Tras una serie de victorias en los últimos meses en bastiones demócratas como Nueva York y Denver, la izquierda progresista ha vuelto a asestar un nuevo golpe. Ha ganado una de las primarias más reñidas para un escaño en el Senado por Míchigan, un Estado considerado “morado” (que puede inclinarse tanto hacia el “rojo” republicano como hacia el “azul” demócrata).

Tras la jornada electoral celebrada el martes 4 de agosto, fueron necesarias varias horas para determinar quién se imponía en las primarias demócratas más caras de la historia, con un coste de unos 60 millones de dólares. Sin embargo, el vencedor para suceder al senador demócrata Gary Peters —que decidió retirarse tras tres mandatos— fue precisamente el candidato que menos dinero recaudó: Abdul El-Sayed.

Este epidemiólogo y podcaster, hijo de inmigrantes egipcios y musulmán, ganó por un estrecho margen el derecho a disputar el escaño en el Senado este otoño frente al republicano Mike Rogers en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovará un tercio de la Cámara Alta. Lo que está en juego es importante para el Partido Demócrata, que tiene la oportunidad de recuperar el control del Senado.

Su rival derrotada, Haley Stevens, diputada reelegida en tres ocasiones y respaldada tanto por el líder de la minoría demócrata en el Senado como por el senador saliente, representa el ala más centrista del Partido Demócrata y una visión antagónica.

Abdul El-Sayed, respaldado por Bernie Sanders, senador por Vermont, defiende, frente al trumpismo, una política económica favorable a los trabajadores y menos beneficiosa para las grandes empresas y los multimillonarios, una sanidad pública universal y, sobre todo, el fin del apoyo estadounidense a Israel por el genocidio en Gaza. Haley Stevens, por su parte, recibió unos 30,6 millones de dólares de grupos vinculados a la AIPAC, el poderoso lobby proisraelí, al que sus detractores acusan habitualmente de comprar la influencia de los políticos a los que apoya.

Mucho antes de que se conociera el resultado, Abdul El-Sayed se dirigió a sus seguidores en Detroit con un llamamiento a la unidad del Partido Demócrata. “Independientemente de cómo nos sintamos tras la campaña que acabamos de terminar, quiero que entendáis que no es nada comparada con el cinismo, el corporativismo y las mentiras que Mike Rogers y Donald Trump van a propagar”, afirmó. “Mañana empezaremos a recomponer las piezas”, añadió.

En un comunicado, Haley Stevens aseguró estar “orgullosa de brindar su apoyo” a Abdul El-Sayed. “Donald Trump y Mike Rogers quieren que salgamos de estas primarias agotados y divididos para que sus seguidores multimillonarios puedan intervenir y permitir que Mike Rogers se haga con este escaño en el Senado”, escribió.

La izquierda progresista también logró dos victorias en la carrera por la Cámara de Representantes. En el séptimo distrito de Míchigan, con sede en Lansing, al noroeste de Detroit, ganó el activista ecologista William Lawrence, respaldado por Abdul El-Sayed, Bernie Sanders y el Working Families Party (Partido de las Familias Trabajadoras). En otoño se enfrentará al congresista republicano Tom Barrett, elegido en 2024 al calor de la ola pro-Trump, pero que podría perder el escaño en noviembre. Aunque William Lawrence fue militante de los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA), no era el candidato oficial de esa organización.

William Lawrence, de 35 años, cofundador del Sunrise Movement, una organización que lucha contra el cambio climático, ha centrado su campaña en los mismos temas que han permitido recientemente a la izquierda progresista imponerse en la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York o en Denver: una mayor fiscalidad para los multimillonarios y el fin del envío de armas a Israel.

Pero también se ha distinguido por el énfasis puesto en la oposición a los centros de datos (data centers). Míchigan es uno de los lugares donde proliferan los proyectos de centros de datos. En una entrevista, explicó que no esperaba tener que hablar de ello cuando se lanzó a la campaña hace casi un año, pero, justo después, se presentaron cuatro proyectos en su distrito. Señaló que asistió a varias reuniones informativas para escuchar la opinión de la población, lo que le llevó a la convicción de que se trata de un “abuso de poder que se aprovecha de comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente”.

Se ha declarado a favor de una moratoria nacional sobre la construcción de centros de datos, y este fue el primer tema de su primer vídeo de campaña, en el que explica, grabado en medio de un campo, que “los multimillonarios de la tecnología quieren convertir esta finca en un centro de datos gigantesco que encarecerá [las] facturas de energía y arruinará el valor de [sus] casas”.

William Lawrence también es partidario del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde), un proyecto de economía descarbonizada impulsado por el Sunrise Movement y respaldado, entre otros, por Alexandria Ocasio-Cortez en la Cámara de Representantes. Al obtener más del 43% de los votos, William Lawrence contó con la presencia de dos rivales demócratas moderados, Bridget Brink, exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, y Matt Maasdam, un exmilitar y asesor de Barack Obama, que obtuvieron respectivamente el 28,8% y el 27,6% de los votos.

En un comunicado, William Lawrence consideró que los votantes “han enviado un mensaje claro: están hartos de que los multimillonarios de Silicon Valley y la élite de Washington decidan el futuro de sus ciudades y de su país”. “Quieren un representante independiente, que no tenga miedo de plantar cara a los líderes de ambos partidos y de luchar por los trabajadores”, añadió.

En una entrevista con el New York Times antes de las elecciones, el activista recomendaba a quienes, dentro de su propio partido, mostraban preocupación por su candidatura que “salieran a hacer campaña puerta a puerta”. Y añadía: “Lo que oirán es que la gente está cabreada con los centros de datos. Los votantes de Trump le están dando la espalda por lo de Irán. Nadie puede permitirse comprar productos de primera necesidad. Están hartos de los políticos financiados por las grandes empresas. Por eso hemos conseguido generar este impulso”.

En el decimotercer distrito, un bastión demócrata que incluye Detroit y parte de sus suburbios, el candidato respaldado por la DSA Donavan McKinney logró desbancar al congresista demócrata Shri Thanedar un acaudalado empresario. Tras la victoria de este último en 2022, Detroit se había quedado sin representación negra en el Congreso por primera vez desde principios de la década de 1950.

No obstante, los progresistas también sufrieron un revés en las elecciones del martes. En Misuri, otra representante de la DSA, Cori Bush, no logró regresar al Congreso. La defensora de la causa palestina fue derrotada por el congresista demócrata Wesley Bell en la región de San Luis. Hace dos años, Bell ya había derrotado a Bush. En esta ocasión volvió a contar con el apoyo financiero de grupos proisraelíes. Se trata del segundo revés consecutivo para una figura destacada del ala progresista.

Traducción de Miguel López

1. El curso 1976/77 estudiaba 8º de EGB en el colegio salesiano de Santander. Como aquel niño Alcántara de ficción, uno estaba atento a las cosas que oía en el barrio y en casa, pues los padres empezaban a ser más permisivos y también se expresaban con más libertad, al menos en el ámbito doméstico, y les oías comentar las noticias del telediario de la noche —"hijoputa", solía decir mi padre cuando en el televisor aparecía Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Laborales, pues nunca anunciaba subidas salariales y siempre hablaba de apretarse el cinturón; "¿más?", solía añadir mi padre después del improperio saludo y escuchar sus declaraciones—, pero sobre todo uno estaba atento a la tele.

Los menores teníamos los viernes, antes del telediario, hasta un espacio informativo propio, La semana: informativo infantil y juvenil, dentro del programa Un globo, dos globos, tres globos. Algún viernes de abril de 1977, después del "Sábado Santo rojo", según el título de Joaquín Bardavío que conservo, escucharía con el rostro hacia adelante, las manos apoyadas en la cara y los codos sobre las piernas con pantalones cortos, la adaptada información al público adolescente de La semana sobre la legalización del PCE, pero no lo recuerdo.

Sin embargo, mi memoria tiene tallado el primer mitin al que asistí un mes antes, el 13 de marzo, en el paraninfo de Las Llamas de la UIMP. De cómplice llevé a mi amigo Carlos, un año menor que yo. En aquel salón de actos se hacían actos culturales. Pero esa mañana de aquel domingo, cuando aún no se habían convocado las elecciones del 15 de junio de 1977, quien actuaría no era un poeta, ni un cantautor ni una compañía teatral, sino un jovencísimo dirigente político, Felipe González, y de telonero un aún más joven dirigente de las Juventudes Socialistas, el paisano Tino Brugos, de dilatada militancia sociopolítica tras su expulsión por "trotskista" del PSOE, sindicalista y sempiterno activista, fallecido en noviembre de 2025. Tengo para mí que este es el primer acto legal del PSOE en España desde 1936, pues fue legalizado un mes antes, el 11 de febrero.

De aquel mitin, al que asistieron según las crónicas 3.000 personas —y dos menores de 14 años—, me vine con una chapa roja y en blanco las siglas PSOE que llevé entre gozoso y preocupado algunos días en el colegio de marzo a junio. Un día, un profe seglar, el Cipri, me llamó a la tarima, pero no me afeó, más bien quería que se viera la chapa porque me pidió que bajara el brazo que yo había recogido sobre el codo para ocultarla, y aprovechó para llamar pistoleros a los de UCD cuando en ese momento pasó un coche con altavoces anunciando un mitin de Suárez —a nosotros nos llamaba pistoleros y él era el sheriff—. A quienes no les hizo mucha gracia mi outfit fue a los religiosos, a pesar de la abierta pastoral juvenil salesiana: una cosa es cantar con guitarras en misa y otra hacer propaganda política en el colegio. De hecho, el jefe de Estudios me cesó como delegado de clase. Al curso siguiente comencé 1º de B.U.P. en el instituto José María de Pereda.

2. El 15-J fueron las primeras elecciones libres desde 1936, pero no fueron pluralistas del todo, pues estaban prohibidas las candidaturas republicanas y no todos los partidos fueron legalizados para los comicios. ERC tuvo que amputar la erre para presentarse a las elecciones e Izquierda Republicana, el partido histórico fundado por el presidente Manuel Azaña en 1934, fue legalizado en noviembre, cinco meses después de las elecciones.

Las cartas estaban marcadas, pero era tanta el ansia de libertad —y el egoísmo competitivo— que los partidos de izquierdas legalizados miraron para otro lado cuando otros no fueron legalizados a tiempo para las elecciones del 15-J y tuvieron que presentarse con marcas blancas. También se compitió con las normas electorales aprobadas el 18 de marzo de 1977 por el segundo Gobierno del recién rey restaurado, aunque tampoco creo que fuera posible rechazarlas. El PSOE pudo modificar esa normativa electoral cuando la mayoría absoluta del cambio, por ejemplo, no manteniendo el mínimo de dos diputados por provincia, que favorece la representación de las hectáreas en lugar de las personas, como tampoco estableció ampliar hasta los 400 diputados del Congreso, previsto en la Constitución, y repartir así los 50 diputados para aprovechar los restos en las circunscripciones electorales provinciales como se hace en otros países. Con la LOREG de 1985, el PSOE consolidó la arquitectura electoral aprobada por aquel Gobierno no democrático de Adolfo Suárez, incluido el sistema mayoritario, las listas abiertas y el voto limitado para el Senado.

Precisamente, para evitar las condiciones mayoritarias del sistema electoral del Senado en las elecciones de 1977, se ensayó un experimento unitario de las izquierdas, aunque no en todas las circunscripciones. El PSOE y el PCE presentaron sus propias candidaturas en una treintena de circunscripciones y en el resto formaron parte de candidaturas unitarias o las apoyaron. Hubo siete candidaturas bajo la denominación Senado Democrático, cuatro de la Entesa dels Catalans en Cataluña y otras tantas del Frente Autonómico en el País Vasco y Navarra, mientras la Candidatura Democrática Gallega se presentó en tres circunscripciones y una fue la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática en Zaragoza, Rioja Democrática y la agrupación electoral Fuerzas Democráticas en Cantabria, entonces provincia de Santander.

