Andalucía ha revalidado en las urnas a quien ha convertido la precariedad y el deterioro de lo público en una normalidad asumida. Tras la última cita electoral, la cuestión no es solo por qué ha pasado, sino qué vamos a hacer quienes sabemos que esta victoria traerá más desigualdad. No se trata de llorar la derrota, sino de transformarla en inteligencia política y organización.

En Andalucía, la última noche electoral dejó algo más que un mapa teñido de azul: confirmó que Moreno Bonilla ha consolidado un poder construido sobre el desgaste silencioso de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Las cifras ya se han analizado hasta la saciedad; lo que queda ahora es enfrentarse a la pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando una mayoría social vota a quien gobierna contra sus intereses materiales? Encajar la derrota no va de resignarse, sino de convertir este resultado en una lección estratégica.

Las encuestas lo venían anunciando: la derecha se consolidaba mientras se normalizaba el deterioro de lo público y se desplazaba el sentido común hacia la resignación y el sálvese quien pueda. No es un rayo en cielo despejado, sino el desenlace lógico de un proceso de años en el que una parte importante de la sociedad ha terminado viendo como “gestión eficiente” lo que, en realidad, es desmantelar derechos. Aquí, Antonio Gramsci sigue siendo una brújula: “el poder no se sostiene solo con votos y leyes, sino con hegemonía, con la capacidad de hacer que los de abajo asuman como natural lo que es una construcción interesada”.

El problema no es únicamente que haya ganado Moreno Bonilla; es que ha ganado una manera de mirar Andalucía. Una mirada que presenta los recortes como modernización, la privatización como colaboración y la desigualdad como oportunidad para quien “se esfuerza”. Gramsci habló de la batalla por la cultura, por las palabras, por la interpretación del mundo. Si en esa batalla entramos tarde, fragmentados o ensimismados, la aritmética electoral solo certifica una derrota anterior: la de no haber sido capaces de disputar el sentido común en los barrios, en los centros de trabajo, en los espacios donde la gente se forma una opinión sobre su propia vida.

Hannah Arendt nos ayuda a entender otra dimensión incómoda: la banalidad del mal político. No hace falta un régimen abiertamente autoritario para erosionar la democracia material de la mayoría; basta con una suma de pequeñas decisiones, de renuncias aceptadas como inevitables, de ciudadanos que “solo votan lo que sienten” sin herramientas para comprender qué hay detrás de cada sonrisa de campaña. No se trata de despreciar a quien vota, sino de asumir que sin una ciudadanía crítica, informada y organizada, la libertad se reduce a un gesto formal cada cuatro años, mientras la capacidad real de decidir sobre la propia vida se encoge.

Por eso este texto no puede permitirse el tono lastimero. Encajar la derrota implica tres movimientos: pensar, cuidar y organizar. Pensar, revisando con rigor qué errores hemos cometido: dónde no hemos llegado, qué lenguajes no han conectado, qué miedos no hemos sabido nombrar ni canalizar. Cuidar, acompañando a quienes hoy sienten que el suelo se les mueve bajo los pies, ofreciendo comunidad donde la derrota invita al repliegue individual. Organizar, volviendo al barrio, al tajo, a la asociación, a la red de apoyo, entendiendo que el nuevo ciclo empieza justo cuando se cierra el recuento.

Ahí entra Václav Havel y su idea de esperanza: no como convicción de que las cosas saldrán bien, sino como certeza de que lo que hacemos tiene sentido, incluso cuando el marcador va en contra. Esa es la esperanza que hoy necesitamos en Andalucía: no ingenua, no consoladora, sino tozuda. La que nos obliga a seguir construyendo alternativa en lo cotidiano, sabiendo que la hegemonía no se rompe en un solo ciclo electoral, pero también que ninguna hegemonía es eterna.

Moreno Bonilla ha ganado, sí. Pero no ha ganado para siempre ni en todas partes. En este momento político, la tarea es no dejar que su victoria electoral se convierta en derrota moral de quienes queremos otra Andalucía. Lo que se abre ahora es un tiempo para disputar, palmo a palmo, la manera en que este pueblo se piensa a sí mismo. Porque si hoy ha elegido al lobo, nuestro trabajo es que mañana esté en condiciones de elegir otra cosa.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

José Ignacio García era el aspirante que recibía la mejor nota por parte de los electores, según el barómetro del Centra (el CIS andaluz). El gaditano contaba con una media de 6,07, por delante del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se queda en el 5,49. De esto ya alertaban fuentes 'populares', que aseguraban que el buen hacer del político podía hacer perder algunos 'restos' de voto, lo que, a priori, parece haber sucedido y por lo que el presidente de la Junta no ha logrado la mayoría absoluta. García también ha reivindicado este hecho al valorar los resultados, cuando ha asegurado que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular".

El partido andalucista, alejado de los designios de Madrid, se presentó como opción frente a Por Andalucía, en la izquierda alternativa al PSOE, y la apuesta le ha salido bien en detrimento de la formación capitaneada por Antonio Maíllo. Los de José Ignacio García —a quienes las encuestas otorgaban hasta cuatro escaños—, con estos ocho diputados, consiguen grupo parlamentario —cuyo umbral está en los cinco diputados— y cuadruplican los resultados obtenidos en 2022, cuando el partido liderado por Teresa Rodríguez obtuvo dos diputados: uno por Sevilla y otro por Cádiz.

Adelante Andalucía consigue su mejor resultado histórico con una defensa a ultranza de los servicios públicos y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, además de una clara vocación ecologista. García, que no llegaba al 20 por ciento de conocimiento ciudadano antes de los debates, ha podido revertir la situación a base de trabajo, redes sociales y camisetas protesta.

El partido andalucista, liderado por 'el gafas', como se conoce cariñosamente a García después de haber impulsado la ley de gratuidad de gafas —que está en fase de tramitación en el Congreso—, se convierte en la segunda fuerza de la izquierda, por detrás del PSOE y por delante de Por Andalucía, y lo ha logrado, como ha dicho García, con "trabajo pausado y con mucho esfuerzo colectivo". El subidón de Adelante, cercano al 10 % de los votos, ha llevado a que sea el partido que más crece en estas autonómicas.

García ha conseguido este resultado gracias al "compromiso militante" y ha dejado un dato revelador: que "una fuerza de izquierda y soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias", Sevilla y Cádiz, las mismas en las que en 2022 consiguieron un diputado en cada una. "Es posible superar a Vox desde la izquierda; no lo hemos conseguido todavía en todas, pero lo conseguiremos".

García ha agradecido a todos los militantes y votantes el trabajo realizado durante la campaña por "rebelarse ante lo injusto, por la esperanza y por transformar Andalucía. No os vamos a fallar, y esto no ha hecho más que empezar”.

En el otro lado de la izquierda está Por Andalucía, la coalición formada por IU, Podemos, Sumar y Los Verdes, liderada por Antonio Maíllo, que "no ha logrado cumplir las expectativas", como ha dicho el candidato de la coalición, pese a obtener los mismos resultados que en 2022 —cinco escaños y grupo propio—.

Se ha especulado que este resultado, decepcionante para la coalición que quería llegar a los diez escaños, puede hacer que Maíllo abandone el partido. La supuesta "candidatura de unidad" que tanto ha defendido el líder de IU ha servido más para restar que para sumar.

Este mismo lunes, Antonio Maíllo, ha salido al paso de esas especulaciones para asegurar que "ahora mismo" no se ha planteado dimitir, ya que ha mantenido el resultado con cinco diputados en las elecciones autonómicas de este domingo y ha alegado que son "muy respetuosos con la voluntad del pueblo andaluz, que es sagrada".

En declaraciones a Radio Nacional, Maíllo ha admitido que les hubiera gustado conseguir uno o dos diputados más en el Parlamento andaluz y ha advertido de que se ha producido un "cambio de paradigma en el electorado andaluz hacia el conservadurismo".

Este resultado demuestra que la división a la izquierda del PSOE sigue haciendo daño, ya que, pese a que ambos partidos suman 13 diputados, seis más que los conseguidos en las elecciones de 2022, tanto en porcentaje como en número de votos, Por Andalucía y Adelante Andalucía habrían superado a Vox como tercera fuerza política en caso de concurrir en una candidatura conjunta, como sugerían desde el PSOE.

Pero ha sido este lunes cuando el candidato de Adelante Andalucía se encargaba de reivindicar el espacio propio de su formación y ha resaltado que de haber concurrido con Por Andalucía habrían obtenido "peores resultados".

En sendas entrevistas con la Cadena SER y Canal Sur Radio, el candidato ha defendido que Adelante ha contribuido a ampliar un espacio de izquierdas pegado al territorio, que ha señalado que no puede caer en la "depresión permanente".

Para Podemos y Sumar no es un buen resultado, una vez más en este 2026, después de los pobres resultados en Castilla y León, donde no consiguieron representación, y en Aragón, donde mantuvieron el único procurador que ya tenían en 2023. La formación de Ione Belarra, además, se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz porque solo encabezaba la provincia de Jaén, donde no ha conseguido escaño.

Sigue el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía

Algunos acontecimientos de los últimos meses invitan a pensar en una cierta recuperación de las políticas progresistas, mientras que las de ultraderecha comienzan a dar síntomas de agotamiento. Tras el frenazo de Vox en Castilla y León, las elecciones andaluzas del próximo domingo serán un buen termómetro para saber si la formación ultra ha tocado techo. Y las encuestas no son halagüeñas: ninguna le da por encima de los 14 escaños que tiene en la actualidad. Parece que las cuitas internas y el desgaste de la figura de Abascal le está pasando factura. Y, ciertamente, las formas no acompañan al líder: recientemente llamó “chulo de putas” y “mierda” a Pedro Sánchez y “rata” a Marlaska; la política es otra cosa.

Tampoco les hace gracia a sus votantes el servilismo ciego que Abascal profesa a Donald Trump, un presidente con un índice de popularidad que no ha parado de bajar desde que está en la Casa Blanca y que registra mínimos históricos desde su intervención en Irán. Los votantes de Vox, que se consideran, ante todo, muy patriotas, no entienden que su líder defienda unas políticas económicas (aranceles, etc.) que ponen en riesgo las industrias y el sector agroalimentario nacionales.

Abascal se ha atado políticamente al trumpismo, lo que pudo tener un cierto efecto positivo en un primer momento, pero dejar el partido en manos extranjeras puede ser perjudicial a largo plazo. La ola populista conecta con los ciudadanos más desfavorecidos en contextos de crisis, pero la autocracia que Trump defiende y que Abascal practica en su propio partido está desgastando a la formación y, posiblemente, limitará su poder institucional y autonómico. 

La derrota de Orbán en Hungría ha dejado a Vox sin uno de sus mayores aliados políticos, ideológicos y financieros en el continente. El varapalo ha sido considerable, teniendo en cuenta que se trataba de su único socio con presencia en el Consejo Europeo. Quizás no fue buena idea abandonar el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en 2024 —en el que sí se mantiene Meloni, contraria a la inmigración pero mucho más pragmática en asuntos comunitarios— para unirse a Patriotas por Europa, plataforma ultra impulsada por el propio Orbán.

La presidenta italiana, tras una primera etapa de sumisión a Trump, ha puesto ahora distancia, acercándose al “no a la guerra” de Sánchez y denegando a EEUU la autorización para utilizar la base militar de Sigonella, en Sicilia, para la ofensiva contra Irán. Da la impresión de que su derrota en el referéndum de reforma de la justicia ha hecho reaccionar a la italiana. La guinda, no obstante, han sido los ataques de Trump al papa: Meloni calificó de “inaceptables” sus diatribas, teniendo en cuenta que más de la mitad de los italianos se declaran católicos.   

