Como casi todos los inventos, algunos buenos y otros malísimos, el Estado de Bienestar también lo crearon los alemanes. Lo construyeron para impedir cualquier atisbo revolucionario cuando, a finales del siglo XIX, los trabajadores comenzaron a desabrocharse la ira provocada por el hambre. Fue en la época de Bismark, el “canciller de hierro”, que llegó a la conclusión de que la monarquía podría fortalecerse si sacaba de la pobreza a los parados y los ancianos y evitaba que se convirtieran en una carga para sus parientes. Y creó las bases de un rudimentario sistema de seguros de jubilación e invalidez.

En España, el seguro de desempleo nació con el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora, cuando su ministro de Trabajo, Largo Caballero, puso en marcha la Caja Nacional contra el paro forzoso. En la actualidad, la prestación por desempleo tiene carácter contributivo, y para tener derecho a ella, tenemos que cotizar a la Seguridad Social mientras estamos trabajando.

Pongamos un caso práctico para ver de forma clara cómo funciona el sistema. Supongamos que una trabajadora – por ejemplo, yo misma– es despedida de su trabajo. El despido es, sin duda, la sanción más grave del sistema disciplinario laboral y, por tanto, una medida tan rigurosa habría de aplicarse solamente en casos extremos: a quienes no saben convivir en sociedad, a quienes causan daños a los demás, o alteran severamente la paz social. Sería consecuencia, por tanto, de alguna cuestión grave. Quizá, de que se haya producido una reyerta entre compañeros de trabajo; o de que alguien haya filtrado un secreto a un enemigo poderoso. O, exagerando un poco, de que hayan desaparecido los “bolis” del estante de papelería. O, peor aún, de que alguien haya comentado algo sobre la falta de méritos de la jefa de personal, en caso de que dicha señora fuese un pelín rancia. Pero volviendo a nuestro supuesto práctico: ¿qué pasaría si la trabajadora –yo, en el caso inventado que nos ocupa– es despedida por expresar su opinión política en un medio de comunicación?

El Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones que también en las empresas hay que respetar la libertad de expresión. Pero la realidad, como advirtiera Norberto Bobbio, es que, bajo el sistema capitalista, la democracia se detiene a la puerta de los centros de trabajo.

Siguiendo con la ficción, y aunque en principio pudiera parecer delirante, cabe imaginar que la empresa decida que la opinión política de la trabajadora constituye una falta muy grave que atenta contra la imagen conservadora de la empresa, dado que las jefas de dicha empresa son de ultraderecha. Tan grave sería en ese caso la falta, que “justificaría” un despido disciplinario. Sin indemnización. Y la trabajadora –es decir, yo– se iría a la calle con lo puesto. Hasta aquí, la hipótesis. Y, a partir de la hipótesis, empieza el auténtico calvario.

Tras el despido, la trabajadora –o sea, servidora– tiene derecho a la prestación por desempleo –comúnmente conocida como “el paro”–, una prestación para asistir a quienes pierden involuntariamente su empleo y han cotizado el tiempo suficiente. En teoría, es una cobertura social para hacer frente a una contingencia, es decir, para poder vivir mientras no se cobra un salario.

Si la trabajadora –insisto, yo– ha cotizado por la base máxima, cobrará alrededor de mil euros mensuales: menos que el salario mínimo. Pero antes hay que conseguir una cita en la oficina de empleo. Tarea heroica en un servicio cuasicolapsado. Y, cuando la trabajadora despedida obtiene la cita y entrega todos los documentos –aunque el Estado ya tenga esos datos en sus propios sistemas– el expediente puede tardar meses y meses en resolverse.

Como en El proceso de Kafka, la resolución del expediente se retrasa sin explicación alguna. Y, una vez aprobada la prestación, todavía hay que esperar otro mes más hasta la fecha oficial de pago. 

La prestación por desempleo puede tardar en cobrarse tres, cuatro o cinco meses. O más. Y durante ese tiempo, el pago del alquiler no se suspende. Ni la hipoteca, ni la luz, ni el agua, ni la cesta de la compra. Con el despido se suspende el sueldo, pero no las facturas.

Esto no viene en la redacción de la ley, pero para poder quedarse sin trabajo y cobrar “el paro”, hay que tener ahorros. Al menos los suficientes para sobrevivir medio año sin cobrar un solo euro de la prestación. ¿No era “el paro” una medida de protección para paliar la contingencia del desempleo?

Al final, como casi siempre, hay que echar mano de la familia. En España, la verdadera red de asistencia no es el Estado ni la comunidad: es la familia.

Por eso a la ultraderecha le interesa tanto reforzarla: para adelgazar el Estado social y sustituirlo por una red de cuidados no remunerados e invisibles. Sin la familia, en este precario Estado de bienestar, ¿cuántas personas sobrevivirían?

Si el caso práctico que estamos analizando fuera cierto, quizá yo podría sobrevivir. Tengo algunos ahorrillos (y también familia). ¿Pero cuántas personas en paro pueden disponer de ese respaldo?

El sistema no protege al trabajador y la trabajadora en el momento en que lo necesitan. Protege a quien puede permitirse vivir durante un tiempo de sus ahorros. Y eso no es una red de seguridad. Es una prueba de solvencia.

La prestación de desempleo, tal y como está diseñada y gestionada, no es para quien la necesita urgentemente, sino para quien puede aguantar un tiempo sin ingresar un euro.

En la práctica, el paro es para los ricos.

En mi familia se hablaba poco de Alejandro. Era comunista, y eso era pecado. Me contaron que una bala impactó en el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y eso le salvó la vida. Pero nadie me dijo que aquel tío mío, abogado laboralista, tan amable y tierno, formaba parte de esa estirpe de héroes casi invisibles que se jugaron la vida para traer la democracia a este país.

Lo supe después. Cuando varios profesores, en la Facultad de Derecho, me preguntaron si era familiar de Alejandro Ruiz-Huerta, comencé a indagar. Y me enteré de que era uno de los pocos supervivientes –sobrevivientes, como prefiere decir él– del atentado contra los abogados de Atocha.

El 24 de enero de 1977, un comando de ultraderecha irrumpió en el despacho de abogados de la calle Atocha, número 55, y asesinaron a Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Otras cuatro personas quedaron gravemente heridas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia. El crimen sacudió a una sociedad que atravesaba los años más duros de la Transición y quedó grabado como símbolo de la violencia política del postfranquismo.

Cada 24 de enero recordamos a quienes pagaron con su vida la defensa de la democracia y de los derechos de la clase trabajadora. En el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, de Madrid, se celebra cada año un acto para honrar a aquellos abogados que asesinó el fascismo por defender los derechos que hoy disfrutamos.

Ser abogada me ha parecido siempre una forma de sobrevivir al Derecho. Defender a los más vulnerables frente a la injusticia y la desigualdad, frente a las leyes que blindan privilegios o frente al poder represivo del Estado, ha llenado de sentido mi profesión. La emoción de acompañar a los parias de la Tierra —y, últimamente, también al planeta Tierra frente a sus voraces depredadores— me ha permitido sobrellevar el tedio de muchos textos jurídicos. Y afrontar el menosprecio del aparato judicial hacia quienes no representamos los intereses de los ricos. Cuando estás vencida antes de comenzar porque el adversario es poderoso, pero de todos modos comienzas, te embarga una fuerza irrefrenable. Sin esa función social de la abogacía, el Derecho me parece insoportable.

Leo estos días cómo en Minneapolis la solidaridad vecinal incluye redes de abogados que se organizan para proteger a la población migrante de los abusos del ICE. Y al leerlo me reafirmo: necesitamos a la abogacía para defender los derechos que nunca pueden darse por garantizados. La política de terror que Donald Trump despliega sobre las ciudades gobernadas por los demócratas lo deja claro: los derechos siempre están en riesgo.

Pese a los avances indiscutibles de la democracia en nuestro país y en buena parte del mundo occidental, podemos decir sin rodeos que la abogacía está hoy amenazada. Cuarenta y nueve años después de la matanza de Atocha, ser abogado o abogada sigue siendo una profesión de riesgo en demasiados lugares del mundo.

Por eso, a iniciativa de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), la organización Avocats Européens Démocrates (AED) eligió –hace unos años– el 24 de enero como Día de la Abogacía Amenazada. Un día para recordar a nuestros compañeros de Atocha y para defender el derecho de defensa en todo el planeta, junto a quienes sufren persecución por ejercer su profesión. La conmemoración de este 2026 se dedica a Estados Unidos, por la sistemática vulneración de la independencia de la abogacía durante el último año.

Un informe exhaustivo de AED documenta cómo la actual Administración estadounidense ha incurrido de forma reiterada en conductas que atacan el derecho de defensa y la libertad profesional, vulnerando principios básicos del derecho internacional. Órdenes ejecutivas dirigidas contra despachos concretos. Represalias institucionales. Presiones sobre bufetes. Vigilancia, interrogatorios y acoso. Amenazas, despidos y dimisiones forzadas en fiscalía y judicatura. Obstáculos deliberados a la defensa en ámbitos como inmigración, el apoyo a Palestina, los derechos LGBTI+, la protesta social o la defensa de las libertades civiles.

