La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, confirmaban este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante de personas", informa EFE.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este martes en X la excarcelación de la hispanovenezolana Sofía Sahagún, quien, indicó, estaba en camino a Madrid.

Recalcó que la ONG, dedicada a la defensa de presos políticos, solo ha verificado 56 excarcelaciones de su registro, que superaba los 800 detenidos hasta el pasado domingo. "El Gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa", señaló Romero en otra publicación en X.

Por su parte, la PUD actualizó su cifra de excarcelaciones confirmadas desde las 73 que difundió la noche del lunes, a 76 hasta las 11:20 hora local (15:20 GMT) de este martes, según informó en X.

"Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios", declaró la plataforma opositora. Las ONG locales y la dirigencia opositora se han encargado de registrar y verificar las excarcelaciones.

El pasado jueves, Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció las excarcelaciones pero no ofreció una cifra concreta. Este lunes en la mañana, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó sobre "116 nuevas excarcelaciones", aunque no detalló las identidades de los beneficiarios ni las condiciones de estas medidas.

Desde el jueves, familiares de presos políticos han pernoctado y realizado vigilias, para pedir información y la libertad plena de todos los presos políticos, en las afueras de varias cárceles, como El Helicoide (Caracas), Tocorón (en el estado Aragua), El Rodeo I (Miranda) y la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (Caracas).

En cuestión de días, el sueño de Donald Trump parecía hacerse realidad: hacerse con el petróleo venezolano. El miércoles 7 de enero, Estados Unidos interceptó dos buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma que transportaba petróleo venezolano. En el Atlántico, el Bella 1, recientemente rebautizado como Marinera y con bandera rusa, y en el Caribe el M/T Sophia, un buque aún cargado de petróleo crudo.

Tras advertir, el sábado 3 de enero, que las empresas estadounidenses iban a volver a Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y “extraer del suelo” una “cantidad colosal de riquezas”, Donald Trump anunció el martes 6 que las autoridades venezolanas “interinas” iban a “entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo bajo sanción y de alta calidad”. “Ese petróleo se venderá a precio de mercado y el dinero será controlado por mí, presidente de Estados Unidos”.

“El petróleo se transportará en buques cisterna y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos”, añadió Trump.

El secretario de Energía, Chris Wright, encargado de “poner en marcha este plan de inmediato”, confirmó al día siguiente ese proyecto de “comercializar el petróleo crudo procedente de Venezuela”: “Primero, ese petróleo será acumulado y almacenado y, luego, de forma indefinida, venderemos la producción que sale de Venezuela en el mercado”.

“Las autoridades interinas han aceptado liberar este petróleo hacia Estados Unidos, por lo que llegará muy pronto a nuestro país”, precisó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por parte venezolana, solo la empresa nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha confirmado que está “en conversaciones” con el Gobierno de Estados Unidos para “la venta de volúmenes de petróleo”, sin precisar en qué proporciones, pero habla de “una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca el viernes 9 de enero a los representantes de las compañías petroleras Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips. Sin embargo, aunque la entrega o la incautación de determinadas reservas petroleras venezolanas no parece complicada, no ocurre lo mismo con la reanudación de la explotación por parte de las compañías occidentales, dado el estado crítico de las instalaciones.

“Es posible reconstruir la industria petrolera venezolana, no hay duda”, explica a Mediapart Luis Pacheco, exdirector de PDVSA y experto del Instituto Baker. “Pero se necesitarán enormes inversiones. Algunos estudios hablan de una inversión de 100.000 millones de dólares en diez años para alcanzar una producción similar a la de hace veinte años”, es decir, unos 3,4 millones de barriles al día, frente a los 850.000-900.000 actuales.

Según los cálculos de la consultora noruega Rystad Energy, se necesitarían 183.000 millones de dólares para volver a alcanzar ese nivel de producción, y más de 53.000 millones solo para mantener el ritmo actual.

“El petróleo venezolano se considera ‘sucio’ no por ideología, sino por razones físicas y de infraestructura”, explicó a la CNN Guy Prince, responsable de investigación sobre suministro energético en el centro de estudios independiente Carbon Tracker. Según Luis Pacheco, Venezuela es un yacimiento petrolífero abandonado, a pesar de que posee las reservas más importantes del mundo, estimadas en 300.000 millones de barriles.

En este país cofundador en 1960 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los últimos diez años han estado marcados por incidentes continuos, fugas y mareas negras provocadas por la obsolescencia de las instalaciones. Los daños medioambientales causados por la industria petrolera han sido casi diarios.

En noviembre, un incendio devastó los almacenes de dióxido de azufre del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. En octubre, un vertido de petróleo afectó a la costa de Punta Cardón, tras el desbordamiento de las piscinas de residuos del complejo de refinerías de Paraguaná. En las proximidades de este complejo se registraron 72 vertidos de petróleo entre 2020 y 2025.

Cerca de la refinería de El Palito, en el Estado de Carabobo, una marea negra de 225 km2 afectó a la costa del Parque Nacional Morrocoy en agosto de 2024. Esa refinería ya había vertido 25.000 barriles a lo largo de 260 km de costa en 2020. En abril de 2023, el lago de Maracaibo se vio afectado por un vertido estimado en más de 1.000 barriles al día.

“Esos vertidos son voluntarios”, afirma Cristina Fiol, bióloga y consultora medioambiental, en un informe dedicado a la contaminación por hidrocarburos. “No saben qué hacer con la acumulación de crudo que se produce, porque los pozos no se pueden detener ni reiniciar fácilmente. Y aunque la producción es baja, se almacena, se acumula y ese exceso de producción acaba vertiéndose porque los petroleros se desbordan, porque el almacenamiento es obsoleto o porque acaban vertiéndolo voluntariamente al mar”.

Las ONG han señalado que PDVSA dejó de informar sobre estos incidentes en su informe anual de 2016. “El ministerio de Medio Ambiente ha sido desmantelado”, denuncia también Cristina Fiol. “No hay ninguna estructura que regule esas actividades que degradan el medio ambiente, no hay nadie que les imponga multas, que detenga su actividad como hacía antes el ministerio de Medio Ambiente”.

El estado de las instalaciones y la contaminación del lago de Maracaibo, lugar histórico de la explotación petrolera venezolana, que ya se vio afectado por una catástrofe petrolera en 1922, preocupan a los investigadores del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Desde principios de la década de 2020, “la mayor masa de agua de Sudamérica se ha convertido en una cloaca petrolera”, afirma Erick Camargo, miembro del observatorio. “Se construyó una compleja red de tuberías en el lecho del lago, que ahí sigue. Esas tuberías, afectadas por la corrosión natural, problemas de presión u otros incidentes, vierten petróleo, gas y derivados de hidrocarburos en el agua, provocando un ciclo constante de contaminación”.

Según el observatorio, solo en el lago de Maracaibo habría más de mil instalaciones en “total abandono”.

La contaminación atmosférica provocada por la explotación petrolera también es motivo de preocupación. Según el estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las instalaciones petroleras y gasísticas venezolanas fueron responsables, en 2025, del 45% de las emisiones de metano de América Latina. “La intensidad de las emisiones de metano en las operaciones de petróleo y gas en Venezuela es seis veces superior a la media mundial, y su intensidad de quema es diez veces superior a la media mundial”, señala la agencia.

La práctica, muy extendida en Venezuela, de quemar el gas natural que llega a superficie durante la extracción de petróleo crudo emite metano, carbono negro y compuestos orgánicos volátiles. Por lo tanto, la contaminación climática producida por un barril de petróleo venezolano sería más del doble de la media mundial.

Además, la extracción de petróleo pesado de los yacimientos del cinturón del Orinoco, que se extiende a lo largo de una zona de 700 km de largo y 60 km de ancho a lo largo del río Orinoco, requiere la inyección de vapor en los yacimientos y el uso de un proceso de craqueo térmico, el flexicoking, para convertir el petróleo pesado en hidrocarburos ligeros.

El grupo francés TotalEnergies utilizó este argumento cuando, en julio de 2021, vendió sus últimos activos en Venezuela, su participación en Petrocedeño SA, que transforma el petróleo extrapesado del cinturón del Orinoco en crudo ligero. “La estrategia de TotalEnergies consiste en concentrar sus nuevas inversiones petroleras en proyectos con bajas emisiones de carbono, lo que no se corresponde con los proyectos de desarrollo de petróleos extrapesados del cinturón del Orinoco”, declaró Arnaud Breuillac, director general de exploración y producción.

Evidentemente, estos temas medioambientales no figuran en la agenda de las conversaciones que Donald Trump tiene previsto mantener con las compañías petroleras. Pero al deterioro de las instalaciones y a las inversiones que hay que realizar se suma el embrollo institucional de Venezuela. Bajo el impacto de las sanciones estadounidenses y occidentales que siguieron a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, el país ha modificado profundamente la gestión de sus ingresos petroleros.

“No se dan las condiciones para que las empresas realicen las inversiones necesarias”, opina Luis Pacheco. “Habría que eliminar una serie de obstáculos legales para que puedan operar, contratar, vender y ejercer todas las actividades asociadas. Eso supone cambiar las leyes sobre hidrocarburos, modificar el régimen fiscal y los mecanismos de canon petroleros”.

La presencia de las empresas estadounidenses se vio cuestionada en 2007 por el anuncio de Hugo Chávez de nacionalizar los proyectos del cinturón del Orinoco y obligar a las empresas a participar en “empresas conjuntas” propiedad de PDVSA. Los grupos ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron. ConocoPhillips inició un procedimiento de arbitraje internacional, que Venezuela perdió, por lo que debe 12.000 millones de dólares al grupo petrolero, que se ha convertido en el segundo acreedor del país después de China.

“Solo Chevron, Total y Equinor aceptaron los nuevos contratos [establecidos en 2007], al considerar que los precios del petróleo eran lo suficientemente altos como para poder quedarse”, explica Luis Pacheco. “Y Chevron aceptó aportar dinero a PDVSA en las empresas mixtas en las que participaba. Al final de ese periodo, PDVSA le debía 4.000 millones de dólares. Por eso Chevron obtuvo la autorización de la Casa Blanca para permanecer en Venezuela, a pesar de que se habían cancelado todas las licencias.”

Según las estimaciones de Luis Pacheco, Chevron exportó a Estados Unidos 127.000 barriles diarios en noviembre, mientras que se destinaron a China 630.000 y 40.000 a Cuba.

En un reciente informe (“PDVSA, privatización controlada por las familias en el poder y militarización”, diciembre de 2023), la ONG Transparencia Venezuela señala la cadena de corrupción que se ha establecido a raíz de las sanciones de 2019. “La imposición de sanciones a las vías normales de comercialización obligó a PDVSA a buscar mercados negros”, dice Luis Pacheco. “Eso dio la oportunidad a personas vinculadas al régimen de aprovechar esta situación mediante ventas y comisiones de intermediarios”. La ONG ha recopilado 127 casos de presunta corrupción que involucran al grupo petrolero venezolano.

Para eludir las sanciones, van introduciendo progresivamente procedimientos excepcionales. En 2018, un decreto estableció un régimen “especial y temporal” para la gestión operativa de la industria petrolera y se suprimieron las licitaciones. En 2020, se firmaron “contratos de servicios productivos” (CSP) con una veintena de empresas extranjeras, seis de las cuales no tenían como objeto social la explotación petrolera, según señaló Transparencia Venezuela. En mayo de 2021, una ley “anti bloqueo” autorizó la transferencia de las actividades de exploración de petróleo y gas a actores privados.