Al otro lado del Atlántico, en su propia casa, Trump, envuelto en la bandera antiinmigración que Vox sigue a pies juntillas, ha visto cómo un socialista, musulmán e inmigrante —nacido en Uganda— se hacía con la alcaldía de Nueva York, capital financiera del planeta. El presidente hizo campaña contra él y amenazó con recortar la financiación a la ciudad donde nació. El nuevo alcalde, Zohran Mamdani, dijo tras conocer los resultados: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”.

En Francia, a pesar de que el giro social hacia el conservadurismo es evidente, también se aprecian algunos brotes verdes. Así lo demuestra la victoria de la izquierda en las municipales del pasado marzo en París, Marsella y Lyon, las tres grandes ciudades del país. Marine Le Pen no logró su objetivo de atraer a la derecha tradicional a sus postulados ultras y, ahora, la gran pregunta es si la izquierda volverá a reeditar, de cara a las presidenciales del próximo año, el Nuevo Frente Popular que tan buenos resultados le dio en las legislativas.

Un caso paradigmático de la resistencia a Trump se vivió en los últimos comicios en Dinamarca. En un apresurado giro de guion, la socialdemócrata Mette Frederiksen decidió adelantar las elecciones —previstas para otoño— al pasado marzo, tras comprobar un aumento de su popularidad gracias a su firmeza ante las amenazas del estadounidense de hacerse con Groenlandia. A finales del pasado año, las encuestas daban muy pocas posibilidades a Frederiksen para lograr un tercer mandato, pero las intimidaciones de Trump, que llegó a amagar con el uso de la fuerza para tomar la isla, le dieron la vuelta a la situación. Lemas como “Groenlandia no está en venta” o “Manos fuera de Groenlandia” se escucharon en Dinamarca. El gobierno danés, las autoridades de Groenlandia y la oposición política cerraron filas para defender la soberanía del territorio.

El trumpismo se resquebraja incluso a domicilio. La demócrata Emily Gregory derrotó en marzo al candidato apoyado por el republicano en las elecciones a la Cámara legislativa de Florida en el distrito donde se integra el complejo de Mar-a-Lago, la posesión de Trump en el condado de Palm Beach. Y en el movimiento MAGA, con amplios sectores contrarios al intervencionismo militar, las muestras de ruptura son evidentes. El ataque a Irán y las amenazas de aniquilar su civilización vertidas por el propio Trump han provocado un crisis interna con voces que incluso ya cuestionan la capacidad cognitiva del presidente para seguir en el cargo.

Con estas señales, todo apunta a que el apoyo al populismo ultra de Trump se desinfla internacionalmente. El soporte incondicional de la Casa Blanca al genocida Netanyahu también le está desgastando políticamente: se han celebrado protestas masivas tanto en Estados Unidos como en diversas ciudades del mundo contra las masacres de Gaza y Líbano. El cheque en blanco a Israel y el acercamiento a Putin conlleva una responsabilidad ética que socava la credibilidad estadounidense en defensa de los derechos humanos.

El discurso del trumpismo pierde fuerza y Orbán ha sido el primero en pagar el lastre electoral. Puede que haya más afectados en la internacional ultra. El primero que ya mira de reojo es Abascal. Los últimos sondeos presentan subidas de PSOE y PP y estancamiento —incluso retroceso— de Vox. Los purgados en los últimos meses piden un congreso extraordinario. En el horizonte, las elecciones generales del año que viene para el líder de Vox y las de medio mandato en noviembre para el inquilino de la Casa Blanca. Ambas pueden ser decisivas para valorar si la alianza ultraderechista se está fracturando, presa de su falta de consenso y víctima de sus propias contradicciones.

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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.

La extrema derecha llega al 17M sin muchas certezas. La formación liderada por Santiago Abascal pretendía que las elecciones andaluzas les sirvieran de trampolín para las generales tras situar la “prioridad nacional” en el centro del debate por los pactos en Aragón y Extremadura, donde logró duplicar sus escaños. Las encuestas, sin embargo, sitúan a Vox lejos de la sacudida que pretendía provocar en el tablero andaluz y tampoco garantizan que vayan a ser la llave de la Junta, su principal objetivo.

El presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, ha asegurado en múltiples ocasiones que no tiene "ningún interés" en pactar con Vox y que intentará "gobernar en solitario hasta el final" porque no quiere emular el “lío” de sus homólogos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Su estrategia ha consistido en presentarse como la única garantía de estabilidad frente a un voto a Vox que relaciona con ruido y, en última instancia, bloqueo legislativo.

Moreno también se ha encargado de presentar a Vox como un partido sin equipos preparados para gobernar, con un programa "muy alejado de la propia realidad" y con una "sobrerrepresentación" parlamentaria. Su mensaje a los electores que no quieren a Vox en San Telmo se ha basado en un clásico del bipartidismo, el voto útil. Moreno repite en cada mitin que si los andaluces quieren estabilidad, deben concentrar el voto en el PP.

Las diferentes encuestas publicadas hasta el pasado lunes — fecha límite según la ley electoral—  dan, de manera generalizada, una horquilla al Partido Popular que va de la mayoría absoluta a quedarse por pocos escaños de esa meta fijada por Moreno. Si los conservadores no alcanzan los 55 diputados, se verán abocados a tener que pactar con la ultraderecha. Un escenario que ya se dio en las elecciones de 2018, cuando el barón del PP logró alcanzar la presidencia de la Junta gracias a Ciudadanos y Vox.

El sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER, publicado el lunes, refleja con claridad la incomodidad de la extrema derecha. El PP aparece con un 43,3% de estimación de voto y 56 diputados, uno por encima de la mayoría absoluta, aunque dos menos que los logrados en 2022. Vox subiría solo un escaño, hasta los 15, un avance mínimo que contrasta con las expectativas generadas por el partido tras sus resultados recientes en otros territorios.

El dato más preocupante para los de Abascal no está solo en la proyección de escaños, sino en las fugas de voto. Según la misma encuesta, Vox retiene al 74,6% de quienes le votaron en 2022, pero cede casi un 9% de sus antiguos apoyos al PP y cerca del 10% a Se Acabó La Fiesta (SALF), la marca del agitador ultra Alvise Pérez. Esto último preocupa especialmente a los ultras, que creen que Pérez puede arrebatarles parte del voto protesta mientras ellos se “institucionalizan” con los pactos autonómicos con el PP.

Lo cierto es que SALF intenta explotar el hartazgo contra todos, incluido Vox, bajo la premisa de que "ellos también forman parte del sistema", pese a que muchas de sus propuestas pisan terreno ideológico muy similar. El propio agitador aseguró que estaba dispuesto a no presentarse en Andalucía si PP o Vox aceptaban por escrito cinco condiciones: reforma electoral, cierre de "chiringuitos", fin de los sobresueldos, medidas de vivienda y el "no a las guerras que paga el currante”. Ambas formaciones lo ignoraron.

Por ese motivo los de Abascal buscan captar el voto útil que les lleve a arañar ese último diputado por cada provincia. En la batalla de las urnas de 2022, el PP logró arañarlo en cuatro circunscripciones (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla), el PSOE en tres (Granada, Huelva y Jaén) y Vox solo en una (Almería). Si el PP no se hubiera impuesto en cuatro provincias, habría visto que su resultado se rebajaba a los 55 asientos, el límite de la mayoría absoluta.

Vox necesita convencer a sus votantes de que votar a su candidato, Manuel Gavira, sirve para impedir que Moreno gobierne sin condiciones. Pero al mismo tiempo debe evitar que una parte de su electorado más radical se decante por la opción de Alvise. El problema añadido es que SALF ni siquiera necesita entrar en el Parlamento para hacer daño, sino que le basta con quitar unos miles de votos en algunas provincias para alterar el reparto de escaños. En función de cómo se repartan los restos, el resultado puede variar muchísimo.

La amenaza ya tiene precedente. En las autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo, Vox mejoró sus cifras, pero no cumplió las expectativas. Logró 14 procuradores, uno más que en 2022, pese a que algunos sondeos le situaban cerca del 20% de los votos. SALF se quedó sin representación, pero obtuvo más de 17.000 papeletas y un 1,4% del voto.

En la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco las negociaciones se han paralizado a la espera de las elecciones del domingo, pero los de Abascal tratarán de replicar el acuerdo alcanzado con María Guardiola y Jorge Azcón, aunque con más cesiones que creen que merecen por haber obtenido el 18,9% de los votos. Un resultado que, pese a ser el mejor que han obtenido a nivel autonómico, se quedó lejos del ansiado 20%.

Vox fue decisivo para la gobernabilidad, pero no logró demostrar que estuviera en una ola imparable. De hecho, el resultado del pasado 15 de marzo enfrió la idea de que la extrema derecha estuviera preparada para encadenar saltos espectaculares en todos los territorios. En Andalucía, el riesgo es mayor porque si Moreno alcanza la mayoría absoluta, Vox no solo quedaría lejos de su objetivo, sino también fuera de cualquier negociación. Es lo mismo que les ocurrió en 2022 con Macarena Olona de candidata.

La dirección del partido ha tratado de combatir ese escenario con la campaña. Sus dirigentes no entran a valorar las encuestas y fían la movilización a los actos de Abascal y Gavira. Sin embargo, el candidato de Vox es mucho menos conocido que Moreno o la candidata socialista María Jesús Montero. Según 40dB., solo el 38,2% de los andaluces sabe quién es, y es el menos conocido incluso entre sus propios votantes. Vox lo sabe y por eso ha situado a Abascal junto a él en los carteles. La estrategia contraria de Moreno con Alberto Núñez Feijóo. 

Abascal se ha volcado en la campaña con el objetivo de impedir que el "partido socialista azulón" de Moreno pueda gobernar sin ponerse de acuerdo con Vox. La idea fuerza es que el PP andaluz no representa un cambio real, sino una continuidad amable del sistema que, según Vox, comparte las grandes líneas del PSOE. En campaña se ha referido al candidato del PP como "el cómplice simpático de Sánchez", le ha comparado con el expresidente Mariano Rajoy y le ha acusado de llevar años sin hacer nada.

El PP, sin embargo, ha trabajado para neutralizar esa presión. Moreno ha evitado aparecer atrapado por Vox y ha intentado convertir la campaña en un plebiscito sobre la estabilidad. Su objetivo es que el electorado conservador perciba cualquier voto a la derecha del PP como un riesgo que puede abrir la puerta a negociaciones perjudiciales para Andalucía.

En todo caso, el 17M se decidirá por un puñado de votos. Para el PP, la diferencia entre 54 y 55 escaños marca la distancia entre gobernar solo o tener que negociar. Para Vox, esa misma frontera separa la irrelevancia parlamentaria de la capacidad de condicionar la legislatura. Y para SALF, una marca sin opciones claras de entrar en la Cámara, el éxito puede consistir simplemente en hacer perder a Vox los votos que necesita para convertirse en imprescindible.

Me acabo de despertar nuevamente esta noche, una vez más. Todavía no ha amanecido. Las noches y los días se me están haciendo insoportables.

Así, día tras día, desde que observo cómo los medios de comunicación me recuerdan, de una manera tortuosa, que vivo en el error, que son incoherentes mis ideas, mis pensamientos, mis ideas de libertad, que soy culpable por ser y querer ser libre.

Hasta hace poco mis ideas me pertenecían, me sentía alegre, feliz. Corría por el monte mientras el aire de libertad acariciaba mi piel.

Ahora siento cómo mis pensamientos no encuentran palabras para expresar mi dolor. Antes podía comprender y entender algunas cosas y hechos aunque no las compartiera. Ahora, sin embargo, no reconozco a aquellos que con la excusa de defender una irracional democracia intentan quitarme mis sueños.

Siento un vacío que me están provocando con sus actos faltos de racionalidad y con la propuesta de unas sanciones absurdas a aquellos que nos representaban.

