan las expresiones políticas contra la discriminación, entramos en el pantano de fuego la deslegitimación total. Una justicia que limita y persigue la expresión política pero especialmente determinadas ideologías, no solo se percibe como opresiva, sino que se entiende arbitraria, sesgada, antidemocrática. Ningún sistema jurídico que se considere democrático puede aguantar mucho tiempo un descrédito semejante, este nivel de contradicciones, sin que colapse su credibilidad y con ella todo el sistema.

Pero como señalaba Mauro Entrialgo, sería un terrible error concluir que el problema es el trato desigual de parte de la judicatura a las diferentes ideas, pues “En el momento en el que unos empiezan a pedir que apliquemos la misma medicina a otros, ya hemos ganado, porque están reconociendo nuestra legitimidad para perseguir la opinión”. El problema no es que la expresión política de un signo político se juzgue más duramente que la de otro, el problema es que se juzguen expresiones políticas.

Para algunos autores deliberativos la característica fundamental de la democracia es su debate público, libre, en la que las ideas se confrontan y se refutan. Es el mecanismo básico para avanzar, confrontar argumentos con la máxima libertad posible para que los mejores prevalezcan y, dichas posturas, se acaben imponiendo. Por supuesto es una visión optimista del debate público y de la democracia, pero es difícilmente cuestionable que una democracia sin debate público no es una buena democracia. Y cuando los cargos públicos democráticos por amenaza legal no pueden expresar, su opinión, su análisis, su percepción de la realidad, cruzamos la línea hacia el régimen autoritario.

La ley no sirve para todo ni debe invadir terrenos que no le competen. La ley es una técnica que sirve para determinadas cosas y, para otras, no. Y la ley, cuando invade terrenos políticos o trata de actuar para imponer planteamientos en asuntos políticos, fracasa estrepitosamente y, en el proceso, se desacredita en ese viaje hacia el autoritarismo. Como apunta Ignacio Sánchez-Cuenca en su libro La confusión nacional el principio legal debe equilibrarse siempre con el principio democrático. El principio legal, la legalidad, no puede servir para negar el debate político, porque aunque a los juristas no les guste reconocerlo, la ley deviene del demos, de la democracia, del debate de ideas y ambos principios, el legal y el democrático, se deben atender a un tiempo. Como señala Sánchez Cuenca, “la supremacía de la ley, sin embargo, es algo ligeramente distinto de la democracia que (…) se basa en los principios de igualdad política y autogobierno colectivo”. O dicho de otra forma, puede haber ley sin democracia y democracia sin ley: ambas cosas no son lo mismo, aunque ambas sean deseables.

La ley no puede supervisar invasivamente el debate político. No sirve para juzgar que opiniones políticas son legítimas ni debe servir para calificar las críticas a las instituciones públicas como “odio”.

Si seguimos por ese camino, como sociedad, lo lamentaremos. _________Ignacio Paredero es secretario general de Podemos Salamanca, activista LGTB+ en Castilla y León, sociólogo y politólogo.

Hace unos días, en Salvados, se debatía sobre el odio en las redes sociales. El escritor Juan Soto Ivars, defendía que la critica o el insulto en redes sociales son una forma de censura moderna. En  cambio, en el mismo programa, un joven señalaba con la puntería de Legolás al arco, que no entendía por qué se cuestionaba desde muchos ámbitos la libertad de expresión en las redes, que el debate sobre la necesidad de protegernos del odio en las redes, y de los sofpapers, Rusia, bots y demás alarmismos, en realidad, es una forma de autodefensa del Estado: como no está siendo capaz de dar soluciones políticas a las demandas políticas, como no garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, como no se da trabajo digno, de calidad, un proyecto de vida deseable y digna para la ciudadanía, el Estado opta por la represión penal de la crítica.

Y es que, en efecto, es esto lo que ha hecho el Partido Popular desde que llegó al poder. Leyes como la Ley Mordaza, la reforma del Código Penal para incluir de manera precipitada y vaga el concepto de “delito de odio”, la ambigua e insegura definición de terrorismo recogida en el Pacto antiyihadista criticada por Amnistía Internacional… Todas ellas, leyes vagas, represivas y arbitrarias, para permitir a la Administración coartar e intimidar la libre expresión y la protesta. Leyes para prevenir que se produzca la expresión, para promover la autocensura y la sanción al que se atreve a cuestionar, al que saca una foto de un abuso policial, al que critica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a quienes hacen bromas en Twitter o incluso arte con elementos que molestan. Leyes introducidas con buen juego de pies, buscando el apoyo del PSOE y, nominalmente, incluyendo la posibilidad de perseguir las expresiones que ofenden o dañan a colectivos vulnerables para justificar estas legislaciones.

Hoy, unos años después, estamos viviendo un auténtico huracán de involución democrática, un retroceso acelerado hacia un régimen autoritario, en el que esas leyes que permiten la represión de la expresión se aplican como estaba previsto, de manera asimétrica, contra expresiones que son críticas con el sistema, con el sistema político o con otros elementos conexos, como la religión o los símbolos del Estado. El debate público, la crítica, se silencia, se mutila y entramos en una nueva fase pseudodemocrática, en la que hay instituciones que no se pueden criticar o temas de los que no se puede ironizar o hacer humor, salvo que quieras arriesgar multas o cárcel.

El ultimo paso atrás, denunciado incluso por The New York Times, ha sido la retirada de una feria pública de una obra de arte que denunciaba los supuestos “presos políticos” existentes en España. La retirada se produce, según el PP, porque “no hay presos políticos en España”, brillante argumento que llevará a la prohibición de la esperada próxima película de los Vengadores debido a que no existen superhéroes en nuestra tierra. La justificación del PSOE no le ha andado a la zaga, afirmando su portavoz en el Congreso que la retirada es buena porque “en este momento todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente y la crispación es positivo.”, lo cual nos podría llevar a justificar cualquier barbaridad inconstitucional, como imponer un gobernante no electo al país o a una comunidad autónoma, en nombre de la tranquilidad.

Tranquilidad. O sea, mantener esencialmente todo igual. Hay quien dijo que el sistema político funciona con válvulas, con fusibles que van saltando, se van quemando, para mantener todo donde está, la esencia del sistema. Que cuanto peor está la situación, cuanta mayor es la protesta, más fusibles saltan y se queman para contenerla: la abdicación del anterior rey, la caída del PSOE como partido de gobierno negándose a pactar con Podemos, el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación y su credibilidad… todo ha ido saltando por los aires, toda su credibilidad quemada, institución a institución, para proteger el corazón del sistema, el poder crudo, estable, en manos de los de siempre, el poder económico que, ya sin disimulo, ha elegido a Ciudadanos para sustituir a Rajoy (veamos si pueden; el PP es un poder por derecho propio).

Pero quemar todas esas instituciones no parece que haya sido suficiente. Y no lo ha sido porque aunque nos insistan, día a día, que la situación está mejor, que hemos salido de la crisis, ellos, que no son tontos, saben que la ira subyacente ante una situación injusta e insoportable que no se ha solucionado en realidad, es un volcán que, en cualquier momento, en cualquier lugar, como en EEUU (Trump) o Alemania, puede estallar. O en Italia, como hemos visto estos días.

No, por supuesto que no van a cuestionarse la desigualdad y la situación de la mayoría de la población, ni tampoco la estructura económica europea. El establishment es tal cual es porque hay una estructura que beneficia a unas élites concretas y estas defenderán esa estructura por encima de todo. No van a solucionar el problema real, la desigualdad y todo lo que la permite. Lo que quieren es que la gente se tranquilice. Y para eso, como no encuentran forma de solucionar la economía sin perder sus privilegios, apuestan por la represión, por impedir la crítica, por mutilar la libertad de expresión, pensando que así se reducirá la protesta.

Es este el contexto en el que estamos. Y es este el contexto en el que hay que entender lo fundamental que es la libertad de expresión desde las opciones criticas con la situación actual, con el establishment y las élites. Es fundamental que quienes apostamos por el cambio hacia una mayor igualdad, entendamos que hay que abandonar con rotundidad y claridad cualquier legitimación de la censura y la limitación de la libertad de expresión, pues son las herramientas que está utilizando el poder para impedir el debate y la crítica a las estructuras que sostienen este sistema político, mientras nos distrae con enemigos internos y externos o nos vende gatosnaranjas. Censura y distracción, para no hablar de lo relevante: de la indignidad de no tener trabajo, de no llegar a fin de mes, de cobrar pensiones cada vez mas miserables, de tener que emigrar, de ver como M. Rajoy sigue en la tribuna, de presentar como renovador a un ex empleado de banca que parece seguir trabajando para sus jefes y que defiende más represión y patada en la puerta como su propuesta.

