El juicio de la operación Kitchen ha dominado la conversación en redes esta semana. Las declaraciones de Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han hecho las delicias de los usuarios de X y Bluesky, recibiendo el absoluto protagonismo las palabras del extesorero y del expresidente del Gobierno.

Así, como resumen: Bárcenas ha dicho abiertamente que encargó a un preso que destruyera un audio del expresidente popular sobre la 'caja B' del PP. Rajoy, por su parte, ha negado la mayor desvinculándose de la Kitchen y apuntando a Bárcenas: "No creo que tuviera grabaciones, porque si las tuviera, las habría dado a conocer como hizo con otros muchos documentos". Las redes han estado muy activas comentando cada una de las declaraciones con ese punto de acidez e ironía que las caracteriza. "Por fin podrá descansar tranquilo Miguel Ríos", se mofa @Ruldia, "Es preocupante lo de la amnesia que le entra a esta gente, cuando pisa un juzgado. A ver si va a ser algún virus o algo que sólo actúa allí dentro", ironiza @Hanky_solo, "Me gusta más escuchar cantar a Bárcenas que a su hijo", se cachondea @DaniBordas.

Ione Belarra sacaba punta al juicio poniendo en la mesa la hipótesis de Riemann, un problema matemático tan complicado que sigue siendo estudiado para resolverlo. Lo compara con el hecho de que "tenemos la magnífica noticia de que, por fin, la justicia española, en su ámbito, resolvió la hipótesis de Riemann: quién es M. Rajoy. Por primera vez sabemos, gracias al señor Bárcenas, que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Esto, que era un problema irresoluble (...), por fin lo sabemos", ironizaba.

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La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, se lo advirtió al inicio de su declaración. María Dolores de Cospedal ha comparecido ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional sin la obligación de responder a todas las preguntas que tiene cualquier otro testigo llamado a declarar. Cospedal tenía el privilegio de no responder a cualquier pregunta que considerara que podría incriminarla.

Ese especial estatus procesal, derivado de su inicial imputación en el caso Kitchen y su posterior archivo provisional, en teoría no le permite mentir. Pero incumplir la obligación de todo testigo de no hacerlo no conllevaría ninguna consecuencia para ella. En caso de que volviera a ser objeto de acusación, el contenido de su testimonio de este jueves no podría ser utilizado contra ella, por el derecho fundamental a no declarar contra uno mismo. Tampoco podría actuarse contra ella por un hipotético delito de falso testimonio.

Palacios, la presidenta, le advirtió de que se le había comunicado desde la Audiencia que podría comparecer en el juicio con abogado. Cospedal aseguró, sin embargo, que no había recibido a esa comunicación, pero confirmó que estaba en disposición de declarar y que iba a responder a todo lo que se le preguntara. Y lo hizo, en muchas ocasiones en contra del contenido de los informes policiales en los que consta que mantuvo conversaciones telefónicas con el comisario jubilado José Manuel Villarejo –cuyos audios han sido ampliamente publicados por varios medios– para tratar de frenar las consecuencias del escándalo de los papeles de Bárcenas, que demostraron la existencia de una contabilidad B en el partido.

Varios jueces penalistas consultados por infoLibre explican que la situación procesal en la que ha intervenido Cospedal le permitiría una doble impunidad. Por un lado, sobre los hechos por los que inicialmente estuvo imputada y de los que finalmente el instructor del caso, Manuel García-Castellón, la eximió. Por otro, de las posibles falsedades que pudiera proferir durante su declaración en caso de que se demuestre su falta de veracidad. Más que un derecho, explican los expertos consultados, lo que Cospedal ha ejercido hoy en el juicio del caso Kitchen podría considerarse "un privilegio". "En teoría no puede mentir, solo puede no contestar. Pero si miente, no tendrá ninguna consecuencia para ella", señala uno de ellos.

Algunos de los pasajes del testimonio prestado por la exdirigente del PP y exministra de Defensa tienen difícil encaje en la realidad. Como cuando aseguró que nunca había hablado con Villarejo por teléfono, "ni fijo, ni móvil". Un informe de la unidad de Asuntos Internos de la Policía recogió dos conversaciones con el comisario mantenidas con ella, precisamente, a través de un teléfono fijo. En la primera, del 20 de enero de 2013 –es decir, dos días después de que se publicaran los sobresueldos a cargos del partido–, Cospedal habla con Villarejo de la existencia de "una libretita" en la que estarían apuntados esos pagos y le dice que "sería mejor lograrlo parar". El comisario le responde que hará "todo lo posible".

Pese a esas conversaciones, Cospedal ha asegurado ante el tribunal sin ningún sonrojo que nunca habló con Villarejo del caso Gürtel. En los audios, sin embargo, el comisario aparece informando a la ex secretaria general del PP sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de la contabilidad B del partido. Como en sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho.

También ha negado la exministra ningún tipo de gestión al respecto con el principal acusado en el juicio, su compañero en el Gobierno y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La ex número dos del partido ha asegurado que solo hablaban de la actuación de la formación en Cataluña. Sin embargo, en los audios recogidos por Asuntos Internos, Cospedal aparece explicando a Villarejo que Fernández Díaz le facilitó uno de los informes redactados por Morocho durante la investigación judicial un día antes de que se lo enviaran al instructor del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz. En caso de ser cierto ese dato, podría tener consecuencias penales, ya que la Policía, cuando actúa a las órdenes de un juzgado, solo responde ante el juez.

Otra de las manifestaciones de Cospedal que casa mal con los hechos investigados conocidos hasta ahora ha aparecido cuando ha asegurado que solo se reunía con Villarejo porque era el comisario el que estaba interesado en verla a ella, y no al contrario, y que era él quien contactaba con su secretaria o con su jefe de gabinete para arreglar los encuentros. Este último, que también ha declarado como testigo, ha señalado que no se reunían únicamente a petición del mando policial sino que a veces era la propia Cospedal la que pedía que se concertaran esas citas.

Cospedal ha asegurado de igual manera que todas las reuniones con Villarejo se produjeron de forma presencial en su despacho en la sede nacional del PP y que solo una vez se vieron en una cafetería de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. Su director de gabinete, sin embargo, la ha vuelto a contradecir en este punto al asegurar que también se veían en el Ministerio de Defensa mientras la dirigente popular fue su titular.

En la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares ha sobrevolado un informe policial que, sin embargo, no se ha exhibido. Se trata del que elaboró la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre tres conversaciones entre la que fuera número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo. La ex secretaria general del PP, inculpada inicialmente y luego exculpada en la causa, ha rechazado que acudiera a Villarejo para destruir los papeles de Bárcenas, en los que se contenía la contabilidad B del partido. Ha negado, incluso, que hablara en alguna ocasión con el comisario por teléfono, el medio por el que se produjeron las conversaciones más comprometedoras entre ambos, según el informe policial.

Antes de iniciar su declaración como testigo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha informado de que, dado que el caso se archivó provisionalmente para ella (y por tanto podría volver a reabrirse si aparecieran nuevos indicios en su contra) si se le planteara alguna pregunta que ella considerara incriminatoria, podría dejar de contestarla. Pero Cospedal ha asegurado que iba a responder a todo lo que se le planteara. En caso de que el instructor volviera a imputarla, sus respuestas de hoy en el juicio de Kitchen –sean falsas o veraces– no podrán ser usadas contra ella debido a que los imputados y acusados, a diferencia de los testigos, no están obligados a responder a todas las preguntas que se les planteen ni a decir verdad.

La entonces número dos del PP ha asegurado a preguntas del PSOE que conoció a Villarejo en 2009 y que fue su entonces marido, Ignacio López del Hierro, quien se lo presentó. El motivo de que lo recibiera, ha declarado, era que el comisario, que se presentó como "policía en excedencia", tenía interés en conocerla. Cospedal ha corregido declaraciones anteriores en las que afirmó haber hablado con él cuatro veces para elevarlas a "ocho o nueve ocasiones". La testigo ha justificado que lo recibiera inicialmente porque estaba "recién condecorado por el ministro del Interior y parecía muy bien considerado en su cuerpo".

La ex secretaria general, expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, ha afirmado que todos esos encuentros se produjeron en su despacho salvo uno, que ha situado en una cafetería de la calle de José Ortega y Gasset de Madrid, y que esos encuentros siempre se producían a iniciativa del comisario, que se ponía en contacto con su jefe de gabinete o su secretaria para confirmar las visitas a la sede del PP de Génova. Y ha negado haber hablado por teléfono con Villarejo "ni por fijo ni por móvil", una afirmación con una importancia central, porque contradice el informe policial de Asuntos Internos.