Según denuncian nuestros colegas norteamericanos, no son hechos aislados, es un patrón. Un clima de miedo, incertidumbre y autocensura que se extiende dentro de la profesión jurídica.

Podríamos pensar que todo esto ocurre lejos. En años anteriores esta jornada se dedicó a Turquía, Colombia o Palestina. Se exigió entonces respeto al derecho a un abogado de libre elección, al secreto profesional, a la independencia judicial, a una defensa justa.

Pero resulta estremecedor comprobar cómo el retroceso del derecho de defensa avanza incluso en países que fueron referencia en la defensa de los derechos civiles. ¿Qué abogada o abogado de derechos humanos no ha soñado alguna vez con estudiar en una prestigiosa universidad norteamericana? ¿Quién no ha querido representar a comunidades negras organizadas frente al racismo institucional? Todas hemos querido alguna vez ser el Atticus Finch de la película Matar un ruiseñor.

En Madrid todavía existen abogadas y abogados comprometidos con los derechos humanos que, por ahora, no padecen el nivel de hostigamiento de nuestros colegas estadounidenses. Pero quien debería protegernos —el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid— anda más ocupado en estrechar lazos con el gobierno de Ayuso que en salvaguardar el derecho de defensa. Su actuación como acusación en el juicio contra el Fiscal General del Estado, su silencio ante una sentencia plagada de irregularidades y la posterior concesión de una licencia para ejercer como centro universitario como moneda de cambio evidencian que la independencia de nuestra profesión no está garantizada. Hay que pelearla.

Por eso son necesarias jornadas como la del 24 de enero. Para recordar. Para reivindicar. Para defender a un colectivo que trabaja cada día defendiendo a las personas más vulnerables. Es imprescindible seguir protegiendo a la abogacía frente a cualquier instrumentalización de la justicia. Para que los abogados y abogadas puedan ejercer la profesión con libertad y seguridad. Y para que las instituciones judiciales sigan siendo, de verdad, independientes.

“El pecado no es ser un abogado comunista. El pecado es matar a alguien por defender derechos humanos”. Se lo dice Atticus Finch a sus hijos pequeños, cuando les ve con la escopeta de aire comprimido: “Es pecado matar a un ruiseñor”.

A la calle. En pleno invierno y bajo la mirada gélida de los furgones policiales. Cuatrocientas personas abandonadas a la intemperie ha sido la hazaña perpetrada por el ultraderechista García-Albiol tras desalojar el Instituto B9 de Badalona. No solo es una vulneración de derechos humanos, también es una advertencia: la normalización del racismo como política institucional.

Los relatores de la ONU para la vivienda y la migración han afirmado que “desalojar personas en pleno invierno y dejarlas sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda”. Además, advierten de que este tipo de actuaciones puede “constituir un trato cruel, inhumano o degradante, prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Pero Albiol sabe que hoy se desprecia la legalidad internacional. Se refiere a “esta gente” como una amenaza para el barrio: describe a las personas migrantes como violentas y delincuentes, sin ninguna prueba. El Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, denuncia que está cometiendo un delito de odio. Pero él se siente impune, los defensores de derechos humanos son gente woke. No le pueden estropear el rédito de una buena campaña racista.

El discurso de odio tiene consecuencias: un grupo de personas se concentró ante la parroquia que pretendía dar cobijo a algunos de los inmigrantes. Con amenazas de muerte y cánticos racistas, les impidieron la entrada y tuvieron que dormir debajo de un puente. En pleno temporal de frío y lluvia.

Albiol no actúa solo: el Govern de la Generalitat y el del Estado (en manos del PSOE) son cómplices de este crimen por su inacción. Solo un puñado de vecinas trata de ayudar a los migrantes desalojados.

El racismo y la aporofobia suelen ir acompañados de la codicia. A quienes alimentan el odio no les gusta pagar impuestos. Prefieren acumular.

Según El País, Albiol aparece en los Papeles de Pandora como apoderado de una sociedad en el paraíso fiscal de Belice, gestionada a través de una asesoría andorrana vinculada al banco Andbank. Pese a ello, y según afirma ese mismo diario, Albiol no ha declarado una suculenta fortuna: tres viviendas (una al 50%), dos vehículos —un Audi Q5 y una BMW GT650—, 121.000 euros en cuentas bancarias, 56.000 en acciones y un velero Bavaria valorado en 80.000 euros. No está mal para un tipo que deja a 400 personas en la calle y se va a inaugurar un belén de Navidad.

Probablemente Albiol no llegará a rendir cuentas ante la justicia por esta violación de derechos humanos. Tampoco por alimentar el odio contra la población migrante. Pero se va a sentar en el banquillo por prevaricación y malversación. Tendrá que explicar al juez por qué permitió la instalación de dos antenas de telefonía móvil sin licencia en la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona.

Lo más grave es el éxito del discurso de odio que está calando entre los penúltimos —quienes no pueden acceder a una vivienda y llegan con dificultad a fin de mes— y los enfrenta con los últimos: las personas migrantes. Como si fueran estas las que ponen en riesgo lo poco que tiene la clase trabajadora. El viejo timo del trilero y la canica: distraer a la gente con una falsa sensación de inseguridad, mientras las élites defraudan a Hacienda con empresas offshore, viven en pisazos de Chamberí pagados con pelotazos de mascarillas y hacen negocio con la salud, la educación o la vivienda. Los impuestos apenas les rozan y sus patrimonios están blindados frente a toda política redistributiva.

La ultraderecha está arrasando. En la calle, bandas neonazis y fascistas insultan, amenazan y agreden cada vez con más frecuencia, amparadas por discursos fascistas blanqueados y normalizados. En las urnas, multiplican sus resultados. Acaban de hacerlo en Extremadura, uno de los territorios más desiguales y empobrecidos del país. El pueblo ha votado el regreso de 'Los santos inocentes', el partido del señorito Iván.

Llevan años sembrando los barrios de toda España con mesas de propaganda e iglesias evangélicas que ofrecen consuelo a vidas exhaustas y empobrecidas mientras les inoculan valores ultraconservadores. Ayuso también lo tiene claro: ha organizado un concierto del grupo Hakuna, vinculado al Opus Dei, que arrasa entre la juventud más conservadora.

Y, mientras tanto, ¿dónde está la izquierda? En las elecciones de Extremadura ha subido de cuatro a siete escaños. Un pequeño balón de oxígeno para unas filas desmoralizadas, pero que no permite respirar con demasiada euforia. De los 100.000 votos perdidos por el PSOE, apenas se han recuperado 20.000. Al tiempo que Vox crece sin freno entre la clase popular, donde debería ser hegemónica la izquierda.

Pese al avance de la candidatura de Unidas por Extremadura y las cualidades de Irene de Miguel, no cabe la autocomplacencia. El resultado de las elecciones será el Gobierno de una derecha aún más radical. Mientras, la izquierda continúa ensimismada en el debate sobre si concurrir por separado o en candidaturas de unidad a los próximos comicios. Nada sobre la necesidad de construir un proyecto verdaderamente emancipador, de trabajar barrio a barrio con la gente.

Necesitamos espacios de bienestar colectivo, comunidades de solidaridad y de educación política que disputen el terreno que hoy ocupan las iglesias evangélicas. Frente a la familia tradicional, el rechazo al aborto y el odio al diferente, eduquemos en la defensa de los derechos, feminismo, la solidaridad de clase y el sindicalismo.

Ahí están ejemplos como el Sindicato de Inquilinas, con sus bloques en lucha y la formación de nuevos liderazgos vecinales. O el DSA estadounidense, con su apuesta por la creación de nuevos liderazgos políticos, que trabajó puerta a puerta en los barrios de Nueva York hasta ganar la alcaldía.

Conviene estudiar esa victoria con atención. El triunfo del socialismo democrático de Zohran Mamdani en el país de Trump ha demostrado que, frente al mantra de que “el auge de la ultraderecha es imparable”, ¡sí que se puede! Pero hay que trabajar abandonando los viejos esquemas machistas y autoritaristas, los personalismos y las luchas de poder.

El odio se cultiva, se riega con discursos racistas. Se legitima desde las instituciones y se normaliza cuando no se combate. Frente a ello, no basta con indignarse y denunciar. Hace falta organización, comunidad y un nuevo proyecto político. Porque cuando la izquierda no ocupa ese espacio, lo hacen otros. Y ya sabemos las consecuencias.

En mi pueblo hay un antiguo lavadero que conserva aún el símbolo de la Falange. Y bajo el yugo y las flechas puede leerse un emblema: “El trabajo dignifica a la mujer”. Hace poco se cambió el nombre de la calle principal, pero en la nueva placa sigue apareciendo –entre paréntesis– el viejo nombre: (Antigua Avenida del Generalísimo). Tal vez por si alguna vecina se despista en este pueblo diminuto.