Esta última candidatura, presentada bajo el lema "Senadores por la Democracia, otra política y otra gente", estaba formada por el abogado Benito Huerta Argenta, que salió elegido senador, y los catedráticos de instituto Tomás González-Quijano y Eduardo Obregón Barrera.

3. Quijano y Obregón fueron mis profesores de filosofía y de griego en el INB José María de Pereda. Haber conocido sus rostros en los carteles sobre fondo verde, pegados en las paredes de mi ciudad, antes que en el aula, me hizo disfrutar y estar atento a sus clases en aquel «tiempo-ahora» —Jetztzeit—, en aquellos días de transición de la dictadura a la democracia.

Recuerdo aquellas clases magistrales de Tomás González-Quijano, casi asambleas, pues socráticamente nos sometía a todo tipo de deliberaciones, donde iba desgranando el pensamiento de las históricas luminarias de la filosofía y, alternativamente, lanzaba una sucesión de preguntas en el aire que sus alumnos interiorizábamos y los más atrevidos levantábamos la mano para torpemente debatir o enmendar al filósofo de turno y a nuestro querido profesor. De aquellas clases recuerdo cómo germinó en mí el interés por la ética y por las obras del joven profesor José Luis López Aranguren, a quien tuve el honor de conocer en los estudios de RNE 1 y conversar con él en su estudio de la calle Zurbarán a mediados de los años ochenta.

De las clases de Eduardo Obregón aún conservo La Constitución de Atenas, de Aristóteles, nuestro libro de texto en edición bilingüe. Aún resuena en mi cabeza aquella definición de ζῷον πολῑτῐκόν, el animal político que caracteriza la naturaleza del ser humano, e ἰδιώτης, el que no participaba —durante los años ochenta así nos referíamos al moderno pasota—. También las magistraturas Βασιλεύς, Πολέμαρχος y Ἄρχων, la diferencia entre monarquía, oligarquía y poliarquía frente a la tiranía, y aquella frase ἡ πέν oúv πρώτη πολιτεία, "la primera constitución" —forma de gobierno—, que en mi cabeza religiosa traducía: "Y en el principio fue la política", por aquello del Génesis aprendido en los salesianos.

Lo primero que llama la atención de aquella agrupación electoral al Senado de Quijano, Huerta y Obregón era que se llamaba Fuerzas Democráticas y, sin embargo, sus candidatos eran "independientes", más allá de la proximidad de Benito Huerta a Izquierda Democrática, el partido fundado en 1975 por Joaquín Ruiz-Giménez. Desde el Partido Carlista hasta el Movimiento Comunista, pasando por el PSOE y el PCE, todas las fuerzas políticas realmente existentes de la disuelta Platajunta apoyaron la candidatura de los tres senadores por la democracia.

Aquella candidatura unitaria democrática era una expresión antifranquista, pues sus tres candidatos fueron luchadores contra la dictadura, bien desde su militancia en la Hermandad Obrera de Acción Católica —HOAC—, como era el caso de Eduardo Obregón, o bien desde el trabajo profesional de abogado de detenidos y detenidas, como Benito Huerta, o bien desde su acción educativa y cultural como firmante de dramaturgias y manifiestos, como Tomás González-Quijano. Los tres acumulaban detenciones y multas.

Los "tres tenores" hicieron una campaña muy pegada al terreno, barrio a barrio. Las campañas de Jaime Blanco, del PSOE, y del PCE, con Nicolás Sartorius a la cabeza, centraban sus esfuerzos en sus propias candidaturas al Congreso, pero sí acompañaron sus militantes, junto a la pléyade de militancias de las otras izquierdas y aquella juventud no partidaria, pero opositora, los actos político-culturales de la candidatura unitaria, que comenzaban con la representación de La pancarta, antes de tomar la palabra los candidatos al Senado de Fuerzas Democráticas. Eran mítines con teatro documental y, al recordarlo ahora, me explico por qué en las elecciones de 1982, durante los dos meses que pasé por Murcia reorganizando las Juventudes Comunistas, tras la escisión prosoviética de los cejotace, y organizando la campaña electoral con mi amigo Javier Alcázar, entramos en contacto con dos mimos, Pedro y Pablo, que vimos actuar y a quienes planteamos que hicieran unas performances antes de los mítines que improvisábamos en plazas y jardines —aquellos mimos eran Pedro Reyes y Pablo Carbonell, nómadas por tierras murcianas—.

Esto fue ayer, "el presente de las cosas pasadas", en palabras del santo de Hipona. Pero ¿qué pensar sobre "el presente de las cosas futuras", el mañana, porque hoy, "el presente de las cosas presentes", aún no hay convocatoria electoral?

4. Esta última legislatura llegará a su fin en 2027, como muy bien defiende con criterio y razón el presidente Sánchez. No ha sido tan fructífera legislativamente como la anterior, que aprobó doscientas normas, incluidas un centenar de leyes. Sin embargo, no ha sido menor la producción del segundo Gobierno de coalición y la mayoría de investidura, aunque esta última ha sido más inestable que la anterior mayoría, claramente progresista. Desde la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, hasta la Ley 1/2026, de impulso integral de la economía social, pasando por decretos tan importantes como el de regularización de las personas migrantes, esta segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista ha aprobado 56 leyes y 28 reales decretos leyes. Cierto que aún quedan algunas asignaturas pendientes como la llamada ley mordaza o la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.

Más allá de la producción legislativa y las dificultades para articular una mayoría estable, lo cierto es que esta legislatura se ha caracterizado por una pinza de togas para intentar torcer el brazo del Congreso y del poder ejecutivo, togas de color negro y otras de púrpura senatorial —como aquella antigua "toga pretexta" que distinguía a los senadores romanos—.

El antecedente fue esa reunión de fiscales en abril de 2023 con Feijóo donde se conjuraron para desregular la legislación del primer Gobierno de coalición progresista, pero se quedaron con la miel en los labios con la distribución parlamentaria de las elecciones del 23 de julio de 2023. Aquel acto sin consecuencias legales para los fiscales que violentaron su independencia hizo que, al poco de empezar la legislatura actual, los jueces —y también fiscales— con sus togas negras y vuelillos blancos se manifestaran ilegalmente a la puerta de los juzgados de España contra una ley que aún no había sido ni presentada, por no hablar de esta orgía judicial que lo mismo lleva ante un jurado a la mujer que condena penalmente al hermano del presidente Sánchez por una plaza administrativa, o que condena al fiscal general del Estado por si a alguien de su entorno se le ocurrió filtrar unos correos, cuando en este país se filtra de los juzgados hasta la agenda personal de un expresidente del Gobierno.

Como toda pinza, son necesarias dos puntas o mandíbulas, además de la caja de traba o resorte helicoidal para hacer funcionar el mecanismo, que en este caso se llama Aznar y su proclama "quien pueda hacer, que haga". No bastaría la punta judicial, hace falta otra mandíbula y, sin duda, esta es la mayoría absoluta en el Senado que ostenta el PP, teniendo solo un tercio de los votos que el sistema electoral mayoritario transforma en más del 51 % de los senadores de elección directa.

El sistema mayoritario de elección de senadoras y senadores implica un premio desorbitado para la lista de candidatos que obtiene la mayoría relativa de los votos en cada circunscripción y supone una penalización extrema para el resto de las candidaturas. Castilla y León, con nueve provincias y una población de 2,4 millones, elige 36 senadores frente a la Comunidad Valenciana, que con 5,4 millones de habitantes elige 12 senadores, y aunque por senadores autonómicos la proporción poblacional hace que se elijan tres senadores por las Cortes castellanoleonesas y seis por Les Corts, es evidente la sobrerrepresentación de las hectáreas frente a los electores. El resultado es obvio: si obtienes la mayoría relativa, te quedas con un buen botín electoral.

El PP ha utilizado el Senado como enmienda a la labor legislativa del Congreso, aprobando 30 leyes, cuando solo tiene potestad constitucional de iniciar la labor legislativa para el Fondo de Cooperación Interterritorial. Mientras aún no ha comparecido en la comisión de investigación del Senado de la DANA el expresidente Mazón, proliferan en el palacio de la plaza de la Marina Española paseíllos de comparecientes con pena de telediario y un casting permanente de portavoces populares, a cuál más bronco. El PP ha aprobado sin consenso la cuarta reforma del Reglamento del Senado para limitar el tiempo de los ministros en la sesión de control del Gobierno, para que el Senado pueda recurrir al Tribunal Constitucional si el Congreso bloquea las leyes aprobadas en el Senado, para que los jueces y magistrados no tengan que asistir a las comisiones de investigación, entre otros cambios que han llevado a que se presenten recursos ante el Tribunal Constitucional sobre ocho artículos del nuevo reglamento.

Dadas las competencias del Senado para elegir su cupo del Consejo General del Poder Judicial y para nombrar a un tercio de los doce miembros del propio Tribunal Constitucional, parece claro que cuál sea la mayoría del futuro Senado es cuestión mayor, que diría Mariano Rajoy. Más aún, cuando los bárbaros están a las puertas de Roma y la posibilidad de que la coalición reaccionaria PP-Vox obtenga tres quintas partes del Senado puede hacernos un destrozo constitucional de difícil reparación.

5. Ciertamente, nos jugamos mucho, demasiado, en la convocatoria electoral por venir. Ya solo simbólicamente, celebrar el centenario de la Generación del 27 y llegar al centenario de la Segunda República con un Gobierno de coalición progresista parece de justicia poética.

No somos ingenuos. Hemos visto en esta legislatura cómo se ha apagado el incendio independentista, cómo el crecimiento del PIB nos coloca a la cabeza de las economías más desarrolladas, cómo por primera vez superamos los 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, cómo se ha reducido del 27 % al 12 % la tasa de empleo temporal y cómo se ha incrementado un 60 % el SMI. También cómo las pensiones han subido por encima del 9 % y un 35 % las no contributivas de viudedad; cómo las becas y ayudas al estudio han alcanzado el máximo histórico de los 2.559 millones de euros y el importe medio de las becas universitarias se ha incrementado un 60 %; cómo se van a financiar el 50 % de las ayudas a la dependencia con 6.200 millones de euros y cómo se va a financiar el 60 % del Plan de Vivienda con 7.000 millones de euros…

Y así podríamos seguir enumerando virtudes de la acción del Gobierno, aunque quedan cosas aún por hacer y seguro que habrá buenas sorpresas en los próximos meses. Pero el ruido judicial, mediático y político es ensordecedor. Tiene por finalidad tapar los logros gubernamentales y aburrir a la mayoría social para que nos resignemos a un Gobierno PP-Vox, o sea, al regreso de «los siete magníficos» de aquella AP, hoy reconvertida en Alianza Popular 2.0 o "coalición antisanchista".

Habrá tiempo para hablar de todo esto, pero hoy quiero subrayar que en las elecciones generales de 2027 no solo nos jugamos la mayoría del Congreso. Hay que ir a esas elecciones a ganar también la mayoría del Senado si no queremos asistir a un retroceso constitucional. Para ganar el Senado hay que recuperar el espíritu y la fórmula de aquellas candidaturas de Senadores por la Democracia de 1977 de mis profesores Quijano y Obregón, aquellas entesas, frentes y unidades, con dirigentes políticos y representantes sociales, con actos político-culturales como aquellos de 1977 —seguro que las fuerzas de la cultura se animarían a participar activamente en favor de estas candidaturas unitarias al Senado—. Confío en la sociedad civil para empujar la razón democrática y persuadir a las dirigencias políticas frente a la legítima, pero inútil, competición por el Senado.