Bajo la nueva denominación de “contratos de participación productiva” (CPP), las licencias petroleras concedidas a finales de 2023 introducen un nuevo funcionamiento: “El inversor firma un contrato de arrendamiento de los activos existentes en la zona designada, elabora un plan de desarrollo y se compromete a realizar las inversiones, cubrir los gastos de explotación, explotar los activos de PDVSA y producir y vender el crudo”, dice Transparencia Venezuela. “En otras palabras, todas las responsabilidades relacionadas con la explotación, el control y las ventas siguen en manos privadas, incluida la gestión del flujo de caja, mientras que el Estado percibe un porcentaje de los ingresos que oscila entre el 40% y el 65%.”

Esta “fragmentación del modelo de comercialización” abre la puerta “a intermediarios sin experiencia en el sector energético, muchos de los cuales estaban registrados en jurisdicciones opacas, como Hong Kong, Panamá, Belice, Emiratos Árabes Unidos o Uganda, solo unas semanas antes de empezar a trabajar con PDVSA”.

Entre estos “socios”, Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se convirtió en “uno de los principales operadores comerciales en la intermediación del crudo de PDVSA”, comercializando y transportando la producción a puertos de Asia, a través de sociedades offshore. Según la web de investigación Armando.info, a finales de 2024 las entidades propiedad de Giménez debían 1.500 millones de dólares a PDVSA.

Transparencia Venezuela señala los “mecanismos de compensación” y trueque aceptados por la empresa nacional, ya que algunos intermediarios pagaron el petróleo con alimentos, materiales de construcción o camiones.

“A partir de 2021, los pagos distintos del trueque se realizaron cada vez con mayor frecuencia utilizando criptomonedas, y en 2024 y 2025 eso se convirtió en algo prácticamente absoluto: todos los envíos, excepto los que amortizan la deuda con China pero no se traducen en ingresos para Venezuela, se pagan en USDT (Theter), lo que permite realizar transacciones fuera del radar del sistema financiero mundial”, señala la ONG.

Este sistema, bajo la autoridad de Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, convertida hoy en presidenta interina e interlocutora de las autoridades estadounidenses, fue militarizado en octubre pasado con el nombramiento del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como presidente de PDVSA.

Traducción de Miguel López

La acusación a Nicolás Maduro de ser un narcotraficante, o incluso un “narcoterrorista”, es evidentemente un pretexto. Permite afirmar que la captura del presidente venezolano es una operación policial judicial, y no un acto de guerra, y por lo tanto prescindir de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, teóricamente el único que puede autorizar al Ejército estadounidense a invadir un país extranjero.

Pero sigue siendo digna de interés la obsesión de Trump por las drogas y su supuesta guerra contra las drogas reformulada en una doctrina Monroe cada vez más depredadora.

De hecho, el presidente estadounidense no ha dudado en mostrar abiertamente el objetivo petrolero y extractivista de la acción de sus fuerzas armadas, y no ha intentado en absoluto ocultar, como hizo George Bush en Irak, ciertas motivaciones económicas tras consideraciones políticas o democráticas.

Que el autoproclamado sheriff jefe del planeta invoque, no obstante, la lucha contra las drogas para justificar una intervención ilegal no se explica, sin duda, solo por la voluntad de preservar ciertos aspectos de la Constitución o las prerrogativas del poder legislativo en Estados Unidos.

Ciertamente, esas prerrogativas tienen más importancia para él que los principios del derecho internacional, pero no agotan la retórica y la visión de Trump en materia de sustancias psicoactivas.

La obsesión presidencial por las drogas se sitúa, con toda probabilidad, en la convergencia de una estrategia político-electoral basada en realidades sociológicas y una forma de negación vertiginosa que actúa como un espejo revelador.

Por lo tanto, la cuestión aquí no es saber en qué medida Nicolás Maduro, al frente de un régimen corrupto y autoritario, ha podido llegar a acuerdos con algunos de los grupos mafiosos activos en el tráfico de drogas en Venezuela, aunque este país siga siendo marginal en las rutas mundiales de la cocaína.

Tampoco se trata de averiguar si las acusaciones contra Gustavo Petro, presidente de izquierdas de Colombia, descrito por Trump como “un hombre enfermo, al que le gusta producir cocaína”, tienen algún fundamento real. Incluso cuando recordamos que el exguerrillero, que se declaró “dispuesto a volver a las armas”, contemplaba, a principios de 2025, formas de legalizar la cocaína, alegando que esta se consideraba “ilegal porque se fabrica en Latinoamérica, no porque sea peor que el whisky”.

Si el tema es saber de dónde viene el enfoque de Trump en las drogas, desde sus anuncios sobre el aumento de los aranceles con México, pero también con Canadá, justificado por la supuesta laxitud de estos últimos con respecto al tráfico de fentanilo, hasta sus amenazas a los países de América Latina acusados de hacer llegar cocaína a Estados Unidos, pasando por sus intentos de prohibir los grupos mexicanos que cantan corridos, se pueden sugerir dos hipótesis, pero de dimensiones distintas.

La primera se refiere a un mensaje político y electoral enviado, a intervalos regulares, por Trump a ciertas poblaciones devastadas en gran medida por el dolor psíquico, físico o económico, que solo las drogas legales o ilegales permiten a veces aliviar rápidamente.

Un estudio publicado en septiembre de 2025 por dos investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) mostró hasta qué punto, allí donde la crisis de los opioides había golpeado, los republicanos habían avanzado masivamente en los espacios recorridos anteriormente por los representantes de Purdue Pharma, la empresa de la familia Sackler responsable de la crisis de los opioides, incluso cuando esas zonas no eran particularmente pobres ni estaban específicamente afectadas por el tráfico de drogas.

Cuando las drogas ilegales, como la heroína y, sobre todo, el fentanilo, tomaron el relevo de los analgésicos adictivos y legales después de que se hiciera más difícil renovar la receta de OxyContin (el analgésico estrella de la familia Sackler), los republicanos, impulsados por unos medios de comunicación reaccionarios que insistían constantemente en la inseguridad y el tráfico de drogas, siguieron sacando partido político de la crisis de los opioides.

Los efectos políticos de esta crisis sanitaria, que afectó principalmente a las poblaciones blancas y de bajo nivel educativo (de las que procede el vicepresidente americano J. D. Vance, que las elogia en su autobiografía Hillbilly Elegy, marcada por la adicción a las drogas de su madre), fueron tan masivos como subestimados. Se describen con detalle en la impresionante obra de Angus Deaton, premio Nobel de Economía, y de la investigadora Anne Case, Morts de désespoir. L’avenir du capitalisme (Muertos de desesperación. El futuro del capitalismo, edit. PUF, 2021).

Con cifras como los 158.000 estadounidenses que murieron en 2017 por suicidio, sobredosis o cirrosis alcohólica, o las de las más de 700.000 personas que murieron por sobredosis relacionada con la adicción a esos medicamentos derivados del opio entre 2016 y 2026, esta catástrofe sanitaria dice más sobre el sistema sanitario estadounidense que sobre el tráfico de fentanilo desde la frontera mexicana o la introducción en las ciudades estadounidenses de cocaína producida en Perú, Colombia o Bolivia.

Este sistema sanitario absorbe ahora más del 18 % del PIB del país, mientras que en 1960 solo representaba el 5 %, lo que supone un coste de casi 11.000 dólares al año por habitante. Lo paradójico es que Estados Unidos gasta más en atención sanitaria que cualquier otra nación, cuenta con algunos de los mejores hospitales y médicos del mundo, pero la esperanza de vida al nacer lleva varios años disminuyendo y sectores cada vez más amplios de la población ya no pueden esperar recibir una atención adecuada.

Es fácil imaginar por tanto que la precariedad médica y la angustia por la salud que afecta a gran parte de la población estadounidense pueda encontrar una válvula de escape en la idea simplista, en la que Trump insiste, de que bastaría con atacar a unos cuantos narcotraficantes, reales o imaginarios, para resolver una grave crisis sanitaria cuyas implicaciones políticas siguen sin tenerse suficientemente en cuenta.

Pero es lógico que el actual inquilino de la Casa Blanca, sobre todo ante la proximidad de unas peligrosas elecciones parlamentarias de medio mandato, cuando su popularidad está en caída libre y no ha logrado actuar sobre el coste de la vida, active un pseudo solucionismo militarizado ante la dolorosa dependencia de toda una parte de su electorado de las sustancias psicoactivas y la desesperación de cientos de miles de familias ante la toxicomanía de sus seres queridos.

La segunda hipótesis de esta obsesión trumpista por las drogas es la consecuencia de esa dimensión político-electoral anclada en un desastre sanitario y social muy concreto, pero que funciona más en el ámbito de la negación y la imaginación.

Ante un mundo cada vez más insostenible desde el punto de vista económico, político, psíquico o ecológico, es bastante lógico que el consumo de drogas esté en pleno auge.

Y no deja de ser interesante señalar que, entre las sustancias que experimentan un mayor crecimiento, se encuentra la cocaína, una droga de rendimiento cuyo supuesto carácter “festivo” se ve cada vez más superado por un uso profesional ya muy extendido.

Contrariamente a lo que afirmaba recientemente Emmanuel Macron, no son solo “los burgueses de los centros urbanos los que financian a los narcotraficantes”, sino toda la sociedad, desde “la enfermera que cambia el catéter de tu abuelo” hasta “el personal extra que servirá en la boda del próximo sábado”, pasando por “ese notario al que esperas no tener que volver nunca más”, en palabras del periodista y escritor Roberto Saviano. En su libro-investigación titulado Extra pura. Viaje por la economía de la cocaína (edit. Gallimard, 2014), el italiano considera que ese polvo se ha convertido en el “petróleo blanco” de nuestro mundo capitalista.

Entre las drogas contemporáneas cuyo consumo está experimentando un importante aumento, también se encuentra, en el otro extremo del espectro, la ketamina, originalmente un anestésico para caballos, que promete a sus consumidores una burbuja nebulosa y absorbente, capaz de hacerles olvidar la violencia del mundo, al igual que la heroína en su momento, que está experimentando un importante resurgimiento.

Las dos drogas que están de moda hoy en día no son incompatibles, ya que la mezcla que está en boga en este momento se conoce como “Calvin Klein”, nombre en clave de una mezcla de cocaína y ketamina que se supone que combina los efectos, en principio opuestos, de ambas sustancias, como lo fue el speedball (mezcla de heroína y cocaína) en su momento.

Se podría hablar largo y tendido sobre la popularidad de tal o cual tipo de droga según la época y lo que puede expresar, juzgando, por ejemplo, que estos violentos estimulantes o anestésicos se corresponden adecuadamente con nuestro momento de capitalismo desenfrenado y sin salida gobernado desde la Casa Blanca. Sin duda, más que el LSD o los alucinógenos de los años 70, cuando la búsqueda de otros mundos posibles animaba incluso a los futuros amos de Silicon Valley.

Pero lo importante aquí es, en primer lugar, saber qué hacer con esta realidad esquizofrénica en la que Donald Trump es uno de los principales catalizadores de este mundo invivible —y, por lo tanto, lógicamente adicto a las sustancias que le permiten escapar o sobrevivir— y al mismo tiempo un declarado partidario de la prohibición de las drogas (a pesar de que él mismo está rodeado de personajes abiertamente dependientes de ciertas drogas, como Elon Musk con la ketamina).

Una pista para resolver esta paradoja puede encontrarse en una obra publicada en 2015 en Alemania, L’Extase totale. Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue (El éxtasis total. El III Reich, los alemanes y las drogas, edit. La Découverte), del documentalista Norman Ohler. La obra muestra cómo “los nazis se dieron aires moralistas llevando a cabo con gran pompa una política antidroga tan drástica como punitiva, con fundamentos ideológicos”.