De las tres conversaciones de las que da constancia ese documento policial, dos de ellas, que se produjeron 20 de enero de 2013 y el 26 de abril de ese mismo año, se mantuvieron a través de un teléfono fijo. En la primera, que se produjo solo dos días después de que El Mundo publicara la existencia de los sobresueldos y a solo 10 días de que El País publicara los papeles en los que se recogían (31 de enero), la dirigente popular le pregunta por "la libretita" donde estarían recogidos esos pagos y le dice que "sería mejor logralo parar". Villarejo le responde que hará "todo lo posible".

En la llamada del 26 de abril, según el informe, Cospedal transmitió a Villarejo que no le había llamado antes porque "no tenía un fijo a mano", es decir, que evitaba conversar con él a través del móvil. En la charla telefónica, Cospedal transmitió al alto cargo policial que el exministro del Interior y ahora acusado Jorge Fernández Díaz, le había entregado a ella antes que al instructor del caso de la caja B del PP, Pablo Ruz, un informe de la UDEF. Durante las investigaciones penales, la policía judicial solo está sometida a las órdenes del juez. En su interrogatorio, Cospedal ha negado que hablara de estos temas con el exministro acusado con el que, ha dicho, solo charlaba "de la actividad del partido en Cataluña".

En estas conversaciones telefónicas que Cospedal ha negado ante el tribunal, Villarejo le habría informado adicionalmente sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Como sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho, que ha confirmado públicamente las presiones a las que fue sometido.

Cospedal ha dado una versión alternativa de sus encuentros con el comisario. "Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa", ha afirmado. "En aquel entonces se estaban produciendo una serie de filtraciones sobre [la exalcaldesa de Valencia] Rita Barberá y dice que puede ayudarme". Cospedal, sostiene, quería enterarse de la procedencia de esas filtraciones. "También teníamos la sospecha de que el PP, que entonces estaba en la oposición, estaba siendo espiado o seguido o observado por alguien que tenía que ver con Interior", ha añadido.

Pero la ex número dos del partido ha negado que Villarejo le informara sobre Gürtel. "No tenía por qué hacerlo y no creo que tuviera capacidad de hacerlo", ha declarado. También ha rechazado que el cargo policial hubiera elaborado algún informe sobre la evolución del caso Gürtel o que le solicitara a ella o al partido algún tipo de pago porque "no tenía por qué", ha dicho. Además, ha asegurado que no conocía a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que los cargos policiales implicados en Kitchen captaron para espiarle. Andrés Gómez Gordo, quien fuera el responsable de seguridad del Gobierno castellanomanchego durante la presidencia de Cospedal, fue quien pagó al espía con cargo a los fondos reservados, según su propia declaración en la instrucción.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha impedido que se mostrara en la Sala el informe policial de Asuntos Internos sobre Cospedal o que se escucharan sus conversaciones con el comisario, como solicitaba la letrada de la acusación popular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción, pese a que no descarta en su escrito de acusación la implicación del PP en el caso y se opuso a que la ex secretaria general del partido quedara fuera del juicio, no ha planteado ninguna pregunta. Tampoco lo ha hecho la Abogacía del Estado.

Si las defensas tenían pensado vestir Kitchen como una suerte de operación policial legal alrededor del extesorero del PP Luis Bárcenas, el principal investigador de esta carpeta dentro del llamado caso Tándem les ha complicado el trabajo. El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos Gonzalo Fraga se ha encargado este lunes de apuntalar, uno a uno, todos los indicios recogidos durante años alrededor de los acusados. En una extensa comparecencia, que se ha alargado durante horas y que ha salpicado también al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el agente 111.470 ha puesto en duda el carácter normal de las pesquisas y seguimientos realizados al entorno de Bárcenas: "No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora".

El agente estaba llamado a comparecer a petición, entre otros, del Ministerio Fiscal. Y el fiscal Anticorrupción, César González Rivas, se ha empleado a fondo. Al final, algo más de dos horas de interrogatorio han permitido al investigador hacer una exhaustiva radiografía de lo que fue Kitchen, operación parapolicial –describe el Ministerio Público y las acusaciones– para hacerse con información comprometedora para el PP en el marco del caso Gürtel que pudiera tener Bárcenas en su poder. Una investigación que, como ha acreditado, se conoce al milímetro. Ni una duda con las fechas. Tampoco con la identificación de los informes. O con el contenido de las agendas intervenidas al comisario retirado José Manuel Villarejo. "Tiene una memoria prodigiosa", le ha llegado a decir la abogada del extesorero.

Para tratar de atar el carácter ilícito de la operación, el fiscal ha mostrado al inspector jefe, por ejemplo, el Parte Informativo Investiga que elaboró y firmó el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo exponiendo una serie de datos sobre Bárcenas. Se trata de un documento normalizado que es requerido formalmente para dar de alta una investigación policial en la base de datos de inteligencia policial Gati pero que, sin embargo, no se elaboró hasta finales de mayo de 2015, cuando ya estaba concluido el trabajo del operativo que se encuentra bajo la lupa. De esta manera, sostiene el Ministerio Público, "crearon la apariencia de que algunas de las informaciones" que habían conseguido de Bárcenas y su entorno –relaciones, vehículos o sociedades– habían sido compartidas con la unidad policial investigadora de la Gürtel.

"No hemos encontrado rastro de que la información que se obtenía se trasladase ni a la autoridad judicial que investigaba Gürtel ni a la autoridad fiscal ni a la unidad policial investigadora", ha dejado claro el inspector jefe de Asuntos Internos, quien ha destacado también que Kitchen se desarrolló sin dejar "reflejo" alguno en la base de datos que está diseñada, precisamente, para grabar las investigaciones policiales y generar cruces entre las mismas. "No ha habido una voluntad de generar un cruce cuando realmente se estaba investigando, que era en el año 2013 y 2014, porque había una opacidad evidente en lo que se estaba desarrollando", ha apuntado ante la atenta mirada del tribunal, cuyos miembros no paraban de tomar nota.

Del mismo modo, se ha puesto el foco sobre la unidad que figuraba como investigadora en el parte: la Dirección Adjunta Operativa (DAO). "¿Actúa, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, como unidad operativa en investigaciones?", ha preguntado el fiscal. "Yo nunca me he cruzado con la DAO. Me he cruzado con la UDEF, con la UDYCO, con unidades investigadoras, pero no con la DAO", ha respondido. Al inspector jefe también se le ha preguntado si es normal que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dependiente de la Comisaría General de Información y encargada de los seguimientos sobre el entorno del extesorero, participe en investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, como la Gürtel. "La Comisaría General de Policía Judicial tiene en sus distintas unidades, como la UDYCO o la UDEF, secciones de apoyo operativo, con grupos de vigilancia y seguimientos", ha explicado.

Fraga también ha señalado que el "carácter ilícito" de la Kitchen lo explicitaba "de manera muchas veces evidente" Villarejo, que fue el encargado de captar y controlar en la supuesta operación parapolicial al chófer del extesorero –el también encausado Sergio Ríos– y de entregarle en una primera etapa los pagos mensuales de 2.000 euros de los fondos reservados –abonos de los que luego se encargaría Gómez Gordo–. Así, se ha referido, por ejemplo, a una grabación de una conversación entre Villarejo, la presentadora Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. "Se han perdido papeles, se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas (...) operaciones de decir, oye, en tal sitio hay papeles de Bárcenas, hay que ir a romperlos", se le escucha decir a Villarejo en la cinta.

Esa conversación ha salido en diferentes ocasiones durante el interrogatorio al inspector jefe de Asuntos Internos. Una de ellas, en relación al mote de El Asturiano. Fue la prueba definitiva que les permitió concluir que con dicho sobrenombre, utilizado por los miembros de la brigada política en algunas conversaciones, hacía referencia al expresidente del Gobierno. "La persona a quien llaman El Asturiano es Mariano Rajoy", ha aseverado. En las próximas semanas, las acusaciones podrán tratar de acorralar al exlíder de la formación conservadora frente al tribunal. Al fin y al cabo, está llamado a declarar como testigo, con obligación de decir la verdad, el próximo 23 de abril.

Rajoy ha sido, en esta causa, el gran elefante en la habitación. Es cierto que al expresidente nunca se le citó como investigado. Sin embargo, su nombre ha sobrevolado el procedimiento de principio a fin. Durante la instrucción, Villarejo llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy, contactos que versaban sobre dudas que el entonces líder del Ejecutivo trasladaba al policía en relación con el operativo. Y llegó a entregar al magistrado un número de teléfono que habría pertenecido al dirigente conservador. De hecho, se confirmó incluso que el contacto fue registrado por el PP y estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que Rajoy ocupó La Moncloa. Sin embargo, se dio carpetazo a la investigación. Y se hizo a pesar de que los investigadores de la policía aún aguardaban algunos datos solicitados a las compañías telefónicas.