Y es hora de que los grupos vulnerables entendamos que estamos haciendo el juego al poder cada vez que exigimos que se aplique una multa o se exija una legislación para perseguir la expresión ofensiva. Sí, es en extremo duro ver pasearse un autobús insultando a niñas y niños, pero defender cualquier tipo de limitación de la libertad de expresión se vuelve con rapidez en nuestra contra, porque esas leyes no se han diseñado ni aprobado para protegernos a nosotros, ni somos nosotros los que decidimos cuando y contra qué se aplican. Se han diseñado para utilizarlas ellos y las aplican ellos. Las han aprobado para poder perseguir y asustar a Drag Sethlas, a Cassandra, al coño insumiso, para defender a neonazis de los “delitos de odio” que sufren por ser nazis, para perseguir a raperos, titiriteros, actores, vagos y maleantes que cuestionan, critican o insultan al poder. Y por cada sentencia contra los que odian la diversidad, habrá cinco en contra de quienes critican a la religión o a las instituciones del Estado, contra colectivos vulnerables que, por su propia definición, no forman parte del poder.

Va siendo hora de decirlo alto y claro. La libertad de expresión tiene el máximo valor cuando protege las opiniones que nos molestan, las que nos hieren y ofenden, incluso las opiniones diversexfóbicas, garantía de poder realizar las críticas más ácidas y crueles al odio y la discriminación. Y cuando en un Estado se recorta la libertad de expresión, incluso las expresiones que ofenden o agreden a los grupos vulnerables, avanzamos hacia un régimen más autoritario, que impactará con esa represión de la expresión con más dureza sobre los grupos vulnerables.

La libertad de expresión es un termómetro de la democracia. Y si queremos tener un país que merezca la pena, esta es una linea roja que no hay que cruzar jamás. O defendemos la libertad de expresión, artística, política, o lo vamos a lamentar muy pronto. ______Ignacio Paredero es secretario general de Podemos Salamanca y activista LGTB+

—Yoda

___________

Aunque no se si Yoda había estudiado sobre discriminación y desigualdad, parece que sabía lo que se decía. La génesis de toda desigualdad social, no económica, es el miedo a la diferencia, a la diversidad, al “otro”, al extranjero, al marica, al inmigrante, al transexual, al gitano, al pobre, al catalán. Al que no quiere ser como tú, al que percibes como una amenaza a la comunidad. Este miedo al “otro” lleva a la ira y al odio y al lado oscuro, a las “fobias”, la romafobia, la aporofobia, la xenofobia, la diversexfobia y un largo etc. Pero no son miedos, son odios: “homofobia”, por ejemplo, aunque etimológicamente significa miedo a la homosexualidad, en realidad hace referencia al odio a los homosexuales. Yoda sabía lo que se decía.

Todo esto viene a colación para señalar un elemento clave de los llamados “delitos de odio”. Estos delitos son provocados por el rechazo y la intolerancia al “otro”, al diferente, a la minoría (o incluso mayoría) perseguida, considerada como externa a la sociedad, a un grupo que sufre discriminación y desigualdad social. Por eso no son delitos individuales, son delitos contra un colectivo, son delitos cometidos en cabezas individuales con el objetivo de destruir y dañar a esos grupos sociales, para expurgarlos de la sociedad, para atemorizarlos, para que se vayan, se escondan, para que no formen parte de la sociedad o por lo menos de lo público.

La clave no es quién lo realiza. Tampoco qué sentimientos tiene cuando los realiza, que quien los haga “odie”, aunque pueda servirnos como indicador: muchos asesinatos se producen por odio y no por ello son delitos de odio y, del revés, puede haber delitos de intolerancia contra grupos vulnerables perfectamente fríos y racionales, burocráticos en su ejecución, como lo fue el holocausto nazi. Lo que define este tipo de delitos son dos cosas: que la víctima pertenezca o se perciba como parte de un grupo vulnerable y que el delito genere o por lo menos busque generar, en cabeza de la víctima individual, daño a ese grupo social.

Porque en el fondo, ¿qué persiguen estas legislaciones? ¿Para qué sirve perseguir con mayor rotundidad penal los delitos contra estos grupos vulnerables? Pues persigue, sencillamente, una restitución, una intervención pública para compensar la desigualdad existente, castigar más duramente los delitos contra grupos vulnerables, que necesitan una mayor protección y, de esta forma, lograr que estos grupos recuperen presencia pública, reconocimiento, autoconfianza y alcancen una mayor igualdad social. Desde este punto de vista, la Ley de Violencia de Género, se acercaría a ser una forma de ley de delitos contra grupos vulnerables socialmente, en este caso, un grupo tan grande y tan desposeído de igualdad social como las mujeres.

Y si tenemos claro todo esto, que la legislación debe penar más gravemente los delitos contra grupos que sufren desigualdad social, entenderemos por qué la legislación española sobre delitos de odio, especialmente la de discurso de odio, no es efectiva e, incluso, puede ser contraproducente.

La legislación española acota en diversos artículos de su Código Penal (22, 314, 510, 511, 512, 515) los delitos de odio a los delitos por motivos “racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad” (Art. 22). El Ministerio del Interior en su web hace una interpretación más atrevida, señalando que “La terminología delitos de odio se ha acuñado para definir a una categoría de conductas que presentan como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación” y apunta que son aquellos delitos contra una persona motivados por un prejuicio basado en “la discapacidad, la raza, origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social o cualquier otra circunstancia o condición social o personal”. En cambio, las diferentes organizaciones como la OSCE, la FRA o el FBI, tienen, a su vez, versiones mucho más restrictivas sobre quienes son afectados, quienes son los grupos vulnerables y, por tanto, qué son los delitos de odio. Digamos que, en este sentido, España ha legislado de manera precipitada y sin atender el fondo, el objetivo de protección para la compensación de los grupos vulnerables que inspiran estas leyes.

Porque, al final, si se definen estos delitos por el “odio a cualquier grupo” el resultado que obtendremos será el contrario del deseable, disolviendo completamente el sentido de este tipo de leyes. Como casi cualquier hecho violento se puede interpretar como odio y cualquier persona pertenece a un “grupo”, incluso con tan solo con el concepto de “delito de odio por ideología”, muy interpretable, se abre tanto el foco a la interpretación, que estos tipos penales devienen en muy arbitrarios, poniendo en manos del poder una herramienta muy peligrosa para agravar todos los delitos contra aquellas personas que compartan la ideología mayoritaria.

Se produce así una perversión absoluta del concepto. De una herramienta legal para para proteger y restituir la desigualdad de los grupos vulnerables, para defenderles del acoso, el miedo y la persecución, pasamos a una herramienta que sirve para agravar los delitos contra personas que pertenecen a “grupos” cercanos o afines al poder. Incluso en el culmen de la perversión, del retorcimiento del objetivo de este tipo de delitos, hemos asistido en Salamanca a la primera condena por delito de odio contra la ideología nazi. Y no es el único caso. La asociación que defiende discursos diversexfóbicos Hazte Oír ha pedido hasta 14 años de cárcel a Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias, como instigador de “delitos de odio” contra el transfobús de Hazte Oír. Al abrir el concepto de delito de odio, al no entender que estos tipos penales deberían proteger a los grupos realmente vulnerables, en atención a la realidad social que viven, no a cualquier grupo, la legislación española permite proteger explícitamente a sus verdugos, que solo tienen que afirmar que los delitos que sufren son por odio. Una vez abierta la puerta, todo puede ser odio y todo grupo, incluso los que acosan, insultan o persiguen a los grupos vulnerables, pueden reclamar ser víctimas del odio. Como apuntaba en su excelente artículo Beatriz Gimeno, “cualquier día, pretender que los ricos paguen más impuestos nos va a costar una demanda por odio de clase”.

Pero es que del revés, los colectivos vulnerables comprueban, día tras día, que la interpretación por parte de los jueces de la existencia de “delitos de odio” es realmente difícil, como se ha visto recientemente en Valladolid, en Vinarós, en Teulada, en Madrid o en Torrelavega. Porque la vivencia de la discriminación y la persecución, del miedo al acoso y hostigamiento, es en muchos casos subjetiva y los jueces, actualmente, no tienen formación específica. O, dicho de otra forma, no perciben gravedad en el acoso a los grupos vulnerables. Como ironizaba El JuevesEl Jueves con precisión de cirujano en referencia al caso de Valladolid: “Acaso los agresores gritaron: Os vamos a dar de hostias por maricones, porque odiamos a los maricones, entendiendo este odio dentro del marco jurídico del Código Penal? ¿Verdad que no? Agredir a gays solo al grito de maricones es demasiado inexacto”.