Un gran acuerdo de todas las fuerzas progresistas y de izquierdas para concurrir agrupadas en las candidaturas al Senado no solo permitiría rivalizar por la mayoría relativa en las circunscripciones, evitando así una nueva mayoría senatorial del PP, sino que la conjunción con las candidaturas nacionalistas podría dar al Senado por primera vez una mayoría federal y plurinacional para hacer de la Cámara Alta una auténtica cámara territorial. Unas candidaturas unitarias de las izquierdas al Senado, además, serían un factor de motivación e ilusión que redundaría también en la necesaria movilización electoral progresista y de izquierdas para las candidaturas al Congreso.

El dilema en las elecciones de 2027, cincuenta años después, estoy convencido, será democracia y progreso versus reacción y democracia iliberal. Que no sea porque no hicimos todo lo posible para articular una mayoría en el Congreso, sí, pero también en el Senado. Ojalá así sea.

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Jesús Montero es socio de infoLibre.

Ni hundimiento del PSOE ni recuperación, las cosas están básicamente como estaban. Habas contadas, que dice Salvador Giménez, buen conocedor de la materia social de este país. Esta es la principal conclusión de la lectura independiente del último barómetro del CIS publicado ayer.

Mucho ruido mediático y judicial, ahora con el fallo del Tribunal de la UE que avala la ley de amnistía o con la decisión de la Audiencia de Madrid de enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez, pero poca incidencia electoral. La estimación apenas se mueve respecto a junio y los movimientos entre partidos son de pequeña escala, lo que nos muestra una escena de estabilidad en la que se repiten claves conocidas.

La distancia es importante pero no insalvable si hubiera una solución a la izquierda del PSOE, que sigue sin aparecer. Ahora mismo la izquierda pierde por deméritos propios, que han ido lastrando parte de su credibilidad entre sus votantes (con la vivienda y el rechazo a la clase política como puntas de lanza), lo que se traduce en una abstención significativamente más alta de la que tiene la derecha. Pero también pierde por incomparecencia.

Hay demanda electoral entre los votantes de izquierdas hoy desmovilizados, pero no una oferta que la cubra. Y en este punto la reflexión apela a los actores que pueden reconducir la situación y al propio PSOE, que tiene que decidir si rema en esa dirección y deja espacio a su vera, o si intenta pelear la primera posición a costa de absorber el voto de Sumar (o en su caso, de la plataforma electoral que la sustituyera), lo que tendría reflejo en la aritmética global de la izquierda porque la ley D’Hondt es inmisericorde.

Prueba de ello es que lo que hoy son 10 escaños, 8 de Sumar y 2 de Podemos, yendo juntos serían 19. Sólo un 3% más de voto suponen 9 escaños de “prima”. Y en estos momentos muchos de esos diputados van a la derecha.

Otro aspecto relevante, si echamos la vista atrás, es cómo la transferencia de Vox al PSOE se ha ido reduciendo, hasta alcanzar en este CIS su mínima expresión. A finales del año pasado llegó a situarse en el 5,4% (419.000 votos), mientras en julio apenas llega al 0,7% (58.000).

Es pronto aún para extraer conclusiones, pero la hipótesis más factible es que la institucionalización de Vox (acuerdos con el PP, entrada en los gobiernos) tenga aquí su efecto. Parte de ese voto de protesta que “pierde” Vox va al PP y otra parte vuelve al PSOE o declara que no votaría. En la medida en que Vox es menos antisistema pierde atractivo para una franja electoral.

Esto se observa también en la fuga de votantes de Vox y PP a SALF (Se Acabó la Fiesta) que suma 450.000 electores y se sitúa de nuevo a las puertas de obtener representación por Madrid.

La consecuencia final es que si el año pasado un 12% de votantes de izquierdas cambiaba de lado, ahora se ha reducido al 8%, lo que ha comprimido la distancia entre bloques, situando la absoluta de PP y Vox en el umbral de los 190 escaños cuando por momentos llegaron a traspasar la frontera de los 200.

La participación podría estar hoy alrededor del 70%, superando la de 2023 pero aún lejos de la registrada en abril de 2019. Quedan muchos interrogantes por resolver, pero uno fundamental será la capacidad de activar a los votantes desafectos (las últimas campañas han ido de movilización más que de persuasión), donde operarán muchos factores, la mayoría desde el plano emocional: lo judicial, la posibilidad de un gobierno con ministros de Vox, el plano internacional donde las encuestas colocan a Marine Le Pen como principal aspirante al Elíseo, la última bala para sacar adelante los presupuestos, la derivada orgánica con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina… También la respuesta del electorado templado, que podría ser otra vez determinante, al moverse a caballo de la desmovilización y el voto sin convicción a PP y PSOE.

Hay un dato que nos habla del momento delicado que atraviesa la política y es la desconfianza en el presidente de Gobierno y el líder de la oposición, ya no entre el conjunto de los españoles, sino entre sus propios votantes. A la pregunta “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le inspira a Ud. mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna”, un 25% de votantes del PSOE responde “poca” y un 14% “ninguna”. Cifras que replica Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición entre los votantes del PP, con un 33% que responde “poca confianza” y un 6% “ninguna”. Estos valores muestran que 4 de cada 10 votantes “bipartidistas” son hoy críticos con sus respectivos partidos y/o líderes.

En paralelo a lo anterior, la salud reputacional de los candidatos es otro indicador que nos deja pistas relevantes. Santiago Abascal es el único que obtiene una nota notable entre sus electores de 2023 (7,1) lo que se traduce en tirón electoral y fidelidad de voto. Le sigue, con una buena valoración Pedro Sánchez (6,7), lo que demuestra que compensa la crítica con adhesión (no deja indiferente). Ya por detrás, se sitúan Yolanda Díaz (6,4) -que durante mucho tiempo fue la más valorada entre los suyos-, y Alberto Núñez Feijóo (6,0), que a diferencia de Sánchez tiene menor adhesión (personas que le valoran con notas altas).

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Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

Donald Trump volvió a utilizar este jueves la autoridad de la Casa Blanca para cuestionar la fiabilidad del sistema electoral estadounidense. En un discurso televisado de 25 minutos, el presidente denunció una supuesta interferencia china, alertó sobre las máquinas de votación y aseguró que cientos de miles de personas sin ciudadanía estadounidense figuran en los registros electorales.

Trump afirmó que su intención no era "debilitar la confianza" en los comicios, sino corregir rápidamente sus vulnerabilidades. Sin embargo, volvió a alimentar las sospechas sobre las elecciones de 2020, cuya derrota frente a Joe Biden continúa calificando de fraudulenta pese a que los tribunales, los recuentos y las auditorías no encontraron irregularidades capaces de cambiar el resultado.

El mandatario sostuvo que China había obtenido ilícitamente los datos de unos 220 millones de electores y que responsables de los servicios de inteligencia ocultaron la magnitud de la operación. La evaluación oficial elaborada en 2021 concluyó, en cambio, que ningún actor extranjero había alterado las inscripciones, las papeletas, el recuento o los resultados.

Trump aseguró que los sistemas electrónicos se encuentran en "mal estado" en numerosos territorios y anunció que el Departamento de Seguridad Nacional ofrecerá una comparecencia sobre las supuestas vulnerabilidades detectadas. También volvió a señalar a los estados demócratas y, especialmente, a California, cuyo recuento electoral describió como peor que el de cualquier país del "tercer mundo".

El presidente vinculó la lentitud del escrutinio californiano con el voto por correo, aunque no presentó pruebas de fraude. Entre el 80% y el 90% de los electores del estado utiliza esa modalidad y las papeletas enviadas dentro de plazo pueden recibirse durante los días posteriores a la votación. California certificó el 10 de julio sus primarias de junio, pero los vencedores de las principales contiendas se conocieron antes.

Trump ya había reforzado este discurso después de regresar a la Casa Blanca. En agosto de 2025 anunció que lideraría un movimiento para "acabar con las papeletas por correo" y con las máquinas de votación, que calificó de "inexactas, caras y controvertidas". También sostuvo que los estados eran meros "agentes" del Gobierno federal y debían cumplir las instrucciones del presidente en el recuento, pese a que la Constitución atribuye a los estados y al Congreso las principales competencias electorales. 

Trump recurrió además a documentos de la CIA sobre Venezuela para defender que las máquinas electorales pueden utilizarse para modificar digitalmente los resultados. El informe recopilaba información entre 2004 y 2020 y concluía que el Gobierno venezolano disponía de cierta capacidad para manipular sus propios sistemas de votación.

El documento, sin embargo, no demuestra que esas técnicas se utilizaran en Estados Unidos ni que Venezuela o la empresa Smartmatic alterasen las presidenciales de 2020. La propia información desclasificada señalaba que manipular los sistemas de tabulación a una escala suficiente para cambiar una elección resultaría difícil.

Trump ya había recuperado esta teoría tras las elecciones de 2024. En noviembre de 2025 difundió en su red social un contenido que atribuía a Venezuela una intervención en las presidenciales de 2020. Además, encargó a uno de sus asesores, el abogado Kurt Olsen, buscar pruebas de que las máquinas de Dominion habían sido infectadas con un código malicioso controlado desde Venezuela.

La Administración también examinó en 2025 máquinas de votación puertorriqueñas ante las sospechas de una posible interferencia venezolana. La investigación no halló pruebas claras de la participación de Caracas, aunque la Oficina de la directora nacional de Inteligencia afirmó haber detectado deficiencias técnicas y de ciberseguridad en los equipos.

El objetivo político más inmediato del discurso fue reclamar al Senado la aprobación de la denominada SAVE America Act. La iniciativa exigiría acreditar documentalmente la ciudadanía para inscribirse, imponer una identificación con fotografía para votar y restringir significativamente el sufragio por correo.

La norma ha superado varias veces la Cámara de Representantes gracias a la mayoría republicana, pero no reúne los 60 votos necesarios para vencer el bloqueo demócrata en el Senado. Sus detractores advierten de que la exigencia documental podría dificultar el voto de ciudadanos que carecen de pasaporte, no tienen acceso inmediato a su certificado de nacimiento o han cambiado legalmente de apellido.

Trump lleva meses presionando para ampliar el control federal sobre las elecciones. En febrero llegó a pedir a los republicanos que "nacionalizaran" y asumieran la gestión de la votación en al menos 15 lugares, una propuesta que recibió críticas también dentro de su partido por invadir las competencias de los estados.

Trump aseguró que una revisión del Departamento de Seguridad Nacional había localizado a unos 278.000 no ciudadanos inscritos para votar en cuatro estados. El presidente no explicó cuántas de esas personas habían depositado efectivamente una papeleta ni detalló el procedimiento empleado para identificar los casos.

El voto de personas sin ciudadanía ya está prohibido en las elecciones federales y los estudios disponibles indican que es excepcional. Además, los sistemas utilizados para revisar los censos han identificado erróneamente en ocasiones como extranjeros a ciudadanos naturalizados. Un análisis de Bipartisan Policy Center situó en apenas el 0,04% los registros considerados de no ciudadanos durante las revisiones estatales.

La asociación entre inmigración y fraude ya ocupó un lugar destacado en la campaña presidencial de 2024. En un mitin celebrado en Mason City, Iowa, poco antes de las primarias republicanas, Trump afirmó sin pruebas que los demócratas estaban facilitando la entrada de migrantes porque querían "inscribir a esta gente para votar". Durante los meses siguientes repitió este argumento y acusó a sus adversarios de permitir la inmigración irregular para ampliar su base electoral. 

Hay sentencias que resuelven un proceso penal concreto y hay sentencias que terminan definiendo el estándar de enjuiciamiento que podemos sufrir todos mañana. La condena a David Sánchez tras un juicio que nunca debió llevarse a cabo pertenece a esta segunda categoría, pero lo verdaderamente relevante (más allá del evidente y lamentable daño personal) no es quién ocupó el banquillo, sino qué exigencia probatoria acepta un tribunal para destruir la presunción de inocencia y fundamentar una condena penal en un asunto de enorme trascendencia política.

