A pocas horas del 28M, uno no puede evitar acordarse de aquella mítica viñeta de El Roto: “La derecha no vota, ficha”. Nadie pone en duda que el electorado que disputan y a la vez comparten PP y Vox está movilizado. ¿Cuándo no? Los números de los que partimos cantan (y preocupan). De los 35 millones largos de electores convocados a las elecciones municipales de 2019, más de 12 millones decidieron abstenerse, un 34,8% del censo (ver aquí). Resucitar a ETA durante la primera mitad de campaña o culpar al mismísimo Pedro Sánchez de capitanear una “trama generalizada de compra de votos” como está haciendo el PP estos días no sólo busca mantener encabronados a sus electores sino, sobre todo, desmotivar a los posibles votantes de las izquierdas. Lograr que se queden en casa. Que asistan en silencio al pretendido “cambio de ciclo” que lleve en volandas a Feijóo y Abascal a la Moncloa en las generales de fin de año. Y pueden conseguirlo.

Todas las encuestas conocidas (incluso las obligatoriamente desconocidas en los últimos días) dan por descontado que alrededor de un millón de los dos millones de votos que en 2019 fueron a parar a Ciudadanos están garantizados para el PP. Quizás más. Y también que Vox subirá, porque está pendiente de trasladar a territorios y ayuntamientos el buen resultado que obtuvo en las últimas generales. Sin embargo, ni siquiera esa suma impepinable sería suficiente para que las derechas logren instalar la idea de “ola de cambio” que vienen buscando. En términos de bloques, las formaciones progresistas estatales y las de ámbitos territoriales han mantenido posibilidades de sumar… siempre que sus potenciales electores no desistan del compromiso con las urnas.

Por eso no se ha escatimado esfuerzo alguno desde las derechas y sus potentes terminales mediáticas para impedir que en esta campaña electoral se hablase de política en el mejor sentido de la palabra. De la aportación de soluciones a los problemas de la ciudadanía: de vivienda, de sanidad, de educación, del transporte, de la fiscalidad, de la emergencia climática… No les interesaba en absoluto cuando en el ámbito económico, laboral o de protección de derechos, la coalición de gobierno y sus socios pueden sacar pecho con el respaldo de los datos y de las proyecciones de los principales organismos internacionales y gabinetes de estudio. 

Para quienes presentan como principal lema y objetivo de campaña “derogar el sanchismo” era mucho más rentable desenterrar el terrorismo de ETA la primera semana de campaña y aprovechar en la segunda los casos localizados de compraventa de votos para intentar ensuciar todo el sistema electoral y, por supuesto, culpar de esa supuesta falta de garantías al propio Sánchez, al PSOE o incluso al espionaje marroquí (ver aquí). Vomitivos esos episodios en los que individuos sin escrúpulos aprovechan la precariedad de sectores excluidos para nadar en las aguas fecales del clientelismo. Pero ¿en serio a estas alturas Feijóo no considera que debe desmentir el mensaje que pone en solfa las garantías del sistema electoral español?. (Escuchen aquí, por favor, al politólogo Víctor Lapuente o lean aquí al jurista Martín Pallín).

No ser malpensado a estas alturas del partido sería pecar de ingenuo, así que uno cree que no es casual que los tres ejes de campaña del PP para este 28M hayan consistido en la propagación masiva de tres trampas de tamaño elefantiásico: la de que debe gobernar (a partir de de ahora si así le peta) la lista más votada; la de que el Gobierno de coalición tiene pactos secretos con la difunta ETA; y, por último, aprovechando que unos cuantos golfos circulan por Melilla o Mojácar, la de que existe un entramado nacional de compraventa de votos (¡qué más da que algunos detenidos en Melilla los compraran para el PP!). ¿Qué objetivo común puede tener la masiva amplificación de las tres trampas citadas? Pues que ponen en duda la legitimidad de cualquier futuro gobierno que no esté compuesto por las derechas, ya sea porque el PP sea el más votado pero sin apoyos suficientes para gobernar, ya sea porque la izquierda reciba los votos de Bildu o, en el extremo más disparatado e irresponsable de todos, porque si los resultados (en municipales, en autonómicas o, por supuesto, en generales) son muy estrechos, conviene ir sembrando la duda sobre la garantía de veracidad y limpieza de los datos oficiales.

Sólo por estas tres razones, aunque habría bastantes más (entre ellas no es menor el permanente bloqueo de la renovación del Poder Judicial), conviene advertir que el PP se está comportando como un partido antisistema, dispuesto a socavar los mimbres fundamentales de la democracia con tal de ganar poder o mantener privilegios. En otros lares lo llaman trumpismo. Aquí utilizan el papel aún más hiperbólico de Ayuso para hacer pensar a una parte del electorado conservador que Feijóo representa una moderación razonable.