Pero, en realidad, por resumir muy brevemente la obra, esa política antidroga no era más que una máscara que ocultaba un consumo exponencial de diversas sustancias, que se extendía de arriba abajo en una sociedad sumida en una espiral de violencia y brutalidad, desde los chocolates con anfetaminas que se regalaban en Navidad hasta los 35 millones de dosis de pervitina (nombre histórico de la metanfetamina, ndt) que encargó la Wehrmacht al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo la Blitzkrieg, cuyo propio nombre recuerda que se llevó a cabo en gran parte bajo los efectos de esa droga.

Ahora las sustancias ya no son las mismas y la Casa Blanca no organiza la libre circulación de sustancias psicoactivas destinadas a mantener la moral de su población, aunque los exorbitantes beneficios de las farmacéuticas estadounidenses se deben en parte a su estrecha relación con Washington.

Pero el poder trumpista parece buscar hoy, por todos los medios, un nuevo “éxtasis total” concebido en forma de lluvia de dólares e imágenes cada vez más espectaculares, si pensamos, en particular, en el alucinante comentario de Trump en Fox News justo después de la operación militar en Venezuela: “Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión”.

Así pues, está claro que, detrás de la supuesta lucha contra el fantasma del narcoterrorismo, los Estados Unidos de Trump se acomodan a un consumo exponencial de drogas porque ninguna sociedad puede soportar una estrategia de choque y una extensión perpetua del ámbito de la violencia —cuando es sufrida en primer lugar, pero también cuando es impuesta— sin un recurso masivo a los psicotrópicos.

Sobre todo porque, como escribió recientemente Mediapart, el poder mundial de la extrema derecha se basa en un “negacionismo generalizado” que no puede sino fomentar el recurso a sustancias que permiten, al menos momentáneamente, escapar de la realidad: “La extrema derecha no avanza gracias a un programa basado en soluciones a los problemas actuales. Avanza gracias a la voluntad de defender, contra viento y marea, un modo de vida amenazado. Pero este modo de vida no está amenazado porque esté asediado por enemigos imaginarios. Está amenazado porque es insostenible, tanto económica como social y ecológicamente. Es un modo de vida destructivo tanto para el ser humano como para los ecosistemas. Sin embargo, la extrema derecha no ofrece otra respuesta que negar esa destrucción.”

La supuesta guerra de Trump contra el “narcoterrorismo” combina así dos guerras que han fracasado durante décadas: la interna, “contra las drogas”, que ha diezmado o encarcelado a una gran parte de la población pobre y negra de Estados Unidos, y la guerra exterior “contra el terrorismo”, que no ha eliminado los atentados y mucho menos las raíces del mal terrorista.

Más bien revela, como un espejo, una faceta cada vez más visible del poder trumpista, a saber, un uso ilimitado de la fuerza que busca, sin importar el precio en sangre, el enriquecimiento del clan, reconociendo como única brújula la lealtad ciega o la sumisión completa.

En resumen, una lógica similar a la de un cártel de la droga latinoamericano, aunque, en este caso, la materia prima que se codicia no es el “petróleo blanco", sino el “oro negro”.

Traducción de Miguel López

La intervención estadounidense en Caracas durante la noche del sábado 3 de enero ha marcado el inicio de una ruptura que ya se había iniciado en el año 2025. Ahora Washington no oculta el aspecto económico de su imperialismo. Aunque el secuestro de Nicolás Maduro se justificó a posteriori por la “libertad” del pueblo venezolano y la lucha contra el tráfico de drogas, la Administración Trump puso inmediatamente de relieve el expansionismo económico.

El sábado, el presidente estadounidense anunció: “Nuestras grandes compañías petroleras, las más importantes del mundo, irán allá y gastarán miles de millones de dólares”. Luego afirmó: “Vamos a extraer del suelo una cantidad colosal de riquezas”.

Y, de hecho, apenas unas horas después del ataque, una de las figuras de Wall Street, Charles Myers, presidente de la consultora Signum Global Advisors, declaró a Business Insider que en marzo viajará a Caracas con una delegación de veinte personas representativas de los sectores financiero, energético y de defensa para buscar “oportunidades de inversión”.

Oportunidades que ya valoran entre 500.000 y 750.000 millones de dólares. Según él, es una forma de “reincorporar rápidamente” al país al “hemisferio occidental”. Porque, añade, “el nuevo Gobierno se comprometerá a abrir las puertas a los inversores extranjeros desde el primer día”.

Por supuesto, hay continuidad en este asunto. La guerra de Irak de 2003 también fue una guerra por el petróleo, pero las diferencias son notables. El proyecto de George Bush Jr. ocultaba esta realidad tras argumentos morales y jurídicos, ciertamente falsos, pero que pretendían afirmar que Estados Unidos actuaba en el “bando del bien”. Al sacrificarse por la democracia, era lógico, por tanto, que Washington se recompensara a sí mismo defendiendo sus intereses económicos. Recordemos que, en aquella época, parte de la opinión pública occidental apoyó la acción de Bush.

Pero esa apariencia no era insignificante. Había que asumirla manteniendo un ejército sobre el terreno, apoyando a un Gobierno y asegurando un lugar para los aliados en el reparto de los despojos del régimen. En definitiva, esas operaciones respondían a una lógica neoliberal. Se trataba de integrar a los países recalcitrantes en el orden de la globalización, del que Washington era garante y guardián. Su lógica era que todo el mundo debía beneficiarse de esas guerras porque abrían mercados para todos.

Pero, en realidad, esas operaciones suponían unos costes gigantescos para un rendimiento de inversión, en definitiva, reducido. Desde hace muchos años, Donald Trump se ha posicionado en contra de este tipo de intervenciones costosas y de resultado incierto. Su lógica es diferente: la intervención militar (a ser posible breve, brutal y selectiva, sin atascos) debe garantizar la creación de una zona de influencia estrictamente controlada que permita servir únicamente a los intereses estadounidenses.

Es el resultado de un cambio en el mundo: según Trump, el neoliberalismo ha debilitado a Estados Unidos. Por lo tanto, es necesario cambiar de estrategia y centrarse en los intereses directos de su capital nacional, en lugar de en la apertura global de los mercados y la expansión de la “democracia”.

Ya no es necesario, pues, escudarse en grandes principios. E incluso el argumento de la lucha contra el tráfico de drogas tiene, ante todo, una función interna, ya que se centra en un problema cotidiano que viven los ciudadanos de Estados Unidos. La acción militar en sí misma se aborda desde un punto de vista puramente “económico”, es decir, en términos de una relación coste-beneficio óptima: una intervención reducida, pero lo suficientemente fuerte como para abrir las puertas del mercado objetivo al capital estadounidense.

Se acabaron las grandes guerras costosas con debates en la ONU y negociaciones con los aliados. En este caso, el objetivo no es abrir un mercado al mundo bajo un pretexto democrático, sino asegurarse el control de los recursos de un Gobierno sometido por el miedo. En este contexto, el criterio no es la naturaleza del régimen, sino el interés económico de Estados Unidos.

El propio Donald Trump así lo confirmó al amenazar el domingo a Dinamarca con una intervención similar en Groenlandia. Para comprender la diferencia entre 2003 y 2026, basta con señalar este simple hecho: el secuestro de Nicolás Maduro hace ahora temblar a la primera ministra socialdemócrata danesa. A pesar de las tensiones durante la guerra de Irak, la negativa franco-alemana a seguir a George W. Bush nunca dio lugar a este tipo de amenaza.

El imperialismo trumpista es de otra naturaleza. Para hacer frente a la rivalidad china, el presidente estadounidense pretende ante todo construir un hinterland amaestrado en el que el capital y el ejército de Estados Unidos dispongan de un acceso seguro e incondicional a los recursos y mercados que consideren necesarios. Su primera tarea es, por tanto, infundir temor a sus aliados y a su feudo latinoamericano. Para Trump, esta es la condición que hará que Washington sea fuerte frente a Pekín.

En este contexto, era imposible que Donald Trump se olvidara de Venezuela. A priori, se podría pensar que el petróleo del Orinoco era poco interesante para las grandes empresas estadounidenses. La falta de inversión del régimen chavista en el sector petrolero, que sin embargo le permitía financiar su política de redistribución, redujo la producción de crudo venezolano a solo 900.000 barriles diarios, es decir, algo menos del 1% de la oferta mundial.

Reactivar la producción requerirá mucho dinero y las grandes empresas estadounidenses no han mostrado mucho entusiasmo por volver a Venezuela. Desde 2007, solo Chevron ha permanecido en el país como accionista minoritario. El crudo venezolano es “ultrapesado” y, por lo tanto, difícil de extraer y refinar. Además, el precio del petróleo es actualmente bastante bajo, por debajo de los 60 dólares, lo que hace que este tipo de inversiones sean poco rentables.

Pero lo esencial está en otra parte. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, con 303.000 millones de barriles. Esto representa el 17% de las reservas mundiales verificadas y es más de lo que hay en Arabia Saudí. Por lo tanto, el reto para Trump era no dejar estas reservas en manos hostiles o “neutrales”, lo que, para él, es lo mismo.

En una entrevista con la NBC el domingo, el secretario de Estado Marco Rubio lo expresó de la forma más clara posible. “No necesitamos el petróleo venezolano, tenemos mucho petróleo en Estados Unidos”, afirmó. Pero precisó: “Lo que no queremos aceptar es que la industria petrolera esté controlada por los adversarios de Estados Unidos”, como China, Rusia o Irán.

En otras palabras, lo que está en juego no es el uso inmediato del petróleo venezolano. Lo que está en juego es privar a los rivales de Estados Unidos del acceso a ese petróleo. Washington podrá entonces utilizar esas reservas como una espada de Damocles sobre sus enemigos y sus amigos.

Si Trump no quisiera hacer nada con el petróleo venezolano, no habría anunciado la llegada de las compañías petroleras al país. El domingo indicó que, si las empresas deseaban obtener compensaciones por las expropiaciones chavistas, deberían invertir en el país. Lo que no excluye el apoyo federal a esas inversiones. Una vez mejorada la herramienta de producción venezolana gracias a esas inversiones, el petróleo podría procesarse en las refinerías de Luisiana o Texas, adaptadas a este tipo de crudo.

Las reservas venezolanas dejarían entonces de ser puramente teóricas. Podrían convertirse en un medio para hacer bajar el precio del crudo y, por tanto, los ingresos públicos de otras potencias petroleras. Eso es válido, por supuesto, para Rusia o Irán, pero también para países como Arabia Saudí, cuyos dirigentes se ven tentados a firmar acuerdos con China. El control de las reservas de Venezuela es, por lo tanto, un arma frente a los rivales de Washington, pero también un arma para disciplinar a algunos aliados.

Por supuesto, la caída de los precios también puede afectar a la rentabilidad del petróleo de esquisto estadounidense, cuyo límite se sitúa en 80 dólares por barril. Pero esto precisamente le da más flexibilidad a Estados Unidos: si su propio petróleo es menos rentable, puede recurrir a las reservas de Venezuela y disponer de petróleo barato a nivel mundial. Ahora bien, ese acceso es crucial para Washington en el marco de la rivalidad con China.

Cada vez más, la rivalidad entre China y Estados Unidos toma la forma de un duelo entre dos modelos: un capitalismo “verde” centrado en el desarrollo de la electricidad y las energías renovables liderado por China (pero que sigue consumiendo muchos hidrocarburos) y un capitalismo “pardo” centrado en el petróleo liderado por Estados Unidos. Estos dos modelos tienden a excluirse mutuamente.

