La cúpula de Interior del PP hace frente común contra 'Kitchen' mientras el PSOE insiste en la X política

Primero fueron aliados, jefe y subordinado. Luego, cuando empezaron a torcerse las cosas, enemigos. Y ahora, sentados por vez primera frente a un tribunal, tratan de capear el temporal judicial haciendo frente común. La primera sesión del juicio del caso Kitchen, destinada a las cuestiones previas, ha mostrado a una cúpula del Ministerio del Interior trabajando en bloque para tratar de anular la causa y a una acusación popular decidida a escalar el caso más allá del departamento que en su día dirigió Jorge Fernández Díaz, buscando la X política detrás de la supuesta operación parapolicial y exigiendo que el PP también se siente en el banquillo de los acusados. "Es sorprendente que el beneficiado [de la Kitchen] no esté aquí", ha lanzado.

La primera jornada del juicio, que versa sobre la supuesta operación parapolicial para hacerse con documentos comprometedores de cara a Gürtel que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas, se ha prolongado durante toda la mañana. Ha sido poco política y muy técnica. Y, por momentos, intensa. Sobre todo, durante la intervención del abogado de Sergio Ríos, el chófer del extesorero captado para la misión con cargo a los fondos reservados –consta acreditado el gasto de 59.000 euros de esta caja secreta–. "Todo esto lo ha construido la Fiscalía", ha dicho, al tiempo que hablaba de coacciones o excesos. Una actitud que ha hecho saltar al representante de Anticorrupción. Y también a la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, que le ha reprochado hasta en dos ocasiones sus palabras.

–Haga el favor de repetir lo que acaba de decir.

–Que habiéndose dictado un auto de prisión provisional sin tener conocimiento de la causa...

–Eso no lo ha dicho así de suave. Ha dicho amenazando. Guarde las formas. Usted podrá tener su criterio personal de a qué responde el origen de la investigación, pero de eso al salto cualitativo de la comisión de hechos delictivos dista un mundo.

Las defensas, al menos en estos primeros compases de una vista oral que se alargará previsiblemente hasta junio, han remado en una misma dirección con un objetivo perfectamente definido: arrasar la causa desde los cimientos. Así, han solicitado, una tras otra, la anulación de las grabaciones sobre las que se apoya Kitchen. Tanto aquellas que dieron origen a la apertura allá por 2018 de esta pieza separada del caso Villarejo como a una segunda tanda que afloró allá por 2022 y que aportó el empresario Javier Pérez Dolset. "Deben ser anuladas y consideradas prueba ilícita", ha señalado el abogado del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se ha empleado a fondo, precisamente, en esta cuestión.

En relación con el primer grupo de audios, que fueron localizados durante los registros contra el excomisario José Manuel Villarejo, el letrado ha señalado que "falta fiabilidad técnica" –"No sabemos con qué dispositivo fueron grabados, no sabemos si estaban cortadas las conversaciones"– y que, de todos modos, bajo su punto de vista, fueron obtenidos de forma "ilícita". En cuanto al segundo grupo, en el que se encuentran varias conversaciones en las que participa directamente su cliente, ha señalado que los audios no se encontraban entre el "material" que se incautó a Villarejo: "La forma en la que estas grabaciones acceden al procedimiento –aportadas por Dolset o difundidas en el canal de Telegram de Alvise Pérez– es bastante rocambolesca [...] Trazabilidad cero, nula, no se puede autentificar el contenido, origen o fiabilidad".

Un frente en el que incidió también a lo largo de la sesión la representación del excomisario jubilado, que a diferencia del resto de acusados ha seguido el juicio desde el estrado, tomando notas sin parar en un pequeño cuaderno. Durante su intervención, ha deslizado que las grabaciones originales no se han encontrado en los registros. "Lo que se halla en la casa de Villarejo son copias. Nadie ha podido determinar si están manipuladas", ha lanzado. De hecho, ha explicado que las entradas se produjeron en busca de "otros encargos relativos a contrataciones privadas" y que, por tanto, cuando la Policía se encontró con los audios sobre esta supuesta operación parapolicial debió haber vuelto a pedir permiso para indagar en esos dispositivos digitales.

Fuera de la Audiencia Nacional

El primero en empezar a construir una defensa que luego irían reforzando el resto de abogados ha sido el letrado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En este caso, buena parte de su intervención ha girado alrededor de la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de estos hechos. Así, resaltó la falta de conexión entre el caso Villarejo –conocido oficialmente como Tándem– y la "mal denominada" pieza separada Kitchen –de hecho, buena parte de abogados han evitado calificarla como tal–. En este sentido, explicó que mientras la macrocausa versa sobre los servicios que el comisario jubilado ofrecía a clientes privados a cambio de una contraprestación económica mediando contrato o encargo, en este caso no se puede hablar ni de "proyecto", ni de "encargo", ni de "contrato", ni de "pago de precio".