Suena a tópico advertir que enfangar la política busca sobre todo alejarnos de ella, y eso es lo que pretenden (como avisaba Machado en su Juan de Mairena) quienes prefieren decidir por nosotros y en beneficio exclusivo suyo. La práctica antisistema de quienes siempre han dominado sus resortes sólo tiene una respuesta democrática: acudir a las urnas. Si ellos no quieren hablar de lo que nos importa en las ciudades, en los gobiernos autonómicos, en la España abandonada, hablemos para empezar con una papeleta que no se compra ni se vende. La de cada una de nosotras y nosotros. Es quizás más necesario que nunca, por muy decepcionados que a menudo nos sintamos. Es mucho más arriesgado poner la democracia en manos de antidemócratas, por bien disfrazados que se presenten. Votemos.

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No lo verán destacado en casi ningún medio, pero este jueves 25 de mayo aparecía en el BOE una ley importante (ver aquí). Tan importante y compleja que en cuatro décadas de democracia nadie había sido capaz de sacar adelante normas estatales sobre una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Tenemos Ley de Vivienda (ver aquí). Puede (y hasta debe) discutirse todo lo que proceda sobre su alcance, sobre la eficacia o no que puede aportar a la hora de solucionar un problema que afecta a millones de jóvenes y no tan jóvenes. Y por más que el principal partido de la oposición intente menospreciarla y hasta boicotear su aplicación (ver aquí), lo cierto es que establece algunas obligaciones a las que no podrán escapar ni siquiera los más ultras del PP. Por ejemplo, desde hoy ya será imposible que un gobierno autonómico venda viviendas públicas de alquiler social a un fondo buitre, como hizo el Ejecutivo de Madrid con 2.937 pisos protegidos, o como hizo la entonces alcaldesa Ana Botella con otros 1.860 que transfirió al fondo Blackstone (ver aquí). Nunca más.

Sabemos que vivimos en un país de capataces, plagado de gente dispuesta a colocarse cada mañana a pie de obra, no para ayudar, sino para comentar que “esos cimientos no aguantan”..., “esa pared se va a caer…”, “falta hierro en el hormigonado…” Lo cierto es que ya podemos empezar a probar los resultados de poner límite a la especulación en el precio del alquiler o de evitar que el suelo público o las viviendas de alquiler social acaben en manos de macrofondos especulativos. Era un compromiso del acuerdo del gobierno de coalición, y queda estipulado en los artículos 15.1.C y 16.1.E de la ley que este viernes entra en vigor (ver aquí). 

Y también era la consecuencia lógica de sentencias judiciales que ordenaban revertir las operaciones especulativas en Madrid (ver aquí). Pero ni caso. Los gobiernos autonómico y municipal del PP han puesto todas las zancadillas posibles para impedir el cumplimiento de esos fallos (ver aquí). Es la táctica seguida por quienes aplican el catecismo neoliberal incluso a costa de saltarse la legalidad: todo vale con tal de proteger los privilegios del poder económico o financiero. De esto (también y sobre todo) va lo que nos jugamos este 28M.

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Tan reñida es la partida prevista para el domingo que ni un solo voto es despreciable (bueno, sí, son despreciables los votos comprados, y aún más despreciables quienes pagan por ellos y quienes estuvieran dispuestos a aprovecharlos, por anecdóticos que sean los casos de Melilla o de Mojácar). Este jueves, 25, es el último día en que pueden votar los españoles residentes en el extranjero en las urnas dispuestas en embajadas y consulados si no lo han hecho antes por correo certificado. Para las comunidades en las que se celebran comicios suman un total de 1.055.653 electores (ver aquí), con la novedad de que es la primera vez que lo hacen tras la reforma que puso fin al llamado ‘voto rogado’, que convertía en un calvario burocrático la ejecución del derecho a voto. La distribución de ese millón largo de electores (es decir, de aquellos que voten) entre las circunscripciones provinciales correspondientes hace muy difícil que los “emigrantes” tengan influencia decisiva en los resultados. Pero si se cumple el insistente pronóstico de que este 28M habrá escaños que bailen por un puñado de votos, y gobiernos que se muevan en el alambre por un solo escaño, entonces puede que el tan ignorado CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) se vuelva determinante.