Habrá que repetir, nuevamente, que el derecho penal no está concebido para confirmar sospechas ni para sancionar intuiciones, ni inferencias, ni deseos de explicar una realidad concreta o ideada. Su legitimidad descansa precisamente en lo contrario: en la obligación de acreditar, mediante pruebas suficientes y una motivación especialmente rigurosa, todos y cada uno de los elementos del delito y sobre todo de la autoría del mismo. Ese es el significado profundo del artículo 24 de la Constitución y de la presunción de inocencia: la muy especial exigencia probatoria sin asomo de dudas razonables, hasta el punto que de existir estas no es posible ejercer el reproche.

Por eso, por afectar a principios tan básicos no solo de nuestro ordenamiento jurídico sino de los principios más elementales que lo sostienen, es por lo que me parece tan preocupante la resolución que hemos conocido. Así, el tribunal sostiene que existió un plan preconcebido para crear y adaptar determinadas plazas públicas a personas concretas y considera que la sucesión de actos administrativos respondió a una finalidad arbitraria. Esa conclusión se construye a partir de una valoración indiciaria que será, previsiblemente, el eje de los recursos. Nuestro sistema admite la prueba por indicios, pero únicamente cuando los hechos-base están plenamente acreditados y la inferencia aparece como la explicación racional que excluye las alternativas compatibles con la inocencia. No basta con que una hipótesis resulte verosímil; debe ser jurídicamente concluyente.

No es este, en mi opinión, el procedimiento sostenido en la sentencia, en los varios cientos de páginas que bien podrían haberlo reflejado y que parecen más dirigidas a sostener una hipótesis que se aleja radicalmente de lo que hemos podido ver en el juicio. La necesaria y lógica concatenación entre hechos probados y conclusiones derivadas de los mismos se transforma más bien en una impugnación generalizada de la práctica de una prueba que todos tuvimos la ocasión de ver cómo exculpaba a los encausados. Todo ello, en un procedimiento que debiera haber sido especialmente riguroso en la motivación y explicación, habida cuenta del evidente impulso político que dio lugar a la causa y que desde el principio ha sido explotado hasta la náusea en la arena pública. La identidad del acusado convirtió cada diligencia en un acontecimiento nacional; él fue tratado desde el principio como culpable. 

Todo ello exigía una responsabilidad adicional en términos de argumentación y motivación que no se encuentran en una sentencia que deja abiertas cuestiones que merecen un debate jurídico en profundidad. La propia Fiscalía interesó la absolución al considerar que no concurría prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia. El tribunal, legítimamente, podía discrepar. Pero esa discrepancia exigía una explicación de una intensidad proporcional a la trascendencia institucional de la resolución. El verdadero problema no es que el tribunal haya acudido a la prueba indiciaria únicamente, sino que es imprescindible que los hechos que basan la inferencia estén acreditados, y que el enlace lógico entre dichos hechos y la conclusión incriminatoria sea sólido, racional y excluya de manera razonable hipótesis alternativas compatibles con la inocencia. En un delito como la prevaricación administrativa, además no basta con apreciar irregularidades o decisiones discutibles (que aquí ni siquiera existen), sino que debe acreditarse una resolución objetivamente arbitraria dictada con plena conciencia de su injusticia. Si la condena se construye sobre un supuesto plan preconcebido, cuesta preservar la confianza en la imparcialidad judicial.

No se trata de sostener que los jueces no puedan condenar a un familiar del presidente del Gobierno por las posibles consecuencias políticas que de ello puedan derivarse. Todo lo contrario. La igualdad ante la ley exige que puedan hacerlo cuando la prueba lo justifique. Lo preocupante sería aceptar que, precisamente porque el acusado es el hermano del presidente, el estándar de exigencia probatoria pueda relajarse o que la motivación no alcance el nivel de rigor que un asunto así demanda. No basta con ser imparcial: también debe parecerlo. No basta con dictar una sentencia: debe ofrecer una motivación capaz de disipar la percepción de que el contexto político ha podido influir, siquiera indirectamente, en el modo de valorar la prueba.

La fortaleza de una democracia no se mide por la facilidad con la que condena a quienes ocupan posiciones de relevancia pública. Se mide por su capacidad para mantener intactas las garantías precisamente en esos casos como faro y señal de que sucederá en todos. El garantismo no protege a los poderosos; protege a la ciudadanía frente a la tentación de rebajar las exigencias del Derecho cuando la presión política o mediática empuja en sentido contrario.

Por eso esta sentencia trasciende a David Sánchez. Si los grandes procesos políticos empiezan a ser percibidos –como las encuestas indican que así sucede– como escenarios donde la confrontación democrática continúa por otras vías, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a afectar al propio prestigio del Poder Judicial, tan imprescindible para el mantenimiento del sistema.

Volvamos a lo básico: en democracia, los gobiernos deben ganarse y perderse en las urnas. Los tribunales están llamados a controlar la legalidad, no a convertirse en el lugar donde se reescriben los resultados políticos cuando no gustan. Cuando una parte creciente de la sociedad llega a pensar que determinadas batallas se libran con más intensidad en los juzgados que en el Parlamento, todos perdemos: pierde la política, pierde la Justicia y pierde, muy especialmente, la tan deseada confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando la legitimidad de las sentencias empieza a discutirse no por su fundamentación, sino por el contexto político en el que se dictan, quizá algunos crean haber conseguido en los tribunales lo que no logran en las urnas. Si ese día llega, la mayor derrota no será la de un Gobierno ni la de un partido. Será la del Estado de derecho.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

El curso político llega a su fin. Una temporada intensa. Acalorada. El Gobierno y la oposición saben que el clima preelectoral se ha instalado ya. Pero de verdad. A partir de septiembre, todos estarán pendientes de un único movimiento: en qué momento pulsará Pedro Sánchez el botón para ir a las urnas.

Pero el Gobierno quiere cerrar el curso durante estas tres semanas con un fuerte componente social frente a la frenética actividad en los tribunales. La coalición busca evidenciar para qué sirve, a qué intereses responde, cuál es el proyecto que ofrece a los ciudadanos. Para ahora y para la cita electoral de 2027.

Esa razón de ser pasa, como señalan fuentes gubernamentales, por tres ejes principales: el avance histórico en aportaciones para la dependencia, un nuevo decreto en materia de vivienda y la defensa del estado del bienestar ante la “amenaza” que supone el frente del PP y Vox que sueña con llegar ya al Palacio de la Moncloa.

En el Gobierno reconocen que la polémica de Alberto Núñez Feijóo por sus comentarios sobre el absentismo les da oxígeno en estos momentos. Como señalan fuentes del Consejo de Ministros: “Ha dicho lo que pensaba sobre las bajas laborales. Es el modelo oculto del PP, que intenta no revelar antes de las elecciones. Pero el líder del PP tiene un bajo nivel. Han tenido que salir los suyos a corregirlo, hasta Borja Sémper”.

Como señala otro miembro del Gobierno: “La gente está viendo que vienen con la motosierra”. El Ejecutivo lleva meses luchando para que se hable de gestión y de políticas sociales, pero los escándalos judiciales han alterado totalmente el ritmo del debate público. Por eso, ve las palabras de Núñez Feijóo como un regalo para que se hable de asuntos de calado que afectan al día a día de los ciudadanos.

Precisamente, varias fuentes del Gobierno señalan que el PP también se está “retratando” de manera paralela con el tema de la dependencia. Este jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso dio su visto bueno a la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que conllevan reducir la burocracia, suprimir la incompatibilidad de prestaciones y ampliar servicios.

Los proyectos de ley salieron adelante con el voto de todo el arco parlamentario a excepción del Partido Popular y de Vox. La próxima votación será ya en Pleno el próximo martes, el mismo día en el que, además, la Cámara Baja someterá a votación el decreto que lleva a máximos históricos la aportación del Gobierno central para dependencia, con 6.200 millones de euros extra para este año y el que viene.

El Partido Popular trata de boicotear estas normas a pesar de que se ha caído su principal excusa: la necesidad de incrementar la aportación del Gobierno central en una materia que es competencia de las comunidades, la mayoría en manos de gobiernos del Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha de Santiago Abascal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere hacer bandera de todos estos avances sociales. De vuelta de la cumbre de la OTAN en Ankara, el líder socialista escribió estas ideas en la red social X: “La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia. Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus ideas”.

Máxima relevancia dan ahora mismo en el Gobierno a la elaboración del decreto de vivienda en el que trabaja el Ejecutivo. El compromiso es llevarlo al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Estos días negocia intensamente el área socialista, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el ala de Sumar, pilotada por Pablo Bustinduy (Derechos Sociales).

Fuentes de Sumar trasladan que hay dos líneas rojas: el decreto debe llevar sí o sí la regulación de los alquileres de temporada, en sintonía con las propuestas del Sindicato de Inquilinos, y la prórroga de los contratos de alquiler (que ya estuvo en el anterior texto que no convalidó el Congreso). “Esto es irrenunciable”, enfatizan desde el socio pequeño de la coalición. Asimismo, se están poniendo sobre la mesa otras medidas sobre las que no quieren dar pistas en el Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno trabaja a todo rendimiento para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y esta es la pieza clave para saber hasta dónde llega la legislatura. Sánchez ya ha abierto la puerta a ir a unas elecciones adelantadas si cae el proyecto de cuentas públicas para el año que viene.

Los trabajos los está pilotando el ministro de Hacienda, Arcadi España, en sintonía total con el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo. Son unas cuentas con un importante mensaje político, por lo que se ha aprobado también un techo de gasto histórico con el fin de que se aumenten las partidas de vivienda, becas, lucha contra la violencia machista, I+D+i y dependencia. “Será un proyecto con el ADN progresista y socialdemócrata. Igualdad y servicios públicos. Es nuestra hoja de ruta ante la sociedad”, indican fuentes del Ejecutivo.

Pero también, de manera discreta, se está produciendo la negociación entre los dos socios de Gobierno. En Sumar siguen insistiendo, frente a la negativa de los socialistas, en que se debe incluir en los presupuestos el proyecto para una prestación universal por crianza por hijos hasta los 18 años.

Sumar ondea con fuerza la idea que el aumento en dependencia y las medidas de vivienda son fruto de su trabajo intenso dentro de la coalición. “Merece la pena estar dentro para hacer todas estas medidas. Al PSOE hay que presionarlo y obligarlo”, apuntan desde el partido. 

Llega el verano. Y el Gobierno quiere marcar su impronta en un momento en el que los tribunales se llevarían todos los titulares si no fuera porque Feijóo parece reclamar algunos para sí mismo.

La decisión de Enma López de concurrir a las primarias del PSOE-M para ser candidata a la Alcaldía de Madrid cayó como un jarro de agua fría en los despachos de Ferraz. No gustó que no respetara los plazos oficiales ni que optara por anunciar que se presentaba sin consultarlo con Óscar López. Muchos veían difícil que López lograra reunir los 823 avales (el 15% del censo de militantes en la capital) exigidos para poder competir en las primarias. Pero finalmente ha conseguido superarlos.

Fuentes del partido han confirmado a Efe que tanto López como Reyes Maroto, la otra candidata en liza, han obtenido el número de avales necesarios. Desde la candidatura de Maroto cifran "en torno a 1.400" la cifra de avales recabados, mientras que López ha afirmado a los medios que había logrado aproximadamente mil.

Así pues, este mismo domingo comenzará la campaña informativa de ambas candidaturas, que se extenderá hasta el sábado 18. El domingo 19 será la votación en primera vuelta; si ninguna candidata consiguiera la mayoría, las primarias se resolverán en una segunda vuelta el domingo 26.

Aunque el anuncio de Enma López pilló por sorpresa a la mayoría de dirigentes y no sentó nada bien en la sede federal ni en la regional en Buen Suceso, para muchos en el partido ella es la candidata natural a este puesto y ya debería haber encabezado la lista en 2023. Por su parte, Reyes Maroto había avanzado en abril su intención de repetir en 2027, algo que sin embargo no fue criticado por la cúpula.

