El Partido Popular asume públicamente que ganará las próximas generales ante la “insostenible” situación del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que llevó la pasada semana al líder de Vox, Santiago Abascal, a rebajar las expectativas de los conservadores recordando lo que sucedió en el año 2023, cuando Génova ya empezó a repartir ministerios ante lo que pronosticaba que sería una sólida victoria electoral. No fue así. Sánchez volvió a ser investido presidente. Ahora, a menos de un año de las próximas generales, el PP combina dos discursos: el que da por hecho que ganará ante la movilización del electorado de la derecha y el que advierte de que no está ganado porque Sánchez quiere “fabricar nuevos votantes”.

Es el argumento que utilizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos —uno de los mayores referentes mediáticos de la derecha— el lunes, en la que denunció que Sánchez está llevando a cabo una supuesta "ingeniería electoral" mediante la ley de memoria democrática y la denominada ley de nietos para mantenerse en el poder. "No le salen las cuentas", afirmó, tras acusar al Ejecutivo de utilizar las nacionalizaciones como un instrumento político. Una declaración que implica dar un paso más allá en el discurso que la formación viene construyendo desde hace meses y que ha ido desplazando el foco de la regularización extraordinaria de migrantes, contra la que se han manifestado, para ponerlo sobre un supuesto plan del presidente del Gobierno para seguir tras 2027.

Sin embargo, conforme ese relato ha ido extendiéndose también lo han hecho las diferencias entre los propios dirigentes populares sobre cuál sería exactamente el supuesto problema. Mientras Feijóo habla de una alteración interesada del censo mediante nuevas nacionalizaciones, otros dirigentes del partido sitúan la sospecha en los procedimientos administrativos, en la actuación de los consulados o incluso en el funcionamiento del propio sistema electoral. Unas versiones que no siempre resultan compatibles entre sí y que, además, contrastan con la posición que el propio PP defendió durante años cuando reclamaba ampliar precisamente esos mismos derechos, tanto en España como a nivel autonómico.

Argumentos construidos sin pruebas que se han intensificado en los últimos días pero que comenzaron meses e incluso años atrás. Tras la regularización extraordinaria de personas migrantes, Feijóo aseguró que el Gobierno pretendía "incrementar el censo" mediante esa medida, vinculando por primera vez la política migratoria con un supuesto beneficio electoral futuro. Aquella tesis, compartida ampliamente por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encontró un obstáculo jurídico evidente. El hecho de que la regularización administrativa no concede de manera automática la nacionalidad española ni, por tanto, el derecho a votar en las generales de 2027. Ante esas críticas, el discurso cambió.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de diseñar la política migratoria del PP, matizó entonces que el supuesto efecto sería "a medio plazo" y enmarcó la cuestión en una estrategia de "clientelismo político". El problema para Génova ya no era que esos migrantes fueran a votar de manera inmediata, sino que el Gobierno estaría modificando progresivamente la composición del electorado para beneficiarse en el futuro, dando así por hecho que esos migrantes votarán en masa al PSOE o a un partido de la izquierda.

Esto contrasta con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales, las de 2023, lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, beligerantes con la inmigración, y eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regulación de extranjeros. Los datos del mismo estudio sugieren el motivo de esta predilección por las fuerzas de la derecha: colombianos y venezolanos aportan el mayor número de españoles nacidos en el extranjero que se autoubican ideológicamente entre el 7 y el 10 (en una escala en la que el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha).

Sin embargo, para el PP existe el riesgo de que los nuevos nacionalizados agradezcan a Sánchez con su voto la decisión de facilitarles una vía para poder trabajar de manera regular. 

Las declaraciones de los principales portavoces del PP durante las últimas semanas muestran hasta qué punto el partido ha ido modificando el relato sin llegar a fijar una explicación única. Feijóo sostiene que el Ejecutivo pretende "fabricar nuevos votantes" mediante una utilización partidista de las nacionalizaciones. Según su tesis, el Gobierno estaría incorporando al censo personas que acabarían favoreciendo electoralmente al PSOE.

Sin embargo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, evitó respaldar una acusación de ese alcance. Preguntado este lunes en rueda de prensa por las palabras de Feijóo, aseguró que "cuando está Sánchez, todo es posible", y añadió que el PP estará vigilante: “No nos fiamos”, subrayó. Su foco dejó así de estar en quién accede a la nacionalidad para trasladarse a los "procedimientos", sin concretar qué irregularidades teme el partido.

La portavoz oficial en materia migratoria, Alma Ezcurra, ha desarrollado una explicación distinta. En varias intervenciones ha defendido que el Gobierno no estaría utilizando la ley para reparar una injusticia histórica, sino para garantizarse una ventaja política futura. "Cuando queremos saber si alguien manipula unas elecciones, siempre miramos las papeletas. Pero hay una forma mucho más silenciosa de hacerlo: decidir quién entra en el censo electoral", afirmó recientemente. Un argumento que comparte con Vox.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ido todavía más lejos al poner el foco en la actuación de los consulados españoles encargados de tramitar buena parte de estos expedientes. “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo la baronesa del PP en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Sus advertencias provocaron una reacción inédita dentro de la carrera diplomática, cuyos representantes expresaron públicamente su malestar por verse señalados como posibles colaboradores de un fraude sin que se aportara ninguna prueba.

En paralelo, otros dirigentes como la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, han metido incluso a Cuba en este relato. Este martes, en rueda de prensa desde la Cámara Alta, acusó al Ejecutivo de Sánchez de estar actuando "a toda prisa y con urgencia" y "externalizando incluso" esas nacionalizaciones que se derivan de la ley de nietos "a través de empresas cubanas vinculadas al régimen". "¿No es para sospechar? ¿No es para hablar de ingeniería electoral? Con Sánchez nada es casual, nada", planteó.

El resultado es un relato que cambia según quién tome la palabra. Para Feijóo el problema reside en las nuevas nacionalizaciones y, para Ezcurra, en la elaboración del censo. Ayuso pone el foco en el funcionamiento de los consulados y Sémper en la necesidad de vigilar el propio proceso electoral. El denominador común es la insinuación de que el Gobierno estaría actuando para condicionar el resultado de las próximas elecciones, aunque el partido no haya presentado pruebas que sustenten esa acusación y cada uno dé una explicación distinta sobre cómo puede repercutir y cuál es el conflicto de fondo.

Ese endurecimiento del discurso coincide además con una aproximación al marco político que Vox lleva tiempo impulsando, al calor de prácticas similares de la extrema derecha en todo el mundo. La formación de Santiago Abascal denuncia desde hace tiempo un supuesto "pucherazo" –el último ejemplo ocurrió con el voto CERA de Andalucía– y alerta sobre una presunta manipulación del censo electoral mediante las nacionalizaciones. El PP había evitado hasta ahora ese discurso, consciente del alcance institucional que tendría cuestionar la limpieza del sistema electoral español. Pero ahora se lanza a alimentar esas mismas sospechas.

Las declaraciones de los últimos días muestran, sin embargo, una convergencia evidente. Aunque Feijóo evita hablar expresamente de fraude electoral, sí comparte con Vox la idea central de que el Gobierno estaría modificando la composición del electorado para obtener un beneficio político. La diferencia reside en que mientras Vox denuncia abiertamente un fraude, el PP mantiene la acusación en el terreno de la insinuación y habla de "ingeniería electoral" o de la necesidad de vigilar unos procedimientos de los que, según Sémper, “no nos fiamos”.

Ese cambio de estrategia ha sido contestado por Sánchez este martes, que definió la regularización como “un gran éxito” y criticó a quienes "hacen política con la inmigración”, en referencia al PP y también a Vox. “Sin inmigración, España tendría un 19% menos de PIB en 2050. 90.000 bares cerrarían, desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, se cerrarían 50.000 aulas. La mitad del crecimiento del PIB español de los últimos años se debe a la llegada de inmigrantes”, planteó. Lo cierto es que las concesiones de nacionalidad están reguladas por ley, sometidas a procedimientos administrativos tasados y, en última instancia, sujetas al control de los tribunales.

La estrategia del PP tropieza, sin embargo, con la propia trayectoria de su líder. Durante sus años al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo defendió de forma reiterada la ampliación del acceso a la nacionalidad para los descendientes de emigrantes españoles, ya que el estatuto reconoce políticamente a la diáspora gallega y protege sus derechos políticos. Lo hizo en numerosas visitas institucionales a Argentina, Uruguay o Cuba en su etapa como presidente autonómico y volvió a reclamarlo ya como líder nacional del PP.

En 2022, por ejemplo, pidió expresamente una ley que permitiera recuperar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles emigrados, sin limitar ese derecho únicamente a las víctimas del exilio contempladas en la ley de memoria democrática. Entonces presentaba esa medida como una cuestión de justicia y de reparación hacia la diáspora española.

La contradicción no afecta únicamente a Feijóo. El PP defendió durante la tramitación parlamentaria de la ley de memoria democrática ampliar todavía más el acceso a la nacionalidad, criticando precisamente que el texto del Gobierno dejara fuera a parte de los descendientes de emigrantes económicos. “Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”, planteó en 2018 la actual portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz.

Tampoco fue esa la posición de anteriores gobiernos conservadores. En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó la ley que permitió obtener la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España a finales del siglo XV. Aquella reforma fue presentada como una política de reparación histórica y de reencuentro con la diáspora sefardí, sin que el PP planteara entonces objeciones relacionadas con el censo electoral o con un eventual impacto sobre futuros procesos electorales.

El objetivo está claro. Ahora toca renunciar. Sin olvidar cada ideología, llega el momento de priorizar, de decidir no solamente quién se presenta sino también con qué programa se presenta.