Para que eso ocurra en alguna provincia, obviamente los votos emitidos desde el exterior tendrían que superar la diferencia existente en la puja por ese último escaño, y sabemos que la participación del CERA ha sido siempre muy baja (en las últimas elecciones celebradas antes del voto rogado fue del 24%). Pero hay comunidades con bolsas importantes de residentes en el extranjero, y no se puede descartar alguna sorpresa.

Para la siguiente cita, las generales, el CERA superará los 2.300.000 electores, con el mismo derecho que los 35 millones que votamos en España y preocupados también por el presente y el futuro de su país. (Eso sí, mucho más alejados del ruido que tanto distorsiona el debate público y las campañas electorales).

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Ahora que la ley electoral considera que la inmensa mayoría de la ciudadanía es menor de edad, a la que hay que proteger de la capacidad manipuladora de las encuestas… Ahora que ‘sólo’ unos cuantos centenares de profesionales de la demoscopia, políticos, periodistas bien informados, sus familias, amigos, vecinos, amantes… tienen el privilegio de seguir conociendo lo que dicen los sondeos continuos o trackings que se hacen cada día hasta el mismo domingo (porque no está prohibido que se hagan, sino que se difundan, ¡manda huevos!)… Quizás ahora sea el momento de advertir que llegamos a los últimos días de campaña con un tablero electoral al que la derecha ha dado una patada muy eficaz aprovechando que Bildu incluyó a condenados por terrorismo en sus listas (que retirara después a los más sanguinarios ya da igual a estos efectos). Entre el sondeo preelectoral del CIS y el sondeo flash conocido este lunes, el PSOE pierde (al menos) 1,5 puntos en estimación de voto en municipales, el PP gana 0,6 y Vox aún más: un 1,2%, mientras Unidas Podemos sólo avanza una décima (ver aquí). El macabro fantasma de ETA parece seguir siendo rentable para quienes mejor manejan la factoría del miedo.

El horizonte con el que anochece este martes en las sedes de las principales formaciones de la izquierda es entre preocupante y tenebroso, por mucho que algunos quieran mirar para otro lado o negar lo que apuntan sondeos obligatoriamente desconocidos. Quizás sea hora de que algunos estrategas asuman el error de acumular desde mediados de abril hasta quince grandes anuncios de medidas con inversiones millonarias, cuya trepidante comunicación ha llevado a confundir decisiones ejecutivas aprobadas e incluidas (o a punto de incluirse) en el BOE con meras promesas electoralistas. Ha hecho más este gobierno de coalición en los últimos meses en materia de vivienda, de apoyo a la sanidad pública, de salud mental, de fomento de la cultura, de ayudas contra la emergencia climática o de avances en igualdad que ejecutivos anteriores en sus mandatos completos (ver aquí). Pero poco importa cuando millones de votantes despiertan cada mañana escuchando que ETA está viva o que los okupas están a punto de asaltar su casa.

A cuatro días del 28M, y teniendo en cuenta la obviedad de que el PP tiene garantizados un mínimo de un millón de votos provenientes de un Ciudadanos en extinción, las esperanzas de los miembros de la coalición de gobierno y de otras fuerzas progresistas deben centrarse en movilizar hasta el último votante demócrata consciente de lo que aquí se juega, a la vista de la fortaleza de Vox y la debilidad de Feijóo ante una Ayuso crecida. ¿Cambio de ciclo? Más bien alto riesgo de retroceso y, sobre todo, de éxito de la desinformación.

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Alguna vez lo he contado. El 30 de enero de 2015 acudió a Madrid Jean-Luc Mélenchon, invitado por Alberto Garzón y por Pablo Iglesias, cada cual (aún) por su lado. Un pequeño grupo de periodistas españoles y franceses fuimos convocados a cenar con el líder del Partido de la Izquierda galo en Casa Perico, taberna clásica madrileña, y, en la conversación de sobremesa, Garzón expresó su confianza en atraer a las urnas a “los abstencionistas, la gente marginada…” Mélenchon fue contundente: “No te engañes, Alberto, los pobres no van a votar. Hay que aprender de la experiencia latinoamericana. Se gana con el apoyo de las clases medias y, desde el poder, aplicando políticas sociales, puede sumarse entonces a los marginados” (ver aquí). Lo he recordado este lunes, al conocer los últimos datos sobre pobreza severa en España: 4,2 millones de personas, el 8,9% de la población, vive en ese estado de marginalidad, de exclusión social (ver aquí). ¿Cuántas de ellas votarán el próximo domingo?