Veo que estoy encerrado en una jaula pequeña que casi no me deja respirar, y donde mis piernas y brazos están fuertemente atados y una mordaza cubre mi boca y mis ojos.

Escucho a la gente y les pido que me ayuden, pero aquellos que desean que el pueblo no piense aprietan la mordaza.

No puedo casi respirar. Ellos ríen, hablan. Sueño con la hierba fresca de la libertad y que mis manos se deslicen por ella.

Pero, pese a todo, sé que no podrán conmigo y que, hagan lo que hagan, yo y todo el pueblo continuaremos gritando con fuerza: libertad.

El pueblo quiere ser libre y nadie, nadie, podrá evitarlo, ni con represión, ni con leyes irracionales, ni con sanciones absurdas y carentes de sensatez.

Quiero ser libre hoy y mañana, por eso quiero que respeten mi libertad y el resultado de las urnas.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

La crisis política abierta en el Reino Unido tras la debacle laborista en las elecciones municipales y locales va mucho más allá de un simple castigo electoral. Lo que emerge es un cuestionamiento profundo del proyecto político de Keir Starmer y, en términos más amplios, de una socialdemocracia europea que hace ya tiempo que renunció a disputar el conflicto social para refugiarse en la mera gestión tecnocrática del deterioro.

Las dimisiones y tensiones internas dentro del Gobierno británico son solo la expresión visible de un problema más profundo que es el agotamiento acelerado de un liderazgo que llegó al poder prometiendo estabilidad, competencia y moderación, pero que empieza a ser percibido por amplios sectores sociales como incapaz de ofrecer una agenda real de transformación. Los laboristas demuestran, de nuevo, que la “apisonadora” del social-liberalismo de Toni Blair sigue pesando como una losa sobre ellos, algo a lo que regresan para recoger nuevos fracasos.

La paradoja de Starmer resulta especialmente significativa. El líder laborista obtuvo una amplia mayoría parlamentaria hace apenas dos años. Sin embargo, aquella victoria descansaba sobre una base extraordinariamente frágil, más que una adhesión entusiasta al proyecto laborista, lo que existía era un enorme rechazo social hacia el colapso conservador posterior al Brexit, Boris Johnson y el caos económico y político acumulado durante más de una década.

El problema aparece cuando la “normalidad” prometida por Starmer deja de ser suficiente. Porque las sociedades europeas ya no atraviesan simplemente una crisis de gobernabilidad institucional; atraviesan una crisis social profunda marcada por la precarización, el deterioro de los servicios públicos, la crisis de vivienda, el aumento de las desigualdades y la creciente sensación de inseguridad económica. Y frente a ello, el laborismo británico ha respondido con una mezcla de prudencia fiscal, cálculo electoral y moderación política que lejos de ser eficaz espanta a su electorado que huye a derecha (Reform) e izquierda (The Greens) según el caso.

Starmer construyó su liderazgo sobre una operación muy concreta, la derechización del Labour con el objetivo de neutralizar el legado de Jeremy Corbyn y reconstruir la confianza de los sectores empresariales y financieros británicos. La operación fue eficaz para ganar elecciones. Pero también implicó abandonar buena parte de las expectativas de reconstrucción social que habían movilizado a amplios sectores progresistas en los años anteriores. De este modo, el actual Gobierno laborista ha asumido, en gran medida, los límites fiscales y económicos heredados del consenso neoliberal británico. La insistencia en la disciplina presupuestaria, la ausencia de una agenda ambiciosa de inversión pública y las vacilaciones en materia de transición ecológica han terminado alimentando una creciente frustración entre sectores jóvenes, urbanos y progresistas que esperaban algo más que una gestión más amable del statu quo.

Precisamente ahí debe leerse también el crecimiento de los Verdes en las últimas elecciones locales. El avance del Green Party of England and Wales no responde únicamente a una preocupación ambiental creciente. Expresa también una fuga política de votantes progresistas decepcionados con el giro centrista del Labour y con la sensación de que Starmer ha vaciado de contenido transformador a la izquierda británica.

La cuestión ecológica resulta especialmente reveladora. Mientras la crisis climática exige políticas de transformación económica y social de gran escala, el Gobierno laborista ha optado por posiciones extremadamente cautelosas para no incomodar determinados intereses económicos ni aparecer como fiscalmente “irresponsable”. El resultado es una percepción creciente de falta de ambición política precisamente entre los sectores sociales más sensibles a la emergencia climática y a las nuevas desigualdades.

Al mismo tiempo, el crecimiento de Nigel Farage y de Reform UK evidencia otra fractura más profunda, la persistencia del malestar social y territorial incubado durante el Brexit. Starmer ha intentado disputar parte de ese electorado endureciendo parcialmente su discurso sobre inmigración y seguridad. Pero la estrategia no solo no ha frenado a la extrema derecha, sino que además ha contribuido a desdibujar aún más el perfil ideológico del Labour. Y ese es probablemente el principal problema político del actual primer ministro británico, y de otros antes que él, cuyas propuestas se focalizaron en construir un proyecto excesivamente centrado en la gestión y demasiado poco en el conflicto político y social real que atraviesa el Reino Unido contemporáneo. Porque el deterioro de las condiciones materiales de vida no se neutraliza únicamente con mensajes de estabilidad institucional. Y porque las sociedades europeas atraviesan un momento de profunda ansiedad económica y democrática que exige proyectos capaces de ofrecer horizontes reconocibles de protección social, redistribución y transformación ecológica.

La actual crisis laborista refleja, en el fondo, el bloqueo de una parte importante de la socialdemocracia europea, la dificultad para romper con los límites económicos y culturales del neoliberalismo al tiempo que intenta contener el auge de las extremas derechas. Esto también explica cómo se ha ido desdibujando esta opción política a lo largo y ancho del continente: Francia, Italia e incluso Alemania están atrapadas en esta trampa. Quizás la única excepción a esta epidemia europea sea Pedro Sánchez, pero ¿por cuánto tiempo?

El resultado suele ser políticamente problemático. Es bien sabido que, cuando el centroizquierda renuncia a disputar con claridad el modelo económico y social, otros actores ocupan el espacio del malestar. En la actualidad lo hace la extrema derecha, que lo controla desde el resentimiento identitario. En otro momento (ahora que se cumplen los 15 años del 15M conviene recordarlo también) fueron aquellas fuerzas progresistas las que articularon una feroz crítica al inmovilismo político de los partidos de Estado.

En todo caso, la pregunta que empieza a abrirse en el Reino Unido es si Starmer podrá reconstruir políticamente una mayoría social que hoy comienza a fragmentarse aceleradamente. Aunque la cuestión de fondo tiene más que ver con el margen que le queda a la socialdemocracia europea no solo para gestionar el modelo económico y social sobre el que se sostiene la Unión Europea, sino para sobrevivir a una ola de nacional conservadurismo que, cada vez que se abren las urnas, hace más pequeñas a las opciones socialdemócratas.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla llegó el lunes al debate de Canal Sur con el objetivo de reforzar una imagen de gestor moderado, proteger el flanco sanitario y repetir que su Gobierno ha fortalecido como nunca los servicios públicos. El candidato del PP volvió a desplegar la misma estrategia que en el debate de la anterior semana en RTVE al reivindicar inversión, estabilidad y gestión frente a una oposición que le acusó de haber abierto la puerta a una privatización de derechos básicos como la sanidad y la educación.

Sendos debates demostraron que hay dos Juanma Moreno. Uno que sonríe, baja el tono, defiende la sanidad pública, habla del andalucismo y pide estabilidad. Ese es el que explota en mítines y actos de campaña, en el que no hay contrincantes a la vista. El otro rechaza la intervención pública cuando amenaza intereses privados, deriva recursos hacia conciertos y externalizaciones, utiliza la financiación autonómica como arma contra el Gobierno central y se muestra hostil con los candidatos del resto de formaciones políticas.

Con todo, el conservador intentó que nada alterara su relato de campaña, que Andalucía funciona, el PP garantiza tranquilidad y cualquier alternativa es "lío". Un argumento que utilizó al arrancar la campaña y ha repetido en los debates. "Cuando las cosas van razonablemente bien", dijo, "no podemos depender de quien nos quiere meter los palos en la rueda, de quien nos quiere chantajear, o de quienes quieren volver atrás". 

La sanidad fue el apartado más complicado para Moreno pese a ser la principal preocupación de los andaluces, según recogen todas las encuestas. En el debate de RTVE, el presidente de la Junta aseguró que la oposición había dicho "barbaridades y mentiras" que debilitaban la imagen de los servicios públicos, y anunció una ley para blindar el crecimiento del gasto sanitario y del número de profesionales. Pero en ese debate en concreto evitó responder sobre la crisis de los cribados pese a las preguntas directas de los portavoces de izquierdas.

En el de Canal Sur ya no optó por el silencio y defendió que la Junta actuó correctamente al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades", además de promover la destitución de la cúpula del Servicio Andaluz de Salud. Asimismo, insistió en que "no ha fallecido ninguna mujer" como consecuencia de ese fallo, y acusó a la oposición de "mentir" y de "hacer política con el dolor”. La presidenta de la asociación Amama, Ángeles Claverol, le respondió este martes y aseguró que sí se han producido tres muertes “por los fallos en los cribados” por las que “se han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que han dado acuse de recibo”.

La contradicción, sin embargo, no terminaron en los cribados. Frente a las críticas por listas de espera, deterioro del sistema y privatización, se refugió en el argumento de la gestión y sostuvo que la Junta recurre a conciertos con empresas e instituciones externas, como hacen otras administraciones, para atender necesidades sanitarias. Moreno cifró esos conciertos sanitarios y sociales para 2025 en 562 millones de euros, un 3,7% del presupuesto, mientras crecen los recursos destinados a derivar servicios al sector privado, con un aumento del 21,5% de esas externalizaciones, según han denunciado los sindicatos.

En los dos debates, Moreno no desarrolló una propuesta educativa concreta. Habló de educación como parte de los "servicios públicos" y la vinculó a la financiación y a la estabilidad presupuestaria, mientras evitó entrar en el fondo de la crítica de la oposición: la falta de plazas públicas de Formación Profesional (FP), el crecimiento de la oferta privada y la expansión de universidades privadas durante sus ocho años de Gobierno.

En FP, la oferta privada se ha disparado en poco más de una década, con cada alumno pagando entre 4.000 y 6.000 euros por curso de media. A esto se le suma que Andalucía ha pasado de tener una sola universidad privada cuando Moreno llegó a la presidencia en 2019 a contar con cuatro nuevos campus privados en funcionamiento en 2026.  Un reproche que le lanzaron tanto la socialista María Jesús Montero, que criticó la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad” y que también mencionó el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que señaló que la Junta avala universidades privadas “con menos papeles que un conejo de campo”.

Lo cierto es que Moreno no solo ha ampliado el mapa de universidades privadas sino que lo ha hecho incluso contra el criterio de las universidades públicas andaluzas. La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) salió adelante pese a un informe desfavorable por unanimidad de la Conferencia General de Política Universitaria. La CEU Fernando III, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía no tuvieron ese veto ministerial, pero sí nacieron con el rechazo de los rectores de las públicas en el Consejo Andaluz de Universidades.

El presidente andaluz también trató de presentarse como defensor de su comunidad frente a los supuestos privilegios territoriales. En ambos debates encontró ahí uno de sus argumentos estrella al acusar a la candidata socialista de haber "privilegiado" a sus socios independentistas para sostener a Pedro Sánchez. 