El discurso anti ecológico de Washington tiene como objetivo principal rechazar los productos “verdes” chinos basados en la sobreproducción y los precios bajos. Pero para que su propio modelo resulte “atractivo”, Washington puede verse tentado a reproducir el modelo chino: garantizar un precio bajo del petróleo mediante subvenciones públicas masivas, control de los recursos y mercados cautivos.

Ese es el sentido de las presiones de Estados Unidos para levantar las regulaciones ecológicas en Europa o América Latina, en particular a través de sus aliados de extrema derecha. La operación llevada a cabo en Caracas tiene por objeto facilitar la construcción de este “hemisferio occidental” vasallo de Washington y basado en el uso masivo de la energía petrolera.

Su objetivo es contrarrestar el dominio chino en las energías renovables y las herramientas de electrificación de la producción y el transporte. Dos mundos rivales y competidores, pero que a veces compiten directamente: en ambos modelos, los minerales y las tierras raras son fundamentales y Groenlandia, rica en esos elementos, se convierte entonces en un nudo estratégico, además de ser una zona potencial de transporte dentro del propio “hemisferio occidental”.

Por cierto, y tal vez sea uno de los elementos que influyeron en el desencadenamiento de la operación de Caracas, este “orden pardo” impulsado por Trump también tiene una función interna. En un momento en que su poder se ve presionado en los propios Estados Unidos por la cuestión del nivel de vida (lo que allí llaman affordability), la promesa de Trump es ofrecer un precio bajo garantizado para el petróleo. Y como, al mismo tiempo, quiere volver al “todo petróleo” en la producción nacional, ese precio bajo ofrecerá, en teoría, un mejor nivel de vida a los estadounidenses.

Esta nueva política exterior se inscribe entonces en un nuevo tipo de relación entre el Estado y el capital. En el neoliberalismo, el poder estatal hegemónico ofrecía a su capital acceso a los mercados mundiales. Las multinacionales eran entonces el brazo armado del orden mundial estadounidense, al tiempo que garantizaban la rentabilidad del capital nacional. Con la emergencia de China y la crisis de 2008, ese modelo se derrumbó.

El capital, ahora a la defensiva, depende más del poder militar estadounidense. Pero, al mismo tiempo, el Estado federal solo actúa en el estrecho ámbito de los intereses de sus capitalistas. La estrategia imperial estadounidense se confunde entonces con la creación de una zona económicamente sometida, que se percibe como la condición para la victoria contra un rival chino que es ante todo un rival económico.

Se establece una forma de hibridación entre el Estado y el capital, en la que la rentabilidad sustenta el poder y la agenda imperial viene determinada por las prioridades económicas. En este contexto, las antiguas normas del derecho internacional o los sistemas de alianza como la OTAN quedan obsoletos. Y un posible ataque a Nuuk, la capital de Groenlandia, puede suceder al golpe de mano a Caracas.

Traducción de Miguel López

Hay que salir del aturdimiento. Y rápido. Al bombardear Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero y capturar, fuera de todo marco legal, a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, Donald Trump ha consagrado el derecho del más fuerte contra la fuerza del derecho y ha autorizado a los autócratas de este mundo a entregarse a las peores infamias.

La intervención estadounidense, ya sea de naturaleza militar o policial, contraviene el derecho internacional. La corrupción y la violencia del régimen venezolano no cambian nada, como tampoco lo hace la forma en que fue elegido el presidente Maduro: solo el pueblo venezolano tiene legitimidad para decidir su futuro. Al no haber sido aprobada ni por el Congreso en Washington ni por el Consejo de Seguridad de la ONU, y al no estar justificada ni por la legítima defensa ni por un peligro real e inminente, la operación se asemeja de facto a un acto de agresión, contrario a la resolución pacífica de las controversias entre Estados.

Por esta razón, esta agresión podría justificar una respuesta militar de Venezuela, si tuviera los medios para ello, o del Consejo de Seguridad, si no estuviera bloqueado por el veto de Washington.

Pero el derecho internacional ha muerto, porque el código ha cambiado.

La igualdad de derechos de los pueblos, su derecho a disponer de sí mismos, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado, es decir, los fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas, brújula construida sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, han quedado desactivados.

Donald Trump lleva al paroxismo la sociedad del espectáculo, descrita en su momento por Guy Debord, con el fin de enriquecer a los suyos. Su campo de acción es ilimitado: considera que no solo su país, sino también el mundo, deben estar al servicio de sus intereses. Su búsqueda de petróleo le lleva a meter la mano en Venezuela. Mañana podría ser Groenlandia, de la que afirma tener “absoluta necesidad”.

En efecto, además de su ubicación estratégica, los recursos mineros y las tierras raras de ese territorio danés asociado a la Unión Europea son indispensables para sus amigos de la tecnología, comprometidos con otro tipo de extractivismo, el de los datos personales de miles de millones de seres humanos. Este saqueo, uno de los más vastos e invasivos que ha conocido el mundo, es aún más preocupante porque afecta nada menos que a nuestro conocimiento y a nuestras interacciones más íntimas.

Esta nueva geopolítica del Lejano Oeste, que pasa por una estrategia imperialista de acaparamiento, coloca al jefe de los Estados Unidos, al menos eso espera él, en una posición dominante frente a la competencia de Rusia y China.

Preguntado el 4 de enero sobre la voluntad presidencial de “dirigir” Caracas, el secretario de Estado Marco Rubio lo afirmó explícitamente: “Hay que entenderlo: ¿por qué China necesita su petróleo [el de los venezolanos]? ¿Por qué Rusia necesita su petróleo? ¿Por qué Irán necesita su petróleo? Ni siquiera están en este continente. Nosotros estamos en el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se convierta en una base de operaciones para los adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos”.

Se vuelve a asumir la visión, que prevaleció en el siglo XX, de una América Latina como patio trasero de Estados Unidos. Pero eso no es todo, como demuestra la insistencia en apuntar al “hemisferio occidental”. Lo que se pretende someter ahora, geográficamente hablando, es al conjunto de los países europeos y de la OTAN, que, en opinión de Washington, se benefician gratuitamente y desde hace demasiado tiempo de su protección militar.

Al contrario de lo que parece, el expansionismo territorial no contradice el lema America first tan querido por el movimiento Maga (Make America Great Again) que llevó a Donald Trump a la presidencia. Se considera necesario para defender la concepción fantasiosa de una nación blanca, sin inmigración y hostil al multiculturalismo. Según sus teóricos, Occidente ha fracasado al renunciar a sus imperios y colonias y, lo que es peor, al acoger, tras la Segunda Guerra Mundial, a los nacionales de sus antiguas dependencias.

Europa, en particular, estaría abocada a una “desaparición civilizatoria”. Para responder a ese “peligro” percibido como “existencial”, incluso para los Estados Unidos, la respuesta sería (re)colonizar nuevos territorios. Y en nombre del beneficio, sin escudarse en la defensa de los derechos humanos o la democracia, como fue hipócritamente el caso durante la guerra de Irak, por ejemplo.

La aparición de nuevos eslóganes, como Bring Back Colonialism (Recuperemos el colonialismo) o Make Colonialism Great Again (Hagamos grande de nuevo el colonialismo), resume en pocas palabras la obsesión de Trump por la Gilden Age, la época dorada de los años 1870-1900, marcada por la promoción de los monopolios, el empobrecimiento acelerado de las clases trabajadoras y el retorno de la colonización que los propios Estados Unidos practican en Puerto Rico o Hawái.

Mientras los gigantes digitales se encuentran entre los grandes beneficiarios de esta economía depredadora, podríamos decir devoradora, los proyectos de Elon Musk para Marte nos recuerdan que esta revisión del expansionismo ya no se limita a la Tierra, sino que se extiende al sistema solar.

Ya sea que este momento de inflexión sea testimonio de un "capitalismo de la finitud", como lo describe el historiador Arnaud Orain, o de un "capitalismo del apocalipsis", como lo ve su colega Quinn Slobodian, el resultado es el mismo: la nueva versión del capitalismo se ha desprendido de sus falsas apariencias liberales. Opera, a simple vista, con la mayor crudeza de su violencia, sin preocuparse ya por lo que pueda frenarlo.

Este sistema favorece a un puñado de privilegiados, sin límites geográficos y en detrimento del interés general. En un mundo en el que escasean los recursos, les permite preservar o mejorar sus rentas apropiándose de lo que pertenece a otros.

Para acceder al poder o volver a él, como en las últimas elecciones en Estados Unidos, la defensa de políticas racistas, que excluyen a minorías específicas en beneficio supuesto de los “nacionales”, les ayuda a crear dinámicas verticales de alianzas que rompen la solidaridad de las clases populares. En contra del bien común puede florecer el separatismo de los poderosos (blancos), como describe el libro Zones, là où les riches font sécession (Zonas, donde los ricos practican la secesión), que Mediapart publica este 9 de enero en la editorial Divergences.

La democracia más antigua del mundo se ha transformado así en una plutocracia. La agresión orquestada por Donald Trump constituye un golpe de fuerza contra los venezolanos, así como contra los ciudadanos de los Estados Unidos, ya que revela una política que no puede sino agravar las catástrofes sociales, democráticas y ecológicas contemporáneas.

Es más, al tratar de instaurar un nuevo orden social y racial en el mundo, la nueva concepción estadounidense ataca a todos los pueblos del planeta. Porque, detrás de las veleidades colonialistas, se trata precisamente de eso: de imponer sociedades desiguales, antidemocráticas, racistas y ecocidas.

Ante este desastre, la cobardía de los dirigentes de la Unión Europea, con Emmanuel Macron a la cabeza, es aún más culpable. Con razón, Moscú no ha dudado en señalar los circunloquios de este Occidente que se supone es la punta de lanza de los derechos humanos. “Sus falsos valores están en venta”, ironizó el 3 de enero Kirill Dmitriev, director de un fondo de inversión cercano a Vladimir Putin, encargado de las negociaciones con Donald Trump. “Esperar a que los vasallos asustados tomen la palabra es como esperar a Godot”, se burló, en referencia a la famosa obra de Samuel Beckett, obra maestra del teatro del absurdo.

Al reiterar la falta política y moral del doble rasero ya utilizado con Gaza, los jefes de Estado europeos están acabando con la credibilidad de su apoyo a Ucrania y, en general, a los valores democráticos.

Su "retórica de felpudo" les debilita hasta en su capacidad de defender a sus propios ciudadanos, ya que la “conclusión de Trump a la doctrina Monroe”, tal y como se define en la nueva estrategia nacional de Estados Unidos, precisa que la reafirmación del derecho de injerencia económica va acompañada de la voluntad de intervenir en los asuntos políticos europeos, apoyando por todos los medios, sobre todo los digitales, a las fuerzas de extrema derecha.

El objetivo declarado es someter económica e ideológicamente a los países conquistados. Ahora que las elecciones municipales de este año en Francia servirán de laboratorio para las elecciones presidenciales de 2027, Emmanuel Macron haría bien en recordarlo.

Las sociedades europeas deben dejar de creerse protegidas por sus glorias pasadas, desde la Ilustración hasta las revoluciones democráticas. Les gusta pensar que han estructurado su modo de vida durante siglos.

Deben dejar de considerarse inamoviblemente ancladas en el centro del mundo, a salvo tras las diversas declaraciones que defienden sus derechos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como entre naciones, grandes y pequeñas.

Las sociedades europeas deben dejar de estar sometidas a la brutalidad de unos dirigentes que dejan que todo fluya y que defienden ostensiblemente sus intereses privados en detrimento del interés general.