Si contrastamos aquel comentario de Mélenchon con los datos del CIS sobre voto y nivel de renta, hemos de dar la razón al político galo. El nivel de abstención baja a medida que aumentan los ingresos de los electores, del mismo modo que resulta difícil atraer a las urnas a quienes se sienten muy alejados del sistema político que los mantiene en la cuneta, apartados de unos mínimos de bienestar social. ¿Significa esto que no ha habido avances significativos contra la desigualdad con la coalición de Gobierno progresista en el poder? Los ha habido. El indicador de pobreza severa en España se ha reducido 1,3 puntos respecto al año anterior, lo cual supone devolverlo al porcentaje de 2011, recuperando el destrozo que supuso la gestión neoliberal de la gran recesión y también los daños de la pandemia (ver pág. 23 del informe de EAPN). No es poco.

La lectura de los estudios del Instituto Nacional de Estadística (ver aquí) y de la mencionada red europea contra la pobreza y la exclusión social conocidos este lunes es más instructiva que mil declaraciones electoralistas en vísperas del 28M. El progreso supone que el bienestar y el futuro de cualquier ciudadana o ciudadano tengan cada vez menos relación con el distrito postal en el que nacen. Los pobres también votan, siempre que perciban la utilidad de la democracia. Sigamos.

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Con los jóvenes ocurre un poco como con los pensionistas (o cualquier otro grupo demográfico): se equivoca quien utilice la brocha gorda para anticipar “a quién votan los jóvenes” o “a quién votan los mayores”. Ni los primeros irán a votar en masa a quien les ofrezca un bono para el Interrail ni los segundos se inclinarán de forma aborregada por quien prometa una mayor subida de las pensiones. Obviamente hay una fragmentación, una pluralidad y una multiplicidad de factores que condicionan la decisión electoral. Si acaso, los macroestudios sociológicos señalan una serie de rasgos que conviene tener en cuenta: los electores más jóvenes son más indecisos que la media, más abstencionistas y tardan más en tomar la decisión de su voto (nada menos que un 36% dice que sólo en esta última semana de campaña sabrá si va a votar y a quién). Hablamos de 7,5 millones de electores del total de 37 millones con derecho a voto (ver aquí último CIS preelectoral). Poca broma. En unas cuantas ciudades clave, los más jóvenes pueden decidir entre bloques o impedir mayorías absolutas.

Tanto PSOE como PP hacen verdaderos esfuerzos (a veces enormes tonterías) para rejuvenecer a sus respectivos electorados, compuestos sobre todo por mayores de 55 años. En las citas con las urnas desde 2014, los votantes más jóvenes han venido inclinándose por los partidos “nuevos”: Unidas Podemos (especialmente en gran ciudades), Ciudadanos y Vox (que ha captado amplios apoyos entre hombres menores de 35). La cuasi desaparición de Ciudadanos beneficia (como en todos los demás tramos de edad) al PP. De modo que la horquilla más joven ante el 28M puede tener cierto peso en la disputa por el tercer puesto en grandes núcleos urbanos. Que se movilice o no la gente más joven quizás sea clave para el resultado especialmente a la izquierda del PSOE (ver aquí análisis de Endika Núñez).

Uno intuye que el votante joven (¿hasta cuándo lo consideramos como tal?, ¿hasta los 30, los 35 años?, ¿hasta que pueda abandonar la casa familiar?, ¿hasta que deje la tuna?) se movilizará mucho más cuanto más se vea concernido por el debate público. La mayoría era menor de edad cuando ETA desapareció; la mayoría sufre en carne propia la precariedad o la imposibilidad de acceder a una vivienda; la mayoría ve prioritaria la lucha contra la emergencia climática… Así que si no cambiamos la conversación que desde potentes plataformas políticas y mediáticas reacccionarias se impone, costará mucho llevarlos a las urnas y, más aún, a un voto racional, capaz de valorar los riesgos reales de un retroceso democrático. No son apolíticos, son descreídos, escépticos. Hay tarea.

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Se le reprocha a Pedro Sánchez que abusa de los anuncios de medidas e inversiones millonarias en esta campaña electoral. No ha habido presidente alguno de gobierno que no haya hecho anuncios generosos en vísperas de elecciones (a ver quién supera aquel Plan de Apoyo a las Familias pregonado por Rajoy en mayo de 2015 con un total de 15.000 millones de inversión). Uno tiene la duda de si tantos anuncios no se fagocitan unos a otros y pierden por tanto efectividad en el plano electoral, pero en cualquier caso, bienvenidos sean 580 millones de euros (ojalá fueran el triple) para algo tan básico como reforzar “las infraestructuras y equipamientos de la Atención Primaria” (ver aquí). ¿Se acuerdan de todo aquello que considerábamos imprescindible en lo peor de la pandemia? Pues hay medidas a las que sólo se puede reaccionar con un aplauso o una cacerolada. 