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, le espetó este lunes en el debate en Canal Sur. Montero, por su parte, volvió a defender que Andalucía sería una de las comunidades más beneficiadas por el nuevo modelo de financiación autonómica. “Es usted más genovés que andaluz, sigue las instrucciones de Génova”, le respondió la exministra de Hacienda. Durante su etapa en el Ministerio, Montero planteó una propuesta de reforma en la que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La Junta no quiso, siquiera, abordar criterios como la población ajustada, la deuda o los servicios públicos para reajustar el modelo. Según el presidente andaluz, si lo proponía Montero y formaba parte de un acuerdo con Cataluña, nada bueno traería. La paradoja, sin embargo, se pudo ver durante los debates. El presidente reclamó más financiación para Andalucía mientras la Junta ha rechazado abrir el melón de la financiación autonómica.

La vivienda fue protagonista del primer debate y, aunque también se mencionó en el de Canal Sur, ocupó menos tiempo de pantalla, aunque volvió a enseñar la doble cara de Moreno. El presidente andaluz defendió su balance asegurando que su Gobierno ha "cuadruplicado" la vivienda protegida y vinculó esa política a la estabilidad, mientras los partidos de la izquierda le reprochaban el rechazo a regular el alquiler y Vox trataba de llevar el problema al terreno de la inmigración con su “prioridad nacional”.

La respuesta del presidente andaluz al problema pasa por construir más, movilizar suelo y ofrecer seguridad al promotor, pero siempre bajo la premisa de que no hay que intervenir en el mercado para poner coto a los alquileres disparados, la compra especulativa, la vivienda turística y la expulsión de vecinos de los barrios. Moreno presentó su nueva ley de vivienda como una vía para generar más vivienda protegida en venta y alquiler, con más suelo, cambios de uso, menos burocracia y colaboración público-privada.

El representante de Adelante Andalucía recriminó al candidato del PP que la Junta permita a una persona con rentas altas poder acceder a una vivienda de protección oficial, que viviendas financiadas con recursos públicos puedan venderse años después y que no se ponga freno a la especulación. Moreno respondió entonces acusando a García de "demagogia" y defendiendo que esos precios estaban por debajo del mercado. Así, una cara promete VPO, jóvenes propietarios y acceso asequible mientras la otra rechaza cualquier tipo de intervención y convierte el derecho a la vivienda en una operación de oferta, suelo y colaboración con promotores. 

El accidente ferroviario de Adamuz parecía que iba a pasar de largo en esta campaña. Todos los candidatos habían guardado el silencio y el respeto que las víctimas de la tragedia habían pedido hasta este lunes, en el último debate electoral.

"Nosotros hemos manifestado desde el minuto uno que no queríamos injerencias políticas y, por supuesto, que no se hiciera caja con nuestro drama", dijo Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, pero Juanma Moreno, actual candidato del PP a renovar la presidencia de la Junta andaluza, sacó el tema en un 'cuerpo a cuerpo' contra la candidata socialista y exvicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Moreno pregunto a Montero por las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. “Han pasado más de cien días y nadie ha asumido ni una sola responsabilidad”, ha dicho el presidente andaluz. “Hay una comisión investigando”, dijo la socialista, quien remarcó que se sabrá todo, también del servicio 112 de Andalucía.

Al término del debate, el alcalde socialista de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), publicó un comunicado en Facebook en el que señalaba que estaba "tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz" y finalmente "lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

"He preferido guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido. Y espero que eso suceda pronto", ha añadido el alcalde, quien ha querido explicar lo que vivió "en primera persona aquella noche en el lugar del accidente". Además, ha acusado al presidente andaluz de hacer una “manipulación torticera” del accidente ferroviario para “racanear cuatro votos”.

Samper, también ha expresado a EFE el deseo por parte de la asociación de que "la justicia haga su trabajo y que asuma sus responsabilidades" y ha incidido en pedir lo mismo que vienen diciendo siempre: "Que nos atiendan, que colaboren con la investigación, que en algunos casos no se ha hecho".

El alcalde socialista ha dicho que se siente “obligado” a revelar la tardanza de los servicios de emergencia tras haber mantenido hasta ahora lealtad institucional. Moreno asegura que todos conocen la "hora a la que ocurrió el siniestro", concretamente a las 19.43 horas, pero "muchas personas no saben" que pasadas las 21:30 horas "la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada" y "durante mucho tiempo, cerca de dos horas" los que atendieron a viajeros y heridos fueron, principalmente, los "vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello".

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias. El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22.00 horas. Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos que apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación", reiteraba en el comunicado en redes sociales.

Para Moreno, que se ha reafirmado este martes por la mañana en una rueda de prensa que ha ofrecido "en calidad de alcalde de Adamuz" y para "aclarar lo sucedido", la ayuda "llegó tarde" aunque ha destacado que la "coordinación posterior fue buena" y "excelente", aunque llegara "dos horas después".

"Y ocurrió exactamente lo mismo en la Caseta Municipal. Hasta las 23.30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí. Los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio", continuaba el escrito.

El comunicado del alcalde adamuceño concluía asegurando que "la ayuda y la entrega" de los vecinos del pueblo fue "ejemplar" y que, por tanto, no iba a "consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz. No lo voy a consentir porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche… y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar".

El presidente de la asociación de víctimas ha lamentado que las peticiones de respeto por parte de las familias no hayan sido escuchadas y ha añadido: "Parece que no nos han atendido mucho nuestros pensamientos porque, vamos, lo dijimos muy claro y, sin embargo, efectivamente, ayer lo vimos en el debate".

"Nos parece, pues, deleznable que se utilice, en mayor o menor medida, da igual, que se utilice de cualquier manera un drama humano en un debate electoral. Vamos, nos parece tremendo", ha enfatizado el portavoz, quien ha añadido que "no tendría que haber aparecido nunca la palabra" del drama en esa cita.

"Estamos totalmente en desacuerdo con que se haya usado, totalmente", ha incidido Samper.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su gabinete este lunes que no tiene intención de dimitir ante las crecientes presiones dentro del Partido Laborista para que lo haga de inmediato o, al menos, presente un calendario para dejar el poder, según informa EFE.

Según sus palabras hechas públicas por su oficina, el partido "dispone de un mecanismo para contestar (la autoridad) de un líder, y no se ha puesto en marcha", en referencia a los 81 diputados necesarios para forzar unas elecciones primarias dentro del partido y buscar un sustituto para Starmer.

El primer ministro aludió a las consecuencias económicas que puede traer al país la inestabilidad que provocaría su sustitución: "Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno y esto tiene un coste económico claro para el país y las familias".

Con ello, se refiere a los catastróficos resultados cosechados por el Partido Laborista en las elecciones del pasado jueves, municipales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales, en las que el partido sufrió una sonora derrota a manos del populista Reform UK y de los nacionalistas de esos dos territorios históricos.

Esos resultados se tradujeron en una presión creciente dentro del Partido Laborista para que Starmer deje el cargo: 82 diputados han pedido ya su dimisión, y a ellos se han unido la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la de Exteriores, Yvette Cooper, que han pedido al primer ministro que establezca un calendario claro para dejar su cargo. Quienes sí han respaldado a Starmer son la ministra de Ciencia, Liz Kendall y el titular de Vivienda, Steve Reed.

Además, minutos antes de la reunión del gabinete, una miembro del Gobierno, la secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó su dimisión y apremió a Starmer a que "haga lo correcto" y también que él ponga su cargo a disposición del partido.

En este momento, tres secretarios de Estado (entre los que se encuentra la ya mencionada Fahnbulleh) ya han presentado su dimisión: la de victimas para la violencia de género, Alex Davies-Jones; y la de protección a la mujer, Jess Phillips.

Phillips, considerada una figura influyente en el partido y a nivel ministerial, ha dicho sentirse cansada de observar cómo "las oportunidades de progreso se ven relegadas o frenadas". Pero en la primera línea, la de los ministros, ninguno de ellos ha renunciado a su cargo. 

Por el momento, Starmer aguanta la presión, cuando solo queda un día para que presente su programa de Gobierno en el nuevo periodo de sesiones parlamentario en el llamado "discurso del rey", un discurso pronunciado por el monarca pero que recoge los planes del gabinete para los próximos meses.

"El país espera que sigamos gobernando. Es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como Gobierno", dijo Starmer a los miembros de su gabinete.

Un centenar de diputados laboristas británicos, que equivalen a la cuarta parte del grupo parlamentario del partido (403), han firmado una carta de apoyo al primer ministro en la que subrayan que "no es hora de discutir por el liderazgo del partido" justo después de que el pasado jueves el partido sufriera "un resultado electoral devastador que demuestra que tenemos un duro trabajo por delante para recuperar la confianza del electorado", según recogen los medios británicos.

El problema de los opositores es que no parecen estar unidos, ya que no han logrado consensuar un nombre que aglutine los apoyos de todos los críticos como posible reemplazo de Starmer. Incluso los estatutos del partido posibilitan que se fuercen las primarias solamente si los críticos están unidos detrás de un nombre.

Aun así, la sensación en el Partido Laborista es de gran tensión y confusión. Esta misma tarde, Starmer acaba de cancelar una reunión que tenía prevista con líderes sindicales cercanos al laborismo, según la agencia estatal Press Association.

Empiezo por lo incómodo. Creo que si todas las izquierdas fueran juntas y hubieran hecho ese proceso de otro modo, el resultado de las elecciones en Andalucía el próximo día 17 de mayo sería otro. Deseo con todo mi corazón además que ese camino, el de la reconstrucción del proyecto de izquierdas en nuestro país, sea al que se dirijan todos nuestros esfuerzos. Es con este ánimo que escribo este artículo, para darte argumentos para votar Por Andalucía, a ti que, como yo, ya empiezas a estar francamente hasta el moño.

Claro, ya nadie recuerda lo que es ir a votar con ilusión. Tampoco me quiero imaginar lo que tiene que ser hacer un mitin en esta campaña con las encuestas que estamos conociendo estos días, en las que, y en el mejor de los casos, lo que está en juego es un triste escaño que puede evitar que el PP gobierne en solitario (por cierto, llamemos a ese gobierno de la muerte por su nombre; Bonilla en el norte son unas patatas fritas estupendas, el resto, neoliberalismo del de toda la vida). Habrá incluso alguna sede izquierdosa orgullosa de no sé qué negociación o decisión política que les ha blindado el puesto 87 por Huelva. De agradecer es que siga habiendo quien, aun así, trabaja para el reino (mención especial a José Manuel Jurado, que encarna como nadie el auténtico y noble significado de que nuestro país debe ser la prioridad). Dicho esto, quiero dar argumentos para ir a votar, porque en ello consiste hacer campaña electoral, y a nadie se le escapa que lo que pase en esa cuarta parte de nuestra España que es Andalucía será una antesala del ciclo que está por terminar de abrirse. Con claridad lo digo, si votase este próximo domingo lo haría por la Sanidad, por la Vivienda; votaría Por Andalucía. Creo que lo decimos demasiado poco las gentes de izquierdas mientras que, sin embargo, las circunstancias nos urgen más que nunca a hacerlo, que de diagnósticos sin propuestas están las urnas de las derechas llenas.

Lo primero que me gustaría decir es que Adelante Andalucía tiene un muy buen candidato (y no, no me estoy equivocando con las preposiciones, que hay que tener mala follá) que hizo buen debate la semana pasada en RTVE y que la propuesta de su organización en estas elecciones encaja con frescura con la necesidad, por un lado histórica y por otro, coyuntural, de reivindicar más autonomía política para un pueblo que siempre ha visto subordinados sus intereses a los del resto del Estado. Es tan buen candidato y tan importante y compartida su reivindicación que no consigo encontrar ningún motivo para que este espacio político no comparta su camino con el resto de fuerzas de izquierdas, como IU y Podemos, como han hecho en otras ocasiones. Le escuchaba estos días en una entrevista afirmar que quizás una de sus grandes diferencias con el espacio de izquierdas que conforman Podemos, IU y el resto de partidos tiene que ver con que se niegan a tener una relación amable con el PSOE, que van a decir las cosas como toca decirlas. La verdad que me vais a permitir que me ría, después de haber metido la pata en innumerables ocasiones precisamente por decirle al PSOE cosas como hay que decírselas, estando en el propio Gobierno. Pero el debate político, por mucho que nos hayamos empeñado en ello estos años, no es una cuestión de tono, queridos compañeros anticapitalistas. Lo que yo le pido a un partido de izquierdas es primero que diga lo que hace falta decir, pero además y sobre todo, ahora que ya sabemos que se puede, que lo haga. Y aquí está la clave.

