'Lawfare' de libro… en fase embrionaria

Si yo supiera que Zapatero paga sin factura al fontanero, yo sería el primero en reprobar su conducta. No digamos si el juez o quien sea constata que tiene dinero oculto o cualquier otra fechoría.

Pero sucede que no hay nada constatado, que no sea “indiciario” o “embrionario” en ese auto judicial, el best seller de la semana. A diferencia de los adefesios del juez Peinado, que ni siquiera sabe escribir, este juez ha cortado y ha pegado con elegancia los detalles que le proporciona la UDEF y respeta los interlineados, la gramática y la sintáctica. Pero no hay nada. El auto es un rosario de supuestos indicios sin un solo documento (el gran hallazgo es una carta de Plus Ultra al Santander “siguiendo instrucciones del Presidente”), grabación o testigo que demuestre que Zapatero ayudó a Plus Ultra a conseguir ayudas que, por cierto, obtuvo de manera estrictamente legal y está devolviendo en los plazos establecidos.

¿Cómo es posible que, sin pruebas concretas que no sean conversaciones de terceros y movimientos de facturas entre tres o cuatro sociedades perfectamente numeradas y codificadas, la Fiscalía Anticorrupción (Luzón, siempre Luzón), la UDEF (que depende de ella) y el juez Calama se atrevan a poner al presidente en “la cúspide”, en el “núcleo decisor y estratégico” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, de una red criminal? ¿A qué funcionario, a qué “instancia pública”, presionó Zapatero para que se rescatara Plus Ultra? ¿A la SEPI? Se ha investigado cada papel de aquella operación de rescate, realizada al albur de las normas europeas y nacionales y no se detectó ninguna irregularidad. Al contrario. ¿Se plantó allí Zapatero quizá, en plena reunión del Consejo de Ministros, para obligar al Gobierno a romper las normas para salvar a la compañía aérea –que, por cierto, a día de hoy sigue operando con normalidad– y embolsarse medio millón de euros? ¿A quién presionó Zapatero? Y si no hay pruebas de tal “tráfico de influencias”, ¿de qué se le acusa?

¿Será que su señoría ha descubierto que en los toros se fuma? No es delito que un ciudadano privado, que ya no es funcionario del Estado, por mucha autoridad moral que tenga e incluso aunque haya sido presidente del Gobierno, interceda en nombre de una compañía, o que contrate conferencias y consejos y servicios de consultoría. Aznar, González y Zapatero lo practican y tienen derecho a hacerlo. Aznar desde su posición en uno de los despachos más grandes del mundo, Latham&Atkins, desde News Corp, desde FAES o desde Famaztella (Familia Aznar Botella), la sociedad familiar. Felipe González también tiene una empresa con sus tres hijos, Ialcon Consultoría, y un fondo de inversión y su propia Fundación. El menos audaz, y quizá el más próspero de los cuatro, es Mariano Rajoy, que se volvió al Registro de la Propiedad de Santa Pola en cuanto dejó la Presidencia del Gobierno. Por lo que sea, a los cuatro meses ya le habían concedido uno de los más lucrativos registros de España, el Registro Mercantil número 5 en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Zapatero tiene derecho a defender los intereses de quien quiera mientras no fuerce la voluntad de un funcionario público, cosa que es dudoso que pueda hacer en absoluto

Nada que objetar. Podrá gustarnos más o menos que los cuatro hayan renunciado a su puesto en el Consejo de Estado, o que cobren la asignación estatal vitalicia. Quizá nos repateen las puertas giratorias. Pero todos ellos tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran dentro de la ley. Zapatero tiene derecho a defender los intereses de quien quiera mientras no fuerce la voluntad de un funcionario público, cosa que es dudoso que pueda hacer en absoluto. Puede trabajar para Repsol, por ejemplo, ayudando en sus relaciones comerciales con Venezuela, y es solo un suponer, igual que puede hablar con las autoridades de ese país para facilitar la liberación de presos políticos. Puede hacerlo gratis o cobrar por ello. Es práctica normal en los exmandatarios del mundo ejercer su influencia y percibir por ello honorarios –incluso aunque se denominen “comisiones”–. 

Como lo de Plus Ultra no puede demostrarse –al menos en lo que se ve en el auto, si hay más me coseré la boca–, la UDEF y la Fiscalía y el juez describen –y dibujan, literalmente– una pirámide criminal en la que sitúan a Gertru, la secretaria del presidente, a Thinking Heads, una empresa de representación que también tiene como clientes a Aznar y a Felipe, al Gate Center, un think tank con tres decenas de papers y diversos eventos, y a las hijas de Zapatero, que trabajan con su padre en la preparación de los materiales, la promoción, la comunicación online, etc. Se nos rasgan las vestiduras la UDEF, y la fiscal anticorrupción y el juez, porque una empresa propiedad de dos hermanos de una familia del Opus Dei, muy conocida en Venezuela, vinculada al viejo ADECO, el partido de centro izquierda histórico, haya pagado a las hijas de Zapatero por servicios profesionales. Que le corten la cabeza a Zapatero por tamaño atrevimiento. Para tratarse de una organización criminal, de la que en el auto, por cierto, se dan espuria y vergonzosamente direcciones y números de cuenta privados, el presidente Zapatero no se ha ocupado mucho de esconderse.

Claro que, como todo, está muy bien explicadito. Que si Gertru le pide a uno que le diga qué pone en el concepto de una factura, lo cual vendría a ser prueba de delito; que si un venezolano llama “pana” a Zapatero; que el presidente tuvo una comida en restaurante que reservó el empresario; que Julito prefería no salir en los listados de la zona VIP de Barajas… Decía que como todos esos detalles, supuestamente delatores, se mezclan con movimientos bancarios y palabras malsonantes –tráfico de influencias, crimen, comisiones, delito, red delictiva, offshore, Dubái…–, el auto ha atemorizado incluso a la izquierda que más confía en el presidente.

Le ha partido el corazón a Rufián y hace llorar a los más grupies. Prudencia, se nos pide, mientras el PP y Vox, liderados por Ayuso, condenan a Zapatero –y a Sánchez, claro– por mafiosos. No es casual que los ataques a Zapatero empezaran justo cuando el expresidente empezó a hacer campaña con más énfasis en defensa de Sánchez y su proyecto.

Prudencia, dicen, y respeto a la justicia. Pues yo creo que ya hemos oído demasiado. Ya digo que rectificaré si hay la más mínima certeza de falta alguna. Pero mientras se produce este golpe difuso no podemos quedarnos quietos. Hay un juez que en un auto imputa a Zapatero por ser el jefe de una estructura criminal por la que debería, si se confirman sus “sospechas”, ser severamente condenado. Ni la UDEF, ni la fiscal, ni su señoría han sido prudentes en la atribución de responsabilidades, por muchas veces que se escriba a lo largo del auto que la investigación está en “fase embrionaria” o que todo es “presunto” o “indiciario”. Fuimos prudentes, asumimos la presunción de inocencia y confiamos en la justicia, y el Supremo se llevó por delante al fiscal general con resultado de cinco magistrados a dos y sin ninguna prueba. Paciencia y prudencia se nos pide, y ya hemos tenido demasiada.