Antecedentes ha habido, aunque los resultados no fueron los esperados. Al menos para algunos. Si el primer ministro canadiense Mark Carney se mostró partidario de que unirse da fuerza frente a Donald Trump, en España no parece que sumen bien personalidades y programas. Claro que hay ejemplos de distintos estilos y métodos. Tanto en la izquierda como en la derecha. Por un lado la ideología está subsumida en un partido, que asume las prédicas más o menos radicales de otros. Por eso la ultraderecha apenas aparece en algunas comunidades donde la derecha utiliza su ideología.

En la parte ideológica de la izquierda los movimientos van por otro lado. Parece que las propuestas del partido mayoritario las asume un minoritario y los votos han ido del menor al mayor, al menos en ciertas comunidades, por eso suele ocurrir que en una coalición el menor va perdiendo valor y en las siguientes elecciones deja muchos votos y muchos puestos.

Aunque el minoritario es más atrevido y promueve las leyes más avanzadas porque el mayoritario no se atreve a cumplir en algunas materias y el pequeño, más radical, sí se atreve. Pongamos que en un Consejo de Ministros se consensúan las propuestas de ambos coaligados, lo que no significa renunciar a unas ideas, y sí buscar un límite por abajo que atraiga al elector.

Entiendo que la propuesta hecha por Gabriel Rufián consiste en que en cada comunidad o distrito electoral los partidos a la izquierda del Partido Socialista consensúen un candidato único (en una jurisdicción ganará uno, en otra ganará otro, según su implantación) y Rufián en la suya, en una provincia de Cataluña, no se iba a presentar en varias, claro. Las palabras del diputado de ERC fueron esquemáticas, lo que provocó cierta confusión inicial. La concentración en una candidatura agrupa votos e ideologías, que se convierten en escaños luego. Claro que la izquierda en este país es toda matices y será muy difícil alcanzar acuerdos, sin pensar que los matices se han de dar una vez elegidos. Así se entiende la derecha, una vez conseguidos los escaños.

Es decir, toca renunciar. En cuanto a personal y en cuanto a ideas o métodos. Es mejor tener detrás un grupo asesor, aunque no sea ideológicamente compacto, que no tener escaño. Quizá sea un posibilismo excesivo pero puede ser un modo de conseguir frenar a la ultraderecha. El mantenimiento de la democracia tiene su peaje porque la democracia no es un sistema fijo, permanente, hay que sostenerlo, mantenerlo vivo cada día. El poder económico busca apropiarse de él y arrebatarlo al ciudadano, por lo que hay que luchar contra ese intento de apropiación. Eso es lo que nos queda.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

La victoria del ultraderechista Abelardo De la Espriella en Colombia no tardó en encontrar eco en la derecha española. Tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo felicitaron públicamente al candidato colombiano tras su triunfo en la segunda vuelta, sumándose así a la oleada de reacciones de dirigentes conservadores y ultras que han celebrado el resultado como un giro político en América Latina.

El líder de Vox fue el más explícito en la lectura ideológica del resultado. “Los colombianos han otorgado la victoria a Abelardo de la Espriella y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores”, escribió Abascal en X. En su mensaje, el dirigente ultra enmarcó el triunfo del candidato colombiano dentro de una ofensiva regional de la derecha radical: “La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”. “Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia!”, remató.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, felicitó al ultraderechista colombiano, aunque con un tono más institucional. “Mi felicitación a Abelardo de la Espriella por su triunfo. Una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica”, escribió el líder popular. Feijóo añadió que le desea “acierto en los retos que tiene por delante” y “éxito en la tarea de mejorar la vida de todos los colombianos”.

Las reacciones de Abascal y Feijóo se suman a las de otros referentes internacionales de la derecha y la ultraderecha, que han celebrado la victoria de De la Espriella como un nuevo avance del bloque conservador. Entre ellos, el presidente argentino Javier Milei, que felicitó al candidato colombiano y presentó su triunfo como una victoria de la “libertad económica”, la “prosperidad” y la “seguridad implacable”.

La respuesta desde España muestra dos registros distintos ante un mismo resultado. Vox ha leído la victoria de De la Espriella en clave de batalla ideológica contra el Gobierno de Gustavo Petro y contra la izquierda latinoamericana. El PP, por su parte, ha optado por una felicitación más diplomática, pero igualmente alineada con la celebración del giro político en Colombia. En ambos casos, la derecha española se suma al aplauso internacional a un candidato que ha construido su campaña sobre un discurso de mano dura, orden y rechazo frontal al proyecto político de Petro.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella llamó este domingo a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial.

Con el 99,99 % de las mesas informadas en el conteo preliminar por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70%) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La diferencia, de solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, es muy inferior a la que vaticinaban las encuestas y menos de la mitad de los más de 673.138 papeletas (2,84%) con las que el ultraderechista ganó en primera vuelta.

"A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos", afirmó De la Espriella ante miles de seguidores congregados frente al monumento Ventana al Mundo de Barranquilla, donde dio su primer discurso tras recibir los resultados y reivindicó su victoria como el inicio de una nueva etapa para el país.

El abogado y empresario de 47 años aseguró que no habrá "vencedores ni vencidos" y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, como un símbolo de unidad nacional: "Seré el presidente de todos los colombianos". Desde Barranquilla, De la Espriella afirmó que "en democracia no existen enemigos irreconciliables sino compatriotas que piensan diferente pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros".

"A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó el líder de Defensores de la Patria.

El futuro presidente aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y la dignidad nacional. "Mi propósito será ganarme su confianza con resultados y no con discursos; con hechos y obras, no con promesas", añadió De la Espriella.

"Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza", señaló ante un público entregado.

"Sí, podemos reconstruir la república, gobernar con cero corrupción, sin lugar para la politiquería, para volver a lo que hay que ser: una nación respetada. Sí podemos convertir a Colombia con el apoyo y el fervor del pueblo y la ayuda de Dios en una patria milagro", expresó el líder de ultraderecha.

En cuanto de la seguridad, uno de los temas más urgentes que deberá enfrentar el nuevo Gobierno, el ultraderechista advirtió que no habrá zonas vedadas porque "la autoridad de la República volverá hacerse sentir en todo el territorio nacional".

En ese sentido el ultraderechista sentenció que no "habrá criminales impunes ni intocables", y no habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley, en referencia a la política de paz total que impulsó el Gobierno de Petro.

"A los narcotraficantes, terroristas secuestradores, extorsionistas y corruptos que se roban los recursos del pueblo les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener Gobierno y Estado", dijo.

De la Espriella, que en la campaña tuvo el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si se confirma su victoria en el escrutinio, se convertirá en un jugador clave para garantizar "la libertad del continente".

"A nuestros aliados internacionales les digo: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable, volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres, vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con países que no respetan la libertad", dijo.

Añadió: "Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente".

De la Espriella ya fue felicitado y recibió el respaldo de otros líderes de derecha de la región como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz, y Panamá, José Raúl Mulino, con quienes se espera que tenga relaciones cercanas.

La jornada estuvo marcada por una participación histórica con más de 26,3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo que representa el 63,59% del censo electoral, una cifra sin precedentes en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

Sin embargo, el cierre de la votación no disipó completamente la tensión política acumulada durante tres semanas de campaña marcadas por acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción, cuestionamientos al sistema electoral y advertencias sobre posibles protestas posteriores a los comicios.

Cepeda reconoció los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Por su parte, el presidente Petro, que hasta ahora no ha aceptado el resultado de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, señaló que aceptará el resultado definitivo de la segunda una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes.

Petro también dejó abierta la posibilidad de reconocer una victoria de De la Espriella si así lo confirman los escrutinios, aunque denunció supuestas irregularidades y pidió a sus seguidores acompañar la revisión de las actas.

"Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite", escribió Petro en su cuenta de X.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo una llamada a la tranquilidad y recordó que el resultado oficial surgirá del escrutinio realizado por jueces y notarios, un proceso que comenzó inmediatamente después del cierre de las urnas y que debe concluir esta misma semana.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

La confianza es la materia prima de las sociedades, y más aún de las sociedades democráticas. En la actualidad ese preciado elemento está en horas bajas. Se mire donde se mire se comprueban mínimos históricos de confianza en las instituciones, en los agentes de intermediación e incluso en nosotros mismos como sociedad.

Quienes se dedican a cuestiones públicas, y en especial a la política, saben que construir confianza es la única manera de que las cosas vayan bien. Y saben también que es un material muy sensible; puede tardar décadas en construirse y se dinamita en un segundo. Así las cosas, una de las formas más eficaces que se conocen de crear confianza es pasar de las palabras a los hechos.

Autos como el dictado por el juez Peinado en relación a las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y su asistenta, Cristina Álvarez, dinamitan la confianza en una institución esencial, nada menos que la justicia. Si ya la ciudadanía la valoraba por debajo del cinco, en los últimos años se comprueba cómo la desconfianza crece más entre los progresistas que entre los conservadores (aquí pueden ver los datos que ofrece el profesor Coller y aquí un estudio de More in Common, con similares conclusiones).

Si hay hechos que destrozan la confianza, también hay otros que la crean, o ayudan a ello. De ahí que sea difícil de entender que el Partido Socialista no pase de las palabras a los hechos e inicie las acciones judiciales contra los entornos de Leire Diez y Cerdán por haber creado –supuestamente– una oscura red de chantajes, presiones y corrupción, que no por fallida deja de ser grave.

Ya no basta con decir que actuaban por su cuenta. Si así es, la querella criminal está tardando. Es más, al no hacerlo, puede levantar la sospecha de que, tal como la propia señora Díez declaró recientemente en una entrevista en El Diario Montañés, la cántabra vale más por lo que calla que por lo que dice. Querellarse contra ambos sería una forma de demostrar que no hay nada que ocultar y marcar distancias. Un buen argumento con el que los militantes socialistas podrían mantener, fortalecer o recuperar la confianza en sus líderes.