Me repugna verlo. La Ley de Memoria Democrática prohíbe la exhibición de símbolos asociados a la dictadura, pero el alcalde de mi pueblo vive ajeno al cumplimiento de la legalidad democrática, sin que ello le genere consecuencias. A la mayoría de vecinas y vecinos, estas inscripciones les parecerán parte del “paisaje urbano” de siempre. Han pasado 50 años desde la muerte de Franco y aún resulta difícil retirar los símbolos franquistas para cumplir una ley democrática.

¿Cómo no iba a resultar complicado, en un país que no ha juzgado ni uno solo de los crímenes del franquismo? Crímenes cometidos por una dictadura sanguinaria que se impuso tras un alzamiento militar, en el que fueron asesinadas 150.000 personas y otras tantas desaparecidas; medio millón tuvieron que huir al exilio, 42.000 fueron fusiladas, y hubo más de 300.000 presas y presos políticos.

En los últimos años, las víctimas de la tortura franquista han interpuesto más de cien querellas por torturas perpetradas por la policía franquista. Pero esas querellas son sistemáticamente inadmitidas por los tribunales. Por eso, en 2010, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), interpuso una querella ante la justicia argentina para que investigara los crímenes cometidos por la dictadura franquista, amparándose en la legislación internacional de Naciones Unidas sobre Justicia Universal. La misma que permitió en España juzgar al dictador chileno Pinochet, al oficial argentino Adolfo Scilingo –partícipe de los “vuelos de la muerte”– o al genocida guatemalteco Ríos Montt.

La justicia española se ha negado hasta la fecha a investigar ni una sola desaparición, asesinato o tortura durante la dictadura de Franco, amparándose en la Ley de Amnistía de 1977. Los jueces interpretan esa ley como les parece, en contra del derecho internacional que prohíbe la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Lo hacen pese a que la Constitución les obliga a aplicar el derecho internacional. Prefieren practicar un nacionalismo jurídico casposo: nadie de fuera va a decirles lo que tienen que hacer en su juzgado.

Esgrimen también el principio de legalidad: los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados en el Código Penal cuando se cometieron. Aunque el Tribunal Supremo resolvió ese escollo en el caso de Adolfo Scilingo: no podían condenarlo por el “delito de lesa humanidad” –delito que no estaba tipificado cuando se cometieron los crímenes en los años 70– pero sí afirmar que aquellos asesinatos y torturas formaron parte de un ataque sistemático contra la población, lo que agrava y contextualiza los hechos enjuiciados.

No juzgar los crímenes del franquismo es, por tanto, una cuestión de voluntad. Las leyes existen y, cuando los jueces quieren, encuentran la forma de aplicarlas para hacer justicia. Pero también es cuestión de voluntad política: ningún gobierno ha puesto empeño en dotar de recursos la recuperación de la memoria ni la reparación de las víctimas.

Los jueces españoles colaboraron con la dictadura y contribuyeron a sostener el régimen de Franco. Condenaron a “rojos”, comunistas, estudiantes, sindicalistas, maestras, anarquistas u homosexuales. Y el sistema de acceso a la carrera judicial –una oposición memorística con preparadores privados– ha facilitado que las mismas familias franquistas permanezcan en la judicatura. No en todos los casos, pero sí en los suficientes para mantener un estamento muy conservador: jueces que guardan obediencia al preparador que les abrió las puertas, y que viven rodeados de una atmósfera de conservadurismo y preservación de determinados intereses.

Solo así se explica lo vivido estos días: la condena a un fiscal general inocente, en un ejercicio de abuso de poder por parte del Tribunal Supremo propio de otras latitudes. Un golpe blando al Estado. Lo han hecho, entre otras razones, para salvar a la presidenta de Madrid, de querencia falangista, de los pufos de su novio. Para salvar a los corruptos que garantizan el statu quo de los poderosos. Y para atacar al Gobierno de coalición, que la derecha jamás aceptó porque no es de los suyos. La derecha cree que el poder del Estado le pertenece y hará lo que sea para recuperarlo. Si para eso hay que condenar sin pruebas, o incluso con las pruebas en contra, pues se condena: todo vale. Al fin y al cabo, llevan casi un siglo de impunidad.

La excepcionalidad española no es la siesta; ni el gazpacho, ni el sol mediterráneo. Es ser el país del mundo con más desaparecidos en cunetas y fosas comunes sin investigar. Es que sus asesinos hayan muerto en la cama y sin juzgar. Es que el Rey emérito, que facilitó que todo quedara “atado y bien atado”, viva fugado en Abu Dabi con una fortuna opaca y con derecho a volver cuando le plazca. Y es tener una justicia que mira hacia otro lado con las víctimas de siempre, pero que actúa con precisión quirúrgica cuando toca proteger a los suyos.

Esa es la auténtica anomalía española: un país que presume de democracia, pero que sigue sin querer saber nada de los crímenes que laten bajo su superficie. Mientras no se juzguen y tengamos un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación, la sombra del franquismo seguirá planeando sobre nuestros gobiernos democráticos.

Tengo una amiga que está haciendo un voluntariado en el CIS Victoria Kent, de Madrid. Dudo que a Victoria Kent le gustara que se utilice su nombre para llamar a una cárcel, aunque sea de cumplimiento en régimen de semilibertad. Mi amiga participa en grupos de tratamiento de personas que cumplen penas por delitos leves: hablan sobre el delito que cometieron, sobre el daño real (o potencial) a las víctimas y sobre la responsabilidad que tienen como integrantes de la sociedad. Un día me contó que estaba sorprendida de que todos los penados de su grupo –que han pasado temporadas de su vida en prisión– relatan lo mucho que les han pegado los funcionarios y policías encargados de su custodia. –“Son tantos los que lo cuentan que me suscita dudas, me cuesta creerlo… ¿Cómo va a ser el maltrato algo tan generalizado?”–, me dijo.

Yo sí me lo creo. Trabajé como abogada penalista durante diez años defendiendo a la gente más pobre y excluida. Fui abogada del turno de oficio, en un programa de metadona en el poblado de Las Barranquillas (Madrid) y en el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria. Casi siempre, los detenidos me contaban que habían sufrido malos tratos por parte de la Policía, y muchos presos me relataron también las palizas y abusos padecidos dentro de prisión.

Recuerdo la primera vez que pedí un habeas corpus para un detenido del Turno de Oficio, al que la Policía había pegado con porras en un calabozo y regado luego con una manguera. Lo encontré empapado, tiritando de frío y miedo. Saqué a la jueza de guardia de la cama para que atendiera aquel caso flagrante de violación de derechos humanos, que exige la inmediata puesta en libertad de cualquier detenido según la Ley Orgánica de Habeas Corpus. Qué ingenua fui.

Se trataba de una jueza con fama de progresista entre las abogadas de mi entorno, y al principio se mostró interesada en el caso. Una vez en el juzgado, en vez de pedir al médico forense que reconociera al detenido para valorar si tenía lesiones por malos tratos policiales –como establece el Protocolo de Estambul–, ella misma, en su despacho, pidió a mi defendido que se levantara la camiseta para examinarle las huellas de los porrazos. La reacción de la jueza me dejó helada.

–”¿Y por tan poca cosa me has hecho venir? Menudo futuro te espera si te escandalizas por esto… ¡Eres una niñata!”–, me dijo. Y lo envió de vuelta al calabozo.

Aprendí una importante lección: los jueces y fiscales no solo no investigan los malos tratos, sino que hacen lo posible por no verlos.

Años después aprendí además que tampoco los condenan, por muchas pruebas que se presenten en los juicios. Sólo si hay vídeos que muestran la violencia de forma evidente, los jueces no tienen más remedio que condenar a los policías, aunque a veces, incluso con esas pruebas los absuelven. Los policías hacen a los jueces el “trabajo de la calle” que necesitan para sacar adelante su juzgado, y prefieren no tener problemas con ellos. La vida de un juez puede ser dura con la Policía en contra (como lo es la de las activistas, las sindicalistas o la de cualquier persona disidente del sistema que tan ferozmente tratan de preservar).

Denuncié los malos tratos a las personas detenidas y la falta de investigación por parte de jueces y fiscales en un especial sobre justicia del programa Salvados, que conducía Jordi Évole. Me cayeron dos querellas de la Policía y la Guardia Civil, por injurias y calumnias, que acabaron en un juicio celebrado cinco años después. La jueza me absolvió, no sin antes echarme una bronca por decir cosas “tan feas” de la Policía.

Ese es el problema fundamental de la tortura y el maltrato: que quienes la denuncian –por haberla sufrido en su piel o por querer combatirla– son los que acaban en el banquillo. Gracias a esa perversa dinámica funciona la omertá en torno a la tortura.