Así pues, ¿qué se puede hacer? Para bien o para mal, estamos donde estamos. Tenemos varios artículos en el Código Penal, guste o no y, además, este tipo de legislación es requerida a nivel internacional. Es más, es necesario que exista una legislación especifica que castigue de manera especial los “delitos de odio”, los delitos contra grupos vulnerables, discriminados, perseguidos, de la sociedad.

Pero hay que revisar y precisar el concepto en la ley y, para ello, debería desarrollarse una ley o iniciativa legislativa específica, para pulir y precisar el concepto inconcreto, ambiguo y confuso de “delito de odio”, hacia el concepto, más preciso, de “delitos contra grupos vulnerables”, acotando y definiendo con precisión cuáles son esos grupos. De la misma forma que para reparar la desigualdad económica se cobran más impuestos a los ricos y se dan más transferencias y ayudas a los que menos tienen, si se pretende legislar para reparar la desigualdad social, hay que proteger especialmente a los grupos que más lo necesitan.

Hay que superar y mejorar el concepto de “delito de odio”. Porque el odio viene del miedo y lleva al sufrimiento. Y legislar en base al odio es un camino rápido para acabar, como sociedad, donde acabó Anakin Skywalker. En el lado oscuro. __________

Ignacio Paredero es activista LGTB+ en Castilla y León, sociólogo y politólogo.

Partamos de no estigmatizar los sentimientos. Estos son imprescindibles, necesarios. Y, no lo olvidemos, surgen en base a hechos. De la misma manera que la rabia contra la campaña transfóbica surge del sentimiento de protección hacia los menores transexuales, el enfado contra las élites políticas o el odio racista contra los inmigrantes, judíos, musulmanes o LGTB+, surge de hechos concretos, como son la crisis, la globalización o la desigualdad. Y si: aunque esos hechos no tengan o incluso no deban implicar esas reacciones, pues las reacciones emocionales suelen ser poco meditadas y lógicas, analizar los hechos de fondo pueden ayudarnos a entender si hay algo que ha activado esa reacción.

Que la crisis económica ha hecho saltar por los aires la confianza en el sistema económico y político y sus élites es una obviedad. En las democracias occidentales en las que el contrato social se ha roto por la vía de la desigualdad y el paro, el aumento de las figuras o partidos anti establishment, que canalizan la rabia y el descontento con el funcionamiento actual de las democracias es indiscutible: Brexit, Trump, Referéndum Italiano, Referéndum Colombiano… son apenas unos pocos ejemplos en un clima de entreguerras anti establishment y anti élites, un clima en el que  los partidos neo fascistas están en alza en Francia, Alemania, Austria, Grecia e incluso han llegado al poder vía Trump en EEUU. Pero el descrédito no ha alcanzado solo a las democracias liberales, el descrédito ha acabado afectando a la razón como herramienta guía para obtener los mejores resultados para nuestras sociedades. Y esto no es cosa menor o, como diría el filósofo y pensador Mariano Rajoy, es cosa mayor.

Durante mucho tiempo, el consenso liberal se presentó a si mismo como la razón y la moderación, como el sentido común Mariano, la lógica inevitable, como aquello deseable, la mejor opción, la mejor solución, la que proporciona políticas sensatas y viables que mejoran la vida de la gente por la vía del consenso y el acuerdo del que el actual reparto de roles entre PP y PSOE es uno de sus cúlmenes. Este consenso no solo argumentaba desde la lógica o moderación: se presentaba como lo razonable, lógico o moderado. Pero, ¿era moderada la legislación española de desahucios? ¿Era lógico reformar la constitución sin contar con todos los actores sociales? ¿Era razonable un euro sin transferencias entre estados que armonizase una zona monetaria de por si no óptima? ¿Es neutra o técnica la postura ordoliberal a favor de bancos centrales fuertes e independientes que se centran en contener la inflación?

Los planteamientos liberales consiguieron capturar ese espacio simbólico de centralidad, del sentido común y de la lógica, los lugares de producción académica y técnica y definir como lo deseable sus políticas presentes a un lado y al otro del eje izquierda y derecha. Elementos como la lógica empresarial frente al estado, el estado mínimo, los bancos centrales independientes, la obsesión inflacionaria, la limitación del poder sindical, la rebaja fiscal, la desregulación financiera, la emisión de moneda como inflacionaria, los empresarios como 'job creators' o la deriva hacia la desregulación laboral infinita no se discutían. De hecho, lograron establecer, sobre todo a nivel conceptual e internacional, un consenso blindado a través de un aparataje lógico, el individualismo metodológico, el actor racional, impermeable a la crítica: el homo economicus, la racionalidad como egoísmo, que todos actuamos por egoísmo y cualquier acto se puede definir como egoísta o calculado, hasta tal punto que tal lógica no puede ser falsada. La pseudo ciencia de Milton Friedman en estado puro, acompañada de una estructura matemática que intencionadamente o no, ofusca y dificulta la comprensión, para transmitir autoridad técnica, que por su propia lógica no puede cuestionar los supuestos “racionales” en los que actúa y convierte la lógica individualista en una lógica circular y una profecía autocumplida.

La consecuencia de este verdadero abuso de la razón, de la lógica, lo académico y lo técnico en nombre y defensa de unas políticas concretas, ideológicas, no ha podido ser más catastrófico cuando estas políticas han fracasado y las élites que las han promovido se niegan a reconocerlo. Al vender como lo racional ideología neoliberal u ordoliberal y políticas estropeadas, el descrédito de esas políticas ha tenido la virtud de contagiarse y de desacreditar a la propia razón. Como las políticas que fallan eran presentadas como lógicas, razonables y moderadas, irónicamente, la lógica dice que el problema solo puede ser la lógica misma, la propia razón y la propia moderación. Llega un momento en que la gente no sabe que quiere, no sabe por qué lo quiere, no tiene pruebas o argumentos o argumentos razonables para refutar a los que han capturado la lógica y la razón, la academia y los centros de producción de conocimiento y razón; pero aunque no pueden refutarles o contradecirles con argumentos sólidos, saben lo que no quieren, no quieren esto que tenemos y creen que las elites les engañan en su beneficio, de hecho,  lo saben por experiencia propia y lo vehiculan a través de lo que tienen más cerca: los sentimientos de rabia, frustración, enfado y desánimo, críticos con un sistema que no está dando soluciones, que se canaliza a través de partidos anti establishment.

¿Es irracional que alguien que ha estudiado un doctorado y se encuentra en el paro o con una precariedad galopante considere que estas políticas y este sistema económico no le benefician?  ¿Es irracional que los jóvenes forzados a emigrar consideren estas políticas como no viables y los argumentos racionales / técnicos como engaños? Lo irracional seria lo contrario. Lo irracional sería pensar que las personas iban a aguantar indefinidamente la contradicción entre el “éxito” en la teoría de las razonables propuestas liberales y su experiencia personal en la práctica del fracaso de esas propuestas tan “lógicas”.

Pues bien, ya estamos aquí. En nombre de unas políticas que han beneficiado solo a determinadas élites, en nombre de políticas cuya efectividad los hechos han refutado una y otra vez, hemos desacreditado ante el público la herramienta fundamental para abordar la realidad: la razón, el conocimiento técnico y la ciencia. Hemos gastado la moneda racional y técnica hasta que ya no vale nada. Y ahora ¿qué? ¿Habrá que esperar a que la irracionalidad demuestre su cara más oscura o estamos a tiempo de que los supuestamente racionales liberales, esas élites que controlan el poder supuestamente desde la razón, cedan y reformen en profundidad el actual sistema?

La verdad, soy pesimista. Me temo que estas élites no han aprendido la lección. Justamente es su incapacidad de cambiar y ceder lo que atestigua de la manera más cruda su absoluta irracionalidad.

La verdad, siempre me ha parecido divertido la capacidad humana para renombrar las cosas. Lo que, de responder a sus intereses o preferencias, se entendería como un ejercicio de negociación, cesiones y tolerancia mutua, un acercamiento, un intento de dar un gobierno a España, con un gobierno entre PP, Ciudadanos y PSOE o los nacionalistas, algo completamente natural y una gran coalición y una responsabilidad histórica, se convierte para estos mismos señores si está Podemos y los nacionalistas de por medio en un “Gobierno Frankenstein”.

Sí. Gobierno “Frankenstein”. Un monstruo, algo horrendo, feo, con cicatrices, destinado al desastre. Pero, la verdad, todo se puede mirar desde varios puntos de vista.

Porque Frankenstein estaba vivo. Sí, es posible que costase mucha energía ponerle a vivir, para fusionar y activar sus diferentes partes, pero estaba vivo. Además, Frankenstein tenía buen corazón. No era un monstruo malvado per se, no buscaba el dominio, el control, el poder por el poder, era pacífico, buscaba vivir, disfrutar de las flores y los pájaros. En realidad los que le hacen un monstruo fueron precisamente los que le consideraban una amenaza, los que le definían y amenazaban con horcas como venezolano, inestable, devorador del PSOE, antinatural y peligroso para la estabilidad y la democracia.