El inspector jefe de Asuntos Internos también ha deslizado que los tentáculos de la Kitchen llegaban, incluso, a la cárcel en la que se encontraba internado Bárcenas. "Hay un control real de todo lo que sucede en prisión", ha señalado. Y a modo de prueba, el supuesto encargo que el extesorero hizo a un interno con conocimientos informáticos para que, como explica Anticorrupción en su escrito de acusación, borrase archivos de audio con conversaciones que decía haber mantenido con Rajoy y con el exdirigente del PP Javier Arenas "relativas a fondos manejados por el Partido Popular de procedencia ilícita". "Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada", rezaba un manuscrito que Instituciones Penitenciarias habría intervenido a dicho interno, de nombre Isidro.

Al tomarle declaración, Bárcenas explicó que él había dado orden a su mujer de que facilitase un dinero en el exterior al chófer para que se lo diera a un tercero vinculado a Isidro. "En los diarios de Villarejo, todo esto está narrado con pelos y señales desde enero de 2014 –aunque el manuscrito no se interviene hasta marzo–. Se ve, en las anotaciones sobre Ríos, que le habrían encargado llamar a un número, el cual pertenecía a la hermana de Isidro", ha explicado el inspector de Asuntos Internos. Es más, a preguntas de la abogada de Bárcenas, ha precisado que ya desde enero de 2014 varios policías de la UCAO, unidad bajo la batuta del comisario Enrique García Castaño –que no se sentará en el banquillo de los acusados por problemas médicos–, habían realizado consultas en bases de datos policiales sobre este interno o sobre el número de teléfono de su hermana.

La testifical, para la que el agente se ha apoyado en las agendas del comisario jubilado o en los diferentes audios intervenidos, también ha servido para hablar de la pistola que se compró al chófer del extesorero. O de su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, que Villarejo consideraba fundamental para tenerlo "trincado" para que nunca les delatase si todo se destapaba. "Se pidieron los expedientes o la documentación relativa a esa oposición, pero ya no está disponible, fue destruida conforme a la normativa por el paso del tiempo", ha resaltado. Y, por supuesto, para ratificar que el material incautado en los registros, base de la causa y que las defensas han intentado anular como prueba, mantuvo en todo momento la cadena de custodia.

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

El próximo lunes comienza el juicio del caso Kitchen, y la acusación popular del PSOE en el caso ha solicitado la entrada en prisión preventiva de dos de los principales acusados por riesgo de fuga, tal y como ha adelantado eldiario.es.

Se trata de Francisco Martínez y Andrés Gómez Gordo, secretario de Estado de Seguridad con el PP y comisario, respectivamente.

Ambos reúnen una serie de características que elevan el riesgo de fuga para los socialistas, como lo son las elevadas penas —15 años de prisión para cada uno—, el inminente juicio, otros problemas con la justicia y la sospecha de que disponen de fuentes de financiación ocultas.

Martínez fue el número dos del Ministerio de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, y pese a su supuesta participación en el caso, ejerce como letrado de las Cortes y abogado. Está acusado de ser el coordinador del espionaje a Luis Bárcenas usando los fondos reservados, por lo que sus delitos serían malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Gómez, por su parte, está acusado de sobornar al chófer de la familia Bárcenas para sustraer información valiosa para el Partido Popular. Previamente era asesor de María Dolores de Cospedal.

Mal día para Feijóo. Y mala semana tras un arranque de curso gripado. Más allá del guiño al lenguaje Bárcenas del ‘Luis, sé fuerte’, el golpe de efecto del ‘Ánimo, Alberto’ ha sido una ironía con múltiples lecturas. Feijóo ha gastado la mejor bala llamando a comparecer a Pedro Sánchez en la Comisión del caso Koldo del Senado. El aviso llegaba con toda la pompa de la sesión de control y la respuesta del presidente, sin florituras, ha dejado marcado a Feijóo. Al PP le está pasando con las tertulias y las portadas de los medios conservadores lo mismo que el 23-J con el efecto Michavila y los 160 diputados que nunca fueron. La realidad no se corresponde con la inflación de expectativas. La agenda judicial no da de sí para bloquear la legislatura. Además de estar leyendo mal la realidad del país, incluida la suya propia. Porque aunque todas las encuestas dan una mayoría fuerte de derechas, por encima del 45%, el sangrado de votos a VOX y el dique de contención en la transferencia de centro deja el bloque más en el PP que en el contrario.

‘Ánimo, Feijóo’ con la comparecencia. Porque hasta hoy incluso José Luis Ábalos y Koldo García salieron bien parados de un Senado con mayoría absoluta de los populares que no han sabido hacer un solo marcaje. Si Sánchez se prepara bien la cita, el informe patrimonial de Ábalos, incluida la gestión de la caja de gastos del partido, la estrategia nacional de los populares pincharía. A rebufo de los informes policiales, Feijóo no consigue sacudirse la sombra del PP de Madrid y la FAES de Aznar. Eligió un mitin de Ayuso el día del plantón al poder judicial. Y ha ido a remolque del patinazo de Almeida con el aborto y a rebufo de su posición en Gaza con una Ayuso en unas posiciones donde ya no está ni Trump. 

La aritmética parlamentaria es endiablada y, sin embargo, este mes el ejecutivo ha logrado imponer la agenda política y las leyes salen. Podemos tenía muy complicado tumbar el embargo de armas a Israel. El paquete de medidas se queda corto en la defensa del pueblo palestino y, aun con una cláusula bajo secreto para poder sortearlo, es un mínimo que mejora con creces no aprobar nada. España sigue sumando gestos y las movilizaciones masivas por todo el país del fin de semana han sido el mejor sensor del ‘sí’ necesario en la votación. Las calles tenían un mensaje implícito de apoyo mayoritario que Podemos ha sabido –o ha tenido que– leer. Un ‘no’ le habría salido carísimo. Ha ido más allá y ha negociado con toda discreción las contrapartidas a la Ley de Movilidad Sostenible. Las obras del Prat se aplazarán hasta 2031. Un acuerdo que no se ha fraguado al calor de los últimos minutos de la votación. En suma, dos éxitos legislativos que rompen la maldición de la incompatibilidad del bloque de investidura. Estamos sumidos en la legislatura Schrödinger. Para el PP está muerta desde el 23-J y en la vida real el mandato continúa. Quien alimenta a VOX no es la izquierda, sino la desubicación del PP.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al extesorero del PP condenado por el caso Gürtel, Luis Bárcenas, una vez que ha cumplido las dos terceras partes de su condena, ha pagado la responsabilidad civil en su totalidad, ha mostrado su arrepentimiento y se ha sometido a programas para sentenciados por delitos económicos.

En un auto, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, el juez José Luis Castro explica que la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social Victoria Kent propuso la concesión de la libertad condicional, a la que Fiscalía no se opuso, al haber cumplido, el 20 de septiembre pasado, las dos terceras partes de la pena y concurrir los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la obtención del último grado de cumplimento de la condena.

Por el caso Gürtel, Bárcenas fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a una pena que sumaba 29 años de cárcel, y que la Audiencia Nacional fijó en 12 años de cumplimiento por ser el triple de la pena más alta que le fue impuesta por este caso de corrupción, por el que también fue condenada su mujer, Rosalía Iglesias, entre otros.

El pasado mes de noviembre, el Supremo redujo su condena por el llamado caso Bárcenas, relativo al pago en B de la reforma de la sede del PP, de 2 años a 8 meses de cárcel, por el que en un principio se enfrentaba a una petición del fiscal de 5 años, pena que le fue rebajada al serle aplicada una atenuante por su colaboración en el esclarecimiento de estos hechos.

Según el auto por el que se le concede a libertad condicional, la propuesta reúne los requisitos exigidos por la ley, como que ha pagado la totalidad de la responsabilidad civil que se le impuso, por un total 4.535.254,92 euros, así como que ha cumplido las dos terceras partes de la condena, que quedará extinguida previsiblemente en septiembre de 2028.

En cuanto a los aspectos psicológicos, el magistrado destaca el arrepentimiento del penado, el reconocimiento de los hechos y la asunción de las consecuencias de sus actos, así como el abono de la responsabilidad civil derivada del delito junto con los intereses, el estilo de vida positivo, la ausencia de trastornos psicopatológicos y la elevada tolerancia a la frustración.

