Operación Kitchen

El inspector del 'caso Gürtel' confirma que el espionaje a Bárcenas en 2013 fue ilegal porque no pasó por sus manos

El inspector de la Policía Manuel Morocho.

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El inspector principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha detallado este jueves en la comisión de investigación por la operación Kitchen del Congreso de los Diputados las diferentes "barreras" a las que se ha enfrentando durante estos años, citando un traslado de destino dentro de la Policía, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo las órdenes de Eugenio Pino, y la aparición de un "informe paralelo" sobre Luis Bárcenas. También ha confirmado que cualquier seguimiento o intervención telefónica al extesorero del PP y su entorno familiar en las fechas en que se desplegó el operativo, a partir de 2013, tuvo que ser irregular, esto es, sin control judicial porque él, que era el investigador que estaba al frente en ese momento de las diligencias sobre los papeles de Bárcenas, no los solicitó a la Audiencia Nacional.

El diputado del PSOE David Serrada le ha preguntado si estando en la DAO tuvo alguna sospecha de investigaciones paralelas, mencionando la operación Kitchen. En un principio, Morocho ha dicho que no porque su función fue "decorativa", aunque acto seguido ha pedido perdón y ha relatado que "hubo un momento que tuvo la constatación material de la existencia de una investigación paralela sobre el entorno de Luis Bárcenas". Se trata de una cuestión de la que Morocho –que ha reconocido amenazas y presiones por su investigación, incluso actualmente– ya testificó en la Audiencia Nacional en 2019, cuando habló de esta investigación "secreta" sobre el extesorero que era "coincidente" con el caso Gürtel, pero incluida posteriormente en las bases de datos policiales usando información descontextualizada.

Este jueves en el Congreso ha abundado sobre ello para mencionar este informe en formato Word del que tuvo conocimiento cuando estuvo destinado en la DAO, entre 2015 y mediados de 2016, recordando que el "apogeo" de la operación Kitchen para supuestamente sustraer documentación sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas fue entre julio de 2013 y octubre de 2015. En concreto, se ha referido a una base de datos dentro de una herramienta de inteligencia criminal, un archivo en formato Word, que abrió y leyó tras ser advertido por sus superiores de su existencia, dando cuenta al juez de ello.

"El encartado definía el contenido", ha señalado, explicando que llevaba por título "Luis Bárcenas Gutiérrez". En el mismo se hacía referencia a cuestiones temporales de "personas vinculadas" al extesorero del PP y "su entorno familiar". Luego ha indicado que ese documento fue motivo de desclasificación del Consejo de Ministros, dentro del caso Kitchen. "Los elementos que aparecían allí eran conocidos por nosotros", ha añadido en referencia a este documento que apareció en bases de datos policiales al margen de la investigación del caso Gürtel, una información "sesgada" y que "produjo un cruce buscado sobre una investigación en curso".

"Se graba por un órgano superior que su función es de coordinación, no tiene encomendada la investigación per se, y menos en procedimientos judiciales. Esa investigación se hizo fuera del control judicial", ha enfatizado sobre ese informe de 2015 que, ha insistido, "no era relevante, no aportaba nada" y que "se comunicó a la autoridad judicial". "Como todo lo que yo hago", ha apostillado.

Informes sobre Villarejo, PISA o Pujol 

Morocho ha relatado que, siendo Eugenio Pino director adjunto operativo, fue destinado a este lugar, por lo que tuvo que compatibilizar su labor de policía judicial con la revisión de informes remitidos desde la DAO y que afectaban al patrimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo –de quien ha dicho que "no formó parte en ningún momento" de la investigación Gürtel– o el informe PISA, en este caso sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias. También ha citado unos documentos en inglés sobre créditos de la familia Pujol.

Del informe PISA, el inspector ha sido preguntado por el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, al que ha contado que se trataba de un documento "apócrifo" que le entregaron en la DAO, aunque no sabe quién o quiénes fueron los autores, para que evaluara. Las conclusiones a las que llegó es que estaba repleto de información en fuentes cerradas a las que sólo se puede acceder con mandamiento judicial o fiscal y en el que se incluían "notas, titulares con una visión no neutral desde el punto de vista político". Era una "construcción de algo", ha añadido, "con el fin de provocar el inicio de algo más". No tenía, ha apuntado, "las formalidades o protocolos oficiales" que exige la Policía Nacional y fue eso lo que manifestó a sus superiores, que "no cumplía los protocolos mínimos para poder investigar" porque además "no había noticia criminis" y sólo ofrecía una "información desdibujada".

Como ya contó en la Audiencia Nacional, Morocho fue destinado a la DAO en 2015 para "tratar de condicionar" su posición en el grupo de policía judicial que investigaba la Gürtel, pues el objetivo era sacarle de la UDEF y "trasladar el mensaje de que ya no trabajaba ahí a los órganos superiores" del Ministerio del Interior "con el fin de calmar la problemática que se generaba con la elaboración de los informes" sobre la macrocausa de corrupción.

Ataques del PP

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El PP ha aprovechado su turno para cuestionar la labor de investigación de Morocho. "Lleva trece años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le ha espetado el diputado de este partido Eloy Suárez Lamata. "Yo actúo como policía judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones", ha replicado el inspector.

El diputado del PP ha citado los informes que afectaron a Francisco Camps y también las querellas que motivaron la imputación de Morocho –luego archivadas, según ha recordado éste–. Suárez Lamata le ha acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja B de la formación conservadora, repitiendo Morocho que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales".

Esta intervención del PP ha llevado a la diputada de Vox Macarena Olona a reprender el intento de poner en duda la actuación de un "servidor público", algo que ha repetido luego otro abogado del Estado como ella, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. Además, han recordado que el inspector fue condecorado tanto por gobiernos socialistas como conservadores.

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