Los monstruos eran ellos y sus miedos, no él.

Y ¿qué Gobierno apoyan los que tanto temen a ese “Gobierno Frankenstein”? Para no salir del horror gótico, lo voy a llamar “Gobierno Drácula”. Drácula es mucho más presentable. Es Conde, es rico, tiene un castillo. Es hermoso, joven, bello, el cuñado perfecto. Viste bien. Tiene carisma e hipnotiza en nombre de la unidad de España. Si tienes que elegir, a primera vista, la elección es clara. Pero Drácula, a diferencia de Frankenstein, tiene un lado oscuro. Cuando no miras, después de que te haya hipnotizado, te recorta la sangre hasta que te quedas en los huesos, aunque diga antes de la hipnosis que no lo va a hacer. Es un seductor y un mentiroso. El Conde busca el poder, extender su dominio para mucho tiempo, controlando medios, guardias, sicarios de todo tipo. Y es que es inmortal: vive por siempre o, por lo menos durante mucho tiempo. Su principal aliado es su aguante y el tiempo. Vaya, así pintado ya no es tan genial ponerse en manos del Conde, sus lacayos, ni su gobierno.

En fin, metáforas. Tan potentes como la difusión que tengan, claro, pero más allá del juego simbólico, ¿qué intenciones hay detrás de esta campaña para calificar un Gobierno alternativo como “Frankenstein”?

La intención evidente es, claro, que esta alternativa a un Gobierno de derechas no se materialice y, más concretamente, que Podemos no toque, de ninguna manera, poder. Como ha reconocido ya Ciudadanos en boca de Begoña Villacís, el objetivo es que el Podemos no gobierne con el PSOE, algo en lo que coinciden comentaristas desde la derecha hasta el centro izquierda. Podemos son una pandilla comunista que convertiría España en Venezuela, en un país donde se echa a la gente de sus casas, se amordaza la libertad de expresión, los jóvenes no tienen empleo, se recorta la sanidad, la educación, la dependencia para todos mientras las clases altas ganan más dinero. Podemos no.

Y luego, Pedro Sánchez, tampoco. De gobernar Pedro Sánchez, se acabó la broma dentro del PSOE. Sánchez ganaría el siguiente congreso, laminaría a sus críticos y, muy posiblemente, purgaría el partido, apoyándose en ese equipo tan ilusionante de los Luena, López y Hernando. En breve, no tendría contestación: otra cosa no, pero limpiar cañerías, saben. Sánchez, para ellos, sería un desastre sin paliativos, hasta tal punto que prefieren un "Gobierno Drácula" que siga chupando la vida a la gente, incluso si tienen que ayudar al Conde a salir de su castillo sitiado.

Y en tercer lugar, y más importante, se pretende establecer una dinámica estable de equilibrio en el sistema de partidos nuevos que dure otros 40 años y que deje sin posibilidad de gobernar a la izquierda esos 40 años. Hay quien dice que la aparición de Podemos es una elaborada estrategia del PP que ha alimentado a dicho partido en los medios de comunicación para dividir a la izquierda e impedirle gobernar. Teorías de la conspiración aparte que dan para otro post, lo que si es evidente es que, en estos momentos en el que el sistema de partidos se está recomponiendo, se está siguiendo la estrategia que se siguió en Italia en los años 40, la estrategia de estigmatizar de tal manera al PCI/Podemos que, de facto, las coaliciones con ese partido estaban vetadas.

Desde el punto de vista del PSOE, esta estrategia puede parecer atractiva para arrinconar a Podemos pensando así que, en poco tiempo, su impulso se agotará. Pero la división electoral que existe en España, tanto en términos de edad como en términos geográficos, hace más que posible que Podemos no solo no reduzca sus apoyos electorales sino que, con el tiempo, los aumente, posiblemente a costa del PSOE según su electorado principal, los mayores, vayan dejando paso a otras generaciones.

Pero, ¿podría Podemos obtener una mayoría absoluta? Difícil cuando no imposible. ¿Podría el PSOE hacer lo mismo, obtener una mayoría absoluta o incluso una mayoría suficiente para gobernar? De nuevo, es prácticamente imposible. Son matemáticas.

Si el bloque de votantes del centro a la izquierda tiene un partido del tamaño de Podemos vetado, arrinconado, con el que no se puede formar coaliciones o Gobierno, por los miedos internos del PSOE, los estigmas que lanzan los medios o los propios errores o características de dicho partido, que chocan con el funcionamiento político tradicional, la izquierda no podrá gobernar en este país y tendremos gobiernos de derechas para décadas.

Esto no es una exageración. En Italia, el PCI, que obtenía porcentajes entre el 20% y el 30%, estuvo vetado del Gobierno por los equilibrios de la guerra fría durante más de 40 años de gobiernos de la democracia cristiana, salvo cuatro años de gobierno del Partido Socialista Italiano de Craxi. Un ciclo completo de sistema de partidos, con un partido vetado, prohibido, que llevó a cerca de 25 gobiernos de la DC italiana.

Esta, creo, es la amenaza real que hay encima de la mesa. No Podemos, que no va a desaparecer pero tampoco, a mi juicio, devorará al PSOE o destruirá el Estado. No un "Gobierno Frankenstein" que incluya a Podemos con el apoyo de los nacionalistas en la investidura, que podría, incluso, abrir canales de negociación con ellos. La amenaza es, más bien, un "Gobierno Drácula" para 40 años, un Gobierno corrupto, estático, podrido, que recorta la salud y la educación. Décadas enteras de gobiernos de derechas gracias al monstruo de Frankenstein. Un país con preferencias claras de gobiernos de izquierdas, controlado por la derecha, gracias a crear un monstruo amoratado del que protegernos.

Esa es la amenaza, la irrelevancia de la izquierda durante décadas. Espero que el PSOE, el único que tiene en su mano la posibilidad de intentarlo, sea capaz de verlo.

____________________

Ignacio Paredero Huerta es sociólogo, politólogo y becario FPU en la Universidad de Salamanca, donde imparte docencia.

  #dts iframe {display:none!important;} #dts #txt iframe, #dts .col8-f1 iframe {display:block!important;}

>

Pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación en la que PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas parecen asumir un gobierno de Rajoy… pero sin querer pagar el coste de ninguna manera? ¿Desde cuándo es más atractiva la oposición que el gobierno? ¿Cómo es posible que para el propio PP, e incluso para el PSOE, sea más atractivo arriesgar unas terceras elecciones que formar gobierno? Arriesguemos unas claves.

Nadie quiere gobernar hoy

Los partidos saben que, en breve, tendrán que asumir el recrudecimiento de una crisis económica que nunca se fue, incluyendo el coste político de los recortes o multas que vienen desde Europa insistiendo con más austeridad. Se ve indeseable entrar a gobernar con un empeoramiento económico en ciernes sabiendo que te culparán del mismo, que se afirmará sin rubor que sustituir al PP en los mandos de la economía explica el regreso de la crisis. No solo eso, tanto PSOE como Ciudadanos, creen que no hay alternativa a las actuales políticas económicas austeritarias planteadas desde el actual Consejo Europeo alemán. Sea porque piensan que es indeseable presentar batalla en Europa o porque creen que es deseable disciplinar a la población para ser más europeos. Si tiene que ser así, por lo menos que no sean ellos los responsables.

Los partidos de gobierno no quieren gobernar con “inestabilidad” 

Que la próxima legislatura será breve, es algo asumido por todos salvo por Rajoy, que ha hecho de la resistencia política una seña de identidad y que se demostraría rocoso durante cuatro años, gracias a las limitaciones que impone nuestra moción de censura constructiva. Pero esta percepción de la “dificultad” que supone gobernar desde la minoría y el pacto, está también en el corazón del desinterés de parte del PSOE para plantear una alternativa al PP pactando con Podemos: Susana Díaz ya dijo que “con 85 escaños, no se puede gobernar” y dentro del partido se repite que “nos han colocado en la oposición”. No hay tradición, no hay cultura política en España en el ámbito nacional de pacto, de tener que acordar la acción de gobierno o de gobiernos de coalición. Pero esa imposibilidad para gobernar desde la minoría es una barrera cultural: en Barcelona, Ada Colau gobierna con el PSC y necesita pactar cada ley con al menos otros tres partidos. En Valencia, Ximo Puig gobierna junto con Compromís y con el apoyo de Podemos. En otras democracias europeas la política del pacto y la negociación se considera inevitable. Nada hay que haga imposible o terriblemente inestable un gobierno en minoría.