También el presidente Zapatero a su salida de la Audiencia Nacional pedía en un comunicado que confiemos en él. En este caso será su abogado quien tendrá que asesorarle sobre cómo se consigue tener o retener la confianza de los suyos y al mismo tiempo preservar su defensa ante el juez, que, según hemos oído en los audios filtrados, no parecía muy convencido de las respuestas que iba dando el presidente Zapatero. A veces es muy difícil atisbar dónde acaba la confianza y empieza la cuestión de fe.

Quien estos días, sin embargo, ha mostrado que los suyos pueden confiar en él ha sido Alberto Núñez Feijóo, aunque el proceder ha sido al contrario: no ha pasado de las palabras a los hechos, sino de los hechos a las palabras. ¡Al fin! Después de años negando que se planteara gobernar con Vox en caso de que llegue a la Moncloa, tras acuerdos en decenas de ayuntamientos y en no pocas comunidades autónomas, por fin la pasada semana, movido por la ansiedad y aprovechando algo tan institucional como el programa El Hormiguero de Pablo Motos, reconoció que, en efecto, si los números lo requieren —como indican todas las encuestas— llegará a un acuerdo con Abascal para gobernar España.

El líder de Vox ya tiene la sartén por el mango; podrá pedir lo que quiera, le acaban de dar un cheque en blanco. Resultado: los votantes de Feijóo ya pueden confiar en que, si suman —no adelantemos acontecimientos—, Abascal será vicepresidente y los suyos dirigirán unos cuantos ministerios. No es que antes se dudara de ello, a la vista de los hechos, pero ahora lo han dejado meridianamente claro, tras haber prometido lo contrario en el congreso del PP celebrado hace un año. “Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo. Y yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”. Pues bien, sus votantes ya pueden confiar en que, si sus principios no funcionan, tiene otros. Y sin ninguna duda, gobernará con VOX (salvo que Abascal no quiera, que todo puede suceder).

El Congreso votará la próxima semana una moción que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza después de que la Mesa del Congreso haya aceptado parcialmente una solicitud del PP.

Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han informado de que la Mesa ha vetado algunos puntos de la moción, entre ellos el que solicitaba instar a Sánchez a convocar elecciones, así como la dimisión inmediata del Gobierno.

El texto que ha sido aceptado dice que en el que caso de que Sánchez decida no convocar elecciones, la Cámara le insta a "considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Este punto ya estaba incluido en una moción de Junts que había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero de 2025.

El documento aceptado es una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la insostenible situación" del Gobierno de España y las responsabilidades en ella del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Aunque el PP ha celebrado que el Congreso vaya a votar esta moción y a pronunciarse sobre la cuestión de confianza en el último pleno antes del verano, ha señalado en un comunicado que su texto ha sido objeto de "un nuevo atropello" por parte de la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, ya que se han eliminado los puntos 1 y 2.

Esto es "un suma y sigue" en el "largo historial de cacicadas" de las que el PP viene siendo víctima desde el inicio de la presidencia de la Cámara Baja de la socialista Francina Armengol, señala el partido.

Según el PP, "no se concibe ni se puede aceptar" que la Mesa haya vetado los dos primeros puntos, cuando el primero fue reformulado para cumplir con el criterio solicitado por los letrados de la Cámara y el segundo transcribe "de manera exacta" una de las iniciativas (de Vox) que sí fue anteriormente admitida a trámite.

El punto 1 eliminado afirmaba que el Congreso "manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

Y el 2 exigía la inmediata dimisión en bloque del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, tal y como se solicitaba en la proposición no de ley admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 29 de octubre de 2024.

El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a la moción de los populares para pedir que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral.

Horas después, la Mesa del Congreso decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que mantiene la ambición de una legislatura de cuatro años, pero ante la posibilidad de que se adelanten las elecciones, se ha limitado a señalar que los presupuestos se presentarán en 2026 y los comicios serán en 2027.

Sánchez se ha expresado de esta forma en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y al plantearle si convocará de forma inmediata elecciones si no consigue que se aprueben los presupuestos.

"Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas", ha subrayado.

Pero no ha concretado más y se ha limitado a señalar que "la realidad es muy dinámica" ante el interés de los periodistas por acotar más la fecha de los comicios.

Sí ha explicado que su ambición y su objetivo sigue siendo que las legislaturas, "cuando no gobierna la derecha", duren cuatro años.

Han pasado las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y el pueblo español –aunque yo diría los medios de comunicación– ya han dado “el pistoletazo” a las nuevas ”Elecciones Generales”, elecciones que creo van a ser muy importantes para el devenir de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y por consiguiente del PUEBLO. Y más cuando el resultado hasta ahora ha sido gobiernos ultraconservadores PP y Vox, que van a proceder a recortes de derechos y libertades.

Pienso que ese día va a ser muy importante y puede significar el volver a recuperar o perder nuevos derechos, y allí nuestro voto es muy importante, por ello y con estos meses de antelación , me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que ese día nuestro voto puede decidir.

Desgraciadamente y con toda seguridad, tras las elecciones generales puede haber nuevos recortes, depende a quién se vote, y más cuando debe ser prioritario para el gobierno que salga de las urnas la recuperación del empleo y de la capacidad de los salarios, así como el restablecimiento de las redes de protección social, la implantación de una Renta Mínima mayor, la universalización y mejora de los servicios públicos. La importancia del empleo juvenil, el derecho a una vivienda digna para todos y todas.

Empieza a mosquear que proliferen las informaciones sobre las cuentas de la Seguridad Social, y ciertas afirmaciones de que después de las elecciones pueda haber "una nueva rebaja de las prestaciones sociales".

Continuando con las reflexiones sobre la próxima visita a las urnas, pienso que los partidos entre sus prioridades también deben promover una reforma de la Constitución en sentido federal, con el máximo consenso y que esta sea sometida a referéndum. También deben reforzar la campaña de lucha contra la pobreza, así como participar activamente en la lucha contra la violencia de género y en la concienciación sobre el cambio climático. Es más, pienso y tengo claro que si la recuperación no llega a la gente que peor lo pasa, solo será una falacia propagandística.

El escenario en el que actualmente nos encontramos todavía es un panorama donde la crisis es importante en un gran número de familias y donde continuamos con una alta tasa de paro, pese a que ya superamos los 22 millones de trabajadores. Y por si fuera poco, las instituciones europeas son incapaces de renunciar a las políticas de austeridad que se han demostrado incompatibles con la recuperación económica, el empleo y los derechos. Lo que ocurrió en Grecia es un buen ejemplo de lo que digo. La UE se movió más por ideología que por la necesidad de superar la difícil situación económica del país heleno y prefirió actuar de manera ejemplarizante en lugar de respetar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía griega. Otro ejemplo lamentable ha sido espectáculo ofrecido por las autoridades comunitarias ante el drama humano de las personas refugiadas que llegan a Europa huyendo de la guerra, la muerte y la hambruna. Y firman un pacto cruel contra la migración. Todo ello demuestra que las políticas económicas impulsadas por la Comisión Europea son antisociales. Por eso, y cuando aún faltan unos meses para la nueva cita electoral, debemos empezar a reflexionar y a discernir en todo aquello que a partir de ahora vamos a leer, oír y repetir insistentemente y que muchas de esas opiniones nos van alejar de la verdadera realidad y de lo que en realidad se pretende con esas declaraciones. La próxima cita en las urnas es importante y el pueblo se juega mucho y es nuestro deber participar y no dejar que otros decidan por nosotros. Y sobre todo es importante decidir por aquella opción que nos haga más libres y defienda nuestros derechos y nos aleje cada vez más de la corrupción, cosa que se ha hecho habitual, y se acerque más a lo que el pueblo necesita: tener voz y voto de verdad en las decisiones políticas, sociales, educativas y de salud. Nosotros y nosotras decidimos.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

El último barómetro del CIS revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la UCO en Ferraz, y aunque seguiría ganando las elecciones con el 31,3 % de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP, hasta llegar a un voto estimado del 27,1%, lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba de los socialistas en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas (15,8%), mientras Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado. 

El CIS dibuja un panorama político muy diferente al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa de Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE o al Gobierno.

Entonces el PSOE ganaba al PP por 11,3 puntos con un 36,2 % de los sufragios, una ventaja que se ha visto reducida en muy poco tiempo.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9% de los votos si hubiera elecciones; Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1% de apoyo y Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco pero aún así el CIS le atribuye un 1,9% de los votos.

Entre los partidos vascos, EH Bildu se sitúa en primer lugar gracias al 1,2% de los votos (tres décimas más) y el PNV sube una décima y logra el 0,6%; el barómetro concede tres décimas más y el 1% al BNG, CC gana una décima hasta el 0,2% y UPN repite su 0,1%

El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente pero solo para uno de cada cuatro españoles (el 25%), cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4%; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición, favorito para el 13,4%, y el de Vox, Santiago Abascal, en tercer lugar (9,5%).

El muestreo apunta que crece la desconfianza en Sánchez, puesto que el 68% de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza, cuando en el anterior sondeo era el 63%; no obstante, son más los que desconfían del líder del PP: 78,4%.

Se mantiene la tónica consolidada de que ningún dirigente político aprueba en opinión de los ciudadanos, y Sánchez conserva su primer lugar con una nota de 4,21 puntos sobre diez, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) y de Abascal (2,99).

Un mes más la vivienda es citada como el principal problema que existe en España, con el 41,5% de menciones, en una tabla donde le siguen los problemas económicos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

La corrupción pasa de la décima posición a la cuarta entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, ya que si en mayo era citada por el 9,1%, ahora la señalan el doble de entrevistados (18,4%).