En Euskal Herria, la gente sí se cree las denuncias de tortura de miles de personas, y por eso están siendo capaces de llevar a cabo un proceso de verdad, justicia y reparación. El Instituto Vasco de Criminología, bajo la dirección del prestigioso antropólogo forense Francisco Etxeberria, ha publicado tres informes sobre la tortura en Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra en los que se acreditan más de 6.000 casos sufridos por presas y presos, entre los años 1960 y 2014, que la justicia se ha negado sistemáticamente a investigar. Pero el profesor Etxeberria considera que la cifra real de personas torturadas en el País Vasco estaría por encima de las 20.000, porque la mayoría de las víctimas sienten un profundo rechazo a someterse a las pruebas de verificación y revivir de nuevo experiencias tan traumáticas.

Al sur de los territorios forales la cosa cambia por completo. La negación de la tortura y de los malos tratos es casi total. Por eso son imprescindibles iniciativas como las Jornadas contra la Tortura que se han celebrado a primeros de octubre en el Teatro del Barrio (Madrid). En ellas participaron miembros del Instituto Vasco de Criminología, víctimas de tortura, profesionales que trabajan peritando casos y luchadores incansables como Jorge del Cura, Premio Nacional de Derechos Humanos. Además de visibilizar y denunciar esta lacra de nuestra sociedad, las jornadas pretendían poner una piedra en la construcción de un movimiento ciudadano contra la tortura: un movimiento que exija al Estado iniciativas de reparación y medidas efectivas para erradicarla.

En un país como el nuestro, con un modelo de justicia de corte inquisitorial, centrado en la confesión del reo y el castigo al disidente, quizá no sea posible eliminar por completo la tortura y los malos tratos. Pero resulta urgente acabar con la impunidad de la que goza. No es admisible vivir en un Estado democrático y de derecho que no investiga, juzga ni condena la tortura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a la justicia española, en más de diez ocasiones, por no investigar la tortura. Y, en 2018, en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal, condenó a España por la comisión de torturas y tratos inhumanos y degradantes.

Gracias a las redes sociales hemos visto imágenes espeluznantes de las condiciones de detención en las cárceles de Israel y hemos escuchado los testimonios de decenas de palestinos que relatan las torturas y tratos denigrantes a los que han sido sometidos por el gobierno sionista y genocida de Israel. Y lo alucinante es que, a continuación, no pasa nada: no hay consecuencias, ni sanciones, ni bloqueos. Ni siquiera indignación. La última macroencuesta de Amnistía Internacional (2014) sobre actitudes de la población ante la tortura revela que un 36% de la población mundial la considera aceptable cuando se trata de obtener información de interés público. En España, un 81% de los encuestados no aceptaría la tortura en ningún supuesto, y un 17% cree que puede ser válida en algunos casos.

Necesitamos un movimiento ciudadano que se indigne con la tortura y que exija al Estado actos reales de reconocimiento y reparación. Pero, muy especialmente, debemos exigir el fin de la impunidad en la tortura y los malos tratos.

Si lo hemos hecho con las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, ¿cómo no hacerlo con quienes han sufrido las más horribles vejaciones a manos del Estado?

La tortura deja en los seres humanos una huella de humillación, dolor y daño psicológico de la que es casi imposible recuperarse plenamente. Estemos atentas a esta nueva iniciativa ciudadana que busca exigir el fin de la tortura y de su impunidad.

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Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma es abogada y activista defensora de los derechos humanos.

A mi sobrino, de 13 años, no le dejan participar en la huelga estudiantil del 2 de octubre contra el genocidio en Gaza: sólo pueden sumarse a la huelga a partir de 3º de la ESO. Estaba indignado: “¡Como si a mí no me importara que hayan asesinado a 18.000 niños y niñas, y que haya otras tantas mutiladas, famélicas y huérfanas!”.

Los niños y niñas tienen poca capacidad para gestionar sus derechos. No pueden decidir por sí mismos, y ni siquiera indignarse ni protestar por la masacre de otros niños y niñas hasta que un adulto les dé permiso. Y lo tienen aún más difícil si viven en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha prohibido exhibir cualquier símbolo de apoyo a Palestina en los centros educativos. La presidenta quiere mantener la política fuera de las aulas, para impedir que la “izquierda woke” “atrincherada” en los servicios públicos, “adoctrine” a niños y niñas en la peligrosa ideología de los derechos humanos.

Un repaso a los derechos fundamentales amparados en la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el derecho internacional, nos lleva a una conclusión distinta.

El artículo 20.1 a) de la Constitución Española, protege la libertad de expresión de todas las personas. Y el Tribunal Constitucional ha dejado claro que exhibir banderas, pancartas o símbolos forma parte del contenido de ese derecho.

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), interpretando el artículo 10 de su Convenio, ha reiterado que incluso las pancartas que contengan expresiones impactantes o perturbadoras están amparadas por la libertad de expresión. Por ejemplo, en la sentencia Fáber c. Hungría (2012), el Tribunal advirtió que limitar ciertas expresiones, por ofensivas que parezcan, amenaza más a la democracia que tolerarlas. Y en la sentencia Lautsi c. Italia (2011), sobre crucifijos en las aulas, señaló que los Estados tienen un margen para decidir sobre símbolos en las escuelas, siempre que no impongan adoctrinamiento.

Son generosos los Tribunales de garantías cuando interpretan el contenido de la libertad de expresión. Pero pronto señalan los límites: la libre expresión no podrá incitar a la violencia o al odio, atacar los derechos de terceros, el orden público o los bienes constitucionalmente protegidos.

Podría sonar razonable, pero el diablo está en los detalles: esos “límites” son también “conceptos jurídicos indeterminados”, al albur de lo que cada juez interprete en las distintas ocasiones. Así, cuando Abascal lanza insultos racistas desde una tribuna, resulta legítimo y no vulnera los derechos de las personas migrantes o de otras razas. Los que se manifiestan contra esos discursos de odio son quienes suelen acabar detenidos, por desórdenes públicos o acusaciones más graves. Otra cosa es que el “insultado” sea el Rey, la bandera española o alguna patronal “marca España”: ahí los límites se aplican con precisión quirúrgica. Se encarcela a raperos, se multa a manifestantes o se persigue a huelguistas.

Pero volvamos al tema que nos ocupa.

Abducida por el trumpismo y sus últimos zarpazos a la libertad de expresión, Ayuso pretende prohibir las banderas y pancartas de apoyo a Palestina en los centros educativos, mientras presenciamos en directo uno de los genocidios más brutales desde la II Guerra Mundial.

¿Puede realmente una presidenta autonómica, con ensueños imperiales, restringir nuestro derecho a la libertad de expresión?

El artículo 53.1 CE establece que cualquier limitación de un derecho fundamental debe fijarse por ley orgánica u ordinaria. Sólo el poder legislativo, estatal o autonómico, puede regular estos límites dentro de sus competencias.

Una presidenta autonómica, aun disfrazada de madrina de la libertad, no puede restringir la libertad de expresión salvo que esa restricción esté amparada por una norma con rango de ley. Y aun así, el acto ha de estar motivado, respetar la legalidad y superar un ‘test’ de necesidad y proporcionalidad.

Y hasta la fecha, no existe otro título legal habilitante que respalde la prohibición de Ayuso que sus exabruptos repetidos en medios de la extrema derecha: “kale borroka, adoctrinamiento, Sarajevo y Pedro Sánchez”. Ni rastro de una resolución formal, motivada y con base legal.

Pese a tener mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, el gobierno de Ayuso no se atreve a promover una ley autonómica que restrinja la libertad de expresión en los colegios y universidades: sabe que acabaría derogada por el Tribunal Constitucional. Por eso, se ha limitado a llamar por teléfono advirtiendo a los centros educativos de que no coloquen banderas ni pancartas. Así la señora Ayuso puede declarar a los medios que ella no ha prohibido nada…

La libertad de expresión de alumnas y profesores tropieza con otro límite insalvable: la Administración pública debe ser neutral (y además parecerlo). Esa obligación de objetividad impide, por ejemplo, que los edificios públicos exhiban símbolos partidistas o que impliquen adhesión oficial a una causa.

Pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2024 resolvió un recurso de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento de Zaragoza, por colgar la bandera LGTBI durante el Orgullo. El Supremo resolvió que la bandera multicolor no era un símbolo partidista, sino una expresión del derecho fundamental a la igualdad, y que la neutralidad exigible a la Administración no es incompatible con la exhibición de símbolos que están vinculados a los derechos humanos.

Lo mismo podrá decirse de los colegios públicos que exhiban banderas de apoyo a los derechos humanos de un pueblo que lleva décadas sufriendo la colonización, el apartheid, y ahora, además, un genocidio.