También valora que ha realizado el programa PIDECO para internos condenados por delitos económicos, que está motivado al cambio, al aprendizaje y al desarrollo personal, que no ha faltado a ninguna de las sesiones, que ha participado activamente en las reuniones, ha sido solidario con sus compañeros, se ha mostrado franco y ha realizado todas las tareas requeridas con actitud crítica y reflexiva.

Por el contrario, y como elementos negativos para la aprobación de la libertad condicional, el juez menciona la reiteración delictiva, la gravedad de los delitos, la alarma social y el tiempo de condena pendiente de cumplimiento. Pese a ello, considera que la gravedad delictiva ha sido tenida en cuenta por el tribunal sentenciador a la hora de imponer la pena, sin que esta circunstancia pueda constituir un elemento estático cuando, además, su evolución es favorable.

Respecto a la reiteración delictiva, señala que debe valorarse hacia un pronóstico de futuro y resulta prácticamente imposible que, a día de hoy, el interno reitere los delitos dados los años transcurridos. En cuanto a la alarma social, entiende que queda rebajada de forma notoria por la antigüedad de los hechos y el pronóstico favorable de reinserción.

Por último, sobre el tiempo pendiente de cumplimiento, explica que tanto la actitud de Bárcenas como el buen uso de los permisos de salida, así como su paso por el régimen 100.2 y el tercer grado, “permiten junto con el resto de variables considerar que es el momento adecuado para acceder a la libertad condicional que se propone”.

El auto destaca que no debe obviarse que al tratarse de un penado condenado por el Código Penal anterior a la reforma (LO 1/2015, de 30 de marzo) se aplica el régimen de libertad condicional vigente en dicho momento por resultarle más favorable.

Esto supone que la libertad condicional no es tiempo de suspensión de ejecución del resto de la pena, sino auténtico cumplimiento, por lo que se someterá a reglas de conducta que inciden en esa modalidad.

En atención a dichas reglas, el juez le impone la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, la presentación ante los servicios sociales del Centro de Inserción Social Victoria Kent, la obligación de comunicar si resulta detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en un proceso penal, así como la obligación de continuar con la actividad laboral, con presentación cada trimestre de la documentación correspondiente.

Para el juez, en conclusión, "se dan los siguientes factores de adaptación: antigüedad de los hechos delictivos, escaso riesgo de reincidencia, participación destacada en actividades, conducta normalizada durante toda la condena, buen uso del régimen abierto, desarrollando actividad laboral en el exterior, (...), apoyo familiar y autoaval, determinando todos ellos un proceso de reinserción favorable".

¿Qué tendrá Manuel Fraga Iribarne que le cae tan bien a todos los contrabandistas? se preguntaba Perfecto Conde en su libro La conexión gallega. Del tabaco a la cocaína.

Vicente Otero Terito, Manuel Díaz Ligero, Celso da Ponte, José Ramón Barral Nené, Luis Falcón o los Charlín fueron quienes abrieron las puertas de lo que acabó siendo un gigantesco negocio basado en el imperio del fraude. Del estraperlo al tabaco rubio de “batea” y más tarde a la “fariña”.

Otero era el patriarca, el “capo”, amigo íntimo de Don Manuel. Cuenta Perfecto Conde en su libro que Vicente Otero era un hombre de “ideas políticas manifiestas” que nunca ostentó ningún cargo público porque no quiso, como sí hicieron Nené Barral o Manuel Ligero dentro de Alianza Popular.

Terito era militante de Alianza Popular y recibió la insignia de oro y brillantes del partido de la mano de Fraga por toda su contribución a la causa política. También era dueño en Cambados de la sede local del AP.

Era uno de los principales sostenedores económicos de lo que ahora es el Partido Popular, tanto él como todos sus “compañeros” de fechorías. Cuantos más políticos del PP alcanzasen puestos de poder, mejor les iría. Información privilegiada, tráfico de influencias, mientras sus “negocios” no se viesen alterados, serían fieles al partido de Don Manuel.

Hay que recordar que el propio Laureano Oubiña declaró ante los micrófonos de la Cadena Ser que tiene pruebas de haber financiado ilegalmente a Alianza Popular con dinero en efectivo. Pruebas que se compromete a presentar en el juzgado "si me llaman", según afirmó. 

Otro suceso ocurrido en Cambados, que también refleja Perfecto Conde en su libro, todavía resuena por toda la Ría de Arousa. Se trata de un incidente que protagoniza Terito en el Parador de Turismo de esa localidad pontevedresa, cuando sacó una pistola y puso orden en un cónclave entre contrabandistas y narcotraficantes que se habían reunido a tratar algunos temas internos y entre los que figuraba la asignación de contribuciones económicas para las campañas electorales del partido fundado por Don Manuel. Había diversidad de opiniones en cuanto a las cantidades a donar. El capo puso fin a la discusión con cuatro tiros al aire. Dicen que todavía están los agujeros en el techo.

De esos barros, estos lodos. Cuando Don Manuel alcanzó la Xunta de Galicia, el narco Marcial Dorado, amigo de Alberto Núñez Feijóo, recibía contratos para sus empresas. Empresas que demostraron ser una tapadera para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

En los años 90, José Cuíña era el hombre fuerte del PP. Pablo Crespo fue secretario de Organización del Partido Popular en Galicia desde 1995 a 2003.

Crespo llegó a número tres del PPdG de la mano de Cuíña. Lo fichó cuando el joven Pablito era director de una sucursal bancaria en Vilagarcía de Arousa y no tenía ninguna experiencia en política. 

El propio Pepe Cuíña aparece anotado en los papeles de Bárcenas como uno de los recaudadores de dinero negro. En 1990, el extesorero anota la entrega de un talón de 10 millones de las antiguas pesetas. Los fondos los aportaba un “Pepe C”, nombre al que Bárcenas añadía entre paréntesis las letras (“gal”) para que quedase claro que el dinero procedía de Galicia.

En una entrevista con Jordi Évole en el año 2013, Pablo Crespo declara que el Partido Popular recibía dinero de manera irregular. El dinero que recaudaba anualmente el PP de Galicia era al menos de unos trescientos mil euros, los cuales se incrementaban en campaña electoral, hasta los tres o cuatro millones de pesetas, de las cuales sólo declaraban al fisco un millón. 

El 65% de la financiación del Partido Popular era irregular frente a un 35% de manera regular. También reconoció haber repartido sobres con dinero a dirigentes del PP, los considerados sobresueldos y que tampoco declaraban a Hacienda. Él mismo reconoce tener todavía recibís de la época con firmas de varios dirigentes del PP 

El ex secretario de Organización del PP de Galicia llegó a ser un hombre fuerte que entregaba personalmente los billetes al ex tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta. Crespo ya no iba a Madrid a hacer entregas de dinero, sino que era el propio Lapuerta el que se desplazaba a Santiago de Compostela, para recibir los pagos, según reconoció ante el juez el propio Crespo. En una de las citadas ocasiones, Pablo Crespo entrega a Lapuerta la cantidad de veintiún millones de pesetas en efectivo dentro de una carpeta azul. Dinero negro, sin declarar. Como bien se ha conocido después, era de donantes, de grandes empresarios que recibían después contratos públicos.

De la mano de Crespo, el dinero siguió fluyendo hacia Madrid. Primero Bárcenas anotaba de manera anónima quien entregaba el dinero. En los años 1997 y 1998 había entradas en metálico bajo los epígrafes “Galicia” o “Galicia (O.C.)” pero después, en 1999, en el cuaderno aparece una entrega de 21 millones de pesetas con el nombre de “P. Crespo”.

El mismo modus operandi que el del PP de Galicia se traslada a toda España: Madrid, Valencia… 

Hemos conocido por los diferentes tesoreros que ha tenido el Partido Popular que la contabilidad en B, la contabilidad paralela, nunca había sido un problema para ninguno de sus dirigentes. Tanto Aznar como Rajoy o Feijóo, todos tenían asumido que esa era la fórmula de funcionamiento y ya estaba normalizado desde los años 80 con su fundador, Fraga Iribarne. 

Luis Bárcenas entregó al juez de la Gürtel toda la documentación de la caja B del PP que fue acumulando durante 20 años como gerente y tesorero. Entre 1990 y el 2000, la mayor parte de los fondos con los que se llenaba esa caja procedían de Galicia. La caja B del PP no se entendería a nivel nacional sin la que crearon en el PPdG, ese Partido Popular de Galicia al que pertenecían el señor Feijóo y el señor Tellado, por poner algún nombre de los actuales dirigentes del partido Popular a nivel nacional.

¿Recuerdan el caso Naseiro?

El caso Naseiro fue la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del Partido Popular. Rosendo Naseiro era el tesorero del PP en el año 1990, con José María Aznar. 