En paralelo, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido elegido por los socialistas madrileños como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid al superar el máximo de avales solicitados. Ha logrado más de 4.000 y ha duplicado los 2.092 apoyos exigidos, el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de la región de Madrid.

La otra precandidata en el proceso de primarias, Silvia López Quivira, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, no ha alcanzado el mínimo necesario, ha informado el PSOE de Madrid.

El líder del PSOE-M liderará la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 frente a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, del PP.

"Hoy empieza un tiempo nuevo. Lo más importante es siempre el equipo. Seamos valientes y ¡cambiemos Madrid!", ha escrito en X.

En las últimas semanas, las acusaciones de “ingeniería electoral” lanzadas por el PP contra el Gobierno de España por la concesión de la nacionalidad a descendientes de personas exiliadas —contemplada desde hace un cuatrienio en la Ley de Memoria Democrática— devolvieron el foco sobre el mal llamado voto emigrante. Esto es, sobre el Censo de Residentes Ausentes (CERA), cuyo apoyo electoral los populares siempre procuraron con intensidad, muy especialmente en Galicia, donde ya supera el medio millón de inscripciones.

Mientras, en su calidad de actual líder estatal del PP, el expresidente Alberto Núñez Feijóo alimenta esa controversia, su sucesor en la Xunta daba el visto bueno definitivo a una significativa operación en el núcleo central de ese CERA para Galicia, en Argentina (casi 180.000 inscripciones correspondientes a las circunscripciones gallegas a 1 de junio de 2026), en cuya capital el Gobierno gallego va a estrenar nueva sede. Lo hará tras comprar un céntrico local por casi un millón y medio de euros.

El Consello de la Xunta del pasado 15 de junio trató el informe de una compra que dotó de fondos ya el pasado mayo. Fue entonces cuando transfirió 1,42 millones desde el programa de imprevistos de los Presupuestos Generales de 2026 a la Consellería de Emprego e Emigración “para hacer frente a los gastos de adquisición y adecuación” de un local situado en el número 990 de la avenida Belgrano de Buenos Aires, donde hasta finales de 2024 funcionó una sucursal del Banco Galicia.

Con una superficie de 730 metros cuadrados distribuidos en tres niveles —subsuelo, bajo y primera planta—, el Ejecutivo gallego dice comprarlo con la intención de “ampliar la capacidad de servicio a la ciudadanía” y “reforzar la visibilidad institucional”. Incluso antes del inicio de las reformas, la Xunta instaló ya un gran letrero corporativo en el exterior de un espacio para el que contempla funciones administrativas y también la celebración de eventos culturales, “encuentros institucionales y reuniones empresariales”, así como finalidades de promoción turística.

Indica la Consellería que las nuevas instalaciones prevén contener, asimismo, una “oficina de retorno y atracción de talento” al amparo de la Estrategia Galicia Retorna. Todo, bajo el principio político general del “compromiso de la Xunta con la comunidad gallega en el exterior, con especial atención a Argentina” y a Buenos Aires, que ensalza con la “tradicional” consideración de “quinta provincia gallega”.

En este contexto, la Secretaría Xeral da Emigración acaba de organizar una presentación de la nueva sede para “representantes de los centros gallegos y miembros de la colectividad gallega”, acto presidido por su titular, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro. Ambos cargos fueron integrados en 2022 por Feijóo en la dirección estatal del PP como “secretario en el exterior” y “representante en Iberoamérica”, respectivamente.

Indica Emigración que en ese encuentro “se explicaron las características de la nueva sede”, que “nace con la vocación de convertirse en la casa de todos los gallegos en Argentina y en un escaparate permanente de la Galicia actual”. “Será mucho más que una oficina administrativa”, aseguran.

Como es sabido, somos una parte significativa del nacimiento del surrealismo. Quizá ello pueda explicar que el candidato a presidir el Gobierno en las próximas elecciones, Alberto Núñez Feijóo, que durante varios años fue presidente de la Sociedad estatal de Correos y Telégrafos, haya puesto en cuestión la fiabilidad de esta modalidad de votación que existe en nuestra Ley Orgánica General Electoral (LOREG) desde su promulgación el 19 de junio de 1985. Hace ahora un año manifestó que el voto por correo “no está completamente blindado” si se usa “de forma torticera”. Por supuesto si se usa de forma ilegal es delito, según explican en las Facultades de Derecho.

Vivimos tiempos convulsos para la democracia y soplan vientos huracanados que amenazan con derribar sus principios básicos. La, en otros tiempos, primera democracia del mundo ha desmontado sus pilares encomendando la misión a un personaje grotesco como Donald Trump que actúa como un simple millonario al servicio de los multimillonarios que se han apoderado de los mandos y no los sueltan.  

Solo puede subsistir una democracia si la soberanía reside en el pueblo y si este puede expresar su voluntad a través del voto libre e igualitario sin discriminación alguna. No se entiende muy bien que el partido mayoritario del Parlamento, que figura en todas las encuestas como favorito y que proclama a los cuatro vientos que es lo que quiere prácticamente toda España, ponga en duda, cuando se vislumbra la cercanía de una convocatoria electoral, la fiabilidad de nuestro sistema electoral que ningún experto, sea cual sea su ideología, ha puesto en duda con argumentos sólidos.      

Utilizando sus calificativos: de una forma torticera, alocada, carente de datos contrastados y con una ignorancia supina de las normas legales, ha lanzado un mensaje temerario que puede justificar la insurrección frente a un resultado electoral adverso. En síntesis, o gano o rompo la democracia. ¿Cuáles son los pasos que tiene en mente para impugnar unas elecciones? Aficionado a meterse en todos los charcos, nos debe aclarar cuáles son sus previsiones. Podemos pensar, según el saber popular, que ha lanzado la piedra y escondido la mano. Sin necesidad de realizar parangones con lo sucedido en el asalto al Capitolio, puede originar un delito contra el orden público previsto en nuestro Código Penal.

Antes de arremeter contra los molinos de viento debió solicitar un asesoramiento legal. Según la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos entre los que figura el de sufragio comprendido en el artículo 23 de la Constitución.

Maneja las cifras con el mismo desparpajo que la prensa y propaganda de la dictadura. Dos millones por aquí y otro millón y pico por el otro lado. No ha cuantificado el número de personas que se pueden acoger a la llamada ‘ley de nietos’, pero tengo la sensación de que asume las teorías del Dr. Vallejo-Nájera (recientemente despojado de sus condecoraciones) y sostiene que todos están condicionados por el “nefasto” gen rojo.

Como debe saber, el voto no es obligatorio y para los que están en el extranjero antes tienen que inscribirse en el Censo de residentes ausentes (CERA). No contento con cuestionar la profesionalidad e integridad de los funcionarios de Correos, ahora amenaza a las personas que trabajan en las oficinas consulares con la aplicación del Código Penal, confiando, como vaticinan en el propio Parlamento, que habrá jueces que recojan esa basura jurídica o que las acusaciones populares estarán prestas a colaborar en la tarea.

Como presidente de la Sociedad estatal de Correos y Telégrafos, tuvo tiempo para erradicar las “anomalías” del sistema, pero al parecer tenía otras preferencias. Como alto representante del Estado en la Xunta de Galicia, pudo dedicar su tiempo a perseguir penalmente una arraigada práctica electoral fraudulenta que se produce en las residencias de mayores regentadas por las antiguas “Hermanitas de los Pobres”. En ellas se practica el “voto subrogado por la gracia de Dios”. Como es sabido, las reverendas meten la papeleta del PP en el sobre y la entregan a cada uno de los residentes para que la entreguen en la mesa electoral. Que Dios las perdone porque es pecado, pero además es delito. He aquí un campo inexplorado por Abogados Cristianos.

No voy a torturar al lector con el repaso de los numerosos trámites que contempla la Ley General Electoral para ejercer el derecho al voto por correo. Puedo asegurar que es imposible el fraude, aunque por defectos de forma el voto puede ser nulo. Cuando todo se ha cumplido, el elector remite el sobre con su votación por correo certificado a la oficina de Correos. El Servicio de Correos conservará hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a las Mesas Electorales y la trasladará a dichas Mesas a las 09:00 horas del día previsto para las elecciones. Asimismo, seguirá dando traslado de las que pueda recibirse en dicho día, hasta las 20:00 horas, hora de cierre de los Colegios Electorales. Como se puede comprobar, el cartero siempre llama dos veces a la puerta del Colegio Electoral.

Todo lo que estamos viviendo me recuerda a una reflexión de Jorge Luis Borges, traductor de un cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, en el que se hace referencia a lo que supone de “ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo por venir”.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Si último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la justicia española’ (Siglo XXI Editores).

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han conseguido el apoyo de la militancia en el proceso de primarias, por lo que serán las candidatas en las elecciones de 2027 a la presidencia de la Comunidad de Madrid y del consistorio, respectivamente.

Con una participación del 90,04% de militantes del censo autonómico, en el proceso interno celebrado entre el 4 y el 6 de julio se ha elegido también las candidaturas municipales para otros 21 ayuntamientos de la región, ha explicado el partido en un comunicado.

En el ámbito autonómico, la candidatura encabezada por García junto a Manuela Bergerot, con el lema 'En Madrid hay partido' ha obtenido el 80% de los votos a las cabezas de lista frente al 20% de apoyos conseguidos por la otra candidatura que se presentaba a las primarias, 'Más Madrid Abierto'.

De los 44 puestos elegibles que conformaban la relación final de candidatos, 42 serán ocupados por integrantes de la candidatura ganadora y 2 por la otra, de acuerdo al sistema de listas abiertas y desbloqueadas bajo el método aritmético Dowdall.

La lista definitiva a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales queda conformada en sus primeros puestos por Mónica García (1), Manuela Bergerot (2), Emilio Delgado (3), Marta Carmona (4) y Gabriel Ortega Sanz (5).

En el ámbito municipal, la candidatura 'Barrio a Barrio' liderada por Rita Maestre junto a Daniel Ayuso ha obtenido el 81,2% de los votos emitidos a las cabezas de lista, frente a 8,8% cosechados por 'Más Madrid Abierto'.

De los 28 puestos en liza en la votación, 26 corresponden al equipo presentado por Maestre y 2 a la candidatura 'Más Madrid Abierto', en aplicación del mismo sistema electora.

La lista estará encabezada por Rita Maestre (1) seguida de Daniel Ayuso (2), Lucía Lois (3), Pablo Padilla (4) y Olga Martínez López (5).

Más Madrid ha adelantado que estas candidaturas se irán completando y creciendo con nuevos perfiles de la sociedad civil y voces independientes en los próximos meses.

La Ley de Memoria Democrática configura la ciudadanía como un instrumento de reparación histórica. Se concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados y a las víctimas del franquismo como una forma de reconocer el daño político que se les ocasionó con la violencia y el exilio. Un proceso de reconocimiento con el que, además, se pretende restituir un vínculo roto y dar continuidad de pertenencia a esa comunidad política que llamamos España. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido hacer patriotismo convirtiendo esa “ley de nietos”, que está vigente desde 2022, en un fraude electoral sobrevenido y anticipatorio.

Isabel Díaz Ayuso ha asociado la regularización extraordinaria de personas migrantes y la nacionalización de nietos con un “Gobierno mafioso” y con la intención de “nacionalizar socialistas”, presentando a unos y a otros como sujetos electoralmente sospechosos, cuyos votos pueden comprarse fácilmente; esto es, como ciudadanos de papel al servicio del sanchismo. La recurrente cantinela del “voto comprado” se predica siempre de los más vulnerables, como si los ricos y poderosos fueran incorruptibles y no se movieran jamás en función de sus propios intereses.