La hipocresía de la dama amante de la fruta no tiene límites: en 2022, declaró que “Ucrania nos necesita” y movilizó a los colegios para realizar colectas, recoger comida, colgar banderas y pancartas de apoyo y escolarizar niños refugiados a toda costa. Entonces no hubo ningún problema. ¿Por qué lo que ayer era solidaridad resulta hoy adoctrinamiento Borroka?

Ayuso libra una batalla ideológica contra el sentido común mayoritario, que se muestra horrorizado ante un genocidio retransmitido en directo: bombardeos que matan a miles de seres humanos; personas hambrientas asesinadas por un disparo cuando acuden a buscar comida; niñas huérfanas, aterradas, huyendo solas hacia ninguna parte; personas mutiladas que han perdido a todos sus seres queridos, mujeres víctimas de violencia sexual utilizada como crimen de guerra.

El horror en estado puro que, el día que regrese la cordura (Olga Rodríguez dixit), se mostrará en museos de la barbarie como los de Hiroshima o el Holocausto, y ante el que políticos de todos los signos volverán a afirmar que “nunca más”. La realidad es que ha vuelto a suceder ante nuestros ojos, con la complicidad de Europa y Estados Unidos, y ante la mirada impotente de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, quienes aún conservan la humanidad y empatía que nos hace personas, reaccionan ante tanto dolor manifestándose, deteniendo pacíficamente la Vuelta ciclista, encerrándose en espacios públicos o mostrando su solidaridad en los colegios. Los niños y niñas necesitan entender, expresarse y aprender a construir un mundo de paz.

El gobierno de Ayuso, con fuertes intereses económicos vinculados a empresas israelíes de tecnología y armamento, responde deshumanizando la empatía y tachando de “kale borroka” cualquier gesto de solidaridad. Alimenta el odio para buscar rédito político, que es lo que mejor sabe hacer.

Ante esta situación, en la que asistimos a la comisión de un genocidio en directo, no cabe la neutralidad. Tampoco en los colegios. La educación para la paz y los derechos humanos no es sólo un deber ético y moral: constituye también una obligación legal. Lo dicen la ley de Educación (LOMLOE), las recomendaciones de la UNESCO y el propio derecho internacional: la educación para la paz y la no violencia deben ser transversales en la educación de todos los países.

Los centros educativos deben promover la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos y el compromiso frente a sus violaciones graves. Deben ser espacios de solidaridad, lugares donde aprender a repudiar los crímenes de lesa humanidad y abrazar la diversidad y la igualdad.

Profesores, directoras, alumnas y AMPAS: ¡Sí a la paz! ¡Viva Palestina libre!

Casualidades de la vida, en este mes se cumplen once años de la condena a España por el caso de Ángela González Carreño. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) concluyó que España había violado el derecho internacional al no proteger a Ángela ni a su hija Andrea de la violencia machista ejercida por el padre. También criticó que se priorizara el contacto entre padre e hija por encima del interés superior de la menor.

Ángela González Carreño denunció hasta en treinta ocasiones a su expareja por la violencia que ejercía sobre ella y su hija. Ninguna de esas denuncias prosperó. Al final, consiguió separarse y obtener la custodia de la niña, aunque la justicia permitió que el padre mantuviera visitas vigiladas con Andrea.

Ángela siguió sufriendo acoso, amenazas y agresiones. La niña, por su parte, tenía miedo y rechazo hacia el padre que la insultaba y manipulaba durante las visitas. En varias ocasiones, Ángela solicitó medidas de alejamiento, alegando que Andrea sufría crisis nerviosas y que los encuentros afectaban gravemente a su salud. Se le concedió una orden de alejamiento que el juzgado retiró, poco después, para no interferir en el régimen de visitas. Según las psicólogas, era necesario "naturalizar" la relación entre padre e hija.

En una de las visitas, el padre asesinó a Andrea. Luego se suicidó. La justicia española lo exoneró de toda responsabilidad: no se puede juzgar a un muerto. Tampoco el Estado reconoció su negligencia, su mal funcionamiento. Ángela no recibió ninguna indemnización ni reparación por el daño sufrido.

El Comité CEDAW acabó dándole la razón, años más tarde. En su dictamen, recomendó al Estado español la reparación integral por el daño causado, investigar los fallos institucionales que posibilitaron la tragedia y mejorar la formación de jueces y profesionales en materia de violencia de género. Aunque el Tribunal Supremo —en una sentencia histórica— reconoció el carácter vinculante de ese dictamen, el Estado español nunca llegó a cumplir plenamente las recomendaciones.

Cabría pensar que, tras lo ocurrido con Ángela González Carreño, no volveríamos a ver una temeridad semejante. Sin embargo, la semana pasada vimos, en prime time, cómo la justicia española obligaba a Juana Rivas a entregar a su hijo menor al padre maltratador.

Sucedió, pese al grito desgarrador del niño suplicando ayuda. Acusaba a su padre de haberle pegado, insultado, arrojado por la escalera y amenazado de muerte. Pero no hubo piedad para él. Se impuso el principio de confianza en la justicia europea. También el sacrosanto derecho del padre biológico sobre los hijos, sin importar el trato que les dispense. Todo ello por encima del bienestar de Daniel.

Cuesta entender que alguien que dice ser padre, pueda obligar a un hijo a irse con él a otro país, contra su voluntad expresa. Más difícil aún es entender que la justicia del siglo XXI lo permita, negando a niños y niñas el derecho a ser escuchados y reconocidos como sujetos de derechos con autonomía.

Como en el caso de Ángela, Juana Rivas también denunció a su expareja y padre de sus hijos por violencia machista. La justicia italiana no la creyó, y Juana huyó a nuestro país buscando protección. En España volvió a presentar denuncias pero, en un cruel giro de guion, acabó ella condenada a cinco años de cárcel por sustracción de menores. Aunque recibió un indulto parcial, tuvo que cumplir la condena.

Pese a la ola de solidaridad que generó su caso, Juana Rivas sigue atrapada en este calvario. Una vez más, la justicia patriarcal se posiciona del lado del agresor. La clase política se ha mostrado “horrorizada” ante el suplicio del menor en directo, pero es incapaz de ofrecer una solución. Ahora, Juana se enfrenta a nuevas amenazas de condena, por su desobediencia. Las normas del patriarcado no se cuestionan: Vienen, inquebrantables, esculpidas en piedra.

¿Es España una democracia? Dices mientras clavas en mi pupila tu sentencia azul...

El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de publicar su séptimo informe periódico sobre España. Entre otras irregularidades, señala graves deficiencias en la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres. Una de las causas, según el Comité, es la persistencia de estereotipos de género en sectores clave como el judicial. Estos prejuicios influyen en decisiones sobre la custodia, protección o credibilidad de las mujeres. La falta de avances perpetúa la violencia machista y vulnera los compromisos internacionales en protección de derechos humanos.

Esta situación no es nueva. En 2021, la ONU ya denunció que España no protegía adecuadamente a la infancia víctima de violencia de género. Señalaba que muchos tribunales actúan con sesgo contra las mujeres y favorecen a los padres denunciados, incluso cuando hay antecedentes de abusos sexuales. El caso de Diana García fue ilustrativo: perdió la custodia de su hija de seis años pese a las pruebas de abusos sexuales por parte del padre.

Casos similares han afectado a madres como María Sevilla, Patricia González o Daria Sidorkevich, quienes, tras denunciar abusos sexuales por parte de sus ex parejas, perdieron la custodia o fueron condenadas por sustracción de menores. Agrupadas en el colectivo Madres Protectoras, han denunciado que la justicia no las cree y que se sigue utilizando el Síndrome de Alienación Parental (SAP), un diagnóstico sin base científica, prohibido por la nueva ley de infancia y desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial.

Desde que el Ministerio de Igualdad inició su recuento en 2013, al menos 64 menores han sido asesinados por sus padres en contextos de violencia machista. Lo llaman "violencia vicaria", aunque las víctimas principales son los propios niños y niñas. En junio de 2025, más de 12.000 menores estaban registrados como infancia vulnerable por esta causa, y 1.400 de ellos en riesgo medio o extremo de sufrir violencia vicaria.

Ante una violencia machista persistente, va ganando presencia el discurso antipunitivista que se presenta como postura antiautoritaria y alternativa al poder institucional. Aunque el debate es interesante, algunas voces feministas (como Laia Serra) denuncian que esa corriente tacha al feminismo mayoritario de punitivista. Como si las mujeres que piden justicia o medidas institucionales de protección, solo buscaran castigar a los hombres.

Este discurso también hizo acto de presencia en los incidentes de Torre Pacheco. Muchas de nosotras denunciamos la insuficiente protección de la población migrante frente a pogromos racistas y la pasividad, cuando no connivencia, de las fuerzas policiales con los fascistas. Pero enseguida circularon insinuaciones de complicidad con el Estado represor, y se nos recordaba que la izquierda antirracista tiene que defender la organización de clase, las redes de apoyo mutuo y rechazar el castigo. Que pedir cárcel para los agresores e instigadores, o más protección policial, es punitivismo.