Ante el deseo hegemónico de Estados Unidos, es de esperar que los pueblos atacados, tanto del Norte como del Sur, tomen el relevo de unos dirigentes deficientes. Contra los imperialismos de todo tipo, incluidos el chino y el ruso, a los que siguen adhiriéndose algunos sectores de la izquierda europea, solo una internacional antifascista sólida, capaz de movilizar más allá de las fronteras las fuerzas vivas de las naciones, podrá resistir a esta apisonadora destructora de los derechos de los ciudadanos.

Desde Indonesia hasta Perú, pasando por Nepal, Madagascar, Marruecos y Serbia, la juventud de muchos países, como en la Primavera Árabe de 2011 y los levantamientos de 2019, se ha manifestado en los últimos meses para defender sus condiciones de vida y luchar contra la corrupción.

En el centro de las reivindicaciones de esta “Generación Z”, que ha sabido apropiarse hábilmente de las herramientas digitales, se encuentra una distribución más justa de la riqueza. Contra la privatización del mundo en beneficio de unos pocos, es urgente no solo escuchar su voz, sino también amplificarla tanto como sea posible.

Traducción de Miguel López

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció este domingo la labor de la "fantástica" líder opositora venezolana, María Corina Machado, pero advirtió que la mayoría de su movimiento "ya no está presente" en Venezuela, por lo que Washington trabajará de momento con el Gobierno de Caracas en pos de una pronta transición.

"María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", dijo Rubio a NBC News. La administración Trump se está enfocando en "lo que sucederá en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses".

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que EE.UU. desea "un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia", un día después de que Washington capturara en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y los enviara a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Rubio aseguró que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

"La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él", manifestó Rubio al canal CBS. Maduro "no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo", manifestó el secretario.

"Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él", agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró en una rueda de prensa tras la detención de Maduro que "sería muy difícil" para Machado presidir la nación, al considerar que la Premio Nobel de la Paz "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

En el reverso del billete de dólar, la frase Novus Ordo Seclorum (nuevo orden secular) anticipa la clave de la nueva doctrina de seguridad estadounidense. El ataque contra Venezuela y la incierta captura del presidente Nicolás Maduro confirman el final del orden liberal, si es que alguna vez existió, y el desanclaje de los Estados Unidos de Trump del orden internacional basado en las normas.

El amanecer del nuevo orden internacional se construye hoy sobre el uso de la fuerza, el revisionismo y la seguridad en el continente. Apunto cinco consecuencias de la intervención militar, cinco dimensiones de análisis del nuevo orden.

El ataque corona la nueva doctrina de un presidente imperial, que ejecuta órdenes sin esperar la aprobación del Congreso, la validación jurídica o la opinión de los medios. El double-check se diluye por el expansionismo del poder presidencial. La segunda administración Trump entiende el nuevo orden bajo una óptica de seguridad: una nación en guerra contra el narco (o las migraciones) y amenazada por las nuevas potencias, eufemismo de China, que no respeta los procedimientos ni los tiempos.

Trump se autoidentifica con presidentes estadounidenses históricos y fundacionales: George Washington (1789), Abraham Lincoln (1861) y Franklin Delano Roosevelt (1940). Los tres fueron presidentes carismáticos y el 250 aniversario de la república cuadra con esta narrativa cesarista.

La erosión del sistema político y jurídico es un hecho. El presidente ha aprobado un paquete extenso y variado de normas que abonan las ideas de poder de emergencia, estado de crisis permanente y ahogo de la oposición y el sistema judicial. El ataque a Venezuela es otro hito más en la reconfiguración de las relaciones de la presidencia con los brazos legislativo y judicial del poder, en línea con la tradición hamiltoniana de un poder ejecutivo fuerte y unificador.

En la esfera internacional, el ataque a Venezuela avanza un modo diplomático basado en la defensa del interés nacional en el hemisferio. Ha vuelto con fuerza la concepción de “América para los americanos (estadounidenses)”: Panamá, México o Canadá empujados a plegarse al mandato trumpista. Y EE. UU. reclamando la soberanía sobre Groenlandia.

En la región, mientras que Brasil y Colombia lideran la oposición regional, el nuevo Chile de Kast y la Argentina de Milei son aliados ideológicos. En el continente se anuncia un viraje hacia las derechas nacionalistas, identitarias y contrarias a la migración.

En Caracas, si la transición se alinea con estos valores, desaparecerá cualquier esperanza de unidad nacional y transición pacífica hacia una democracia plena.

El petróleo. Otra vez, pero por distintas causas. Las infraestructuras, los puertos o los minerales reflejan el cambio de la globalización hacia la geoeconomía. Estados Unidos quiere proyectar su poder en los mercados y la regulación de la energía.

El control del petróleo venezolano, más que suministrar recursos al mercado doméstico, tiene como objetivo imponer precios y dominar la oferta. Los nuevos Estados Unidos alinean soberanía energética, desarrollo tecnológico, comercio y seguridad.

El modelo de Pax Silica, la alianza internacional firmada a finales de 2025 y liderada por Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministro de tecnologías críticas como los semiconductores y la IA, inaugura la era de la diplomacia transaccional, chips a cambio de minerales. A la nueva Venezuela, utilizar sus reservas de hidrocarburos le permitirá participar en el nuevo juego de poder.

La mirada estadounidense sobre los territorios alimenta una política exterior soberanista y revisionista como la de China, Israel o Rusia. Se impone el nomos schmittiano, propuesto a mediados del siglo pasado por el filósofo alemán Carl Schmitt y basado en la distinción país amigo-país enemigo y no en el pensamiento liberal, en el que prevalecen la cooperación, el derecho internacional, la democracia y el libre mercado.

Así, aparecen zonas de influencia, se reparten los recursos y se equilibran los bloques de poder. Sin oposición, China dominaría el escenario en el Sudeste asiático; Rusia enfriaría la guerra para ocupar el 20% de Ucrania y controlar los recursos materiales y la energía; e Israel rediseñaría Oriente Medio y, más pronto que tarde, llegaría a acuerdos comerciales con los países vecinos.

Los valores democráticos, el Estado de derecho o el libre comercio se desvanecen. Sin capacidad efectiva, la Unión Europea sufre en este escenario. Como antes en Gaza, el proyecto europeo tiene un fuerte desacuerdo ideológico con las grandes potencias, pero no consigue hacerse respetar. El efecto de la intervención militar recupera a los hobbesianos y su realismo político, por el que se cede la libertad a un soberano absoluto a cambio de paz y seguridad. En el orden trumpista es la autoridad presidencial, no la verdad, la ley o los valores democráticos, la que hace la ley.

Una nota final en clave interna estadounidense. 2026 es año electoral. Desde marzo a noviembre, habrá 39 elecciones a gobernador y renovación de las cámaras. El trumpismo debate en Venezuela su modelo sucesorio. El capitaneado por J. D. Vance no quiere problemas en el exterior y quiere renovar el modelo económico industrial, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio apuesta por la recomposición del orden internacional con unos EE. UU. fuertes y dominadores. El resultado de la operación venezolana puede ayudar a decantar la balanza y definir al favorito para suceder a Trump en las presidenciales de 2028.

En síntesis, el ataque a Venezuela no es solo una intervención en la región: también representa el cambio de era en el que vivimos. La narrativa trumpista, antes dislocada en lemas y eslóganes vacíos, parece haber encontrado el primer paso de su estrategia. Atrás quedan el poder blando, las relaciones transatlánticas o la zona de paz de la comunidad iberoamericana. Comienza el nuevo orden.

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Juan Luis Manfredi es profesor en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de Castilla-La Mancha

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, "no puede" dirigir Venezuela porque ha sido "cómplice y protagonista de la dictadura, la corrupción y el saqueo" del país y representa su "pasado más oscuro".

Feijóo ha publicado un comunicado en su cuenta de la red social X en el que asegura que la continuidad de Delcy Rodríguez "no sería más que una operación de continuidad del régimen", cuando -ha insistido- el pueblo venezolano "ya ha rechazado (ese régimen) de forma inequívoca en las urnas".

Por ello, ha reiterado que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan "la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad".

Pero este sábado, el presidente Donald Trump aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace" lo que quieren desde la Administración estadounidense.

En una comparecencia desde su residencia personal de Mar-a-Lago (Florida, Estados Unidos), Trump destacó que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, presidir la nación al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

Feijóo, por su parte, ha denunciado, asimismo, que el Gobierno de España ha "renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro", y ha criticado que "la influencia y el respeto que España ha perdido en este proceso serán difíciles de recuperar".

"Todos los que creemos en nuestro país estamos llamados a mostrar la ejemplaridad de la que el Gobierno no ha sido capaz", ha incidido el presidente de los populares.

Feijóo ha reafirmado "los compromisos y los valores que España defiende" y ha incidido en su respeto al Estado de derecho, incluido el derecho internacional, "al que desde luego no pueden apelar quienes han tolerado, cuando no habilitado y ayudado, al régimen criminal de Maduro".

"Antes que nadie fue el propio régimen quien despreció el orden basado en reglas al robar las últimas elecciones e ignorar la soberanía del pueblo venezolano, sin olvidar los años de represión, tiranía y expolio. Revertirlo es, por tanto, imprescindible", ha reivindicado.

El presidente del PP también ha recordado a los miles de presos que están en las cárceles venezolanas, "entre ellos una veintena larga de ciudadanos españoles cuyo único delito ha sido desear la libertad y pelear por ella democráticamente".

Por ello, ha señalado que la cuestión del exilio debe atenderse, así como los intereses españoles en Venezuela: "Seremos firmes en su defensa, a menudo comprometida por las amistades peligrosas de parte de la izquierda española", ha incidido.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien asegura ser el ganador de las elecciones de julio pasado en Venezuela, afirmó este viernes que está "muy cerca" de su país, "listo para el ingreso seguro", y subrayó que Nicolás Maduro consumó un "golpe de Estado" en esta jornada, cuando fue juramentado presidente por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, según informa EFE.

En un mensaje solemne a la nación transmitido por la red social X, Edmundo González dijo que "hoy en Caracas Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio y consuma un golpe de Estado y se autoproclama dictador, no lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua", en referencia a los presidentes Miguel Díaz-Canel, Denis Sassou-N'Guesso y Daniel Ortega.

"Estoy muy cerca de Venezuela, estoy listo para el ingreso seguro y, en el momento propicio, haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia", resaltó González Urrutia, exiliado en España desde septiembre pasado.

"Sigo trabajando -subrayó- las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional", añadió.

González Urrutia aseguró que representa la voluntad de "casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero", un compromiso que tiene "el deber de defender".

En el mensaje también se refirió a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien hoy afirmó que está "bien", aunque con "fuertes dolores y contusiones en algunas partes" del cuerpo, después de ser detenida y, posteriormente liberada, por funcionarios que identificó como integrantes de la Policía Nacional Bolivariana tras participar en Caracas de una manifestación en apoyo a Edmundo González.

"Como lo dijo María Corina, la decisión de cerrar las fronteras y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer con nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos, pero pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan lograremos entrar a Venezuela y pondremos fin a esta tragedia", manifestó González.

Al respecto indicó que están coordinando "todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional quienes han respondido a nuestro llamado y siguen en pie de lucha con nosotros".

Edmundo González señaló que como "comandante en jefe" y "presidente electo" de Venezuela le ordena "al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder y que preparen sus condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular".

"A los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión, a las instituciones nacionales les digo por la paz de la República deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder", añadió.