El relato de la supuesta “ingeniería electoral” y la hipótesis del “pucherazo masivo” no es más que una fabulación con la que el Partido Popular pretende minar la confianza en el mismo proceso electoral que lo legitima y que será la base con la que, eventualmente, logrará llegar al gobierno. Una fabulación suicida que no se sostiene ni con los datos disponibles, ni con las evidencias jurídicas, ni con la propia trayectoria del partido en materia de nacionalidad y voto exterior.

El PP viene mezclando, a conciencia, las cifras de solicitudes de nacionalidad y las de la regularización migratoria como si los dos movimientos implicaran automáticamente nuevos votantes, cuando los regularizados no podrán votar en las elecciones de 2027 y la mayoría de los expedientes que acoge la Ley de Memoria Democrática no podrá resolverse a lo largo de esta década. Feijóo ha llegado a hablar, incluso, de “ocho millones” o “2,7 millones” de nuevos votantes, obviando que las concesiones efectivas son muy inferiores y que, cuando se conceden nacionalidades, el paso al censo electoral es una auténtica odisea. Requiere inscripción en el Registro Civil, residencia o adscripción consular, y superar no pocas garantías y dificultades prácticas. La participación exterior sigue dependiendo hoy de muchas mejoras en la logística consular, la información electoral, el voto electrónico o la delegación de voto.

Por lo demás, no acaban de entenderse la hiperventilación y el escándalo, porque en España es evidente que el voto exterior ha tenido siempre un impacto estructural muy limitado, aunque haya sido decisivo en contadas provincias muy ajustadas o en elecciones concretas. De hecho, los populares lo han explotado en las ocasiones en las que les ha venido bien, especialmente en territorios como Galicia.

Con la supresión del voto rogado (reforma de 2022), el censo exterior subió a unos 2,3 millones y la participación en las generales de 2023 alcanzó el 10%, unos 233.000 votos, pero esto supuso una fracción todavía muy pequeña en relación con los más de 24 millones de votos emitidos en territorio nacional. En las generales de 2023, el escrutinio CERA solo modificó un escaño (del PSOE al PP, en Madrid), pese a la gran expectación sobre posibles cambios en hasta nueve provincias. En unas elecciones estatales, lo normal es que ese voto no altere más que uno o dos escaños en un arco de 350. Su impacto político depende tanto del censo CERA de cada provincia como de la competición multinivel, dado que no es lo mismo una autonómica gallega que unas generales con circunscripciones amplias.

El acceso a la nacionalidad es una forma de compensar las injusticias del pasado, aunque los beneficiarios no sean necesariamente quienes sufrieron el daño en sus propias carnes, ni quienes toman la iniciativa sean los responsables originales.

La política de la memoria consiste en asumir que los abusos históricos nos han otorgado una posición de privilegio que tenemos que compensar y han generado desigualdades estructurales que debemos corregir. La idea que le da sustento es que no solo somos responsables de lo que hacemos o consentimos personalmente aquí y ahora, sino que también tenemos obligaciones derivadas de pertenencias que no elegimos. Una de ellas es, sin duda, la de ser miembros de una nación que se construyó sobre la violencia, la tortura y la exclusión.

Hacer justicia exige razonar sobre nuestras responsabilidades colectivas, sobre el bien común, sobre lo que hemos sido, somos y queremos ser con una actitud autocrítica. Pero esto es algo que no puede defenderse ni desde la mitificación de las banderas, ni desde el individualismo y el onanismo irresponsable que profesan las derechas.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Imaginad que el simpático Gurb de Eduardo Mendoza llegase dentro de cien años a este malhadado país e investigara el estado de las cosas un siglo atrás, revisando el archivo periodístico de estos años veinte. Llegaría sin mucho esfuerzo a la conclusión de que atravesamos una crisis como sociedad sin precedentes en al menos otra centuria. Pero la verdad de las cosas es que estamos como nunca. Nuestro llorado Jaime Miquel repetiría que no habíamos tenido la influencia internacional de la que gozamos con este gobierno desde Felipe II cuando además los números de nuestra economía causan asombro al mundo desarrollado. Estamos absorbiendo población como nunca antes —vamos a traspasar la barrera de los cincuenta millones antes de que se abran las urnas— y somos el destino favorito de la inversión mundial, no solo para echarnos de las ciudades sino también para el blanqueo de los grandes capitales de América. Los datos de afiliación a la Seguridad Social y empleo son históricos, y en términos de ética política y compromiso con los derechos humanos hoy somos referencia mundial. En transición energética vamos a la cabeza del mundo y generamos la energía más barata, eficiente y verde de todos los países desarrollados. Y por si esto fuera poco, hemos reconducido la tensión rupturista catalana y vasca hacia términos de diálogo político y cohabitación de sensibilidades.

Pero quién lo diría leyendo la prensa o escuchando el debate público español. Para explicar esa tensión de ruptura, esa sensación de hallarnos al borde del precipicio que este oficio contagia a la población existen razones de fondo internacionales que son la bancarrota intelectual de las derechas tras la ruina del pensamiento neoliberal en el crack de 2008, y su conversión al unísono en movimientos políticos basados en el odio nacional, étnico y religioso, y también la revancha del hombre heterosexual blanco frente a su pérdida de privilegios históricos por la conquista de derechos de sus tres antónimos (mujeres, colectivos LGTBI y personas racializadas).

Pero también hay motivos particulares que están vinculados a la idiosincrasia histórica del país, que resumiremos en dos: el atrasismo endémico de nuestras burguesías, de poco leer y de propensión al rentismo y al expolio como única habilidad económica disponible, y la tendencia local de nuestros uniformados a cagarse en su madre lanzando paluegos y desenvainando el sable. Ambas características apenas nos han abandonado desde que Occidente parió la Modernidad, la democracia y los derechos humanos, y así tuvimos un siglo XIX lleno de carlistas —la casa, la vaca, un rey, un hacha y dios— y de militares cuyos colganderos peludos los llevaban a bajar santos del cielo y demócratas del gobierno. En el siglo XX, la tradición prosiguió con la episódica pero determinante complicidad de esa peripatética facción de los impostores llamada “la prensa de Madrid” —si Gurb o ustedes leen los periódicos de la II República, pensarán que esto era el cuerno de África y no la patria de Ortega y Gasset, María Moliner, Edgar Neville o Luis de Oteyza— y, en contra de los relatos oficiales, salta a la vista que esa praxis no se canceló con la llegada de la democracia. La tendencia a corregir resultados electorales indeseados de los poderes reales del país, del Estado, ese Estado para el que democracia es una mera contingencia histórica, ha seguido intacta y ha ido demostrando su eficiencia.

Alfredo Pérez Rubalcaba, que era listísimo y otras cosas, sentenció que “en este país se entierra muy bien”, y así celebramos ahora el cincuentenario del nombramiento de Adolfo Suárez, contra el que los padres de la democracia —y no los rescoldos del franquismo, como ya explicamos aquí, meses ha— organizaron un golpe de Estado y al que no se le empezó a elogiar hasta que se supo que había perdido el oremus. Pero lo cierto es que ganó unas elecciones que no tocaban —así lo entendían nuestros poderes reales— y le armaron la marimorena, de nuevo con mucho voluntario de oficio, hasta corregir el resultado electoral. Con éxito. El 23-F, como ya hemos dicho en este púlpito, fue un éxito porque logró todos los objetivos propuestos.

Al hoy converso al criptogolpismo Felipe González le pasó tres cuartos de lo mismo, aunque él no se acuerde, y también le montaron un sambenito estupendo por no perder en 1993 como estaba previsto, y en ese via crucis nuestro oficio tuvo papel primordial otra vez. El maestro de impostores Luis María Anson, persona tan lista como Rubalcaba y también otras cosas, confesó años después que para descabalgar al niño bien sevillano de la Moncloa se tensó el Estado casi a la chilena, que además de una acrobacia futbolística es una forma que tiene la CIA de rectificar la democracia cuando se equivoca. El presidente Rodríguez Zapatero nació maldito porque ganó en 2004 cuando lo establecido en el calendario de eventos era otra cosa, y encima tuvo el valor de volver a pasarle la mano por la cara a los amos en 2008.

Bien, entendida la tradición, lo que pasa hoy por aquí, que el país va como un tiro, es que en 2023 ya estaban repartidos hasta los gabinetes ministeriales, pero el candidato Alberto Núñez Feijóo falló la bola en boca de gol porque nunca se había sentado frente a una periodista que le dijera “eso no es así”, y se le puso a vibrar el párpado inferior en directo, cosa muy desaconsejable cuando se pretende convencer a los votantes.

“El que pueda hacer que haga”, toque de corneta para sargentos chusqueros como el juez Peinado y otros entusiastas, no es pues una reacción a la ley de amnistía ni a los indultos al procesismo, como se dice por ahí, sino la decisión de enmendar la que lio Feijóo perdiendo su ventana de oportunidad hace ahora tres años, cuando además todos sus barones habían cumplido su cometido apenas un mes antes.

Hay que entender las reglas del juego. Si prestan atención, toda la supuesta corrupción sistémica que atañe al PSOE se circunscribe a la excepcionalidad vinculada a la gestión de la pandemia: mascarillas, rescates de empresas, gestión de fondos Next Generation…, cuando para salvar un país se sustituyeron verificaciones a priori por comprobaciones a posteriori. En Ferraz no acaban de entender que el guardés no tiene permitidas las licencias del señorito y si para rescatar una banca privada quebrada hubo que regalarles la banca pública —las cajas, que estaban la mitad de expuestas a la crisis subprime que nuestros grandes bancos— y darles decenas de miles de millones a fondo perdido, eso no significa que un gobierno progresista pueda permitirse dar préstamos a aerolíneas aunque los recupere. Del mismo modo que el PP se salió de la carretera del Derecho con su aplicación del 155 —con la negada por las cortes constituyentes disolución de parlamento autonómico— y llegó el Constitucional a poner asfalto debajo de aquella excursión campo a través, pero el mismo órgano tumbó el estado de alarma que salvó decenas de miles de vidas en el país porque lo dictó un gobierno socialcomunista.

De modo que uno puede comisionar mascarillas a precio de sombrero fedora si es duque de Feria, que mejor será estar en los negocios con la administración que en los parques infantiles, o si es hermano de una presidenta puesta ahí por los señoritos de acá y de acullá, pero no puede adquirirlas por debajo del precio del mercado si es ministro de un gobierno de guardeses, dicho sea por estirar la brocha gorda, que es lo que el común entendemos cuando echamos un ojo a lo que pasa.

Y lo que pasa es que el periodismo, un periodismo, está diciéndole al actual ejecutivo que la broma ya ha ido demasiado lejos. Como acabamos de ver que es tradición en este país. Lo delicado del asunto es que, con un marco internacional de derechas intelectualmente desahuciadas, el partido llamado a ser bastidor de esas tensiones e intereses, el PP, está desvencijado y los voluntarios del toque de corneta de José María Aznar, empezando por los togados, van como pollo sin cabeza en un fuego graneado caótico contra el poder ejecutivo, sin jerarquía ni mando. Eso que asustó a Anson hace treinta años es ahora un fenómeno mucho más virulento y desordenado. La derecha política, mediática, judicial, fiscal y policial es hoy una pura horda de uruk-hai sin estructura ni estrategia, solo con determinación, y el que menos pinta en el control de los aconteceres es el despacho sito en Génova 13.

Si este excepcional momento dorado de España en Occidente se ha convertido en una turbamulta porque los votantes no respetaron el turno de partidos en 2023, la cuestión inquietante es qué escenario nos aguarda si en 2027 el candidato de la derecha vuelve a fallar y el resistente repite. Aunque tal vez esa sea exactamente la preocupación que se persigue generar. Recuerden: no hay negocio para los seguros si ustedes no temen.