Una izquierda que haga lo que dice que va a hacer es hoy una rara avis, una cosa excepcional, casi random, absolutamente inusual; y si no, que se lo digan al PSOE. Y este argumento no es cualquier cosa. De la política hoy no esperamos casi nada, es terrible que hayamos llegado a estas circunstancias. Hemos votado con rabia, con miedo, con esperanza de cambio, con hambre y con ganas, pero nada de eso opera hoy. Si queda hoy una emoción a la que apelar tiene que ver con la calma, con el deseo de certeza y seguridad. Y haríamos bien en no despreciar ese anhelo de certidumbre que la gente tiene y que tan bien la extrema derecha sabe leer.

Parece que el fin del mundo puede suceder. Ya nadie puede prometer que no habrá guerras, pandemias, extraterrestres; ya nadie piensa que gobernar será sencillo. ¿Entonces por qué ir a votar? ¿Cuál es el pacto? Llamémosle garantía social, seguridad ciudadana, certeza, república, socialismo. Lo que pueden asegurar el grupo de personas que lidera Antonio Maíllo en estas elecciones andaluzas es que aquello con lo que se han comprometido en esta campaña es aquello que van a hacer una vez lleguen al Gobierno, suceda lo que suceda. Y esa certeza, ese compromiso ético inquebrantable con la mayoría es el único espacio político que lo puede afirmar con claridad. Por supuesto, nada esperamos de quien ni se atreve a poner por escrito cuál es su plan de Gobierno, pero claro, quién se atrevería a firmar un programa que propusiera dejar a la gente morir de cáncer o esperando una ayuda a la dependencia. Tampoco nada esperamos de aquellos que con una mano dicen derecho a la vivienda y con otra fondo de inversión, pero qué decirle al pueblo andaluz que no sepa de la mediocridad del socialismo que pasó de liderar el cambio de un país nuevo a retozarse en casos de corrupción, candidatos impuestos desde fuera y promesas que no valen nada, nada, nada.

Por Andalucía es hoy esa rara avis. Con sus mítines simultáneos de ministros y lideresas desperdigados y enfadados, su absoluta impronunciabilidad oral por causas que nada y todo tienen que ver con lo preposicional, siendo en Madrid a la vez martillo y sostén de la esperanza del progresismo mundial (ya no sé si decirlo o no con ironía), con el cansancio acumulado de quién sabe que tiene que rehacer lo construido la última década al mismo tiempo que se presenta a unas elecciones sin poder acumular ni un gramo de ilusión. Con todo ello, yo votaría Por Andalucía. Primero porque en política hace falta hacer las cosas además de decirlas y eso implica costes y contradicciones, tales como asumir la complejidad de gobernar con otros partidos. Conviene recordar que cuando IU gobernó Andalucía evitó miles de desahucios, gobernando sin corrupción en una comunidad que llevaba décadas acostumbrada a otra cosa, defendiendo los servicios públicos desde dentro de una coalición difícil, que es exactamente donde la aritmética política andaluza permitiría una alternativa al gobierno del PP. Que a esta experiencia se pueda añadir lo logrado en el Gobierno del Estado por Podemos o Sumar es sin duda la mejor de las cartas de presentación.

Y hablando de aritmética, esta semana van a usarse retorcidamente los números y conviene tenerlos claros. La encuesta de 40dB. de estos días da al PP 56 escaños. La mayoría absoluta está en 55. Moreno va a gobernar solo gracias a un escaño de margen que la izquierda le está regalando yendo dividida, porque Por Andalucía y Adelante se quedan cada una a medias de escaño en provincias donde juntas podrían haber llegado. Por supuesto sonarán los cantos de sirena para seducir a ese voto progresista que no quiere tirar su voto a la basura: que votes al PSOE, que es lo útil, que así se concentra el voto progresista. Es terrible, pero el PSOE está en 28 escaños con toda la movilización que ha pedido, colocando a la vicepresidenta del Gobierno y con el presidente de nuevo en las portadas de medio mundo. La realidad electoral es tozuda, y en muchas provincias ese voto ya no va a mover ningún diputado porque el PSOE ya tiene los suyos contados. El voto útil al PSOE lleva semanas siendo útil para el PSOE y para nadie más. El voto Por Andalucía, en cambio, trabaja en los restos, que es donde Moreno tiene su colchón, y es donde se decide esa mayoría. Dice Maíllo estos días que no está todo el pescado vendido. Y está la cosa jodida, pero yo lo tengo claro, y si pudiera, votaba Por Andalucía.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Este es un mensaje para todos mis andaluces. ¿Por qué? Por esto:

Según las encuestas, más de dos millones setecientos mil andaluces aún no saben qué votar en las elecciones autonómicas de este domingo.

Dos millones setecientos mil.

Y, chicas, siento ser yo quien os lo diga, pero no está la cosa para abstenciones.

Así que, si te lo pongo un poco más fácil, aquí te dejo una pequeña, muy pequeña lista de motivos para salir a votar el domingo 17 de mayo. Y esto solo para demostrarle a Feijoó que, efectivamente, los andaluces sabemos contar. Al igual que ellos cuentan con, si no consiguen mayoría absoluta, gobernar con gente tan cateta que dice que Blas Infante creó una patria islamista y su campaña está constando en hablar de la Reconquista. Antiandaluces gobernando Andalucía. Pues muy bien.

Vamos a empezar por la vivienda. Y es que Andalucía fue una de las comunidades autónomas donde más han subido los precios en los últimos años: más de un 15% en 2025. Hasta un 40% en los últimos cuatro años en lugares como Málaga, que ha expulsado a miles y miles de vecinos de sus hogares de toda la vida para convertir la ciudad en un resort de lujo para ricos. Todo mientras el Partido Popular se niega a cumplir con la Ley de Vivienda y aplicar los controles a los precios del alquiler en las zonas tensionadas, que en comunidades como Cataluña ha conseguido que el precio baje en más de un 7%.

Seguimos con la sanidad, y es que en tan solo cuatro años Andalucía ha pasado a ser la comunidad autónoma más descontenta con su sistema sanitario, con un gobierno que se ha esforzado en promocionar los seguros privados e incluso ha derivado actividad sanitaria pública a clínicas privadas. De 424 millones de euros hace unos años a 675 millones en 2025. Como resultado: derivaciones masivas a la privada, aumentos de récord en las listas de espera y una saturación extrema en los centros de salud que pone en riesgo a todos los andaluces que no pueden pagar un seguro privado.

Y, por supuesto, no podemos no mencionar la crisis de los cribados por cáncer de mama. Imagínate llevar meses en tratamiento, o sospechando que podrías tener una enfermedad que podría acabar con tu vida, irte a casa después de hacerte las pruebas y pasar meses o incluso años sin saber siquiera si necesitas más revisiones o no. O peor: pensando que está todo bien, que por fin puedes respirar tranquila, solo para, mucho después, descubrir por las noticias que igual es demasiado tarde para ti. Que podrías haberte estado tratando, que podrías estar curada, viviendo tu vida tranquilamente. Es el caso de más de 2300 mujeres andaluzas. Aproximadamente 300 desarrollaron un cáncer avanzado mientras les decían que si no les llamaban, que no se preocupasen, que estaría todo bien. Algunas de ellas ya no están con nosotros. Purificación. Inmaculada, de 60 años. Carmen, de 59. Y para hacerlo peor aún, el presidente de la Junta dice en televisión, preguntado por ellas, que a él “no le constan” esas mujeres. Estoy seguro de que a sus familias sí que les consta su ausencia, señor Moreno.

La lista sigue: privatización en la educación, ausencia total de medidas de carácter feminista o LGTBIQ+, o contra el racismo. Y, honestamente, entiendo perfectamente el cansancio con la cantinela de siempre. Estamos hartos de votar para “frenar” a la ultraderecha, de hacerlo sintiendo que estamos eligiendo un mal menor.

Pero es que, sí, tenemos buenas opciones para salir a votar este domingo. Y quizá las encuestas no ilusionen tanto cuando vemos los posibles resultados de la izquierda alternativa, pero, ¿cuántas veces nos hemos llevado una sorpresa que veíamos casi imposible?

Es momento de votar pensando en nuestras familias, en quienes han peleado para construir lo que ahora están vendiendo a turistas, en todas nuestras amigas que siguen teniendo que irse de sus pueblos y sus barrios porque ya no son para ellas. En las que siguen allí, y en quienes están fuera. Porque, como dice la canción de La Mare y Carmen Xía:

“Y detrás de la postal, de las barquitas y la Caleta hay un pueblo que resiste a los calcetines y a las chancletas. Si se te gastan las fuerzas, hermana, ninguna vamos a culparte, tú eres igual de fuerte por irte que por quedarte”.

Las elecciones municipales celebradas ayer en Inglaterra -junto a las regionales en Escocia y Gales- han supuesto un duro revés al laborismo en el Gobierno en Londres, pero el primer ministro, Keir Starmer, ya ha descartado dimitir porque eso "llevaría al país al caos".

Hasta el momento se ha escrutado poco más del 20% de los cerca de 5.000 escaños municipales en juego en Inglaterra y los resultados son elocuentes: el laborismo es el gran perdedor al dejarse en el camino 258 escaños, mientras que el Partido Conservador sale apenas mejor parado al perder 158 asientos.

Y quien cosecha las ganancias de estas dos debacles de los dos partidos tradicionales es el populista Reform UK, el partido creado por Nigel Farage a partir del Brexit Party, con el que se hizo famoso en los turbulentos años de la salida de la UE.

Reform UK gana hasta ahora 382 de los escaños en liza, cuando antes solo controlaba dos, confirmando así lo que presagiaban todos los sondeos preelectorales: que capitaliza el descontento de los británicos con el rumbo del país, ya sea por la inflación, los altos impuestos o la cuestión migratoria.

También ganan escaños los liberaldemócratas y los verdes de la izquierda, pero sus avances no son en absoluto comparables a los resultados de Reform, que los medios británicos ya califican de "espectaculares".

Un exultante Nigel Farage aparecía esta mañana ante los medios subrayando la implantación de su partido en todos los rincones del país: "Somos el más nacional de todos los partidos, presentes en todas partes y estamos para quedarnos. ¡Lo mejor está por venir!", exclamó, al pronosticar que su partido ganará también las próximas elecciones generales, aunque quedan todavía tres años para eso.

De forma irónica, Farage lanzó un dardo al primer ministro: "Me sentiría muy triste de verlo partir, Starmer es la mejor baza que tenemos", dijo entre risas de sus correligionarios, en alusión a la bajísima popularidad de Starmer, que también ha contribuido a la debacle del laborismo.

El primer ministro no se escondió y compareció para asumir la responsabilidad por la derrota, pero lanzó un aviso a los que ya tratan de moverle la silla.

"No pienso dimitir y hundir al país en el caos", exclamó. "A mí me eligieron para un mandato de cinco años (en 2024) y pienso completarlo", dijo tras lamentar que su partido ha perdido en estos comicios a "brillantes representantes".

Aun así, dijo entender que el mensaje de las elecciones de ayer era claro: que los votantes querían un cambio que él se comprometió a ofrecer al ganar las elecciones de 2024.