La corriente antipunitivista propone que el feminismo defienda una sociedad en la que no sea la policía quien proteja de la violencia machista, sino las amigas. Una propuesta valiosa. Pero si la gigantesca ola de solidaridad no ha bastado para frenar la violencia contra Juana Rivas, ¿qué ocurrirá con las mujeres que ni siquiera cuentan con redes de apoyo? Y ¿quién hubiera defendido a los migrantes de Torre Pacheco cuando fueron atacados por grupos neonazis?

Creo en la transformación social, en la organización de las trabajadoras, en la autodefensa feminista y en el diálogo como herramienta de reparación social. Y sé, por experiencia, que el derecho penal y la policía no resuelven los problemas estructurales, sino que muchas veces los agravan. Pero también sé que, para muchas mujeres, la respuesta institucional es la única opción ante la violencia. Por imperfecta que sea, hemos de asumir que, hasta ahora, no tenemos una respuesta alternativa, fiable y segura, que pueda sustituirla.

Debemos trabajar por un orden social más justo y con mayor igualdad material, que frene los discursos de odio: de hombres frustrados contra mujeres emancipadas, de jóvenes sin futuro contra migrantes aún más precarizados.

Pero mientras llega ese mundo nuevo, podemos y debemos exigir al Estado que nos proteja frente a violencias urgentes. Más aún: debemos exigirle que respete el derecho internacional y los derechos humanos. Que la policía sea más democrática y detenga a agresores machistas y racistas, y no a quienes ejercen el derecho a la protesta. Que la justicia supere sus estereotipos y prejuicios machistas y crea a las mujeres que denuncian violencia. Que escuche a los niños y niñas que piden auxilio y no los entregue a sus verdugos.

“Después del tercer día de huelga me gustaría daros las gracias a todos los que nos estáis apoyando y disculparme por los perjuicios que ha causado mi ausencia en el juzgado. No queremos fastidiar, queremos que mejore la Administración de Justicia #JusticiaEnHuelga”. Así hablaba en la red social X la jueza @LadyCrocs, el pasado 3 de julio, presentándose como víctima y defensora de la justicia, frente a los supuestos ataques del Gobierno a la independencia judicial y al Estado de derecho.

Poco después, el juez Lino Rubio Mayo, del Juzgado Penal número 1 de Xixón, ordenó el ingreso en prisión de las seis sindicalistas de La Suiza, por realizar actividades sindicales que, en su opinión, causaron un “daño desproporcionado”. Lo contábamos hace unas semanas en esta columna. 

A la vez, el Ministerio del Interior montó la operación “Fuego”, una argucia para detener a hasta veintitrés sindicalistas del metal que participaron en la huelga de Cádiz. Los detuvieron en sus casas, o a punto de salir de viaje en avión. Cuando habían finalizado los altercados de la huelga y regresado a sus trabajos. Uno está en prisión provisional bajo fianza de 40.000 euros. Más de lo que gana en un año de duro trabajo. Mucho más de lo que le han impuesto al narco que mató con su lancha a un Guardia Civil en Barbate, según denuncian los huelguistas en redes sociales.

Los castigan por defender unas condiciones de trabajo dignas, con las únicas herramientas de que disponen frente a quienes les siguen explotando, dos siglos de revolución industrial después: el sindicalismo y la huelga. La Constitución reconoce ambos derechos en su artículo 28. Pero, al parecer, jueces y fuerzas del orden público entienden que la huelga sólo vale si no hace daño al bolsillo del patrón. El viejo truco de convertir los derechos en papel mojado, sin pasar por el bochorno de tener que derogarlos.

Miles de trabajadores del metal han luchado durante semanas por sus derechos en Cádiz. “Aquello (sic) son verdaderas cárceles: queremos un trabajo digno y no tener que echar 170 horas extras para llegar a los mil euros”, decía un trabajador. No pedían lujos: mejoras salariales, que se respeten los descansos, que no los amenacen con el despido, que les paguen las horas extras y que se les aplique el complemento tóxico para las condiciones especialmente duras de trabajo que sufren. Dignidad.

Después de dos semanas de huelga, llegan las nóminas: a los currantes les quedan 500 euros tras perder hasta 100 euros por cada día de huelga. Adiós a las vacaciones, al pago de la matrícula de la universidad. Muchos comerán gracias a la solidaridad de la caja de resistencia. Y por si fuera poco, detenciones, juicios pendientes (con abogados y fianzas), y el silencio cómplice de los medios.

¿Cuál ha sido la recompensa? Un acuerdo firmado por la UGT a espaldas de los trabajadores, rechazado y denunciado por los demás sindicatos como “el peor convenio de la historia”. Por eso, los más resistentes han iniciado una huelga de hambre contra lo que consideran condiciones de trabajo (y de vida) intolerables. Airbus, Dragados Offshore y Navantia siguen generando beneficios millonarios.

Es jodido defender tus derechos cuando eres de clase trabajadora.

El destino, caprichoso, quiso que la huelga de los trabajadores del metal coincidiera con la “huelga” de los jueces y juezas, tan mediática como confortable.

Sin la incómoda presencia de antidisturbios ni tanquetas, los jueces han suspendido decenas de señalamientos durante los tres días que ha durado su “huelga”. Después de años de abandono, la justicia en España se encuentra en un estado deplorable, sin medios suficientes, lo que obliga a la ciudadanía a soportar retrasos que nos recuerdan la frase atribuida a Séneca: justicia lenta no es justicia. Tras meses o años esperando un divorcio, recurriendo un despido, o pidiendo protección frente a alguna violencia, los ciudadanos soportan un nuevo aplazamiento de sus juicios, gracias a esta tróspida huelga de sus señorías, contra el intento de democratizar su poder.

Y es que los jueces, mis queridas lectoras, no protestaban –como los trabajadores de Cádiz– porque sus salarios sean mejorables, ni por las cargas de trabajo insoportables, ni por la falta de medios en sus juzgados. Tampoco protestaban por el verdadero problema que supone para ellos la “politización de la justicia”: el CGPJ designa a los magistrados que integran la cúspide del poder judicial, y para esos puestos elige sólo a los que dictan sentencias que no incomodan al poder. Eso es lo que sin duda les roba la independencia. 

Es más que dudoso que los jueces tengan derecho a la huelga: ni los convenios internacionales, ni los sistemas comparados europeos reconocen ese derecho. La Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley Orgánica del Poder Judicial excluyen a jueces y fiscales del derecho a la libertad sindical. Son uno de los tres poderes del Estado, y no pueden abandonar sus funciones sin quebrar el orden constitucional. 

Pero jueces y juezas han parado durante tres días, y han dejado desamparada a la ciudadanía en su derecho a la tutela judicial efectiva, para protestar contra la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Una reforma que sólo busca, tímidamente, que el acceso a esa función sea un pelín más pública, más transparente, menos elitista; que cuente con becas para la clase trabajadora, y que algunas pruebas sean anónimas para combatir el corporativismo existente. ¿Dónde está el ataque al Estado de derecho? 

Quizá el problema sea que la democratización del acceso a la carrera judicial amenaza viejos privilegios, como el del negocio opaco de los preparadores, o la endogamia que, en multitud de ocasiones, pesa más que los méritos. 

Con sus togas, sus joyas y puñetas, lo que han hecho los jueces no es enfrentar la injusticia, sino la democracia. La suya no ha sido una huelga laboral sino una estrategia para desgastar al Gobierno: un paso más –junto a los casos de lawfare– en su cruzada contra el comunismo bolivariano de la Moncloa. De nuevo, juegan a hacer política sin presentarse a las elecciones.

La guinda es que no les descuentan los tres días de salario, porque el CGPJ (que no reconoce la legalidad de la huelga) afirma no tener datos de los participantes en la huelga. Nos toman por idiotas. 

“Lavaros la boca con jabón cuando habláis de "huelga". Huelga es lo que hacen los trabajadores del metal en Cádiz, que les cuesta 100€ al día ganando mucho menos que vosotros. Lo vuestro son vacaciones por la jeta, porque ni tenéis el derecho ni os van a descontar el sueldo”, respondía @LadyCrocs en X.

La lucha del metal en Cádiz ha sido ejemplar, casi heroica. Se han jugado el tipo y el pan de sus familias por unas condiciones laborales más justas, frente a la codicia de las empresas que obtienen cada año beneficios millonarios. Han defendido, además, un país con industria propia, que sea digna y sostenible para sus trabajadores, frente al modelo económico imperante de turismo, sol y especulación inmobiliaria. 

Han dado una lección de dignidad frente a la charlotada de los jueces, que quedará impune y sin factura, aunque algunos se atrevan a decir que viven hoy “bajo un régimen dictatorial”. Convendría recordar lo que les sucedía a los que hacían huelga durante la dictadura de Franco. Se puede ver en la serie de TVE Las Abogadas (y al mismo tiempo, apoyar la caja de resistencia de las trabajadoras del metal de Cádiz).