Eso sí, los problemas que más inquietan personalmente a los españoles son los económicos (28,4 %), la vivienda (27,4%) y la sanidad (21,7%).

Al preguntar por la situación económica de España, un 56,6% dice que es "mala" o "muy mala", pero cuando el CIS pregunta por su situación económica personal las tornas cambian y una mayoría del 68,4% dice que es "buena" o "muy buena".

En cuanto a la situación internacional, el 69% de los encuestados se muestra "muy" o "bastante" preocupado por la guerra en Oriente Medio y el 61,6 % también lo está por la invasión de Rusia a Ucrania.

Es imposible, para un ser humano común y corriente, procesar el desmesurado menú de acontecimientos servidos por la actualidad con un tóxico aderezo mediático y una nociva guarnición jurídica. Si el menú produce empacho por excesiva cantidad, la velocidad a la que es consumido lleva inevitablemente al hartazgo. A los entrantes de las elecciones autonómicas, adobados con la negociación entre la derecha radical del PP y la ultraderecha de Vox, se han añadido simultáneamente, los primeros platos, los segundos y el postre, en forma de elaboraciones con base trufada de corrupción, especialidad de PP, PSOE y Vox.

Andaba una distraída en las maniobras para que la izquierda preste un servicio a Andalucía y ofrezca a Bonilla lo que dice querer (abstenerse para que pueda gobernar en solitario) a cambio de revertir el proceso privatizador de la sanidad y la educación públicas. Andaba una con el pesimismo a tope ante la evidencia de lo que en realidad desea Bonilla: volver a los brazos de Vox donde Ayuso y Feijóo tan a gusto se sienten. Prioridad andaluza o prioridad “nazional”: usted elige, señor Bonilla. Andaba una en estas cuitas cuando estalla la bomba del auto de imputación de Zapatero del juez Calama. ¿Lawfare o más corrupción?

Las dos Españas, de nuevo, debatiendo con su mejor argumentario; las dos Españas, otra vez, a garrotazo limpio. Un déjà vu recurrente convertido en deporte nacional, en el máximo exponente de la Marca España, una bandera más de la que el país presume en lugar de avergonzarse. “Pan con pan, comida de tontos”, reza el refrán referido a la monotonía y la falta de variedad propias de la secular dieta política española. Y el pueblo moja sopas.

Durante el fin de semana, las calles se han vuelto a llenar de las dos Españas: una que sale a luchar por su salud, por su educación, por la vivienda… y otra corrupta, con Aguirre y Abascal utilizando la bandera para exigir la salida del Gobierno de la banda corrupta rival. Quítate tú para ponerme yo. A la par de las justas reivindicaciones y las vergonzantes vindicaciones, la España desentendida de la sanidad, la educación y la vivienda se ha vuelto a echar a la calle para llorar o celebrar el resultado final de su equipo de fútbol.

Entre unas cosas y otras, con el estómago más que revuelto, he recurrido a la meditación y la escritura, antieméticos habituales para combatir los empachos o los efectos de la ingesta de alimentos en mal estado. Se está normalizando la indigestión como el resultado natural del proceso alimentario que provoca vómitos de odio y violencia, amén de una suicida regresión social caracterizada por pérdida generalizada de valores éticos y derechos cívicos, anorexia en los recursos básicos para la inmensa mayoría y bulimia en las élites.

El bolo alimenticio atasca las tragaderas con serio riesgo de muerte por asfixia para la parte de la sociedad cuyo trabajo no le permite acceder a proyectos de vida con un mínimo de dignidad y desahogo. Parte de esa sociedad sostiene con sus votos a los culpables de tal situación. Mientras tanto, el mundo hierve en las calderas de Pedro Botero, alimentadas por la ignorancia y la irresponsabilidad, que permiten a criminales como Trump, Putin y Netanyahu atizar el fuego en el que arderán, si es que ya no lo están haciendo, los conceptos de humanidad y civilización, tal y como el mundo los conoció hasta ayer mismo. 

La sociedad española padece el síndrome de la rana que cayó en una olla de agua caliente, se habituó a ella regulando su calor corporal y, cuando hirvió, ya fue tarde para saltar fuera.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía. Lo afirmamos la semana pasada. Que nadie busque extrapolar resultados de unas autonómicas a unas generales. Nadie conduce por carreteras secundarias a la misma velocidad que en una autopista sin salirse de la curva. En cualquier caso, las elecciones del domingo, primera vuelta de las generales (Vol.1), dibujaron un resultado previsible para el PSOE, que se desplomó hasta los 28 diputados; confirmaron la pájara de Vox, que sólo ha crecido cuatro décimas respeto de 2022; anticiparon el error de estrategia de Antonio Maíllo; y nos anuncian —esto sí es interesante— el peor escenario de Feijóo.

El barrigazo de María Jesús Montero el pasado 17 de mayo nos cuenta más cosas del temple de Juan Manuel Moreno Bonilla, que de la debilidad de Pedro Sánchez en Andalucía. La inmolación de Montero es el colofón a una crisis de gobierno en diferido que comenzó hace dos años con los llamados cinco días de abril, cuando el presidente del Gobierno vivió sus días más solitarios, cuando nadie a su alrededor (cuántos corchos flotan) se sintió capaz de contener el asedio judicial que sufría el inquilino de La Moncloa, cuando el PSOE caoba daba por muerto a Young Sánchez y amenazaba con la llegada del futuro terror.

La cadena de demandas e imputaciones que saeteaban su entorno familiar propició que el Secretario General mudara de piel. No sería la primera ni tampoco la última vez que lo haría. Cuanto más ha pedido Feijóo la convocatoria anticipada de elecciones, más fuerte se hacía el presidente desde su trinchera, convertido en adalid de la democracia liberal. Entonces, como ahora, desde esta guillotina afirmamos que habría legislatura larga, con presupuestos o sin ellos. El gallego y su cuadrilla siguen sin tener votos suficientes para parir una moción de censura. El futuro terror tendrá que esperar, así que apunten fecha electoral en el calendario: julio de 2027.

El resultado de María Jesús Montero ha despertado al PSOE caoba, que trata desesperadamente de articularse a través de algunos ayuntamientos (A Coruña, Palencia) y otros tantos gobiernos autonómicos (Asturias y Castilla La Mancha). Barbón se distancia de Sánchez mientras Page alimenta el antisanchismo, el mejor alpiste del que dispone en su comunidad para garantizarse otra mayoría absoluta. Unos y otros saben que lo que se vota en locales y autonómicas nada tiene que ver con lo que pase en unas generales. Que cada palo aguante su vela.

El 17 de mayo también ofrece una lectura interesante, a este lado del Mississipi. Parece ser que el país se ha derechizado, dicen algunos diarios. ¿Es la sociedad o es la industria de la actualidad la que se ha deslizado elegantemente hacia la derecha? Ser o no ser, esa es la cuestión. O no. Querido y desocupado lector, la única certeza que tenemos es que hay un millón de votos dispuestos a ser movilizados si se les ofrece un propósito que los empuje a entregar su papeleta a una candidatura de izquierdas. Ese millón de españoles descansa hoy en la abstención. No se ha ido al PP. A todos ellos sumen también otros 400.000 que sí se fueron al partido de Feijóo y que pueden regresar otra vez al PSOE. Y por cerrar este asunto: en Catalunya habrá presupuestos.

Llegados a este punto, vamos a dejar las cosas claras. PP y Vox no van a sumar el 55% de los votos dentro de 14 meses. El partido está abierto y la izquierda puede volver a gobernar. Dicho de otra manera. La pájara de Abascal persiste desde las elecciones de Castilla y León. Tras la celebración de los últimos caucus de la derecha, el vector autoritario sólo ha crecido cuatro décimas en Andalucía, incluso con la bandera vacía de la prioridad nacional, y el peor resultado del PSOE andaluz con María Jesús Montero está por encima del 22% que logró Moreno Bonilla en las elecciones de 2018, cuando se hizo por primera vez con el gobierno de San Telmo merced al apoyo de Vox y Ciudadanos. Y apunten otro dato importante: si hace cuatro meses no había medio de comunicación que no alertara del 20% de Vox, hoy apenas llega al 17%. En Bambú han pedido tiempo.

Ganar es perseverar y para ganar se necesita tiempo. Lo ha entendido muy bien Adelante Andalucía. Cuatriplica su representación parlamentaria con ocho escaños en la Junta de Andalucía. La gran lección del partido que fundó Teresa Rodríguez y hoy encabeza José Ignacio García nos habla de la importancia del tiempo para que arraiguen las ideas y crezcan los propósitos entre los electores. Lo comprobamos también en Extremadura, donde el tiempo dio sus frutos y los votantes respaldaron un sólido resultado para la candidatura de Irene de Miguel. Los andaluces como los extremeños valoran los proyectos consolidados, que crecen sobre bases y alianzas fuertes y esa es la gran lección que debe aprender Antonio Maíllo. La izquierda también necesita dirigentes que irradien firmeza. No se puede cambiar de estrategia electoral a golpe de resultado. El disparo en el pie de Magariños corre el serio riesgo de volver a repetirse catorce meses después. En Vallecas, no obstante, late una esperanza. Atentos.

La fortaleza de Pedro Sánchez está en la debilidad de Feijóo. Los 53 diputados de Juan Manuel Moreno Bonilla ofrecen el peor de los escenarios para el presidente del PP. El Madrid D.F. vive un momento de decadencia. Ayuso, por primera vez desde que es presidenta, vive desenchufada de la industria de la actualidad tras su regreso de Cancún. El Real Madrid de Florentino Pérez parece haber entrado en pánico y Vox parece sufrir una severa astenia primaveral con alguna crisis alérgica sin que haya puesto fin a su intento de reemplazar al PP. Vox también busca tiempo, minutos muertos, en el partido electoral para reordenar sus cartas y rehacer su estrategia.