Cultura política patrimonial del Estado

Y es que esta negativa a pactar coaliciones, este planteamiento del “apóyame gratis”, del “gobierno yo y tú apóyame desde fuera”, ese “lo tomas o lo dejas”, revela una concepción profunda de la política, cultural, de práctica política, muy ligada al sistema de partidos tradicional, al poder concentrado en dos partidos que se turnan y tienen derecho a gobernar, interiorizado durante los 40 años de sus gobiernos. Para el PP y para el PSOE, la política nacional siempre ha sido alternarse y, el resto de partidos, solo pueden matizar u obedecer, pero no considerarse iguales. Pactar, salvo detalles con los nacionalistas, es indeseable e incluso humillante. Que un partido plantee que quiere entrar en el gobierno o pida una vicepresidencia, es una afrenta. Tanto es así, que votar en contra de tu investidura con todos los grupos de la cámara menos PSOE y Ciudadanos es percibido, ¡y vendido!, por el PSOE como un apoyo a Rajoy y al PP. Por lo mismo, Rajoy exige que le apoyen “por responsabilidad”, o sea, gratis: En ambas ocasiones se define como “un deber” de los partidos nuevos apoyar los gobiernos de PSOE o PP, como si no hubiera nada que negociar con ellos, definiéndoles como comparsas. Pareciera que el PP y el PSOE entienden que ceder, que pactar, alimentaría la creencia de que votar a Podemos o a Ciudadanos sirve para algo. Por encima de todo, hay que asegurarse de que el partido nuevo que compite por tus votantes se perciba como inútil para vehicular las demandas políticas.

Crisis del sistema de partidos que hay que superar 

Los partidos saben que seguimos en un momento clave, en una crisis del sistema político, y que el sistema de partidos se puede reconstruir con ellos dentro o con ellos fuera. Es por eso que la batalla no es tanto por estas elecciones como por el futuro del partido a 20 ó 30 años. La convicción tanto para el PP como para el PSOE es que si asfixian ahora a Ciudadanos y Podemos, el efecto mecánico del sistema electoral recolocará todo en su lugar con el tiempo, convirtiendo a Ciudadanos en el próximo UPyD y a Podemos en esa “IU algo más fuerte”, que serviría para apoyar (o ni eso) al PSOE de vez en cuando, pero en ningún caso para cuestionar su papel al mando del país. Es por ello que a gran parte del PSOE le interesa que gobierne Rajoy, sí, pero evitando un apoyo que confirmaría el discurso de Podemos. Es por ello que PP exige a Ciudadanos que le apoye a cambio de nada, indicando a su electorado que votar Ciudadanos es inútil. Es por ello que tanto PP como PSOE, en vista de los resultados de las últimas elecciones, no ven con malos ojos unas terceras elecciones que, creen, acabarían de laminar a los nuevos partidos desencantando a todas aquellas personas que se politizaron pensando que la solución eran los nuevos partidos.

Interés de partido por delante del interés público

Porque los partidos que pueden formar gobierno no están pensando en las demandas de la ciudadanía o en las políticas públicas a aplicar. Están buscando, principalmente, el interés del partido y, en el caso de esos dos partidos, el interés de partido hoy no está alineado con las demandas de la ciudadanía, de su electorado o con el beneficio colectivo. Si asumimos que la ciudadanía demanda un gobierno cuanto antes que dé solución, vía políticas, a los problemas existentes, que el interés de los partidos y el interés de la ciudadania no estén alineados solo se puede explicar si estos partidos piensan que: 1) Es imposible solucionar los problemas económicos, pues se deciden en Europa; 2) Es complejo e indeseable gobernar ahora, con el recrudecimiento de la crisis económica y sin mayorías suficientes para imponer tu acción de gobierno; 3) Se les debe un apoyo gratuito, pues son los legítimos propietarios del poder en España; 4) Pactar con los partidos nuevos supondría legitimarles y consolidarles; 5) El riesgo fundamental es perder el papel hegemónico en un sistema de partidos bipartidista; y 6) Las expectativas, en caso de repetición de elecciones, posiblemente les favorezcan.

Lo nuevo no acaba de llegar, lo viejo no acaba de cambiar 

Aunque el interés de los partidos nunca está alineado perfectamente con el de la ciudadanía o sus electorados, que se haya desviado de tal manera hasta ser contrapuestos, muestra que estamos ante una peligrosa anomalía democrática. Hay unas demandas ciudadanas, de gobiernos y de políticas públicas que den solución a la crisis y los partidos hegemónicos mayoritarios están priorizando lineas de actuación directamente opuestas a dicho interés. Más que buscar gobiernos o políticas, están pensando en las siguientes elecciones.

Pero, en realidad, ni es imposible para el PP formar gobierno apoyándose en Ciudadanos y los nacionalistas, ni lo es para el PSOE haciendo lo propio con Podemos y los nacionalistas. Si nada de esto ha sucedido todavía es porque, aunque vivimos ya en un sistema de partidos con un resultado electoral diferente, la cultura política sigue siendo la del sistema de partidos tradicional. Estamos viendo en directo cómo una cultura política, unas tradiciones, usos y valores de actuar en política, ahormados con los años, se imponen a los resultados electorales, hasta tal punto que si los partidos tradicionales se niegan a dar juego político a los nuevos partidos, mientras estos no los superen en escaños y puedan ponerse de acuerdo entre sí, su papel será limitado y el sistema político, en consecuencia, será disfuncional tanto en representatividad como en trasladar el interés ciudadano a las políticas públicas.

Lo nuevo no acaba de llegar y lo viejo no acaba de cambiar. La parte de la ciudadanía que ha perdido con la crisis quiere cambios que los partidos mayoritarios no desean implementar pues supone incorporar a nuevos actores políticos que compiten con ellos. Es preferible que gobierne Rajoy, que ahora no me viene bien hacerlo yo pero, eso sí, que gobierne sin mi voto.

La ciudadanía se merece algo más 

PD: Hay una wild card en todo este bloqueo: Pedro Sánchez. Su supervivencia depende de gobernar. Veamos si su deseo de supervivencia logra imponerse a los deseos de amplias capas de su partido y a sus propios miedos a Podemos.

____________________

Ignacio Paredero

Ignacio Paredero es sociólogo y politólogo por la Universidad de Salamanca #dts iframe {display:none!important;} #dts #txt iframe, #dts .col8-f1 iframe {display:block!important;}

Como ya sucedió en el pasado, la austeridad económica está alimentando el resentimiento y el odio de la población, que en momentos de frustración económica busca culpables. Y como ya sucedió en el pasado, aparecen partidos que aprovechan esa frustración para alimentar el odio, para señalar a las minorías, a los débiles, a los pocos. Dicen que todo se solucionará discriminándolos, si impedimos que vengan los refugiados a chantajearnos tirándonos a sus hijos a las vías de tren, si evitamos que los musulmanes puedan robarnos nuestros países, si logramos que los judíos paguen sus crímenes, si conseguimos preservar la unidad del país, la santidad del matrimonio y la familia como siempre debió ser. Dice mucho de España el escaso éxito que este mensaje ha tenido entre nuestra población, incluso en los peores momentos de la crisis. Pero esos mensajes y esos discursos corren por toda Europa como un fantasma de otro tiempo, de un tiempo de entreguerras, de un siglo ya pasado que parece volver.

¿Están aumentando las agresiones a minorías? Sí. No hay duda sobre ello. Es una tendencia presente por toda Europa. En Francia, las agresiones contra musulmanes y judíos se han triplicado desde el atentado de Charlie Hebdo. En Reino Unido los crímenes de odio han aumentado en un 18% en 2015, especialmente los crímenes de odio racial y por orientación y/o identidad sexual. La Agencia Europea para los derechos fundamentales (FRA) afirma que “el clima social y político está apoyando cada vez más las agendas extremistas, racistas, xenófobas que explotan los miedos acerca del desempleo de los jovenes y el terrorismo y otros retos geopolíticos”. Y en España los informes sobre incidentes relacionados con delitos de odio que publica el Ministerio del Interior, apuntan desde 2013 a un crecimiento sostenido de este tipo de delitos contra las minorías. Vivimos un momento de retroceso del respeto a la diversidad y es necesario que se alcen voces responsables que denuncien las agresiones y los ataques, pero es también necesario que las organizaciones sociales tengan un análisis preciso de la situación y un planteamiento estratégico claro al respecto, que permita actuar y denunciar de manera responsable y efectiva.

Porque un mal diagnóstico es una catástrofe estratégica. Europa lleva arrastrándose ya casi una década de crisis por haber diagnosticado mal el problema poniendo el foco de las medidas y de los medios en donde no estaba el problema y por tanto, proponiendo soluciones que no eran tales. Así pues, detectar dónde está el problema del odio a la diversidad sexual es la clave para intervenir, para implicar e, incluso, para proponer soluciones.