Huelga es lo que han hecho los gaditanos por defender sus derechos. Lo demás es… mucha jeta.

Recuerdo una encuesta de Amnistía Internacional en la que se preguntaba a los ciudadanos si sentían miedo cuando la policía estaba cerca. La respuesta mayoritaria fue que sí. Y esa respuesta refleja claramente un síntoma de desconfianza, de fractura entre poder y ciudadanía. La desconfianza es mucho mayor cuando eres pobre, migrante, racializado. Cuando eres Abderrahim.

Vio que le perseguían y echó a correr. Abderrahim acumulaba varias detenciones esa misma semana: por llevar algo de droga para su consumo, por sospechoso habitual, por haber estado en prisión, por tener la piel oscura, por ser pobre y parecerlo. Al verse perseguido, corrió y corrió. Como Forrest Gump. “¿Serán de nuevo las alucinaciones?… ¿Qué habré hecho esta vez? Ahora no lo recuerdo…”. La culpa: se adhiere a la conciencia tras años de malos tratos, de cárcel, de exclusión.

Los dos policías le dieron alcance. Lo derribaron. Uno de ellos le aplicó la maniobra de asfixia conocida como “mataleón”. “¡No puedo respirar! ¿Qué queréis? ¡Soltadme!”. Las manos del policía siguieron presionando su cuello, atenazando su nuca. El otro policía, un jubilado, se tumbó sobre él. Como una losa. Abderrahim apenas pesaba 40 kilos, devastado física y mentalmente tras un intento de suicidio que lo dejó dos años en silla de ruedas.

Esa noche cálida de fiestas, los vecinos de Torrejón contemplaron atónitos una escena que recordaba la película As Bestas: dos tipos corpulentos aplastando el cuerpo leve de Abderrahim contra el suelo. Durante quince eternos minutos le impidieron moverse, le asfixiaron. Horrorizados, los vecinos vieron cómo el chaval se revolvía, hasta que dejó de hacerlo. “¡Le vas a matar! ¡Le vas a asfixiar! ¡Para, que ya viene la Policía Nacional!”. Pero el policía no se detuvo. Insultó a los presentes, mientras seguía apretando. “¡Subnormales!”, “¿Os ha robado a vosotros?”. Dijo que el chico aún respiraba. Y siguió apretando. Apretando. Hasta que Abderrahim dejó de respirar: había muerto.

Los agentes alegaron que tuvieron que retenerle tras haberles robado un móvil de forma violenta. Varios testigos afirman que no hubo robo, ni resistencia; que Abderrahim incluso se detuvo a preguntar: “¿Qué queréis? ¿Por qué me perseguís?”. ¿Se comporta así alguien que huye tras un delito?

Los vecinos solo pudieron grabar la escena. Si hubieran intervenido, seguramente los habrían detenido por atentado contra la autoridad. La autoridad no se cuestiona, aunque abuse. Lo he vivido en carne propia. 

El policía aplicó una técnica que, según varios expertos, no está autorizada en ningún protocolo de actuación. Para matar por estrangulamiento hacen falta tiempo y voluntad. Por borracho que estuviera el estrangulador, no es posible asfixiar durante quince minutos por error.

Sin embargo, la jueza no apreció en el suceso un homicidio doloso, sino una mera imprudencia, y no le envió a prisión provisional –como corresponde tras la comisión de un delito violento– sino a casa, sin pasaporte y con la obligación de firmar los lunes. Imaginemos lo contrario: un joven marroquí derriba a un policía y lo estrangula en plena calle. Iría derecho a la cárcel, sin posibilidad de defensa. Pero en este caso, la alianza jueces-policías vuelve a prevalecer, para protegerse mutuamente, frente a negros, pobres y “rojos”.

Para tomar su decisión, la jueza valoró más los testimonios, supuestamente contradictorios, que los vídeos demoledores que todos hemos podido ver. Unos testigos afirmaron que Abderrahim no ofreció resistencia ni robó. Otros, que sí: que era un delincuente habitual, un incordio. Y esa contradicción le bastó a la jueza para no ver un homicidio violento.

Suspendido provisionalmente por el Ayuntamiento de Madrid, el policía sigue cobrando su sueldo mientras espera una sentencia que, probablemente, coincidirá con su jubilación. Más que castigo, parece un premio.

Varias vecinas comentaron luego, en mediáticos magazines de la tele, su hartazgo con los inmigrantes: “Vienen a robar, a violar, a quitarnos todo lo nuestro. Y si no, mira los servicios sociales, cómo están llenos de inmigrantes”. Como si los servicios sociales fueran un botín, y no un lugar en el que se reparte la miseria.

Algo de razón tienen, aunque no en la dirección que imaginan.. Sí hay extranjeros que están saqueando el país: fondos buitre (como BlackRock), oligarcas rusos o venezolanos millonarios que nos roban la vivienda para especular. Pero no son estos extranjeros los que inquietan a las vecinas.

Su discurso racista no brota de la nada: se alimenta de una cadena de mensajes que empieza, por ejemplo, en los propios sindicatos policiales (como APMU), que afirman sin pestañear que “esta muerte inútil se podría haber evitado si los delincuentes multirreincidentes no camparan a sus anchas en nuestras ciudades”. ¿Qué proponen estos valerosos agentes para estos “rateros incurables”? ¿Cadena perpetua? ¿Ejecución sumaria?

Que cada quien saque sus conclusiones, tras repasar estos otros otros casos anteriores al crimen de Abderrahim.

Hace pocos días, en Lavapiés, un chico africano acabó inconsciente y esposado tras una identificación sin motivo aparente. Los policías acabaron llevándolo detenido, sin llamar siquiera al Samur para que le atendiera.

Antes fue Mamouth Bakhoum, ahogado al caer al río Guadalquivir cuando huía de la Policía Local de Sevilla, que le perseguía por vender en la manta. Antes aún, en 2018, Mame Mbaye murió de un infarto al escapar de otra redada policial contra manteros africanos, en Lavapiés. Además, están los 15 muertos del Tarajal, ahogados cuando intentaban cruzar a nado el Estrecho, mientras la Guardia Civil les disparaba pelotas de goma y les lanzaba botes de humo. Y los muertos de la valla de Melilla. Y las devoluciones en caliente de personas gravemente heridas por las concertinas y la brutalidad policial.

La aquiescencia del ministro Marlaska con estas prácticas que violan los derechos humanos es el primer eslabón de la cadena de racismos en el Gobierno más progresista de la democracia.

Luego están los medios de comunicación subvencionados, que han hablado del “ladrón magrebí” y del “asalto violento” sufrido por los agentes. No ha habido presunción de inocencia para Abderrahim. El relato ha sido unánime: “muerte accidental” al repeler un ataque.

Y cierran el relato racista los políticos del PP, que defienden a la policía a ultranza, blanquean los discursos fascistas, y amenazan con querellas a quienes los cuestionamos: raperos, activistas, políticos de izquierda.

La realidad de quienes llegan en patera o saltan la valla en nada se parece a la grotesca caricatura de violadores y ladrones que trata de imponernos la derecha fascista, en su intento de que los penúltimos odien a los últimos, y no a quienes de verdad les roban. Abderrahim era hijo de una familia trabajadora y migrante que soñaba con encontrar en España un futuro de progreso. Pero encontró la droga, la cárcel y el abandono institucional. Lo cuentan sus hermanos, que intentaron sacarle de esa espiral sin que el sistema les echara una mano.

¿Quién consuela su dolor? ¿Quién les explica que un abusón revestido de impunidad ha arrancado la vida a su hermano? Mientras el cuerpo de Abderrahim espera en una cámara frigorífica el resultado de la autopsia, el homicida disfruta en casa de su familia. Lo contaba entre lágrimas Morat, hermano de la víctima.

Las últimas palabras que pronunció George Floyd antes de morir asfixiado en la ciudad estadounidense de Mineápolis, a manos de unos policías sin escrúpulos, fueron: “I can’t breathe” (no puedo respirar). Aquel crimen desató una ola mundial de indignación. Y el agente Chauvin fue juzgado y condenado. Tras la muerte de Abderrahim apenas ha habido protestas. Menos aún manifestaciones multitudinarias. No hay indignación.

A la encuesta de Amnistía Internacional, la gente respondió que la presencia policial genera inseguridad. Y el miedo se acrecienta si eres migrante y racializado, como contaban unas vecinas marroquíes durante la concentración de repulsa al crimen de Abderrahim, en Torrejón.

¿Tendremos algún día gobernantes que se tomen en serio la necesidad de una policía del siglo XXI? Que reduzca horas de gimnasio y aumente las de formación en derechos humanos, en conducta cívica, en vocación de servicio público. Que asuma que fuerza sin justicia es abuso. Y que abuso sin consecuencias se llama impunidad.