Se dirigió al pueblo, prometiendo: "no les fallaremos. Nuestro padre libertador nos inculcó el espíritu de lucha y del sacrificio por libertad, la libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia".

González Urrutia finalizó en República Dominicana una gira americana que lo llevó también a Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, sin embargo, hasta este momento no se tiene certeza del lugar en el que se encuentra actualmente, luego de no poder llegar a su país, Venezuela.

El líder del chavismo, Nicolás Maduro, fue juramentado este viernes como el presidente de Venezuela para el período 2025-2031 por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlado por el oficialismo, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio pasado.

El Comando Venezuela, equipo de campaña del opositor Edmundo González Urrutia, denunció el "secuestro" y la posterior liberación de la líder política María Corina Machado, después de que encabezara una manifestación en Caracas en la víspera de la investidura presidencial venezolana. En una publicación en X, el comando opositor señaló que la exdiputada fue "interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba" tras encabezar una concentración en la zona de Chacao, en la capital venezolana, según informa EFE.

"En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada", agregó la información, dada conocer casi dos horas después de que su partido, Vente Venezuela, denunciara que Machado fue "violentamente interceptada". 

A través de su cuenta de X, Machado afirmó este jueves que se encuentra en un "lugar seguro" y "con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final". También señaló que, cuando las "fuerzas represivas del régimen" la detuvieron, un ciudadano fue "herido de bala". "Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron", señaló, al tiempo que dijo que este viernes informará de lo ocurrido durante esta jornada.

El subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, quien informó de que la ONG había confirmado la detención de la líder y exigió su liberación, también ha afirmado que Machado está ya en libertad. "Hemos confirmado con fuentes de la oposición que María Corina Machado ha sido liberada. Exigimos que se garantice su seguridad", dijo en X. Las informaciones iniciales sobre su detención provocaron un aluvión de reacciones de gobiernos de Europa y América Latina en demanda de su puesta en libertad y de garantías para su seguridad.

En efecto, el partido Vente Venezuela (VV) denunció que la líder opositora María Corina Machado fue "violentamente interceptada" tras su salida de la protesta que convocó este jueves para reivindicar la victoria del antichavista Edmundo González Urrutia en las presidenciales, cuyo triunfo oficial adjudicó el triunfo a Nicolás Maduro, según informa EFE.

Machado reapareció este jueves en Caracas rodeada de cientos de seguidores, después de permanecer en la clandestinidad desde el pasado 28 de agosto, cuando participó en otra protesta a favor de reclamado triunfo de González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro.

Más de cuatro meses después de su última aparición pública y a un día de la toma de posesión presidencial, que tanto Maduro como González Urrutia prometen asumir, Machado se presentó en la calle, como había prometido a sus seguidores el pasado martes, durante una rueda de prensa virtual, para reclamar, una vez más, la victoria opositora en las elecciones del pasado 28 de julio.

"Nunca en mi vida me había sentido tan orgullosa. En toda Venezuela la gente salió a la calle", dijo, al llegar al lugar en donde la esperaban, desde horas antes, miles de personas. Asimismo, aseguró que los próximos días serán "históricos y determinantes para la libertad" del país caribeño, como parte del "impresionante" movimiento ciudadano. "Estamos, a partir de hoy, en una nueva fase. Nos estuvimos preparando para estos días y estas semanas", afirmó Machado ante la multitud.

Para Machado, principal valedora de González Urrutia, "el final del régimen" chavista dependerá de lo que haga mañana, cuando está prevista la investidura presidencial, a la que Maduro asegura que asistirá a jurar para un tercer sexenio consecutivo en el poder.

La exdiputada había llamado a los simpatizantes opositores a mantenerse concentrados en "toda Venezuela", con "serenidad y firmeza", y manifestarse por la "lucha" y "conquista" de la "libertad", y con "la misma energía" del 28 de julio, cuando ella y la mayor coalición opositora afirman que ganó González Urrutia por un amplio margen.

Asimismo, cientos de personas se han dado cita en la madrileña Puerta del Sol para participar en la concentración convocada por la oposición venezolana para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio y en contra de un nuevo mandato de Nicolás Maduro. Los manifestantes han comenzado a congregarse en la plaza una hora antes del comienzo de la protesta, fijada a las seis de la tarde, entre ellos el padre del dirigente opositor Leopoldo López y familiares de militares encarcelados en Venezuela exhibiendo sus fotos.

Con gritos de "Fuera Maduro, Edmundo presidente", "No al fraude", "Se ve, se siente, Edmundo presidente" y "Gloria al pueblo bravo" se ha iniciado la concentración que muchos asistentes secundan con la cara pintada con los colores de la enseña nacional venezolana. Ha acudido además provistos de numerosas banderas del país, gorros y globos amarillos, azules y rojos y pancartas con nombres de detenidos y pidiendo justicia. También llevan lemas como "Maduro asesino", "Libertad para todos los presos políticos", "No al fraude" o "Sánchez + Zapatero + lameculo de Maduro".

La concentración cuenta con el apoyo de la derecha española y han asistido los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, así como los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar.

El PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y otros referentes del partido como José María Aznar y Mariano Rajoy, saldrá este jueves a la calle junto a Vox respondiendo a la convocatoria de la oposición venezolana en vísperas de que tome posesión el nuevo Gobierno que tanto Edmundo González como Nicolás Maduro pretenden asumir, ha recogido Europa Press.

Mientras, desde el PSOE "no creen" que nadie de los suyos secunde esta manifestación que tendrá lugar este jueves a las seis de la tarde en la puerta del Sol en el marco del llamamiento realizado por la opositora antichavista María Corina Machado a salir a las calles tanto en Venezuela como en el resto del mundo el 9 de enero.

Precisamente, una de las cosas que el PP y Vox echan en cara a Pedro Sánchez y al PSOE es que no haya reconocido a González Urrutia —el Gobierno le concedió el asilo el mes pasado— como presidente legítimo y que esté actuando con "tibieza" o "connivencia" con el régimen de Maduro.

En este contexto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido además este miércoles que el Ejecutivo dé la voz de alarma ante el "secuestro y acoso a los líderes opositores y sus familias" en Venezuela.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la represión en este país, después de que María Corina Machado denunciase el sobrevuelo de drones en la casa de su madre, en Caracas, y de que Edmundo González Urrutia alertase del "secuestro" por "hombres encapuchados" de su yerno.

También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Maduro de "cobarde, asesino y corrupto" y de querer atemorizar a los dirigentes que le plantan cara.

Abascal ha llamado igualmente a que la gente se movilice masivamente contra el régimen chavista, aunque no ha confirmado si él asistirá a la protesta de la puerta del Sol ni tampoco Vox ha concretado los que estarán en la manifestación.

Quien sí acudirá a esta convocatoria "por la democracia" es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, e igualmente se espera a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, a través de su cuenta de X, ha señalado: "Madrid, como siempre, con Venezuela" haciéndose eco de la convocatoria.

También han asegurado su participación los expresidentes del Gobierno del PP José María Aznar y Mariano Rajoy.

Mientras tanto, González Urrutia inició hace unos días una gira internacional por varios países latinoamericanos y también Estados Unidos, que pretende culminar el 10 de enero en Caracas tomando posesión de su cargo como presidente venezolano, y arriesgándose a ser detenido por el régimen de Maduro.

Tanto el Congreso como el Senado, así como el Parlamento Europeo y algunos gobiernos, han reconocido a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, no así el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque sí se comprometió a hacer todo lo posible para que triunfe la voluntad de los venezolanos.

La oposición venezolana sostiene que fue el ganador de las presidenciales del pasado 28 de julio y ha mostrado actas que confirmarían su triunfo frente a la autoridad electoral venezolana, que proclamó la victoria de Maduro sin publicar documentación que lo acredite suficientemente.

Además, una treintena de naciones, entre ellas España, firmaron en septiembre una declaración conjunta para resolver la crisis política venezolana, conseguir una transición de poder democrática y asegurando que, con la documentación "disponible", el candidato de la oposición había ganado las presidenciales.

El Centro Carter, organización estadounidense que fue observadora electoral en las presidenciales venezolanas del 28 de julio, mostró este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) supuestas actas de votación originales que darían la victoria al opositor Edmundo González Urrutia.

"Se me envió por correo, se lo voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática", dijo la asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jennie Lincoln, durante una sesión de la OEA celebrada en Washington.

Las actas mostrarían que el candidato de la principal plataforma opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios con un 67% de los votos, mientras que el actual mandatario, Nicolás Maduro, habría obtenido el 31%.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, sostiene que Maduro fue reelegido en esas elecciones, a pesar de que no ha publicado las actas con los resultados desagregados. "La falta de transparencia del CNE venezolano y su negativa para brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales", indicó Lincoln durante su intervención.

En la misma sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que "el proceso electoral fue desde el principio de las peores cosas que se pueden cometer". "Como se esperaba no fue ni libre ni justo ni trasparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados" y se anunció un resultado fraudulento, dijo Almagro.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que al Gobierno no le "importa lo que diga" el Centro Carter. "Viene ahora lo que queda del Centro Carter (...) a mostrar unas actas allá en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, no nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Carter", dijo en alusión a la asesora principal para América Latina de esta organización estadounidense, Jennie Lincoln, quien presentó los supuestos documentos.

El ministro venezolano, durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por el canal estatal VTV, aseguró que el país caribeño "decidió" por la candidatura oficialista, por lo que el 10 de enero, cuando comienza el próximo período presidencial, "este pueblo sale a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro".

Además de Cabello, el jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, rechazó las declaraciones de Lincoln, a quien señaló como "una agente del USAID (Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional)". "La señora Lincoln mancilla y enloda el buen nombre del (ex) presidente (estadounidense Jimmy) Carter escupiendo mentiras y atacando a Venezuela. No nos haremos eco de su basura", expresó Rodríguez en Instagram.

El Centro Carter de EEUU y una pequeña delegación de la Organización de las Naciones Unidas fueron los únicos que pudieron llevar representación electoral independiente para observar el proceso de votación de las elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio.

El ente electoral de Venezuela había otorgado la reelección de Maduro como jefe de Estado con el 51,95 % de los votos frente al 43,18 % de apoyos obtenidos por González Urrutia, con el 96,87 % de las actas escrutadas.

EEUU y Argentina sacaron adelante este jueves una declaración conjunta, a la que se sumó una treintena de delegaciones internacionales, entre ellas España y Chile, para resolver la crisis política venezolana y conseguir una transición de poder democrática, después de que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de los comicios de julio por el ente electoral, que aún no publica las actas electorales, según informa Europa Press

Sin embargo, el documento cuenta con grandes ausencias y su influencia será realmente limitada. Brasil, Colombia o México optaron por no formar parte de una iniciativa que no incorpora a Francia entre las potencias europeas, ni ningún país asiático ni tampoco africano. España, que había mantenido en secreto si se adhería, finalmente accedió a integrar esta declaración conjunta.

"Es el momento para que los líderes venezolanos comiencen unas discusiones constructivas e inclusivas de cara a una transición con garantías para ambas partes y solucionar así este impasse político y restablecer pacíficamente las instituciones democráticas", concluye el último párrafo del documento.

Concretamente, las 32 delegaciones que lo integran son: Argentina, Australia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Chile, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, la Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

En esta declaración, refrendada en un encuentro de alto nivel en Nueva York en los márgenes de la semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, también se pide al chavismo el "fin del uso excesivo de la fuerza, de la violencia política y del acoso contra la oposición y la sociedad civil". "Seguimos muy preocupados por la generalizada y vigente represión, así como por las violaciones de derechos humanos, abusos y agresiones tras las elecciones", puede leerse en el texto firmado hoy.