Por tanto, la pregunta es ¿son las grandes ciudades, como apuntaba recientemente Rubén López, responsable del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, el centro del problema de las agresiones en España? La respuesta es que, aparentemente sí, pero en realidad, no. Veamos unos mapas, con datos del Ministerio del Interior, que ilustran esta aparente contradicción. Primero, analicemos los datos absolutos:

Delitos de odio contra la diversidad sexual. (2014) en cifras absolutas.

Delitos de odio contra la diversidad sexual. (2015) en cifras absolutas.

En efecto, en cifras absolutas, Madrid es una de las provincias con mayor número de delitos de odio, aunque no es la primera. Tanto el 2015 como en 2014 hay otras provincias, con menor población, que tienen un numero absoluto de agresiones mayor. Esto ya debería hacernos reflexionar. Pero veamos cómo quedan los mapas si los calculamos en forma de tasa, en forma de numero de agresiones a la diversidad sexual por cada 1000 habitantes.

Tasa Delitos de odio contra la diversidad sexual. (2014) Hechos por cada 1000 hab.

Tasa Delitos de odio contra la diversidad sexual. (2015) Hechos por cada 1000 hab.

Como vemos, aunque en los mapas en números absolutos parece que el odio a la diversidad se concentra en las grandes ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, o Barcelona, cuando describimos los delitos diversexfóbicos en forma de tasa (agresiones / 1000 hab.) para eliminar el factor de concentración de la población y obtener así la posibilidad de ser agredido por tu orientación y/o identidad sexual, Madrid desaparece, literalmente, del mapa. Y eso sin tener en cuenta que muy posiblemente se están denunciando muchos menos casos en las provincias de los existentes. En 2014, 17 provincias no recibieron ninguna denuncia y en 2015 fueron nada menos que 22 provincias donde no hubo denuncia alguna. A pesar de ello, que rebaja la tasa de agresiones estatal, la tasa de agresiones por cada 1000 habitantes de Madrid está algo por debajo de la media estatal en 2015 y bastante por debajo de la media en 2014. De hecho, para que Madrid tuviese la tasa más alta de delitos de odio del estado, debería haber tenido en 2014 alrededor de 590 agresiones y tuvo 26.

En resumen, los datos nos muestran que Madrid tiene un número elevado de agresiones a la diversidad sexual, incluso es casi seguro que estén aumentando dichas agresiones, en la línea de lo que sucede en toda España y en Europa. Los esfuerzos por visibilizar y denunciar los casos son positivos y pueden llevar a que muchos casos que no eran denunciados, se denuncien y hagan públicos. Pero no se puede afirmar, por lo menos en base a los datos del Ministerio, que las agresiones se den proporcionalmente más en las grandes ciudades ni tampoco que el nivel de odio a la diversidad sexual en Madrid esté entre los primeros del estado. En realidad, es más bien al contrario. La Comunidad de Madrid concentra 6.436.996 habitantes, un 13% de la población de todo el estado y una gran concentración de población LGTB+, como muestra la existencia de Chueca y estudios como Nupcialidad de parejas del mismo sexo: Igualdad legal sin igualdad social.

Esta intensa concentración de población y especialmente de población LGTB+ debería hacer que el número de agresiones a la diversidad sexual fuese extremadamente elevadas tan solo con que Madrid tuviese una tasa media de delitos de odio diversexfóbicos. Pero sus cifras son muy contenidas. Si se asume una tasa homogénea de agresiones a la diversidad sexual en cada provincia del estado, lo que indicaría que el odio a la diversidad, la probabilidad de ser agredido es similar en todas las provincias, Madrid, con el 13% de la población del estado, debería acumular como mínimo un 13% de los delitos de odio a la diversidad sexual. Pero según los datos del Ministerio del Interior, este no es el caso. En realidad, Madrid concentra tan solo un 11,24% (2015) y un 5,06% (2014) de los delitos de odio y eso sin tener en cuenta la mayor concentración de poblacion LGTB+ de Madrid y el escaso nivel de denuncia en el resto del estado. Los datos apuntan, por tanto, a algo que no es una sorpresa: Madrid es un lugar especialmente protegido frente al odio a la diversidad. No es casualidad la existencia de Chueca o de múltiples negocios y servicios para la población LGTB+, por mucho que la situación esté empeorando en todo el estado. En realidad, esos espacios atienden precisamente a la aceptación y valoración de la diversidad existente en Madrid, que atrae la diversidad, con una fuerte migración LGTB+ desde las provincias a la capital, algo difícilmente compatible con indicar implícitamente, como se ha planteado en los medios, que el lugar con mayor intensidad de agresiones y odio a la diversidad sexual (diversexfobia) en los últimos tiempos son las grandes ciudades y Madrid.

Madrid es, según los datos de Ministerio y a la luz de la alta concentración de población LGTB+, uno de los lugares más seguros existentes en España para el colectivo LGTB+ y es por ello, posiblemente, por lo que las agresiones se detectan, se denuncian y activan todas las alarmas del colectivo LGTB+, de asociaciones que, posiblemente con buena intención, lanzan la alarma desde el punto de vista mediático y personal, sin previamente analizar las cifras agregadas, lo que permitiría contextualizar, matizar y centrar esfuerzos en los lugares más difíciles, en las comunidades autónomas más duras, con mayores tasas de agresiones o, incluso, sin ninguna agresión denunciada, en comunidades más homogéneas y menos abiertas a la diversidad sexual como Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha o Castilla y León. El centro del rechazo a la diversidad sexual, ya apuntado en el estudio sobre Nupcialidad de parejas del mismo sexo, está en las comunidades autónomas más rurales, envejecidas, homogéneas, despobladas, comunidades olvidadas estratégicamente por un activismo centrado en Madrid que, en multitud de ocasiones, al ser más reactivo que proactivo, se ve arrastrado a la inmediatez mediática más que al análisis pausado, estratégico, que permitiría priorizar las intervenciones allí dónde es más necesario y no donde, precisamente, hay más población LGTB+, asociaciones más fuertes y mayor aceptación de la diversidad sexual.

En resumen, se hace duro para la población LGTB+ que no vive en Chueca o Madrid, que vivimos en entornos sin recursos de ocio, asociativos, sin apoyo efectivo de las organizaciones LGTB+ estatales, o incluso sin redes de apoyo social o personal, ver como el debate que acapara titulares y centra la estrategia de los colectivos LGTB+ es Madrid y Chueca, con declaraciones afirmando, sin apoyo en los datos, que allí y en las grandes ciudades es donde está concentrado el problema de las agresiones, cuando la posibilidad de ser agredido en esos lugares es en realidad menor. Sin dejar de denunciar y organizarse contra las agresiones, en Madrid o donde sea, creo que sería muy positivo sacar el foco mediático de Madrid, pues por pura cantidad de población siempre tenderá a tener un número absoluto de agresiones elevadas. Se hace necesario poner el foco en los lugares donde la diversexfobia ni siquiera es evidente, está naturalizada, tapada por un manto de silencio, de miedo, autocensura y armarios.

Si, vivimos en tiempos complicados, de aumento del odio a las minorías, de aumento de las agresiones, en Madrid, en España y en toda Europa. Y por ello debemos analizar con precisión lo que está pasando y actuar contra el odio no donde es más fácil tener impacto mediático, sino donde es más necesario.

Se requiere análisis contra el odio. Nos jugamos mucho en ello. _________________________________

Ignacio Paredero es sociólogo y politólogo por la Universidad de Salamanca y presidente de FECyLGTB+ (Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más)

Pero si el beneficio del pacto con Podemos es evidente, ¿por qué no se alcanza este acuerdo? ¿Qué explica la estrategia en la negociación del PSOE? ¿Un juego de tronos interno? ¿Una partida de póker táctico? ¿Una histérica partida al Pandemia para frenar el fin del partido? ¿El tablero de las próximas elecciones en una partida del Die Macher? ¿A qué juega el PSOE?

La pregunta puede parecer sesgada pero no lo es. Asumamos que Podemos y Pablo Iglesias juegan al Juego de Tronos y, que como dijo Cersei, “En el juego de Tronos, o ganas o mueres”. Iglesias busca sustituir al PSOE y solo pactará en una situación muy beneficiosa. Su juego, pese a las maniobras, tiene una intencionalidad meridiana: gobernar sólo si pueden condicionar las políticas de manera clara, por la vía de un PSOE, Podemos e IU y, si no, pasar a la oposición, evitando por el camino que se les señale como obstruccionistas o culpables de la repetición.

Pero el caso del PSOE es más interesante. ¿Por qué el PSOE no ha cedido con alegría, rápidamente, ante las cálidas ofertas de Iglesias? ¿Qué puede explicar esta falta de agilidad, contraria a sus intereses? Apuntaré varias posibilidades no excluyentes entre sí.