Se autorizaron unas grabaciones telefónicas por un caso de investigación de narcotráfico y las escuchas desvelaron indicios de otros delitos, entre ellos, financiación ilegal. Las conversaciones grabadas revelaron una trama de sobornos y comisiones a cambio de recalificaciones y venta de terrenos. 

Por cierto, el hoy ya condenado y ministro de Aznar Eduardo Zaplana se desveló como un político obsesionado por enriquecerse: “Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir” desvelaban los pinchazos telefónicos.

El Tribunal Supremo anuló la principal prueba de cargo, que resultó ser la única: las grabaciones de las conversaciones telefónicas. Caso sobreseído.

El extesorero del PP Luis Bárcenas declaró ante el juez que el dictamen jurídico utilizado en la defensa de los imputados en el caso Naseiro fue encargado por Federico Trillo al abogado Manuel Cobo del Rosal y pagado con fondos del Partido Popular procedentes de la caja B. 

Trillo había sido fichado por el mismísimo Fraga para el partido ya que como miembro del OPUS siempre había hecho gala de sus contactos en el ala más conservadora de la judicatura. Movilizó todas sus conexiones para lograr que las escuchas de la policía fueran declaradas irregulares por el Tribunal y para manchar mediáticamente la trayectoria del juez Luis Manglano. 

Luis Manglano, un hombre serio y un excelente magistrado, sufrió las consecuencias de haber ordenado investigar, por primera vez en España, la presunta financiación ilegal del PP. El segundo fue el juez Garzón y ya sabemos cómo acabó.

El cierre del caso Naseiro revalorizó a Federico Trillo ante José María Aznar y le premió primero con la presidencia del Congreso y más tarde con el Ministerio de Defensa. 

El sistema de financiación irregular del Partido Popular durante casi 20 años ya quedó acreditado y fue condenado por ello. 

Estamos ante un partido corrupto. Sus cimientos y toda su estructura están infectadas de corrupción, es sistémica. Feijóo no puede mirar hacia otro lado como hace habitualmente. Alguien que navegaba con un narco, y adjudicaba contratos a empresas que servían de tapadera para blanquear dinero procedente del narcotráfico, no puede ser el que lidere la derecha en este país. Para empezar, debería presentarse en la Comisión de Investigación que se ha abierto en el Parlamento de Galicia y reconocer los contratos con Eulen, la empresa donde su hermana es directiva, los 1.311 contratos adjudicados sin concurso por un valor total de 4.832.029,85 euros, así como las 1.034.964 licitaciones a dedo por valor de 4.000 millones  de euros repartidas en poco más de una legislatura. Eso sería sólo la punta del iceberg.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha avalado la semilibertad concedida por el Ministerio del Interior al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas pero ha anulado sus salidas de fin de semana y festivos, según informa Europa Press.

En un auto del pasado 20 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza María Reyes Jimeno sostiene que "no se justifica la necesidad ni la vinculación con el proceso de reinserción" de Bárcenas de las citadas salidas, así como de la concesión de 48 días de premiso propios del tercer grado.

La magistrada añade respecto a estos días que, de hecho, "suponen un régimen del todo asimilable al tercer grado en régimen abierto, por lo que no procede aprobar este extremo de la propuesta formulada".

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska aplicó el pasado mes de diciembre el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recoge la posibilidad de la flexibilización del régimen de vida penitenciario para pasar a una situación de semilibertad.

La decisión se adoptó después de que Bárcenas hubiese realizado ya gran parte del programa de reinserción de delincuentes económicos, conocido por las siglas PIDECO, que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, puso en marcha en enero de 2020.

Así las cosas, la jueza aprueba ahora "la propuesta en relación a las salidas diarias para el desarrollo del programa específico diseñado", y que contempla la actividad laboral y el voluntariado que seguirá Bárcenas. Todo ello "con el disfrute de los permisos propios del segundo grado de clasificación en que permanece". "Es decir, conforme al artículo 154.1 del Reglamento Penitenciario, 36 días por año", indica.

A juicio de la magistrada, las "actividades laborales propuestas en el modelo de ejecución se fundamentan en la propia propuesta y en otros informes remitidos, en la conveniencia de realización de una actividad productiva con el fin de promover una inserción laboral precursora de la inserción social tras el tiempo pasado en prisión".

"Es cierto que, como señala el Ministerio Fiscal, los hábitos laborales no son un déficit en el caso del interno, pero es indudable que la reincorporación al mundo laboral facilita que continue haciendo frente al pago de la responsabilidad civil impuesta por lo que, complementada con las demás actividades de tratamiento, voluntariado y programa PIDECO, favorece la reparación social del daño causado más allá de la sola privación de libertad", añade.

Por todo ello, la magistrada acuerda aprobar parcialmente la propuesta de modelo de ejecución del citado artículo 100.2 efectuada por la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social Victoria Kent.

Bárcenas, clasificado en segundo grado o régimen ordinario, había disfrutado hasta la aprobación de su semilibertad de varios permisos penitenciarios desde que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir la condena de 29 años y un mes por la primera época del caso Gürtel.

Bárcenas ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza el 22 de enero de 2015. Tras la sentencia de Gürtel, volvió a prisión en mayo de 2018. El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado apoyan que se reabra la investigación sobre la operación Kitchen y que se inste al juez instructor del caso Villarejo a indagar en el supuesto papel que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal habría jugado en el espionaje al extesorero conservador Luis Bárcenas, según ha informado Europa Press.

En un escrito del pasado 30 de diciembre los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas piden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estime el recurso de apelación interpuesto por el PSOE. En el mismo, la formación solicita que se inste al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, a que siga investigando.

El Ministerio Público solicita que se dejen sin efecto las resoluciones por las que el instructor rechazó seguir indagando en estos hechos. Además, Anticorrupción pide la "formación de una pieza separada bis que tenga por objeto investigar si en la planificación y ejecución por parte de la cúpula policial y de los máximos responsables del Ministerio del Interior intervinieron además miembros relevantes del Partido Popular, por entonces en el Gobierno de la nación, y, en concreto su secretaria general María Dolores de Cospedal.

Adicionalmente, los fiscales instan a que se prorrogue el plazo de instrucción por tiempo de seis meses y que se realicen las pruebas periciales necesarias para certificar el "reconocimiento de voz y la identificación de los participantes" en las últimas conversaciones aportadas a la causa.

En su recurso, el PSOE señalaba que "si antes, sin el conocimiento de los nuevos audios, podía entenderse que no quedaba acreditado que las reuniones fueran de contenido meramente social o relativas a la operación Kitchen, los audios aportados y cuya incorporación se solicita, despejan cualquier tipo de duda sobre su relación con la operación y por tanto la participación" de Cospedal.

En esos audios, publicados por El País, Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del extesorero estuvieran en poder de periodistas.

El partido liderado por Pedro Sánchez acudió ante la Sala de lo Penal después de que el juez García Castellón rechazase el pasado 30 de noviembre su petición de investigar a Cospedal y de continuar con las pesquisas. En ese auto, el magistrado advertía a la formación que cualquier finalidad "proto-procesal" que tuviese como partido no tenía cabida en el procedimiento.

En este contexto, Anticorrupción no solo apoya el recurso del PSOE, sino que también se alinea con el formulado por Podemos. En un escrito del pasado 24 de enero, recogido por Europa Press, la Fiscalía también solicita la revocación del auto recurrido por los 'morados', por el que el juez descartaba reabrir Kitchen.

La Abogacía del Estado, por su parte, "no se opone" a la petición de los socialistas al considerar que va dirigida a "agotar las vías de investigación propias de la instrucción respecto de indicios desconocidos en el momento de acordarse el sobreseimiento provisional de varios investigados".

En un escrito del pasado 7 de octubre, la abogada del Estado Rosa María Seoane advierte que "negar dicha investigación por considerar que no hay hechos nuevos, precisamente por no practicar las diligencias interesadas, supone una suerte de suplantación por el órgano instructor de las funciones del órgano que debería juzgar y resolver sobre la tipicidad de los hechos indiciariamente acreditados y la participación de quienes en ellos han intervenido o los han conocido".

Y es que, apuntan los servicios jurídicos del Estado, "lo que se solicita es dejar sin efecto" el sobreseimiento provisional acordado por el juez "practicándose en fase instructora las diligencias de investigación necesarias para confirmar si tales audios que pudieran revelar información relevante sobre dicho conocimiento o participación son auténticos".

"Y, en tal caso, si esa nueva información sobre los mismos hechos, constituye indicios concretos y plausibles a los efectos de realizar un juicio de inferencia razonable respecto de la participación de quienes fueron sobreseídos", añade el escrito.