Siendo los resultados municipales conocidos hasta ahora pésimos para el laborismo -y no mucho mejores para los conservadores-, lo peor está probablemente por venir, porque el escrutinio de las elecciones regionales de Escocia apenas acaba de comenzar esta mañana -no se conocerán tendencias seguras hasta el mediodía- y ni siquiera han empezado en Gales.

En ambas nacionalidades históricas, se espera otra debacle laborista y conservadora. La derrota será especialmente dolorosa en Gales, un territorio donde el laborismo ha gobernado casi sin rivales durante las dos décadas largas del gobierno autónomo. Ahora la única incertidumbre es si allí vencerá Reform UK o los nacionalistas de Plaid Cymru, fuerza también en ascenso.

Mientras que en Escocia se da por segura la victoria del Partido Nacional Escocés (SNP), que pese a gobernar en Edimburgo desde 2007 no absorbe un descontento popular que se dirige casi por completo contra el Gobierno central de Londres.

En el caso de Escocia, la única duda que falta por disipar es si la victoria del SNP será por mayoría absoluta o relativa. Si fuera el primer caso, se adivinan tensiones nacionalistas en el horizonte, pues los líderes del SNP han prometido un nuevo referéndum de independencia si lo lograran.

Desde que convocó las elecciones para el 17 de mayo, Juanma Moreno recurre continuamente en sus apariciones públicas a la palabra “estabilidad”, entendiendo que la estabilidad consiste en mantener su actual mayoría absoluta y que todo lo demás es un “lío” como el que hay en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde sus correligionarios del Partido Popular han tenido que pactar con Vox para poder gobernar. Le aterra al líder andaluz seguir el mismo camino que Guardiola, Azcón y Mañueco que tras adelantar las elecciones confiando en conseguir la mayoría absoluta, el resultado es que se han puesto en manos de la extrema derecha, más de lo que estaban antes. Por eso el líder de los populares andaluces apela continuamente a la estabilidad. No lo dice directamente pero su mensaje es “el caos o yo”.

Por otra parte, Moreno mantiene desde que accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2018 una imagen de “moderación” que le ha dado excelente resultado. De hecho, se puede hablar en la actualidad de dos modelos bien diferenciados del Partido Popular, el representado por Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho suyos muchos postulados de Vox y le ha quitado sus votantes, y el liderado por Juanma Moreno, que practica las mismas políticas privatizadoras de lo público que plantea el PP allá donde gobierna, pero de una manera más “discreta”. El presidente andaluz ha utilizado también —en concreto en las elecciones de 2022— una imagen de andalucista “auténtico” envolviéndose en la bandera verde y blanca. En ese momento llegó a esconder incluso el logotipo y las siglas de los populares para rentabilizar el “personalismo”, estrategia electoral clásica: no se vota al partido sino al candidato. Similar estrategia utilizó de forma exitosa Feijóo en Galicia

Pero Juanma Moreno se enfrenta a la cita electoral del 17 de Mayo afectado por un preocupante “estigma”, el del escándalo del cribado del cáncer de mama que salió a la luz el pasado mes de octubre cuando se detectaron retrasos y fallos en la lectura de mamografías que afectaron a miles de mujeres. Aunque la Sanidad Pública andaluza tenía ya graves y crónicas carencias, listas de espera quirúrgica, saturación en la atención primaria etc., la crisis del cribado del cáncer de mama ha provocado una importante movilización de las mujeres afectadas que sigue en la actualidad y que sin duda tendrá repercusión en el resultado electoral. Resulta escandaloso en este sentido que el Servicio Andaluz de Salud saque ahora una oferta de empleo cuyo plazo de inscripción va del “4 al 15 de mayo”, es decir, en plena campaña electoral. También en estos días la Junta de Andalucía ha abierto una nueva “campaña de cribado cancerígeno”, en esta ocasión de “cuello de útero”. Parece evidente el temor de Juanma Moreno a que su desastrosa gestión de la Sanidad Pública le lleve a perder la mayoría absoluta y a depender de Vox y de sus políticas xenófobas y machistas para seguir en el Palacio de San Telmo. Además, hay que tener en cuenta que la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, está utilizando la defensa de la Sanidad Pública como eje fundamental de su campaña electoral.

Así pues, y volviendo a la continua apelación a la estabilidad que practica Juanma Moreno desde que convocó las elecciones, hay que recordar que esta ha sido una estrategia clásica de la derecha. La del recurso al orden frente al caos que pueden representar las opciones de gobierno que procedan de la izquierda. Saben que es un truco que no falla, especialmente en sectores del electorado de escasa conciencia política. Se plantea a los ciudadanos la disyuntiva falsa de elegir entre dos opciones contrapuestas, en este caso la de la seguridad, la estabilidad, etc. o el “lío”, representado en esta ocasión por la presencia de Vox como fuerza política necesaria para gobernar. Conviene recordar también el eslogan de campaña que utilizó Ayuso en las elecciones de 2021, “Comunismo o libertad”, con el que convenció a buena parte del electorado madrileño del riesgo de la opción que representaba en ese momento Pablo Iglesias. El Partido Popular siempre juega con este tipo de recursos que funcionan muy bien a “nivel psicológico” en sectores de la población con escasa formación política.

Este es el truco de Juanma Moreno, el de manipular e influir a los andaluces con el temor de que o se elige la “estabilidad” y la moderación que representa él, o lo que llega es el “caos”. El resultado de las elecciones andaluzas está en el aire, de aquí al 17 de mayo probablemente habrá sorpresas, nada está decidido, pero de lo que nadie duda es de la importancia de esta cita electoral, y no sólo para el futuro de Andalucía, sino también como preámbulo y claro indicador de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones generales. Esperemos que los andaluces voten con inteligencia y no se dejen influir con las falsas alternativas que plantea el “moderado” Juanma Moreno.

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Rafael Sánchez Sánchez es socio de infoLibre.

A dos semanas de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno trata de mantener lejos a sus propios compañeros de partido. Él quiere evitar los “líos” que, en sus propias palabras, representan los pactos con Vox y la “prioridad nacional” en la que la dirección nacional del Partido Popular está atrapada desde hace semanas. Así, al igual que hizo el actual presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, el presidente andaluz ha diseñado una campaña en la que pesa más su nombre que el de su partido y en la que trata de huir de la confrontación ideológica.

Moreno quiere evitar que las elecciones del 17M se contaminen del “ruido” de Madrid y no participarán en campaña ni la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso —de viaje por México—, ni los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí estará, pero con una presencia limitada y sin ocupar el centro de la campaña. Este domingo será la primera vez que coincidan en un acto en Málaga, pero fuentes de Génova destacan que el líder nacional tendrá una agenda propia y separada en buena parte de la de Moreno. “Cuantos menos actores haya en el escenario, mejor”, resumió el presidente andaluz en funciones en una entrevista en Antena 3.

El andaluz quiere aparecer como algo más que el candidato del PP. Su objetivo es presentarse como una figura “institucional, reconocible y transversal”, capaz de llegar a electores que no hace tanto “votaban al PSOE”, explican fuentes de su equipo. El calendario le ha ayudado a ello, con celebraciones populares —Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de Mayo, Patios de Córdoba o Feria del Caballo de Jerez— en las que Moreno se ha dejado ver fuera de la habitual confrontación partidista y de los mítines al uso.

Los rivales de Moreno, sin embargo, sí quieren que Andalucía mire a Madrid. El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede levantar a su electorado y que al candidato del PP le perjudica hablar de cuestiones nacionales, al igual que pasa con Vox, que necesita a su líder nacional, Santiago Abascal, para visibilizar a su propio candidato. En la izquierda, Sumar también busca la presencia de sus referentes nacionales para dar empuje a Antonio Maíllo frente a la amenaza que supone Adelante Andalucía. El PP andaluz, en cambio, considera que su candidato es más fuerte cuanto menos acompañado esté.

El contraste de la campaña andaluza con las últimas autonómicas es evidente. En Castilla y León, Aragón y Extremadura, los candidatos del PP estuvieron acompañados de Feijóo, Ayuso, Aznar y Rajoy en varios mítines para movilizar al electorado conservador. En lugares como Aragón, el líder del PP echó el resto en campaña y no se movió prácticamente del territorio en las dos semanas. En Andalucía, sin embargo, Moreno intenta que la campaña no parezca una extensión de Génova ni una sucursal de la Puerta del Sol. 

La ausencia de Ayuso es la más significativa. La presidenta madrileña atrae las miradas allá donde va, pero también alimenta el choque contra Sánchez y la disputa cultural contra la izquierda. Todo eso moviliza al votante duro del PP, pero en el equipo de Moreno creen que puede poner en riesgo el activo principal de su candidato. Y la mayoría absoluta “no está garantizada”, como llevan repitiendo desde hace semanas. Es más, pronostican que todo dependerá de “cómo se repartan los restos” y de su capacidad de “robar voto” al PSOE.

En Castilla y León, Feijóo, Aznar y Rajoy arroparon a Alfonso Fernández Mañueco. Ahora, ambos expresidentes “no suman”, según trasladan en el PP andaluz, especialmente Rajoy, con el caso Kitchen todavía coleando. En Aragón, Jorge Azcón hizo lo contrario de Moreno al nacionalizar el mensaje y convertir a Ayuso en “invitada estrella” de su campaña, con actos durante todo un fin de semana. En Extremadura, aunque con menos presencia nacional, Feijóo se volcó con una campaña paralela a la de María Guardiola para “peinar” el territorio y frenar a Vox.

Esos precedentes pesan en Andalucía. El PP ganó en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero no logró romper la dependencia de Vox. Guardiola se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, Azcón ganó en Aragón pero con dos escaños menos mientras Vox se disparó hasta las 14 actas y Mañueco venció en Castilla y León sin alcanzar los 42 procuradores necesarios para gobernar en solitario.

Moreno busca ser la excepción de ese ciclo. Si alcanza la mayoría absoluta, podrá exhibirse como el único barón popular capaz de contener a Vox sin mimetizarse con su discurso. Si  no lo logra, se enfrentará al mismo problema que sus compañeros de partido: una legislatura condicionada por la extrema derecha. El presidente andaluz quiere vender estabilidad frente al “lío” de otros barones populares condicionados por Vox, y para eso necesita alejarse tanto de la retórica ultra como del lenguaje de la política nacional. 

La inmigración es el ejemplo más evidente. Moreno se ha distanciado de la fórmula pactada por el PP con Vox en otras comunidades con la “prioridad nacional” y ha incluido en su programa una defensa de la contribución de la población migrante regularizada al crecimiento económico, al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tiene otras flaquezas de gestión que la oposición trata de utilizar a su favor, con el estado de la sanidad como el principal elemento de desgaste.

El presidente andaluz, a diferencia de Feijóo e incluso de Ayuso, no necesita demostrar que el PP puede ganar a Pedro Sánchez, sino que él puede seguir gobernando Andalucía sin depender de Vox. Lo que más teme es perder la mayoría absoluta y quedar atrapado en la misma dinámica que Guardiola, Azcón o Mañueco. Es decir, ganar pero depender de la extrema derecha para gobernar, pese a que él mismo accedió al poder gracias a Vox en 2018.

Alfonso Fernández Mañueco tuvo una campaña más tranquila que sus compañeros de Aragón y Extremadura. Con su flema, parsimonia y costumbre de no exponerse a preguntas de la prensa, logró que no se lo fagocitaran los temas nacionales y defendió con más éxito del pronosticado el gran territorio popular, la única comunidad sin alternancia política en 40 años, ante un Vox que pinchó sobre sus propias expectativas. Prometió entonces que para él la negociación sería diferente, que la ultraderecha tendría que pivotar sobre el programa del PP y no al revés, pero Santiago Abascal, desde su ahora ruta infatigable por Andalucía, le deja claro que el menú es igual para todos. Y lo comes o lo dejas.