Este anuncio de 580 millones como “partida finalista” que las comunidades autónomas tendrán que destinar, sí o sí, a introducir mejoras en los 13.000 centros de salud para evitar la saturación y las listas de espera no surge por esporas ni es una improvisación electoralista, aunque su anuncio se interprete en esa clave. De hecho la inversión que se aprobará en el próximo consejo de ministros está contemplada en los Presupuestos Generales, sólo faltaba activarla. Lo importante, en puertas del 28M y si queremos aprender algo del pasado, es comprobar qué hace cada comunidad autónoma con el dinero que el Estado le traslada para una competencia descentralizada. Hace poco más de un mes analizábamos en infoLibre el destino de otros 172 millones que el Gobierno aprobó el pasado 20 de septiembre para financiar mejoras en Atención Primaria. Sólo cinco de las quince comunidades beneficiadas explicaban cuánto dinero habían recibido y a qué lo habían dedicado. En el resto, opacidad primaria generalizada (ver aquí). 

Este sábado, casi a la misma hora, Feijóo se burlaba del anuncio de Sánchez (“será que los trackings le van mal”) e insistía en su promesa de “derogar el sanchismo”. ¿Derogaría Feijóo los sucesivos refuerzos de la Atención Primaria? Es posible, a la vista de que su colega e íntima adversaria Díaz Ayuso mantiene a Madrid como la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante, con menor porcentaje de su PIB en gasto sanitario y con menor gasto también en Atención Primaria (ver aquí págs. 7 y 11). De esto va (o debería ir) el 28M. 

Todos los manuales de táctica política explican que la fórmula más eficaz para evitar el desgaste por un asunto concreto es desviar la atención a otro de aparente mayor enjundia. Si no existe se inventa. El truco clásico consiste en atizar el miedo a una guerra para no hablar de las cosas del comer. EEUU es una academia de élite en la materia. Y el PP un alumno aplicado, siempre dispuesto a tirar de ETA en campaña electoral cuando no le conviene hablar de empleo, vivienda, crecimiento económico, sanidad pública… Especialmente en algunas comunidades autónomas. Ayuso, por ejemplo, se niega a soltar la liebre mecánica del fantasma del terrorismo, y triplica la apuesta ya disparatada del propio Feijóo: insiste en ilegalizar a Bildu, y este jueves ha proclamado que ETA “está viva y en el poder” (ver aquí).

Es un modo macabro y trumpista de desviar el foco del tema más escabroso de su biografía política: el protocolo de la vergüenza (desvelado por infoLibre) que prohibió el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales (ver aquí). Sólo en marzo y abril de 2020, al menos 7.291 personas murieron en los geriátricos madrileños sin ser derivados a un centro sanitario ni recibir atención médica alternativa, según datos oficiales del propio gobierno Ayuso (ver aquí).  Así lo denuncia también el exconsejero de Asuntos Sociales de la comunidad Alberto Reyero en el libro del que Ayuso huyó el martes en el debate televisado como quien huye de Satanás, cuando la candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, intentó entregarle un ejemplar (ver aquí).

Los motivos por los que alguien vota o rechaza una determinada opción son complejos, y tienen que ver con la ideología, las emociones, los intereses particulares y hasta la simpatía o antipatía que provoca un candidato o candidata. Algunos de esos factores, por desgracia, pesan más que el respeto a los hechos o a la memoria de los muertos. ¿Emergencia climática? Le regalo un geranio para el balcón. ¿Muertes en residencias? No invada mi espacio, gracias. ¿Ley de vivienda? Se levanta sobre las cenizas del atentado de Hipercor.

Hay mil y una maneras de ofender a la dignidad y a la inteligencia. El PP y Ayuso están cruzando en esta campaña todos los límites, como algunas víctimas de ETA advierten (ver aquí). Como vienen denunciando familiares de fallecidos en residencias durante los últimos tres años (ver aquí).

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Sí, ya sé que este miércoles se ha conocido un nuevo barómetro del CIS sobre elecciones generales (ver aquí). Pero sabemos que ese sondeo, sea más o menos acertado, tiene fecha de caducidad: el 28 de mayo. Los resultados tendrán un efecto psicológico que condicionará las encuestas siguientes. Por eso hemos preferido fijarnos hoy en otro dato, reflejado en el macrosondeo preelectoral del CIS sobre el 28M (ver aquí). Venimos escuchando cada día en mítines y tertulias que al menos uno de cada cinco votantes aún no ha decidido a qué partido apoyará en las municipales. Un 26% es el porcentaje medio de indecisos que el propio CIS calcula. Pero no es exactamente así, y vamos a intentar explicar por qué en realidad los verdaderos indecisos son bastantes menos.