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal ratificó la decisión del juez de dar por finalizada la investigación de Kitchen al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas. Sin embargo, fue la aparición de los mencionados audios lo que hizo que las acusaciones tratasen de reactivar la pieza para indagar en los mismos.

El PSOE ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el archivo provisional de la pieza conocida como comisiones finalistas derivada del caso Gürtel en la que se investigaban las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obra pública, según informa Europa Press.

Según ha adelantado El País y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, los socialistas han presentado un recurso de apelación contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, de archivar la causa al considerar que no había quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la misma.

El magistrado acordó el sobreseimiento provisional el pasado mes de diciembre, después de que Anticorrupción solicitara el archivo tras recibir de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un último informe donde no se detectaban irregularidades en los procesos de adjudicación.

El caso, conocido como el de las comisiones finalistas, lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede 'popular' de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

Relató un episodio concreto que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

La del ex tesorero popular fue la última declaración antes de que Pedraz pusiera fin a la fase de instrucción el 29 de julio de 2021. Desde entonces, el juez estaba pendiente de recibir el último informe de la IGAE para decidir el futuro de la causa.

El Ministerio del Interior ha acordado aplicar al extesorero del PP Luis Bárcenas el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recoge la posibilidad de la flexibilización del régimen de vida penitenciario para pasar a una situación de semilibertad, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Según ha adelantado El País, la decisión se ha adoptado cuando Bárcenas ha realizado ya gran parte del programa de reinserción de delincuentes económicos, conocido por las siglas PIDECO, que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, puso en marcha en enero de 2020.

Bárcenas, clasificado en segundo grado o régimen ordinario, ha disfrutado de varios permisos penitenciarios desde que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir la condena de 29 años y un mes por la primera época del caso Gürtel.

La medida, que puede ser recurrida por Fiscalía, le permitirá abandonar la cárcel para cumplir el resto de su condena en un Centro de Inserción Social.

Bárcenas ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza el 22 de enero de 2015. Tras la sentencia de Gürtel, volvió a prisión en mayo de 2018. El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Si algo ha marcado desde el principio la investigación alrededor del comisario jubilado José Manuel Villarejo han sido los continuos giros de guion. Y si no, que se lo pregunten a la cúpula del PP en relación a Kitchen. Si a mediados de abril podía respirar tranquila tras la confirmación de que el asunto quedaba circunscrito exclusivamente al Ministerio del Interior, cuatro semanas después todo saltaba por los aires con la publicación de unos audios que dejaban entrever que la operación de espionaje con recursos públicos al extesorero Luis Bárcenas pudo haberse gestado desde más arriba. Eso es lo que ahora pretende aclarar Anticorrupción, que en un escrito ha pedido que se investigue si aquellos movimientos fueron alentados o tutelados por la formación conservadora. Es decir, si la X hay que buscarla fuera de Interior. El Ministerio Público pone el foco en María Dolores de Cospedal. Pero también en Mariano Rajoy, cuyo nombre siempre ha sobrevolado todo el procedimiento.

La Fiscalía dedica un capítulo de su informe, adelantado por elDiario.es y la Cadena Ser, a analizar el posible conocimiento y seguimiento que ambos dirigentes conservadores pudieron tener de la operación Kitchen. En él, sostienen que la ex secretaria general del PP mintió cuando afirmó en sede judicial que en los encuentros que mantenía con el comisario jubilado hablaban de asuntos sin importancia que ya habían aparecido en prensa. Los audios, mantienen los fiscales, desvelan que la "finalidad" de las reuniones era conocer los avances de Gürtel o poner en marcha "una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas" que pudieran tener relación con la financiación irregular del PP. "La libretita... sería mejor poderlo parar", le decía Cospedal a Villarejo en relación a la contabilidad paralela que manejaba Luis Bárcenas, cuya existencia todavía no era pública.

Con estos mimbres, Anticorrupción solicita que se reabra la causa y se vuelva a citar como investigada a la ex número dos de los conservadores, a quien el magistrado García-Castellón libró del banquillo hace casi un año –antes de que aparecieran las nuevas grabaciones– al considerar que achacarle una participación en la trama de espionaje no dejaba de ser "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno". "La relevancia, pues, de estos nuevos elementos indiciarios es indudable, y justifica la reapertura de la investigación provisionalmente sobreseída", recoge el informe del Ministerio Público, firmado por los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano y en el que también se pide la declaración como investigado de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad e interlocutor en algunos de los audios que vieron la luz el pasado mes de mayo.

La Fiscalía no pide, por el momento, la imputación de Rajoy. Pero eso no quiere decir que, a través del informe remitido a García-Castellón, no sitúe también el foco sobre el expresidente del Ejecutivo. Al fin y al cabo, es protagonista indirecto en parte de las tres grabaciones que el Ministerio Público pone sobre la mesa del magistrado para solicitar la reapertura del caso. "Queda muy feo, muy feo, que llegue al Barbas la información por el partido, por el Ministerio, de verdad. Ese es mi concepto, creo que muchas cosas se han malentendido por esa doble vía", comentaba Villarejo a Martínez en una de sus conversaciones. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía siempre ha mantenido que "El Barbas" o "El Asturiano" son algunos de los apodos con los que la policía política se refería en sus conversaciones al entonces presidente del Gobierno.

No es, ni mucho menos, la única referencia contenida en los audios. En sus conversaciones con el ex secretario de Estado de Seguridad, el comisario jubilado aseguraba también que en una ocasión acudió a la sede de Génova y allí el "presi" se acercó para saludar y ratificarle con un "a trabajar". Y, pocos segundos después, afirma: "Lamentablemente hay muchas cosas que no le llegan, lo del encargo del preso, de Bárcenas, quiere saber todo, qué tal, quiere conocer no sé qué, por qué, tal y cuanto, detalles que me imagino que se lo transmitirá el número uno". Para Anticorrupción, ese "número uno", y así lo expone en el informe, hace alusión al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es a quien García-Castellón terminó atribuyendo la X de la trama Kitchen cuando dio carpetazo a la investigación.

En esta causa, Rajoy ha sido el gran elefante en la habitación. Es cierto que al expresidente del Gobierno nunca se le citó a declarar como investigado. Sin embargo, su nombre ha sobrevolado el procedimiento de principio a fin. Durante la instrucción, Villarejo llegó a asegurar ante el juez que intercambió algunos mensajes con Rajoy, contactos que versaban sobre dudas que el entonces líder del Ejecutivo trasladaba al policía en relación con el operativo. Y llegó a entregar al magistrado un número de teléfono que habría pertenecido al dirigente conservador. De hecho, se confirmó incluso que el contacto fue registrado por el PP y estuvo dado de alta durante un periodo coincidente con el tiempo que Rajoy ocupó La Moncloa. Sin embargo, se dio carpetazo a la investigación. Y se hizo a pesar de que los investigadores de la policía aún aguardaban algunos datos solicitados a las compañías telefónicas.

Al poner punto y final a la investigación, el juez resaltó "ninguna diligencia" practicada hasta ese momento permitía "sostener" que el comisario jubilado "tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro", al tiempo que resaltaba que no resulta raro que un "investigado" que acapara una gran "atención mediática" busque "conexiones con toda clase de personas, hechos históricos o acontecimientos" en un "afán desmedido" por "ganar notoriedad y repercusión". Del mismo modo, en su auto el magistrado apuntaba que el hecho de que el número facilitado por el comisario "hubiera sido titularidad de un partido político nacional" no aportaba "nada relevante", pues "no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas". Y recordaba que las compañías telefónicas tienen la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas solo durante doce meses.

Anticorrupción y las acusaciones populares llegaron a recurrir el cierre del caso. Consideraban prematura la decisión. Y creían que había "suficientes indicios de criminalidad" de la participación de la propia Cospedal en los hechos. De hecho, el Ministerio Público insistía en que se indagase en la supuesta relación de Rajoy con el comisario. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló el cierre de instrucción decretado por García-Castellón. Un magistrado que ahora, con los nuevos audios sobre la mesa, tendrá que decidir si hay material suficiente como para reabrir el asunto sobre la rama política de la Kitchen o si, por el contrario, las grabaciones no aportan nada novedoso al caso que sea necesario investigar en profundidad.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre dan por hecho que la decisión se tomará en las próximas horas. El instructor, dicen, lo tiene ya "bastante" claro, por lo que estiman que este mismo martes puede haber una resolución. Anticorrupción, a la vista del estado procesal de las actuaciones –ya hay auto de procesamiento dictado y firme–, ha solicitado al juez la formación de una "pieza separada (bis)" de la principal para investigar si Kitchen habría sido "alentada o tutelada" también "desde la cúpula" del PP. Y, al mismo tiempo, que se prorrogue el plazo de instrucción "por tiempo de seis meses" y se una a la nueva pieza diferente documentación, entre la que se encuentra un oficio de la Unidad de Asuntos Internos en el que se apunta "contundentemente" que el origen de la difusión "de la información que se viene difundiendo en distintos medios" se encuentra en el propio Villarejo.