En un mitin reciente en Huelva, el líder de Vox aprovechó para recuperar su reproche insistente durante la campaña electoral en Castilla y León: que Mañueco, el nada polémico Mañueco, había sorprendido a todos en el primer debate lanzándole al candidato Carlos Pollán un dardo inusual: que su partido quería “tirar gente [migrantes] al mar”. Y que esa “infamia”, repitió en cada mitin y canutazo Abascal, no la podía aceptar Vox, el mismo partido que abandonó el Gobierno de coalición con argumentos como este, en palabras del entonces vicepresidente Juan García-Gallardo: "No queremos que Castilla y León se convierta en Francia, que sus barrios humildes acaben como los barrios del extrarradio de París […] Estamos a tiempo de corregir esto en Castilla y León, no estamos condenados a la islamización".

Abascal se pasó toda la campaña a partir de esa frase inesperada de Mañueco subiéndole el precio: le exigía una disculpa pública para poder pensar en negociar juntos, le venía a decir que se acabaría comiendo esas palabras. Y ese menú, importado de Francia, tenía un nombre que se repetía constantemente en campaña antes de colocarse como un tema principal en el debate público español: “prioridad nacional”. Cuando los periodistas le preguntaron por esto en la celebración del Día de Castilla y León en Villalar el 23 de abril, Mañueco se limitó a decir al respecto: "Hablaremos de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme. Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle".

La negociación de Castilla y León queda por el camino, pero el premio gordo se juega en Andalucía. El Partido Popular se conjura ahora para hacer todo lo posible por que los pactos en otras autonomías no perjudiquen las aspiraciones de Juanma Moreno, especialmente por el flanco más moderado. En Vox ya han activado la batería de reproches ante la expectativa de que el pacto en Castilla y León, que según ellos se podría hacer en 24 horas, quede para después de la campaña andaluza con el objetivo proteger a Moreno. La ultraderecha, al contrario, no deja pasar la ocasión de usar el debate sobre la negociación en Castilla y León para marcar la hoja de ruta en Andalucía y recordar que apretarán al máximo en el tema migratorio, donde ya han conseguido arrastrar al PP a posiciones muy incómodas, incluso para la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La inmigración fue el tema de mayor choque entre Mañueco y Abascal (y el candidato que apenas lo parecía, Pollán) en la campaña de Castilla y León. El popular defendió, como había hecho anteriormente en las Cortes tras la espantada de Vox de los gobiernos autonómicos, que la comunidad recibe de buen grado a todo el que llegue “a trabajar”. “Somos una tierra de emigrantes, no lo olvide nunca, y somos tierra de acogida, de integración y oportunidades para los que quieran venir a trabajar, lo éramos cuando formaban parte de este Gobierno y lo somos ahora”, le decía a la bancada de Vox el Mañueco de marzo de 2025, quien, ante la excusa de Vox para romper por el reparto de menores no acompañados, recordaba a la ultraderecha que el punto dos de su pacto de Gobierno era promover la solidaridad entre las comunidades y ciudades autónomas. “Canarias y Ceuta son comunidades y ciudades autónomas de España, somos solidarios con España”, remachaba.

Para el presidente de la Junta no será cómodo explicar por qué asume, como todo pronostica que le tocará, el concepto de “prioridad nacional” impuesto por el partido al que reprochó querer tirar migrantes al mar. Y, sobre todo, cuando la comunidad y sus gobiernos autonómicos, provinciales y locales bracean desesperadamente contra la despoblación crónica en una de las regiones más envejecidas de Europa. Capitales de provincia en el epicentro de esa despoblación, como Zamora, solo han logrado revertir las caídas abismales (bajar, en este caso, de los 60.000 habitantes) gracias a la llegada de población extranjera, como tienen bien analizado los ayuntamientos. Mañueco reconoce esta conveniencia por un lado, al tiempo que hace malabares para no dejar de criticar la política de apertura del Gobierno. De hecho, la Junta ya ha anunciado que recurrirá la regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mañueco ha puesto en marcha en los últimos años ayudas directas, aunque insuficientes, para favorecer el retorno de los emigrados de la comunidad, con un ‘Pasaporte de vuelta’ para que regresen del extranjero o de otras autonomías. Si se aplicara en Castilla y León la ‘Prioridad nacional’, podría ocurrir que un nacido en la comunidad y residente en otra autonomía pueda optar a este tipo de apoyos al llevar al menos dos años empadronado fuera, mientras por esa misma razón —no haber estado empadronado en Castilla y León los últimos diez años— estaría fuera de las ayudas para el acceso a la vivienda. Vox ya ha dejado claro que no hará excepciones ni con Castilla y León ni con Andalucía: la “prioridad nacional”, como ocurre con su programa electoral, es un calco para todos. Y tratan de zafarse de los reparos que expresan desde el PP mientras van firmándolo en pactos uno detrás de otro: "Qué cosa más estúpida esa de demonizarnos y por lo tanto demonizarse a sí mismos", afirmó Abascal, seguro de que todos los dirigentes populares tendrán que pasar por el aro de su marco una vez más.

La democracia mundial está de celebración (moderada). Tras casi una década en caída libre, con un leve repunte tras la pandemia, el Índice de Calidad Democrática (ICD) de The Economist ha subido dos centésimas, hasta 5,19 puntos sobre 10, después de que en 2024 marcase su mínimo histórico: 5,17.

La Unidad de Inteligencia de la revista económica rebaja, eso sí, el entusiasmo y califica este repunte como una “pausa frágil”. La serie histórica obliga a la prudencia porque el deterioro sigue siendo considerable, con  una caída de casi cuatro décimas en la última década.

“Lo que vemos no es una mejora estructural, sino un ajuste”, admiten desde The Economist. El medio atribuye el ligero repunte a dinámicas compensatorias entre regiones: cierta recuperación en América Latina, mayor movilización política en África y Asia, y un fortalecimiento puntual de consensos institucionales en algunos países occidentales. 

The Economist destaca, entre esas correcciones compensatorias, los casos de Canadá, que subió cinco puestos al registrar mayor participación electoral; Rumanía, que contribuyó a contener el avance de un candidato nacionalista; y Dinamarca, que reforzó su posición por su respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Esta mejora a nivel mundial contrasta con la evolución de Estados Unidos. El “país de la libertad y la democracia” ha caído dos décimas, —de 7,85 a 7,65 puntos— por “los intentos de redibujar distritos electorales, el uso del Ejército y del ICE para sofocar protestas y las presiones sobre los medios de comunicación”, destaca The Economist. Todo ello apunta, indica la revista, a un deterioro de los derechos civiles.

Desde Egipto, Ahmed Abed, guía turístico, cuestiona en infoLibre el optimismo global: “Viendo cómo está todo Oriente Próximo, no entiendo que el índice mejore cuando hay varias guerras abiertas en el mundo”.

Mayra Martínez, profesora de Sociología de la Universidad Camilo José Cela, recuerda a este medio que cualquier medición de calidad democrática debe partir de una base más exigente que la simple estabilidad electoral. “La dimensión más básica y transversal, sin la cual las demás colapsan, es el Estado de Derecho”, y concreta, “que las leyes se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, que exista independencia judicial y que estén garantizados los derechos fundamentales”.

Martínez insiste en que elecciones periódicas no bastan para garantizar una democracia sólida. “Sin pluralismo político o rendición de cuentas, una democracia puede derivar hacia formas delegativas o iliberales”, explica. En otras palabras, votar no es suficiente. La historia egipcia tras 2015 lo ejemplifica. “La Primavera Árabe consiguió echar a Mubarak, pero Al Sisi es mucho peor, más controlador. Votamos, pero las elecciones siempre han estado bajo la sombra del pucherazo”, resume Abed.

Freedom House, con sede en Washington, concluye en su informe Freedom in the World 2026 que la libertad global cayó por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países empeoraron en derechos políticos o libertades civiles, frente a solo 35 que mejoraron.

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), dirigido por el politólogo Staffan I. Lindberg, describe un proceso de “autocratización” en el mundo y alerta del deterioro en democracias consolidadas. Su informe indica que la proporción de la población mundial que vive bajo autocracias ha pasado del 50% al 74%, mientras que quienes residen en democracias liberales han caído del 17% al 7%.

A esto se suma el estudio del Carnegie Endowment for Peace, firmado por Murat Somer y Jennifer McCoy, que habla sobre la reversión de un sistema deteriorado. El informe concluye que las recuperaciones democráticas sostenidas son excepcionales. “De 25 países que experimentaron retrocesos desde 1990, solo cuatro lograron recuperar sus niveles previos, y únicamente uno mantuvo esa mejora durante más de cinco años”, señalan.

Lindberg coincide con Somer y McCoy al afirmar que “los procesos de erosión democrática suelen ser graduales y acumulativos” y, por eso, más difíciles de revertir.

Estos datos contrastan con el ICD y, como apunta Martínez, podría ser debido a las diferentes metodologías, aunque todos tienen un rasgo común: “Se basan en evaluaciones de académicos y analistas, no en percepciones ciudadanas directas”. The Economist agrega variables institucionales, culturales y participativas; Freedom House prioriza libertades civiles; y V-Dem profundiza en diferentes dimensiones.

Ese sesgo institucional puede generar una desconexión entre datos y experiencia. “Un ciudadano puede vivir en una democracia con instituciones formalmente impecables y aun así sentir que el sistema no trabaja para él”, explica. “Si no puede acceder a una vivienda digna, a una sanidad o educación de calidad, o si percibe que la ley no se aplica igual a poderosos y ciudadanos corrientes, aparece una distancia entre democracia formal y democracia vivida”.

La experiencia de Jaseem Aldhaen, manager de Product Coordination para Europa, África y Oriente Medio en Kuwait Finance House, describe el sesgo del que habla Martínez: aunque Kuwait está en la posición 130 del ránking ICD, él no tiene tal percepción “por mi trabajo o mi posición social”.

“No estamos en conflicto como muchos países de la zona, votamos en elecciones democráticas, las mujeres pueden votar, somos la democracia más liberal de todas las de la región, vivimos bien y con seguridad...”. Las palabras de Aldhaen reflejan el sesgo que señala la socióloga, pese a que el Parlamento kuwaití ha sido disuelto hasta cuatro veces en cuatro años por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Esos enfrentamientos, añade Martínez, alimentan directamente la desafección política y el auge de los populismos, pero matiza que no son causa principal del deterioro democrático, sino síntoma.

En paralelo, un análisis sobre el papel del periodismo y la democracia de Jeroen van den Bergh y Pablo Núñez Yebra apunta a otra dimensión crítica: el deterioro del espacio público informativo. Cuando la confrontación sustituye al contraste factual y la equidistancia se impone sobre la verificación, el debate democrático pierde uno de sus pilares esenciales. Otro síntoma que afecta a la calidad democrática.

La consecuencia es “una ciudadanía peor informada, más desconfiada y más vulnerable a la desinformación”, señalan estos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La filósofa Elvira Durán Costell añade una dimensión estructural a este diagnóstico. La crisis democrática no se explica únicamente por fallos institucionales, sino también por transformaciones sociales de largo alcance: profesionalización de la política, desconexión entre élites y ciudadanía, y debilitamiento de la participación cívica.

“La democracia se resiente cuando deja de ser un proyecto compartido y se convierte en un ámbito gestionado por minorías especializadas”, sostiene. En este contexto, fenómenos como el 15M o la Primavera Árabe aparecen como intentos de reactivar la implicación ciudadana, pero con efectos limitados si no se traducen en cambios estructurales.

Martínez introduce aquí una dimensión menos habitual en los grandes rankings, pero decisiva para entender la calidad democrática contemporánea: la igualdad política real. “Esta igualdad difícilmente puede materializarse sin un mínimo de igualdad económica”, afirma. “Cuando la riqueza se concentra, el poder político tiende a concentrarse con ella”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año, informa Efe.