El Partido Popular asume públicamente que ganará las próximas generales ante la “insostenible” situación del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que llevó la pasada semana al líder de Vox, Santiago Abascal, a rebajar las expectativas de los conservadores recordando lo que sucedió en el año 2023, cuando Génova ya empezó a repartir ministerios ante lo que pronosticaba que sería una sólida victoria electoral. No fue así. Sánchez volvió a ser investido presidente. Ahora, a menos de un año de las próximas generales, el PP combina dos discursos: el que da por hecho que ganará ante la movilización del electorado de la derecha y el que advierte de que no está ganado porque Sánchez quiere “fabricar nuevos votantes”.

Es el argumento que utilizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos —uno de los mayores referentes mediáticos de la derecha— el lunes, en la que denunció que Sánchez está llevando a cabo una supuesta "ingeniería electoral" mediante la ley de memoria democrática y la denominada ley de nietos para mantenerse en el poder. "No le salen las cuentas", afirmó, tras acusar al Ejecutivo de utilizar las nacionalizaciones como un instrumento político. Una declaración que implica dar un paso más allá en el discurso que la formación viene construyendo desde hace meses y que ha ido desplazando el foco de la regularización extraordinaria de migrantes, contra la que se han manifestado, para ponerlo sobre un supuesto plan del presidente del Gobierno para seguir tras 2027.

Sin embargo, conforme ese relato ha ido extendiéndose también lo han hecho las diferencias entre los propios dirigentes populares sobre cuál sería exactamente el supuesto problema. Mientras Feijóo habla de una alteración interesada del censo mediante nuevas nacionalizaciones, otros dirigentes del partido sitúan la sospecha en los procedimientos administrativos, en la actuación de los consulados o incluso en el funcionamiento del propio sistema electoral. Unas versiones que no siempre resultan compatibles entre sí y que, además, contrastan con la posición que el propio PP defendió durante años cuando reclamaba ampliar precisamente esos mismos derechos, tanto en España como a nivel autonómico.

Argumentos construidos sin pruebas que se han intensificado en los últimos días pero que comenzaron meses e incluso años atrás. Tras la regularización extraordinaria de personas migrantes, Feijóo aseguró que el Gobierno pretendía "incrementar el censo" mediante esa medida, vinculando por primera vez la política migratoria con un supuesto beneficio electoral futuro. Aquella tesis, compartida ampliamente por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encontró un obstáculo jurídico evidente. El hecho de que la regularización administrativa no concede de manera automática la nacionalidad española ni, por tanto, el derecho a votar en las generales de 2027. Ante esas críticas, el discurso cambió.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de diseñar la política migratoria del PP, matizó entonces que el supuesto efecto sería "a medio plazo" y enmarcó la cuestión en una estrategia de "clientelismo político". El problema para Génova ya no era que esos migrantes fueran a votar de manera inmediata, sino que el Gobierno estaría modificando progresivamente la composición del electorado para beneficiarse en el futuro, dando así por hecho que esos migrantes votarán en masa al PSOE o a un partido de la izquierda.

Esto contrasta con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales, las de 2023, lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, beligerantes con la inmigración, y eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regulación de extranjeros. Los datos del mismo estudio sugieren el motivo de esta predilección por las fuerzas de la derecha: colombianos y venezolanos aportan el mayor número de españoles nacidos en el extranjero que se autoubican ideológicamente entre el 7 y el 10 (en una escala en la que el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha).

Sin embargo, para el PP existe el riesgo de que los nuevos nacionalizados agradezcan a Sánchez con su voto la decisión de facilitarles una vía para poder trabajar de manera regular. 

Las declaraciones de los principales portavoces del PP durante las últimas semanas muestran hasta qué punto el partido ha ido modificando el relato sin llegar a fijar una explicación única. Feijóo sostiene que el Ejecutivo pretende "fabricar nuevos votantes" mediante una utilización partidista de las nacionalizaciones. Según su tesis, el Gobierno estaría incorporando al censo personas que acabarían favoreciendo electoralmente al PSOE.

Sin embargo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, evitó respaldar una acusación de ese alcance. Preguntado este lunes en rueda de prensa por las palabras de Feijóo, aseguró que "cuando está Sánchez, todo es posible", y añadió que el PP estará vigilante: “No nos fiamos”, subrayó. Su foco dejó así de estar en quién accede a la nacionalidad para trasladarse a los "procedimientos", sin concretar qué irregularidades teme el partido.

La portavoz oficial en materia migratoria, Alma Ezcurra, ha desarrollado una explicación distinta. En varias intervenciones ha defendido que el Gobierno no estaría utilizando la ley para reparar una injusticia histórica, sino para garantizarse una ventaja política futura. "Cuando queremos saber si alguien manipula unas elecciones, siempre miramos las papeletas. Pero hay una forma mucho más silenciosa de hacerlo: decidir quién entra en el censo electoral", afirmó recientemente. Un argumento que comparte con Vox.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ido todavía más lejos al poner el foco en la actuación de los consulados españoles encargados de tramitar buena parte de estos expedientes. “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo la baronesa del PP en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Sus advertencias provocaron una reacción inédita dentro de la carrera diplomática, cuyos representantes expresaron públicamente su malestar por verse señalados como posibles colaboradores de un fraude sin que se aportara ninguna prueba.

En paralelo, otros dirigentes como la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, han metido incluso a Cuba en este relato. Este martes, en rueda de prensa desde la Cámara Alta, acusó al Ejecutivo de Sánchez de estar actuando "a toda prisa y con urgencia" y "externalizando incluso" esas nacionalizaciones que se derivan de la ley de nietos "a través de empresas cubanas vinculadas al régimen". "¿No es para sospechar? ¿No es para hablar de ingeniería electoral? Con Sánchez nada es casual, nada", planteó.

El resultado es un relato que cambia según quién tome la palabra. Para Feijóo el problema reside en las nuevas nacionalizaciones y, para Ezcurra, en la elaboración del censo. Ayuso pone el foco en el funcionamiento de los consulados y Sémper en la necesidad de vigilar el propio proceso electoral. El denominador común es la insinuación de que el Gobierno estaría actuando para condicionar el resultado de las próximas elecciones, aunque el partido no haya presentado pruebas que sustenten esa acusación y cada uno dé una explicación distinta sobre cómo puede repercutir y cuál es el conflicto de fondo.

Ese endurecimiento del discurso coincide además con una aproximación al marco político que Vox lleva tiempo impulsando, al calor de prácticas similares de la extrema derecha en todo el mundo. La formación de Santiago Abascal denuncia desde hace tiempo un supuesto "pucherazo" –el último ejemplo ocurrió con el voto CERA de Andalucía– y alerta sobre una presunta manipulación del censo electoral mediante las nacionalizaciones. El PP había evitado hasta ahora ese discurso, consciente del alcance institucional que tendría cuestionar la limpieza del sistema electoral español. Pero ahora se lanza a alimentar esas mismas sospechas.

Las declaraciones de los últimos días muestran, sin embargo, una convergencia evidente. Aunque Feijóo evita hablar expresamente de fraude electoral, sí comparte con Vox la idea central de que el Gobierno estaría modificando la composición del electorado para obtener un beneficio político. La diferencia reside en que mientras Vox denuncia abiertamente un fraude, el PP mantiene la acusación en el terreno de la insinuación y habla de "ingeniería electoral" o de la necesidad de vigilar unos procedimientos de los que, según Sémper, “no nos fiamos”.

Ese cambio de estrategia ha sido contestado por Sánchez este martes, que definió la regularización como “un gran éxito” y criticó a quienes "hacen política con la inmigración”, en referencia al PP y también a Vox. “Sin inmigración, España tendría un 19% menos de PIB en 2050. 90.000 bares cerrarían, desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, se cerrarían 50.000 aulas. La mitad del crecimiento del PIB español de los últimos años se debe a la llegada de inmigrantes”, planteó. Lo cierto es que las concesiones de nacionalidad están reguladas por ley, sometidas a procedimientos administrativos tasados y, en última instancia, sujetas al control de los tribunales.

La estrategia del PP tropieza, sin embargo, con la propia trayectoria de su líder. Durante sus años al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo defendió de forma reiterada la ampliación del acceso a la nacionalidad para los descendientes de emigrantes españoles, ya que el estatuto reconoce políticamente a la diáspora gallega y protege sus derechos políticos. Lo hizo en numerosas visitas institucionales a Argentina, Uruguay o Cuba en su etapa como presidente autonómico y volvió a reclamarlo ya como líder nacional del PP.

En 2022, por ejemplo, pidió expresamente una ley que permitiera recuperar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles emigrados, sin limitar ese derecho únicamente a las víctimas del exilio contempladas en la ley de memoria democrática. Entonces presentaba esa medida como una cuestión de justicia y de reparación hacia la diáspora española.

La contradicción no afecta únicamente a Feijóo. El PP defendió durante la tramitación parlamentaria de la ley de memoria democrática ampliar todavía más el acceso a la nacionalidad, criticando precisamente que el texto del Gobierno dejara fuera a parte de los descendientes de emigrantes económicos. “Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”, planteó en 2018 la actual portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz.

Tampoco fue esa la posición de anteriores gobiernos conservadores. En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó la ley que permitió obtener la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España a finales del siglo XV. Aquella reforma fue presentada como una política de reparación histórica y de reencuentro con la diáspora sefardí, sin que el PP planteara entonces objeciones relacionadas con el censo electoral o con un eventual impacto sobre futuros procesos electorales.

El objetivo está claro. Ahora toca renunciar. Sin olvidar cada ideología, llega el momento de priorizar, de decidir no solamente quién se presenta sino también con qué programa se presenta.

Antecedentes ha habido, aunque los resultados no fueron los esperados. Al menos para algunos. Si el primer ministro canadiense Mark Carney se mostró partidario de que unirse da fuerza frente a Donald Trump, en España no parece que sumen bien personalidades y programas. Claro que hay ejemplos de distintos estilos y métodos. Tanto en la izquierda como en la derecha. Por un lado la ideología está subsumida en un partido, que asume las prédicas más o menos radicales de otros. Por eso la ultraderecha apenas aparece en algunas comunidades donde la derecha utiliza su ideología.

En la parte ideológica de la izquierda los movimientos van por otro lado. Parece que las propuestas del partido mayoritario las asume un minoritario y los votos han ido del menor al mayor, al menos en ciertas comunidades, por eso suele ocurrir que en una coalición el menor va perdiendo valor y en las siguientes elecciones deja muchos votos y muchos puestos.

Aunque el minoritario es más atrevido y promueve las leyes más avanzadas porque el mayoritario no se atreve a cumplir en algunas materias y el pequeño, más radical, sí se atreve. Pongamos que en un Consejo de Ministros se consensúan las propuestas de ambos coaligados, lo que no significa renunciar a unas ideas, y sí buscar un límite por abajo que atraiga al elector.

Entiendo que la propuesta hecha por Gabriel Rufián consiste en que en cada comunidad o distrito electoral los partidos a la izquierda del Partido Socialista consensúen un candidato único (en una jurisdicción ganará uno, en otra ganará otro, según su implantación) y Rufián en la suya, en una provincia de Cataluña, no se iba a presentar en varias, claro. Las palabras del diputado de ERC fueron esquemáticas, lo que provocó cierta confusión inicial. La concentración en una candidatura agrupa votos e ideologías, que se convierten en escaños luego. Claro que la izquierda en este país es toda matices y será muy difícil alcanzar acuerdos, sin pensar que los matices se han de dar una vez elegidos. Así se entiende la derecha, una vez conseguidos los escaños.

Es decir, toca renunciar. En cuanto a personal y en cuanto a ideas o métodos. Es mejor tener detrás un grupo asesor, aunque no sea ideológicamente compacto, que no tener escaño. Quizá sea un posibilismo excesivo pero puede ser un modo de conseguir frenar a la ultraderecha. El mantenimiento de la democracia tiene su peaje porque la democracia no es un sistema fijo, permanente, hay que sostenerlo, mantenerlo vivo cada día. El poder económico busca apropiarse de él y arrebatarlo al ciudadano, por lo que hay que luchar contra ese intento de apropiación. Eso es lo que nos queda.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

La victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en Colombia no tardó en encontrar eco en la derecha española. Tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo felicitaron públicamente al candidato colombiano tras su triunfo en la segunda vuelta, sumándose así a la oleada de reacciones de dirigentes conservadores y ultras que han celebrado el resultado como un giro político en América Latina.