La decisión que adopte García-Castellón es susceptible de ser recurrida en apelación. No sería la primera vez. De hecho, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncia con cierta frecuencia sobre decisiones adoptadas por el magistrado. En algunos casos, dando su aval. En otros, sin embargo, pegando un fuerte tirón de orejas importante al magistrado. A comienzos de verano, por ejemplo, los superiores le ordenaron que diera carpetazo al caso sobre la supuesta financiación venezolana de Podemos al considerar que las pesquisas que se estaban llevando a cabo desbordaban "claramente" el único objeto de la misma y que el juez ampliaba "artificiosamente" para "investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal, al ser entonces esta atípica".

En privado, fuentes de algunas acusaciones populares reconocen la dificultad de que Rajoy sea llamado a declarar como investigado. Si bien sostienen que hay material que le señala, añaden que el Ministerio Público no suele dar un paso de esa envergadura hasta que no tiene todo bien atado. Hasta el momento, el expresidente del Gobierno sólo ha prestado declaración como testigo en un juzgado. Y lo ha hecho en diferentes procesos. Entre ellos el caso Gürtel, donde su testimonio no convenció al tribunal: "Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido".

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha anunciado este lunes que su partido ha decidido retirar el recurso en el que se pedía la absolución del extesorero Luis Bárcenas por las obras de Génova para revocar la condena al partido como responsable civil. Según ha explicado, la cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo no conocía ese recurso y, en este caso, la "estrategia jurídica choca con la "lógica política".

"No lo conocíamos y, al conocerlo, no lo compartimos, por lo tanto, el comité de dirección del PP ha decidido que ese recurso se retira hoy mismo", ha anunciado González Pons en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión de la cúpula del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, enmendando así la estrategia judicial que inició la anterior dirección de Pablo Casado.

En concreto, el PP presentó ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo solicitando la absolución de Bárcenas por la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenaba a dos años de cárcel por las obras de la sede de los conservadores en la calle Génova, lo que eximiría a la formación de su responsabilidad civil subsidiaria.

Fue el pasado mes de octubre cuando la Audiencia Nacional condenó a Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en b más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede conservadora, al tiempo que condenó al PP como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación.

González Pons ha señalado que la actual dirección nacional del PP "ha conocido hoy a través de los medios de comunicación" ese recurso "presentado por los abogados del partido" que "pide la absolución de Bárcenas".

Según ha precisado, ese recurso "se redactó en el mes de noviembre" y se presentó "ad cautelam tres días antes" del congreso extraordinario de Sevilla de primeros de abril que eligió presidente del partido a Alberto Núñez Feijóo, en sustitución de Pablo Casado.

El recurso tiene fecha de 19 de abril y, al inicio del escrito, el procurador alude a otro de fecha de 28 de marzo de 2022, cuando "esta parte vino a formalizar ad cautelam el recurso de casación que ya había anunciado" contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

González Pons ha insistido en las fechas en las que se formalizó, antes de la llegada de Feijóo a Génova, y ha admitido que "entra dentro de la lógica de la defensa de la honorabilidad del partido" porque están "convencidos y seguros" de que el partido es "inocente y fue injustamente condenado".

Sin embargo, ha subrayado que en este caso "la estrategia jurídica choca con la lógica política". "Y cuando la estrategia jurídica no puede explicarse políticamente, esta dirección del PP piensa que debe pesar más la política que la estrategia jurídica", ha enfatizado.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados han confirmado el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el que puso fin a la investigación sobre Kitchen concluyendo que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. La Sala de lo Penal ha avalado ahora los indicios en los que se basa su imputación, recordando que fundamentalmente son las declaraciones del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, y los mensajes que se intercambiaron.

Los magistrados entienden que la explicación que dio Fernández Díaz sobre su conducta, así como la valoración del informe pericial que aportó para desvirtuar dichos mensajes, deberá efectuarla el órgano enjuiciador. De momento, "la apariencia delictiva de los hechos imputados impide acordar el sobreseimiento interesado", concluyen.

Además de Fernández Díaz y Martínez, la Sala de lo Penal ha ratificado el procesamiento del ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, de los ex mandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, y del ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

La mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideraron un "cierre en falso" del caso. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusó al juez de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a la que pidió volver a imputar junto a su marido, Ignacio López del Hierro.

La Sala de lo Penal ha optado por mantener el statu quo, de modo que De Cospedal y su marido quedan definitivamente fuera de la causa, al igual que el ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, que nunca ha estado investigado pero que el Ministerio Público pedía interrogar como tal en el caso de que se reabrieran las pesquisas.

Para los magistrados, los indicios que señalan los fiscales anticorrupción para sostener la imputación contra Cospedal y su marido no son suficientes, toda vez que quedan debilitados por los testimonios de Villarejo, Gómez Gordo y Ríos.

A este respecto, subrayan que las reuniones que tanto Cospedal como López del Hierro reconocieron que habían mantenido con Villarejo fueron por "cuestiones al margen de los hechos investigados".

En la misma línea, creen que no hay indicos suficientes para imputar a Cosidó, el único eslabón de la cadena de mando policial de la época que ha quedado al margen de la investigación judicial de Kitchen.

La Sala de lo Penal ha rechazado asimismo las diligencias destinadas a determinar a quién pertenecía cada uno de los cinco números de teléfono con los que Villarejo dice que se comunicaba con Rajoy para tenerle informado sobre los avances del presunto espionaje a Bárcenas.

Se ha pronunciado específicamente sobre un número de teléfono de titularidad del PP para recalcar que tampoco hay indicio alguno de que Villarejo se comunicara con dicha línea. "En modo alguno implica necesariamente que quien disponga de esa información efectivamente se comunique con ese número", indican los magistrados.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha descartado devolver al Partido Popular las fianzas por valor de 1,2 millones de euros que la formación depositó "para el aseguramiento de las eventuales responsabilidades civiles" que pudieran derivarse del juicio contra la "caja b".

En una diligencia del pasado 18 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda aseguran que "no ha lugar a modificar la fianza que le fue impuesta por estar pendiente" la tramitación de los recursos de casación presentados por algunas de las partes, que solicitan que se imponga al partido "la responsabilidad civil inicialmente reclamada".

En su escrito, la formación liderada por Pablo Casado solicitó que se autorizase "el desglose y devolución de los dos avales bancarios actualmente depositados, por importes de 1.024.987,14 y 220.167,04 euros, y su sustitución por otro comprensivo de la cantidad de 123.669 euros más intereses de demora".

Esa última cifra se corresponde con la fijada por la propia Sala de lo Penal en la sentencia por la que condenó al Partido Popular como responsable civil subsidiario de su extesorero Luis Bárcenas por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación de la emblemática sede del partido en Génova 13.

El PP sostenía que los "avales en su día depositados resultan excesivos para garantizar la responsabilidad civil que pudiera exigirse" al partido, "por lo que su mantenimiento" provoca "comisiones y gastos que carecen ya de justificación".

Por su parte, la Fiscalía no se opuso a la "reducción de la fianza solicitada por el Partido Popular siempre y cuando" no se discutiese "por alguna de las partes acusadoras". En concreto, la representación de Carmen Ninet y Cristina Moreno se mostró en contra de la petición de los "conservadores".

Y lo hizo, según se desprende de su escrito, recordando que las responsabilidades civiles exigibles al Partido Popular "quedarán fijadas en 123.669 euros sólo en caso de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia dictada por esta Sala".

"Por tanto, estando pendiente de resolverse (incluso de formalizarse) los recursos de casación contra la referida sentencia, no pueden modificarse las fianzas en su día prestadas pues, igual que cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, también es posible que no lo haga, y que estime parcial o íntegramente alguno de los recursos de casación", recuerda.

En la citada sentencia, de 454 páginas, la Audiencia Nacional también condenó al propio Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en "b" más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede "conservadora" de Génova.

En su providencia, los magistrados de la Sala también deniegan la petición del extesorero que había pedido que se declarase la firmeza de la sentencia. Y lo hacen, según explican, por el mismo motivo por el que descartan devolver la fianza al PP.

Esto es, por "encontrarse pendiente la tramitación de los recursos de casación anunciados". "Su conformidad y ausencia de recurso no impide que pueda afectarle la nueva sentencia en lo que le fuere favorable, siempre que se encuentre en la misma situación que los recurrentes y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia de conformidad", apuntan los magistrados.