García ha hecho este anuncio en la III edición de la verbena La Madrileña, organizada por el partido en el auditorio del parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

La decisión de Mónica García cuenta con el respaldo de la coalición Sumar, en la que está integrada Más Madrid a nivel nacional. Fuentes del movimiento han destacado que no hay mejor candidata para disputar la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso y han asegurado que Sumar se pone "dese ya" a la orden de Más Madrid para "desalojar" al PP "de una vez por todas" de las instituciones madrileñas.

La ministra ha asegurado que en Más Madrid tienen claro el reto: "Poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, que "no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso".

"Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid", ha subrayado en alusión a la derrota del ultraderechista, Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras. Se ha mostrado convencida de que si ha "caído" Orbán, también lo hará Ayuso y su "modelo de 'prioridad nacional' para los fondos buitres".

"El punto de inflexión pasa por aquí", ha recalcado, porque, según ha denunciado, el "laboratorio de las políticas ultras" está en Madrid, donde no crece Vox debido a que "la ultraderecha ya la encarna Ayuso" y su "parque temático de políticas neoliberales".

Para la dirigente de Más Madrid, el "daño" que ha hecho la presidenta popular es "imperdonable" y, por eso, "la próxima estación es acabar con ese daño y acabar con ese gobierno". Ha asegurado que lograrlo "no es imposible" y ha destacado que en sus años como médica y ministra ha aprendido que si se quieren cambiar las cosas, hay que ir a la raíz de los problemas, "remangarte" y "hacerte cargo".

"Tenemos que gobernar Madrid y, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión y, si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Ha incidido en que el futuro "no está lleno de guerras, no está lleno de gente injusta, no está lleno de ultras" y ha añadido que si en Más Madrid pensaran que fácil conquistar ese futuro, "estaríamos en el PP repartiendo sobres, recibiendo prebendas y yendo a ver a fondos buitre".

En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.

Lo habitual en Estados Unidos es que cada diez años los estados ajusten los mapas electorales para la siguiente década. Pero este 2026 el país está llevando a cabo unos cambios no vistos desde 1800: ambos partidos, republicanos y demócratas, se han lanzado a una carrera por usar la manipulación electoral en su favor de cara a las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre. De fondo, los expertos alertan del peligro de extender la desconfianza en el sistema.

Este martes, los demócratas aseguraron cambios en el mapa electoral de Virginia que podría traducirse en cuatro escaños más en los comicios de noviembre. Los votantes del estado que limita con Washington DC, la capital del país, aprobaron redibujar los distritos de un modo que aumenta las posibilidades del Partido Demócrata de recuperar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Aunque era un referéndum en solo uno de los 50 estados, la consulta se ha convertido en una noticia de alcance nacional, con dirigentes de ambos partidos implicados en la campaña, incluido el presidente, Donald Trump.

El referéndum en Virginia ha confirmado hasta qué punto los demócratas han asumido la estrategia que Trump activó el verano pasado en Texas: rediseñar distritos para ayudar a los republicanos en la Cámara Baja. El gerrymandering, como se conoce en inglés, es un viejo conocido del sistema electoral estadounidense, pero la izquierda era más reticente a usar una técnica que consideraban poco justa. Ahora, sin embargo, hacen campaña a favor de emplearla: aseguran que es la única manera de contraatacar la agenda de Trump. 

En una entrevista televisiva esta semana, el líder demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffries, aseguró que Trump “intentó amañar las elecciones redibujando el mapa electoral nacional” y defendió combatirlo haciendo lo mismo. 

En total, el mapa electoral ya se ha cambiado a lo largo del último año y medio en siete estados: Texas, Misuri, Ohio y Carolina del Norte (a favor de los republicanos), California, Utah y Virginia (a favor de los demócratas). Además, Maryland, Carolina del Sur y Washington han presentado proyectos de ley para cambiar los mapas; en Florida el proceso de redibujar distritos ya ha comenzado, y otros cuatro estados están pendientes de órdenes judiciales sobre el mismo tema: Alabama, Luisiana, Dakota del Norte y Wisconsin.

A la vez, varios estados más han considerado recientemente la posibilidad de redistribuir sus distritos electorales: Illinois, Kansas, Nebraska y Nuevo Hampshire. Algunos de estos estados se han reunido con funcionarios de la Casa Blanca o delegaciones del Congreso para discutir esa posibilidad, con lo que a lo largo de los próximos meses podrían aumentar los nuevos mapas electorales, condicionando, en consecuencia, las elecciones de noviembre.

Con la victoria de los demócratas, Virginia ha borrado la ventaja que los republicanos habían conseguido redibujando distritos electorales en otros estados, pero con el posible nuevo mapa de Florida podrían volver a ganar ventaja.

“En pocas palabras, lo que están haciendo los dos partidos se conoce como gerrymanderin, una maniobra notoria en la que los mapas electorales se diseñan intencionadamente para dar ventaja a un bando, normalmente al que diseña los mapas, sobre el otro”, ha explicado el abogado y vicepresidente de la American Constitution Society Carl Unegbu en un artículo. “Y, si bien la manipulación electoral por motivos raciales está prohibida (...), la manipulación electoral partidista se considera permisible, gracias a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de 2019”. 

“Pero, aunque sea legalmente permisible, la desventaja de la manipulación electoral partidista es enorme, sobre todo porque a los votantes victimizados del partido rival se les niega la oportunidad real de elegir a los representantes de su elección, en violación de la garantía de igualdad de protección de la 14ª Enmienda. Sin mencionar el efecto corrosivo de esta maniobra infame sobre la confianza de los ciudadanos en la legitimidad general del sistema electoral”, advierte el experto.

El importante punto flaco de esta carrera por redibujar distritos es, según analistas, que aumente la desconfianza en un sistema electoral constantemente golpeado por las acusaciones recurrentes de fraude electoral del presidente. Trump ya dijo el miércoles que el referéndum de Virginia había sido “manipulado” sin citar pruebas que respalden esa afirmación.

“¡ANOCHE SE CELEBRARON ELECCIONES FRAUDULENTAS EN VIRGINIA!”, publicó el presidente en Truth Social, culpando al voto por correo del resultado de la votación. Trump continúa sin reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 pese a que ni tribunales ni políticos electos ni su propia Administración han encontrado pruebas de fraude. 

Esta misma semana, el director del FBI, Kash Patel, ha dicho en televisión que “pronto” van a producirse arrestos relacionados con esas "elecciones fraudulentas", insinuando que podrían llegar esta misma semana. Así, la Administración estadounidense multiplica sus esfuerzos por revivir la idea del fraude en 2020, solo a unos meses de las elecciones de medio mandato de este 2025.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ha situado en el centro del debate la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Según las informaciones publicadas, el texto plantea que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se inspire en ese principio, aunque el PP lo vincule a requisitos de arraigo territorial y Vox lo presente como preferencia de los españoles frente a los inmigrantes.

La comparación con las leyes de Núremberg exige rigor. No se trata de afirmar que ambos fenómenos sean idénticos, porque no lo son ni en escala, ni en violencia, ni en contexto histórico. Pero sí resulta legítimo advertir una semejanza de fondo: cuando una norma introduce una jerarquía de derechos basada en el origen o en la pertenencia al grupo nacional, convierte la desigualdad en criterio de reparto y abre una pendiente moral y jurídica peligrosa.

Las claves conocidas del pacto recogen la construcción de vivienda protegida y un sistema de acceso inspirado en la “prioridad nacional”, acompañado de exigencias de arraigo en Extremadura: al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler social. Sobre el papel, el mecanismo se viste de tecnicismo y neutralidad administrativa.

Sin embargo, varias crónicas subrayan que PP y Vox no explican ese concepto del mismo modo. Mientras el PP intenta presentarlo como un sistema de puntos ligado al arraigo y “adecuado a la legalidad vigente”, Vox lo reivindica abiertamente como preferencia de los españoles en ayudas sociales y vivienda. Ese matiz político no elimina el problema de fondo, sino que lo ilumina: se normaliza la idea de que el criterio decisivo no es la necesidad, sino la pertenencia a un “nosotros” nacional.

Si el acceso a bienes básicos como la vivienda o las ayudas públicas se ordena en función de la pertenencia nacional, el mensaje institucional deja de ser “proteger al vulnerable” y pasa a ser “proteger antes a quien consideramos de los nuestros”. El Estado deja de mirarte como persona y empieza a mirarte como miembro, o no, de una identidad preferente.

La vivienda y las ayudas sociales no son premios identitarios, sino instrumentos para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Cuando el poder público desplaza el foco desde la necesidad social hacia la nacionalidad o el origen, transforma políticas pensadas para sostener a quien cae en mecanismos de exclusión simbólica y material. La prioridad ya no es la fragilidad de tu situación, sino tu lugar en una escala de pertenencia.

Además, este tipo de formulaciones normaliza un lenguaje político que divide a la población entre merecedores plenos y sospechosos permanentes. Ese paso puede parecer pequeño cuando se formula en términos administrativos, pero su efecto emocional y cívico es profundo: señala a una parte de la sociedad como menos legítima para vivir, ser atendida o construir un futuro.

Todos y todas conocemos a alguien que ha necesitado ayuda: una familia que perdió el empleo, una persona mayor sola, un joven que no puede emanciparse. Cuando sobre esas vidas se proyecta la sospecha de no ser “lo bastante de aquí”, lo que se resquebraja no es solo un programa de vivienda; es la idea de comunidad política compartida.

Las leyes raciales de Núremberg, aprobadas por el régimen nazi en 1935, separaron legalmente a los judíos del resto de la ciudadanía alemana. La ley de ciudadanía del Reich reservó la ciudadanía plena a quienes fueran considerados “de sangre alemana o con parentesco alemán”, y la ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes prohibió matrimonios y relaciones entre judíos y personas consideradas alemanas.

No fueron una simple discriminación administrativa aislada. Fueron un paso decisivo en la construcción de un orden legal basado en la exclusión y la deshumanización, preparando el terreno para persecuciones posteriores mucho más graves. La sociedad aceptó primero que la ley distinguiera entre personas con más y menos derechos por razón de origen; lo demás vino después.

Por eso la analogía útil no consiste en decir que una cláusula de vivienda en la España actual equivale al nazismo. La analogía relevante es otra: Núremberg muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando concede a sus gobernantes el poder de trazar, desde la ley, quién merece antes protección y quién puede esperar siempre un poco más.

Existen diferencias fundamentales. El acuerdo de PP y Vox se mueve, por ahora, dentro de un sistema constitucional, un Estado de derecho y un marco europeo de garantías que nada tienen que ver con una dictadura totalitaria. Precisamente por eso es ahora cuando importa reaccionar.

La existencia de controles institucionales no obliga a callar la advertencia democrática. Al contrario: obliga a identificar a tiempo los discursos que buscan naturalizar la desigualdad y presentar la exclusión como sentido común, como eficiencia o como justicia para “los de casa”.

La gran lección histórica es que las sociedades no empiezan degradando la igualdad con un gran estruendo, sino a menudo con fórmulas aparentemente técnicas, razonables o defensivas. Primero se acepta que unos tengan preferencia; después se justifica que otros esperen; más tarde se normaliza que algunos queden fuera para siempre.

Por eso este debate no trata solo de inmigración, ni solo de vivienda. Trata de decidir si la democracia protege a las personas por su dignidad y su necesidad, o si empieza a repartir derechos en función de la identidad que el poder considere más valiosa en cada momento. Cuando una familia necesita techo, cuando una persona solicita ayuda pública, lo decisivo en una democracia decente debería ser la vulnerabilidad, no la pureza del apellido, no el origen y no la utilidad electoral del miedo. Ahí está la frontera moral que conviene defender con claridad, con serenidad y también con emoción cívica.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.