El líder de Vox fue el más explícito en la lectura ideológica del resultado. “Los colombianos han otorgado la victoria a Abelardo de la Espriella y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores”, escribió Abascal en X. En su mensaje, el dirigente ultra enmarcó el triunfo del candidato colombiano dentro de una ofensiva regional de la derecha radical: “La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”. “Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia!”, remató.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al ultraderechista colombiano, aunque con un tono más institucional. “Mi felicitación a Abelardo de la Espriella por su triunfo. Una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, escribió el líder popular. Feijóo añadió que le desea “acierto en los retos que tiene por delante” y “éxito en la tarea de mejorar la vida de todos los colombianos”.

A las felicitaciones se sumó también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que celebró la victoria del candidato colombiano como una derrota de la izquierda. “La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia significa sacar a la ultraizquierda del poder y dar una oportunidad a la paz”, escribió en X. La dirigente madrileña destacó además que el nuevo presidente ha prometido gobernar “para todos, sin vencedores ni vencidos”, una fórmula que Ayuso presentó como “lo mejor para este querido país hermano”.

De la Espriella, que en la campaña tuvo el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si se confirma su victoria en el escrutinio, se convertirá en un jugador clave para garantizar "la libertad del continente".

"A nuestros aliados internacionales les digo: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable, volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres, vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con países que no respetan la libertad", dijo.

Añadió: "Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente".

De la Espriella ya fue felicitado y recibió el respaldo de otros líderes de derecha de la región como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz, y Panamá, José Raúl Mulino, con quienes se espera que tenga relaciones cercanas.

La respuesta desde España muestra dos registros distintos ante un mismo resultado. Vox ha leído la victoria de De la Espriella en clave de batalla ideológica contra el Gobierno de Gustavo Petro y contra la izquierda latinoamericana. El PP, por su parte, ha optado por una felicitación más diplomática, pero igualmente alineada con la celebración del giro político en Colombia. En ambos casos, la derecha española se suma al aplauso internacional a un candidato que ha construido su campaña sobre un discurso de mano dura, orden y rechazo frontal al proyecto político de Petro.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella llamó este domingo a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial.

Con el 99,99 % de las mesas informadas en el conteo preliminar por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70%) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La diferencia, de solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, es muy inferior a la que vaticinaban las encuestas y menos de la mitad de los más de 673.138 papeletas (2,84%) con las que el ultraderechista ganó en primera vuelta.

"A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos", afirmó De la Espriella ante miles de seguidores congregados frente al monumento Ventana al Mundo de Barranquilla, donde dio su primer discurso tras recibir los resultados y reivindicó su victoria como el inicio de una nueva etapa para el país.

El abogado y empresario de 47 años aseguró que no habrá "vencedores ni vencidos" y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, como un símbolo de unidad nacional: "Seré el presidente de todos los colombianos". Desde Barranquilla, De la Espriella afirmó que "en democracia no existen enemigos irreconciliables sino compatriotas que piensan diferente pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros".

"A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó el líder de Defensores de la Patria.

El futuro presidente aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y la dignidad nacional. "Mi propósito será ganarme su confianza con resultados y no con discursos; con hechos y obras, no con promesas", añadió De la Espriella.

"Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza", señaló ante un público entregado.

"Sí, podemos reconstruir la república, gobernar con cero corrupción, sin lugar para la politiquería, para volver a lo que hay que ser: una nación respetada. Sí podemos convertir a Colombia con el apoyo y el fervor del pueblo y la ayuda de Dios en una patria milagro", expresó el líder de ultraderecha.

En cuanto de la seguridad, uno de los temas más urgentes que deberá enfrentar el nuevo Gobierno, el ultraderechista advirtió que no habrá zonas vedadas porque "la autoridad de la República volverá hacerse sentir en todo el territorio nacional".

En ese sentido el ultraderechista sentenció que no "habrá criminales impunes ni intocables", y no habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley, en referencia a la política de paz total que impulsó el Gobierno de Petro.

"A los narcotraficantes, terroristas secuestradores, extorsionistas y corruptos que se roban los recursos del pueblo les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener Gobierno y Estado", dijo.

De la Espriella, que en la campaña tuvo el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si se confirma su victoria en el escrutinio, se convertirá en un jugador clave para garantizar "la libertad del continente".

"A nuestros aliados internacionales les digo: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable, volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres, vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con países que no respetan la libertad", dijo.

Añadió: "Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente".

De la Espriella ya fue felicitado y recibió el respaldo de otros líderes de derecha de la región como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz, y Panamá, José Raúl Mulino, con quienes se espera que tenga relaciones cercanas.

La jornada estuvo marcada por una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo que representa el 63,59% del censo electoral, una cifra sin precedentes en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

Sin embargo, el cierre de la votación no disipó completamente la tensión política acumulada durante tres semanas de campaña marcadas por acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción, cuestionamientos al sistema electoral y advertencias sobre posibles protestas posteriores a los comicios.

Cepeda reconoció los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Por su parte, el presidente Petro, que hasta ahora no ha aceptado el resultado de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, señaló que aceptará el resultado definitivo de la segunda una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes.

Petro también dejó abierta la posibilidad de reconocer una victoria de De la Espriella si así lo confirman los escrutinios, aunque denunció supuestas irregularidades y pidió a sus seguidores acompañar la revisión de las actas.

"Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite", escribió Petro en su cuenta de X.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo una llamada a la tranquilidad y recordó que el resultado oficial surgirá del escrutinio realizado por jueces y notarios, un proceso que comenzó inmediatamente después del cierre de las urnas y que debe concluir esta misma semana.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La confianza es la materia prima de las sociedades, y más aún de las sociedades democráticas. En la actualidad ese preciado elemento está en horas bajas. Se mire donde se mire se comprueban mínimos históricos de confianza en las instituciones, en los agentes de intermediación e incluso en nosotros mismos como sociedad.

Quienes se dedican a cuestiones públicas, y en especial a la política, saben que construir confianza es la única manera de que las cosas vayan bien. Y saben también que es un material muy sensible; puede tardar décadas en construirse y se dinamita en un segundo. Así las cosas, una de las formas más eficaces que se conocen de crear confianza es pasar de las palabras a los hechos.

Autos como el dictado por el juez Peinado en relación a las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y su asistenta, Cristina Álvarez, dinamitan la confianza en una institución esencial, nada menos que la justicia. Si ya la ciudadanía la valoraba por debajo del cinco, en los últimos años se comprueba cómo la desconfianza crece más entre los progresistas que entre los conservadores (aquí pueden ver los datos que ofrece el profesor Coller y aquí un estudio de More in Common, con similares conclusiones).

Si hay hechos que destrozan la confianza, también hay otros que la crean, o ayudan a ello. De ahí que sea difícil de entender que el Partido Socialista no pase de las palabras a los hechos e inicie las acciones judiciales contra los entornos de Leire Diez y Cerdán por haber creado –supuestamente– una oscura red de chantajes, presiones y corrupción, que no por fallida deja de ser grave.

Ya no basta con decir que actuaban por su cuenta. Si así es, la querella criminal está tardando. Es más, al no hacerlo, puede levantar la sospecha de que, tal como la propia señora Díez declaró recientemente en una entrevista en El Diario Montañés, la cántabra vale más por lo que calla que por lo que dice. Querellarse contra ambos sería una forma de demostrar que no hay nada que ocultar y marcar distancias. Un buen argumento con el que los militantes socialistas podrían mantener, fortalecer o recuperar la confianza en sus líderes.

También el presidente Zapatero a su salida de la Audiencia Nacional pedía en un comunicado que confiemos en él. En este caso será su abogado quien tendrá que asesorarle sobre cómo se consigue tener o retener la confianza de los suyos y al mismo tiempo preservar su defensa ante el juez, que, según hemos oído en los audios filtrados, no parecía muy convencido de las respuestas que iba dando el presidente Zapatero. A veces es muy difícil atisbar dónde acaba la confianza y empieza la cuestión de fe.

Quien estos días, sin embargo, ha mostrado que los suyos pueden confiar en él ha sido Alberto Núñez Feijóo, aunque el proceder ha sido al contrario: no ha pasado de las palabras a los hechos, sino de los hechos a las palabras. ¡Al fin! Después de años negando que se planteara gobernar con Vox en caso de que llegue a la Moncloa, tras acuerdos en decenas de ayuntamientos y en no pocas comunidades autónomas, por fin la pasada semana, movido por la ansiedad y aprovechando algo tan institucional como el programa El Hormiguero de Pablo Motos, reconoció que, en efecto, si los números lo requieren —como indican todas las encuestas— llegará a un acuerdo con Abascal para gobernar España.

El líder de Vox ya tiene la sartén por el mango; podrá pedir lo que quiera, le acaban de dar un cheque en blanco. Resultado: los votantes de Feijóo ya pueden confiar en que, si suman —no adelantemos acontecimientos—, Abascal será vicepresidente y los suyos dirigirán unos cuantos ministerios. No es que antes se dudara de ello, a la vista de los hechos, pero ahora lo han dejado meridianamente claro, tras haber prometido lo contrario en el congreso del PP celebrado hace un año. “Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo. Y yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”. Pues bien, sus votantes ya pueden confiar en que, si sus principios no funcionan, tiene otros. Y sin ninguna duda, gobernará con VOX (salvo que Abascal no quiera, que todo puede suceder).

El Congreso votará la próxima semana una moción que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza después de que la Mesa del Congreso haya aceptado parcialmente una solicitud del PP.

Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han informado de que la Mesa ha vetado algunos puntos de la moción, entre ellos el que solicitaba instar a Sánchez a convocar elecciones, así como la dimisión inmediata del Gobierno.

El texto que ha sido aceptado dice que en el que caso de que Sánchez decida no convocar elecciones, la Cámara le insta a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Este punto ya estaba incluido en una moción de Junts que había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero de 2025.

El documento aceptado es una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la insostenible situación" del Gobierno de España y las responsabilidades en ella del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Aunque el PP ha celebrado que el Congreso vaya a votar esta moción y a pronunciarse sobre la cuestión de confianza en el último pleno antes del verano, ha señalado en un comunicado que su texto ha sido objeto de "un nuevo atropello" por parte de la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, ya que se han eliminado los puntos 1 y 2.

Esto es "un suma y sigue" en el "largo historial de cacicadas" de las que el PP viene siendo víctima desde el inicio de la presidencia de la Cámara Baja de la socialista Francina Armengol, señala el partido.

Según el PP, "no se concibe ni se puede aceptar" que la Mesa haya vetado los dos primeros puntos, cuando el primero fue reformulado para cumplir con el criterio solicitado por los letrados de la Cámara y el segundo transcribe "de manera exacta" una de las iniciativas (de Vox) que sí fue anteriormente admitida a trámite.

El punto 1 eliminado afirmaba que el Congreso "manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

Y el 2 exigía la inmediata dimisión en bloque del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 29 de octubre de 2024.

El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a la moción de los populares para pedir que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas después, la Mesa del Congreso decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que mantiene la ambición de una legislatura de cuatro años, pero ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones, se ha limitado a señalar que los presupuestos se presentarán en 2026 y los comicios serán en 2027.

Sánchez se ha expresado de esta forma en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y al plantearle si convocará de forma inmediata elecciones si no consigue que se aprueben los presupuestos.

"Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas", ha subrayado.

Pero no ha concretado más y se ha limitado a señalar que "la realidad es muy dinámica" ante el interés de los periodistas por acotar más la fecha de los comicios.

Sí ha explicado que su ambición y su objetivo sigue siendo que las legislaturas, "cuando no gobierna la derecha", duren cuatro años.