1. Miedo

Posiblemente el factor transversal, que permea muchos otros. En efecto, tras no ver los cambios sociales provocados por la crisis y apostar por la Rubalcabiana solución de esperar a que escampase, tras las últimas elecciones, dentro del PSOE se respira el miedo a Podemos. La prioridad para con los morados es desgastarlos: son el enemigo a aniquilar, mucho más que el PP.

Este miedo es un consejero espantoso. En vez de tomar decisiones racionales, el miedo lleva a actuar de manera frenética. Solo así se explican argumentaciones que avisan del peligro de que Podemos entre en el Gobierno, cuando en realidad se sabe que son los socios menores en las coaliciones los que suelen sufrir, máxime cuando el socio no tiene experiencia de gobierno. Este miedo es también lo que lleva a buscar un pacto estable con Ciudadanos o, si no es posible, un adelanto de elecciones en el que el PSOE pueda recuperarse. El pánico a que Podemos siga su ascenso, a que el sistema de partidos se reconstruya dejando fuera al PSOE es, a mi juicio, el elemento central que explica la falta de racionalidad del PSOE en la negociación.

2. Racionalidades personales internas

El juego de tronos por el control del PSOE sigue jugándose fuera de los focos. Las fiebres antinacionalistas, en un partido federal que pactó con ERC para gobernar en 2004, no parecen muy sinceras, y aunque por supuesto hay diferencias ideológicas, lo forzado de los golpes de pecho indican que se usan solo para imposibilitar el acuerdo con los del círculo, que requeriría una abstención de ERC y DiL y el apoyo del PNV. Detectada la posibilidad de que Pedro Sánchez sea presidente con la aquiescencia nacionalista (y se vuelva inexpugnable), el establishment del PSOE, sus élites internas y también externas, marcaron rápidamente unas líneas rojas que impidieran cualquier acuerdo que incluyese incluso la abstención de los nacionalistas en un posible pacto con los morados. No es (principalmente) ideología. Es otra ronda mas de la batalla por el control interno de un PSOE que algunos siguen considerando suyo.

Pedro Sánchez, a su vez, ha jugado a alargar los tiempos de la negociación, cediendo piezas en la mesa para colocar como presidente a Patxi López, y tratar así de forzar la única posibilidad disponible, un acuerdo con Ciudadanos que culpabilice a Podemos, hasta forzar a última hora su abstención. Desde el punto de vista de Pedro Sánchez, es la opción más racional para sus intereses: alargar la negociación permite que se le visibilice como el candidato a presidente y se refuerza internamente. Si logra la abstención de Podemos, gobernará de manera óptima, como centro entre Ciudadanos y Podemos. Y si Podemos no se abstiene, llegarán esas elecciones en las que, creen, un Podemos desgastado por su negativa, permitiría la recuperación del PSOE y, con ello, de Pedro Sánchez. De nuevo miedo, pero también…

3. Perdida de contacto con la realidad social

Que el PSOE ha perdido toque con la sociedad, es una evidencia contabilizable en más de cinco millones de votos perdidos desde 2008. Una pérdida tan catastrófica de votantes, solo es explicable por una crisis económica brutal unida a la incapacidad de dar respuestas efectivas a esa crisis. Y es por eso que se hace difícil creer que los votantes que ha perdido el PSOE, decepcionados con el giro de sus políticas a partir de 2010, vuelvan al partido en unas posibles elecciones adelantadas. El grueso de ellos, los jóvenes que han comenzado a votar a Podemos, ven al PSOE como un partido antiguo y deslucido: no volverán a un PSOE en el que nunca estuvieron. Y los votantes socialistas que le dejaron de votar por desencanto, es más posible que pasen a la abstención a que vuelvan a votar con decepción.

Porque si hay algo que el 15-M logró romper es la dinámica del voto útil dicotómico, la estrategia que permitía al PSOE presentarse como la alternativa al PP y concentrar sobre si mismo el grueso del voto de la izquierda. Esa estrategia no funciona ya, hasta tal punto, que muchos de los exvotantes del PSOE preferirán abstenerse, votar Podemos o IU, antes que votar útil dando la confianza a un partido que no parece haber entendido sus demandas, por mucho que se insista en que no votar rojo, lleva a que gobierne el PP. La imagen de unos dirigentes socialistas, envejecidos unos, viejóvenes otros, desideologizados en su mayoría, que continúan derivando al partido hacia los intereses del establishment de centro liberal, hace muy poco para convencer a los perdedores de crisis de que vuelvan a votar con rosas. Pactos como el firmado con Ciudadanos, que no cuestiona la austeridad y que no se compromete a recuperar los recortes realizados durante la crisis, confirma el relato anti stablishment y deja al PSOE prácticamente sin relato político de izquierdas.

El problema es interno

Tres posibles factores explicativos. Hay más, desde la estructura de alianzas internas, la estrategia negociadora, la búsqueda exclusiva de un pacto estable, la negativa a aceptar un papel no hegemónico desde la izquierda y, por supuesto, los roces personales y políticos, los odios, enfados y choques que la política genera. Hay más, pero estos tres son quizá, los más explicativos y coherentes con lo sucedido hasta la fecha.

El miedo a perder la hegemonía de la izquierda, los intereses y batallas internas y la falta de análisis y visión, podrían estar llevando al PSOE a no buscar activamente un acuerdo viable con Podemos que sería particularmente positivo para sus intereses y su recuperación. El terrible proceso espiral de descapitalización y desideologización que está sufriendo el partido le está llevando a cerrarse sobre sí mismo, más a la derecha, cada vez con más miedo, más centrado en sus cuitas interiores y mas alejado de lo que demanda la ciudadanía. Es muy difícil romper este círculo vicioso que comenzó con la claudicación de Zapatero en 2010 y la posterior elección de Rubalcaba, pero si el PSOE no es capaz de hacer frente a sus miedos, abandonar la lógica interna y mirar hacia fuera, hacia la gente que le votaba para recuperarla en vez de conservar la que todavía le vota más en el centro, es muy posible que aquello que más teme el PSOE, el sorpaso y la perdida de la hegemonía de la izquierda, acabe por hacerse real.

Los miedos tienen la mala costumbre de llevarte precisamente a lo que temes.

“¿Al final? Nada acaba, Adrian. Nada acaba nunca”, responde Manhattan a Ozymandias

La respuesta/pregunta de Manhattan es muy pertinente. ¿Al final? ¿Cuándo es al final? ¿Cuándo podemos asumir que la crisis ha acabado? ¿Cómo sabemos que ya todo puede continuar “bussiness as usual”, con pequeños o grandes cambios? ¿Cuándo acaba la inestabilidad? ¿Al primer momento de calma? ¿Con la primera recuperación? ¿Cuando todo mejora, aunque no haya cambiado nada de lo que lo provocó?

El argumento de Ignacio Sánchez-Cuenca es bastante presciente y pragmático, dos pasos por delante del discurso habitual actual de la crisis. Como Ozymandias con sus televisores, con los datos, los libros y la ciencia política, Sánchez-Cuenca ve la dirección, la tendencia política de la sociedad y se pregunta, en realidad afirma, que lo más posible es que, al final, políticamente no pase nada. Varios datos apoyan su argumentación, desde el análisis de José Fernández Albertos, pasando por los datos electorales e incluyendo lo sucedido en Grecia, donde, a pesar de la crisis, la población sigue prefiriendo, por ahora, la pertenencia a la eurozona. En sociedades avanzadas y ricas, la aversión al cambio está por encima del deseo de ruptura, del riesgo que supone ese cambio para la riqueza actual. Es muy posible que el malestar se quede en un desahogo, con unos cambios en las formas, pero no se cuestionará el fondo.

Pero me voy a atrever a indicar por qué creo que hay factores subyacentes que Sánchez-Cuenca no ha considerado y que pueden indicar que esto no ha acabado.

Es la economía la que determina la política

Partamos de la misma base que asumió Alfredo Pérez Rubalcaba en su apuesta por la estrategia pasiva, de espera, que el PSOE ha desarrollado en esta legislatura: esto no es más que un problema económico. El desgaste del PSOE, creía, se debe a la mala situación económica. Como apuntó el propio Rubalcaba en una clase magistral en la sala Clara Campoamor en el Master de Liderazgo de la Gestión Política de la UAB, muchas veces buscamos explicaciones excepcionales, rebuscadas, a problemas económicos. Con el 15M en plena ebullición de demandas postmateriales y democráticas, Rubalcaba descontaba sus demandas y las explicaciones que entendían esas protestas como un “cambio histórico” y las reducía a un problema económico: tenemos una crisis, mucho paro y eso hace que la gente se organice y proteste, pero esto es temporal, dejaba caer con elegancia Rubalcaba, recordando las protestas estudiantiles de los años ochenta que, en realidad, eran un problema de saturación de clases. El diagnóstico implícito, muy nítido y que luego se comprobaría en el día a día de su gestión con el PSOE, es que el problema no se debía a nada de lo que hubiera hecho el PSOE: el problema era la crisis económica. Por tanto, a buen seguro esa misma crisis económica se podría llevar al PP, como ya apunta últimamente Pedro Arriola. Así que tocaba agarrarse fuerte y esperar.