Recuerden: lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía, pero también es cierto que tras unas elecciones andaluzas, siempre suceden cosas. Sucede que Ayuso no tiene garantizada una mayoría absoluta, sucede que Feijóo continúa capturado por Vox, sucede que el resultado de Moreno Bonilla asimila al guardián de San Telmo al resto de barones que se han visto obligados a pactar con los ultras. ¿Acaso el presidente de Andalucía no va a seguir la disciplina marcada por Santiago Abascal? Y sucede que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado.

Vive y deja morir. Esa ha sido la mejor estrategia de Pedro Sánchez desde los cinco días de abril, mientras Aznar alentaba a mover y a hacer a los jueces y a los periodistas contra el presidente del gobierno. El último tiro al agua, dos días después de las elecciones andaluzas, lo ha disparado el juez Calama contra Bambi. Mientras Víctor de Aldama se pasea impunemente por el Madrid D.F. se produce la imputación de Zapatero. Si los peones negros logran encarcelar al alma del PSOE, es posible que Feijóo se sienta presionado a ir a una moción de censura. Caballo de Troya. Si no la activa, veremos a Sol y a FAES exigirla. Y si va a la moción, es muy  posible que la pierda y que Pedro Sánchez se lo lleve por delante. El último caso contra Zapatero ¿es una estrategia de la caterva antipolítica o una trampa de Marchena, Miguel Ángel Rodríguez y Aznar para rematar a Feijóo? Pronto lo sabremos. 

Andalucía ha revalidado en las urnas a quien ha convertido la precariedad y el deterioro de lo público en una normalidad asumida. Tras la última cita electoral, la cuestión no es solo por qué ha pasado, sino qué vamos a hacer quienes sabemos que esta victoria traerá más desigualdad. No se trata de llorar la derrota, sino de transformarla en inteligencia política y organización.

En Andalucía, la última noche electoral dejó algo más que un mapa teñido de azul: confirmó que Moreno Bonilla ha consolidado un poder construido sobre el desgaste silencioso de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Las cifras ya se han analizado hasta la saciedad; lo que queda ahora es enfrentarse a la pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando una mayoría social vota a quien gobierna contra sus intereses materiales? Encajar la derrota no va de resignarse, sino de convertir este resultado en una lección estratégica.

Las encuestas lo venían anunciando: la derecha se consolidaba mientras se normalizaba el deterioro de lo público y se desplazaba el sentido común hacia la resignación y el sálvese quien pueda. No es un rayo en cielo despejado, sino el desenlace lógico de un proceso de años en el que una parte importante de la sociedad ha terminado viendo como “gestión eficiente” lo que, en realidad, es desmantelar derechos. Aquí, Antonio Gramsci sigue siendo una brújula: “el poder no se sostiene solo con votos y leyes, sino con hegemonía, con la capacidad de hacer que los de abajo asuman como natural lo que es una construcción interesada”.

El problema no es únicamente que haya ganado Moreno Bonilla; es que ha ganado una manera de mirar Andalucía. Una mirada que presenta los recortes como modernización, la privatización como colaboración y la desigualdad como oportunidad para quien “se esfuerza”. Gramsci habló de la batalla por la cultura, por las palabras, por la interpretación del mundo. Si en esa batalla entramos tarde, fragmentados o ensimismados, la aritmética electoral solo certifica una derrota anterior: la de no haber sido capaces de disputar el sentido común en los barrios, en los centros de trabajo, en los espacios donde la gente se forma una opinión sobre su propia vida.

Hannah Arendt nos ayuda a entender otra dimensión incómoda: la banalidad del mal político. No hace falta un régimen abiertamente autoritario para erosionar la democracia material de la mayoría; basta con una suma de pequeñas decisiones, de renuncias aceptadas como inevitables, de ciudadanos que “solo votan lo que sienten” sin herramientas para comprender qué hay detrás de cada sonrisa de campaña. No se trata de despreciar a quien vota, sino de asumir que sin una ciudadanía crítica, informada y organizada, la libertad se reduce a un gesto formal cada cuatro años, mientras la capacidad real de decidir sobre la propia vida se encoge.

Por eso este texto no puede permitirse el tono lastimero. Encajar la derrota implica tres movimientos: pensar, cuidar y organizar. Pensar, revisando con rigor qué errores hemos cometido: dónde no hemos llegado, qué lenguajes no han conectado, qué miedos no hemos sabido nombrar ni canalizar. Cuidar, acompañando a quienes hoy sienten que el suelo se les mueve bajo los pies, ofreciendo comunidad donde la derrota invita al repliegue individual. Organizar, volviendo al barrio, al tajo, a la asociación, a la red de apoyo, entendiendo que el nuevo ciclo empieza justo cuando se cierra el recuento.

Ahí entra Václav Havel y su idea de esperanza: no como convicción de que las cosas saldrán bien, sino como certeza de que lo que hacemos tiene sentido, incluso cuando el marcador va en contra. Esa es la esperanza que hoy necesitamos en Andalucía: no ingenua, no consoladora, sino tozuda. La que nos obliga a seguir construyendo alternativa en lo cotidiano, sabiendo que la hegemonía no se rompe en un solo ciclo electoral, pero también que ninguna hegemonía es eterna.

Moreno Bonilla ha ganado, sí. Pero no ha ganado para siempre ni en todas partes. En este momento político, la tarea es no dejar que su victoria electoral se convierta en derrota moral de quienes queremos otra Andalucía. Lo que se abre ahora es un tiempo para disputar, palmo a palmo, la manera en que este pueblo se piensa a sí mismo. Porque si hoy ha elegido al lobo, nuestro trabajo es que mañana esté en condiciones de elegir otra cosa.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

José Ignacio García era el aspirante que recibía la mejor nota por parte de los electores, según el barómetro del Centra (el CIS andaluz). El gaditano contaba con una media de 6,07, por delante del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se queda en el 5,49. De esto ya alertaban fuentes 'populares', que aseguraban que el buen hacer del político podía hacer perder algunos 'restos' de voto, lo que, a priori, parece haber sucedido y por lo que el presidente de la Junta no ha logrado la mayoría absoluta. García también ha reivindicado este hecho al valorar los resultados, cuando ha asegurado que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular".

El partido andalucista, alejado de los designios de Madrid, se presentó como opción frente a Por Andalucía, en la izquierda alternativa al PSOE, y la apuesta le ha salido bien en detrimento de la formación capitaneada por Antonio Maíllo. Los de José Ignacio García —a quienes las encuestas otorgaban hasta cuatro escaños—, con estos ocho diputados, consiguen grupo parlamentario —cuyo umbral está en los cinco diputados— y cuadruplican los resultados obtenidos en 2022, cuando el partido liderado por Teresa Rodríguez obtuvo dos diputados: uno por Sevilla y otro por Cádiz.

Adelante Andalucía consigue su mejor resultado histórico con una defensa a ultranza de los servicios públicos y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, además de una clara vocación ecologista. García, que no llegaba al 20 por ciento de conocimiento ciudadano antes de los debates, ha podido revertir la situación a base de trabajo, redes sociales y camisetas protesta.

El partido andalucista, liderado por 'el gafas', como se conoce cariñosamente a García después de haber impulsado la ley de gratuidad de gafas —que está en fase de tramitación en el Congreso—, se convierte en la segunda fuerza de la izquierda, por detrás del PSOE y por delante de Por Andalucía, y lo ha logrado, como ha dicho García, con "trabajo pausado y con mucho esfuerzo colectivo". El subidón de Adelante, cercano al 10 % de los votos, ha llevado a que sea el partido que más crece en estas autonómicas.

García ha conseguido este resultado gracias al "compromiso militante" y ha dejado un dato revelador: que "una fuerza de izquierda y soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias", Sevilla y Cádiz, las mismas en las que en 2022 consiguieron un diputado en cada una. "Es posible superar a Vox desde la izquierda; no lo hemos conseguido todavía en todas, pero lo conseguiremos".

García ha agradecido a todos los militantes y votantes el trabajo realizado durante la campaña por "rebelarse ante lo injusto, por la esperanza y por transformar Andalucía. No os vamos a fallar, y esto no ha hecho más que empezar”.

En el otro lado de la izquierda está Por Andalucía, la coalición formada por IU, Podemos, Sumar y Los Verdes, liderada por Antonio Maíllo, que "no ha logrado cumplir las expectativas", como ha dicho el candidato de la coalición, pese a obtener los mismos resultados que en 2022 —cinco escaños y grupo propio—.

Se ha especulado que este resultado, decepcionante para la coalición que quería llegar a los diez escaños, puede hacer que Maíllo abandone el partido. La supuesta "candidatura de unidad" que tanto ha defendido el líder de IU ha servido más para restar que para sumar.

Este mismo lunes, Antonio Maíllo, ha salido al paso de esas especulaciones para asegurar que "ahora mismo" no se ha planteado dimitir, ya que ha mantenido el resultado con cinco diputados en las elecciones autonómicas de este domingo y ha alegado que son "muy respetuosos con la voluntad del pueblo andaluz, que es sagrada".

En declaraciones a Radio Nacional, Maíllo ha admitido que les hubiera gustado conseguir uno o dos diputados más en el Parlamento andaluz y ha advertido de que se ha producido un "cambio de paradigma en el electorado andaluz hacia el conservadurismo".

Este resultado demuestra que la división a la izquierda del PSOE sigue haciendo daño, ya que, pese a que ambos partidos suman 13 diputados, seis más que los conseguidos en las elecciones de 2022, tanto en porcentaje como en número de votos, Por Andalucía y Adelante Andalucía habrían superado a Vox como tercera fuerza política en caso de concurrir en una candidatura conjunta, como sugerían desde el PSOE.