La despidieron estando embarazada, después de haber sufrido jornadas agotadoras sin cobrar las horas extra, un salario por debajo del convenio y abusos por parte de su jefe. Por eso acudió a la CNT en busca de ayuda. El sindicato intentó negociar un acuerdo, pero los dueños de la pastelería –conocidos por formar parte de un grupo de hosteleros que intentó ilegalizar al sindicato CNT– se negaron.

Fue entonces cuando varias sindicalistas de la CNT (una camarera, una reponedora, una cantante, una auxiliar de clínica, una docente y un taxista) iniciaron una campaña de denuncia, a la que se sumaron muchos ciudadanos y ciudadanas indignadas, y organizaron concentraciones frente a la pastelería La Suiza, de Xixón, para protestar contra los abusos y el despido de la trabajadora. Lo que esas sindicalistas –conocidas hoy como “Las seis de La Suiza”– jamás pudieron imaginar es que, siete años después, acabarían en la cárcel por el “delito” de defender a una trabajadora vulnerable frente a los abusos de su jefe.

El juez consideró que las protestas causaron un “daño desproporcionado” que provocó el cierre de la pastelería. Cierto que el negocio llevaba ya un año en venta, pero el magistrado no reparó en ese detalle. Tampoco tuvo en cuenta que el daño económico es la única herramienta de presión que le queda al trabajador o trabajadora frente a los abusos patronales. En eso consiste precisamente la acción sindical. El juez que las condenó, Lino Rubio Mayo –más conocido en algunos ambientes como el Justiciero de Poniente–, se ha metido ya en varios pasteles y acredita un polémico historial relacionado con conflictos laborales, como la condena a tres años de prisión para los sindicalistas que rompieron una videocámara durante una protesta contra el cierre de Naval Gijón, que inspiró la película Los lunes al sol.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena (famoso por el juicio del procés y la vista oral contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez) confirmó la condena de tres años y medio para “Las seis de La Suiza”. Y el pasado 2 de junio, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Xixón denegó la suspensión de condena a las sindicalistas y ordenó su ingreso en prisión.

Meses antes, el Supremo había confirmado también la condena a cuatro años y nueve meses de cárcel para “Los seis de Zaragoza”, unos jóvenes detenidos en el marco de las protestas contra un mitin de Vox, en Zaragoza, en 2019. Los seis antifascistas, indignados por la presencia en su ciudad de un partido que niega la violencia machista, propaga bulos y genera odio hacia las personas migrantes, participaron en la manifestación, pero se fueron en cuanto comenzaron los altercados y las cargas policiales para refugiarse en un bar. Y allí, tomando algo, horas después de abandonar la manifestación, fueron detenidos y acusados de protagonizar actos violentos contra la policía. 

Los vídeos presentados por la defensa, en los que no se identificaba a ninguno de los acusados participando en los altercados, no fueron tenidos en cuenta durante el proceso: a saber si estaban lanzando piedras fuera de foco, dijo su señoría. Aparte de la imaginación creativa del juez sobre lo que pudo o no haber ocurrido, la única prueba de cargo practicada en el juicio fue el testimonio incriminatorio de los policías, que aunaban la doble condición de denunciantes y víctimas del supuesto delito.

Los dos casos expuestos comparten la misma anomalía procesal: jueces que condenan a activistas y sindicalistas basándose exclusivamente en la acusación de la policía, sin ninguna otra prueba adicional. A pesar de que en Derecho penal no opera el principio de presunción de veracidad de la policía (como ocurre en la jurisdicción contencioso-administrativa), es demasiado frecuente que los jueces eleven a categoría de hechos probados el contenido del atestado policial, ignorando el resto de pruebas de descargo de los acusados practicadas en el juicio. No importa que la policía incurra en contradicciones, que no existan pruebas adicionales o que los agentes reúnan incluso la doble condición de denunciantes y víctimas del delito. Jueces y policías actúan conjuntamente para tratar de establecer el orden social que prefieren, en el que los derechos de participación política son simple papel mojado, desprovistos del contenido que les otorga nuestra la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Así, por ejemplo, en el caso Enerji Yapi-Yol Sen v. Turquía, el TEDH, en una sentencia de 2009, declaró que Turquía había vulnerado el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que regula el derecho de acción sindical y de huelga, por imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores que participaron en una huelga simbólica. El Tribunal reconoció que los Estados pueden regular el derecho a la acción sindical, pero en ningún caso lo pueden anular, y que las sanciones a trabajadores por participar en acciones simbólicas o en huelgas deben pasar un test estricto de proporcionalidad.

El caso de “Las 6 de La Suiza” anula el derecho a la acción sindical de las trabajadoras y sienta un peligroso precedente: en el futuro, trabajadoras y activistas se lo pensarán dos veces antes de participar en protestas frente a los abusos de un jefe. Y lo mismo sucede con “Los 6 de Zaragoza”: participar en una manifestación antifascista resulta peligroso porque cualquiera puede ser detenido al azar y, pese a la falta de pruebas, ser condenado por atentado contra la autoridad o por resistencia. Basta un simple testimonio policial. 

En realidad, nada de lo ocurrido en estos procedimientos judiciales es casual. Se trata de hacer política sin presentarse a las elecciones. De conseguir un determinado orden político y social que agrada a muchos jueces y policías que integran ambos estamentos. De que vivamos en ciudades en las que el imperio de la ley y el orden esté por encima de los derechos fundamentales, especialmente de aquellos que garantizan, por ejemplo, un cierto desorden social para preservar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la protesta y a la discrepancia política.

Para lograrlo, se vacían de contenido las funciones constitucionales de ambas instituciones: en el caso de los jueces, la de servir de contención frente a los abusos de otros poderes y garantizar los derechos de los ciudadanos. En el caso de las fuerzas del orden, la de garantizar la seguridad ciudadana, que permite el libre ejercicio de derechos tan fundamentales como la acción sindical o la protesta. Así se consigue justo lo contrario de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico: jueces y policías se convierten en garantes de la restricción de los derechos de quienes se manifiestan contra los abusos ilegales, o contra quienes atentan contra la democracia.

Estos días han tenido lugar multitudinarias protestas contra el Gobierno, aprovechando el informe de la UCO sobre la corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE. En esas protestas han participado grupos de ultraderecha, que lanzan soflamas a favor de Franco, hacen saludos nazis y exhiben símbolos fascistas prohibidos por la Ley de Memoria Democrática. Lo hacen ante la pasividad de la policía, que ni denuncia, ni detiene ni impide todas estas ilegalidades que fomentan el odio y la intolerancia. 

El Gobierno alega que no se puede restringir la libertad de expresión en democracia, y está muy bien. El problema es el doble rasero: sistemáticamente se reprime a sindicalistas, trabajadoras, raperos y activistas, pero se permite que campen a sus anchas, cual especie invasora, quienes pretenden imponer ese orden social antidemocrático y restrictivo de derechos que asfixia y oprime a la clase trabajadora, tan del gusto de ciertos estamentos policiales y judiciales. 

Todo esto sucede con el consentimiento cómplice del Ejecutivo progresista, que, tras siete años de Gobierno, no ha cumplido su promesa electoral de derogar la ley mordaza. Tampoco ha hecho nada por depurar las instituciones del Estado que nunca hicieron la “modélica” Transición y cuentan con mayor déficit democrático. Siete años en los que sigue intacto un Poder judicial convertido en auténtica oposición política, con casos de lawfare que tratan de desestabilizar un Gobierno democrático y legítimamente elegido, porque no es el de los suyos y no les gusta. Y una policía que sigue albergando siniestras cloacas, capaces de hacer burdos montajes para desmontar cualquier intento de avanzar en democracia y en derechos. 

Corren estos días ríos de tinta sobre lo que debe hacer el Gobierno ante el estallido de corrupción en el seno de su partido. Se habla de adoptar medidas de regeneración democrática, de oficinas anticorrupción y de comisiones parlamentarias. Pero pocas cosas dañan más a la democracia que unas instituciones que impiden el libre ejercicio de derechos tan fundamentales como la expresión, la manifestación y la protesta. Mientras siga en vigor la ley mordaza, que ampara la represión y la persecución de activistas que defienden los derechos de todos y todas; mientras siga habiendo jueces y policías que trabajan conjuntamente en contra de la democracia y del avance en derechos, la nuestra no será una verdadera democracia.

Junto a otras muchas medidas sociales y de control de la corrupción, el Gobierno tiene ahora la oportunidad de cumplir con una de sus promesas estrella: derogar la ley mordaza. Sería sólo un primer paso en favor de la regeneración democrática y de la buena gente de este país que sale a las calles para defender a las trabajadoras explotadas y los servicios públicos, a luchar contra los fascistas o a denunciar el genocidio en Gaza. Derogar la ley mordaza es el primer paso para construir un proyecto de país democrático e igualitario, en el que el respeto a los derechos humanos sea un valor incuestionable. Es un primer paso, pero un paso necesario.