"No se tratan de hechos conexos, [la localización de los audios] debió tener la consideración de hallazgo casual. Se debió deducir testimonio para incoar procedimiento ante la jurisdicción ordinaria", ha señalado el letrado Jesús Mandri. Algo en lo que han insistido también las defensas del resto de acusados. "Enjuiciando estos hechos simplemente porque está aquí el señor Villarejo adquiriría una cualidad casi de tribunal de excepción", ha apuntado el letrado del excomisario y exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el cual ha aprovechado también su intervención para solicitar la nulidad de una serie de correos aportados a la causa y adelantar que se opondrán a que se use en el juicio la declaración del excomisario Enrique García Castaño, al que problemas de salud le han librado del banquillo.

Las defensas también han aprovechado esta primera jornada del juicio para denunciar falta de concreción o exceso en las acusaciones. "Mi cliente no fue citado ni interrogado por esos hechos", se ha escuchado en más de una ocasión. Y también para denunciar la extensión del secreto de la causa. "Se ha producido un abuso manifiesto y evidente", ha aseverado el letrado del exministro, sentado en primera fila y a solo una silla de distancia de quien fuera su número dos. Por eso, han solicitado que se anulen todas las diligencias practicadas durante ese periodo. Y, siguiendo la doctrina del fruto del árbol envenenado, todas aquellas posteriores. Es decir, que se vacíe la causa de contenido.

"Y muy en concreto la expulsión de las actas notariales que producen la imputación de Fernández Díaz", ha dejado caer Mandri. Se refiere a los mensajes protocolizados ante notario por su ex secretario de Estado que le implican en Kitchen. "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B. a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica… Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación…: es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q esa fuera la intención. Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo".

"Tiene que haber otras personas en el banquillo"

En cada una de las intervenciones, abogados y abogadas han ido añadiendo elementos relativos a sus propios defendidos. La del exchófer, por ejemplo, habló de delito inducido, poniendo por un instante el foco sobre el resto de acusados: "Ríos es el único que en aquel momento no era policía, con lo cual difícilmente podría saber lo que era y no delito, sobre todo cuando quien se dirige a él son mandos policiales". Y la de Bárcenas trató de normalizar la operación alrededor del extesorero del PP: "Era una investigación policial legal sobre el patrimonio de una persona que estaba siendo investigada por delitos económicos".

Las defensas han tenido, por tanto, un papel principal en esta primera jornada del juicio. Fundamentalmente porque las acusaciones apenas han intervenido en esta fase de cuestiones previas. Solo ha tomado la palabra la abogada del PSOE, Gloria de Pascual. Y lo ha hecho para pedir que se ahonde en la "conexión política" de la Kitchen. Es decir, para que se busque la X más allá de Fernández Díaz. "Tiene que haber otras personas sentadas en el banquillo", ha resaltado la letrada, quien ha solicitado que se declare una nulidad parcial del fin de las pesquisas y que se reabran para seguir investigando con el foco puesto, principalmente, en la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

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La también exministra de Defensa llegó a estar investigada, junto a su marido, en la causa. Pero el instructor de la misma, Manuel García-Castellón, terminó archivando en julio de 2021 las actuaciones contra ellos. Para el magistrado, achacarles una participación intelectual en la trama era "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno". "El hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo (una, cuatro o varias ocasiones) no presupone la existencia de infracción penal alguna", apuntaba, al tiempo que desdeñaba los audios publicados por el portal moncloa.com sobre un encuentro entre ambos en el despacho de la primera en Génova.

Tanto las acusaciones como Anticorrupción intentaron que el archivo fuera revocado y que Cospedal volviera a ser investigada. Sobre todo, tras la publicación de unos audios en el diario El País en los que se la escuchaba decir a Villarejo que había que parar lo de la "libretita" de Bárcenas. García-Castellón lo rechazó, alegando que no podían sustentarse las acusaciones "sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Para entonces, esos audios llevaban ya tres meses en el juzgado, adonde fueron remitidos vía oficio en junio de 2022 por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En febrero de 2023, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del instructor de no reabrir el caso. Y nadie se acordó de esos audios hasta el 27 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad de Asuntos Internos remitió un nuevo informe a García-Castellón en el que aludía a la "posible vinculación" de dichas grabaciones con la Kitchen, un documento que, sin embargo, quedó guardado en un cajón. En todas estas grabaciones se apoya la acusación popular para realizar su petición, que acompaña una segunda solicitud: que el PP sea declarado responsable civil a título lucrativo al ser el "principal beneficiado" de la Kitchen. Ahora, la decisión está en manos del tribunal.