Como apunta algún sabio del análisis demoscópico en cuyo rigor uno confía por experiencia contrastada, calcular con la máxima aproximación lo que decidirá quien ahora dice que no ha decidido es una de las cualidades obligadas de la mal llamada “cocina” de las encuestas. Sirva de ejemplo el caso de Madrid capital. El total de quienes no revelan a quién van a votar (no saben o no contestan) suma el 23,1%. Sin embargo, de ellos hay un 4,5% que tampoco dicen a quién votaron en 2019, luego estos últimos no son exactamente indecisos, sino más bien “no informantes”. Por lo tanto el porcentaje real de indecisos se queda en el 16,6% (ver aquí pág. 11).

Si nos centramos en quienes sí reconocen su recuerdo de voto, entonces se observa que entre los que dudan sólo hay un 15,3% que votó al PP, mientras un 22,6% votó en 2019 al PSOE, un 21,5% a Más Madrid y hasta un 37,1% a Izquierda Unida. Hay más indecisos (siempre) en la izquierda que en la derecha.

De modo que cada vez que escuchemos a alguien decir “yo aún no sé a quién votaré”, mejor no fiarse mucho. Si se digna a contarnos a quién votó hace cuatro años y algún otro detalle de su currículum como elector, podremos deducir en muchísimos casos lo que realmente hará. Baste un último ejemplo: el 25,2% de exvotantes de Ciudadanos que se declaran indecisos… adivinen a quién es más probable que voten el 28 de mayo.

P.D. Mientras concluyo el comentario sobre el dato del día escucho algo que me provoca arcadas. Se aprobaba en el Senado en la tarde de este miércoles la ley de vivienda, con el apoyo, entre otros grupos, de Bildu. Y el senador del PP Pedro Rollán ha afirmado lo siguiente: "Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños..." (ver aquí). ¿Existe algún límite en la manipulación electoralista del dolor causado por un terrorismo que fue derrotado hace doce años? En las filas de Feijóo aún creen que por esta vía pueden captar a indecisos de la izquierda moderada. Bastaría con ser demócratas para no caer en la trampa.

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Si hoy es 17 de mayo, entonces celebramos el Día Mundial del Reciclaje, y por tanto escucharemos un año más el bombardeo de mensajes sobre la importancia de que la ciudadanía separe los residuos en los contenedores correspondientes. Y las empresas más potentes lanzarán solemnes declaraciones de compromiso firme con la sostenibilidad. Esta vez no van a colar tan fácilmente. Este martes, 23 organizaciones ecologistas y entidades de la sociedad civil han denunciado ante el ministerio para la Transición Ecológica las “evidencias de que la realidad del reciclaje es bastante más deficiente de lo que se difunde a la opinión pública” (ver aquí). Se basan en la investigación recientemente publicada en infoLibre y coordinada por el consorcio internacional Investigate Europe, que arroja serias dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales acerca de la recogida y reciclaje de envases (ver aquí) y demuestra que el sistema Reciclos establecido por Ecoembes es fácilmente manipulable (ver aquí).

Más que en ninguna otra campaña electoral anterior, la realidad de la emergencia climática y de la necesidad de políticas eficaces de protección medioambiental pone los focos en algunas de las irregularidades desveladas en la citada investigación periodística. El sistema español desplegado por Ecoembes, empresa privada cuyos accionistas son precisamente los grandes productores y envasadores, tiene un serio problema con la fiabilidad de sus datos y obvia las mejores prácticas de reciclaje que ya aplican la mayoría de los países de la UE.

El ministerio de Transición Ecológica debe responder a la exigencia unánime de “una reacción urgente” que le reclaman las organizaciones ecologistas para adoptar medidas sobre las irregularidades desveladas, pero también los ayuntamientos, y por tanto los partidos que pretenden gobernarlos, tienen la obligación de concretar sus propuestas en un ámbito tan importante para el medioambiente como es el reciclaje de residuos. Sobran postureos y celebraciones de ‘días mundiales’ y faltan compromisos firmes en cada pueblo, ciudad o comunidad autónoma.

P.D. La investigación sobre el reciclaje y sus agujeros negros, como todas las que aborda este periódico en solitario o en colaboración con consorcios internacionales de medios independientes, ha sido posible gracias al apoyo de socias y socios. El periodismo fiable tiene (a veces) consecuencias). (Súmate aquí).