Partamos de esa base: la valoración de la situación política está extremamente correlacionada con la valoración de la situación económica. Los faraones dependen del Nilo: un mal año de cosecha se lleva por delante al líder, haga este lo que haga. No son los fallos del líder, es la economía la que desgasta la política. Asumamos esto, aunque sea discutible e incluso poco democrático considerar a la política inerme frente a la economía y a los partidos tradicionales como las únicas alternativas políticas posibles en un juego de vasos comunicantes de votos entre PSOE y PP. Pero podemos asumir el diagnóstico de la causa económica como principal sin compartir la miopía hacia otros factores explicativos de la desafección política, como la corrupción y el nuevo cleavage “jovenes-mayores”, que ilustró con maestría Belén Barreiro en su “Regreso del futuro”, artículo presciente que predijo el surgimiento de PODEMOS. Aunque sabemos bien que lo económico no es el único factor, vamos a asumir que la lógica económica es lo que explica principalmente la desafección política y activa nuevas demandas de cambio. Como ven, ninguna suposición enloquecida, incluso un tanto conservadora.

Es la política la que determina la economía

Uno de los problemas básicos de explicar la política en base a la situación económica es obviar o ignorar que la economía depende, en gran medida, del marco político, de las instituciones políticas que condicionan el devenir económico. No es lo mismo tener un Banco Central Europeo capaz de cortar la liquidez a un país rebelde sin moneda propia que se atreve a proponer otras políticas, que no tenerlo. No es igual tener moneda propia que no tenerla. No es igual una institución como la moneda única en una Zona Monetaria Optima que en una zona que no lo es. No es lo mismo contar con herramientas políticas como el endeudamiento, el estímulo, la inflación, el default o la devaluación de la moneda que no contar con ellas. No es lo mismo tener un estado cohesivo con transferencias internas, el 1,5% del PIB de Cataluña al resto de las regiones de España según Josep Borrell, que una confederación de estados divergente, con transferencias muy reducidas (0,49% del PIB Alemán) o incluso inversas si consideramos factores como el euro, que benefician asimétricamente a las economías exportadoras. En resumen, el marco de política económica actual, el euro, es político y condiciona notablemente el desempeño económico y la distribución del mismo.

Podemos decir que la situación económica afecta notablemente a la política, sin lugar a dudas, pero la política a través del marco institucional económico que elige y mantiene, es la que define mecanismos que pueden agravar o reducir las crisis económicas, qué tipos de economía o estados ganan y cuáles pierden y, más todavía, la que define qué se puede hacer y qué no en respuesta a esas crisis. Y esto no es baladí, pues ha sido precisamente la política europea la que, apostando por un euro sin transferencias, sin eurobonos, sin capacidad de devaluar, con una aversión extrema a la inflación, con el default prohibido y la cláusula del “no rescate” entronizada, ha agravado al extremo la crisis que comenzó, no lo olvidemos, en EEUU. Ha sido la política europea, con un diagnostico alemán salido, parece, de la sutil y flexible mente de Thorin II Escudo de Roble, el que culpaba a países con un porcentaje de deuda menores del 40% de haber “malgastado”, de ser “profligate states”, de ser vagos e irresponsables en el sur, lo que ha acentuado la crisis económica, la ha arrastrado durante ya casi ¡ocho años!, con cinco ya de austeridad y recortes. Digamos que hay una estructura institucional, más una coalición de estados con determinadas (y obtusas) preferencias políticas que definen los problemas y las posibles soluciones políticas a las crisis económicas que se producen. Y, por tanto, sabiendo que en estos años solo se ha reforzado el marco actual, podemos suponer que el problema de política económica estructural, las instituciones, el diagnóstico y las políticas públicas macroeconómicas posibles volverán, inevitablemente, a producir los mismos resultados ante cualquier mínima perturbación.

O dicho de otra forma, esto no ha acabado.

Nada acaba, nunca

Nada acaba nunca, todo continua sobre los hombros de la historia, sobre sus aciertos y sus fracasos. Sabemos que la desafección política se produce, entre otras cosas, por el mal desempeño económico. También sabemos que no hemos cambiado desde esta política el marco económico que agravó la importada crisis de las subprime americanassubprime. Tenemos un marco institucional económico que provoca choques asimétricos, crisis más fuertes en unos países que en otros, un marco que reacciona con más sensibilidad ante los problemas y demandas de unos países en perjuicio de otros, más adaptado a los países que han definido el marco institucional a imagen de su modelo productivo, un marco que, si no controlan directamente, si tienen capturado ideológicamente. Tenemos un marco institucional que premia a los industriosos países exportadores pero que castiga religiosamente a los vacacionales países con déficit en la balanza comercial. Tenemos una moneda, el euro, que favorece notablemente las exportaciones internas a costa de eliminar la posibilidad de proteger tu competitividad y tu economía por la vía de la devaluación. Tenemos un euro que, como el patrón oro, impide o limita fuertemente la inflación, al ser su control el único mandato del BCE. No tenemos mecanismos de transferencias directas o indirectas suficientes. No hay pensiones, sanidad o seguros de desempleo a nivel europeo. No hay posibilidad de un default o devaluación, pues perjudica a los países virtuosos. Ante la descapitalización por la vía de la balanza comercial negativa de los países desordenados y vagos, solo se ofrecen dos opciones, la deflación o el endeudamiento adicional vía más préstamos con los países exportadores, con fuertes condicionalidades políticas.

¿Qué pasará cuando acaben los factores macroeconómicos que han alentado este “rebote del gato muerto”? ¿Qué pasará cuando el petróleo suba, el euro vuelva a encarecerse o el BCE termine sus rondas de QE en Septiembre de 2016? ¿Qué pasará cuando la crisis china se traslade a Europa? Incluso supongamos que la situación mejora un tiempo, se estabiliza y la próxima crisis es, digamos, dentro de cuatro o cinco años en vez de dentro de uno o dos. ¿Qué pasará entonces? ¿Sucederá, como sucedió en los países europeos de entreguerras, que tendremos que volver a recortar más todavía un estado del bienestar ya en los huesos? ¿Es posible seguir recortando, en rondas y rondas sucesivas de austeridad, hasta el infinito? ¿Cómo podríamos endeudarnos más para hacer frente a esa crisis cuando ya estamos en el 100% de deuda? ¿Hasta cuanto tiene que subir el paro en una nueva ronda de crisis, para que sea inasumible? ¿Hasta el 30%? ¿El 35%? ¿Cuándo la aversión al riesgo de una sociedad rica llega a su límite? ¿Cuándo, un político se dará cuenta de que es más rentable salirse del euro que continuar en el, aunque suponga dinamitar el proyecto europeo? ¿Con la segunda ronda de recortes? ¿Con la tercera? ¿Con un 30% de paro? Porque, no lo olvidemos, tal y como está definido políticamente el euro, ante cualquier crisis económica, no hay alternativa. No hay otras opciones posibles de políticas públicas más allá de la deflación, de la bajada de salarios, de las “reformas estructurales”, de los recortes al estado del bienestar y de la desregulación laboral para permitir dicha bajada salarial. Eso es lo que tenemos enfrente, con este marco económico/político: o nos convertimos en un país exportador como Alemania, sin sus industrias y con sus mercados ya capturados, o asumimos múltiples rondas de deflación, austeridad, devaluación salarial y recortes al estado del bienestar como única salida de cualquier crisis económica. 

¿Es esto sostenible políticamente, a medio y largo plazo, por muy aversa al riesgo que sea cualquier sociedad?

Watchmen acaba de manera magistral, mostrando, precisamente, que nada acaba, que la historia, por mucho que diga Fukuyama, sigue, que el fin no justifica los medios porque nunca hay un fin. Esto no ha acabado, me temo. Espero equivocarme, pero cuando el marco que provocó el agravamiento de la crisis sigue igual, incluso reforzado, es difícil creer que hemos llegado al final de la historia.

Lo veremos con el tiempo.

_______________________

Ignacio Paredero Huerta es sociólogo, politólogo y becario FPU en la Universidad de Salamanca, donde imparte docencia. Su tesis se centra en las divisiones sociopolíticas Norte-Sur-Este en la Unión Europea, para la cual ha realizado una estancia de investigación en el Parlamento Europeo.