En este, se detallan los supuestos abusos del Gobierno de Maduro y se menciona específicamente "detenciones arbitrarias (incluidas las de niños), muertes, negación de juicios con garantías, tácticas de intimidación, represión contra miembros de la oposición".

En ese "contexto de violencia", el texto se refiere al candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España, como la persona que ganó "la mayoría de votos" de acuerdo a "las actas electorales disponibles públicamente". "Si hoy tenemos un objetivo único, ése es garantizar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano sean realmente respetados y que puedan determinar su propio futuro", afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al inicio de esta cumbre.

Por otra parte, las 32 delegaciones firmantes también coincidieron en exigir a Maduro la reinstauración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país caribeño; y permitir que los seis opositores asilados en la Embajada argentina puedan abandonar el país de forma segura. El encuentro iba a estar comandado en un principio por Chile y Uruguay, pero días atrás esta opción se desbarató.

El cariz ideológico del Ejecutivo argentino, liderado por el presidente Javier Milei (muy escorado hacia una postura anti-Maduro), como coorganizador del foro contribuyó a que México, Colombia o Brasil decidieran no integrarse.

Pero ha resultado llamativo que tampoco otros países de la región, como Paraguay, Uruguay o Ecuador, se adhirieran. España, cuya presencia en el foro y firma de la declaración ha sido una incógnita hasta esta mañana, finalmente sí ha optado por unirse.

Por su parte, Venezuela rechazó esta declaración. En un comunicado, el Gobierno chavista expresó que esa declaración conjunta, suscrita por "un puñado" de "Gobiernos satélites" de Estados Unidos para "atacar al pueblo venezolano", no es más que "un acumulado de infamias, distorsiones y aspiraciones golpistas, cuyo epílogo será, como siempre, un estrepitoso fracaso".

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y sus "países lacayos", según el Ejecutivo venezolano, pretenden "invocar la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano mientras lo agreden" con "medidas coercitivas ilegales y planifican acciones terroristas" para "desconocer su voluntad democrática".

"Ya en Venezuela se pronunció el Consejo Nacional Electoral y su resultado fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia", señaló Caracas, en referencia a un fallo que convalidó la reelección de Maduro, proclamada por el ente comicial con base en unos resultados que, tras casi dos meses de las presidenciales, aún se desconocen de forma desagregada.

Entretanto, la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- insiste en que su abanderado, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las elecciones del 28 de julio, y para sustentar su reclamo publicó en una página web el "83,5 % de las actas" que dice haber recabado el día de los comicios a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa.

El líder opositor en Venezuela y candidato a la presidencia de su país Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio emitió este jueves un comunicado en Madrid en el que aclara que no ha sido coaccionado por el Gobierno de España para ser trasladado y asilado en este país. "No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos", dice en el comunicado recogido por EFE en que comienza justificándolo "ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español".

González Urrutia subraya que todas las gestiones de su traslado "fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Alabares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión". "Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mi", asegura el candidato presidencial venezolano, que este jueves fue reconocido en el Parlamento Europeo como presidente electo de su país .

"Con esta aclaración, espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de mi traslado y reiterar mi agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos", concluye el comunicado.

Tras hacerse público este comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido a González Urrutia que haya defendido la verdad frente a las calumnias contra España. "Gracias Edmundo González Urrutia por defender la verdad frente a las calumnias e injurias contra España y su servicio exterior", ha publicado el ministro en un mensaje en X.

Albares ha añadido: "Hay momentos para ser oposición Alberto Núñez Feijóo y PP y otros en los que hay que ser un solo país". "España está comprometida con la democracia y derechos humanos", ha concluido.

Desde el PSOE se ha reclamado a Feijóo que pida perdón por acusar al Gobierno español de coaccionar al líder opositor. "Feijóo no tiene sentido de Estado alguno, como demuestra llegando a utilizar bulos con el único fin de dañar la política exterior de España", han afirmado fuentes del PSOE, que han subrayado que "en el PP no hay ni estrategia ni liderazgo, solo insultos, bulos y desgobierno".

El partido socialista ha pedido, asimismo, la dimisión del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, por hacer acusado al Gobierno "de estar detrás de un intento de golpe de Estado en Venezuela".

Por su parte, el PP, tras más de doce horas de silencio, ha insistido en pedir la dimisión del ministro Albares, porque dijo que no había negociado nada con el Goierno de Nicolás Maduro y, sin embargo, la salida de Venezuela del opositor González Urrutia se "pactó" en la Embajada de España con el embajador como "testigo" de las "coacciones". La dimisión del ministro y las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "más urgentes aún" que el jueves, han apuntado fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Advierten de que el Gobierno debería liderar un frente internacional para facilitar el cambio político en Venezuela y deponer al dictador que, según sostienen, perdió las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Pero España, subrayan, está frenando esa posibilidad. El embajador ha sido "testigo de coacciones" y la embajada ha sido el lugar en el que se han producido, añaden.

"Si Feijóo fuera presidente, España ya reconocería a Edmundo González como presidente electo de Venezuela", aseguran las fuentes, que lamentan que Maduro no acate el resultado electoral ni Sánchez respete la voluntad del Congreso de los Diputados, pese al reconocimiento tanto de esta cámara como del Parlamento Europeo. 

Esta declaración tiene lugar, por un lado, después de que desde Venezuela se revelara que González Urrutia había firmado un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, lo que el líder opositor ha admitido y aclarado que lo hizo coaccionado por las autoridades de su país, como condición para viajar a España.

El jueves, el PP acusó al Gobierno de España de estar implicado "como cooperador necesario" en el "golpe de Estado que se ha producido en Venezuela" y ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el "gran urdidor" de la "operación".

González Pons ha expresado el "asco", "vergüenza" e "indignación" que le ha producido el vídeo en el que el excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González, exiliado desde el 8 de septiembre en España, denuncia que firmó bajo "coacción" en la residencia del embajador español en Caracas un documento reconociendo la victoria de Maduro. Estas declaraciones han sido rechazadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, quien ha conminado a Feijóo a que invite a Pons retractarse. 

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, presentó este martes el proyecto de acuerdo con el que instará al Gobierno a "evaluar" la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, como respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo.

El documento, leído durante la sesión y que recoge EFE, insta "al Ejecutivo nacional a que evalúe, en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición" del Congreso español contra "la constitucionalidad venezolana".

El pasado 11 de septiembre, el Congreso, con el voto en contra del PSOE, aprobó una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular en la que pide al Gobierno reconocer como presidente de Venezuela a González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de este mes para buscar asilo ante la persecución que asegura haber sufrido en su país.

En ese sentido, la Asamblea Nacional (AN, Legislativo) venezolana rechaza, según el proyecto de acuerdo, "la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso" y exhorta a los parlamentarios españoles a "respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió, soberanamente", a Maduro como "presidente reelecto" en los comicios del 28 de julio.

Ese resultado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que todavía se desconocen de manera desagregada, es rechazada y señalada como "fraudulenta" por la oposición mayoritaria -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y ampliamente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional, que exige la publicación de las actas.

El proyecto de la AN señala la decisión del Congreso español como una "acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática" de Venezuela, además de la "voluntad soberana de todo un pueblo". Asimismo, dice que, en los últimos años, la "ultraderecha española ha refugiado a criminales, fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes conjuntamente con la derecha venezolana, han promovido golpes de Estado fallidos" en el país caribeño y "la explosión de violencia para generar desestabilización política y social".

"Jamás aceptaremos que ningún Gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestro asuntos internos", agrega el documento. El proyecto fue presentado a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien, la semana pasada, pidiera redactar una resolución, que espera sea aprobada, para instar al Ejecutivo a romper "todas las relaciones" diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España.

Rodríguez exigió que la resolución establezca que "todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato", en respuesta a lo que consideró como "el atropello más brutal" de España contra Venezuela "desde los tiempos" en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso de la nación europea. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el plan de regeneración democrática que anunció meses atrás y que ha subrayado que pretende defender el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, según informa EFE. El líder del Ejecutivo ha informado de esa aprobación en su intervención en la reunión que ha presidido en el Congreso con los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas para analizar el horizonte del nuevo curso político.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado que la democracia esté siendo "asediada" por campañas de desinformación, bulos, presiones a periodistas y "corruptelas".

Para hacer frente a esa situación, Sánchez ya dijo tras los cinco días de reflexión que tuvo a consecuencia de la campaña que cree que sufrían tanto él como su esposa, Begoña Gómez, que presentaría un plan de regeneración democrática, cuyo contenido ha debatido el PSOE con otros grupos parlamentarios y que se plasmará en las iniciativas que apruebe este martes el Congreso.

Se denominará Plan de Acción por la Democracia, y Sánchez ha dicho que emana de la Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. "Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, al Congreso y a nuestro ecosistema informativo", ha añadido sin detallar el alcance de las medidas que incluirá.

Sí ha confiado en que cuente con el apoyo del Partido Popular porque ha advertido de que no se entendería que sus representantes en la Eurocámara apoyen unas medidas que luego no sean respaldadas en el Congreso. 

Durante esta intervención, Sánchez también se ha comprometido a "defender la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela" y ha exigido al régimen de Nicolás Maduro que publique las actas de las elecciones para verificar de forma "imparcial e independiente" los resultados. Aunque no ha hecho ningún comentario específico sobre la crisis diplomática entre España y Venezuela, sí que ha mencionado este país al hablar de sus prioridades para este curso político.

Entre ellas, ha mencionado la "defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al Gobierno que publique las actas electorales y permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones".

Algo que, según ha añadido, el Gobierno de España lleva pidiendo desde hace un mes "junto a la mayoría de los países occidentales y el resto de estados miembros de la Unión Europea".

Por otro lado, ha denunciado a aquellos que usan la política exterior "como un instrumento para atacar al Gobierno de España o dividir a los ciudadanos, como estamos viendo en estas últimas semanas". "Cometen la grave irresponsabilidad de secundar campañas de desinformación y desestabilización que impulsan actores externos", ha añadido en una alusión implícita al PP y al régimen de Venezuela. 

Como demócrata sincero que era, Allende siempre supo respetar que el resultado de cualquier elección es uno de los requisitos de la democracia, y, por supuesto, nunca persiguió o encarceló a sus adversarios políticos. Ningún opositor tuvo que exilarse porque temiera por su libertad o vida.

Paradójicamente, fue un resultado electoral favorable a Allende en marzo de 1973 lo que decidió a los golpistas a tomar su decisión criminal, porque se dieron cuenta de que respetando la democracia no derrocarían al presidente chileno. Tal fue el triunfo de Allende, no su fracaso. La democracia volvió a Chile legitimando así la acción política del presidente derrocado.

Al iniciar su andadura política, ni Chávez ni sus asesores se fijaron en Allende porque quizá lo consideraron fracasado o porque Chávez también había sido golpista. Chávez y después Maduro no abogaron por las bases para el desarrollo de un socialismo democrático. Creo que nunca entendieron lo que significaba ser socialista y demócrata como sí lo entendió y asimiló Allende. Miraron y admiraron demasiado a la Cuba de Fidel Castro y adoptaron algunas de sus prácticas. Allende respetó a Castro pero nunca se le ocurrió tratar de implantar alguna de sus políticas.

Si Chávez y Maduro hubieran imitado y asimilado el legado democrático de Allende, Venezuela no se encontraría en la situación actual y seguramente sería un país más estable, más próspero y con menos desigualdades.