Pero ha sido este lunes cuando el candidato de Adelante Andalucía se encargaba de reivindicar el espacio propio de su formación y ha resaltado que de haber concurrido con Por Andalucía habrían obtenido "peores resultados".

En sendas entrevistas con la Cadena SER y Canal Sur Radio, el candidato ha defendido que Adelante ha contribuido a ampliar un espacio de izquierdas pegado al territorio, que ha señalado que no puede caer en la "depresión permanente".

Para Podemos y Sumar no es un buen resultado, una vez más en este 2026, después de los pobres resultados en Castilla y León, donde no consiguieron representación, y en Aragón, donde mantuvieron el único procurador que ya tenían en 2023. La formación de Ione Belarra, además, se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz porque solo encabezaba la provincia de Jaén, donde no ha conseguido escaño.

Sigue el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía

Algunos acontecimientos de los últimos meses invitan a pensar en una cierta recuperación de las políticas progresistas, mientras que las de ultraderecha comienzan a dar síntomas de agotamiento. Tras el frenazo de Vox en Castilla y León, las elecciones andaluzas del próximo domingo serán un buen termómetro para saber si la formación ultra ha tocado techo. Y las encuestas no son halagüeñas: ninguna le da por encima de los 14 escaños que tiene en la actualidad. Parece que las cuitas internas y el desgaste de la figura de Abascal le está pasando factura. Y, ciertamente, las formas no acompañan al líder: recientemente llamó “chulo de putas” y “mierda” a Pedro Sánchez y “rata” a Marlaska; la política es otra cosa.

Tampoco les hace gracia a sus votantes el servilismo ciego que Abascal profesa a Donald Trump, un presidente con un índice de popularidad que no ha parado de bajar desde que está en la Casa Blanca y que registra mínimos históricos desde su intervención en Irán. Los votantes de Vox, que se consideran, ante todo, muy patriotas, no entienden que su líder defienda unas políticas económicas (aranceles, etc.) que ponen en riesgo las industrias y el sector agroalimentario nacionales.

Abascal se ha atado políticamente al trumpismo, lo que pudo tener un cierto efecto positivo en un primer momento, pero dejar el partido en manos extranjeras puede ser perjudicial a largo plazo. La ola populista conecta con los ciudadanos más desfavorecidos en contextos de crisis, pero la autocracia que Trump defiende y que Abascal practica en su propio partido está desgastando a la formación y, posiblemente, limitará su poder institucional y autonómico. 

La derrota de Orbán en Hungría ha dejado a Vox sin uno de sus mayores aliados políticos, ideológicos y financieros en el continente. El varapalo ha sido considerable, teniendo en cuenta que se trataba de su único socio con presencia en el Consejo Europeo. Quizás no fue buena idea abandonar el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en 2024 —en el que sí se mantiene Meloni, contraria a la inmigración pero mucho más pragmática en asuntos comunitarios— para unirse a Patriotas por Europa, plataforma ultra impulsada por el propio Orbán.

La presidenta italiana, tras una primera etapa de sumisión a Trump, ha puesto ahora distancia, acercándose al “no a la guerra” de Sánchez y denegando a EEUU la autorización para utilizar la base militar de Sigonella, en Sicilia, para la ofensiva contra Irán. Da la impresión de que su derrota en el referéndum de reforma de la justicia ha hecho reaccionar a la italiana. La guinda, no obstante, han sido los ataques de Trump al papa: Meloni calificó de “inaceptables” sus diatribas, teniendo en cuenta que más de la mitad de los italianos se declaran católicos.   

Al otro lado del Atlántico, en su propia casa, Trump, envuelto en la bandera antiinmigración que Vox sigue a pies juntillas, ha visto cómo un socialista, musulmán e inmigrante —nacido en Uganda— se hacía con la alcaldía de Nueva York, capital financiera del planeta. El presidente hizo campaña contra él y amenazó con recortar la financiación a la ciudad donde nació. El nuevo alcalde, Zohran Mamdani, dijo tras conocer los resultados: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”.

En Francia, a pesar de que el giro social hacia el conservadurismo es evidente, también se aprecian algunos brotes verdes. Así lo demuestra la victoria de la izquierda en las municipales del pasado marzo en París, Marsella y Lyon, las tres grandes ciudades del país. Marine Le Pen no logró su objetivo de atraer a la derecha tradicional a sus postulados ultras y, ahora, la gran pregunta es si la izquierda volverá a reeditar, de cara a las presidenciales del próximo año, el Nuevo Frente Popular que tan buenos resultados le dio en las legislativas.

Un caso paradigmático de la resistencia a Trump se vivió en los últimos comicios en Dinamarca. En un apresurado giro de guion, la socialdemócrata Mette Frederiksen decidió adelantar las elecciones —previstas para otoño— al pasado marzo, tras comprobar un aumento de su popularidad gracias a su firmeza ante las amenazas del estadounidense de hacerse con Groenlandia. A finales del pasado año, las encuestas daban muy pocas posibilidades a Frederiksen para lograr un tercer mandato, pero las intimidaciones de Trump, que llegó a amagar con el uso de la fuerza para tomar la isla, le dieron la vuelta a la situación. Lemas como “Groenlandia no está en venta” o “Manos fuera de Groenlandia” se escucharon en Dinamarca. El gobierno danés, las autoridades de Groenlandia y la oposición política cerraron filas para defender la soberanía del territorio.

El trumpismo se resquebraja incluso a domicilio. La demócrata Emily Gregory derrotó en marzo al candidato apoyado por el republicano en las elecciones a la Cámara legislativa de Florida en el distrito donde se integra el complejo de Mar-a-Lago, la posesión de Trump en el condado de Palm Beach. Y en el movimiento MAGA, con amplios sectores contrarios al intervencionismo militar, las muestras de ruptura son evidentes. El ataque a Irán y las amenazas de aniquilar su civilización vertidas por el propio Trump han provocado un crisis interna con voces que incluso ya cuestionan la capacidad cognitiva del presidente para seguir en el cargo.

Con estas señales, todo apunta a que el apoyo al populismo ultra de Trump se desinfla internacionalmente. El soporte incondicional de la Casa Blanca al genocida Netanyahu también le está desgastando políticamente: se han celebrado protestas masivas tanto en Estados Unidos como en diversas ciudades del mundo contra las masacres de Gaza y Líbano. El cheque en blanco a Israel y el acercamiento a Putin conlleva una responsabilidad ética que socava la credibilidad estadounidense en defensa de los derechos humanos.

El discurso del trumpismo pierde fuerza y Orbán ha sido el primero en pagar el lastre electoral. Puede que haya más afectados en la internacional ultra. El primero que ya mira de reojo es Abascal. Los últimos sondeos presentan subidas de PSOE y PP y estancamiento —incluso retroceso— de Vox. Los purgados en los últimos meses piden un congreso extraordinario. En el horizonte, las elecciones generales del año que viene para el líder de Vox y las de medio mandato en noviembre para el inquilino de la Casa Blanca. Ambas pueden ser decisivas para valorar si la alianza ultraderechista se está fracturando, presa de su falta de consenso y víctima de sus propias contradicciones.

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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.

La extrema derecha llega al 17M sin muchas certezas. La formación liderada por Santiago Abascal pretendía que las elecciones andaluzas les sirvieran de trampolín para las generales tras situar la “prioridad nacional” en el centro del debate por los pactos en Aragón y Extremadura, donde logró duplicar sus escaños. Las encuestas, sin embargo, sitúan a Vox lejos de la sacudida que pretendía provocar en el tablero andaluz y tampoco garantizan que vayan a ser la llave de la Junta, su principal objetivo.

El presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, ha asegurado en múltiples ocasiones que no tiene "ningún interés" en pactar con Vox y que intentará "gobernar en solitario hasta el final" porque no quiere emular el “lío” de sus homólogos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Su estrategia ha consistido en presentarse como la única garantía de estabilidad frente a un voto a Vox que relaciona con ruido y, en última instancia, bloqueo legislativo.

Moreno también se ha encargado de presentar a Vox como un partido sin equipos preparados para gobernar, con un programa "muy alejado de la propia realidad" y con una "sobrerrepresentación" parlamentaria. Su mensaje a los electores que no quieren a Vox en San Telmo se ha basado en un clásico del bipartidismo, el voto útil. Moreno repite en cada mitin que si los andaluces quieren estabilidad, deben concentrar el voto en el PP.

Las diferentes encuestas publicadas hasta el pasado lunes — fecha límite según la ley electoral—  dan, de manera generalizada, una horquilla al Partido Popular que va de la mayoría absoluta a quedarse por pocos escaños de esa meta fijada por Moreno. Si los conservadores no alcanzan los 55 diputados, se verán abocados a tener que pactar con la ultraderecha. Un escenario que ya se dio en las elecciones de 2018, cuando el barón del PP logró alcanzar la presidencia de la Junta gracias a Ciudadanos y Vox.

El sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER, publicado el lunes, refleja con claridad la incomodidad de la extrema derecha. El PP aparece con un 43,3% de estimación de voto y 56 diputados, uno por encima de la mayoría absoluta, aunque dos menos que los logrados en 2022. Vox subiría solo un escaño, hasta los 15, un avance mínimo que contrasta con las expectativas generadas por el partido tras sus resultados recientes en otros territorios.

El dato más preocupante para los de Abascal no está solo en la proyección de escaños, sino en las fugas de voto. Según la misma encuesta, Vox retiene al 74,6% de quienes le votaron en 2022, pero cede casi un 9% de sus antiguos apoyos al PP y cerca del 10% a Se Acabó La Fiesta (SALF), la marca del agitador ultra Alvise Pérez. Esto último preocupa especialmente a los ultras, que creen que Pérez puede arrebatarles parte del voto protesta mientras ellos se “institucionalizan” con los pactos autonómicos con el PP.