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Si fuéramos capaces (cosa que dudo mucho) de “devolver el debate político a la esfera de la política”, liberándolo “del moralismo y las emociones”, como planteaba Cristina Monge este mismo lunes en un sugerente análisis (ver aquí), entonces probablemente hablaríamos menos de ETA y más de vivienda, de empleo, de becas, de hospitales… Más datos y menos dardos. A algunos está claro que no les interesa. Feijóo, por ejemplo, venía insistentemente advirtiendo que España iba “camino del desastre” económico, que entraríamos en recesión hace meses, que el déficit y la deuda se dispararían por la gestión ‘socialcomunista’ (ver aquí). Este lunes, la Comisión Europea ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB español en 2023 hasta el 1,9% (ver aquí). Enésimo disgusto para la tropa política y mediática del catastrofismo.

Uno desconfía por principio de los pronósticos macroeconómicos, sean de origen público pero sobre todo privado, y puede comprobarse que aciertan fundamentalmente a posteriori… y no siempre. Importa, como en las encuestas, la tendencia. Y la mejora que la Comisión Europea prevé para España va en línea con las correcciones al alza que viene haciendo en los últimos seis meses (¡casi 9 décimas arriba!) y con las que también calculan el resto de organismos internacionales y principales institutos de referencia. 

Importa además que la buena marcha de la economía no se ciñe al crecimiento del PIB, sino que la Comisión Europea destaca la “fortaleza del mercado laboral” con “reducción de la temporalidad” y avanza una progresiva reducción del paro, de la inflación y también de la deuda pública y del déficit. Dicho de otra forma: el mantra del neoliberalismo que adjudica a la izquierda una nefasta gestión de la economía se diluye por el desagüe de la realidad. Así que, por supuesto, Feijóos, Ana Rosas y los tropecientos profetas del apocalipsis seguirán hablando a todas horas de las (indecentes y ofensivas) listas de Bildu.

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Cuando Joaquín Sabina cantaba que “sólo en Antón Martín hay más bares que en toda Noruega”, exageraba poco. Según los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), España cuenta con 277.539 locales de hostelería donde se bebe y se come, pero también se habla, se discute, la gente se relaciona, se desahoga o se informa. Hechos los cálculos correspondientes, tocamos a un bar por cada 175 habitantes, lo cual nos convierte en líderes mundiales. Ojalá lo fuéramos en camas de hospitales, pero ahí nos quedamos en una por cada 300 (ver aquí). 

Ayuso hizo en 2021 una lectura tan cínica como eficaz de estas cifras, y se volcó en abanderar la “libertad” de las cañas, las terrazas y las barras para acarrear en las urnas el deseo popular de superar el shock de la pandemia. De paso echaba unas paladas de amnesia a su nefasta (por no decir criminal) gestión de las residencias madrileñas durante la primera fase del covid.

Conviene no despreciar la importancia de los bares en la realidad social (y política) de este país. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto negro sobre blanco recientemente ese impacto en una amplia investigación (ver aquí). Y Teruel Existe ha llevado la cuestión al Congreso en relación con la España Vaciada, abandonada o despoblada, en forma de una propuesta para apoyar la función de economía social que cumplen los bares en pueblos de menos de 200 habitantes (ver aquí).

Así que para ganar en las urnas, mucha televisión, mucho vídeo, mucho cartel y muchísimas redes sociales. Vale. Pero no olviden estrategas y candidatos que los votos, como las noticias, están (también) en los bares. 

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¿Alguien conoce a alguien que al menos tenga un cuñado que a su vez conozca a alguien que una vez se fue de fin de semana y cuando volvió se encontró su casa okupada? Pues nada, seguimos escuchando cada mañana cuñas publicitarias radiofónicas que aseveran tal disparate y no pasa nada. Sales a buscar tabaco y cuando vuelves, ¡zas!, te han okupado el piso, y eso te pasa por no haber instalado una alarma, como han hecho la vecina del tercero y la del quinto. Este suculento bulo que financia vía publicidad a un montón de medios está presente en la campaña electoral del 28M. PP y Vox claman cada media hora contra una “avalancha de okupaciones” de cuya falsedad son perfectamente conscientes. Por el contrario, están descendiendo y, en cualquier caso, suponen un 0,07% del volumen de viviendas en España (ver aquí y aquí y aquí).