Las lecciones de Allende siguen vigentes. En mi opinión, la izquierda o es democrática o no es izquierda.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que prevé reunirse esta misma semana con el opositor venezolano Edmundo González y ha considerado que cualquier lectura política que se haga de su presencia en España es inapropiada porque se trata de una cuestión de humanidad. El líder del Ejecutivo ha hecho estas consideraciones en Shanghái en una breve conversación informal con los periodistas que cubren su visita a China tras inaugurar la nueva sede del Instituto Cervantes en esta ciudad, según recoge EFE.

El día en que el jefe del Ejecutivo volaba a Pekín se conoció que González se desplazaba a petición propia a España, adonde llegó este domingo y poco después fuentes del Gobierno informaron de que la intención de Sánchez era verse con él lo más pronto posible.

El presidente del Gobierno ha confirmado que pretende reunirse con él a su regreso del viaje, y en función de la hora en la que llegue a Madrid el próximo jueves puede hacerlo ese mismo día o, si no, el viernes.

En ese encuentro quiere conocer detalles de cómo se encuentra González, que ha pedido asilo político en España, así como su familia. Lo que sí ha hecho Sánchez es rechazar las críticas del Partido Popular al hecho de que Edmundo González haya viajado a España. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, consideró que la presencia de Edmundo González en España no supone hacerle un favor a la democracia, sino quitarle "un problema a la dictadura de Maduro".

Ante ese tipo de acusaciones, Sánchez ha asegurado que cualquier consideración política que se haga sobre esa decisión es inapropiada. La decisión ha recalcado que se ha adoptado por una mera cuestión de humanidad.

Fuentes del Gobierno han criticado el "cinismo e hipocresía" del PP en este asunto, que consideran que lo utiliza contra el Ejecutivo como un arma política, e insisten en que no ha habido una negociación política con Nicolás Maduro para la salida de Edmundo González. Hacen hincapié además en que el Ejecutivo español ha sido el más claro y más duro pidiendo que se hagan públicas las actas de las elecciones presidenciales venezolanas. 

Un tribunal de Venezuela especializado en delitos relacionados con terrorismo ha emitido este lunes, menos de una hora después de que lo solicitara la Fiscalía, una orden de detención contra el opositor Edmundo González Urrutia, quien fuera el candidato presidencial del mayor bloque de la oposición en las elecciones del 28 de julio, según informa EFE.

El Ministerio Público difundió en Instagram la orden, en la que se especifica que una vez realizada la aprehensión "deberán ponerlo (a González Urrutia) inmediatamente a disposición" del ente fiscal, que, a su vez, "deberá presentarlo ante (el tribunal) dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión". Esto, prosigue el escrito, con el fin de celebrar una "audiencia oral en presencia de las partes y resolver lo conducente", toda vez que el excandidato está señalado por el Estado venezolano por, presuntamente, haber cometido los delitos "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".

El Ministerio Público solicitó a la justicia emitir una orden de detención al líder opositor luego de que este no atendiera las tres citaciones hechas, en las que esperaban rindiera declaraciones en el marco de una investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude que hizo sobre las presidenciales.

La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora —la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)— asegura haber cargado "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa para reforzar su alegato, según el cual González Urrutia ganó los comicios por amplio margen.

La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de "falsas", después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamase como ganador de los comicios a Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, de los cuales algunos respaldan que González Urrutia ganó la Presidencia. 

La formación, a través de X, rechazó este lunes la orden de detención y expresó su "rotunda condena a la profundización de la persecución política en contra" de quien fue su candidato presidencial. "Los venezolanos y el mundo miran con indignación a un régimen que no fue capaz de publicar en el tiempo legal previsto ni un acta que soporte el fraudulento resultado anunciado por el (Consejo Nacional Electoral) CNE, pero que sí es capaz de construir en minutos una orden de aprehensión en contra del ganador de la elección presidencial", señaló la PUD.

Esto, prosigue, "evidencia que el régimen pretende seguir violando el ejercicio de la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio en favor de un cambio político en el país".

La coalición, que asegura haber ganado las presidenciales, tildó de "írrita" la orden de aprehensión, la cual fue emitida menos de una hora después de que la Fiscalía diese a conocer que la había solicitado al tribunal. "Toda persecución nos encontrará unidos, firmes y articulados en defensa de la mayoría contundente que se expresó el pasado 28J. Al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, mantengámonos firmes y articulados en la defensa de la voluntad expresada", añadió la alianza.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que González Urrutia "pretende estar por encima de las leyes". "Él pretende estar por encima de las leyes (...) este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de que decir no reconoce leyes, que no reconoce nada, eso es inadmisible", dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión.

Aunque Maduro no se refirió a la orden de captura, reiteró que el opositor está "enconchado" (escondido), en referencia a la decisión de González Urrutia de mantenerse "bajo resguardo" debido a las reiteradas amenazas de detención luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por no reconocer el resultado oficial, en las el actual presidente fue proclamado ganador.

El jueves 1 de agosto se produjo el cuarto día consecutivo de protestas y enfrentamientos en Venezuela, tras la supuesta victoria del actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según la ONG Human Rights Watch, durante los tres primeros días han muerto al menos veinte personas y la fiscalía ha informado de que han sido detenidas más de mil personas.

En este contexto de extrema tensión, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha llamado a la "movilización" por primera vez desde el comienzo de la semana, en un mensaje publicado en la red social X el miércoles por la noche. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato chavista ganó con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de su principal adversario, Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado, a quien se había impedido presentarse.

Pero la oposición presenta otras cifras en una página web creada para la ocasión: 67% para González contra 30% para Maduro en base a un recuento del 81,85% de las actas emitidas por cada máquina de votación al final de la jornada. El pasado miércoles, en una larga rueda de prensa en Caracas, el presidente Maduro decretó que "María Corina Machado y Edmundo González deberían estar entre rejas". Y advirtió: "No queremos volcarnos hacia otras formas de revolución. Pero si nos vemos obligados a ello, no me temblará el pulso".

Más allá de la batalla entre el chavismo y la oposición, es decisiva la actitud de la comunidad internacional para perfilar una salida a la crisis. Algunos países, como China, Rusia, Irán, Cuba, Bolivia y Nicaragua, reconocieron rápidamente los resultados el lunes.

Pero el resto de la comunidad, siguiendo los pasos de Naciones Unidas, exige transparencia y la publicación por parte del CNE de los resultados detallados de las elecciones, es decir, las famosas actas, para comprobar que las cuentas en papel concuerdan con los resultados calculados por las máquinas. Al final de una conversación telefónica de treinta minutos mantenida el martes, los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva y Joe Biden, instaron a Caracas a "divulgar inmediatamente los datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los colegios electorales".

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de izquierdas, esperó dos largos días antes de reaccionar el miércoles en X en un extenso texto en el que expresó su deseo de que "las elecciones terminen en paz, permitiendo un seguimiento transparente con el escrutinio de las papeletas y las actas, y bajo la supervisión de todas las fuerzas políticas [de Venezuela]".

Las posiciones de Brasil y Colombia son decisivas en la actual crisis, dos países liderados por una izquierda que no ha cortado sus lazos con el chavismo. En su día, Lula simpatizaba con Hugo Chávez, y sigue siendo muy crítico con las sanciones internacionales impuestas contra Caracas. En cuanto a Petro, está convencido de que el éxito de su mandato en Colombia depende de la vuelta a la normalidad en la vecina Venezuela.

Desde el domingo, ambos países se han cuidado en sus comunicados de no ofender a Maduro con el fin de mantener una posición de intermediarios. En su texto, Petro retoma la idea planteada por Colombia antes de las elecciones: un acuerdo entre las fuerzas políticas, en el que el partido ganador se compromete a no perseguir después al partido perdedor. Una "declaración unilateral de Estado", en palabras de Petro, que sería notificada a Naciones Unidas. El presidente colombiano también insta a Washington a levantar las sanciones económicas contra Venezuela, para insuflar oxígeno a un país económicamente agotado.

Otro país clave del continente americano liderado por la izquierda, México, por voz de la que será presidenta a partir del martes 30 de agosto, Claudia Sheinbaum, reclamó también esa exigencia de transparencia. Pero la ex alcaldesa de la Ciudad de México añadió una aclaración: "No estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre y soberano, y debemos reconocer la autodeterminación del pueblo venezolano".

Sheinbaum se refiere en particular al comunicado publicado el martes 30 de julio por la Organización de Estados Americanos (OEA), que denunció la "aberrante manipulación" de Maduro de los resultados del domingo. Desde entonces, el presidente saliente de México –y partidario de Sheinbaum–, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha anunciado que va a boicotear la próxima reunión de la OEA, en desacuerdo con la "parcialidad" de la institución. "No es serio, no es responsable, eso no ayuda a encontrar una solución pacífica, democrática", dijo AMLO.

Por su parte, Gabriel Boric, el presidente de Chile, también de izquierdas, fue uno de los primeros en reaccionar el lunes y pedir más transparencia en los resultados antes de reconocer cualquier victoria del bando chavista, estando de viaje en Emiratos Árabes Unidos. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", dijo.

Tal y como recoge el diario El País, el afán de Boric por distanciarse de Maduro ha causado un revuelo en el seno de su propia coalición en Santiago, pues el Partido Comunista, parte de ella, ha reconocido la victoria de Maduro.

La posición de Boric ha irritado sobre todo al principal afectado. El mismo lunes por la tarde, el gobierno venezolano ordenaba la expulsión de los embajadores de siete países, entre ellos Chile, pero también Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. La respuesta de Boric fue que Caracas "demuestra una profunda intolerancia hacia la disidencia, algo esencial en una democracia".

Desde ese punto de vista, la expulsión del embajador argentino sorprende menos, dado que Javier Milei, el presidente libertario de extrema derecha elegido en 2023, goza mostrando su odio al chavismo siempre que puede. El lunes publicó un vídeo dirigido al "heroico pueblo venezolano": "El fraude organizado por el dictador Nicolás Maduro no es más que una victoria pírrica: cree que ha ganado una batalla, pero lo más importante es que los leones venezolanos han despertado."

En un acto tan previsible como siniestro, Maduro se apresuró a saltar a la palestra, insultando al presidente argentino y haciendo que sus seguidores en Caracas repitieran el insulto: " Milei, basura, tú eres la dictadura."

En Buenos Aires, las distintas corrientes peronistas, una familia política difusa que va desde la derecha hasta la extrema izquierda, adoptaron posturas diferentes sobre el resultado de las elecciones. Sergio Massa, el candidato peronista de derechas que fue derrotado por Milei en 2023, se negó a reconocer la victoria de Maduro. Pero la ex presidenta Cristina Kirchner, leal a Maduro, ha guardado silencio hasta ahora. Está previsto que hable sobre el tema en una conferencia el sábado 3 de agosto en México.

El pulso entre Buenos Aires y Caracas se complica aún más por el hecho de que la embajada argentina en Caracas acoge desde marzo a seis opositores venezolanos en calidad de refugiados políticos. Eran miembros del comité de apoyo de María Corina Machado cuando aún era la candidata oficial de la oposición a las elecciones presidenciales. La expulsión de los diplomáticos argentinos hace aún más incierto su destino.

A estas alturas, ante la presión internacional, Nicolás Maduro se ha comprometido a "aclarar todo lo que haya que aclarar". El CNE justifica los retrasos en la publicación del recuento preciso por un ataque informático. Según la Fiscalía, este ciberataque, lanzado desde Macedonia del Norte, ha sido planeado por opositores venezolanos. El ministro de Transformación Digital de Macedonia del Norte ha negado las acusaciones de la fiscalía venezolana.

Traducción de Miguel López