Lo cierto es que SALF intenta explotar el hartazgo contra todos, incluido Vox, bajo la premisa de que "ellos también forman parte del sistema", pese a que muchas de sus propuestas pisan terreno ideológico muy similar. El propio agitador aseguró que estaba dispuesto a no presentarse en Andalucía si PP o Vox aceptaban por escrito cinco condiciones: reforma electoral, cierre de "chiringuitos", fin de los sobresueldos, medidas de vivienda y el "no a las guerras que paga el currante”. Ambas formaciones lo ignoraron.

Por ese motivo los de Abascal buscan captar el voto útil que les lleve a arañar ese último diputado por cada provincia. En la batalla de las urnas de 2022, el PP logró arañarlo en cuatro circunscripciones (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla), el PSOE en tres (Granada, Huelva y Jaén) y Vox solo en una (Almería). Si el PP no se hubiera impuesto en cuatro provincias, habría visto que su resultado se rebajaba a los 55 asientos, el límite de la mayoría absoluta.

Vox necesita convencer a sus votantes de que votar a su candidato, Manuel Gavira, sirve para impedir que Moreno gobierne sin condiciones. Pero al mismo tiempo debe evitar que una parte de su electorado más radical se decante por la opción de Alvise. El problema añadido es que SALF ni siquiera necesita entrar en el Parlamento para hacer daño, sino que le basta con quitar unos miles de votos en algunas provincias para alterar el reparto de escaños. En función de cómo se repartan los restos, el resultado puede variar muchísimo.

La amenaza ya tiene precedente. En las autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo, Vox mejoró sus cifras, pero no cumplió las expectativas. Logró 14 procuradores, uno más que en 2022, pese a que algunos sondeos le situaban cerca del 20% de los votos. SALF se quedó sin representación, pero obtuvo más de 17.000 papeletas y un 1,4% del voto.

En la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco las negociaciones se han paralizado a la espera de las elecciones del domingo, pero los de Abascal tratarán de replicar el acuerdo alcanzado con María Guardiola y Jorge Azcón, aunque con más cesiones que creen que merecen por haber obtenido el 18,9% de los votos. Un resultado que, pese a ser el mejor que han obtenido a nivel autonómico, se quedó lejos del ansiado 20%.

Vox fue decisivo para la gobernabilidad, pero no logró demostrar que estuviera en una ola imparable. De hecho, el resultado del pasado 15 de marzo enfrió la idea de que la extrema derecha estuviera preparada para encadenar saltos espectaculares en todos los territorios. En Andalucía, el riesgo es mayor porque si Moreno alcanza la mayoría absoluta, Vox no solo quedaría lejos de su objetivo, sino también fuera de cualquier negociación. Es lo mismo que les ocurrió en 2022 con Macarena Olona de candidata.

La dirección del partido ha tratado de combatir ese escenario con la campaña. Sus dirigentes no entran a valorar las encuestas y fían la movilización a los actos de Abascal y Gavira. Sin embargo, el candidato de Vox es mucho menos conocido que Moreno o la candidata socialista María Jesús Montero. Según 40dB., solo el 38,2% de los andaluces sabe quién es, y es el menos conocido incluso entre sus propios votantes. Vox lo sabe y por eso ha situado a Abascal junto a él en los carteles. La estrategia contraria de Moreno con Alberto Núñez Feijóo. 

Abascal se ha volcado en la campaña con el objetivo de impedir que el "partido socialista azulón" de Moreno pueda gobernar sin ponerse de acuerdo con Vox. La idea fuerza es que el PP andaluz no representa un cambio real, sino una continuidad amable del sistema que, según Vox, comparte las grandes líneas del PSOE. En campaña se ha referido al candidato del PP como "el cómplice simpático de Sánchez", le ha comparado con el expresidente Mariano Rajoy y le ha acusado de llevar años sin hacer nada.

El PP, sin embargo, ha trabajado para neutralizar esa presión. Moreno ha evitado aparecer atrapado por Vox y ha intentado convertir la campaña en un plebiscito sobre la estabilidad. Su objetivo es que el electorado conservador perciba cualquier voto a la derecha del PP como un riesgo que puede abrir la puerta a negociaciones perjudiciales para Andalucía.

En todo caso, el 17M se decidirá por un puñado de votos. Para el PP, la diferencia entre 54 y 55 escaños marca la distancia entre gobernar solo o tener que negociar. Para Vox, esa misma frontera separa la irrelevancia parlamentaria de la capacidad de condicionar la legislatura. Y para SALF, una marca sin opciones claras de entrar en la Cámara, el éxito puede consistir simplemente en hacer perder a Vox los votos que necesita para convertirse en imprescindible.

Me acabo de despertar nuevamente esta noche, una vez más. Todavía no ha amanecido. Las noches y los días se me están haciendo insoportables.

Así, día tras día, desde que observo cómo los medios de comunicación me recuerdan, de una manera tortuosa, que vivo en el error, que son incoherentes mis ideas, mis pensamientos, mis ideas de libertad, que soy culpable por ser y querer ser libre.

Hasta hace poco mis ideas me pertenecían, me sentía alegre, feliz. Corría por el monte mientras el aire de libertad acariciaba mi piel.

Ahora siento cómo mis pensamientos no encuentran palabras para expresar mi dolor. Antes podía comprender y entender algunas cosas y hechos aunque no las compartiera. Ahora, sin embargo, no reconozco a aquellos que con la excusa de defender una irracional democracia intentan quitarme mis sueños.

Siento un vacío que me están provocando con sus actos faltos de racionalidad y con la propuesta de unas sanciones absurdas a aquellos que nos representaban.

Veo que estoy encerrado en una jaula pequeña que casi no me deja respirar, y donde mis piernas y brazos están fuertemente atados y una mordaza cubre mi boca y mis ojos.

Escucho a la gente y les pido que me ayuden, pero aquellos que desean que el pueblo no piense aprietan la mordaza.

No puedo casi respirar. Ellos ríen, hablan. Sueño con la hierba fresca de la libertad y que mis manos se deslicen por ella.

Pero, pese a todo, sé que no podrán conmigo y que, hagan lo que hagan, yo y todo el pueblo continuaremos gritando con fuerza: libertad.

El pueblo quiere ser libre y nadie, nadie, podrá evitarlo, ni con represión, ni con leyes irracionales, ni con sanciones absurdas y carentes de sensatez.

Quiero ser libre hoy y mañana, por eso quiero que respeten mi libertad y el resultado de las urnas.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

La crisis política abierta en el Reino Unido tras la debacle laborista en las elecciones municipales y locales va mucho más allá de un simple castigo electoral. Lo que emerge es un cuestionamiento profundo del proyecto político de Keir Starmer y, en términos más amplios, de una socialdemocracia europea que hace ya tiempo que renunció a disputar el conflicto social para refugiarse en la mera gestión tecnocrática del deterioro.

Las dimisiones y tensiones internas dentro del Gobierno británico son solo la expresión visible de un problema más profundo que es el agotamiento acelerado de un liderazgo que llegó al poder prometiendo estabilidad, competencia y moderación, pero que empieza a ser percibido por amplios sectores sociales como incapaz de ofrecer una agenda real de transformación. Los laboristas demuestran, de nuevo, que la “apisonadora” del social-liberalismo de Toni Blair sigue pesando como una losa sobre ellos, algo a lo que regresan para recoger nuevos fracasos.

La paradoja de Starmer resulta especialmente significativa. El líder laborista obtuvo una amplia mayoría parlamentaria hace apenas dos años. Sin embargo, aquella victoria descansaba sobre una base extraordinariamente frágil, más que una adhesión entusiasta al proyecto laborista, lo que existía era un enorme rechazo social hacia el colapso conservador posterior al Brexit, Boris Johnson y el caos económico y político acumulado durante más de una década.

El problema aparece cuando la “normalidad” prometida por Starmer deja de ser suficiente. Porque las sociedades europeas ya no atraviesan simplemente una crisis de gobernabilidad institucional; atraviesan una crisis social profunda marcada por la precarización, el deterioro de los servicios públicos, la crisis de vivienda, el aumento de las desigualdades y la creciente sensación de inseguridad económica. Y frente a ello, el laborismo británico ha respondido con una mezcla de prudencia fiscal, cálculo electoral y moderación política que lejos de ser eficaz espanta a su electorado que huye a derecha (Reform) e izquierda (The Greens) según el caso.

Starmer construyó su liderazgo sobre una operación muy concreta, la derechización del Labour con el objetivo de neutralizar el legado de Jeremy Corbyn y reconstruir la confianza de los sectores empresariales y financieros británicos. La operación fue eficaz para ganar elecciones. Pero también implicó abandonar buena parte de las expectativas de reconstrucción social que habían movilizado a amplios sectores progresistas en los años anteriores. De este modo, el actual Gobierno laborista ha asumido, en gran medida, los límites fiscales y económicos heredados del consenso neoliberal británico. La insistencia en la disciplina presupuestaria, la ausencia de una agenda ambiciosa de inversión pública y las vacilaciones en materia de transición ecológica han terminado alimentando una creciente frustración entre sectores jóvenes, urbanos y progresistas que esperaban algo más que una gestión más amable del statu quo.

Precisamente ahí debe leerse también el crecimiento de los Verdes en las últimas elecciones locales. El avance del Green Party of England and Wales no responde únicamente a una preocupación ambiental creciente. Expresa también una fuga política de votantes progresistas decepcionados con el giro centrista del Labour y con la sensación de que Starmer ha vaciado de contenido transformador a la izquierda británica.