La confusión y la simplificación generan votos, especialmente si contribuyen a producir miedo. Claro que hay casos dramáticos, por supuesto, pero lo que hacen los pelmas de la okupación es meter en la misma coctelera allanamientos, impagos de alquiler, okupaciones y hasta asaltos con violencia. No distinguen entre inquilinos morosos, okupas y mafias organizadas. La inmensa mayoría de las okupaciones afectan a viviendas vacías propiedad de bancos o grandes fondos inmobiliarios. 

Pero hay algo más que discurso del miedo y negocio de instalación de alarmas en este ejercicio de desinformación que contamina también la campaña de las elecciones autonómicas y municipales: el ruido de las okupaciones intenta evitar que se hable de la cuestión de fondo, las propuestas de cada cual para abordar el enorme problema de la vivienda, la necesidad de aumentar la oferta de vivienda pública y de poner coto a la especulación en los precios de los alquileres. Mientras hablamos de los okupas no señalamos a quienes se dedican a defender los privilegios de los especuladores del alquiler.

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¿Qué preocupa más al personal: que Bildu siga ofendiendo a las víctimas incluyendo en sus listas a exetarras condenados o los precios de las cosas de comer? Ya sé que no es incompatible preocuparse de ambos asuntos, pero hay una diferencia que conviene no olvidar: ETA fue derrotada por la democracia hace casi doce años, mientras la inflación sigue aquí, destrozando las cuentas de millones de hogares. Las derechas no pierden oportunidad de sacar a ETA a pasear en toda campaña electoral (con la inestimable ayuda de algunos que desde Bildu se lo facilitan). Servidor considera más interesante ocuparnos del dato que el INE ha dado a conocer este viernes: la inflación de los alimentos parece tocar techo o al menos da un respiro, al subir casi 3,6 puntos menos que en marzo (ver aquí).

Aun así la cesta de la compra sube un 12,8, y consuela entre poco y nada que España siga siendo uno de los países con menor inflación de la Unión Europea. Daría lo que no tengo por entender por qué los precios (sean de carburantes o de alimentos) se disparan en cuestión de días cuando surge una guerra o una sequía, pero tardan tres vidas en bajar a su nivel anterior a cada crisis. Lo que sí veo (todos lo vemos) es que por el camino hay quien engorda sensiblemente sus beneficios.

Por eso convendría acelerar todo lo posible ese Observatorio de márgenes empresariales que el ministerio de Economía tiene en marcha (ver aquí). Esto afecta a cada ciudadana o ciudadano, viva donde viva, de modo que debería ser aplaudido ante unas elecciones autonómicas, municipales, generales o en periodo (si es que aún existe) de urnas cerradas. Hágase. Bienvenidas todas las propuestas que puedan contribuir a que la cesta de la compra deje de ser el primer disgusto de cada día. Pero sepamos de una vez quién y cuánto se aprovecha de cada desgracia colectiva. Es el primer paso para evitarlo. 

Cada vez que leo o escucho a un político decir que “la verdadera encuesta es la de las urnas” me entran ganas de romper la pantalla. No conozco a un solo político cuya preocupación más inmediata no sean las encuestas. Todo sondeo pretende ser examen puntual del momento político, síntoma de una tendencia y, sobre todo, tener un efecto psicológico en el electorado, o al menos es lo que buscan los grandes medios que pueden permitirse pagar el coste de una encuesta suficientemente amplia (casi todos de signo editorial conservador, por cierto). El CIS preelectoral sobre el 28M conocido este jueves ofrece datos discutibles y otros no tanto. El que adjudica en municipales un 31,7% de sufragios al PSOE frente a un 27,3% al PP es contundente, sobre la base de más de 21.000 entrevistas.

Otros datos pecan de cierto optimismo favorable al PSOE (los tamaños de la muestra son más bien pequeños en comunidades como La Rioja o Extremadura, por ejemplo), que en este primer día de campaña brindaría con el mejor cava si pudiera mantener todas las comunidades que hoy gobierna y además Ayuso no consiguiera mayoría absoluta en Madrid (ver aquí).

Desde Narciso Michavila (Gad3) a Belén Barreiro (40dB), pasando por José Félix Tezanos (CIS), coinciden en que habrá ciudades y comunidades autónomas cuyo gobierno se decidirá por un puñado de votos. El margen de error de las propias encuestas supone que el resultado puede caer hacia la derecha o la izquierda por muy sólido que sea el pronóstico (ver aquí). Lo cierto es que, salvo enormes sorpresas en los próximos quince días, no se percibe el “cambio de ciclo” que venía buscando Feijóo de la mano (vergonzante) de Vox. 

Seguiremos por aquí hasta el 28-M, cada día, dato a dato.