Bárcenas fue condenado a dos años de cárcel por abonar a Unifica un total de 1.072.000 euros "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública". Y todo ello, en concreto, por un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por el IS de 2007 de Unifica, en concurso a su vez con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Enrique Olivares García, el falso cura que fue condenado en 2014 por asaltar la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas y secuestrar a su familia, ha fallecido en Cuenca, según ha adelantado El Día digital y ha podido confirmar Europa Press.

Olivares falleció por causas naturales a las 8 horas del sábado, según han confirmado fuentes del Tanatorio Ronda Alameda de Cuenca, donde se ha instalado el velatorio. El funeral se ha celebrado este domingo a las 10 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de Cuenca.

La comisión del Congreso que ha investigado este año la operación Kitchen ha aprobado este miércoles el documento de conclusiones propuesto por el PSOE, que ha contado con el apoyo de Unidas Podemos y Bildu, y que establece que la trama para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción se "ordenó" desde "la cúpula directiva" del partido, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y, de hecho, era la que "informaba" al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a la comisión sin haber pactado sus conclusiones. De hecho, el grupo confederal había presentado su propio texto acordado con ERC, Bildu, Junts y la CUP. Sin embargo, finalmente tanto Bildu como el socio morado del Gobierno han apoyado el documento de los socialistas, al que se han añadido dos párrafos a propuesta de Unidas Podemos, informa Europa Press.

En concreto, se ha agregado una recomendación para revisar los procedimientos vigentes para el uso y control de los fondos reservados, así como de los procesos concesión de condecoraciones en la Policía Nacional para dotarlos de una mayor "objetividad y transparencia".

Además, se ha dejado constancia en las conclusiones aprobadas de que parte de la documentación que había solicitado la comisión para hacer su pesquisas no ha llegado nunca y otra lo ha hecho a destiempo, es decir, tarde.

Sin embargo, estos añadidos de última hora, no han sido suficientes para que el texto de los socialistas recibiera el respaldo de ERC, PNV y la CUP, que han optado por la abstención. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra de las conclusiones que se elevarán al Pleno del Congreso para su ratificación.

"El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas", concluye el texto aprobado.

El documento, recogido por Europa Press, no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) - de la Policía.

Resalta que se produjo "con el conocimiento" de Cospedal que "informaba" a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien "encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo" y que el "epicentro" del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.

Con el fin de "obstruir" las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama "de interés particular exclusivo del Partido Popular" se utilizaron "ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales".

La comisión mantiene que, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir "la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno".

También señala como otra "conclusión evidente" el "descontrol absoluto en el uso de los fondos" en Interior, así como la "ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos".

Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de "catálogos, provisiones de plazas y medios personalesde forma arbitraria" por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, "con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales".

Así, apunta a un "despilfarro de dinero público, claramente malversado y detraído de las finalidades legalmente asignadas", y, encima, "en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban".

"Con estas actuaciones, no solo se incumplió de manera flagrante la ley, se frustró la recta administración de Justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento", resaltan las conclusiones aprobadas.

Mariano Rajoy no sólo no sabe nada sobre la Operación Kitcken sino que, a juzgar por su declaración este lunes en el Congreso, cree que nadie es responsable de que un grupo de agentes de seguridad dependientes del Ministerio del Interior montasen un operativo para tratar de impedir que la justicia tuviese acceso a documentos y materiales que pudiesen ser utilizados para probar la financiación ilegal del PP.

El expresidente Rajoy llegó este lunes a la comisión del Congreso que investiga las responsabilidades políticas que puedan derivarse de esa operación con su libro debajo del brazo. Vino a hablar de él —Política para adultos, se titula, y lo mencionó hasta en cuatro ocasiones— y a repetir un cuidadoso guion —a veces lo leía— del que no se salió en ningún momento para decir: “No conozco al señor Villarejo, ni me consta haberle visto en sitio alguno, ni hablé con él nunca”. Tampoco supo nunca nada sobre Kitchen.

El que fuera hasta hace tres años presidente del PP y del Gobierno precisamente cuando tuvieron lugar los hechos que la justicia está investigando levantó todos los cortafuegos posibles para cegar las preguntas de los portavoces de los grupos. Pero no se limitó a rechazar cualquier relación o conocimiento en relación con la Kitchen sino que también negó en varias ocasiones que la justicia haya declarado nunca que su partido manejaba una caja B.

Ni siquiera cuando los portavoces le recordaron las palmarias afirmaciones de las sentencias de la primera época de la Gürtel, ya ratificada por el Supremo, y de las obras en negro de la sede de Génova, un asunto que avergüenza tanto al PP que incluso la actual dirección de Pablo Casado ha puesto en venta en edificio.

Rajoy pasó por alto que el primero de esos dos fallos consideró acreditado que entre 1999 y 2005 Francisco Correa y el Partido Popular tejieron en varios municipios españoles “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. 

Y negó, contra toda evidencia, que la sentencia sobre el pago de la reforma de la sede de Génova con dinero negro consideró un hecho probado la “llevanza y gestión de una contabilidad o caja B en el Partido Popular” en “el periodo en el que el acusado Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero”, ya con el propio Rajoy como presidente de la formación y, por tanto, máximo responsable político de lo que sucedía en la calle Génova.

En uno de los momentos más tensos, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le preguntó por qué mentía al negar la caja b. Rajoy replicó: “Usted no puede venir aquí a preguntarme por qué miento. Yo no miento, quien miente es usted”. Rufián se levantó para darle una copia de la sentencia de la Gürtel que afirma la existencia de la contabilidad paralela del PP. Rajoy, impertérrito, le respondió mostrándole un ejemplar de su Política para adultos: “Yo le voy a dar este libro a la salida”.

Durante casi tres horas Rajoy trató de navegar, no sin dificultades, en medio del interrogatorio al que le sometieron los portavoces de los grupos, con la única excepción del PP. Algunos más correosos, como el de Felipe Sicilia (PSOE) o el de Rufián. Otros formalmente más amables, como los de Macarena Olona (Vox) y Sofía Castañón (Unidas Podemos). 

Todos intentaron, sin éxito, que Rajoy confesase haber ordenado o al menos haber tenido conocimiento de la trama organizada utilizando recursos humanos, materiales y económicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para privar a la justicia de las pruebas que pudiese tener Bárcenas contra el PP. 

Algunos, como Edmundo Bal (Ciudadanos) o Jon Iñarritu (EH Bildu), a la vista de la resistencia del expresidente a admitir un papel concreto en los hechos, buscaron el ángulo de las responsabilidades políticas. Rajoy o no entendió lo que le preguntaban o no quiso enterarse: optó por reprochar a uno y al otro que no respetasen la presunción de inocencia. Según él, lo que le estaban pidiendo era “invertir la carga de la prueba”. “No obliguen a la gente a demostrar su inocencia”, reclamó a los presentes.

Rufián lo intentó todo para arrancar a Rajoy una frase diciendo que la “Policía miente” cuando realiza informes que le sitúan al frente de la trama Kitchen al afirmar que cuando los implicados hablan de El Barbas o El Asturiano se refieren a él. Pero el expresidente no entró al trapo: “Desconozco ese informe. La Policía puede decir lo que quiera, yo no lo conocía. ¿Qué busca, un titular? No se lo voy a dar”.

Rajoy atribuyó las afirmaciones de Villarejo, de Bárcenas y de su exministro del Interior a sus estrategias de defensa. “Se defienden como estiman oportuno. Tienen derecho mentir y dicen lo que quieren”, insistió una y otra vez cuando se le citaban sus declaraciones. Reconoció que Villarejo tenía su teléfono, pero aseguró que ese número estaba en poder de “más de 500 personas” porque en su día lo publicó un periódico y que en todo caso jamás lo utilizó para hablar con el excomisario ni intercambiar mensajes.

En un momento dado, interrogado por el audio que supuestamente le implicaría en hechos delictivos y con cuya existencia se ha especulado, proclamó sin negar que sea real: “Ese audio no lo conozco, no tiene nada que ver conmigo”. 

El expresidente echó en cara a los portavoces que diesen más credibilidad a Villarejo y a Bárcenas que a él mismo pero los distinguió de Jorge Fernández Díaz y del que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ambos imputados, de los que dijo tener la mejor de las opiniones y de quienes está convencido que no tienen nada que ver con los hechos por los que están siendo investigados.

Rajoy se fue de la comisión igual que llegó: arropado por los suyos, con la portavoz Cuca Gamarra a la cabeza. La suya era la última comparecencia prevista en la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen. Ahora ya solo faltan las conclusiones.