La cuestión ecológica resulta especialmente reveladora. Mientras la crisis climática exige políticas de transformación económica y social de gran escala, el Gobierno laborista ha optado por posiciones extremadamente cautelosas para no incomodar determinados intereses económicos ni aparecer como fiscalmente “irresponsable”. El resultado es una percepción creciente de falta de ambición política precisamente entre los sectores sociales más sensibles a la emergencia climática y a las nuevas desigualdades.

Al mismo tiempo, el crecimiento de Nigel Farage y de Reform UK evidencia otra fractura más profunda, la persistencia del malestar social y territorial incubado durante el Brexit. Starmer ha intentado disputar parte de ese electorado endureciendo parcialmente su discurso sobre inmigración y seguridad. Pero la estrategia no solo no ha frenado a la extrema derecha, sino que además ha contribuido a desdibujar aún más el perfil ideológico del Labour. Y ese es probablemente el principal problema político del actual primer ministro británico, y de otros antes que él, cuyas propuestas se focalizaron en construir un proyecto excesivamente centrado en la gestión y demasiado poco en el conflicto político y social real que atraviesa el Reino Unido contemporáneo. Porque el deterioro de las condiciones materiales de vida no se neutraliza únicamente con mensajes de estabilidad institucional. Y porque las sociedades europeas atraviesan un momento de profunda ansiedad económica y democrática que exige proyectos capaces de ofrecer horizontes reconocibles de protección social, redistribución y transformación ecológica.

La actual crisis laborista refleja, en el fondo, el bloqueo de una parte importante de la socialdemocracia europea, la dificultad para romper con los límites económicos y culturales del neoliberalismo al tiempo que intenta contener el auge de las extremas derechas. Esto también explica cómo se ha ido desdibujando esta opción política a lo largo y ancho del continente: Francia, Italia e incluso Alemania están atrapadas en esta trampa. Quizás la única excepción a esta epidemia europea sea Pedro Sánchez, pero ¿por cuánto tiempo?

El resultado suele ser políticamente problemático. Es bien sabido que, cuando el centroizquierda renuncia a disputar con claridad el modelo económico y social, otros actores ocupan el espacio del malestar. En la actualidad lo hace la extrema derecha, que lo controla desde el resentimiento identitario. En otro momento (ahora que se cumplen los 15 años del 15M conviene recordarlo también) fueron aquellas fuerzas progresistas las que articularon una feroz crítica al inmovilismo político de los partidos de Estado.

En todo caso, la pregunta que empieza a abrirse en el Reino Unido es si Starmer podrá reconstruir políticamente una mayoría social que hoy comienza a fragmentarse aceleradamente. Aunque la cuestión de fondo tiene más que ver con el margen que le queda a la socialdemocracia europea no solo para gestionar el modelo económico y social sobre el que se sostiene la Unión Europea, sino para sobrevivir a una ola de nacional conservadurismo que, cada vez que se abren las urnas, hace más pequeñas a las opciones socialdemócratas.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla llegó el lunes al debate de Canal Sur con el objetivo de reforzar una imagen de gestor moderado, proteger el flanco sanitario y repetir que su Gobierno ha fortalecido como nunca los servicios públicos. El candidato del PP volvió a desplegar la misma estrategia que en el debate de la anterior semana en RTVE al reivindicar inversión, estabilidad y gestión frente a una oposición que le acusó de haber abierto la puerta a una privatización de derechos básicos como la sanidad y la educación.

Sendos debates demostraron que hay dos Juanma Moreno. Uno que sonríe, baja el tono, defiende la sanidad pública, habla del andalucismo y pide estabilidad. Ese es el que explota en mítines y actos de campaña, en el que no hay contrincantes a la vista. El otro rechaza la intervención pública cuando amenaza intereses privados, deriva recursos hacia conciertos y externalizaciones, utiliza la financiación autonómica como arma contra el Gobierno central y se muestra hostil con los candidatos del resto de formaciones políticas.

Con todo, el conservador intentó que nada alterara su relato de campaña, que Andalucía funciona, el PP garantiza tranquilidad y cualquier alternativa es "lío". Un argumento que utilizó al arrancar la campaña y ha repetido en los debates. "Cuando las cosas van razonablemente bien", dijo, "no podemos depender de quien nos quiere meter los palos en la rueda, de quien nos quiere chantajear, o de quienes quieren volver atrás". 

La sanidad fue el apartado más complicado para Moreno pese a ser la principal preocupación de los andaluces, según recogen todas las encuestas. En el debate de RTVE, el presidente de la Junta aseguró que la oposición había dicho "barbaridades y mentiras" que debilitaban la imagen de los servicios públicos, y anunció una ley para blindar el crecimiento del gasto sanitario y del número de profesionales. Pero en ese debate en concreto evitó responder sobre la crisis de los cribados pese a las preguntas directas de los portavoces de izquierdas.

En el de Canal Sur ya no optó por el silencio y defendió que la Junta actuó correctamente al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades", además de promover la destitución de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, insistió en que "no ha fallecido ninguna mujer" como consecuencia de ese fallo, y acusó a la oposición de "mentir" y de "hacer política con el dolor”. La presidenta de la asociación Amama, Ángeles Claverol, le respondió este martes y aseguró que sí se han producido tres muertes “por los fallos en los cribados” por las que “se han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que han dado acuse de recibo”.

La contradicción, sin embargo, no terminaron en los cribados. Frente a las críticas por listas de espera, deterioro del sistema y privatización, se refugió en el argumento de la gestión y sostuvo que la Junta recurre a conciertos con empresas e instituciones externas, como hacen otras administraciones, para atender necesidades sanitarias. Moreno cifró esos conciertos sanitarios y sociales para 2025 en 562 millones de euros, un 3,7% del presupuesto, mientras crecen los recursos destinados a derivar servicios al sector privado, con un aumento del 21,5% de esas externalizaciones, según han denunciado los sindicatos.

En los dos debates, Moreno no desarrolló una propuesta educativa concreta. Habló de educación como parte de los "servicios públicos" y la vinculó a la financiación y a la estabilidad presupuestaria, mientras evitó entrar en el fondo de la crítica de la oposición: la falta de plazas públicas de Formación Profesional (FP), el crecimiento de la oferta privada y la expansión de universidades privadas durante sus ocho años de Gobierno.

En FP, la oferta privada se ha disparado en poco más de una década, con cada alumno pagando entre 4.000 y 6.000 euros por curso de media. A esto se le suma que Andalucía ha pasado de tener una sola universidad privada cuando Moreno llegó a la presidencia en 2019 a contar con cuatro nuevos campus privados en funcionamiento en 2026.  Un reproche que le lanzaron tanto la socialista María Jesús Montero, que criticó la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad” y que también mencionó el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que señaló que la Junta avala universidades privadas “con menos papeles que un conejo de campo”.

Lo cierto es que Moreno no solo ha ampliado el mapa de universidades privadas sino que lo ha hecho incluso contra el criterio de las universidades públicas andaluzas. La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) salió adelante pese a un informe desfavorable por unanimidad de la Conferencia General de Política Universitaria. La CEU Fernando III, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía no tuvieron ese veto ministerial, pero sí nacieron con el rechazo de los rectores de las públicas en el Consejo Andaluz de Universidades.

El presidente andaluz también trató de presentarse como defensor de su comunidad frente a los supuestos privilegios territoriales. En ambos debates encontró ahí uno de sus argumentos estrella al acusar a la candidata socialista de haber "privilegiado" a sus socios independentistas para sostener a Pedro Sánchez. 

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le espetó este lunes en el debate en Canal Sur. Montero, por su parte, volvió a defender que Andalucía sería una de las comunidades más beneficiadas por el nuevo modelo de financiación autonómica. “Es usted más genovés que andaluz, sigue las instrucciones de Génova”, le respondió la exministra de Hacienda. Durante su etapa en el Ministerio, Montero planteó una propuesta de reforma en la que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Junta no quiso, siquiera, abordar criterios como la población ajustada, la deuda o los servicios públicos para reajustar el modelo. Según el presidente andaluz, si lo proponía Montero y formaba parte de un acuerdo con Cataluña, nada bueno traería. La paradoja, sin embargo, se pudo ver durante los debates. El presidente reclamó más financiación para Andalucía mientras la Junta ha rechazado abrir el melón de la financiación autonómica.

La vivienda fue protagonista del primer debate y, aunque también se mencionó en el de Canal Sur, ocupó menos tiempo de pantalla, aunque volvió a enseñar la doble cara de Moreno. El presidente andaluz defendió su balance asegurando que su Gobierno ha "cuadruplicado" la vivienda protegida y vinculó esa política a la estabilidad, mientras los partidos de la izquierda le reprochaban el rechazo a regular el alquiler y Vox trataba de llevar el problema al terreno de la inmigración con su “prioridad nacional”.

La respuesta del presidente andaluz al problema pasa por construir más, movilizar suelo y ofrecer seguridad al promotor, pero siempre bajo la premisa de que no hay que intervenir en el mercado para poner coto a los alquileres disparados, la compra especulativa, la vivienda turística y la expulsión de vecinos de los barrios. Moreno presentó su nueva ley de vivienda como una vía para generar más vivienda protegida en venta y alquiler, con más suelo, cambios de uso, menos burocracia y colaboración público-privada.

El representante de Adelante Andalucía recriminó al candidato del PP que la Junta permita a una persona con rentas altas poder acceder a una vivienda de protección oficial, que viviendas financiadas con recursos públicos puedan venderse años después y que no se ponga freno a la especulación. Moreno respondió entonces acusando a García de "demagogia" y defendiendo que esos precios estaban por debajo del mercado. Así, una cara promete VPO, jóvenes propietarios y acceso asequible mientras la otra rechaza cualquier tipo de intervención y convierte el derecho a la vivienda en una operación de oferta, suelo y colaboración con promotores.